PROPIEDAD INTELECTUAL

Colección Textos Legales, número 56

Octava edición: octubre de 2012

Actualización gratuita en internet hasta la aparición de una nueva edición

Edita: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

© De los sumarios, selección y ordenación de textos, notas e índices, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Edición a cargo de María Eulalia Castellanos Nadal

ISBN: 978-84-340-2041-2

NIPO: 007-12-089-5

MADRID, 2012

Imprenta Nacional de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Avda. de Manoteras, 54. 28050 Madrid

§ 1 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, REGULARIZANDO, ACLARANDO Y ARMONIZANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE LA MATERIA

(«BOE» núm. 97, de 22 de abril de 1996)

La disposición final segunda de la Ley 27/1995, de 11 de octubre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 93/98/CEE, del Consejo, de 29 de octubre, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, autorizó al Gobierno para que, antes del 30 de junio de 1996, aprobara un texto que refundiese las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual, regularizando, aclarando y armonizando los textos que hubieran de ser refundidos. El alcance temporal de esta habilitación legislativa es el relativo a las disposiciones legales que se encontrarán vigentes a 30 de junio de 1996.

En consecuencia, se ha elaborado un texto refundido que se incorpora como anexo a este Real Decreto Legislativo, y que tiene por objeto dar cumplimiento al mandato legal.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Cultura, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de abril de 1996, dispongo:

Artículo único. Objeto de la norma.–Se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, que figura como anexo al presente Real Decreto Legislativo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–Quedan derogadas las siguientes Leyes:

1. Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual [1].

2. Ley 20/1992, de 7 de julio, de modificación de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual.

3. Ley 16/1993, de 23 de diciembre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo, sobre la protección jurídica de programas de ordenador.

4. Ley 43/1994, de 30 de diciembre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

5. Ley 27/1995, de 11 de octubre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 93/98/CEE, del Consejo, de 29 de octubre, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines.

6. Ley 28/1995, de 11 de octubre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 93/83/CEE, del Consejo, de 27 de septiembre, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor.–Este Real Decreto Legislativo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

LIBRO PRIMERO

De los derechos de autor [2]

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1. Hecho generador.–La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.

Art. 2. Contenido.–La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley [3].

Art. 3. Características.–Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con:

1.º La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que está incorporada la creación intelectual.

2.º Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.

3.º Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el Libro II de la presente Ley [4].

Art. 4. Divulgación y publicación.–A efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entiende por divulgación de una obra toda expresión de la misma que, con el consentimiento del autor, la haga accesible por primera vez al público en cualquier forma; y por publicación, la divulgación que se realice mediante la puesta a disposición del público de un número de ejemplares de la obra que satisfaga razonablemente sus necesidades estimadas de acuerdo con la naturaleza y finalidad de la misma.

TÍTULO II

Sujeto, objeto y contenido

CAPÍTULO PRIMERO

Sujetos

Art. 5. Autores y otros beneficiarios.–1. Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.

2. No obstante, de la protección que esta Ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella.

Art. 6. Presunción de autoría, obras anónimas o seudónimas.–1. Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique [5].

2. Cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo seudónimo o signo, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual corresponderá a la persona natural o jurídica que la saque a la luz con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad [6].

Art. 7. Obra en colaboración.–1. Los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos [7].

2. Para divulgar y modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los coautores. En defecto de acuerdo, el Juez resolverá.

Una vez divulgada la obra, ningún coautor puede rehusar injustificadamente su consentimiento para su explotación en la forma en que se divulgó.

3. A reserva de lo pactado entre los coautores de la obra en colaboración, éstos podrán explotar separadamente sus aportaciones, salvo que causen perjuicio a la explotación común.

4. Los derechos de propiedad intelectual sobre una obra en colaboración corresponden a todos los autores en la proporción que ellos determinen. En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán a estas obras las reglas establecidas en el Código Civil para la comunidad de bienes [8].

Art. 8. Obra colectiva.–Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada.

Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre [9].

Art. 9. Obra compuesta e independiente.–1. Se considerará obra compuesta la obra nueva que incorpore una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última, sin perjuicio de los derechos que a éste correspondan y de su necesaria autorización.

2. La obra que constituya creación autónoma se considerará independiente, aunque se publique conjuntamente con otras.

CAPÍTULO II

Objeto

Art. 10. Obras y títulos originales.–1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas [10]:

a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.

b) Las composiciones musicales, con o sin letra.

c) Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.

d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.

e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.

f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.

g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.

h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.

i) Los programas de ordenador.

2. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella.

Art. 11. Obras derivadas.–Sin perjuicio de los derechos de autor sobre la obra original [11], también son objeto de propiedad intelectual:

1.º Las traducciones y adaptaciones.

2.º Las revisiones, actualizaciones y anotaciones.

3.º Los compendios, resúmenes y extractos.

4.º Los arreglos musicales.

5.º Cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica.

Art. 12. Colecciones. Bases de datos.–1. También son objeto de propiedad intelectual, en los términos del Libro primero de la presente Ley, las colecciones de obras ajenas, de datos o de otros elementos independientes como las antologías y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos contenidos [12].

La protección reconocida en el presente artículo a estas colecciones se refiere únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos.

2. A efectos de la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, se consideran bases de datos las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma.

3. La protección reconocida a las bases de datos en virtud del presente artículo no se aplicará a los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios electrónicos [13].

Art. 13. Exclusiones.–No son objeto de propiedad intelectual las disposiciones legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones oficiales de todos los textos anteriores.

CAPÍTULO III

Contenido

Sección 1.ª Derecho moral

Art. 14. Contenido y características del derecho moral.–Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables [14]:

1.º Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma [15].

2.º Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente.

3.º Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra [16].

4.º Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación [17].

5.º Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural [18].

6.º Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación.

Si, posteriormente, el autor decide reemprender la explotación de su obra deberá ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los mismos y en condiciones razonablemente similares a las originarias.

7.º Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda.

Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor, al que se indemnizará, en su caso, por los daños y perjuicios que se le irroguen [19].

Art. 15. Supuestos de legitimación mortis causa. 1. Al fallecimiento del autor, el ejercicio de los derechos mencionados en los apartados 3.º y 4.º del artículo anterior corresponde, sin límite de tiempo, a la persona natural o jurídica a la que el autor se lo haya confiado expresamente por disposición de última voluntad. En su defecto, el ejercicio de estos derechos corresponderá a los herederos.

2. Las mismas personas señaladas en el número anterior y en el mismo orden que en él se indica, podrán ejercer el derecho previsto en el apartado 1.º del artículo 14, en relación con la obra no divulgada en vida de su autor y durante un plazo de setenta años desde su muerte o declaración de fallecimiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40 [20].

Art. 16. Sustitución en la legitimación mortis causa. Siempre que no existan las personas mencionadas en el artículo anterior, o se ignore su paradero, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales y las instituciones públicas de carácter cultural estarán legitimados para ejercer los derechos previstos en el mismo [20].

Sección 2.ª Derechos de explotación [21]

Art. 17. Derecho exclusivo de explotación y sus modalidades.–Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley [22].

Art. 18. Reproducción.–Se entiende por reproducción la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias [23].

Art. 19. Distribución.–1. Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.

2. Cuando la distribución se efectúe mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad, en el ámbito de la Unión Europea, por el propio titular del derecho o con su consentimiento, este derecho se agotará con la primera, si bien sólo para las ventas y transmisiones de propiedad sucesivas que se realicen en dicho ámbito territorial.

3. Se entiende por alquiler la puesta a disposición de los originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado y con un beneficio económico o comercial directo o indirecto.

Quedan excluidas del concepto de alquiler la puesta a disposición con fines de exposición, de comunicación pública a partir de fonogramas o de grabaciones audiovisuales, incluso de fragmentos de unos y otras, y la que se realice para consulta in situ.

4. Se entiende por préstamo la puesta a disposición de originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al público.

Se entenderá que no existe beneficio económico o comercial directo ni indirecto cuando el préstamo efectuado por un establecimiento accesible al público dé lugar al pago de una cantidad que no exceda de lo necesario para cubrir los gastos de funcionamiento. Esta cantidad no podrá incluir total o parcialmente el importe del derecho de remuneración que deba satisfacerse a los titulares de derechos de propiedad intelectual conforme a lo dispuesto por el apartado segundo del artículo 37.

5. Lo dispuesto en este artículo en cuanto al alquiler y al préstamo no se aplicará a los edificios ni a las obras de artes aplicadas [24].

Art. 20. Comunicación pública.–1. Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas.

No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo.

2. Especialmente, son actos de comunicación pública:

a) Las representaciones escénicas, recitaciones, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales mediante cualquier medio o procedimiento.

b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás audiovisuales.

c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes. El concepto de emisión comprende la producción de señales portadoras de programas hacia un satélite, cuando la recepción de las mismas por el público no es posible sino a través de entidad distinta de la de origen.

d) La radiodifusión o comunicación al público vía satélite de cualesquiera obras, es decir, el acto de introducir, bajo el control y la responsabilidad de la entidad radiodifusora, las señales portadoras de programas destinadas a la recepción por el público en una cadena ininterrumpida de comunicación que vaya al satélite y desde éste a la tierra. Los procesos técnicos normales relativos a las señales portadoras de programas no se consideran interrupciones de la cadena de comunicación.

Cuando las señales portadoras de programas se emitan de manera codificada existirá comunicación al público vía satélite siempre que se pongan a disposición del público por la entidad radiodifusora, o con su consentimiento, medios de descodificación.

A efectos de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, se entenderá por satélite cualquiera que opere en bandas de frecuencia reservadas por la legislación de telecomunicaciones a la difusión de señales para la recepción por el público o para la comunicación individual no pública, siempre que, en este último caso, las circunstancias en las que se lleve a efecto la recepción individual de las señales sean comparables a las que se aplican en el primer caso.

e) La transmisión de cualesquiera obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono.

f) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los apartados anteriores y por entidad distinta de la de origen, de la obra radiodifundida.

Se entiende por retransmisión por cable la retransmisión simultánea, inalterada e íntegra, por medio de cable o microondas de emisiones o transmisiones iniciales, incluidas las realizadas por satélite, de programas radiodifundidos o televisados destinados a ser recibidos por el público.

g) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público, mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra radiodifundida.

h) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones.

i) La puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija [25].

j) El acceso público en cualquier forma a las obras incorporadas a una base de datos, aunque dicha base de datos no esté protegida por las disposiciones del Libro I de la presente Ley.

k) La realización de cualquiera de los actos anteriores, respecto a una base de datos protegida por el Libro I de la presente Ley [26].

3. La comunicación al público vía satélite en el territorio de la Unión Europea se regirá por las siguientes disposiciones:

a) La comunicación al público vía satélite se producirá únicamente en el Estado miembro de la Unión Europea en que, bajo el control y responsabilidad de la entidad radiodifusora, las señales portadoras de programas se introduzcan en la cadena ininterrumpida de comunicación a la que se refiere el párrafo d) del apartado 2 de este artículo.

b) Cuando la comunicación al público vía satélite se produzca en el territorio de un Estado no perteneciente a la Unión Europea donde no exista el nivel de protección que para dicho sistema de comunicación al público establece este apartado 3, se tendrá en cuenta lo siguiente:

1.º Si la señal portadora del programa se envía al satélite desde una estación de señal ascendente situada en un Estado miembro se considerará que la comunicación al público vía satélite se ha producido en dicho Estado miembro. En tal caso, los derechos que se establecen relativos a la radiodifusión vía satélite podrán ejercitarse frente a la persona que opere la estación que emite la señal ascendente.

2.º Si no se utiliza una estación de señal ascendente situada en un Estado miembro pero una entidad de radiodifusión establecida en un Estado miembro ha encargado la emisión vía satélite, se considerará que dicho acto se ha producido en el Estado miembro en el que la entidad de radiodifusión tenga su establecimiento principal. En tal caso, los derechos que se establecen relativos a la radiodifusión vía satélite podrán ejercitarse frente a la entidad de radiodifusión.

c) [.......] [27].

4. La retransmisión por cable definida en el párrafo segundo del apartado 2.f) de este artículo, dentro del territorio de la Unión Europea, se regirá por las siguientes disposiciones:

a) La retransmisión en territorio español de emisiones, radiodifusiones vía satélite o transmisiones iniciales de programas procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea se realizará, en lo relativo a los derechos de autor, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y con arreglo a lo establecido en los acuerdos contractuales, individuales o colectivos, firmados entre los titulares de derechos y las empresas de retransmisión por cable.

b) El derecho que asiste a los titulares de derechos de autor de autorizar la retransmisión por cable se ejercerá, exclusivamente, a través de una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual.

c) En el caso de titulares que no hubieran encomendado la gestión de sus derechos a una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, los mismos se harán efectivos a través de la entidad que gestione derechos de la misma categoría.

Cuando existiere más de una entidad de gestión de los derechos de la referida categoría, sus titulares podrán encomendar la gestión de los mismos a cualquiera de las entidades.

Los titulares a que se refiere este párrafo c) gozarán de los derechos y quedarán sujetos a las obligaciones derivadas del acuerdo celebrado entre la empresa de retransmisión por cable y la entidad en la que se considere hayan delegado la gestión de sus derechos, en igualdad de condiciones con los titulares de derechos que hayan encomendado la gestión de los mismos a tal entidad. Asimismo, podrán reclamar a la entidad de gestión a la que se refieren los párrafos anteriores de este párrafo c), sus derechos dentro de los tres años, contados a partir de la fecha en que se retransmitió por cable la obra protegida.

d) Cuando el titular de derechos autorice la emisión, radiodifusión vía satélite o transmisión inicial en territorio español de una obra protegida, se presumirá que consiente en no ejercitar, a título individual, sus derechos para, en su caso, la retransmisión por cable de la misma, sino a ejercitarlos con arreglo a lo dispuesto en este apartado 4.

e) Lo dispuesto en los párrafos b), c) y d) de este apartado 4 no se aplicará a los derechos ejercidos por las entidades de radiodifusión respecto de sus propias emisiones, radiodifusiones vía satélite o transmisiones, con independencia de que los referidos derechos sean suyos o les hayan sido transferidos por otros titulares de derechos de autor.

f) Cuando, por falta de acuerdo entre las partes, no se llegue a celebrar un contrato para la autorización de la retransmisión por cable, las partes podrán acceder, por vía de mediación, a la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual [28].

Será aplicable a la mediación contemplada en el párrafo anterior lo previsto en el artículo 158 de la presente Ley y en el Real Decreto de desarrollo de dicha disposición.

g) Cuando alguna de las partes, en abuso de su posición negociadora, impida la iniciación o prosecución de buena fe de las negociaciones para la autorización de la retransmisión por cable, u obstaculice, sin justificación válida, las negociaciones o la mediación a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará lo dispuesto en el título I, capítulo I, de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia [29].

Art. 21. Transformación.–1. La transformación de una obra comprende su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente.

Cuando se trate de una base de datos a la que hace referencia el artículo 12 de la presente Ley, se considerará también transformación la reordenación de la misma.

2. Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última, sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma y, en especial, mediante su reproducción, distribución, comunicación pública o nueva transformación [30].

Art. 22. Colecciones escogidas u obras completas.–La cesión de los derechos de explotación sobre sus obras no impedirá al autor publicarlas reunidas en colección escogida o completa [31].

Art. 23. Independencia de derechos.–Los derechos de explotación regulados en esta sección son independientes entre sí.

Sección 3.ª Otros derechos

Art. 24. Derecho de participación. [.......] [32].

Art. 25. Compensación equitativa por copia privada.–1. La reproducción realizada exclusivamente para uso privado, mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, originará una compensación equitativa y única por cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas, en favor de las personas que se expresan en el párrafo b) del apartado 4, dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón de la expresada reproducción. Este derecho será irrenunciable para los autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes.

2. Esa compensación se determinará para cada modalidad en función de los equipos, aparatos y soportes materiales idóneos para realizar dicha reproducción, fabricados en territorio español o adquiridos fuera de éste para su distribución comercial o utilización dentro de dicho territorio.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a los programas de ordenador ni a las bases de datos electrónicas.

4. En relación con la obligación legal a que se refiere el apartado 1, serán:

a) Deudores: Los fabricantes en España, en tanto actúen como distribuidores comerciales, así como los adquirentes fuera del territorio español, para su distribución comercial o utilización dentro de éste, de equipos, aparatos y soportes materiales previstos en el apartado 2.

Los distribuidores, mayoristas y minoristas, sucesivos adquirentes de los mencionados equipos, aparatos y soportes materiales, responderán del pago de la compensación solidariamente con los deudores que se los hubieran suministrado, salvo que acrediten haber satisfecho efectivamente a éstos la compensación y sin perjuicio de lo que se dispone en los apartados 14, 15 y 20.

b) Acreedores: Los autores de las obras explotadas públicamente en alguna de las formas mencionadas en el apartado 1, juntamente en sus respectivos casos y modalidades de reproducción, con los editores, los productores de fonogramas y videogramas y los artistas intérpretes o ejecutantes cuyas actuaciones hayan sido fijadas en dichos fonogramas y videogramas.

5. Para los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción analógicos, el importe de la compensación que deberá satisfacer cada deudor será el resultante de la aplicación de las siguientes cantidades:

a) Para equipos o aparatos de reproducción de libros o publicaciones asimiladas reglamentariamente a libros:

1.º 15,00 euros por equipo o aparato con capacidad de copia de hasta nueve copias por minuto.

2.º 121,71 euros por equipo o aparato con capacidad de copia desde 10 hasta 29 copias por minuto.

3.º 162,27 euros por equipo o aparato con capacidad de copia desde 30 hasta 49 copias por minuto.

4.º 200,13 euros por equipo o aparato con capacidad de copia desde 50 copias por minuto en adelante.

b) Para equipos o aparatos de reproducción de fonogramas: 0,60 euros por unidad de grabación.

c) Para equipos o aparatos de reproducción de videogramas: 6,61 euros por unidad de grabación.

d) Para soportes materiales de reproducción sonora: 0,18 euros por hora de grabación o 0,003005 euros por minuto de grabación.

e) Para soportes materiales de reproducción visual o audiovisual: 0,30 euros por hora de grabación o 0,005006 euros por minuto de grabación.

6. Para los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción digitales, el importe de la compensación que deberá satisfacer cada deudor será el que se apruebe conjuntamente por los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, conforme a las siguientes reglas:

1.ª Con carácter bienal, a partir de la última revisión administrativa, los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y comunicarán a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y a las asociaciones sectoriales, identificadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que representen mayoritariamente a los deudores a los que se refiere el apartado 4, el inicio del procedimiento para la determinación de los equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago por la compensación equitativa por copia privada, así como para la determinación, en su caso, de las cantidades que los deudores deberán abonar por este concepto a los acreedores.

La periodicidad bienal de las revisiones administrativas a las que se refiere el párrafo anterior podrá reducirse mediante acuerdo de los dos ministerios citados. Dicha modificación deberá tener en cuenta la evolución tecnológica y de las condiciones del mercado.

2.ª Una vez realizada la publicación a que se refiere la regla anterior, las partes interesadas referidas en ella dispondrán de cuatro meses para comunicar a los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio los acuerdos a los que hayan llegado como consecuencia de sus negociaciones o, en su defecto, la falta de tal acuerdo.

3.ª Los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, en el plazo de tres meses, contado desde la comunicación o desde el agotamiento del plazo referidos en la regla anterior, establecerán, mediante orden conjunta, la relación de equipos, aparatos y soportes materiales, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y, en su caso, la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción de libros, de sonido y visual o audiovisual, previa consulta al Consejo de Consumidores y Usuarios y previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda. Dicha orden ministerial conjunta tendrá que ser motivada en el caso de que su contenido difiera del acuerdo al que hayan llegado las partes negociadoras. En tanto no se apruebe esta orden ministerial se prorrogará la vigencia de la anterior.

4.ª Las partes negociadoras dentro del proceso de negociación y, en todo caso, los Ministerios de Cultura y de Industria, Turismo y Comercio, a los efectos de aprobación de la orden conjunta a que se refiere la regla anterior, deberán tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) El perjuicio efectivamente causado a los titulares de derechos por las reproducciones a que se refiere el apartado 1, teniendo en cuenta que si el perjuicio causado al titular es mínimo no podrá dar origen a una obligación de pago.

b) El grado de uso de dichos equipos, aparatos o soportes materiales para la realización de las reproducciones a que se refiere el apartado 1.

c) La capacidad de almacenamiento de los equipos, aparatos y soportes materiales.

d) La calidad de las reproducciones.

e) La disponibilidad, grado de aplicación y efectividad de las medidas tecnológicas a que se refiere el artículo 161.

f) El tiempo de conservación de las reproducciones.

g) Los importes correspondientes de la compensación aplicables a los distintos tipos de equipos y aparatos deberán ser proporcionados económicamente respecto del precio medio final al público de los mismos.

7. Quedan exceptuados del pago de la compensación:

a) Los equipos, aparatos y soportes materiales adquiridos por quienes cuenten con la preceptiva autorización para llevar a efecto la correspondiente reproducción de obras, prestaciones artísticas, fonogramas o videogramas, según proceda, en el ejercicio de su actividad, lo que deberán acreditar a los deudores y, en su caso, a sus responsables solidarios, mediante una certificación de la entidad o de las entidades de gestión correspondientes, en el supuesto de adquirir los equipos, aparatos o materiales dentro del territorio español.

b) Los discos duros de ordenador en los términos que se definan en la orden ministerial conjunta que se contempla en el anterior apartado 6 sin que en ningún caso pueda extenderse esta exclusión a otros dispositivos de almacenamiento o reproducción.

c) Las personas naturales que adquieran fuera del territorio español los referidos equipos, aparatos y soportes materiales en régimen de viajeros y en una cantidad tal que permita presumir razonablemente que los destinarán al uso privado en dicho territorio.

d) Asimismo, el Gobierno, mediante real decreto, podrá establecer excepciones al pago de esta compensación equitativa y única cuando quede suficientemente acreditado que el destino o uso final de los equipos, aparatos o soportes materiales no sea la reproducción prevista en el artículo 31.2.

8. La compensación equitativa y única a que se refiere el apartado 1 se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

9. Cuando concurran varias entidades de gestión en la administración de una misma modalidad de compensación, éstas podrán actuar frente a los deudores en todo lo relativo a la percepción de la compensación equitativa y única en juicio y fuera de él, conjuntamente y bajo una sola representación; a las relaciones entre dichas entidades se les aplicarán las normas que rigen la comunidad de bienes. Asimismo, en este caso, las entidades de gestión podrán asociarse y constituir, conforme a la legalidad vigente, una persona jurídica a los fines expresados.

10. Las entidades de gestión de los acreedores comunicarán al Ministerio de Cultura el nombre o denominación y el domicilio de la representación única o de la asociación que, en su caso, hubieran constituido. En este último caso, presentarán, además, la documentación acreditativa de la constitución de dicha asociación, con una relación individualizada de sus entidades miembros, en la que se indique su nombre y su domicilio.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación a cualquier cambio en la persona de la representación única o de la asociación constituida, en sus domicilios y en el número y calidad de las entidades de gestión, representadas o asociadas, así como en el supuesto de modificación de los estatutos de la asociación.

11. El Ministerio de Cultura ejercerá el control de la entidad o de las entidades de gestión o, en su caso, de la representación o asociación gestora de la percepción del derecho, en los términos previstos en el artículo 159, y publicará, en su caso, en el «Boletín Oficial del Estado» una relación de las entidades representantes o asociaciones gestoras con indicación de sus domicilios, de la respectiva modalidad de la compensación en la que operen y de las entidades de gestión representadas o asociadas. Esta publicación se efectuará siempre que se produzca una modificación en los datos reseñados.

A los efectos previstos en el artículo 159, la entidad o las entidades de gestión o, en su caso, la representación o asociación gestora que hubieran constituido estarán obligadas a presentar al Ministerio de Cultura, los días 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, relación pormenorizada de las declaraciones-liquidaciones, así como de los pagos efectuados a que se refiere el apartado 13, correspondientes al semestre natural anterior.

12. La obligación de pago de la compensación nacerá en los siguientes supuestos:

a) Para los fabricantes en tanto actúen como distribuidores y para los adquirentes de equipos, aparatos y soportes materiales fuera del territorio español con destino a su distribución comercial en éste, en el momento en que se produzca por parte del deudor la transmisión de la propiedad o, en su caso, la cesión del uso o disfrute de cualquiera de aquéllos.

b) Para los adquirentes de equipos, aparatos y soportes materiales fuera del territorio español con destino a su utilización dentro de dicho territorio, desde el momento de su adquisición.

13. Los deudores mencionados en el párrafo a) del apartado 12 presentarán a la entidad o a las entidades de gestión correspondientes o, en su caso, a la representación o asociación mencionadas en los apartados 8 a 11, ambos inclusive, dentro de los 30 días siguientes a la finalización de cada trimestre natural, una declaración-liquidación en la que se indicarán las unidades, capacidad y características técnicas, según se especifica en el apartado 5 y en la orden ministerial a la que se refiere el apartado 6, de los equipos, aparatos y soportes materiales respecto de los cuales haya nacido la obligación de pago de la compensación durante dicho trimestre. Con el mismo detalle, deducirán las cantidades correspondientes a los equipos, aparatos y soportes materiales destinados fuera del territorio español y a las entregas exceptuadas en virtud de lo establecido en el apartado 7.

Los deudores aludidos en el párrafo b) del apartado 12 harán la presentación de la declaración-liquidación expresada en el párrafo anterior dentro de los cinco días siguientes al nacimiento de la obligación.

14. Los distribuidores, mayoristas y minoristas a que se refiere el segundo párrafo del apartado 4.a) deberán cumplir la obligación prevista en el párrafo primero del apartado 13 respecto de los equipos, aparatos y soportes materiales adquiridos por ellos en territorio español, de deudores que no les hayan repercutido y hecho constar en la factura la correspondiente compensación.

15. El pago de la compensación se llevará a cabo, salvo pacto en contrario:

a) Por los deudores mencionados en el párrafo a) del apartado 12, dentro del mes siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el párrafo primero del apartado 13.

b) Por los demás deudores y por los distribuidores, mayoristas y minoristas, en relación con los equipos, aparatos y soportes materiales a que se refiere el apartado 14, en el momento de la presentación de la declaración-liquidación, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 20.

16. Los deudores y, en su caso, los responsables solidarios se considerarán depositarios de la compensación devengada hasta el efectivo pago de ésta, conforme establece el apartado 15 anterior.

17. A los efectos de control de pago de la compensación, los deudores mencionados en el párrafo a) del apartado 12 deberán figurar separadamente en sus facturas el importe de aquélla, del que harán repercusión a sus clientes y retendrán, para su entrega conforme a lo establecido en el apartado 15.

18. Las obligaciones relativas a las facturas y a la repercusión de la compensación a los clientes, establecidas en el apartado anterior, alcanzarán a los distribuidores, mayoristas y minoristas, responsables solidarios de los deudores. También deberán cumplir las obligaciones de retener y entregar previstas en dicho apartado, en el supuesto previsto en el apartado 14.

19. En ningún caso, los distribuidores, mayoristas y minoristas, responsables solidarios de los deudores, aceptarán de sus respectivos proveedores el suministro de equipos, aparatos y soportes materiales sometidos a la compensación si no vienen facturados conforme a lo dispuesto en los apartados 17 y 18.

20. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el importe de la compensación no conste en factura, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la compensación devengada por los equipos, aparatos y soportes materiales que comprenda no ha sido satisfecha.

21. En el supuesto indicado en el apartado que antecede y en cualquier otro de impago de la compensación, la entidad o las entidades de gestión o, en su caso, la representación o asociación gestora, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que les asistan, podrán solicitar del tribunal la adopción de las medidas cautelares procedentes conforme a lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y, en concreto, el embargo de los correspondientes equipos, aparatos y soportes materiales. Los bienes así embargados quedarán afectos al pago de la compensación reclamada y a la oportuna indemnización de daños y perjuicios.

22. Los deudores y sus responsables solidarios permitirán a la entidad o entidades de gestión, o, en su caso, a la representación o asociación gestora, el control de las operaciones sometidas a la compensación y de las afectadas por las obligaciones establecidas en los apartados 13 a 21, ambos inclusive. En consecuencia, facilitarán los datos y la documentación necesarios para comprobar el efectivo cumplimiento de dichas obligaciones y, en especial, la exactitud de las declaraciones-liquidaciones presentadas.

23. La entidad o entidades de gestión o, en su caso, la representación o asociación gestora, y las propias entidades representadas o asociadas, deberán respetar los principios de confidencialidad o intimidad mercantil en relación con cualquier información que conozcan en el ejercicio de las facultades previstas en el apartado 22.

24. El Gobierno establecerá reglamentariamente los tipos de reproducciones que no deben considerarse para uso privado a los efectos de lo dispuesto en este artículo; los equipos, aparatos y soportes materiales exceptuados del pago de la compensación, atendiendo a la peculiaridad del uso o explotación a que se destinen, así como a las exigencias que puedan derivarse de la evolución tecnológica y del correspondiente sector del mercado; y la distribución de la compensación en cada una de dichas modalidades entre las categorías de acreedores, a fin de que los distribuyan, a su vez, entre éstos, ajustándose a lo dispuesto en el artículo 154.

En todo caso, las entidades de gestión deberán comunicar al Ministerio de Cultura los criterios detallados de distribución entre sus miembros de las cantidades recaudadas en concepto de compensación por copia privada.

25. El Gobierno podrá modificar por vía reglamentaria lo establecido en los apartados 13 a 21 [33].

TÍTULO III

Duración, límites y salvaguardia de otras disposiciones legales [34]

CAPÍTULO PRIMERO

Duración

Art. 26. Duración y cómputo.–Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento [35].

Art. 27. Duración y cómputo en obras póstumas, seudónimas y anónimas [36].–1. Los derechos de explotación de las obras anónimas o seudónimas a las que se refiere el artículo 6 durarán setenta años desde su divulgación lícita.

Cuando antes de cumplirse este plazo fuera conocido el autor, bien porque el seudónimo que ha adoptado no deje dudas sobre su identidad, bien porque el mismo autor la revele, será de aplicación lo dispuesto en el artículo precedente.

2. Los derechos de explotación de las obras que no hayan sido divulgadas lícitamente durarán setenta años desde la creación de éstas, cuando el plazo de protección no sea computado a partir de la muerte o declaración de fallecimiento del autor o autores.

Art. 28. Duración y cómputo de las obras en colaboración y colectivas [37].–1. Los derechos de explotación de las obras en colaboración definidas en el artículo 7, comprendidas las obras cinematográficas y audiovisuales, durarán toda la vida de los coautores y setenta años desde la muerte o declaración de fallecimiento del último coautor superviviente.

2. Los derechos de explotación sobre las obras colectivas definidas en el artículo 8 de esta Ley durarán setenta años desde la divulgación lícita de la obra protegida. No obstante, si las personas naturales que hayan creado la obra son identificadas como autores en las versiones de la misma que se hagan accesibles al público, se estará a lo dispuesto en los artículos 26 o 28.1, según proceda.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de los derechos de los autores identificados cuyas aportaciones identificables estén contenidas en dichas obras, a las cuales se aplicarán el artículo 26 y el apartado 1 de este artículo, según proceda.

Art. 29. Obras publicadas por partes.–En el caso de obras divulgadas por partes, volúmenes, entregas o fascículos, que no sean independientes y cuyo plazo de protección comience a transcurrir cuando la obra haya sido divulgada de forma lícita, dicho plazo se computará por separado para cada elemento.

Art. 30. Cómputo de plazo de protección.–Los plazos de protección establecidos en esta Ley se computarán desde el día 1 de enero del año siguiente al de la muerte o declaración de fallecimiento del autor o al de la divulgación lícita de la obra, según proceda.

CAPÍTULO II

Límites [38]

Art. 31. Reproducciones provisionales y copia privada.–1. No requerirán autorización del autor los actos de reproducción provisional a los que se refiere el artículo 18 que, además de carecer por sí mismos de una significación económica independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única finalidad consista en facilitar bien una transmisión en red entre terceras partes por un intermediario, bien una utilización lícita, entendiendo por tal la autorizada por el autor o por la ley.

2. No necesita autorización del autor la reproducción, en cualquier soporte, de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, que deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas a las que se refiere el artículo 161. Quedan excluidas de lo dispuesto en este apartado las bases de datos electrónicas y, en aplicación del artículo 99.a), los programas de ordenador [39].

Art. 31 bis. Seguridad, procedimientos oficiales y discapacidades.–1. No será necesaria autorización del autor cuando una obra se reproduzca, distribuya o comunique públicamente con fines de seguridad pública o para el correcto desarrollo de procedimientos administrativos, judiciales o parlamentarios.

2. Tampoco necesitan autorización los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de personas con discapacidad, siempre que los mismos carezcan de finalidad lucrativa, guarden una relación directa con la discapacidad de que se trate, se lleven a cabo mediante un procedimiento o medio adaptado a la discapacidad y se limiten a lo que ésta exige [40].

Art. 32. Cita e ilustración de la enseñanza.–1. Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.

Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se entenderá amparada por este límite.

2. No necesitará autorización del autor el profesorado de la educación reglada para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, excluidos los libros de texto y los manuales universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas, en la medida justificada por la finalidad no comercial perseguida, siempre que se trate de obras ya divulgadas y, salvo en los casos en que resulte imposible, se incluyan el nombre del autor y la fuente.

No se entenderán comprendidas en el párrafo anterior la reproducción, distribución y comunicación pública de compilaciones o agrupaciones de fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo [41].

Art. 33. Trabajos sobre temas de actualidad.–1. Los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicación social podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente por cualesquiera otros de la misma clase, citando la fuente y el autor si el trabajo apareció con firma y siempre que no se hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir la remuneración acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa.

Cuando se trate de colaboraciones literarias será necesaria, en todo caso, la oportuna autorización del autor.

2. Igualmente, se podrán reproducir, distribuir y comunicar las conferencias, alocuciones, informes ante los Tribunales y otras obras del mismo carácter que se hayan pronunciado en público, siempre que esas utilizaciones se realicen con el exclusivo fin de informar sobre la actualidad. Esta última condición no será de aplicación a los discursos pronunciados en sesiones parlamentarias o de corporaciones públicas. En cualquier caso, queda reservado al autor el derecho a publicar en colección tales obras [42].

Art. 34. Utilización de bases de datos por el usuario legítimo y limitaciones a los derechos de explotación del titular de una base de datos.–1. El usuario legítimo de una base de datos protegida en virtud del artículo 12 de esta Ley o de copias de la misma, podrá efectuar, sin la autorización del autor de la base, todos los actos que sean necesarios para el acceso al contenido de la base de datos y a su normal utilización por el propio usuario, aunque estén afectados por cualquier derecho exclusivo de ese autor. En la medida en que el usuario legítimo esté autorizado a utilizar sólo una parte de la base de datos, esta disposición será aplicable únicamente a dicha parte.

Cualquier pacto en contrario a lo establecido en esta disposición será nulo de pleno derecho.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, no se necesitará la autorización del autor de una base de datos protegida en virtud del artículo 12 de esta Ley y que haya sido divulgada:

a) Cuando tratándose de una base de datos no electrónica se realice una reproducción con fines privados.

b) Cuando la utilización se realice con fines de ilustración de la enseñanza o de investigación científica siempre que se lleve a efecto en la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga e indicando en cualquier caso su fuente.

c) Cuando se trate de una utilización para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial [43].

Art. 35. Utilización de las obras con ocasión de informaciones de actualidad y de las situadas en vías públicas.–1. Cualquier obra susceptible de ser vista u oída con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad puede ser reproducida, distribuida y comunicada públicamente, si bien sólo en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa.

2. Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales [44].

Art. 36. Cable, satélite y grabaciones técnicas.–1. La autorización para emitir una obra comprende la transmisión por cable de la emisión, cuando ésta se realice simultánea e íntegramente por la entidad de origen y sin exceder la zona geográfica prevista en dicha autorización [45].

2. Asimismo, la referida autorización comprende su incorporación a un programa dirigido hacia un satélite que permita la recepción de esta obra a través de entidad distinta de la de origen, cuando el autor o su derechohabiente haya autorizado a esta última entidad para comunicar la obra al público, en cuyo caso, además, la emisora de origen quedará exenta del pago de toda remuneración [46].

3. La cesión del derecho de comunicación pública de una obra, cuando ésta se realiza a través de la radiodifusión, facultará a la entidad radiodifusora para registrar la misma por sus propios medios y para sus propias emisiones inalámbricas, al objeto de realizar, por una sola vez, la comunicación pública autorizada. Para nuevas difusiones de la obra así registrada será necesaria la cesión del derecho de reproducción y de comunicación pública.

4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la presente Ley.

Art. 37. Reproducción, préstamo y consulta de obras mediante terminales especializados en determinados establecimientos.–1. Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación o conservación.

2. Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los titulares de derechos por los préstamos que realicen.

Los titulares de estos establecimientos remunerarán a los autores por los préstamos que realicen de sus obras en la cuantía que se determine mediante Real Decreto. La remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Quedan eximidos de la obligación de remuneración los establecimientos de titularidad pública que presten servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español.

El Real Decreto por el que se establezca la cuantía contemplará asimismo los mecanismos de colaboración necesarios entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración que afecten a establecimientos de titularidad pública [47].

3. No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a disposición de personas concretas del público a efectos de investigación cuando se realice mediante red cerrada e interna a través de terminales especializados instalados a tal efecto en los locales de los establecimientos citados en el anterior apartado y siempre que tales obras figuren en las colecciones del propio establecimiento y no sean objeto de condiciones de adquisición o de licencia. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir una remuneración equitativa [48].

Art. 38. Actos oficiales y ceremonias religiosas.–La ejecución de obras musicales en el curso de actos oficiales del Estado, de las Administraciones públicas y ceremonias religiosas no requerirá autorización de los titulares de los derechos, siempre que el público pueda asistir a ellas gratuitamente y los artistas que en las mismas intervengan no perciban remuneración específica por su interpretación o ejecución en dichos actos.

Art. 39. Parodia.–No será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor [49].

Art. 40. Tutela del derecho de acceso a la cultura.–Si a la muerte o declaración de fallecimiento del autor, sus derechohabientes ejerciesen su derecho a la no divulgación de la obra, en condiciones que vulneren lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución, el Juez podrá ordenar las medidas adecuadas a petición del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, las instituciones públicas de carácter cultural o de cualquier otra persona que tenga un interés legítimo [50].

Art. 40 bis. Disposición común a todas las del presente capítulo.–Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran [51].

CAPÍTULO III [52]

Salvaguardia de aplicación de otras disposiciones legales

Art. 40 ter. Salvaguardia de aplicación de otras disposiciones legales.–Lo dispuesto en los artículos del presente Libro I, sobre la protección de las bases de datos, se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones legales que afecten a la estructura o al contenido de cualesquiera de esas bases, tales como las relativas a otros derechos de propiedad intelectual, derecho «sui generis», sobre una base de datos, derecho de propiedad industrial, derecho de la competencia, derecho contractual, secretos, protección de los datos de carácter personal, protección de los tesoros nacionales o sobre el acceso a los documentos públicos.

TÍTULO IV

Dominio público

Art. 41. Condiciones para la utilización de las obras en dominio público.–La extinción de los derechos de explotación de las obras determinará su paso al dominio público.

Las obras de dominio público podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra, en los términos previstos en los apartados 3.º y 4.º del artículo 14 [53].

TÍTULO V

Transmisión de los derechos

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Art. 42. Transmisión mortis causa.–Los derechos de explotación de la obra se transmiten mortis causa por cualquiera de los medios admitidos en derecho.

Art. 43. Transmisión inter vivos.–1. Los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos inter vivos, quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen.

2. La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años y la del ámbito territorial al país en el que se realice la cesión. Si no se expresan específicamente y de modo concreto las modalidades de explotación de la obra, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo.

3. Será nula la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que pueda crear el autor en el futuro.

4. Serán nulas las estipulaciones por las que el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro [54].

5. La transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión.

Art. 44. Menores de vida independiente.–Los autores menores de dieciocho años y mayores de dieciséis, que vivan de forma independiente con consentimiento de sus padres o tutores o con autorización de la persona o institución que los tengan a su cargo, tienen plena capacidad para ceder derechos de explotación.

Art. 45. Formalización escrita.–Toda cesión deberá formalizarse por escrito. Si, previo requerimiento fehaciente, el cesionario incumpliere esta exigencia, el autor podrá optar por la resolución del contrato [55].

Art. 46. Remuneración proporcional y a tanto alzado.–1. La cesión otorgada por el autor a título oneroso le confiere una participación proporcional en los ingresos de la explotación, en la cuantía convenida con el cesionario.

2. Podrá estipularse, no obstante, una remuneración a tanto alzado para el autor en los siguientes casos:

a) Cuando, atendida la modalidad de la explotación, exista dificultad grave en la determinación de los ingresos o su comprobación sea imposible o de un coste desproporcionado con la eventual retribución.

b) Cuando la utilización de la obra tenga carácter accesorio respecto de la actividad o del objeto material a los que se destinen.

c) Cuando la obra, utilizada con otras, no constituya
un elemento esencial de la creación intelectual en la que se integre.

d) En el caso de la primera o única edición de las siguientes obras no divulgadas previamente:

1.º Diccionarios, antologías y enciclopedias.

2.º Prólogos, anotaciones, introducciones y presentaciones.

3.º Obras científicas.

4.º Trabajos de ilustración de una obra.

5.º Traducciones.

6.º Ediciones populares a precios reducidos.

Art. 47. Acción de revisión por remuneración no equitativa.–Si en la cesión a tanto alzado se produjese una manifiesta desproporción entre la remuneración del autor y los beneficios obtenidos por el cesionario, aquél podrá pedir la revisión del contrato y, en defecto de acuerdo, acudir al Juez para que fije una remuneración equitativa, atendidas las circunstancias del caso. Esta facultad podrá ejercitarse dentro de los diez años siguientes al de la cesión.

Art. 48. Cesión en exclusiva.–La cesión en exclusiva deberá otorgarse expresamente con este carácter y atribuirá al cesionario, dentro del ámbito de aquélla, la facultad de explotar la obra con exclusión de otra persona, comprendido el propio cedente, y, salvo pacto en contrario, las de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros. Asimismo, le confiere legitimación, con independencia de la del titular cedente, para perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido.

Esta cesión constituye al cesionario en la obligación de poner todos los medios necesarios para la efectividad de la explotación concedida, según la naturaleza de la obra y los usos vigentes en la actividad profesional, industrial o comercial de que se trate.

Art. 49. Transmisión del derecho del cesionario en exclusiva.–El cesionario en exclusiva podrá transmitir a otro su derecho con el consentimiento expreso del cedente.

En defecto de consentimiento, los cesionarios responderán solidariamente frente al primer cedente de las obligaciones de la cesión.

No será necesario el consentimiento cuando la transmisión se lleve a efecto como consecuencia de la disolución o del cambio de titularidad de la empresa cesionaria.

Art. 50. Cesión no exclusiva.–1. El cesionario no exclusivo quedará facultado para utilizar la obra de acuerdo con los términos de la cesión y en concurrencia tanto con otros cesionarios como con el propio cedente. Su derecho será intransmisible, salvo en los supuestos previstos en el párrafo tercero del artículo anterior.

2. Las autorizaciones no exclusivas concedidas por las entidades de gestión para utilización de sus repertorios serán, en todo caso, intransmisibles.

Art. 51. Transmisión de los derechos del autor asalariado.–1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito.

2. A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral.

3. En ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido en los dos apartados anteriores.

4. Las demás disposiciones de esta Ley serán, en lo pertinente, de aplicación a estas transmisiones, siempre que así se derive de la finalidad y objeto del contrato.

5. La titularidad de los derechos sobre un programa de ordenador creado por un trabajador asalariado en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones de su empresario se regirá por lo previsto en el apartado 4 del artículo 97 de esta Ley.

Art. 52. Transmisión de derechos para publicaciones periódicas.–Salvo estipulación en contrario, los autores de obras reproducidas en publicaciones periódicas conservan su derecho a explotarlas en cualquier forma que no perjudique la normal de la publicación en la que se hayan insertado.

El autor podrá disponer libremente de su obra, si ésta no se reprodujese en el plazo de un mes desde su envío o aceptación en las publicaciones diarias o en el de seis meses en las restantes, salvo pacto en contrario.

La remuneración del autor de las referidas obras podrá consistir en un tanto alzado.

Art. 53. Hipoteca y embargo de los derechos de autor.–1. Los derechos de explotación de las obras protegidas en esta Ley podrán ser objeto de hipoteca con arreglo a la legislación vigente [56].

2. Los derechos de explotación correspondientes al autor no son embargables, pero sí lo son sus frutos o productos, que se considerarán como salarios, tanto en lo relativo al orden de prelación para el embargo como a retenciones o parte inembargable [57].

Art. 54. Créditos por la cesión de derechos de explotación. [.......] [58].

Art. 55. Beneficios irrenunciables.–Salvo disposición de la propia Ley, los beneficios que se otorgan en el presente título a los autores y a sus derechohabientes serán irrenunciables.

Art. 56. Transmisión de derechos a los propietarios de ciertos soportes materiales.–1. El adquirente de la propiedad del soporte a que se haya incorporado la obra no tendrá, por este solo título, ningún derecho de explotación sobre esta última.

2. No obstante, el propietario del original de una obra de artes plásticas o de una obra fotográfica tendrá el derecho de exposición pública de la obra, aunque ésta no haya sido divulgada, salvo que el autor hubiera excluido expresamente este derecho en el acto de enajenación del original. En todo caso, el autor podrá oponerse al ejercicio de este derecho, mediante la aplicación, en su caso, de las medidas cautelares previstas en esta Ley, cuando la exposición se realice en condiciones que perjudiquen su honor o reputación profesional.

Art. 57. Aplicación preferente de otras disposiciones. La transmisión de derechos de autor para su explotación a través de las modalidades de edición, representación o ejecución, o de producción de obras audiovisuales se regirá, respectivamente y en todo caso, por lo establecido en las disposiciones específicas de este Libro I y, en lo no previsto en las mismas, por lo establecido en este capítulo.

Las cesiones de derechos para cada una de las distintas modalidades de explotación deberán formalizarse en documentos independientes.

CAPÍTULO II

Contrato de edición [59]

Art. 58. Concepto.–Por el contrato de edición el autor o sus derechohabientes ceden al editor, mediante compensación económica, el derecho de reproducir su obra y el de distribuirla. El editor se obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo en las condiciones pactadas y con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

Art. 59. Obras futuras, encargo de una obra y colaboraciones en publicaciones periódicas.–1. Las obras futuras no son objeto del contrato de edición regulado en esta Ley [60].

2. El encargo de una obra no es objeto del contrato de edición, pero la remuneración que pudiera convenirse será considerada como anticipo de los derechos que al autor le correspondiesen por la edición, si ésta se realizase.

3. Las disposiciones de este capítulo tampoco serán de aplicación a las colaboraciones en publicaciones periódicas, salvo que así lo exijan, en su caso, la naturaleza y la finalidad del contrato.

Art. 60. Formalización y contenido mínimo.–El contrato de edición deberá formalizarse por escrito y expresar, en todo caso:

1.º Si la cesión del autor al editor tiene carácter de exclusiva.

2.º Su ámbito territorial.

3.º El número máximo y mínimo de ejemplares que alcanzará la edición o cada una de las que se convengan.

4.º La forma de distribución de los ejemplares y los que se reserven al autor, a la crítica y a la promoción de la obra.

5.º La remuneración del autor, establecida conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta Ley.

6.º El plazo para la puesta en circulación de los ejemplares de la única o primera edición, que no podrá exceder de dos años, contados desde que el autor entregue al editor la obra en condiciones adecuadas para realizar la reproducción de la misma [61].

7.º El plazo en que el autor deberá entregar el original de su obra al editor.

Art. 61. Supuestos de nulidad y de subsanación de omisiones.–1. Será nulo el contrato no formalizado por escrito, así como el que no exprese los extremos exigidos en los apartados 3.º y 5.º del artículo anterior.

2. La omisión de los extremos mencionados en los apartados 6.º y 7.º del artículo anterior dará acción a los contratantes para compelerse recíprocamente a subsanar la falta. En defecto de acuerdo, lo hará el Juez atendiendo a las circunstancias del contrato, a los actos de las partes en su ejecución y a los usos.

Art. 62. Edición en forma de libro.–1. Cuando se trate de la edición de una obra en forma de libro, el contrato deberá expresar, además, los siguientes extremos:

a) La lengua o lenguas en que ha de publicarse la obra.

b) El anticipo a conceder, en su caso, por el editor al autor a cuenta de sus derechos.

c) La modalidad o modalidades de edición y, en su caso, la colección de la que formarán parte.

2. La falta de expresión de la lengua o lenguas en que haya de publicarse la obra sólo dará derecho al editor a publicarla en el idioma original de la misma.

3. Cuando el contrato establezca la edición de una obra en varias lenguas españolas oficiales, la publicación en una de ellas no exime al editor de la obligación de su publicación en las demás.

Si transcurridos cinco años desde que el autor entregue la obra, el editor no la hubiese publicado en todas las lenguas previstas en el contrato, el autor podrá resolverlo respecto de las lenguas en las que no se haya publicado.

4. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará también para las traducciones de las obras extranjeras en España [62].

Art. 63. Excepciones al artículo 60.6.º–La limitación del plazo prevista en el apartado 6.º del artículo 60 no será de aplicación a las ediciones de los siguientes tipos de obras:

1.º Antologías de obras ajenas, diccionarios, enciclopedias y colecciones análogas.

2.º Prólogos, epílogos, presentaciones, introducciones, anotaciones, comentarios e ilustraciones de obras ajenas.

Art. 64. Obligaciones del editor.–Son obligaciones del editor:

1.º Reproducir la obra en la forma convenida, sin introducir ninguna modificación que el autor no haya consentido y haciendo constar en los ejemplares el nombre, firma o signo que lo identifique.

2.º Someter las pruebas de la tirada al autor, salvo pacto en contrario [63].

3.º Proceder a la distribución de la obra en el plazo y condiciones estipulados.

4.º Asegurar a la obra una explotación continua y una difusión comercial conforme a los usos habituales en el sector profesional de la edición [64].

5.º Satisfacer al autor la remuneración estipulada y, cuando ésta sea proporcional, al menos una vez cada año, la oportuna liquidación, de cuyo contenido le rendirá cuentas. Deberá, asimismo, poner anualmente a disposición de autor un certificado en el que se determinen los datos relativos a la fabricación, distribución y existencias de ejemplares. A estos efectos, si el autor lo solicita, el editor le presentará los correspondientes justificantes [65].

6.º Restituir al autor el original de la obra, objeto de la edición, una vez finalizadas las operaciones de impresión y tirada de la misma.

Art. 65. Obligaciones del autor.–Son obligaciones del autor:

1.º Entregar al editor en debida forma para su reproducción y dentro del plazo convenido la obra objeto de la edición.

2.º Responder ante el editor de la autoría y originalidad de la obra y del ejercicio pacífico de los derechos que le hubiese cedido.

3.º Corregir las pruebas de la tirada, salvo pacto en contrario.

Art. 66. Modificaciones en el contenido de la obra.–El autor, durante el período de corrección de pruebas, podrá introducir en la obra las modificaciones que estime imprescindibles, siempre que no alteren su carácter o finalidad, ni se eleve sustancialmente el coste de la edición. En cualquier caso, el contrato de edición podrá prever un porcentaje máximo de correcciones sobre la totalidad de la obra [66].

Art. 67. Derechos de autor en caso de venta en saldo y destrucción de la edición.–1. El editor no podrá, sin consentimiento del autor, vender como saldo la edición antes de dos años de la inicial puesta en circulación de los ejemplares.

2. Transcurrido dicho plazo, si el editor decide vender como saldo los que le resten, lo notificará fehacientemente al autor, quien podrá optar por adquirirlos ejerciendo tanteo sobre el precio de saldo o, en el caso de remuneración proporcional, percibir el 10 por 100 del facturado por el editor. La opción deberá ejercerla dentro de los treinta días siguientes al recibo de la notificación.

3. Si, tras el mismo plazo, el editor decide destruir el resto de los ejemplares de una edición, deberá, asimismo, notificarlo al autor, quien podrá exigir que se le entreguen gratuitamente todos o parte de los ejemplares, dentro del plazo de treinta días desde la notificación. El autor no podrá destinar dichos ejemplares a usos comerciales.

Art. 68. Resolución.–1. Sin perjuicio de las indemnizaciones a que tenga derecho, el autor podrá resolver el contrato de edición en los casos siguientes:

a) Si el editor no realiza la edición de la obra en el plazo y condiciones convenidos.

b) Si el editor incumple alguna de las obligaciones mencionadas en los apartados 2.º, 4.º y 5.º del artículo 64, no obstante el requerimiento expreso del autor exigiéndole su cumplimiento.

c) Si el editor procede a la venta como saldo o a la destrucción de los ejemplares que le resten de la edición, sin cumplir los requisitos establecidos en el artículo 67 de esta Ley.

d) Si el editor cede indebidamente sus derechos a un tercero.

e) Cuando, previstas varias ediciones y agotada la última realizada, el editor no efectúe la siguiente edición en el plazo de un año desde que fuese requerido para ello por el autor. Una edición se considerará agotada a los efectos de este artículo cuando el número de ejemplares sin vender sea inferior al 5 por 100 del total de la edición y, en todo caso, inferior a 100.

f) En los supuestos de liquidación o cambio de titularidad de la empresa editorial, siempre que no se haya iniciado la reproducción de la obra, con devolución, en su caso, de las cantidades percibidas como anticipo.

2. Cuando por cese de la actividad del editor o a consecuencia de un procedimiento concursal se suspenda la explotación de la obra, la autoridad judicial, a instancia del autor, podrá fijar un plazo para que se reanude aquélla, quedando resuelto el contrato de edición si así no se hiciere.

Art. 69. Causas de extinción.–El contrato de edición se extingue, además de por las causas generales de extinción de los contratos, por las siguientes:

1.ª Por la terminación del plazo pactado.

2.ª Por la venta de la totalidad de los ejemplares, si ésta hubiera sido el destino de la edición.

3.ª Por el transcurso de diez años desde la cesión si la remuneración se hubiera pactado exclusivamente a tanto alzado de acuerdo con lo establecido en el artículo 46, apartado 2.d), de esta Ley.

4.ª En todo caso, a los quince años de haber puesto el autor al editor en condiciones de realizar la reproducción de la obra.

Art. 70. Efectos de la extinción.–Extinguido el contrato, y salvo estipulación en contrario, el editor, dentro de los tres años siguientes y cualquiera que sea la forma de distribución convenida, podrá enajenar los ejemplares que, en su caso, posea. El autor podrá adquirirlos por el 60 por 100 de su precio de venta al público o por el que se determine pericialmente, u optar por ejercer tanteo sobre el precio de venta.

Dicha enajenación quedará sujeta a las condiciones establecidas en el contrato extinguido.

Art. 71. Contrato de edición musical.–El contrato de edición de obras musicales o dramático-musicales por el que se conceden además al editor derechos de comunicación pública, se regirá por lo dispuesto en este capítulo, sin perjuicio de las siguientes normas:

1.ª Será válido el contrato aunque no se exprese el número de ejemplares. No obstante, el editor deberá confeccionar y distribuir ejemplares de la obra en cantidad suficiente para atender las necesidades normales de la explotación concedida, de acuerdo con el uso habitual en el sector profesional de la edición musical.

2.ª Para las obras sinfónicas y dramático-musicales el límite de tiempo previsto en el apartado 6.º del artículo 60 será de cinco años.

3.ª No será de aplicación a este contrato lo dispuesto en el apartado 1.c) del artículo 68 y en las cláusulas 2.ª, 3.ª y 4.ª del artículo 69.

Art. 72. Control de tirada.–El número de ejemplares de cada edición estará sujeto a control de tirada a través del procedimiento que reglamentariamente se establezca, oídos los sectores profesionales afectados.

El incumplimiento por el editor de los requisitos que a tal efecto se dispongan facultará al autor o a sus causahabientes para resolver el contrato, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir el editor [67].

Art. 73. Condiciones generales del contrato.–Los autores y editores, a través de las entidades de gestión de sus correspondientes derechos de propiedad intelectual o, en su defecto, a través de las asociaciones representativas de unos y otros, podrán acordar condiciones generales para el contrato de edición dentro del respeto a la Ley.

CAPÍTULO III

Contrato de representación teatral y ejecución musical

Art. 74. Concepto.–Por el contrato regulado en este capítulo, el autor o sus derechohabientes ceden a una persona natural o jurídica el derecho de representar o ejecutar públicamente una obra literaria, dramática, musical, dramático-musical, pantomímica o coreográfica, mediante compensación económica. El cesionario se obliga a llevar a cabo la comunicación pública de la obra en las condiciones convenidas y con sujeción a lo dispuesto en esta Ley [68].

Art. 75. Modalidades y duración máxima del contrato.–1. Las partes podrán contratar la cesión por plazo cierto o por número determinado de comunicaciones al público.

En todo caso, la duración de la cesión en exclusiva no podrá exceder de cinco años.

2. En el contrato deberá estipularse el plazo dentro del cual debe llevarse a efecto la comunicación única o primera de la obra. Dicho plazo no podrá ser superior a dos años desde la fecha del contrato o, en su caso, desde que el autor puso al empresario en condiciones de realizar la comunicación.

Si el plazo no fuese fijado, se entenderá otorgado por un año. En el caso de que tuviera por objeto la representación escénica de la obra, el referido plazo será el de duración de la temporada correspondiente al momento de la conclusión del contrato [69].

Art. 76. Interpretación restrictiva del contrato.–Si en el contrato no se hubieran determinado las modalidades autorizadas, éstas quedarán limitadas a las de recitación y representación en teatros, salas o recintos cuya entrada requiera el pago de una cantidad de dinero.

Art. 77. Obligaciones del autor.–Son obligaciones del autor:

1.º Entregar al empresario el texto de la obra con la partitura, en su caso, completamente instrumentada, cuando no se hubiese publicado en forma impresa.

2.º Responder ante el cesionario de la autoría y originalidad de la obra y del ejercicio pacífico de los derechos que le hubiese cedido.

Art. 78. Obligaciones del cesionario.–El cesionario está obligado:

1.º A llevar a cabo la comunicación pública de la obra en el plazo convenido o determinado conforme al apartado 2 del artículo 75 [70].

2.º A efectuar esa comunicación sin hacer en la obra variaciones, adiciones, cortes o supresiones no consentidas por el autor y en condiciones técnicas que no perjudiquen el derecho moral de éste.

3.º A garantizar al autor o a sus representantes la inspección de la representación pública de la obra y la asistencia a la misma gratuitamente.

4.º A satisfacer puntualmente al autor la remuneración convenida, que se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta Ley [71].

5.º A presentar al autor o a sus representantes el programa exacto de los actos de comunicación, y cuando la remuneración fuese proporcional, una declaración de los ingresos. Asimismo, el cesionario deberá facilitarles la comprobación de dichos programas y declaraciones.

Art. 79. Garantía del cobro de la remuneración.–Los empresarios de espectáculos públicos se considerarán depositarios de la remuneración correspondiente a los autores por la comunicación de sus obras cuando aquélla consista en una participación proporcional en los ingresos. Dicha remuneración deberán tenerla semanalmente a disposición de los autores o de sus representantes [72].

Art. 80. Ejecución del contrato.–Salvo que las partes hubieran convenido otra cosa, se sujetarán en la ejecución del contrato a las siguientes reglas:

1.ª Correrá a cargo del cesionario la obtención de las copias necesarias para la comunicación pública de la obra. Éstas deberán ser visadas por el autor.

2.ª El autor y el cesionario elegirán de mutuo acuerdo los intérpretes principales y, tratándose de orquestas, coros, grupos de bailes y conjuntos artísticos análogos, el director.

3.ª El autor y el cesionario convendrán la redacción de la publicidad de los actos de comunicación.

Art. 81. Causas de resolución.–El contrato podrá ser resuelto por voluntad del autor en los siguientes casos:

1.º Si el empresario que hubiese adquirido derechos exclusivos, una vez iniciadas las representaciones públicas de la obra, las interrumpiere durante un año.

2.º Si el empresario incumpliere la obligación mencionada en el apartado 1.º del artículo 78.

3.º Si el empresario incumpliere cualquiera de las obligaciones citadas en los apartados 2.º, 3.º, 4.º y 5.º del mismo artículo 78, después de haber sido requerido por el autor para su cumplimiento.

Art. 82. Causas de extinción.–El contrato de representación se extingue, además de por las causas generales de extinción de los contratos, cuando, tratándose de una obra de estreno y siendo su representación escénica la única modalidad de comunicación contemplada en el contrato, aquélla hubiese sido rechazada claramente por el público y así se hubiese expresado en el contrato.

Art. 83. Ejecución pública de composiciones musicales.–El contrato de representación que tenga por objeto la ejecución pública de una composición musical se regirá por las disposiciones de este capítulo, siempre que lo permita la naturaleza de la obra y la modalidad de la comunicación autorizada.

Art. 84. Disposiciones especiales para la cesión de derecho de comunicación pública mediante radiodifusión.–1. La cesión del derecho de comunicación pública de las obras a las que se refiere este capítulo, a través de la radiodifusión, se regirá por las disposiciones del mismo, con excepción de lo dispuesto en el apartado 1.º del artículo 81.

2. Salvo pacto en contrario, se entenderá que dicha cesión queda limitada a la emisión de la obra por una sola vez, realizada por medios inalámbricos y centros emisores de la entidad de radiodifusión autorizada, dentro del ámbito territorial determinado en el contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 y en los apartados 1 y 2 del artículo 36 de esta Ley.

Art. 85. Aplicación de las disposiciones anteriores a las simples autorizaciones.–Las autorizaciones que el autor conceda a un empresario para que pueda proceder a una comunicación pública de su obra, sin obligarse a efectuarla, se regirán por las disposiciones de este capítulo en lo que les fuese aplicable.

TÍTULO VI

Obras cinematográficas y demás obras audiovisuales

Art. 86. Concepto.–1. Las disposiciones contenidas en el presente título serán de aplicación a las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, entendiendo por tales las creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras.

2. Todas las obras enunciadas en el presente artículo se denominarán en lo sucesivo obras audiovisuales.

Art. 87. Autores.–Son autores de la obra audiovisual en los términos previstos en el artículo 7 de esta Ley:

1. El director-realizador.

2. Los autores del argumento, la adaptación y los del guión o los diálogos.

3. Los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para esta obra.

Art. 88. Presunción de cesión en exclusiva y límites.–1. Sin perjuicio de los derechos que corresponden a los autores, por el contrato de producción de la obra audiovisual se presumirán cedidos en exclusiva al productor, con las limitaciones establecidas en este título, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los de doblaje o subtitulado de la obra [73].

No obstante, en las obras cinematográficas será siempre necesaria la autorización expresa de los autores para su explotación, mediante la puesta a disposición del público de copias en cualquier sistema o formato, para su utilización en el ámbito doméstico, o mediante su comunicación pública a través de la radiodifusión [74].

2. Salvo estipulación en contrario, los autores podrán disponer de su aportación en forma aislada, siempre que no se perjudique la normal explotación de la obra audiovisual.

Art. 89. Presunción de cesión en caso de transformación de obra preexistente.–1. Mediante el contrato de transformación de una obra preexistente que no esté en el dominio público, se presumirá que el autor de la misma cede al productor de la obra audiovisual los derechos de explotación sobre ella en los términos previstos en el artículo 88.

2. Salvo pacto en contrario, el autor de la obra preexistente conservará sus derechos a explotarla en forma de edición gráfica y de representación escénica y, en todo caso, podrá disponer de ella para otra obra audiovisual a los quince años de haber puesto su aportación a disposición del productor.

Art. 90. Remuneración de los autores.–1. La remuneración de los autores de la obra audiovisual por la cesión de los derechos mencionados en el artículo 88 y, en su caso, la correspondiente a los autores de las obras preexistentes, hayan sido transformadas o no, deberán determinarse para cada una de las modalidades de explotación concedidas.

2. Cuando los autores a los que se refiere el apartado anterior suscriban con un productor de grabaciones audiovisuales contratos relativos a la producción de las mismas, se presumirá que, salvo pacto en contrario en el contrato y a salvo del derecho irrenunciable a una remuneración equitativa a que se refiere el párrafo siguiente, han transferido su derecho de alquiler.

El autor que haya transferido o cedido a un productor de fonogramas o de grabaciones audiovisuales su derecho de alquiler respecto de un fonograma o un original o una copia de una grabación audiovisual, conservará el derecho irrenunciable a obtener una remuneración equitativa por el alquiler de los mismos. Tales remuneraciones serán exigibles de quienes lleven a efecto las operaciones de alquiler al público de los fonogramas o grabaciones audiovisuales en su condición de derechohabientes de los titulares del correspondiente derecho de autorizar dicho alquiler y se harán efectivas a partir del 1 de enero de 1997.

3. En todo caso, y con independencia de lo pactado en el contrato, cuando la obra audiovisual sea proyectada en lugares públicos mediante el pago de un precio de entrada, los autores mencionados en el apartado 1 de este artículo tendrán derecho a percibir de quienes exhiban públicamente dicha obra un porcentaje de los ingresos procedentes de dicha exhibición pública. Las cantidades pagadas por este concepto podrán deducirlas los exhibidores de las que deban abonar a los cedentes de la obra audiovisual.

En el caso de exportación de la obra audiovisual, los autores podrán ceder el derecho mencionado por una cantidad alzada, cuando en el país de destino les sea imposible o gravemente dificultoso el ejercicio efectivo del derecho.

Los empresarios de salas públicas o de locales de exhibición deberán poner periódicamente a disposición de los autores las cantidades recaudadas en concepto de dicha remuneración. A estos efectos, el Gobierno podrá establecer reglamentariamente los oportunos procedimientos de control [75].

4. La proyección o exhibición sin exigir precio de entrada, la transmisión al público por cualquier medio o procedimiento, alámbrico o inalámbrico, incluido, entre otros, la puesta a disposición en la forma establecida en el artículo 20.2.i) de una obra audiovisual, dará derecho a los autores a recibir la remuneración que proceda, de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la correspondiente entidad de gestión [76].

5. Con el objeto de facilitar al autor el ejercicio de los derechos que le correspondan por la explotación de la obra audiovisual, el productor, al menos una vez al año, deberá facilitar, a instancia del autor, la documentación necesaria.

6. Los derechos establecidos en los apartados 3 y 4 de este artículo serán irrenunciables e intransmisibles por actos inter vivos y no serán de aplicación a los autores de obras audiovisuales de carácter publicitario [77].

7. Los derechos contemplados en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo se harán efectivos a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual [78].

Art. 91. Aportación insuficiente de un autor.–Cuando la aportación de un autor no se completase por negativa injustificada del mismo o por causa de fuerza mayor, el productor podrá utilizar la parte ya realizada, respetando los derechos de aquél sobre la misma, sin perjuicio, en su caso, de la indemnización que proceda.

Art. 92. Versión definitiva y sus modificaciones.–1. Se considerará terminada la obra audiovisual cuando haya sido establecida la versión definitiva, de acuerdo con lo pactado en el contrato entre el director-realizador y el productor.

2. Cualquier modificación de la versión definitiva de la obra audiovisual, mediante añadido, supresión o cambio de cualquier elemento de la misma, necesitará la autorización previa de quienes hayan acordado dicha versión definitiva.

No obstante, en los contratos de producción de obras audiovisuales destinadas esencialmente a la comunicación pública a través de la radiodifusión se presumirá concedida por los autores, salvo estipulación en contrario, la autorización para realizar en la forma de emisión de la obra las modificaciones estrictamente exigidas por el modo de programación del medio, sin perjuicio, en todo caso, del derecho reconocido en el apartado 4.º del artículo 14.

Art. 93. Derecho moral y destrucción de soporte original.–1. El derecho moral de los autores sólo podrá ser ejercido sobre la versión definitiva de la obra audiovisual [79].

2. Queda prohibida la destrucción del soporte original de la obra audiovisual en su versión definitiva.

Art. 94. Obras radiofónicas.–Las disposiciones contenidas en el presente título serán de aplicación, en lo pertinente, a las obras radiofónicas.

TÍTULO VII

Programas de ordenador

Art. 95. Régimen jurídico.–El derecho de autor sobre los programas de ordenador se regirá por los preceptos del presente título y, en lo que no esté específicamente previsto en el mismo, por las disposiciones que resulten aplicables de la presente Ley [80].

Art. 96. Objeto de la protección.–1. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.

A los mismos efectos, la expresión programas de ordenador comprenderá también su documentación preparatoria. La documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozarán de la misma protección que este título dispensa a los programas de ordenador.

2. El programa de ordenador será protegido únicamente si fuese original, en el sentido de ser una creación intelectual propia de su autor.

3. La protección prevista en la presente Ley se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador. Asimismo, esta protección se extiende a cualesquiera versiones sucesivas del programa, así como a los programas derivados, salvo aquellas creadas con el fin de ocasionar efectos nocivos a un sistema informático.

Cuando los programas de ordenador formen parte de una patente o un modelo de utilidad gozarán, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la propiedad industrial [81].

4. No estarán protegidos mediante los derechos de autor con arreglo a la presente Ley las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces.

Art. 97. Titularidad de los derechos.–1. Será considerado autor del programa de ordenador la persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado, o la persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de autor en los casos expresamente previstos por esta Ley.

2. Cuando se trate de una obra colectiva tendrá la consideración de autor, salvo pacto en contrario, la persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre.

3. Los derechos de autor sobre un programa de ordenador que sea resultado unitario de la colaboración entre varios autores serán propiedad común y corresponderán a todos éstos en la proporción que determinen [82].

4. Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario [83].

5. La protección se concederá a todas las personas naturales y jurídicas que cumplan los requisitos establecidos en esta Ley para la protección de los derechos de autor

Art. 98. Duración de la protección.–1. Cuando el autor sea una persona natural, la duración de los derechos de explotación de un programa de ordenador será, según los distintos supuestos que pueden plantearse, la prevista en el capítulo I del título III de este Libro

2. Cuando el autor sea una persona jurídica, la duración de los derechos a que se refiere el párrafo anterior será de setenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa o al de su creación si no se hubiera divulgado.

Art. 99. Contenido de los derechos de explotación.–Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 de esta Ley, los derechos exclusivos de la explotación de un programa de ordenador por parte de quien sea su titular con arreglo al artículo 97, incluirán el derecho de realizar o de autorizar:

a) La reproducción total o parcial, incluso para uso personal, de un programa de ordenador, por cualquier medio y bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. Cuando la carga, presentación, ejecución, transmisión o almacenamiento de un programa necesiten tal reproducción deberá disponerse de autorización para ello, que otorgará el titular del derecho.

b) La traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación de un programa de ordenador y la reproducción de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los derechos de la persona que transforme el programa de ordenador.

c) Cualquier forma de distribución pública, incluido el alquiler del programa de ordenador original o de sus copias.

A tales efectos, cuando se produzca cesión del derecho de uso de un programa de ordenador, se entenderá, salvo prueba en contrario, que dicha cesión tiene carácter no exclusivo e intransferible, presumiéndose, asimismo, que lo es para satisfacer únicamente las necesidades del usuario. La primera venta en la Unión Europea de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento agotará el derecho de distribución de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo [84].

Art. 100. Límites a los derechos de explotación.–1. No necesitarán autorización del titular, salvo disposición contractual en contrario, la reproducción o transformación de un programa de ordenador, incluida la corrección de errores, cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del mismo por parte del usuario legítimo, con arreglo a su finalidad propuesta.

2. La realización de una copia de seguridad por parte de quien tiene derecho a utilizar el programa no podrá impedirse por contrato en cuanto resulte necesaria para dicha utilización.

3. El usuario legítimo de la copia de un programa estará facultado para observar, estudiar o verificar su funcionamiento, sin autorización previa del titular, con el fin de determinar las ideas y principios implícitos en cualquier elemento del programa, siempre que lo haga durante cualquiera de las operaciones de carga, visualización, ejecución, transmisión o almacenamiento del programa que tiene derecho a hacer [85].

4. El autor, salvo pacto en contrario, no podrá oponerse a que el cesionario titular de derechos de explotación realice o autorice la realización de versiones sucesivas de su programa ni de programas derivados del mismo.

5. No será necesaria la autorización del titular del derecho cuando la reproducción del código y la traducción de su forma en el sentido de los párrafos a) y b) del artículo 99 de la presente Ley sea indispensable para obtener la información necesaria para la interoperabilidad de un programa creado de forma independiente con otros programas, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que tales actos sean realizados por el usuario legítimo o por cualquier otra persona facultada para utilizar una copia del programa, o, en su nombre, por parte de una persona debidamente autorizada.

b) Que la información necesaria para conseguir la interoperabilidad no haya sido puesta previamente y de manera fácil y rápida, a disposición de las personas a que se refiere el párrafo anterior.

c) Que dichos actos se limiten a aquellas partes del programa original que resulten necesarias para conseguir la interoperabilidad.

6. La excepción contemplada en el apartado 5 de este artículo será aplicable siempre que la información así obtenida:

a) Se utilice únicamente para conseguir la interoperabilidad del programa creado de forma independiente.

b) Sólo se comunique a terceros cuando sea necesario para la interoperabilidad del programa creado de forma independiente.

c) No se utilice para el desarrollo, producción o comercialización de un programa sustancialmente similar en su expresión, o para cualquier otro acto que infrinja los derechos de autor.

7. Las disposiciones contenidas en los apartados 5 y 6 del presente artículo no podrán interpretarse de manera que permitan que su aplicación perjudique de forma injustificada los legítimos intereses del titular de los derechos o sea contraria a una explotación normal del programa informático.

Art. 101. Protección registral.–Los derechos sobre los programas de ordenador, así como sobre sus sucesivas versiones y los programas derivados, podrán ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Reglamentariamente se determinarán aquellos elementos de los programas registrados que serán susceptibles de consulta pública [86].

Art. 102. Infracción de los derechos.–A efectos del presente título y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 100, tendrán la consideración de infractores de los derechos de autor quienes, sin autorización del titular de los mismos, realicen los actos previstos en el artículo 99 y, en particular:

a) Quienes pongan en circulación una o más copias de un programa de ordenador conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima.

b) Quienes tengan con fines comerciales una o más copias de un programa de ordenador conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima.

c) Quienes pongan en circulación o tengan con fines comerciales cualquier instrumento cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador.

Art. 103. Medidas de protección.–El titular de los derechos reconocidos en el presente título podrá instar las acciones y procedimientos que, con carácter general, se disponen en el título I, Libro III de la presente Ley y las medidas cautelares procedentes, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil [87].

Art. 104. Salvaguardia de aplicación de otras disposiciones legales.–Lo dispuesto en el presente título se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones legales, tales como las relativas a los derechos de patente, marcas, competencia desleal, secretos comerciales, protección de productos semiconductores o derecho de obligaciones [88].

LIBRO II

De los otros derechos de propiedad intelectual y de la protección «sui generis» de las bases de datos [89]

TÍTULO PRIMERO

Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes [90]

Art. 105. Definición de artistas intérpretes o ejecutantes.–Se entiende por artista intérprete o ejecutante a la persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma una obra. El director de escena y el director de orquesta tendrán los derechos reconocidos a los artistas en este título [91].

Art. 106. Fijación.–1. Corresponde al artista intérprete o ejecutante el derecho exclusivo de autorizar la fijación de sus actuaciones.

2. Dicha autorización deberá otorgarse por escrito.

Art. 107. Reproducción.–1. Corresponde al artista intérprete o ejecutante el derecho exclusivo de autorizar la reproducción, según la definición establecida en el artículo 18, de las fijaciones de sus actuaciones [92].

2. Dicha autorización deberá otorgarse por escrito.

3. Este derecho podrá transferirse, cederse o ser objeto de la concesión de licencias contractuales.

Art. 108. Comunicación pública.–1. Corresponde al artista intérprete o ejecutante el derecho exclusivo de autorizar la comunicación pública:

a) De sus actuaciones, salvo cuando dicha actuación constituya en sí una actuación transmitida por radiodifusión o se realice a partir de una fijación previamente autorizada.

b) En cualquier caso, de las fijaciones de sus actuaciones, mediante la puesta a disposición del público, en la forma establecida en el artículo 20.2.i).

En ambos casos, la autorización deberá otorgarse por escrito.

Cuando la comunicación al público se realice vía satélite o por cable y en los términos previstos, respectivamente, en los apartados 3 y 4 del artículo 20 y concordantes de esta ley, será de aplicación lo dispuesto en tales preceptos.

2. Cuando el artista intérprete o ejecutante celebre individual o colectivamente con un productor de fonogramas o de grabaciones audiovisuales contratos relativos a la producción de éstos, se presumirá que, salvo pacto en contrario en el contrato y a salvo del derecho irrenunciable a la remuneración equitativa a que se refiere el apartado siguiente, ha transferido su derecho de puesta a disposición del público a que se refiere el apartado 1.b).

3. El artista intérprete o ejecutante que haya transferido o cedido a un productor de fonogramas o de grabaciones audiovisuales su derecho de puesta a disposición del público a que se refiere el apartado 1.b), respecto de un fonograma o de un original o una copia de una grabación audiovisual, conservará el derecho irrenunciable a obtener una remuneración equitativa de quien realice tal puesta a disposición.

4. Los usuarios de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho fonograma que se utilice para cualquier forma de comunicación pública, tienen obligación de pagar una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, entre los cuales se efectuará el reparto de aquélla. A falta de acuerdo entre ellos sobre dicho reparto, éste se realizará por partes iguales. Se excluye de dicha obligación de pago la puesta a disposición del público en la forma establecida en el artículo 20.2.i), sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 de este artículo.

5. Los usuarios de las grabaciones audiovisuales que se utilicen para los actos de comunicación pública previstos en el artículo 20.2.f) y g) tienen obligación de pagar a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de grabaciones audiovisuales la remuneración que proceda, de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la correspondiente entidad de gestión.

Los usuarios de grabaciones audiovisuales que se utilicen para cualquier acto de comunicación al público, distinto de los señalados en el párrafo anterior y de la puesta a disposición del público prevista en el apartado 1.b), tienen asimismo la obligación de pagar una remuneración equitativa a los artistas intérpretes o ejecutantes, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3.

6. El derecho a las remuneraciones a que se refieren los apartados 3, 4 y 5 se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. La efectividad de los derechos a través de las respectivas entidades de gestión comprenderá la negociación con los usuarios, la determinación, la recaudación y la distribución de la remuneración correspondiente, así como cualquier otra actuación necesaria para asegurar la efectividad de aquéllos [93].

Art. 109. Distribución.–1. El artista intérprete o ejecutante tiene, respecto de la fijación de sus actuaciones, el derecho exclusivo de autorizar su distribución, según la definición establecida por el artículo 19.1 de esta Ley. Este derecho podrá transferirse, cederse o ser objeto de concesión de licencias contractuales.

2. Cuando la distribución se efectúe mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad, en el ámbito de la Unión Europea, por el propio titular del derecho o con su consentimiento, este derecho se agotará con la primera, si bien sólo para las ventas y transmisiones de propiedad sucesivas que se realicen en dicho ámbito territorial [94].

3. A los efectos de este título, se entiende por alquiler de fijaciones de las actuaciones la puesta a disposición de las mismas para su uso por tiempo limitado y con un beneficio económico o comercial directo o indirecto.

Quedan excluidas del concepto de alquiler la puesta a disposición con fines de exposición, de comunicación pública a partir de fonogramas o de grabaciones audiovisuales, incluso de fragmentos de unos y otras, y la que se realice para consulta in situ:

1.º Cuando el artista intérprete o ejecutante celebre individual o colectivamente con un productor de grabaciones audiovisuales contratos relativos a la producción de las mismas se presumirá que, salvo pacto en contrario en el contrato y a salvo del derecho irrenunciable a la remuneración equitativa a que se refiere el apartado siguiente, ha transferido sus derechos de alquiler.

2.º El artista intérprete o ejecutante que haya transferido o cedido a un productor de fonogramas o de grabaciones audiovisuales su derecho de alquiler respecto de un fonograma, o un original, o una copia de una grabación audiovisual, conservará el derecho irrenunciable a obtener una remuneración equitativa por el alquiler de los mismos. Tales remuneraciones serán exigibles de quienes lleven a efecto las operaciones de alquiler al público de los fonogramas o grabaciones audiovisuales en su condición de derechohabientes de los titulares de los correspondientes derechos de autorizar dicho alquiler y se harán efectivas a partir del 1 de enero de 1997.

El derecho contemplado en el párrafo anterior se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

4. A los efectos de este título, se entiende por préstamo de las fijaciones de las actuaciones la puesta a disposición de las mismas para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo o indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al público.

Se entenderá que no existe beneficio económico o comercial directo ni indirecto cuando el préstamo efectuado por un establecimiento accesible al público dé lugar al pago de una cantidad que no exceda de lo necesario para cubrir sus gastos de funcionamiento.

Quedan excluidas del concepto de préstamo las operaciones mencionadas en el párrafo segundo del anterior apartado 3 y las que se efectúen entre establecimientos accesibles al público.

Art. 110. Contrato de trabajo y de arrendamiento de servicios.–Si la interpretación o ejecución se realiza en cumplimiento de un contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios, se entenderá, salvo estipulación en contrario, que el empresario o el arrendatario adquieren sobre aquéllas los derechos exclusivos de autorizar la reproducción y la comunicación pública previstos en este título y que se deduzcan de la naturaleza y objeto del contrato.

Lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación a los derechos de remuneración reconocidos en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 108 [95].

Art. 111. Representante de colectivo.–Los artistas intérpretes o ejecutantes que participen colectivamente en una misma actuación, tales como los componentes de un grupo musical, coro, orquesta, ballet o compañía de teatro, deberán designar de entre ellos un representante para el otorgamiento de las autorizaciones mencionadas en este título. Para tal designación, que deberá formalizarse por escrito, valdrá el acuerdo mayoritario de los intérpretes. Esta obligación no alcanza a los solistas ni a los directores de orquesta o de escena [96].

Art. 112. Duración de los derechos de explotación.–Los derechos de explotación reconocidos a los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán una duración de cincuenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la interpretación o ejecución.

No obstante, si, dentro de dicho período, se divulga lícitamente una grabación de la interpretación o ejecución, los mencionados derechos expirarán a los cincuenta años desde la divulgación de dicha grabación, computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha en que ésta se produzca [97].

Art. 113. Derechos morales.–1. El artista intérprete o ejecutante goza del derecho irrenunciable e inalienable al reconocimiento de su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones, excepto cuando la omisión venga dictada por la manera de utilizarlas, y a oponerse a toda deformación, modificación, mutilación o cualquier atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación.

2. Será necesaria la autorización expresa del artista, durante toda su vida, para el doblaje de su actuación en su propia lengua.

3. Fallecido el artista, el ejercicio de los derechos mencionados en el apartado 1 corresponderá sin límite de tiempo a la persona natural o jurídica a la que el artista se lo haya confiado expresamente por disposición de última voluntad o, en su defecto, a los herederos.

Siempre que no existan las personas a las que se refiere el párrafo anterior o se ignore su paradero, el Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las instituciones públicas de carácter cultural estarán legitimadas para ejercer los derechos previstos en él [98].

TÍTULO II

Derechos de los productores de fonogramas [99]

Art. 114. Definiciones.–1. Se entiende por fonograma toda fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos.

2. Es productor de un fonograma la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la mencionada fijación. Si dicha operación se efectúa en el seno de una empresa, el titular de ésta será considerado productor del fonograma.

Art. 115. Reproducción.–Corresponde al productor de fonogramas el derecho exclusivo de autorizar su reproducción, según la definición establecida en el artículo 18.

Este derecho podrá transferirse, cederse o ser objeto de concesión de licencias contractuales [100].

Art. 116. Comunicación pública.–1. Corresponde al productor de fonogramas el derecho exclusivo de autorizar la comunicación pública de sus fonogramas y de las reproducciones de éstos en la forma establecida en el artículo 20.2.i).

Cuando la comunicación al público se realice vía satélite o por cable y en los términos previstos, respectivamente, en los apartados 3 y 4 del artículo 20, será de aplicación lo dispuesto en tales preceptos.

2. Los usuarios de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho fonograma que se utilice para cualquier forma de comunicación pública, tienen obligación de pagar una remuneración equitativa y única a los productores de fonogramas y a los artistas intérpretes o ejecutantes, entre los cuales se efectuará el reparto de aquélla. A falta de acuerdo entre ellos sobre dicho reparto, éste se realizará por partes iguales. Se excluye de dicha obligación de pago la puesta a disposición del público en la forma establecida en el artículo 20.2.i), sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 108.

3. El derecho a la remuneración equitativa y única a que se refiere el apartado anterior se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. La efectividad de este derecho a través de las respectivas entidades de gestión comprenderá la negociación con los usuarios, la determinación, recaudación y distribución de la remuneración correspondiente, así como cualquier otra actuación necesaria para asegurar la efectividad de aquél [101].

Art. 117. Distribución.–1. Corresponde al productor de fonogramas el derecho exclusivo de autorizar la distribución, según la definición establecida en el artículo 19.1 de esta Ley, de los fonogramas y la de sus copias. Este derecho podrá transferirse, cederse o ser objeto de la concesión de licencias contractuales.

2. Cuando la distribución se efectúe mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad, en el ámbito de la Unión Europea, por el propio titular del derecho o con su consentimiento, este derecho se agotará con la primera, si bien sólo para las ventas y transmisiones de propiedad sucesivas que se realicen en dicho ámbito territorial [102].

3. Se considera comprendida en el derecho de distribución la facultad de autorizar la importación y exportación de copias del fonograma con fines de comercialización.

4. A los efectos de este título, se entiende por alquiler de fonogramas la puesta a disposición de los mismos para su uso por tiempo limitado y con un beneficio económico o comercial directo o indirecto.

Quedan excluidas del concepto de alquiler la puesta a disposición con fines de exposición, de comunicación pública a partir de fonogramas o de fragmentos de éstos, y la que se realice para consulta in situ.

5. A los efectos de este título, se entiende por préstamo de fonogramas la puesta a disposición para su uso, por tiempo limitado, sin beneficio económico o comercial, directo ni indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al público.

Se entenderá que no existe beneficio económico o comercial, directo ni indirecto, cuando el préstamo efectuado por un establecimiento accesible al público dé lugar al pago de una cantidad que no exceda de lo necesario para cubrir sus gastos de funcionamiento.

Quedan excluidas del concepto de préstamo las operaciones mencionadas en el párrafo segundo del anterior apartado 4 y las que se efectúen entre establecimientos accesibles al público.

Art. 118. Legitimación activa.–En los casos de infracción de los derechos reconocidos en los artículos 115 y 117 corresponderá el ejercicio de las acciones procedentes tanto al productor fonográfico como al cesionario de los mismos.

Art. 119. Duración de los derechos.–Los derechos de los productores de los fonogramas expirarán 50 años después de que se haya hecho la grabación. No obstante, si el fonograma se publica lícitamente durante dicho período, los derechos expirarán 50 años después de la fecha de la primera publicación lícita. Si durante el citado período no se efectúa publicación lícita alguna pero el fonograma se comunica lícitamente al público, los derechos expirarán 50 años después de la fecha de la primera comunicación lícita al público.

Todos los plazos se computarán desde el 1 de enero del año siguiente al momento de la grabación, publicación o comunicación al público [103].

TÍTULO III

Derechos de los productores de las grabaciones audiovisuales

Art. 120. Definiciones.–1. Se entiende por grabaciones audiovisuales las fijaciones de un plano o secuencia de imágenes, con o sin sonido, sean o no creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales en el sentido del artículo 86 de esta Ley.

2. Se entiende por productor de una grabación audiovisual la persona natural o jurídica que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad de dicha grabación audiovisual [104].

Art. 121. Reproducción.–Corresponde al productor de la primera fijación de una grabación audiovisual el derecho exclusivo de autorizar la reproducción del original y sus copias, según la definición establecida en el artículo 18.

Este derecho podrá transferirse, cederse o ser objeto de concesión de licencias contractuales [105].

Art. 122. Comunicación pública.–1. Corresponde al productor de grabaciones audiovisuales el derecho de autorizar la comunicación pública de éstas.

Cuando la comunicación al público se realice por cable y en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 20 de esta Ley, será de aplicación lo dispuesto en dicho precepto.

2. Los usuarios de las grabaciones audiovisuales que se utilicen para los actos de comunicación pública previstos en el artículo 20.2.f) y g) tienen obligación de pagar a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de grabaciones audiovisuales la remuneración que proceda, de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la correspondiente entidad de gestión [106].

3. El derecho a la remuneración equitativa y única a que se refiere el apartado anterior se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. La efectividad de este derecho a través de las respectivas entidades de gestión comprenderá la negociación con los usuarios, la determinación, recaudación y distribución de la remuneración correspondiente, así como cualquier otra actuación necesaria para asegurar la efectividad de aquél.

Art 123. Distribución.–1. Corresponde al productor de la primera fijación de una grabación audiovisual el derecho exclusivo de autorizar la distribución, según la definición establecida en el artículo 19.1 de esta Ley, del original y de las copias de la misma. Este derecho podrá transferirse, cederse o ser objeto de concesión de licencias contractuales.

2. Cuando la distribución se efectúe mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad, en el ámbito de la Unión Europea, por el propio titular del derecho o con su consentimiento, este derecho se agotará con la primera, si bien sólo para las ventas y transmisiones de propiedad sucesivas que se realicen en dicho ámbito territorial [107].

3. A los efectos de este título, se entiende por alquiler de grabaciones audiovisuales la puesta a disposición para su uso por tiempo limitado y con un beneficio económico o comercial directo o indirecto.

Quedan excluidas del concepto de alquiler la puesta a disposición con fines de exposición, la comunicación pública a partir de la primera fijación de una grabación audiovisual y sus copias, incluso de fragmentos de una y otras, y la que se realice para consulta in situ.

4. A los efectos de este título, se entiende por préstamo de las grabaciones audiovisuales la puesta a disposición para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial, directo ni indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al público.

Se entenderá que no existe beneficio económico o comercial directo ni indirecto cuando el préstamo efectuado por un establecimiento accesible al público dé lugar al pago de una cantidad que no exceda de lo necesario para cubrir sus gastos de funcionamiento.

Quedan excluidas del concepto de préstamo las operaciones mencionadas en el párrafo segundo del anterior apartado 3 y las que se efectúen entre establecimientos accesibles al público.

Art. 124. Otros derechos de explotación.–Le corresponden, asimismo, al productor los derechos de explotación de las fotografías que fueren realizadas en el proceso de producción de la grabación audiovisual.

Art. 125. Duración de los derechos de explotación.–La duración de los derechos de explotación reconocidos a los productores de la primera fijación de una grabación audiovisual será de cincuenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de su realización.

No obstante, si dentro de dicho período la grabación se divulga lícitamente, los citados derechos expirarán a los cincuenta años desde la divulgación, computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha en que ésta se produzca.

TÍTULO IV

Derechos de las entidades de radiodifusión [108]

Art. 126. Derechos exclusivos.–1. Las entidades de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar [109]:

a) La fijación de sus emisiones o transmisiones en cualquier soporte sonoro o visual. A los efectos de este apartado, se entiende incluida la fijación de alguna imagen aislada difundida en la emisión o transmisión.

No gozarán de este derecho las empresas de distribución por cable cuando retransmitan emisiones o transmisiones de entidades de radiodifusión.

b) La reproducción de las fijaciones de sus emisiones o transmisiones.

Este derecho podrá transferirse, cederse o ser objeto de concesión de licencias contractuales.

c) La puesta a disposición del público, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de las fijaciones de sus emisiones o transmisiones, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.

d) La comunicación pública de sus emisiones o transmisiones de radiodifusión, cuando tal comunicación se efectúe en lugares a los que el público pueda acceder mediante el pago de una cantidad en concepto de derecho de admisión o de entrada.

Cuando la comunicación al público se realice vía satélite o por cable y en los términos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 20 de esta Ley, será de aplicación lo dispuesto en tales preceptos.

e) La distribución de las fijaciones de sus emisiones o transmisiones.

Cuando la distribución se efectúe mediante venta, en el ámbito de la Unión Europea, este derecho se extingue con la primera y, únicamente, respecto de las ventas sucesivas que se produzcan en dicho ámbito por el titular del mismo o con su consentimiento.

Este derecho podrá transferirse, cederse o ser objeto de concesión de licencias contractuales.

f) La distribución de las fijaciones de sus emisiones o transmisiones.

Cuando la distribución se efectúe mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad, en el ámbito de la Unión Europea, por el propio titular del derecho o con su consentimiento, este derecho se agotará con la primera, si bien sólo para las ventas y transmisiones de propiedad sucesivas que se realicen en dicho ámbito territorial.

Este derecho podrá transferirse, cederse o ser objeto de concesión de licencias contractuales [110].

2. Los conceptos de emisión y transmisión incluyen, respectivamente, las operaciones mencionadas en los párrafos c) y e) del apartado 2 del artículo 20 de la presente Ley, y el de retransmisión, la difusión al público por una entidad que emita o difunda emisiones de otra, recibidas a través de uno cualquiera de los mencionados satélites.

Art. 127. Duración de los derechos de explotación.–Los derechos de explotación reconocidos a las entidades de radiodifusión durarán cincuenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la realización por vez primera de una emisión o transmisión.

TÍTULO V

La protección de las meras fotografías

Art. 128. De las meras fotografías.–Quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo a aquélla, cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el Libro I, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos en la presente Ley a los autores de obras fotográficas.

Este derecho tendrá una duración de veinticinco años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización de la fotografía o reproducción.

TÍTULO VI

La protección de determinadas producciones editoriales

Art. 129. Obras inéditas en dominio público y obras no protegidas.–1. Toda persona que divulgue lícitamente una obra inédita que esté en dominio público tendrá sobre ella los mismos derechos de explotación que hubieran correspondido a su autor.

2. Del mismo modo, los editores de obras no protegidas por las disposiciones del Libro I de la presente Ley gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción, distribución y comunicación pública de dichas ediciones, siempre que puedan ser individualizadas por su composición tipográfica, presentación y demás características editoriales.

Art. 130. Duración de los derechos.–1. Los derechos reconocidos en el apartado 1 del artículo anterior durarán veinticinco años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita de la obra.

2. Los derechos reconocidos en el apartado 2 del artículo anterior durarán veinticinco años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la publicación.

TÍTULO VII

Disposiciones comunes a los otros derechos de propiedad intelectual [111]

Art. 131. Cláusula de salvaguardia de los derechos de autor.–Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en este Libro II se entenderán sin perjuicio de los que correspondan a los autores [112].

Art. 132. Aplicación subsidiaria de disposiciones del Libro I.–Las disposiciones contenidas en el artículo 6.1, en la sección 2.ª del capítulo III, del Título II y en el capítulo II del Título III, salvo lo establecido en el párrafo segundo del apartado segundo del artículo 37, ambos del Libro I de la presente Ley, se aplicarán, con carácter subsidiario y en lo pertinente, a los otros derechos de propiedad intelectual regulados en este Libro [113].

TÍTULO VIII [114]

Derecho «sui generis» sobre las bases de datos

Art. 133. Objeto de protección.–1. El derecho «sui generis» sobre una base de datos protege la inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su fabricante ya sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido.

Mediante el derecho al que se refiere el párrafo anterior, el fabricante de una base de datos, definida en el artículo 12.2 del presente texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, puede prohibir la extracción y/o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, siempre que la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido representen una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo. Este derecho podrá transferirse, cederse o darse en licencia contractual.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior, no estarán autorizadas la extracción y/o reutilización repetidas o sistemáticas de partes no sustanciales del contenido de una base de datos que supongan actos contrarios a una explotación normal de dicha base o que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base.

3. A los efectos del presente título se entenderá por:

a) Fabricante de la base de datos, la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inversiones sustanciales orientadas a la obtención, verificación o presentación de su contenido.

b) Extracción, la transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos a otro soporte, cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice.

c) Reutilización, toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base mediante la distribución de copias en forma de venta u otra transferencia de su propiedad o por alquiler, o mediante transmisión en línea o en otras formas. A la distribución de copias en forma de venta en el ámbito de la Unión Europea le será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 19 de la presente Ley.

4. El derecho contemplado en el párrafo segundo del anterior apartado 1 se aplicará con independencia de la posibilidad de que dicha base de datos o su contenido esté protegida por el derecho de autor o por otros derechos. La protección de las bases de datos por el derecho contemplado en el párrafo segundo del anterior apartado 1 se entenderá sin perjuicio de los derechos existentes sobre su contenido.

Art. 134. Derechos y obligaciones del usuario legítimo.–1. El fabricante de una base de datos, sea cual fuere la forma en que haya sido puesta a disposición del público, no podrá impedir al usuario legítimo de dicha base extraer y/o reutilizar partes no sustanciales de su contenido, evaluadas de forma cualitativa o cuantitativa, con independencia del fin a que se destine.

En los supuestos en que el usuario legítimo esté autorizado a extraer y/o reutilizar sólo parte de la base de datos, lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará únicamente a dicha parte.

2. El usuario legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que haya sido puesta a disposición del público, no podrá efectuar los siguientes actos:

a) Los que sean contrarios a una explotación normal de dicha base o lesionen injustificadamente los intereses legítimos del fabricante de la base.

b) Los que perjudiquen al titular de un derecho de autor o de uno cualquiera de los derechos reconocidos en los títulos I a VI del Libro II de la presente Ley que afecten a obras o prestaciones contenidas en dicha base.

3. Cualquier pacto en contrario a lo establecido en esta disposición será nulo de pleno derecho.

Art. 135. Excepciones al derecho «sui generis».–1. El usuario legítimo de una base de datos, sea cual fuere la forma en que ésta haya sido puesta a disposición del público, podrá, sin autorización del fabricante de la base, extraer y/o reutilizar una parte sustancial del contenido de la misma, en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de una extracción para fines privados del contenido de una base de datos no electrónica.

b) Cuando se trate de una extracción con fines ilustrativos de enseñanza o de investigación científica en la medida justificada por el objetivo no comercial que se persiga y siempre que se indique la fuente.

c) Cuando se trate de una extracción y/o reutilización para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial.

2. Las disposiciones del apartado anterior no podrán interpretarse de manera tal que permita su aplicación de forma que cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular del derecho o que vaya en detrimento de la explotación normal del objeto protegido.

Art. 136. Plazo de protección.–1. El derecho contemplado en el artículo 133 nacerá en el mismo momento en que se dé por finalizado el proceso de fabricación de la base de datos, y expirará quince años después del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que haya terminado dicho proceso.

2. En los casos de bases de datos puestas a disposición del público antes de la expiración del período previsto en el apartado anterior, el plazo de protección expirará a los quince años, contados desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que la base de datos hubiese sido puesta a disposición del público por primera vez.

3. Cualquier modificación sustancial, evaluada de forma cuantitativa o cualitativa del contenido de una base de datos y, en particular, cualquier modificación sustancial que resulte de la acumulación de adiciones, supresiones o cambios sucesivos que conduzcan a considerar que se trata de una nueva inversión sustancial, evaluada desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo, permitirá atribuir a la base resultante de dicha inversión un plazo de protección propio.

Art. 137. Salvaguardia de aplicación de otras disposiciones.–Lo dispuesto en el presente título se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones legales que afecten a la estructura o al contenido de una base de datos tales como las relativas al derecho de autor u otros derechos de propiedad intelectual, al derecho de propiedad industrial, derecho de la competencia, derecho contractual, secretos, protección de los datos de carácter personal, protección de los tesoros nacionales o sobre el acceso a los documentos públicos.

LIBRO III [115]

De la protección de los derechos reconocidos en esta Ley

TÍTULO PRIMERO

Acciones y procedimientos

Art. 138. Acciones y medidas cautelares urgentes.–El titular de los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140. También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor.

Asimismo, podrá solicitar con carácter previo la adopción de las medidas cautelares de protección urgente reguladas en el artículo 141.

Tanto las medidas de cesación específicas contempladas en el artículo 139.1.h) como las medidas cautelares previstas en el artículo 141.6 podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias [116].

Art. 139. Cese de la actividad ilícita [117].–1. El cese de la actividad ilícita podrá comprender:

a) La suspensión de la explotación o actividad infractora, incluyendo todos aquellos actos o actividades a los que se refieren los artículos 160 y 162.

b) La prohibición al infractor de reanudar la explotación o actividad infractora.

c) La retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción, incluyendo aquellos en los que haya sido suprimida o alterada sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos o cuya protección tecnológica haya sido eludida. Esta medida se ejecutará a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

d) La retirada de los circuitos comerciales, la inutilización, y, en caso necesario, la destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, a la creación o fabricación de ejemplares ilícitos. Esta medida se ejecutará a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

e) La remoción o el precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada de obras o prestaciones, así como de aquellas en las que se haya suprimido o alterado sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos, en los términos previstos en el artículo 162, o a las que se haya accedido eludiendo su protección tecnológica, en los términos previstos en el artículo 160.

f) El comiso, la inutilización y, en caso necesario, la destrucción de los instrumentos, con cargo al infractor, cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador. Las mismas medidas podrán adoptarse en relación con los dispositivos, productos o componentes para la elusión de medidas tecnológicas a los que se refiere el artículo 160 y para suprimir o alterar la información para la gestión electrónica de derechos a que se refiere el artículo 162.

g) La remoción o el precinto de los instrumentos utilizados para facilitar la supresión o la neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger obras o prestaciones aunque aquélla no fuera su único uso.

h) La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico [118].

2. El infractor podrá solicitar que la destrucción o inutilización de los mencionados ejemplares y material, cuando éstos sean susceptibles de otras utilizaciones, se efectúe en la medida necesaria para impedir la explotación ilícita.

3. El titular del derecho infringido podrá pedir la entrega de los referidos ejemplares y material a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

4. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los ejemplares adquiridos de buena fe para uso personal.

Art. 140. Indemnización.–1. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

3. La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla [119].

Art. 141. Medidas cautelares.–En caso de infracción o cuando exista temor racional y fundado de que ésta va a producirse de modo inminente, la autoridad judicial podrá decretar, a instancia de los titulares de los derechos reconocidos en esta Ley, las medidas cautelares que, según las circunstancias, fuesen necesarias para la protección urgente de tales derechos, y en especial:

1. La intervención y el depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate o, en su caso, la consignación o depósito de las cantidades debidas en concepto de remuneración.

2. La suspensión de la actividad de reproducción, distribución y comunicación pública, según proceda, o de cualquier otra actividad que constituya una infracción a los efectos de esta Ley, así como la prohibición de estas actividades si todavía no se han puesto en práctica.

3. El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado principalmente para la reproducción o comunicación pública.

4. El secuestro de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes referidos en los artículos 102.c) y 160.2 y de los utilizados para la supresión o alteración de la información para la gestión electrónica de los derechos referidos en el artículo 162.2.

5. El embargo de los equipos, aparatos y soportes materiales a los que se refiere el artículo 25, que quedarán afectos al pago de la compensación reclamada y a la oportuna indemnización de daños y perjuicios.

6. La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico.

La adopción de las medidas cautelares quedará sin efecto si no se presentara la correspondiente demanda en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil [120].

Art. 142. Procedimiento. [.......] [121].

Art. 143. Causas criminales.–En las causas criminales que se sigan por infracción de los derechos reconocidos en esta Ley, podrán adoptarse las medidas cautelares procedentes en procesos civiles, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estas medidas no impedirán la adopción de cualesquiera otras establecidas en la legislación procesal penal [122].

TÍTULO II

El Registro de la Propiedad Intelectual [123]

Art. 144. Organización y funcionamiento.–1. El Registro General de la Propiedad Intelectual tendrá carácter único en todo el territorio nacional. Reglamentariamente se regulará su ordenación, que incluirá, en todo caso, la organización y funciones del Registro Central dependiente del Ministerio de Cultura y las normas comunes sobre procedimiento de inscripción y medidas de coordinación e información entre todas las Administraciones públicas competentes.

2. Las Comunidades Autónomas determinarán la estructura y funcionamiento del Registro en sus respectivos territorios, y asumirán su llevanza, cumpliendo, en todo caso, las normas comunes a que se refiere el apartado anterior [124].

Art. 145. Régimen de las inscripciones.–1. Podrán ser objeto de inscripción en el Registro los derechos de propiedad intelectual relativos a las obras y demás producciones protegidas por la presente Ley [125].

2. El Registrador calificará las solicitudes presentadas y la legalidad de los actos y contratos relativos a los derechos inscribibles, pudiendo denegar o suspender la práctica de los asientos correspondientes. Contra el acuerdo del Registrador podrán ejercitarse directamente ante la jurisdicción civil las acciones correspondientes [126].

3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo [127].

4. El Registro será público, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecerse al amparo de lo previsto en el artículo 101 de esta Ley [128].

TÍTULO III

Símbolos o indicaciones de la reserva de derechos

Art. 146. Símbolos o indicaciones.–El titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación sobre una obra o producción protegidas por esta Ley podrá anteponer a su nombre el símbolo © con precisión del lugar y año de la divulgación de aquéllas.

Asimismo, en las copias de los fonogramas o en sus envolturas se podrá anteponer al nombre del productor o de su cesionario el símbolo (p), indicando el año de la publicación.

Los símbolos y referencias mencionados deberán hacerse constar en modo y colocación tales que muestren claramente que los derechos de explotación están reservados [129].

TÍTULO IV

Las entidades de gestión de los derechos reconocidos en la Ley

Art. 147. Requisitos.–Las entidades legalmente constituidas que tengan establecimiento en territorio español y pretendan dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual, deberán obtener la oportuna autorización del Ministerio de Cultura, con objeto de garantizar una adecuada protección de la propiedad intelectual. Esta autorización habrá de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado».

Estas entidades, a fin de garantizar la protección de la propiedad intelectual, no podrán tener ánimo de lucro y, en virtud de la autorización, podrán ejercer los derechos de propiedad intelectual confiados a su gestión y tendrán los derechos y obligaciones que en este Título se establecen [130].

Art. 148. Condiciones de la autorización.–1. La autorización prevista en el artículo anterior sólo se concederá si, formulada la oportuna solicitud, ésta se acompaña de la documentación, que permita verificar la concurrencia de las siguientes condiciones:

a) Que los estatutos de la entidad solicitante cumplan los requisitos establecidos en este Título.

b) Que de los datos aportados y de la información practicada se desprenda que la entidad solicitante reúne las condiciones necesarias para asegurar la eficaz administración de los derechos, cuya gestión le va a ser encomendada, en todo el territorio español.

c) Que la autorización favorezca los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual.

2. Para valorar la concurrencia de las condiciones establecidas en los párrafos b) y c) del apartado anterior, se tendrán particularmente en cuenta como criterios de valoración, la capacidad de una gestión viable de los derechos encomendados, la idoneidad de sus estatutos y sus medios materiales para el cumplimiento de sus fines, y la posible efectividad de su gestión en el extranjero, atendiéndose, especialmente, a las razones imperiosas de interés general que constituyen la protección de la propiedad intelectual.

3. La autorización se entenderá concedida, si no se notifica resolución en contrario, en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud [131].

Art. 149. Revocación de la autorización.–La autorización podrá ser revocada por el Ministerio de Cultura si sobreviniera o se pusiera de manifiesto algún hecho que pudiera haber originado la denegación de la autorización, o si la entidad de gestión incumpliera gravemente las obligaciones establecidas en este título. En los tres supuestos deberá mediar un previo apercibimiento del Ministerio de Cultura, que fijará un plazo no inferior a tres meses para la subsanación o corrección de los hechos señalados.

La revocación producirá sus efectos a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Art. 150. Legitimación.–Las entidades de gestión, una vez autorizadas, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales.

Para acreditar dicha legitimación, la entidad de gestión únicamente deberá aportar al inicio del proceso copia de sus Estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado sólo podrá fundar su oposición en la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente [132].

Art. 151. Estatutos.–Sin perjuicio de lo que dispongan otras normas que les sean de aplicación, en los estatutos de las entidades de gestión se hará constar:

1. La denominación, que no podrá ser idéntica a la de otras entidades, ni tan semejante que pueda inducir a confusiones.

2. El objeto y fines, que será la gestión de los derechos de propiedad intelectual especificándose aquellos que vayan a administrar.

Asimismo, podrán realizar actividades distintas a la gestión de los derechos de propiedad intelectual siempre que las mismas estén vinculadas al ámbito cultural de la entidad y se cumpla el requisito de ausencia de ánimo de lucro establecido en el artículo 147 [133].

3. Las clases de titulares de derechos comprendidos
en la gestión y, en su caso, las distintas categorías de aquéllos a efectos de su participación en la administración de la entidad.

4. Las condiciones para la adquisición y pérdida de la cualidad de socio. En todo caso, los socios deberán ser titulares de derechos de los que haya de gestionar la entidad, y el número de ellos no podrá ser inferior a diez.

5. Los derechos de los socios y, en particular, el régimen de voto, que podrá establecerse teniendo en cuenta criterios de ponderación que limiten razonablemente el voto plural. En materia relativa a sanciones de exclusión de socios, el régimen de voto será igualitario.

6. Los deberes de los socios y su régimen disciplinario.

7. Los órganos de gobierno y representación de la entidad y su respectiva competencia, así como las normas relativas a la convocatoria, constitución y funcionamiento de los de carácter colegiado, con prohibición expresa de adoptar acuerdos respecto de los asuntos que no figuren en el orden del día.

8. El procedimiento de elección de los socios administradores.

9. El patrimonio inicial y los recursos económicos previstos.

10. Las reglas a que han de someterse los sistemas de reparto de la recaudación.

11. El régimen de control de la gestión económica y financiera de la entidad.

12. El destino del patrimonio o activo neto resultante en los supuestos de liquidación de la entidad que, en ningún caso, podrá ser objeto de reparto entre los socios.

Art. 152. Obligaciones de administrar los derechos de propiedad intelectual conferidos.–Las entidades de gestión están obligadas a aceptar la administración de los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que les sean encomendados de acuerdo con su objeto o fines. Dicho encargo lo desempeñarán con sujeción a sus estatutos y demás normas aplicables al efecto.

Art. 153. Contrato de gestión.–1. La gestión de los derechos será encomendada por sus titulares a la entidad mediante contrato, cuya duración no podrá ser superior a cinco años, indefinidamente renovables, ni podrá imponer como obligatoria la gestión de todas las modalidades de explotación ni la de la totalidad de la obra o producción futura.

2. Las entidades deberán establecer en sus estatutos las adecuadas disposiciones para asegurar una gestión libre de influencias de los usuarios de su repertorio y para evitar una injusta utilización preferencial de sus obras.

Art. 154. Reparto de derechos.–1. El reparto de los derechos recaudados se efectuará equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, con arreglo a un sistema predeterminado en los estatutos y que excluya la arbitrariedad.

2. Las entidades de gestión deberán reservar a los titulares una participación en los derechos recaudados proporcional a la utilización de sus obras [134].

Art. 155. Función social.–1. Las entidades de gestión, directamente o por medio de otras entidades, fomentarán la promoción de actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus socios, así como la realización de actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes o ejecutantes [135].

2. Las entidades de gestión deberán dedicar a las actividades y servicios a que se refiere el apartado anterior, por partes iguales, el porcentaje de la remuneración compensatoria prevista en el artículo 25 de esta Ley, que reglamentariamente se determine [136].

Art. 156. Documentación contable.–Dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio, la entidad confeccionará el correspondiente balance y una memoria de las actividades realizadas durante la anualidad anterior [137].

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa aplicable, el balance y la documentación contable serán sometidos a verificación por expertos o sociedades de expertos, legalmente competentes, nombrados en la Asamblea general de la entidad celebrada el año anterior o en el de su constitución. Los estatutos establecerán las normas con arreglo a las cuales habrá de ser designado otro auditor, por la minoría.

El balance, con nota de haber obtenido o no el informe favorable del auditor, se pondrá a disposición de los socios en el domicilio legal y delegaciones territoriales de la entidad, con una antelación mínima de quince días al de la celebración de la Asamblea general en la que haya de ser aprobado.

Art. 157. Otras obligaciones.–1. Las entidades de gestión están obligadas:

a) A contratar con quien lo solicite, salvo motivo justificado, la concesión de autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados, en condiciones razonables y bajo remuneración [138].

b) A establecer tarifas generales que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, que deberán prever reducciones para las entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa.

c) A celebrar contratos generales con asociaciones de usuarios de su repertorio, siempre que aquéllas lo soliciten y sean representativas del sector correspondiente.

2. En tanto las partes no lleguen a un acuerdo, la autorización correspondiente se entenderá concedida si el solicitante hace efectiva bajo reserva o consigna judicialmente la cantidad exigida por la entidad de gestión de acuerdo con las tarifas generales [139].

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a la gestión de derechos relativos a las obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o de pantomima, ni respecto de la utilización singular de una o varias obras de cualquier clase que requiera la autorización individualizada de su titular.

4. Asimismo, las entidades de gestión están obligadas a hacer efectivos los derechos a una remuneración equitativa correspondientes a los distintos supuestos previstos en esta Ley y a ejercitar el derecho de autorizar la distribución por cable.

Art. 158. Comisión de Propiedad Intelectual.–1. Se crea en el Ministerio de Cultura la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio de las funciones de mediación y arbitraje, y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente Ley.

2. La Comisión actuará por medio de dos Secciones.

La Sección Primera ejercerá las funciones de mediación y arbitraje que le atribuye la presente Ley.

La Sección Segunda velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Cultura, por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico [140].

3. Corresponde a la Sección Primera el ejercicio de las funciones de mediación y arbitraje, de acuerdo con las siguientes reglas:

1.º En su función de mediación:

a) Colaborando en las negociaciones, previo sometimiento de las partes, para el caso de que no llegue a celebrarse un contrato, respecto a las materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, y para la autorización de la distribución por cable de una emisión de radiodifusión, por falta de acuerdo entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual y las empresas de distribución por cable.

b) Presentando, en su caso, propuestas a las partes.

Se considerará que todas las partes aceptan la propuesta a que se refiere el párrafo anterior, si ninguna de ellas expresa su oposición en un plazo de tres meses. En este supuesto, la resolución de la Comisión surtirá los efectos previstos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y será revisable ante el orden jurisdiccional civil. La propuesta y cualquier oposición a la misma se notificará a las partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El procedimiento mediador se determinará reglamentariamente [141].

2.º La Comisión actuará en su función de arbitraje:

a) Dando solución, previo sometimiento de las partes, a los conflictos que se susciten entre entidades de gestión, entre los titulares de derechos y las entidades de gestión, o entre éstas y las asociaciones de usuarios de su repertorio o las entidades de radiodifusión o de distribución por cable. El sometimiento de las partes a la Comisión será voluntario y deberá constar expresamente por escrito.

b) Fijando una cantidad sustitutoria de las tarifas generales, a los efectos señalados en el apartado 2 del artículo anterior, a solicitud de la propia entidad de gestión afectada, de una asociación de usuarios, o de una entidad de radiodifusión, siempre que éstas se sometan, por su parte, a la competencia de la Comisión con el objeto previsto en la letra a) de este apartado.

Reglamentariamente se determinará el procedimiento para el ejercicio de su función de arbitraje [142].

La decisión de la Comisión tendrá carácter vinculante y ejecutivo para las partes.

Lo determinado en este apartado se entenderá sin perjuicio de las acciones que puedan ejercitarse ante la jurisdicción competente. No obstante, el planteamiento de la controversia sometida a decisión arbitral ante la Comisión impedirá a los Jueces y Tribunales conocer de la misma, hasta que haya sido dictada la resolución y siempre que la parte interesada lo invoque mediante excepción.

3.º En el ejercicio de sus funciones para la fijación de cantidades sustitutorias de tarifas, la Comisión valorará, el criterio de utilización efectiva, por el usuario, del repertorio real de titulares y obras o prestaciones que gestionen las entidades y la relevancia y utilización en el conjunto de la actividad del usuario.

La Comisión también podrá tener en cuenta, entre otros criterios o antecedentes, las tarifas existentes para la explotación de los mismos derechos y que hayan sido establecidas por la Comisión o en los acuerdos y contratos firmados por la propia entidad para situaciones análogas [143].

4.º La Sección Primera de la Comisión estará formada por tres miembros nombrados por el Ministro de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia, por un período de tres años renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual. Los Ministerios de Cultura y Economía y Hacienda nombrarán, conjuntamente, al Presidente de la Sección Primera. La Sección se regirá por lo establecido en el presente texto y, supletoriamente, por las previsiones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

4. Corresponde a la Sección Segunda, que actuará conforme a los principios de objetividad y proporcionalidad, el ejercicio de las funciones previstas en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información.

La Sección podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial.

Antes de proceder a la adopción de estas medidas, el prestador de servicios de la sociedad de la información deberá ser requerido a fin de que en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores o, en su caso, realice las alegaciones y proponga las pruebas que estime oportunas sobre la autorización de uso o la aplicabilidad de un límite al derecho de Propiedad Intelectual. Transcurrido el plazo anterior, en su caso, se practicará prueba en dos días y se dará traslado a los interesados para conclusiones en plazo máximo de cinco días. La Comisión en el plazo máximo de tres días dictará resolución. La retirada voluntaria de los contenidos pondrá fin al procedimiento. En todo caso, la ejecución de la medida ante el incumplimiento del requerimiento exigirá de la previa autorización judicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el apartado segundo del artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas que, en su caso, sean procedentes.

La Sección, bajo la presidencia del Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia.

Reglamentariamente se determinará el funcionamiento de la Sección y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. El procedimiento para el restablecimiento de la legalidad, que se iniciará siempre a instancia del titular de los derechos de propiedad intelectual que se consideran vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio y en el que serán de aplicación los derechos de defensa previstos en el artículo 135 de la Ley 30/1992, estará basado en los principios de celeridad, proporcionalidad y demás previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La falta de resolución en el plazo reglamentariamente establecido tendrá efectos desestimatorios de la solicitud. Las resoluciones dictadas por la Comisión en este procedimiento ponen fin a la vía administrativa [144].

Art. 159. Facultades del Ministerio de Cultura.–1. Corresponde al Ministerio de Cultura, además de la facultad de otorgar o revocar la autorización regulada en los artículos 148 y 149, la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en esta Ley.

2. Las modificaciones de los estatutos de las entidades de gestión, sin perjuicio de lo dispuesto por otras normas de aplicación, una vez aprobadas por su respectiva Asamblea general, deberán someterse a la aprobación del Ministerio de Cultura, que se entenderá concedida, si no se notifica resolución en contrario, en el plazo de tres meses desde su presentación.

3. Las entidades de gestión están obligadas a notificar al Ministerio de Cultura los nombramientos y ceses de sus administradores y apoderados, las tarifas generales y sus modificaciones, los contratos generales celebrados con asociaciones de usuarios y los concertados con organizaciones extranjeras de su misma clase, así como los documentos mencionados en el artículo 156 de esta Ley [145].

TÍTULO V [146]

Protección de las medidas tecnológicas y de la información para la gestión de derechos [147]

Art. 160. Medidas tecnológicas: actos de elusión y actos preparatorios.–1. Los titulares de derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley podrán ejercitar las acciones previstas en el título I de su libro III contra quienes, a sabiendas o teniendo motivos razonables para saberlo, eludan cualquier medida tecnológica eficaz.

2. Las mismas acciones podrán ejercitarse contra quienes fabriquen, importen, distribuyan, vendan, alquilen, publiciten para la venta o el alquiler o posean con fines comerciales cualquier dispositivo, producto o componente, así como contra quienes presten algún servicio que, respecto de cualquier medida tecnológica eficaz:

a) Sea objeto de promoción, publicidad o comercialización con la finalidad de eludir la protección, o

b) Sólo tenga una finalidad o uso comercial limitado al margen de la elusión de la protección, o

c) Esté principalmente concebido, producido, adaptado o realizado con la finalidad de permitir o facilitar la elusión de la protección.

3. Se entiende por medida tecnológica toda técnica, dispositivo o componente que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos, referidos a obras o prestaciones protegidas, que no cuenten con la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual.

Las medidas tecnológicas se consideran eficaces cuando el uso de la obra o de la prestación protegida esté controlado por los titulares de los derechos mediante la aplicación de un control de acceso o un procedimiento de protección como por ejemplo, codificación, aleatorización u otra transformación de la obra o prestación o un mecanismo de control de copiado que logre este objetivo de protección.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no es de aplicación a las medidas tecnológicas utilizadas para la protección de programas de ordenador, que quedarán sujetas a su propia normativa.

Art. 161. Límites a la propiedad intelectual y medidas tecnológicas.–1. Los titulares de derechos sobre obras o prestaciones protegidas con medidas tecnológicas eficaces deberán facilitar a los beneficiarios de los límites que se citan a continuación los medios adecuados para disfrutar de ellos, conforme a su finalidad, siempre y cuando tales beneficiarios tengan legalmente acceso a la obra o prestación de que se trate. Tales límites son los siguientes:

a) Límite de copia privada en los términos previstos en el artículo 31.2.

b) Límite relativo a fines de seguridad pública, procedimientos oficiales o en beneficio de personas con discapacidad en los términos previstos en el artículo 31 bis.

c) Límite relativo a la ilustración de la enseñanza en los términos previstos en el artículo 32.2.

d) Límite relativo a la ilustración de la enseñanza o de investigación científica o para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial, todo ello en relación con las bases de datos y en los términos previstos en el artículo 34.2.b) y c).

e) Límite relativo al registro de obras por entidades radiodifusoras en los términos previstos en el artículo 36.3.

f) Límite relativo a las reproducciones de obras con fines de investigación o conservación realizadas por determinadas instituciones en los términos previstos en el artículo 37.1.

g) Límite relativo a la extracción con fines ilustrativos de enseñanza o de investigación científica de una parte sustancial del contenido de una base de datos y de una extracción o una reutilización para fines de seguridad pública o a los efectos de un procedimiento administrativo o judicial del contenido de una base de datos protegida por el derecho «sui géneris» en los términos previstos en el artículo 135.1.b) y c).

2. Cuando los titulares de derechos de propiedad intelectual no hayan adoptado medidas voluntarias, incluidos los acuerdos con otros interesados, para el cumplimiento del deber previsto en el apartado anterior, los beneficiarios de dichos límites podrán acudir ante la jurisdicción civil.

Cuando los beneficiarios de dichos límites sean consumidores o usuarios, en los términos definidos en el artículo 1.2 y 3 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios [148], en su defensa podrán actuar las entidades legitimadas en el artículo 11.2 y 3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil[149].

3. Disfrutarán de la protección jurídica prevista en el artículo 160.1 tanto las medidas tecnológicas adoptadas voluntariamente por los titulares de los derechos de propiedad intelectual, incluidas las derivadas de acuerdos con otros interesados, como, en su caso, las incluidas en la correspondiente resolución judicial.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no impedirá que los titulares de derechos sobre obras o prestaciones adopten las soluciones que estimen adecuadas, incluyendo, entre otras, medidas tecnológicas, respecto del número de reproducciones en concepto de copia privada. En estos supuestos, los beneficiarios de lo previsto en el artículo 31.2 no podrán exigir el levantamiento de las medidas tecnológicas que, en su caso, hayan adoptado los titulares de derechos en virtud de este apartado.

5. Lo establecido en los apartados anteriores de este artículo no será de aplicación a obras o prestaciones que se hayan puesto a disposición del público con arreglo a lo convenido por contrato, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y momento que elija.

Art. 162. Protección de la información para la gestión de derechos.–1. Los titulares de derechos de propiedad intelectual podrán ejercitar las acciones previstas en el título I del libro III contra quienes, a sabiendas y sin autorización, lleven a cabo cualquiera de los actos que seguidamente se detallan, y que sepan o tengan motivos razonables para saber que, al hacerlo, inducen, permiten, facilitan o encubren la infracción de alguno de aquellos derechos:

a) Supresión o alteración de toda información para la gestión electrónica de derechos.

b) Distribución, importación para distribución, emisión por radiodifusión, comunicación o puesta a disposición del público de obras o prestaciones protegidas en las que se haya suprimido o alterado sin autorización la información para la gestión electrónica de derechos.

2. A los efectos del apartado anterior, se entenderá por información para la gestión de derechos toda información facilitada por los titulares que identifique la obra o prestación protegida, al autor o cualquier otro derechohabiente, o que indique las condiciones de utilización de la obra o prestación protegida, así como cualesquiera números o códigos que representen dicha información, siempre y cuando estos elementos de información vayan asociados a un ejemplar de una obra o prestación protegida o aparezcan en conexión con su comunicación al público.

LIBRO IV

Del ámbito de aplicación de la Ley [150]

Art. 163. Autores.–1. Se protegerán, con arreglo a esta Ley, los derechos de propiedad intelectual de los autores españoles, así como de los autores nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea [151].

Gozarán, asimismo, de estos derechos:

a) Los nacionales de terceros países con residencia habitual en España.

b) Los nacionales de terceros países que no tengan su residencia habitual en España, respecto de sus obras publicadas por primera vez en territorio español o dentro de los treinta días siguientes a que lo hayan sido en otro país. No obstante, el Gobierno podrá restringir el alcance de este principio en el caso de extranjeros que sean nacionales de Estados que no protejan suficientemente las obras de autores españoles en supuestos análogos.

2. Todos los autores de obras audiovisuales, cualquiera que sea su nacionalidad, tienen derecho a percibir una remuneración proporcional por la proyección de sus obras en los términos del artículo 90, apartados 3 y 4. No obstante, cuando se trate de nacionales de Estados que no garanticen un derecho equivalente a los autores españoles, el Gobierno podrá determinar que las cantidades satisfechas por los exhibidores a las entidades de gestión por este concepto sean destinadas a los fines de interés cultural que se establezcan reglamentariamente.

3. En todo caso, los nacionales de terceros países gozarán de la protección que les corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, estarán equiparados a los autores españoles cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo [152].

4. Para las obras cuyo país de origen sea con arreglo al Convenio de Berna un país tercero y cuyo autor no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, el plazo de protección será el mismo que el otorgado en el país de origen de la obra sin que, en ningún caso, pueda exceder del previsto en esta Ley para las obras de los autores.

5. Se reconoce el derecho moral del autor, cualquiera que sea su nacionalidad [153].

Art. 164. Artistas intérpretes o ejecutantes.–1. Se protegerán los derechos reconocidos en esta Ley a los artistas intérpretes o ejecutantes españoles cualquiera que sea el lugar de su interpretación o ejecución, así como los correspondientes a los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea.

2. Los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de terceros países gozarán de los mismos derechos reconocidos en esta Ley en cualquiera de los siguientes casos [154]:

a) Cuando tengan su residencia habitual en España.

b) Cuando la interpretación o ejecución se efectúe en territorio español.

c) Cuando la interpretación o ejecución sea grabada en un fonograma o en un soporte audiovisual protegidos, conforme a lo dispuesto en esta Ley.

d) Cuando la interpretación o ejecución, aunque no haya sido grabada, se incorpore a una emisión de radiodifusión protegida conforme a lo dispuesto en esta Ley.

3. En todo caso, los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de terceros países gozarán de la protección que corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, estarán equiparados a los artistas intérpretes o ejecutantes españoles cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo [155].

4. Los plazos de protección previstos en el artículo 112 de esta Ley serán igualmente aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la Unión Europea siempre que tengan garantizada su protección en España mediante algún Convenio internacional. No obstante, sin perjuicio de las obligaciones internacionales que correspondan, el plazo de protección expirará en la fecha prevista en el país del que sea nacional el titular sin que, en ningún caso, la duración pueda exceder de la establecida en el artículo anteriormente mencionado.

Art. 165. Productores, realizadores de meras fotografías y editores.–1. Los productores de fonogramas y los de obras o grabaciones audiovisuales, los realizadores de meras fotografías y los editores de las obras mencionadas en el artículo 129 serán protegidos con arreglo a esta Ley en los siguientes casos:

a) Cuando sean ciudadanos españoles o empresas domiciliadas en España, así como cuando sean ciudadanos de otro Estado miembro de la Unión Europea o empresas domiciliadas en otro Estado miembro de la Unión Europea.

b) Cuando sean nacionales de terceros países y publiquen en España por primera vez, o dentro de los treinta días siguientes a que lo hayan sido en otro país, las obras mencionadas. No obstante, el Gobierno podrá restringir el alcance de este principio, en el caso de nacionales de Estados que no protejan suficientemente las obras o publicaciones de españoles en supuestos análogos.

2. En todo caso, los titulares a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior gozarán de la protección que les corresponde en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, estarán equiparados a los productores de fonogramas y a los de obras o grabaciones audiovisuales, a los realizadores de meras fotografías y a los editores de las obras mencionadas en el artículo 129, cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo [156].

3. Los plazos de protección previstos en los artículos 119 y 125 de esta Ley serán igualmente aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la Unión Europea siempre que tengan garantizada su protección en España mediante algún Convenio internacional. No obstante, sin perjuicio de las obligaciones internacionales que correspondan, el plazo de protección expirará en la fecha prevista en el país del que sea nacional el titular sin que, en ningún caso, la duración pueda exceder de la establecida en los artículos anteriormente mencionados.

Art. 166. Entidades de radiodifusión.–1. Las entidades de radiodifusión domiciliadas en España, o en otro Estado miembro de la Unión Europea, disfrutarán respecto de sus emisiones y transmisiones de la protección establecida en esta Ley [157].

2. En todo caso, las entidades de radiodifusión domiciliadas en terceros países gozarán de la protección que les corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España sea parte [158].

3. Los plazos de protección previstos en el artículo 127 de esta Ley serán igualmente aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la Unión Europea siempre que tengan garantizada su protección en España mediante algún Convenio internacional. No obstante, sin perjuicio de las obligaciones internacionales que correspondan, el plazo de protección expirará en la fecha prevista en el país del que sea nacional el titular sin que, en ningún caso, la duración pueda exceder de la establecida en el artículo anteriormente mencionado.

Art. 167. Beneficiarios de la protección del derecho «sui generis».–1. El derecho contemplado en el artículo 133 se aplicará a las bases de datos cuyos fabricantes o derechohabientes sean nacionales de un Estado miembro o tengan su residencia habitual en el territorio de la Unión Europea.

2. El apartado 1 del presente artículo se aplicará también a las sociedades y empresas constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro y que tengan su sede oficial, administración central o centro principal de actividades en la Unión Europea; no obstante, si la sociedad o empresa tiene en el mencionado territorio únicamente su domicilio social, sus operaciones deberán estar vinculadas de forma efectiva y continua con la economía de un Estado miembro [159].

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Depósito legal.–El depósito legal de las obras de creación tradicionalmente reconocido en España se regirá por las normas reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro por el Gobierno, sin perjuicio de las facultades que, en su caso, correspondan a las Comunidades Autónomas [160].

Segunda. Revisión del porcentaje y cuantía del artículo 24.2. [.......] [161].

Tercera. Revisión de las cantidades del artículo 25.5.–Se faculta a los Ministros de Cultura, de Industria y Energía y de Comercio y Turismo para adecuar, cada dos años, las cantidades establecidas en el artículo 25.5 de esta Ley a la realidad del mercado, a la evolución tecnológica y al índice oficial de precios al consumo.

Cuarta.Periodicidad de la remuneración del artículo 90.3 y deslegalización.–La puesta a disposición de los autores de las cantidades recaudadas en concepto de remuneración proporcional a los ingresos, que se establece en el artículo 90.3, se efectuará semanalmente.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Cultura, podrá modificar dicho plazo.

Quinta. El Ministerio de Cultura, en el ámbito de sus competencias, velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico [162].

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Derechos adquiridos.–Las modificaciones introducidas por esta Ley, que perjudiquen derechos adquiridos según la legislación anterior, no tendrán efecto retroactivo, salvo lo que se establece en las disposiciones siguientes.

Segunda. Derechos de personas jurídicas protegidos por la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual.–Las personas jurídicas que en virtud de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual hayan adquirido a título originario la propiedad intelectual de una obra, ejercerán los derechos de explotación por el plazo de ochenta años desde su publicación.

Tercera. Actos y contratos celebrados según la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual.–Los actos y contratos celebrados bajo el régimen de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual surtirán todos sus efectos de conformidad con la misma, pero serán nulas las cláusulas de aquéllos por las que se acuerde la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras que el autor pudiere crear en el futuro, así como por las que el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro [163].

Cuarta. Autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987.–Los derechos de explotación de las obras creadas por autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987 tendrán la duración prevista en la Ley de 10 de enero de 1879, sobre Propiedad Intelectual [164].

Quinta. Aplicación de los artículos 38 y 39 de la Ley de 10 de enero de 1879, sobre Propiedad Intelectual.–Sin perjuicio de lo previsto en la disposición anterior a los autores cuyas obras estuvieren en dominio público, provisional
o definitivamente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de 10 de enero de 1879, sobre Propiedad Intelectual, les será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de los derechos adquiridos por otras personas al amparo de la legislación anterior [165].

Sexta. Aplicabilidad de los artículos 14 a 16 para autores de obras anteriores a la Ley de 11 de noviembre de 1987, de Propiedad Intelectual.–Lo dispuesto en los artículos 14 a 16 de esta Ley será de aplicación a los autores de las obras creadas antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual.

Séptima. Reglamento de 3 de septiembre de 1880 para la ejecución de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual.–El Reglamento de 3 de septiembre de 1880 para la ejecución de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual, y demás normas reglamentarias en materia de propiedad intelectual continuará en vigor, siempre que no se oponga a lo establecido en la presente Ley.

Octava. Regulación de situaciones especiales en cuanto a programas de ordenador.–Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a los programas de ordenador creados con anterioridad al 25 de diciembre de 1993, sin perjuicio de los actos ya realizados y de los derechos ya adquiridos antes de tal fecha.

Novena. Aplicación de la remuneración equitativa por alquiler a los contratos celebrados antes del 1 de julio de 1994.–Respecto de los contratos celebrados antes del 1 de julio de 1994, el derecho a una remuneración equitativa por alquiler sólo se aplicará si los autores o los artistas intérpretes o ejecutantes o los representantes de los mismos han cursado una solicitud a tal fin, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, con anterioridad al 1 de enero de 1997.

Décima. Derechos adquiridos en relación con determinados derechos de explotación.–Lo dispuesto en la presente Ley acerca de los derechos de distribución, fijación, reproducción y comunicación al público se entenderá sin perjuicio de los actos de explotación realizados y contratos celebrados antes del 1 de enero de 1995, así como sin perjuicio de lo establecido en el párrafo c) del artículo 99.

Undécima. Regulación de situaciones especiales en relación con la aplicación temporal de las disposiciones relativas a la comunicación al público vía satélite.–1. En los contratos de coproducción internacional celebrados antes del 1 de enero de 1995 entre un coproductor de un Estado miembro y uno o varios coproductores de otros Estados miembros o de países terceros, el coproductor o su cesionario, que desee otorgar autorización de comunicación al público vía satélite, deberá obtener el consentimiento previo del titular del derecho de exclusividad, con independencia de que este último sea un coproductor o un cesionario, si se dan conjuntamente las siguientes circunstancias:

a) Que el contrato establezca expresamente un sistema de división de los derechos de explotación entre los coproductores por zonas geográficas para todos los medios de difusión al público sin establecer distinción entre el régimen aplicable a la comunicación vía satélite y a los demás medios de comunicación.

b) Que la comunicación al público vía satélite de la coproducción implique un perjuicio para la exclusividad, en particular para la exclusividad lingüística, de uno de los coproductores o de sus cesionarios en un territorio determinado.

2. La aplicación de lo previsto en los artículos 106 a 108, 115 y 116, 122 y 126 de esta Ley se entenderá sin perjuicio de los pactos de explotación realizados y contratos celebrados antes del 14 de octubre de 1995.

3. Las disposiciones relativas a la comunicación al público vía satélite serán de aplicación a todos los fonogramas, actuaciones, emisiones y primeras fijaciones de grabaciones audiovisuales que el 1 de julio de 1994 estuviesen aún protegidas por la legislación de los Estados miembros sobre derechos de propiedad intelectual o que en dicha fecha cumplan los criterios necesarios para la protección en virtud de las referidas disposiciones.

Duodécima. Aplicación temporal de las disposiciones relativas a radiodifusión vía satélite.–1. Los derechos a que se refieren los artículos 106 a 108, 115 y 116, 122 y 126 de esta Ley se regirán, en lo que resulte aplicable, por la disposición transitoria décima y por la disposición transitoria novena.

2. A los contratos de explotación vigentes el 1 de enero de 1995 les será plenamente aplicable lo establecido en esta Ley en relación con el derecho de comunicación al público vía satélite a partir del 1 de enero de 2000.

3. Las disposiciones a las que se refiere el apartado 3 de la disposición transitoria undécima no serán de aplicación a los contratos vigentes el 14 de octubre de 1995 cuya extinción vaya a producirse antes del 1 de enero del año 2000. En dicha fecha, las partes podrán renegociar las condiciones del contrato con arreglo a lo dispuesto en tales disposiciones.

Decimotercera. Regulación de situaciones especiales en cuanto al plazo de protección.–1. La presente Ley no afectará a ningún acto de explotación realizado antes del 1 de julio de 1995. Los derechos de propiedad intelectual que se establezcan en aplicación de esta Ley no generarán pagos por parte de quienes hubiesen emprendido de buena fe la explotación de las obras y prestaciones correspondientes en el momento en que dichas obras eran de dominio público.

2. Los plazos de protección contemplados en esta Ley se aplicarán a todas las obras y prestaciones que estén protegidas en España o, al menos, en un Estado miembro de la Unión Europea el 1 de julio de 1995 en virtud de las correspondientes disposiciones nacionales en materia de derechos de propiedad intelectual, o que cumplan los criterios para acogerse a la protección de conformidad con las disposiciones que regulan en esta Ley el derecho de distribución, en cuanto se refiere a obras y prestaciones, así como los derechos de fijación, reproducción y comunicación al público, en cuanto se refieren a prestaciones.

Decimocuarta. Aplicación de las transitorias del Código Civil.–En lo no previsto en las presentes disposiciones serán de aplicación las transitorias del Código Civil.

Decimoquinta. Aplicación de la protección prevista en el Libro I, a las bases de datos finalizadas antes del 1 de enero de 1998.–La protección prevista en la presente Ley, en lo que concierne al derecho de autor, se aplicará también a las bases de datos finalizadas antes del 1 de enero de 1998, siempre que cumplan en la mencionada fecha los requisitos exigidos por esta Ley, respecto de la protección de bases de datos por el derecho de autor [166].

Decimosexta. Aplicación de la protección prevista en el Libro II, en lo relativo al derecho «sui generis» a las bases de datos finalizadas dentro de los quince años anteriores al 1 de enero de 1998.–1. La protección prevista en el artículo 133 de la presente Ley, en lo que concierne al derecho «sui generis», se aplicará igualmente a las bases de datos cuya fabricación se haya terminado durante los quince años precedentes al 1 de enero de 1998, siempre que cumplan en dicha fecha los requisitos exigidos en el artículo 133 de la presente Ley.

2. El plazo de los quince años de protección sobre las bases de datos a las que se refiere el apartado anterior se contará a partir del 1 de enero de 1998 [167].

Decimoséptima. Actos concluidos y derechos adquiridos antes del 1 de enero de 1998 en relación con la protección de las bases de datos.–La protección prevista en las disposiciones transitorias decimoquinta y decimosexta se entenderá sin perjuicio de los actos concluidos y de los derechos adquiridos antes del 1 de enero de 1998 [168].

Decimoctava. Aplicación a las bases de datos finalizadas entre el 1 de enero y el 1 de abril de 1998 de la protección prevista en el Libro I y en el Libro II, respecto al derecho sui generis.–La protección prevista en la presente Ley en lo que concierne al derecho de autor, así como la establecida en el artículo 133 de la misma, respecto al derecho «sui generis» se aplicará, asimismo, a las bases de datos finalizadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 1 de abril de 1998 [169].

Decimonovena. Duración de los derechos de los productores de fonogramas.–Los derechos de explotación de los productores de fonogramas que estuvieran vigentes el 22 de diciembre de 2002 conforme a la legislación aplicable en ese momento tendrán la duración prevista en el artículo 119 [170].

Vigésima. El Real Decreto a que se refiere el apartado segundo del artículo 37 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual deberá ser promulgado en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley.

Hasta que se apruebe el Real Decreto a que se refiere el apartado anterior, la cuantía de la remuneración será de 0,2 euros por cada ejemplar de obra adquirido con destino al préstamo en los establecimientos citados en dicho apartado.

Asimismo, en este período, el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán acordar los mecanismos de colaboración necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración que afectan a establecimientos de titularidad pública [171].

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Alcance de la derogación normativa.–1. Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente Ley y, en particular, las siguientes:

a) Real Decreto de 3 de septiembre de 1880, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual: capítulos V y VI del título I.

b) Real Decreto 1434/1992, de 27 de noviembre, de desarrollo de los artículos 24, 25 y 140 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual: artículos 9.1, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 y 37.1, así como los capítulos II y III del título II.

2. Quedan vigentes las siguientes disposiciones:

a) Ley 9/1975, de 12 de marzo, del Libro, en lo no derogado por la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, y por el Real Decreto 875/1986, de 21 de marzo [172].

b) Real Decreto de 3 de septiembre de 1880, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual: capítulos I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X y disposición transitoria del título I; capítulos I, II y III del título II.

c) Decreto 3837/1970, de 31 de diciembre, por el que se regula la hipoteca mobiliaria de películas cinematográficas.

d) Decreto 2984/1972, de 2 de noviembre, por el que se establece la obligación de consignar en toda clase de libros y folletos el número ISBN.

e) Real Decreto 2332/1983, de 1 de septiembre, por el que se regula la venta, distribución y la exhibición pública de material audiovisual [173].

f) Real Decreto 448/1988, de 22 de abril, por el que se regula la difusión de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales recogidas en soporte videográfico.

g) Real Decreto 479/1989, de 5 de mayo, por el que se regula la composición y el procedimiento de actuación de la Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual, en lo no modificado por el Real Decreto 1248/1995, de 14 de julio [174].

h) Real Decreto 484/1990, de 30 de marzo, sobre precio de venta al público de libros.

i) Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, en lo declarado vigente en el apartado 3 de la disposición transitoria única del Real Decreto 733/1993, de 14 de mayo [175].

j) Real Decreto 1434/1992, de 27 de noviembre, de desarrollo de los artículos 24, 25 y 140 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, en la versión dada a los mismos por la Ley 20/1992, de 7 de julio, en lo no modificado por el Real Decreto 325/1994, de 25 de febrero, y en lo no derogado por la presente disposición derogatoria.

k) Real Decreto 733/1993, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual [176].

l) Real Decreto 325/1994, de 25 de febrero, por el que se modifica el artículo 15.2 del Real Decreto 1434/1992, de 27 de noviembre, de desarrollo de los artículos 24, 25 y 140 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, en la versión dada a los mismos por la Ley 20/1992, de 7 de julio.

m) Real Decreto 1694/1994, de 22 de julio, de adecuación a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual [177].

n) Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones.

ñ) Real Decreto 1248/1995, de 14 de julio, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 479/1989, de 5 de mayo, regulador de la composición y el procedimiento de actuación de la Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual [178].

o) Real Decreto 1802/1995, de 3 de noviembre, por el que se establece el sistema para la determinación de la remuneración compensatoria por copia privada en las ciudades de Ceuta y Melilla.

p) Orden de 23 de junio de 1966 por la que se establecen las normas básicas a las que deben ajustarse los contratos publicitarios del medio cine.

q) Orden de 30 de octubre de 1971 por la que se aprueba el Reglamento del Instituto Bibliográfico Hispánico.

r) Orden de 25 de marzo de 1987 por la que se regula la Agencia Española del ISBN.

s) Orden de 3 de abril de 1991 de desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto 2332/1983, de 1 de septiembre, por el que se regula la venta, distribución y la exhibición pública de material audiovisual.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.Desarrollo reglamentario.–Se autoriza al Gobierno a dictar las normas para el desarrollo reglamentario de la presente Ley.

[1] Téngase en cuenta que la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2001 («BOE» núm. 121, de 21 de mayo), declaró la vigencia del derecho reconocido en el artículo 109.1 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, al considerar que el Gobierno se excedió en los límites de la delegación conferida por la Ley 27/1995, de 11 de octubre, ya que no se incluyó en este texto refundido, el derecho exclusivo de los productores de fonogramas a autorizar la comunicación pública de éstos y de sus copias. Véanse los artículos 114 y siguientes de este Real Decreto Legislativo.

[2] La Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 dispone:

«[.......]

Artículo 20. 1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

[.......]

Art. 149. 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

[.......]

9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

[.......]»

Adviértase que la ejecución de la legislación del Estado en materia de propiedad intelectual e industrial como competencia de las Comunidades Autónomas se recoge expresamente en los siguientes Estatutos de Autonomía:

País Vasco: Artículo 12.4 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre («BOE» núm. 306, de 22 de diciembre).

Cataluña: Artículo 155 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio («BOE» núm. 172, de 20 de julio).

Galicia: Artículo 29.2 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril («BOE» núm. 101, de 28 de abril).

Andalucía: Artículo 58.4 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo («BOE» núm. 68, de 20 de marzo).

Principado de Asturias: Artículo 12.9 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre («BOE» núm. 9, de 11 de enero de 1982), conforme a la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1999, de 5 de enero («BOE» núm. 7, de 8 de enero).

Cantabria: Artículo 26.10 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre («BOE» núm. 9, de 11 de enero de 1982), conforme a la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 11/1998, de 30 de diciembre («BOE» núm. 313, de 31 de diciembre).

La Rioja: Artículo 11.1.5 de la Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio («BOE» núm. 146, de 19 de junio), conforme a la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero («BOE» núm. 7, de 8 de enero).

Región de Murcia: Artículo 12.1.9 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio («BOE» núm. 146, de 19 de junio), conforme a la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio («BOE» núm. 143, de 16 de junio).

Comunitat Valenciana: Artículo 51.1 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril («BOE» núm. 86, de 11 de abril).

Aragón: Artículo 77.3.º de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril («BOE» núm. 97, de 23 de abril).

Castilla-La Mancha: Artículo 33.10 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto («BOE» núm. 195, de 16 de agosto), conforme a la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 3/1997, de 3 de julio («BOE» núm. 159, de 4 de julio).

Canarias: Artículo 33.8 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto («BOE» núm. 195, de 16 de agosto), conforme a la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre («BOE» núm. 315, de 31 de diciembre).

Navarra: Artículo 58.1.c) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto («BOE» núm. 195, de 16 de agosto; corrección de errores en «BOE» núm. 204, de 26 de agosto), de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

Extremadura: Artículo 9.10 de la Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero («BOE» núm. 46, de 26 de febrero), conforme a la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 12/1999, de 6 de mayo («BOE» núm. 109, de 7 de mayo).

Illes Balears: Artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero («BOE» núm. 52, de 1 de marzo).

Comunidad de Madrid: Artículo 28.1.11 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero («BOE» núm. 51, de 1 de marzo), conforme a la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio).

Castilla y León: Artículo 76.9 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre («BOE» núm. 288, de 1 de diciembre).

Ceuta: Artículo 22.1.8.ª de la Ley Orgánica 1/1995, de 13 de marzo («BOE» núm. 62, de 14 de marzo).

Melilla: Artículo 22.1.8.ª de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo («BOE» núm. 62, de 14 de marzo).

[3] Véase el artículo 1 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 2), y los artículos 428 y 429 del Código Civil (§ 4).

[4] Artículos 105 a 137 de esta Ley.

[5] Véase lo dispuesto en los artículos 3 del Reglamento de 3 de septiembre de 1880 (§ 2) y 15.1 del Convenio de Berna (§ 23).

[6] Véase el artículo 27 de esta Ley, así como los artículos 7 del Reglamento de 3 de septiembre de 1880 (§ 2) y 15.3 del Convenio de Berna (§ 23).

[7] Véanse los artículos 28.1 y 87 de esta Ley.

[8] Artículos 392 a 406 de dicho Código.

[9] Véase el artículo 28.2 de la presente Ley.

[10] Véase el artículo 2 del Convenio de Berna (§ 23).

[11] Véanse los artículos 4 y 5 del Reglamento de 3 de septiembre de 1880 (§ 2).

[12] Véase el artículo 10 del Anexo 1C al Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (§ 29).

[13] Redactado conforme a la Ley 5/1998, de 6 de marzo («BOE» núm. 57, de 7 de marzo).

[14] Véanse los artículos 93 y 163.5 de esta Ley.

[15] Sobre lo que ha de entenderse por divulgación, véase el artículo 4 de la presente Ley.

[16] Véanse los artículos 41 de esta Ley y 6 bis.1 del Convenio de Berna (§ 23).

[17] Véanse los artículos 41 de esta Ley y 68 y 69 del Reglamento de 1880 (§ 2).

[18] Véanse la Ley 16/1985, de 25 de junio («BOE» núm. 155, de 29 de junio; corrección de erratas en «BOE» núm. 296, de 11 de diciembre), del Patrimonio Histórico Español, y el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero («BOE» núm. 24, de 28 de enero; correcciones de errores en «BOE» núms. 26, de 30 de enero, y 53, de 3 de marzo), de desarrollo parcial de la misma, teniendo en cuenta sus modificaciones. Adviértase que el artículo 9.4 de la citada Ley dispone: «No podrá ser declarado Bien de Interés Cultural la obra de un autor vivo, salvo si existe autorización expresa de su propietario o media su adquisición por la Administración».

[19] Véase la disposición transitoria 6.ª de esta Ley.

[20] Véase la disposición transitoria 6.ª de la presente Ley.

[21] Véanse el artículo 132 de esta Ley y el artículo 428 del Código Civil (§ 4).

[22] Véanse los artículos 31, 31 bis y 32 de esta Ley.

[23] Artículo redactado conforme a la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162 de 8 de julio). Véanse los artículos 9 del Convenio de Berna (§ 23) y IV bis de la Convención Universal sobre los Derechos de Autor (§ 24).

[24] Los apartados 1 y 2 de este artículo están redactados conforme a la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio); el apartado 4 está redactado de conformidad con la Ley 10/2007, de 22 de junio («BOE» núm. 166, de 12 de julio).

[25] Téngase en cuenta el artículo 12 bis de la Ley 34/2002, de 11 de julio («BOE» núm. 166, de 12 de julio), de servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, en la redacción dada por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre («BOE» núm. 312, de 29 de diciembre), cuyo apartado 4, dice:

«4. Los proveedores de servicios mencionados en el apartado 1 facilitarán información a sus clientes acerca de las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de Internet con fines ilícitos, en particular, para la comisión de ilícitos penales y por la vulneración de la legislación en materia de propiedad intelectual e industrial.»

[26] La Ley 5/1998, de 6 de marzo («BOE» núm. 57, de 7 de marzo), dio nueva redacción a la letra i), y adicionó la letra j) de este apartado 2; la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio), añadió una nueva letra i), con el consiguiente desplazamiento de los anteriores párrafos i) y j), que pasaron a ser los párrafos j) y k), respectivamente.

[27] Letra derogada por la Ley 5/1998, de 6 de marzo («BOE» núm. 57, de 7 de marzo).

[28] En la actualidad Comisión de Propiedad Intelectual. Véase, en el parágrafo 20, el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, relativo a su organización y funcionamiento.

[29] Dicha Ley ha sido derogada por la Ley 15/2007, de 3 de julio («BOE» núm. 159, de 4 de julio), de Defensa de la Competencia. Véase su Título I.

[30] Artículo redactado de conformidad con la Ley 5/1998, de 6 de marzo («BOE» núm. 57, de 7 de marzo). Véanse los artículos 8, 12 y 14 del Convenio de Berna (§ 23) y V de la Convención Universal sobre los Derechos de Autor (§ 24).

[31] Véase el capítulo IV del título primero del Reglamento de 3 de septiembre de 1880 (§ 2).

[32] Artículo derogado de conformidad con la Ley 3/2008, de 23 de diciembre («BOE» núm. 310, de 25 de diciembre).

[33] Este artículo ha quedado derogado en cuanto se oponga a lo establecido en la disposición adicional 10.ª del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre («BOE» núm. 315, de 31 de diciembre), de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que establece lo siguiente:

«Modificación del régimen de compensación equitativa por copia privada.-1. Se suprime la compensación equitativa por copia privada, prevista en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, con los límites establecidos en el artículo 31.2 de la misma Ley.

2. El Gobierno establecerá reglamentariamente el procedimiento de pago a los perceptores de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

3. La cuantía de la compensación se determinará tomando como base la estimación del perjuicio causado.»

Véase, en el parágrafo 3, el Real Decreto 1434/1992, de 27 de noviembre.

Véase también, la Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio («BOE» núm. 148, de 19 de junio), por la que se establece la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción, teniendo especialmente en cuenta respecto a su vigencia, lo dispuesto en su disposición final.

[34] Rúbrica redactada conforme a la Ley 5/1998, de 6 de marzo.

[35] Véase la disposición transitoria 2.ª y los artículos 98, 112, 113, 119, 125, 127, 128 y 130 de esta Ley. Véanse también los artículos 7 del Convenio de Berna (§ 23 ), IV de la Convención Universal sobre Derecho de Autor (§ 24) y el artículo 12 del Anexo 1C al Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (§ 29)

[36] Véase el artículo 7.3 del Convenio de Berna (§ 23).

[37] Véase el artículo 7 bis del Convenio de Berna (§ 23).

[38] Véanse los artículos 132 de esta Ley, 9.2 del Convenio de Berna (§ 23) y 13 del Anexo 1C al Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (§ 29).

[39] Artículo redactado conforme a la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio). Véase el artículo 100 de esta Ley, y 15.1.a) de la Convención Internacional de 26 de octubre de 1961 (§ 27).

[40] Adicionado por la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio).

[41] Artículo redactado conforme a la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio). Véase el artículo 10 del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (§ 23), y el artículo 15.1.d) de la Convención Internacional de 26 de octubre de 1961 (§ 27).

[42] Véanse los artículos 2 bis y 10 bis del Convenio de Berna (§ 23) y 18 del Reglamento de 3 de septiembre de 1880 (§ 2).

[43] Artículo redactado conforme a la Ley 5/1998, de 6 de marzo («BOE» núm. 57, de 7 de marzo). Téngase presente el artículo 40 ter de esta Ley.

[44] Artículo redactado de acuerdo a la Ley 5/1998, de 6 de marzo.

[45] Véanse los artículos 20.4 y 84.2 de la presente Ley.

[46] Artículos 20.3 y 84.2 de esta Ley.

[47] Véase la disposición transitoria vigésima de esta Ley.

[48] Artículo redactado conforme a la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio), excepto su apartado 2 que figura redactado de conformidad con la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas (§ 6). Véase su artículo 14.

[49] Véase el artículo 65 del Reglamento de 3 de septiembre de 1880 (§ 2).

[50] Véase el artículo 15 de esta Ley.

[51] Artículo adicionado por la Ley 5/1998, de 6 de marzo («BOE» núm. 57, de 7 de marzo), de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos.

[52] Capítulo adicionado por la Ley 5/1998, de 6 de marzo («BOE» núm. 57, de 7 de marzo).

[53] Véase el artículo 129 y la disposición transitoria 5.ª de la presente Ley.

[54] Véase la disposición transitoria 3.ª de esta Ley.

[55] Véase el artículo 9 del Reglamento de 3 de septiembre de 1880 (§ 2).

[56] Véase, en el parágrafo 5, la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre hipoteca mobiliaria.

[57] Véase el artículo 592 de la Ley 1/2000, de 7 de enero («BOE» núm. 7, de 8 de enero), de Enjuiciamiento Civil.

[58] Artículo derogado por la Ley 22/2003, de 9 de julio («BOE» núm. 164, de 10 de julio), Concursal.

[59] La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, derogó la Ley 9/1975, de 12 de marzo, del Libro, a excepción de las secciones 3.ª y 4.ª de su capítulo III, que regulan los contratos de coedición, distribución e impresión editorial. Téngase en cuenta dicha normativa reproducida en nota a la disposición derogatoria de la mencionada Ley 10/2007, de 12 de marzo (§ 6).

[60] Véase el artículo 43.3 y la disposición transitoria 3.ª de esta Ley.

[61] Véanse los artículos 63 y 71.2 de esta Ley.

[62] Véanse los artículos V y V ter de la Convención Universal sobre Derecho de Autor (§ 24).

[63] Véase el artículo 68.1.b) de esta Ley.

[64] Téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 68.1.b) de esta Ley

[65] Artículo 68.1.b) de la presente Ley

[66] Véase lo dispuesto en el artículo 14.5.º de esta Ley.

[67] El Real Decreto 396/1988, de 25 de abril («BOE» núm. 102, de 28 de abril), que desarrolla el presente artículo, coincidente tanto en la Ley de 1987 como en el presente texto refundido, dispone:

«Artículo 1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Propiedad Intelectual, el número de ejemplares de cada edición estará sometido a los procedimientos de control que en este Real Decreto se establecen.

Art. 2. Antes de la puesta en circulación de los ejemplares de una obra, tanto en única como en sucesivas ediciones o reimpresiones, el editor remitirá al autor una certificación relativa del número de ejemplares de que conste la tirada.

Esta certificación irá acompañada de una declaración de la persona o entidad responsable de los talleres de impresión de la obra de que se trate, manifestando el número de ejemplares impresos y la fecha de su entrega.

Art. 3. El autor podrá realizar la comprobación de los datos y documentos contables del editor, relativos a la producción de la obra.

Esta comprobación se efectuará dentro de un plazo no superior a dos años, contados a partir de la fecha de puesta en circulación de cada una de las tiradas de la obra.

Art. 4. La comprobación podrá ser realizada por expertos o sociedades de expertos legalmente competentes, designados por el autor del modo siguiente:

1.º De entre los que integren una lista de expertos elaborada, de común acuerdo, por las entidades de gestión o sociedades de editores y autores. Los gastos correspondientes correrán a cargo de ambas entidades o asociaciones, en la proporción que las mismas determinen.

2.º Sin sujeción a listas previas, en cuyo caso los gastos de comprobación correrán a cargo del autor.

No obstante lo anterior, el editor y el autor podrán acordar la designación de cualquier persona o personas para la realización de dicha comprobación, con arreglo a criterios diferentes de los previstos en este artículo.

Art. 5. La labor de comprobación se referirá exclusivamente a la verificación de la exactitud de los datos relativos a la producción de los ejemplares de la obra, en la edición o tirada concreta de que se trate y su correspondencia con los datos contenidos en la documentación emitida por el editor.

La persona o experto designados deberán respetar el carácter confidencial de sus conclusiones y comunicar al autor únicamente los datos y hechos relacionados con la verificación del número de ejemplares de la edición o tirada examinadas.

La comprobación a que se refiere este Real Decreto no tendrá la calificación legal de auditoría de cuentas.

Art. 6. No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, el autor y el editor podrán acordar en el contrato la numeración o el contraseñado de los ejemplares de cada edición. En este caso, se indicará, asimismo, el procedimiento que ambos acordaren para efectuar dicha numeración o contraseñado, así como la edición o ediciones en que habrá de aplicarse el referido procedimiento.

Art. 7. La inclusión en el contrato de edición de cualquier procedimiento específico de numeración o contraseñado eximirá al editor de la obligación establecida en el artículo 2.º Del mismo modo, tampoco procederá realizar las diligencias de comprobación previstas en los artículos 3.º , 4.º y 5.º del presente Real Decreto.

Art. 8. El ejercicio del derecho de comprobación que se regula en esta disposición es independiente de la obligación del editor establecida en el artículo 64.5.º de la Ley de Propiedad Intelectual.

Art. 9. De conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley de Propiedad Intelectual, el incumplimiento por el editor de los requisitos que, en orden al control de ejemplares de cada edición, se previenen en el presente Real Decreto facultará al autor o a sus causahabientes para resolver el contrato, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiere podido incurrir el editor.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Continuarán rigiéndose por el régimen anterior las tiradas de ejemplares de obras cuyos contratos de edición se hayan celebrado antes de la entrada en vigor del presente Real Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.»

[68] Véase el artículo 20.2 a) de esta Ley. Véanse también los artículos 73 a 95 del Reglamento de 3 de septiembre de 1880 (§ 2).

[69] Véase el artículo 78.1 de esta Ley.

[70] Véase el artículo 81.2 de esta Ley.

[71] Véanse los artículos 96 y siguientes del Reglamento de 3 de septiembre de 1880 (§ 2).

[72] Artículos 96 y siguientes del Reglamento de 3 de septiembre de 1880 (§ 2).

[73] Véanse los artículos 120 a 125 de esta Ley, y el Real Decreto 448/1988, de 22 de abril (§ 11).

[74] Véanse los artículos 90.2 de esta Ley y 11 del Anexo 1C al Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (§ 29).

[75] Véase la disposición adicional 4.ª de la presente Ley.

[76] Párrafo redactado conforme a la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio). Véase el artículo 4.4 del Real Decreto 448/1998, de 22 de abril (§11).

[77] Véase el artículo 55 de esta Ley.

[78] Véase el título IV del Libro III de la presente Ley (artículos 147 a 159).

[79] Véanse los artículos 14 a 16 de esta Ley.

[80] Véase la disposición transitoria 8.ª de esta Ley. Asimismo, téngase presente lo dispuesto en el artículo 10.1 del Anexo 1C al Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (§ 29).

[81] El artículo 4 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo («BOE» núm. 73, de 26 de marzo), de Patentes, en la redacción dada al mismo por la Ley 10/2002, de 29 de abril («BOE» núm. 103, de 30 de abril), dispone:

«Art. 4. 1. Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica.

[.......]

4. No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados anteriores, en particular:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.

c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores.

d) Las formas de presentar informaciones.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas.

[.......]»

[82] Véase el artículo 7 de esta Ley.

[83] Véase el artículo 51 de esta Ley.

[84] Véase la disposición transitoria 10.ª de esta Ley, así como el artículo 11 del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (§ 29).

[85] Véase el artículo 96.4 de esta Ley.

[86] Véase el artículo 32 del Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo (§19), por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.

[87] Artículo redactado conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero («BOE» núm. 7, de 8 de enero).

[88] Véase la Ley 11/1986, de 20 de marzo («BOE» núm. 73, de 26 de marzo), de Patentes, teniendo en cuenta que ha sido objeto de numerosas modificaciones; la Ley 17/2001, de 7 de diciembre («BOE» núm. 294, de 8 de diciembre), de Marcas; la Ley 3/1991, de 10 de enero («BOE» núm. 10, de 11 de enero), de Competencia Desleal, y la Ley 11/1988, de 3 de mayo («BOE» núm. 108, de 5 de mayo), de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores.

[89] Rúbrica conforme a la Ley 5/1998, de 6 de marzo («BOE» núm. 57, de 7 de marzo). Téngase, presente lo dispuesto en los artículos 2 a 5 de la Directiva 2001/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo («DOCE» núm. L167, de 22 de junio de 2001), relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.

[90] A efectos, en particular, de los derechos reconocidos en los artículos 106, 107 y 108 del presente título, véanse el artículo 14.1 del Anexo 1C al Acuerdo de Marrakech (§ 29) y el artículo 7.1 de la Convención Internacional de 26 de octubre de 1961 (§ 27).

[91] Véanse los artículos 161 de esta Ley, y 3 de la Convención Internacional de 26 de octubre de 1961 (§ 27).

[92] Párrafo redactado de conformidad con la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio).

[93] Artículo redactado conforme a la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio). Véanse las disposiciones transitorias 11.ª y 12.ª de esta Ley.

[94] Apartado redactado conforme a la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio).

[95] Artículo redactado conforme a la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio). Véase el artículo 51.2 de esta Ley.

[96] Véase el artículo 8 de la Convención Internacional de 26 de octubre de 1961 (§ 27).

[97] Véase lo dispuesto en el artículo 14.5 del Anexo 1C al Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (§ 29).

[98] Artículo redactado conforme a la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio).

[99] Véase la Convención de 26 de octubre de 1961 (Convención de Roma) (§ 27), y el Convenio de 29 de octubre de 1971 (§ 28). Véanse también, los artículos 11 a 14 del Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas, hecho en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 (§ 30).

[100] Artículo redactado conforme a la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio). Sobre los derechos exclusivos de los productores en general, véase el artículo 14.2 del Anexo 1C al Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (§ 29) y los artículos 11 a 14 del Tratado de la OMPI (§ 30).

[101] Los dos primeros apartados de este artículo figuran redactados de conformidad con la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio).

[102] Redacción conforme a la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio).

[103] Artículo redactado de conformidad con la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio). Véase la disposición transitoria 19.ª de la presente Ley.

[104] Véanse el artículo 1 del Convenio de 20 de octubre de 1971 (§ 28), y el 2 del Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (§ 30).

[105] Artículo redactado conforme a la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio).

[106] Apartado redactado de conformidad con la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio).

[107] Redacción conforme a la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio).

[108] Véase el artículo 84 de esta Ley, así como los parágrafos 27 y 30 de esta obra.

[109] Véanse el artículo 14.3 del Anexo 1C al Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (§ 29), y los artículos 15 y siguientes del Tratado OMPI de 20 de diciembre de 1996 (§ 30).

[110] El apartado 1 figura redactado de conformidad con la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio), que adicionó la letra c), desplazó las anteriores letras c) y d) que pasaron a ser las letras d) y e), respectivamente, y cambió la redacción de la anterior letra e), que pasó a constituir la letra f).

[111] Rúbrica redactada de conformidad con la Ley 5/1998, de 6 de marzo («BOE» núm. 57, de 7 de marzo).

[112] Artículo redactado de conformidad con la Ley 5/1998, de 6 de marzo. Véanse los artículos 5 del Acuerdo europeo de 15 de diciembre de 1958 (§ 25), 6.1 del Acuerdo europeo de 22 de julio de 1960 (§ 26) y 7.1 del Convenio de 29 de octubre de 1971 (§ 28).

[113] Artículo redactado de conformidad con la Ley 10/2007, de 22 de junio («BOE» núm. 150, de 23 de junio), de la lectura, del libro y de las bibliotecas.

[114] Este Título y los artículos 133 a 137 que lo integran, fueron adicionados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1998, de 6 de marzo («BOE» núm. 57, de 7 de marzo). Véase el artículo 12 de esta Ley.

[115] De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley 5/1998, de 6 de marzo, la numeración de los artículos 138 a 159 que componen este Libro , se corresponde con la de los antiguos artículos 133 a 154.

[116] Artículo redactado conforme a la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio).

[117] Véase el artículo 44.1 del Anexo 1C al Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (§ 29).

[118] Apartado redactado conforme a la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio).

[119] Por Ley 19/2006, de 5 de junio («BOE» núm. 134, de 6 de junio), se dio nueva redacción a este artículo. Véase el artículo 45 del Anexo 1C al Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (§29).

[120] De conformidad con la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio), se dio nueva redacción a los apartados 2, 3 y 4, y se añadieron los apartados 5 y 6, y el párrafo final. Véanse los artículos 399 a 404 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

[121] Artículo derogado por la disposición derogatoria única.2.13.º de la Ley 1/2000, de 7 de enero («BOE» núm. 7, de 8 de enero).

[122] Artículo redactado conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero («BOE» núm. 7, de 8 de enero). Sobre delitos contra la propiedad intelectual, véase el parágrafo 21 de esta obra.

[123] Véase el Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual(§19), especialmente su disposición transitoria primera, y el artículo 8 del Reglamento, en lo que respecta al funcionamiento de los Registros territoriales de la Propiedad Intelectual, y a su coordinación con el Registro General de la Propiedad Intelectual.

Téngase, también, en cuenta que:

Por Orden de 4 de abril de 1996 («BOE» núm. 104, de 30 de abril), se establece el Registro de la Propiedad Intelectual de Cataluña.

Por Decreto 138/2001, de 5 de diciembre («BOPA» núm. 296, de 24 de diciembre), se establece el Registro de la Propiedad Intelectual del Principado de Asturias.

Por Orden 6/2002, de 1 de febrero («BOR» núm. 17, de 7 de febrero), se establece el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de La Rioja.

Por Decreto 48/2002, de 12 de febrero («BOE» núm. 69, de 21 de marzo), se establece el Registro territorial de la propiedad intelectual de Andalucía.

Por Orden de 28 de noviembre de 2001 («BORM» núm. 289, de 15 de diciembre), se acuerda la puesta en marcha y se fija el número de Registros Territoriales de la Propiedad Intelectual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Por Orden de 21 de enero de 2002 («DOGV» núm. 4.177, de 28 de enero), se establece el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad Valenciana.

Por Orden de 5 de noviembre de 2001 («BOA» núm. 138, de 23 de noviembre) se establece el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de Aragón.

Por Orden de 23 de noviembre de 2001 («DOE» núm. 141, de 11 de diciembre) se establece el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de Extremadura.

Por Decreto 281/2001, de 20 de diciembre («BOCM» núm. 42, de 19 de febrero), se establece el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid y se fija la fecha en que iniciará su funcionamiento.

La Orden de 21 de enero de 2002 («BOE» de 7 de febrero de 2002), establece el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad Valenciana.

La Orden de 20 de noviembre de 2001 («Diario Oficial de Galicia» núm. 251, de 31 de diciembre), establece el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de Galicia.

Finalmente, la Orden de 9 de enero de 2012 («Boletín Oficial del País Vasco», núm. 22, de 1 de febrero), establece el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual del País Vasco como Registro Territorial integrado en el Registro General de la Propiedad Intelectual.

[124] Véanse los siguientes Reales Decretos de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas:

— Real Decreto 896/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por el Real Decreto 3096/1980, de 28 de septiembre en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual («BOE» núm. 155, de 30 de junio).

— Real Decreto 897/1995, de 2 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña, en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual («BOE» núm. 155, de 30 de junio).

— Real Decreto 1825/1998, de 28 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual («BOE» núm. 227, de 22 de septiembre).

— Real Decreto 1409/1995, de 4 de agosto, sobre ampliación de medios adscritos a las funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de ejecución de la propiedad intelectual («BOE» núm. 219, de 13 de septiembre).

— Real Decreto 2091/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias, en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual («BOE» núm. 22, de 26 de enero).

— Real Decreto 1827/1998, de 28 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual y ampliación de las funciones y medios adscritos a los servicios traspasados en materia de cultura («BOE» núm. 229, de 24 de septiembre).

— Real Decreto 643/1995, de 21 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual («BOE» núm. 125, de 26 de mayo).

— Real Decreto 850/1999, de 21 de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana, en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual («BOE» núm. 137, de 9 de junio).

— Real Decreto 611/1999, de 16 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual («BOE» núm. 109, de 7 de mayo).

— Real Decreto 2025/1997, de 26 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual («BOE» núm. 19, de 22 de enero).

— Real Decreto 288/2002, de 22 de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid, en materia de ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual («BOE» núm. 85, de 9 de abril).

[125] Véase el artículo 11 del Real Decreto 281/2003, de 17 de marzo (§ 19), y el artículo III de la Convención Universal de 6 de septiembre de 1952 sobre Derecho de Autor (§ 24).

[126] Véanse los artículos 22, 24 y 25 del Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual (§ 19).

[127] Véase el artículo 27 del Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo (§ 19).

[128] Artículos 30 a 32 del Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo (§ 19).

[129] Véase el artículo III de la Convención Universal sobre Derecho de Autor (§ 24) y el artículo 5 del Convenio de 29 de octubre de 1971 (§ 28).

[130] Artículo redactado de conformidad con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre («BOE» núm. 308, de 23 de diciembre), de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Téngase en cuenta el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto (§17).

[131] Artículo redactado de conformidad con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre («BOE» núm. 308, de 23 de diciembre).

[132] Artículo redactado conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero («BOE» núm. 7, de 8 de enero).

[133] Se da nueva redacción al apartado 2 de conformidad con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre («BOE» núm. 308, de 23 de diciembre).

[134] Véanse los artículos 116.3 y 151 de esta Ley. Véase además, el artículo 38 del Real Decreto 1434/1992, de 27 de noviembre («BOE» núm. 301, de 17 de diciembre).

[135] Apartado redactado conforme a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre («BOE» núm. 308, de 23 de diciembre). Téngase presente el artículo 39 del Real Decreto 1434/1992, de 27 de noviembre (§ 3).

[136] Véase el Real Decreto 1434/1992, de 27 de noviembre (§ 3).

[137] Véanse los artículos 31 a 35, del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio («BOE» núm. 213, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

[138] Véase el artículo 4.2 del Real Decreto 448/1998, de 22 de abril (§ 11).

[139] Véase el artículo 12 del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre (§ 20).

[140] El citado artículo de la Ley 34/2002, dispone:

«Art. 8. Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario.–1. En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, los órganos competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran. Los principios a que alude este apartado son los siguientes:

[.......]

e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

En la adopción y cumplimiento de las medidas de restricción a que alude este apartado se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando éstos pudieran resultar afectados.

En todos los casos en los que la Constitución y las leyes reguladoras de los respectivos derechos y libertades así lo prevean de forma excluyente, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas en este artículo, en tanto garante del derecho a la libertad de expresión, del derecho de producción y creación literaria, artística, científica y técnica, la libertad de cátedra y el derecho de información.

2. Los órganos competentes para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior, con el objeto de identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Tal requerimiento exigirá la previa autorización judicial de acuerdo con lo previsto en el apartado primero del artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Una vez obtenida la autorización, los prestadores estarán obligados a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación.

3. La adopción de restricciones a la prestación de servicios de la sociedad de la información provenientes de prestadores establecidos en un Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo distinto a España deberá seguir el procedimiento de cooperación intracomunitario descrito en el siguiente apartado de este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal y de cooperación judicial.

4. Cuando un órgano competente acuerde, en ejercicio de las competencias que tenga legalmente atribuidas, y de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE, establecer restricciones que afecten a un servicio de la sociedad de la información que proceda de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo distinto de España, dicho órgano deberá seguir el siguiente procedimiento:

a) El órgano competente requerirá al Estado miembro en que esté establecido el prestador afectado para que adopte las medidas oportunas. En el caso de que no las adopte o resulten insuficientes, dicho órgano notificará, con carácter previo, a la Comisión Europea o, en su caso, al Comité Mixto del Espacio Económico Europeo y al Estado miembro de que se trate las medidas que tiene intención de adoptar.

b) En los supuestos de urgencia, el órgano competente podrá adoptar las medidas oportunas, notificándolas al Estado miembro de procedencia y a la Comisión Europea o, en su caso, al Comité Mixto del Espacio Económico Europeo con la mayor brevedad y, en cualquier caso, como máximo, en el plazo de quince días desde su adopción. Así mismo, deberá indicar la causa de dicha urgencia.

Los requerimientos y notificaciones a que alude este apartado se realizarán siempre a través del órgano de la Administración General del Estado competente para la comunicación y transmisión de información a las Comunidades Europeas.

5. Los órganos competentes de otros Estados Miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo podrán requerir la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación establecidos en España en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 11 de esta ley si lo estiman necesario para garantizar la eficacia de las medidas de restricción que adopten al amparo del apartado anterior.

6. Las medidas de restricción que se adopten al amparo de este artículo deberán, en todo caso, cumplir las garantías y los requisitos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 11 de esta ley.»

Por otra parte, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en la redacción que la Ley 2/2011, de 4 de marzo («BOE» núm. 55, de 5 de marzo), de Economía Sostenible, dio a sus artículos, 9.2 y 122.bis, establece el procedimiento a seguir para autorizar la ejecución de los actos adoptados por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Dichos artículos disponen:

«Art. 9. [.......]

2. Corresponderá a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, la autorización a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002 así como autorizar la ejecución de los actos adoptados por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico.

[.......]

Art. 122 bis.–1. El procedimiento para obtener la autorización judicial a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, se iniciará con la solicitud de los órganos competentes en la que se expondrán las razones que justifican la petición acompañada de los documentos que sean procedentes a estos efectos. El Juzgado, en el plazo de 24 horas siguientes a la petición y, previa audiencia del Ministerio Fiscal, dictará resolución autorizando la solicitud efectuada siempre que no resulte afectado el artículo 18 apartados 1 y 3 de la Constitución.

2. La ejecución de las medidas para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual, adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual en aplicación de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico, requerirá de autorización judicial previa de conformidad con lo establecido en los párrafos siguientes.

Acordada la medida por la Comisión, solicitará del Juzgado competente la autorización para su ejecución, referida a la posible afectación a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución.

En el plazo improrrogable de dos días siguientes a la recepción de la notificación de la resolución de la Comisión y poniendo de manifiesto el expediente, el Juzgado convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que éstos designen como representante a una audiencia, en la que, de manera contradictoria, el Juzgado oirá a todos los personados y resolverá en el plazo improrrogable de dos días mediante auto. La decisión que se adopte únicamente podrá autorizar o denegar la ejecución de la medida.»

Finalmente, el apartado 5 de la disposición adicional 4.ª de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, dice:

Disposición adicional cuarta. Recursos contra determinados actos, resoluciones y disposiciones.–Serán recurribles:

[.......]

5. Los actos administrativos dictados por la Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional del Sector Postal, Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, Consejo Económico y Social, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Universidades y Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, directamente, en única instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

[.......]»

[141] Artículos 4 a 6 del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre (§ 20).

[142] Véanse los artículos 7 a 9 del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre (§ 20).

[143] Artículos 10 a 12 del Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre (§ 20).

[144] Artículo redactado según la Ley 2/2011, de 4 de marzo («BOE» núm. 55, de 5 de marzo), de Economía sostenible. Véase el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre (§ 20). Téngase, también, en cuenta la disposición adicional undécima del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre («BOE» núm. 315, de 31 de diciembre), de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que dice:

«Asignación de competencias.–Las competencias del Ministerio de Cultura establecidas en el artículo 158 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, serán asumidas por la Secretaría de Estado de Cultura.»

[145] Redactado de conformidad con la Ley 5/1998, de 6 de marzo («BOE» núm. 57, de 7 de marzo). Adviértase que los apartados 1, excepto su inciso inicial, y 3 han sido declarados contrarios al orden constitucional de competencias por Sentencia 196/1997, de 13 de noviembre (Suplemento al «BOE» núm. 297, de 12 de diciembre), del Pleno del Tribunal Constitucional puesto que invaden la competencia de ejecución atribuida en materia de propiedad intelectual a las Comunidades Autónomas de Cataluña y del País Vasco y, en consecuencia, tales facultades corresponden a dichas Comunidades.

[146] Este título, y los artículos que lo integran han sido adicionados por la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio).

[147] Rúbrica redactada de conformidad con la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio).

[148] Disposición derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2007 , de 16 de noviembre («BOE» núm. 287, de 30 de noviembre), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Véase su artículo 3.

[149] Los citados apartados del artículo 11 disponen:

«2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente determinables, la legitimación para pretender la tutela de esos intereses colectivos corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como a los propios grupos de afectados.

3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas.»

[150] De conformidad con el artículo 30 de la Ley 23/2006, de 7 de julio, los actuales artículos 163 a 167 que componen este Libro IV, se corresponden con los anteriores 160 a 164; téngase, además, en cuenta que, en virtud del artículo 6.4 de la Ley 5/1998, de 6 de marzo, estos artículos ya habían sido objeto de renumeración, y se correspondían con los artículos 155 a 158, de la redacción original.

[151] Véase el artículo 10.4 del Código Civil (§ 4).

[152] Véanse los Convenios internacionales que se recogen en los parágrafos 22 a 30. Téngase, además, en cuenta que:

El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19 de diciembre de 1966, ratificado por España mediante Instrumento de 13 de abril de 1977 («BOE» núm. 103, de 30 de abril), establece:

«1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

[.......]

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.»

El artículo 14 de la Convención de 28 de julio de 1951, sobre el Estatuto de Refugiados, y Protocolo de 31 de enero de 1967, a los que se adhirió España mediante Instrumento de 22 de julio de 1978 («BOE» núm. 252, de 21 de octubre; corrección de errores en «BOE» núm. 272, de 14 de noviembre), establece:

«Derechos de propiedad intelectual e industrial.—En cuanto a la protección de la propiedad industrial y, en particular, a inventos, dibujos o modelos industriales, marcas de fábrica, nombres comerciales y derechos de autor sobre obras literarias, científicas o artísticas, se concederá a todo refugiado, en el país en que resida habitualmente, la misma protección concedida a los nacionales de tal país. En el territorio de cualquier otro Estado contratante se le concederá la misma protección concedida en él a los nacionales del país en que resida habitualmente.»

[153] Véanse los artículos 14 a 16 de esta Ley.

[154] Véanse los artículos 105 a 113 de la presente Ley.

[155] Véanse los artículos 2.1.a) y 4 de la Convención Internacional de 26 de octubre de 1961 (§ 27). Véanse también los artículos 5 a 10 del Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (§ 30).

[156] Véanse el artículo 2 del Convenio de Berna (§ 23), los artículos 2.1.b) de la Convención internacional de 26 de octubre de 1961 (Convención de Roma) (§ 27), y el artículo 2 del Convenio de 29 de octubre de 1971 (§ 28).

[157] Véanse los artículos 126 y 127 de esta Ley.

[158] Véase el artículo 1 del Acuerdo europeo de 15 de diciembre de 1958 (§ 25) y los artículos 2.1.c) y 6 de la Convención Internacional de 26 de octubre de 1961 (§ 27).

[159] Artículo adicionado por la Ley 5/1998, de 6 de marzo («BOE» núm. 57, de 7 de marzo).

[160] Véase el parágrafo 18 de esta obra.

[161] Derogada de conformidad con la Ley 3/2008, de 23 de diciembre («BOE» núm. 310, de 25 de diciembre).

[162] Disposición adicionada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo («BOE» núm. 55, de 5 de marzo), de Economía sostenible.

[163] Véanse los artículos 43, 3 y 4, y 59.1 de la presente Ley.

[164] El artículo 6 de la Ley de 10 de enero de 1879 disponía:

«La propiedad intelectual corresponde a los autores durante su vida, y se transmite a sus herederos testamentarios o legatarios por el término de ochenta años. También es transmisible por actos entre vivos, y corresponderá a los adquirentes durante la vida del autor y ochenta años después del fallecimiento de éste si no deja herederos forzosos. Mas, si los hubiere, el derecho de los adquirentes terminará veinticinco años después de la muerte del autor, y pasará la propiedad a los referidos herederos forzosos por tiempo de cincuenta y cinco años.»

Véase el artículo 41 del Reglamento de 1880 (§ 2).

[165] Los citados artículos disponían:

«Art. 38. Toda obra no inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual podrá ser publicada de nuevo reimpresa por el Estado, por las Corporaciones científicas o por los particulares durante diez años, a contar desde el día en que terminó el derecho de inscribirla.

Art. 39. Si pasase un año más después de los diez sin que el autor ni su derechohabiente inscriban la obra en el Registro, entrará ésta definitiva y absolutamente en el dominio público.»

Véanse los artículos 41 y 128 de la presente Ley.

[166] Disposición adicionada por la Ley 5/1998, de 6 de marzo («BOE» núm. 57, de 7 de marzo).

[167] Disposición adicionada por la Ley 5/1998, de 6 de marzo («BOE» núm. 57, de 7 de marzo).

[168] Adicionada por la Ley 5/1998, de 6 de marzo («BOE» núm. 57, de 7 de marzo).

[169] Disposición adicionada por la Ley 5/1998, de 6 de marzo («BOE» núm. 57, de 7 de marzo).

[170] Disposición adicionada por la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio).

[171] Disposición adicionada por la Ley 10/2007, de 22 de junio («BOE» núm. 150, de 23 de junio), de la lectura, del libro y de las bibliotecas.

[172] Derogada salvo las secciones 3 y 4 del capítulo III por Ley 10/2007, de 22 de junio (§ 6).

[173] Derogado por el Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine (§ 9).

[174] Derogado por el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual (§ 20).

[175] Derogado por el Real Decreto 733/1993, de 14 de mayo, siendo éste derogado, a su vez, por el Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual (§ 19).

[176] Derogado por el Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo (§ 19).

[177] Derogado por el Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo (§ 19).

[178] Téngase en cuenta que el Real Decreto 479/1989, de 5 de mayo citado, ha sido derogado por el Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual (§ 20).

§ 2 REAL DECRETO DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 1880, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY DE 10 DE ENERO DE 1879, SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

(«BOE» núm. 250, de 6 de septiembre de 1880)

Conformándome con lo propuesto por mi Ministro de Fomento, oído el Consejo de Estado en pleno.

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para la ejecución de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre propiedad intelectual, que comprende el de teatros, formando en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57 de la misma Ley [1].

REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY DE 10 DE ENERO DE 1879 SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL [2]

TÍTULO PRIMERO

De las obras

CAPÍTULO PRIMERO

De los autores y propietarios

Artículo 1. Se entenderá por obras, para los efectos de la Ley de Propiedad Intelectual, todas las que se producen y puedan publicarse por los procedimientos de la escritura, el dibujo, la imprenta, la pintura, el grabado, la litografía, la estampación, la autografía, la fotografía o cualquier otro de los sistemas impresores o reproductores conocidos o que se inventen en lo sucesivo [3].

Art. 2. Se considerará autor, para los efectos de la Ley de Propiedad Intelectual, al que concibe y realiza alguna obra científica o literaria, o crea y ejecuta alguna artística, siempre que cumpla las prescripciones legales [4].

Art. 3. La firma y presentación de una obra como autor deja a salvo la prueba en contrario, y toda cuestión de falsificación o usurpación deberá resolverse exclusivamente por los Tribunales. Cuando pendiente la inscripción de una obra se suscitase por un tercero cuestión sobre su pertenencia o propiedad, y se formalizare oposición, no se suspenderá aquélla; pero se hará constar en el registro y certificaciones que se expidan que «hay reclamación presentada».

Art. 4. Será considerado traductor, refundidor, copista, extractador o compendiador, salvo prueba en contrario, el que así lo consigne en las obras científicas o literarias que publique, no existiendo en los Convenios internacionales estipulaciones que lo contradigan.

Art. 5. Para refundir, copiar, extractar, compendiar o reproducir obras originales españolas se necesitará acreditar que se obtuvo por escrito el permiso de los autores o propietarios, cuyo derecho de propiedad no haya prescrito con arreglo a la Ley; y faltando aquel requisito, no gozarán sus autores de los beneficios legales ni producirá efecto su inscripción en el Registro.

Art. 6. Se considerará editor de obras inéditas a todo el que publique las que estén manuscritas y no han visto la luz pública, ya vayan acompañadas de discursos preliminares, notas, apéndices, vocabularios, glosarios y otras ilustraciones o ya se publique sólo el texto manuscrito [5].

Art. 7. La propiedad que se reconoce a los editores en el artículo 26 de la Ley [6] subsistirá mientras no se pruebe en forma legal quién es el autor o traductor ignorado, omitido o encubierto. Cuando se acredite dicha circunstancia, el autor o traductor o sus derechohabientes sustituirán en todos sus derechos a los editores de obras anónimas o seudónimas, ateniéndose en este caso a los términos de los contratos que tengan celebrados.

Si no existiesen contratos, la cuestión de indemnización y cuantas reclamaciones hagan los interesados serán sometidas al dictamen de peritos nombrados por ambas partes, y de un tercero por el Juez en caso de discordia.

Art. 8. Para que puedan aplicarse los beneficios del artículo 3 de la Ley, es necesario:

1.º Que los autores de mapas, planos o diseños científicos declaren que son producto de su inteligencia, y los firmen, identificando sus personas con su correspondiente cédula personal.

2.º Que los compositores de música cumplan iguales formalidades, presentando tres ejemplares si se ha impreso la obra, y si se ha representado, pero no impreso, bastará cumplir lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley [7], remitiendo el ejemplar al Registro General del Ministerio de Fomento[8].

Art. 9. Toda transmisión de la propiedad intelectual, cualquiera que sea su importancia, deberá hacerse constar en documento público, que se inscribirá en el correspondiente Registro, sin cuyo requisito el adquirente no gozará los beneficios de la Ley [9].

Art. 10. La prueba pericial a que se refiere el artículo 27 de la Ley se ajustará a las reglas prescritas por la de Enjuiciamiento Civil, a cuyo resultado deberán atenerse los Tribunales.

Art. 11. Todo lo referente a las obras dramáticas y musicales se regirá además por el título II de ese Reglamento [10].

CAPÍTULO II

De los documentos oficiales [11]

Art. 12. Cuando alguna de las partes litigantes, o sus letrados, quisieren utilizar el derecho que conceden los artículos 16, 17 y 18 de la Ley, acudirán al Tribunal sentenciador, que concederá o negará la licencia, atendiendo al interés público o de las familias y a lo prevenido en el artículo 947 de la Compilación general de las disposiciones vigentes sobre el Enjuiciamiento Criminal [12].

En los pleitos o causas en que sea o haya sido parte el Ministerio público será indispensable, para conceder o negar el permiso de que se trata, oír al Ministerio fiscal y a las partes interesadas.

Art. 13. Para reconocer y sacar copias de documentos y papeles que se custodian en los Archivos del Estado se necesitará siempre una orden del Ministerio de que éstos dependan, o del Jefe del establecimiento si estuviere autorizado para el caso.

Art. 14. La autorización para publicar las Leyes, Decretos, Reales Órdenes, Reglamentos y demás disposiciones que emanen de los poderes públicos, a que se refiere el artículo 28 de la Ley, se concederá por el Ministerio, Centro directivo o Autoridad que las haya dictado, apreciando si las notas críticas, comentarios o anotaciones merecen este título, y haciéndose constar en todo caso la fecha y origen de la autorización concedida [13].

CAPÍTULO III

De los periódicos

Art. 15. Se entenderá por publicaciones periódicas los diarios, semanarios, revistas y toda serie de impresos que salgan a la luz una o más veces al día o por intervalos de tiempo regulares o irregulares, con título constante, bien sean científicas, políticas, literarias o de cualquier otra clase.

Art. 16. El propietario de periódicos que pretenda asegurar la propiedad deberá manifestar al hacer la declaración en el Registro el concepto en que la solicita, sin perjuicio de los derechos que correspondan a los autores de los artículos u obras insertas en estas publicaciones, si no hubieran enajenado más que el derecho de inserción.

El registro hecho por los propietarios de las publicaciones periódicas garantizará no sólo la propiedad de las obras que como dueños hayan adquirido los que solicitan la inscripción, sino también la propiedad de los autores o de sus derechohabientes que no hayan renunciado a ella por no haber autorizado más que el derecho de inserción.

Art. 17. Los autores que se encuentren en el caso del artículo anterior no necesitarán inscribir de nuevo sus obras literarias, y podrán pedir y obtener del encargado del Registro, cuando necesiten justificar sus derechos, un resguardo que acredite haber adquirido legalmente la propiedad por medio de la inscripción del periódico o publicación correspondiente.

Al finalizar la petición a que se refiere el párrafo anterior, deberá el interesado determinar el número del periódico en que se haya insertado el trabajo cuya propiedad le convenga acreditar, y el encargado del Registro General librará una certificación especial de dicho trabajo, identificándolo de manera que no puedan confundirse con ningún otro.

Art. 18. Todo cuanto se inserte en publicaciones periódicas podrá ser reproducido sin previo permiso por las demás publicaciones, si no se expresa en general o al pie de cada trabajo la circunstancia de quedar reservados los derechos; pero en todo caso la publicación periódica que reproduzca algo de otra estará obligada a citar la original de donde copia [14].

Art. 19. De la regla establecida en el artículo anterior se exceptúan los dibujos, grabados, litografías, música y demás trabajos artísticos que contengan las publicaciones periódicas, y las novelas y obras científicas, artísticas y literarias, aunque se publiquen por trozos o capítulos y sin necesidad de hacer constar la reserva de derechos.

Para la reproducción o copia de los trabajos enumerados en el párrafo anterior se necesitará siempre el permiso del autor o traductor correspondiente, o del propietario si hubieren enajenado sus obras.

CAPÍTULO IV

Del derecho de colección

Art. 20. El derecho que establece el artículo 32 de la Ley [15] se entiende salvo pacto en contrario o cuando no se haya vendido expresamente a otra persona el derecho de colección.

Art. 21. Cuando por no haber enajenado expresamente el derecho de colección, pero sí la propiedad de las obras, pueda un autor o sus herederos hacer la colección escogida o completa a que le autoriza la Ley, no podrá, sin embargo, vender separadamente las obras de la colección de las cuales sus editores propietarios tengan ejemplares a la venta. En este caso el autor o sus herederos sólo podrán vender o admitir suscripciones a la colección entera que publique, ya sea completa o escogida.

CAPÍTULO V

De la inscripción de las obras

[.......] [16]

CAPÍTULO VI

Del Registro de la Propiedad Intelectual

[.......] [17]

CAPÍTULO VII

De los efectos legales

Art. 41. El heredero necesario que, con arreglo al
artículo 6 de la Ley, tiene derecho a adquirir las obras que su causante enajenó, terminados veinticinco años después de la muerte del autor, podrá pedir y le será otorgada la inscripción de su derecho en el Registro de la Propiedad Intelectual, previa presentación de los documentos que acrediten su carácter [18].

Art. 42. Todas las obras que hubiesen comenzado a publicarse el 12 de enero de 1879 podrán disfrutar los beneficios de la propiedad intelectual siempre que sus autores o propietarios llenen los requisitos establecidos en la Ley y Reglamento.

Art. 43. Las obras que el día 12 de enero de 1879 no habrían entrado en el dominio público, con arreglo a sus prescripciones, podrán también ser inscritas por el tiempo que les reste para completar los nuevos plazos y beneficios que la Ley ha concedido, siempre que se haga la inscripción legalmente y se compruebe por medio de documentos fehacientes el tiempo transcurrido para poder fijar el que resta aún, con arreglo a las disposiciones de la Ley,

Art. 44. Igual justificación deberán producir los que se hallan en el caso del número 3.º del artículo 52 de la Ley, si desean recobrar como autores, traductores o herederos las obras que habían entrado en el dominio público. Exhibiéndola en el Registro se le anotará su derecho por el tiempo que aún reste, computando el transcurrido desde la muerte del autor hasta el que concede la nueva ley; pero cumpliendo todas las formalidades ordenadas para la inscripción.

Art. 45. Se entenderá que renuncian su derecho los autores o sus derechohabientes que, habiendo de recobrar la propiedad intelectual, no la inscriban en el término de un año.

CAPÍTULO VIII

Del consejo de familia [19]

Art. 46. Mientras las leyes civiles no organicen el consejo de familia a que se refiere el artículo 44 de la Ley, aquél se compondrá del Alcalde del domicilio del heredero y de los cuatro parientes varones más allegados de éste, dos de la línea paterna y dos de la materna, que estén avecindados en el mismo pueblo o en otro que no diste más de seis leguas.

Art. 47. En igualdad de grados, será preferido el pariente de más edad al más joven.

Art. 48. Cuando los parientes cercanos del heredero estén avecindados en un pueblo que diste más de seis leguas del domicilio de aquél, los convocará el Alcalde: pero no les podrá compeler contra su voluntad a la aceptación del cargo de Vocal del consejo de familia.

Art. 49. Si no hubiese suficiente número de parientes, o éstos no se prestasen a aceptar este cargo, se completará el consejo con vecinos honrados que elegirá el Alcalde entre los que hayan sido amigos de los padres del heredero.

Art. 50. La reunión del consejo de familia se celebrará en la Casa Consistorial, y para deliberar y acordar bastará la mayoría de los concurrentes.

Art. 51. El Alcalde presidirá siempre el consejo de familia; tendrá en él voto consultivo y, en caso de empate, decisivo, y podrá delegar sus facultades en uno de los Tenientes de Alcalde.

CAPÍTULO IX

De la penalidad

Art. 52. Los propietarios que declaren al frente de sus obras haber hecho el depósito legal y no lo realicen dentro del plazo fijado, incurrirán, aparte de la responsabilidad penal que pudiera corresponderles, exigible ante los Tribunales de Justicia, en la multa de 25 a 250 pesetas [20].

Art. 53. Para poder exigir la responsabilidad a que se refiere el artículo 45 de la Ley, todos los comerciantes y expendedores de libros nuevos deberán llevar un registro, donde se haga constar el editor e impresor de las obras que se pongan a la venta, y el que omitiese esta formalidad será responsable con arreglo a las leyes.

CAPÍTULO X

Del tránsito del antiguo al nuevo sistema

Art. 54. Las obras que a la publicación de este Reglamento no hayan entrado en el dominio público, y tengan asegurada su propiedad con arreglo a la legislación anterior, no necesitarán llenar las nuevas prescripciones legales. Pero los autores o propietarios que lo crean conveniente podrán convertir las antiguas en nuevas inscripciones con arreglo a las prescripciones de este Reglamento, siempre que hagan constar bajo su responsabilidad, y con toda exactitud, las fechas de la publicación y de la presentación de la obra en los antiguos Registros, y, por lo tanto, el tiempo que las obras gozan de los derechos de la Ley.

Art. 55. La indemnización a que se refiere el artículo 55 de la Ley la fijarán los peritos que nombren las partes y un tercero por el Juez en caso de discordia, según las reglas establecidas por la Ley de Enjuiciamiento Civil; pero dicha indemnización sólo tendrá lugar respecto de las existencias que se presenten debidamente documentadas.

Art. 56. Los derechohabientes de los autores, a quienes según el artículo 28 de la Ley de 10 de junio de 1847 haya vuelto o hubiere de volver la propiedad, podrán inscribir los derechos en el Registro, toda vez que el artículo 52 de la Ley deja a salvo y reconoce los derechos adquiridos bajo la acción de las leyes anteriores [21].

Art. 57. Los que por haber enajenado la propiedad de una obra antes del 10 de junio de 1847 hayan de recobrar la propiedad con arreglo al artículo 28 de la Ley de Propiedad Literaria de aquella fecha, acreditarán al inscribir su derecho el día de la muerte del autor para que de este modo conste en el Registro la fecha en que recobran dicha propiedad.

Art. 58. Los compradores de propiedad literaria anteriores a la Ley de 10 de junio de 1847 o sus derechohabientes que en el término de un año, contado en la forma que previene este Reglamento, no inscriban su derecho por el tiempo que les otorgó el artículo 28 de aquella Ley, lo perderán, y volverá la propiedad, desde luego, a quien corresponda.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 59. El plazo de un año que para verificar la inscripción concede el artículo 35 de la Ley principiará a contarse desde el día en que se anuncie en la «Gaceta de Madrid» que quedan organizados los registros objeto de este Reglamento.

Art. 60. La Dirección General de Instrucción Pública dictará en el más breve plazo posible las disposiciones oportunas para la organización de los Registros de la Propiedad Intelectual.

TÍTULO II

De los teatros

CAPÍTULO PRIMERO

De las obras dramáticas y musicales [22]

Art. 61. Las obras dramáticas y musicales que se ejecuten en público estarán sujetas a todas las prescripciones de la Ley de Propiedad Intelectual y a las especiales que se determinan en el presente Reglamento.

Art. 62. No podrá ser representada, cantada ni leída en público obra alguna, manuscrita o impresa, aunque ya lo haya sido en otro teatro o sala de espectáculos, sin previo permiso del propietario.

Art. 63. Los Gobernadores [23], y donde éstos no residan, los Alcaldes, mandarán suspender inmediatamente la representación o lectura que se haya anunciado de toda obra literaria o musical, siempre que el propietario de ella o su representante acudan a su autoridad en queja de no haber obtenido las empresas el correspondiente permiso, y aun sin necesidad de reclamación alguna si les constare que semejante permiso no existe.

Art. 64. El plan y argumento de una obra dramática o musical, así como el título, constituyen propiedad para el que los ha concebido o para el que haya adquirido la obra.

En su consecuencia, se castigará como defraudación el hecho de tomar en todo o en parte de una obra literaria o musical manuscrita o impresa, el título, el argumento o el texto para aplicarlos a otra obra dramática.

Tampoco será lícita la edición con fines mercantiles de los planes y argumentos de la obras teatrales sin permiso de sus autores o sus derechohabientes [24].

Art. 65. En las parodias no podrá introducirse en todo ni en parte, sin consentimiento del propietario, ningún trozo literal ni melodía alguna de la obra parodiada.

Art. 66. Todo autor conserva el derecho de corregir y refundir sus obras, aunque las haya enajenado. La simple corrección no altera las condiciones del contrato de venta que hubiese celebrado; pero la refundición, si introdujese variaciones esenciales, le autoriza a percibir una tercera parte de los derechos que la representación de su arreglo devengue.

Fuera de este caso, la refundición de una obra dramática que no haya pasado al dominio público constituye defraudación. Si la obra hubiese pasado al dominio público, el refundidor o su representante percibirá los derechos correspondientes.

Art. 67. Nadie puede arreglar una obra dramática de otro autor, ni aun cambiando el título, los nombres de los personajes y el lugar de acción para adaptarla a una composición musical, sin consentimiento de su autor o de su propietario si la hubiese enajenado. Si este arreglo se hubiese hecho en el extranjero, el autor de la obra original, sin perjuicio de lo que establezcan los tratados internacionales, percibirá los derechos de representación en España, aunque la obra se ejecute en idioma distinto de aquel en que primeramente se escribió.

Art. 68. También será necesario el permiso del autor y del propietario para tomar el argumento de una novela o de otra obra literaria no teatral y adaptarlo a una obra dramática.

Art. 69. El autor que enajena una obra dramática conserva el derecho de velar por su reproducción o representación exactas, sin perjuicio de que el propietario haga uso también de este derecho.

Art. 70. En ningún sitio público donde los concurrentes paguen estipendio o asistan gratuitamente podrá ejecutarse en todo ni en parte obra alguna literaria o musical en otra forma que la publicada por su autor o propietario.

Art. 71. La música puramente instrumental y la de baile que se ejecute en teatros o sitios públicos en donde se entre mediante pago, sea cualquiera la forma en que éste se exija, disfrutarán de todos los beneficios de la Ley y Reglamento de Propiedad Intelectual como incluida en el artículo 19 de dicha Ley.

Art. 72. Los coautores de una obra dramática o musical que desistan de la colaboración común antes de terminarla o acuerden no publicarla o representarla después de terminada, sólo podrán disponer de la parte con que cada uno de ellos haya colaborado en la misma obra, salvo pacto en contrario.

CAPÍTULO II

De la admisión y representación de las obras dramáticas y musicales [25]

Art. 73. La empresa que admita para su lectura una obra nueva dramática o musical que no haya sido representada en ningún teatro de España, entregará un recibo de la misma al que la presente.

Art. 74. Presentada que sea una obra nueva dramática o musical a la empresa de un teatro o sala destinada a espectáculos públicos, manifestará al autor o propietario, o a su representante, en el término de veinte días, si la acepta o no para su representación.

En el caso de que no conviniera a sus intereses la admisión de la obra presentada, la devolverá sin más explicaciones en el término prescrito en el párrafo anterior, recogiendo el recibo correspondiente.

Art. 75. Los autores o propietarios o sus representantes tienen siempre derecho a reclamar la devolución de sus obras literarias o musicales antes de su admisión definitiva por la empresa.

Art. 76. Admitida una obra nueva por la empresa, ésta y el propietario fijarán de común acuerdo y por escrito la época de la representación o ejecución, que podrá ser en plazo fijo o por turno riguroso, el cual se entenderá vigente mientras continúe en el mismo teatro la empresa que admitió la obra.

Si la empresa aceptara una obra nueva con la condición de que el autor ha de hacer en ella correcciones, no se considerará que la admisión es definitiva mientras aquéllas no estén aceptadas por la empresa.

Art. 77. El turno sólo se observará entre las obras nuevas que se hubiesen sujetado a esta condición. Las de repertorio no le alterarán, y las empresas conservan siempre el derecho de hacerlas representar cuando lo creyeran conveniente a sus intereses.

Art. 78. Las empresas llevarán un registro, en el cual harán constar la fecha de la admisión de cada obra nueva y las condiciones que hayan estipulado con los respectivos autores o propietarios.

Art. 79. La empresa que acepta una obra nueva debe hacer a su costa las copias manuscritas necesarias para el estudio y representación de ella, devolviendo el original al autor antes de empezar los ensayos. El autor o propietario, por su parte, revisará y rubricará una de las copias completa y foliada para resguardo de la empresa. Esta copia hará fe en juicio.

Fuera de este caso, nadie puede hacer reproducciones ni copias de una obra dramática o musical, ni venderlas ni alquilarlas, sin permiso del propietario, aunque las obras no hubiesen sido impresas ni ejecutadas en público, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2.º, 7.º y 21 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Art. 80. El compositor o propietario de una obra nueva musical debe facilitar a la empresa del teatro una partitura completamente instrumentada, que le será devuelta al terminar la temporada teatral, salvo pacto en contrario.

Art. 81.El autor o propietario de la obra nueva admitida contrae la obligación de dejarla representar en el teatro que la ha aceptado, a no ser que haya terminado la temporada teatral sin haberse puesto en escena, o se falte por la empresa a alguna de las condiciones convenidas. En ambos casos queda facultado para retirar la obra sin que la empresa pueda hacer reclamación alguna y sin perjuicio de la indemnización que le corresponda.

Art. 82. Cuando una obra nueva ha sido admitida en un teatro, el autor o propietario no puede hacerla representar en otro teatro de la misma población dentro de la temporada, salvo pacto en contrario o mientras no cesen los compromisos que haya contraído con la primera empresa.

Art. 83. A la empresa del teatro corresponde fijar el orden, el día y las horas de los ensayos.

Art. 84. El autor tiene siempre derecho a hacer el reparto de los papeles de su obra, y a dirigir los ensayos, de acuerdo con el director de escena. Tiene asimismo el derecho de permanecer entre bastidores siempre que se representen sus obras.

Art. 85. En los carteles y programas impresos o manuscritos de las funciones se anunciarán precisamente las obras con sus títulos verdaderos sin adiciones ni supresiones, y con los nombres de sus autores o traductores, salvo la facultad que el artículo 86 de este Reglamento reserva a los autores, castigándose con multa, que podrán imponer los Gobernadores o los Alcaldes donde aquellas autoridades no residiesen, la omisión de cualquiera de estos requisitos, los cuales se observarán aun para las obras que hubiesen pasado al dominio público, sin que tampoco puedan en ningún caso anunciarse con sólo los títulos genéricos de tragedia, drama, comedia, zarzuela, sainete, fin de fiesta y otros [26].

Art. 86. La redacción del cartel, en lo que concierne a una obra nueva, corresponde al autor o autores, quienes pueden impedir o exigir que se publique su nombre antes del estreno.

Art. 87. Las empresas no podrán hacer variaciones, adiciones ni atajos en el texto de las obras sin permiso de los autores.

Art. 88. La empresa no está obligada, a menos que otra cosa se estipule, a emplear más que los trajes y las decoraciones que el teatro posea, siempre que unos y otras no sean contrarios al carácter distintivo e histórico de la obra.

Art. 89. Las empresas tienen obligación de dar por lo menos tres representaciones consecutivas de una obra nueva, cuando ésta no haya sido completamente rechazada por el público en la primera representación.

Art. 90. Las empresas pagarán a los propietarios de obras dramáticas o lírico-dramáticas, o a sus representantes, una indemnización si se negasen a poner en escena la obra nueva admitida, o si no lo hiciesen en el tiempo convenido, salvo el caso de que habiendo entrado en turno riguroso no haya alcanzado el tiempo dentro de la temporada teatral para su representación. Esta indemnización será de 250 pesetas para las obras en un acto, 500 para las de dos y 750 para las de tres o más actos.

Art. 91. Los propietarios que retiren una obra nueva después de admitida dentro de la temporada teatral, faltando a las condiciones estipuladas, quedarán sujetos a igual indemnización en favor de la empresa, y a abonar el importe de los gastos que la misma hubiese hecho expresamente para ponerla en escena, previa la correspondiente justificación.

Las empresas de teatros y los propietarios de obras dramáticas o musicales quedan además sujetos recíprocamente a todas las responsabilidades que resulten de la falta de cumplimiento de sus respectivos contratos.

Art. 92. El propietario de una obra dramática o musical, o su representante, podrá retirarla del teatro donde se ejecute cuando la empresa deje de abonar un solo día los derechos correspondientes. Si la obra pertenece a dos o más propietarios, cada uno de ellos estará facultado para adoptar esta determinación sujetándose a lo que dispone el artículo 49 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Art. 93. El autor de una obra literaria que haya sido representada en público y prohíba por completo y en absoluto su ejecución por creer que se ofende su conciencia moral o política, indemnizará previamente al propietario de ella si la hubiese enajenado, y a los coautores o propietarios si los hubiese.

Si la obra fuese musical, el autor de la música tiene además la facultad de aplicar su música a otra obra.

Art. 94. Las disidencias de interés que se susciten entre los copropietarios de una obra dramática o musical, respecto a las condiciones de su admisión y representación o ejecución en cada teatro o local destinado a espectáculos públicos, se resolverán por mayoría de votos si los propietarios de la obra fuesen más de dos, y si no excediesen de este número, se nombrará por ambos propietarios un Jurado, compuesto de cuatro literatos o compositores de música, y otro por la autoridad gubernativa, que tendrá el carácter de Presidente, los cuales resolverán amigablemente el asunto. Cuando no se conforme alguno de los propietarios con la opinión de la mayoría en el primer caso, o con la decisión del Jurado en el segundo, resolverán la cuestión los Tribunales de justicia.

Art. 95. Los casos fortuitos en que una empresa puede suspender sus contratos con acuerdo de la autoridad son:
1.º, peste; 2.º, terremotos; 3.º, luto nacional; 4.º, perturbaciones del orden público que obliguen a suspender las representaciones; 5.º, la prohibición de una obra por orden de la autoridad, ya sea por causa de orden público o por resolución de los Tribunales en lo que se refiere a la misma obra [27].

El incendio o ruina del edificio se considerará como caso de fuerza mayor para la rescisión de los contratos.

CAPÍTULO III

De los derechos de representación de las obras dramáticas y musicales

Art. 96. Los derechos de representación de las obras dramáticas y musicales se considerarán como un depósito en poder de las empresas de teatros y espectáculos públicos, las cuales deben tenerlos diariamente a disposición de sus propietarios o representantes.

Cuando éstos no los hayan fijado al conceder el permiso para la representación de las obras, se observará la siguiente

Tarifa

Obras dramáticas originales en un acto, el 3 por 100.

Obras dramáticas originales en dos actos, el 7 por 100.

Obras dramáticas originales en tres o más actos, el 10 por 100.

En las tres primeras representaciones del estreno, el doble de estos derechos.

Las refundiciones del teatro antiguo, los arreglos, imitaciones y traducciones devengarán la mitad de los mismos.

Art. 97. Los derechos de las obras lírico-dramáticas son iguales a los de las dramáticas originales, mitad para el libreto y mitad para la música, pero no habrá diferencia entre originales y traducciones.

Art. 98. Las composiciones literarias de cierta extensión, en prosa o en verso, cuya lectura se anuncie en los carteles como parte integrante del espectáculo y no se refieran a la celebración del aniversario y beneficios, devengan los mismos derechos fijados a las obras dramáticas originales en un acto.

Art. 99. Las óperas, los oratorios y las obras análogas de poesía y música originales de autores españoles o de extranjeros domiciliados en España devengarán los mismos derechos que las obras dramáticas originales, aunque el libreto sea traducido o arreglado, distribuyéndose en la forma siguiente: dos terceras partes para el autor o propietario de la música y una tercera parte para el del libreto.

Art. 100. Las obras de música puramente instrumental que no sean del dominio público devengarán los derechos siguientes: por la ejecución de una gran sinfonía o fantasía en tres o más tiempos, el 3 por 100; por una obertura original, el 1 por 100; por un divertimiento de baile, original, en un acto, del género español o extranjero, el 1 por 100. Las demás clases de música instrumental o de canto que se ejecuten en conciertos, circos o bailes públicos, así como los preludios, acompañamientos de melodramas y canciones sueltas, se considerarán para el pago de los derechos de propiedad, si no se ha convenido un tanto alzado, según su importancia artística y dimensiones con relación a la anterior tarifa.

Art. 101. La ejecución de las obras musicales en funciones religiosas, en actos militares, en serenatas y solemnidades civiles a que el público pueda asistir gratuitamente, estará libre del pago de derechos de propiedad y de la obligación del previo permiso del propietario, con tal de que se ejecuten dichas obras en la forma en que éste las haya publicado [28].

Los organismos y corporaciones del Estado y del Movimiento y los centros y organizaciones de la Iglesia católica quedan exentos, en los actos y representaciones que organicen de carácter artístico o literario y de finalidad educativa y social, del pago de los derechos de autor que correspondan al Estado en las obras que, conforme a la legislación vigente, hayan pasado al dominio público [29].

Art. 102. El tanto por ciento que han de percibir los propietarios de obras dramáticas o musicales se exigirá sobre el total producto de cada representación, incluso el abono y el aumento de precios en la contaduría o en el despacho, cualquiera que sea su forma, sin tomar en cuenta ningún arreglo o convenio particular que las empresas puedan hacer vendiendo billetes a precios menores que los anunciados al público en general.

Se exceptúa la rebaja que las empresas conceden a los abonados.

Art. 103. Los propietarios de obras dramáticas o musicales podrán fijar, en vez del tanto por ciento, una cantidad alzada por derecho de cada representación en los teatros que lo estimen conveniente.

Art. 104. Los Gobernadores de provincias, y los Alcaldes donde aquéllos no residiesen, además de lo que dispone el artículo 49 de la Ley, y como natural consecuencia del mismo, decretarán, a instancia del interesado, el depósito del producto de las entradas para el pago de los atrasos que adeude una empresa por derechos de propiedad de obras, después de satisfechos los correspondientes a los propietarios de las obras que en cada noche se ejecuten.

Art. 105. El autor de una obra dramática o musical tiene derecho a exigir gratis dos asientos de primer orden cada vez que la obra se represente; pero no podrá reclamar más localidades, aunque la obra esté escrita en colaboración por dos o más autores. El día del estreno de su obra disfrutará además de un palco de primera clase con seis entradas o seis asientos de primer orden.

Art. 106. Todas las empresas llevarán un libro foliado y marcado en cada una de sus hojas con el sello del Gobierno Civil, o el de la Alcaldía donde no resida el Gobernador, que se titulará Libro de entradas, y en él harán constar el importe del abono y de lo que se recaude en cada noche de representación. Este libro podrá ser examinado por el propietario o su representante, siempre que lo estimen conveniente, cuando se ejecuten obras de su propiedad en los teatros en que se pague un tanto por ciento sobre el producto de entrada.

Art. 107. Cualquier inexactitud que se advierta en el libro de entradas que deben llevar las empresas, según el artículo anterior, en virtud de la cual se perjudique al propietario de obras literarias o musicales en el percibo de los derechos de representación de las mismas, se considerará como una circunstancia agravante de defraudación.

Art. 108. Será obligación de la empresa entregar todas las noches al propietario de una obra teatral o a su representante nota autorizada por el contador del teatro, en la que conste el total de la entrada que se haya recaudado, incluso el abono, quedando exceptuados de esta obligación aquellos teatros que pagan un tanto alzado por representación.

Art. 109. Los propietario de obras dramáticas o musicales o sus representantes podrán también intervenir diariamente las cuentas de billetes vendidos en la contaduría y en el despacho por medio de cuadernos talonarios, exceptuándose de esta obligación los teatros que paguen por el tanto alzado de representación.

Cuando los autores o propietarios lo crean necesario, podrán marcar los billetes con un sello especial para garantía de sus intereses.

Art. 110. En los teatros en que el derecho de representación consista en un tanto por ciento del producto de las entradas podrán las empresas regalar los billetes que consideren sobrantes, poniéndolo en conocimiento de los propietarios de las obras.

En tal caso no se contará el valor nominal de ellos para el efecto del pago de derechos.

Art. 111. Los derechos de los coautores son iguales, cualquiera que sea la parte que hayan tomado en el pensamiento fundamental y en el desarrollo y redacción de la obra, salvo acuerdo en contrario.

Los mismos derechos corresponden a los coautores de la música respecto a su composición.

Art. 112. A partir de la fecha de este Decreto, los autores o propietarios del libreto de una obra lírico-dramática, o los de un libreto o composición cualquiera puesta en música y ejecutada en público, tendrán derecho, salvo pacto en contrario, a la mitad de los beneficios o productos que obtuviesen los autores o propietarios de la parte musical de dicha obra, por las ediciones, impresiones o reproducciones, incluso aquellas que se realicen por medio de cualquier clase de aparatos mecánicos.

Será condición indispensable para aplicar este precepto que a la edición, impresión o reproducción vaya aneja la letra correspondiente.

Los contratos realizados por terceras personas por los autores o propietarios de la música no podrán perjudicar en ningún caso el derecho de los autores o propietarios de la letra que no fueran parte en el pacto, pudiendo éstos reclamar contra cualquiera de los otorgantes la mitad de los rendimientos que se obtengan o la mitad del precio del contrato. Igual derecho se otorga a los autores o propietarios de la música, respecto a los convenios que celebren en casos análogos los autores o propietarios de la letra.

La renuncia del autor o propietario de la letra o del de la música al percibo de sus derechos deberá constar expresamente en las hojas de inscripción de las obras en el Registro General de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Instrucción Pública, autorizada con la firma del renunciante.

Los propietarios de la letra o de la música podrán ejercitar separadamente la acción para reclamar sus derechos [30].

Art. 113. En las obras dramáticas o musicales que se ejecuten en público, la decoración y demás accesorios del material escénico no dan derecho a sus autores a ser considerados como colaboradores.

Art. 114. Los cafés y cafés-teatros, además de lo que previene la Ley de Propiedad Intelectual, están sujetos a las reglas de policía que se dicten para esta clase de establecimientos [31].

Art. 115. Están asimismo sujetos al pago de los derechos que los propietarios de las obras dramáticas o musicales o sus representantes fijen al concederles el permiso especial, que solicitarán previamente.

Art. 116. No podrán eximirse del pago de los derechos de representación de las obras aunque el precio de entrada esté comprendido en el consumo de los géneros que se expendan en el establecimiento.

Art. 117. Los liceos, casinos y sociedades de aficionados constituidos en cualquier forma en que medie contribución pecuniaria, o sea, el pago de una cantidad que periódicamente o de una vez entreguen para el sostenimiento de los mismos, quedan sujetos a las prescripciones anteriores.

Cuando las funciones de dichas sociedades se verifiquen en los teatros públicos, pagarán iguales derechos a los fijados para dichos teatros, y se atendrán a todas las demás prescripciones que rigen para los mismos.

Art. 118. Los editores o administradores de obras dramáticas y musicales o sus representantes son verdaderos apoderados de los propietarios de las obras cerca de las empresas teatrales y de las autoridades locales, bastándoles para acreditar su personalidad el nombramiento o declaración de los propietarios o administrador a quien representen.

Estos editores o administradores, como representantes de los propietarios, darán o negarán a las empresas el consentimiento para la representación de las obras. Harán conocer la tarifa de los derechos de representación de las mismas en cada teatro. Podrán pedir a la autoridad competente la suspensión o la garantía de que habla el artículo 49 de la Ley.

Corresponde a los mismos cuidar de que en los carteles se fije exactamente el título de las obras y los nombres de los autores; intervenir las entradas de todo género y los libros de contabilidad; percibir los derechos que corresponden a los propietarios de obras dramáticas o líricas, no sólo en los teatros públicos, sino también en los cafés, teatros, liceos, casinos y sociedades de aficionados constituidos en cualquier forma en que medie contribución pecuniaria.

Gozarán en los teatros o salas destinadas a espectáculos públicos de las mismas preeminencias, ventajas y derechos de los autores y propietarios donde éstos no residiesen; pero sólo tendrán derecho en cada teatro a un asiento de primer orden gratis, aunque se representen en una misma noche dos o más obras del repertorio que administran.

Exigirán, por último, el exacto cumplimiento de la Ley de Propiedad Intelectual y de los Reglamentos de teatros.

Art. 119. Los Gobernadores civiles, y donde éstos no residieren, los Alcaldes decidirán sobre todas las cuestiones que se susciten sobre la aplicación de este Reglamento entre las empresas de espectáculos públicos y los autores, actores, artistas y dependientes de los mismos, cuyos acuerdos serán ejecutados sin perjuicio de las reclamaciones ulteriores.

[1] Las referencias realizadas en el presente Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual deben entenderse hechas a los artículos correspondientes del texto refundido vigente de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de diciembre (§ 1).

[2] Sobre la vigencia del presente Reglamento véase la disposición transitoria 7.ª de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 1).

[3] Véase el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 1).

[4] Véanse los artículos 5 a 9 de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 1).

[5] Véase el artículo 129 de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 1).

[6] La referencia al artículo 26 de la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879, debe entenderse hecha al artículo 6.2 del Texto Refundido vigente (§ 1).

[7] El artículo 36 de la Ley de la Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879 establecía, en su primer párrafo:

«Para gozar de los beneficios de esta Ley es necesario haber inscrito el derecho en el Registro de la Propiedad Intelectual, con arreglo a lo establecido en los artículos anteriores.»

Téngase presente al respecto lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 1).

[8] Respecto al Registro General de la Propiedad Intelectual, véanse el Título II del Libro Tercero de la Ley de Propiedad Intelectual (§1), y el parágrafo 19 de esta obra.

[9] Véanse los artículos 42 a 57 de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 1).

[10] Artículos 61 y siguientes de este Reglamento.

[11] Téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 1).

[12] Los artículos 905 y 906 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal disponen:

«Art. 905. Las sentencias en que se declare haber o no lugar al recurso de casación se publicarán en la Colección Legislativa.

Art. 906. Si las sentencias de que se trata en el artículo anterior recayeren en causas seguidas por cualquiera de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual o contra el honor o concurriesen circunstancias especiales a juicio de la sala, se publicarán suprimiendo los nombres propios de las personas, los de los lugares y las circunstancias que puedan dar a conocer a los acusadores y a los acusados y a los Tribunales que hayan fallado el proceso.

Si estimare la sala que la publicación de la sentencia afecta al derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen de la víctima o bien a la seguridad pública, podrá ordenar en la propia sentencia que no se publique total o parcialmente.»

[13] Téngase en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 1).

[14] Véase el artículo 16 de este Reglamento. Téngase en cuenta el Decreto 751/1966, de 31 de marzo («BOE» núm. 80, de 4 de abril), por el que se reglamentan las características del pie de imprenta.

[15] La referencia al artículo 32 de la Ley (de 10 de enero de 1879) debe entenderse hoy hecha al artículo 22 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 1).

[16] Los artículos 22 a 27 que integraban este capítulo fueron derogados por Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre.

[17] Los artículos 28 a 40 que integraban este capítulo fueron derogados por Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre.

[18] Véase la disposición transitoria 4.ª de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 1).

[19] Este capítulo ha quedado sin contenido ya que, en la actualidad, después de la reforma operada en los artículos 199 a 306 del Código Civil por Ley 13/1983, de 24 de octubre («BOE» núm. 256, de 26 de octubre), la guarda y protección de menores e incapacitados se realiza a través de la tutela, de la curatela y del defensor judicial.

[20] Artículo redactado conforme al Real Decreto de 15 de junio de 1894 («Gaceta» de 16 de junio). Sobre depósito legal véanse la disposición adicional 1.ª de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 1) y el parágrafo 18.

[21] La Ley de 10 de junio de 1847, sobre propiedad literaria, fue derogada y sustituida por la Ley de Propiedad Intelectual de 1879. El citado artículo 28 disponía:

«El que haya comprado al autor la propiedad de una de sus obras gozará de ella durante el término fijado por la legislación hoy vigente. Al cumplirse este plazo volverá la propiedad al autor, que la disfrutará por el tiempo que falta para completar el que para cada clase de obras fija la presente Ley.»

[22] Véanse los artículos 38, 71 y 74 a 85 de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 1).

[23] La figura de los Gobernadores civiles desapareció con la Ley 6/1997, de 14 de abril («BOE» núm. 90, de 15 de abril), de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Sobre los Subdelegados del Gobierno, que sustituyen a aquéllos, véanse los artículos 29 y 30 de la mencionada Ley y el Real Decreto 617/1997, de 25 de abril («BOE» núm. 106, de 3 de mayo).

[24] Artículo redactado conforme al Real Decreto de 7 de octubre de 1919 («Gaceta» de 10 de octubre).

[25] Véanse los artículos 38, 71 y 74 a 85 de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 1).

El Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto («BOE» núm. 267, de 6 de noviembre; corrección de errores en «BOE» núm. 235, de 1 de octubre de 1983), modificado por los Reales Decretos 314/2006, de 17 de marzo («BOE» núm. 74, de 28 de marzo), y 393/2007, de 23 de marzo («BOE» núm. 72, de 24 de marzo), en su artículo 51, dispone:

«Las empresas vendrán obligadas a:

[.......]

e) Cumplir las obligaciones impuestas por la legislación de propiedad intelectual y cuantas obligaciones se les impongan en este Reglamento, en los Reglamentos especiales o en las licencias y autorizaciones concedidas en ejecución de los mismos.»

[26] Véanse los artículos 62 a 64 y 87.31, 32 y 33 del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de 27 de agosto de 1982 («BOE» núm. 235, de 1 de octubre).

[27] El Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 27 de agosto de 1982 dispone:

«Art. 71. 1. Sin perjuicio de lo que establezcan disposiciones especiales, podrán ser prohibidos los espectáculos o diversiones públicas que sean inconvenientes o peligrosas para la juventud y la infancia, que puedan ser constitutivos de delito o atenten gravemente contra el orden público o las buenas costumbres. También podrán ser prohibidos los espectáculos o actividades que impliquen o puedan implicar crueldad o maltrato para los animales.

2. La autoridad gubernativa o la municipal, inmediatamente que tenga conocimiento de que se proyecta celebrar o se está celebrando algún espectáculo o recreo público que pueda ser constitutivo de delito, lo comunicará, por conducto del Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial competente. De dicha comunicación se dará traslado simultáneo a los empresarios u organizadores del mismo.

Art. 72. 1. Independientemente de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo anterior, el Gobernador civil o, en su caso, la autoridad municipal, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de los carteles o programas, deberá prohibir los espectáculos, deportes o actividades recreativas:

a) Cuando el local, recinto o instalación en que pretenda celebrarse carezca de la licencia o autorización necesarias para ello o no reúna la aptitud exigible, teniendo en cuenta las características específicas del acto que se pretende realizar.

b) Cuando, con ocasión o como consecuencia de los actos, exista peligro cierto de que se puedan producir alteraciones graves del orden público.

c) Cuando su realización pueda causar daños a personas o cosas.

d) En los casos de epidemias, riesgo grave para la salud pública, catástrofes públicas o luto colectivo.

2. La resolución por la que se prohíba la celebración de espectáculos, actos deportivos o actividades recreativas deberá notificarse inmediatamente a los organizadores, y la autoridad gubernativa podrá hacer pública la prohibición siempre que lo juzgue conveniente.

Art. 73. Los espectáculos o recreos públicos que ya estén desarrollándose podrán ser suspendidos por el Gobernador civil, la autoridad municipal o sus respectivos delegados, en cualquiera de los supuestos determinados en el artículo anterior y, además, en los siguientes:

a) Cuando, durante la celebración de un espectáculo o actividad recreativa, se produzcan tumultos, desórdenes o violencia, sin posibilidad inmediata de restablecer el orden perturbado.

b) Cuando, por exceso de ocupación o por otras razones, el local o recinto deje de cumplir las condiciones de seguridad e higiene necesarias, produciéndose un riesgo grave para las personas o para las cosas.

c) Cuando el desarrollo del espectáculo o de la actividad suponga una clara transgresión, en perjuicio de la infancia y juventud, de la calificación por edad, otorgada por el Ministerio de Cultura.

d) En los casos en que proceda, con arreglo a la legislación de propiedad intelectual, con la finalidad y con los efectos prevenidos en la misma.»

[28] Redactado de acuerdo con el Real Decreto de 4 de agosto de 1888 («Gaceta» del 7 de agosto).

[29] Párrafo redactado conforme al Decreto de 21 de octubre de 1955 («BOE» núm. 319, de 15 de noviembre), que, además, en su parte dispositiva establece:

«Para que los actos y representaciones a que alude el párrafo anterior gocen de la exención a que el mismo se refiere será imprescindible la autorización escrita del Obispo de la Diócesis cuando dichos festejos sean organizados por centros y organizaciones de la Iglesia católica, o de la Jefatura Provincial correspondiente cuando se trate de actos o representaciones organizadas por entidades del Movimiento.»

[30] Artículo redactado conforme a lo dispuesto por Real Decreto de 4 de abril de 1913 («Gaceta» de 5 de abril).

[31] Artículo redactado conforme al Real Decreto de 6 de julio de 1894 («Gaceta» de 7 de julio).

§ 3 REAL DECRETO 1434/1992, DE 27 DE NOVIEMBRE, DE DESARROLLO DE LOS ARTÍCULOS 24, 25 Y 140 DE LA LEY 22/1987, DE 11 DE NOVIEMBRE, DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN LA VERSIÓN DADA A LOS MISMOS POR LA LEY 0/1992, DE 7 DE JULIO [1]

(«BOE» núm. 301, de 16 de diciembre de 1992; corrección de errores en «BOE» núm 13, de 15 de enero de 1993)

La Ley 20/1992, de 7 de julio, ha procedido a una nueva redacción de determinados artículos de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. La nueva normativa ha establecido una regulación que difiere en algunos aspectos de la anterior, en la medida que se crean figuras, procedimientos e instituciones jurídicas no contempladas anteriormente, lo que ha hecho ineludible que en la disposición final primera se autorice al Gobierno para dictar las normas de desarrollo reglamentario.

El presente Real Decreto se ajusta al principio de legalidad, pues se dicta no sólo en virtud de dicha habilitación legal genérica, sino también de las habilitaciones específicas contenidas en los nuevos preceptos legales.

El título preliminar del presente Real Decreto expone el contenido general de la norma.

El título primero desarrolla el nuevo artículo 24 de la Ley, relativo al derecho de participación en el precio de la reventa de los autores de obras plásticas y, eventualmente, de sus herederos, cuando aquélla se realice en pública subasta en establecimiento mercantil o con intervención de un comerciante o agente mercantil.

La anterior regulación parecía confiar el seguimiento de la circulación mercantil de la obra al fiel cumplimiento de sus obligaciones por los intermediarios mercantiles. La experiencia acumulada ha aconsejado objetivar al máximo las relaciones jurídicas entre el autor, entidades de gestión e intermediarios.

Por último, de acuerdo con lo previsto en la Ley 20/1992, se procede a la regulación del Fondo de Ayuda a las Bellas Artes, como órgano adscrito al Ministro de Cultura, cuya administración corresponde a una Comisión presidida por el Ministro de Cultura y de la que formarán parte, además de representantes de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, representantes de las entidades de gestión de derechos de autores de obras plásticas.

El título segundo, relativo a la remuneración por copia privada, regula aquellos aspectos en que la Ley 20/1992 habilita al Gobierno para proceder al desarrollo reglamentario del nuevo artículo 25.

Es objeto de regulación dentro de este título el procedimiento para la elaboración de un convenio entre acreedores y deudores, así como el necesario para el ejercicio de la potestad de mediación ejercida por el Ministerio de Cultura a través de un experto en la materia.

El nuevo artículo 140 de la Ley prevé que un porcentaje de la remuneración compensatoria por copia privada sea dedicado por partes iguales a la promoción de actividades y servicios de carácter asistencial, así como a las actividades de formación de autores y artistas intérpretes o ejecutantes. El título tercero del presente Real Decreto fija en un 20 por 100 el citado porcentaje.

La disposición transitoria única prevé el procedimiento para hacer efectivas las obligaciones por remuneración por copia privada desde el 1 de julio de 1989 a la entrada en vigor de la nueva Ley.

La disposición derogatoria única alude expresamente a los dos Reales Decretos que desarrollaban los artículos 24 y 25 de la Ley 22/1987, e incluye una cláusula general de derogación.

Por último, las disposiciones finales prevén: la posibilidad de impugnación de los actos separables de carácter administrativo ante la vía administrativa y, en su caso, contencioso-administrativa; la posibilidad de que la no toma en consideración de un acreedor o deudor por cualquier razón no le impida la interposición de las correspondientes acciones ante el órgano jurisdiccional competente y, por último, se habilita expresamente al Ministro de Cultura para dictar mediante Orden las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo del Real Decreto.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Cultura, oídos los sectores profesionales afectados, de acuerdo con el Consejo de Estado, con la aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de noviembre de 1992, dispongo:

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.–El presente Real Decreto tiene por objeto, en desarrollo de los artículos 24, 25 y 140 de la
Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, en la redacción dada a los mismos por la Ley 20/1992, de 7 de julio, la regulación:

a) [.......] [2].

b) De la obligación legal de remuneración compensatoria por copia privada.

c) Del porcentaje de remuneración compensatoria que las Entidades de gestión deberán dedicar a las actividades y servicios a que se refiere el artículo 140.1 [3], así como de su distribución.

TÍTULO PRIMERO

Derecho de participación del autor de obras de artes plásticas en el precio de reventa de las mismas

Arts. 2 a 8. [.......] [4]

TÍTULO II

Obligación legal de remuneración compensatoria por copia privada

CAPÍTULO PRIMERO

Determinación de la obligación

Art. 9. Supuesto de hecho de la obligación.

1. [.......] [5].

2. Quedan excluidas de este supuesto de hecho las reproducciones de programas de ordenador.

3. A los efectos del presente título se entenderán asimiladas a los libros las publicaciones de contenido cultural, científico o técnico, siempre y cuando:

a) Estén editadas en serie continua con un mismo título a intervalos regulares o irregulares, de forma que los ejemplares de la serie lleven una numeración consecutiva o estén fechados con periodicidad mínima mensual y máxima semestral.

b) Tengan menos de 48 páginas por ejemplar.

Art. 10. Supuestos no incluidos en la obligación.–1. A los efectos de lo dispuesto en el presente título, no tienen la consideración de reproducciones para uso privado del copista, en el sentido del apartado 2 del artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual [6]:

a) Las efectuadas en establecimientos dedicados a la realización de reproducciones para el público, que tengan a disposición del público los equipos, aparatos y materiales para su realización.

b) Las que sean objeto de utilización colectiva o de distribución mediante precio.

2. Para poder efectuar las reproducciones a que se refiere el número anterior, deberá obtenerse la previa autorización de los titulares de los derechos.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Propiedad Intelectual.

Arts. 11 y 12. [.......] [7].

Art. 13. Sujetos deudores de la remuneración.–Son deudores de la remuneración compensatoria:

a) Quienes fabriquen en España los equipos, aparatos o materiales objeto de la remuneración, con destino a su distribución comercial o utilización dentro del territorio español [8].

b) Quienes adquieran fuera del territorio español los equipos, aparatos o materiales objeto de la remuneración, con destino a su distribución comercial o utilización dentro de dicho territorio.

Quedan exceptuadas de esta obligación las personas naturales que adquieran fuera del territorio español los mencionados equipos, aparatos o materiales, en régimen de viajeros y en una cantidad tal que permita presumir razonablemente que los destinarán a su uso privado dentro de dicho territorio.

Art. 14. Representación de los intereses de los deudores.

[.......] [9].

Art. 15. Equipos, aparatos y materiales objeto de la remuneración.–1. A los efecto de la aplicación de la remuneración compensatoria se entenderá:

a) Por «equipos o aparatos»: el conjunto, interconectado y articulado de elementos físicos que permitan la reproducción.

b) Por «materiales»: los elementos físicos utilizables como soporte conjunto de la correspondiente reproducción.

2. Se expectúan de la obligación de remuneración compensatoria:

a) Los siguientes equipos o aparatos de grabación sonora:

1.º Aparatos de grabación sobre «microcassettes» destinados exclusivamente al dictado.

2.º Contestadores telefónicos.

3.º Aparatos de grabación destinados exclusivamente a aeronaves.

b) Los siguientes soportes para grabación exclusivamente sonora:

1.º Cintas magnéticas en bobina de 1/4 pulgada.

2.º «Microcassettes» para dictáfonos y contestadores automáticos.

3.º «Compact cassettes» de duración inferior a cuarenta y cinco minutos para utilización en ordenadores.

c) Los equipos o aparatos de grabación audiovisual:

1.º Que utilicen cintas de paso superior a 12,7 milímetros.

2.º Los que no tengan la posibilidad de grabar de otras fuentes de reproducción o grabación.

d) Los soportes utilizables para fijación de obras y de grabaciones audiovisuales que consisten en:

1.º Cintas de paso superior a 12,7 milímetros.

2.º Cintas para uso exclusivo en videocámaras formato VHS-C y 8 milímetros de duración igual o inferior a 90 minutos [10].

Arts. 16 a 19. [.......] [11].

CAPÍTULO II

Convenio sobre la remuneración compensatoria [12]

[.......]

CAPÍTULO III

Mediación sustitutiva del convenio

[.......] [13].

CAPÍTULO IV

Distribución de la remuneración compensatoria

Art. 36. Distribución por categorías de acreedores.–La distribución de la remuneración compensatoria deberá realizarse:

a) En la modalidad de fonogramas y demás soportes sonoros, el 50 por 100 para los autores, el 25 por 100 para los artistas intérpretes o ejecutantes y el 25 por 100 para los productores.

b) En la modalidad de videogramas y demás soportes visuales o audiovisuales, un tercio para los autores, un tercio para los artistas intérpretes o ejecutantes y un tercio para los productores.

c) En la modalidad de libros y publicaciones asimiladas, el 55 por 100 para los autores y el 45 por 100 para los editores.

Art. 37. Distribución entre entidades de gestión.

1. [.......] [14].

2. En cualquier caso, establecido el porcentaje de la retribución correspondiente a cada categoría de acreedores con base en las reglas del artículo anterior, su distribución deberá respetar los principios de equidad y proporcionalidad. A tal efecto se atribuirá a cada entidad de gestión una cantidad proporcional a la reproducción para uso privado de sus respectivos repertorios de obras, actuaciones y producciones en el año correspondiente.

Art. 38. Distribución entre los respectivos acreedores administrados por las entidades de gestión.–La distribución individual entre los respectivos acreedores administrados por las entidades de gestión corresponderá realizarla a dichas entidades que lo harán ajustándose a los criterios de equidad y de proporcionalidad a la utilización, establecidos en el artículo 139 de la Ley de Propiedad Intelectual [15].

TÍTULO III

Porcentaje de la remuneración compensatoria por reproducción para uso privado que las entidades de gestión deben dedicar a determinadas actividades y servicios

Art. 39. Realización de actividades de asistencia y fomento por parte de las entidades de gestión.–1. Las entidades de gestión, directamente o por medio de otras entidades, deberán:

a) Promover actividades o servicios de carácter asistencial en beneficio de sus socios.

b) Atender actividades de formación y promoción de autores y artistas intérpretes o ejecutantes.

2. Las entidades de gestión deberán dedicar a las dos modalidades de actividades a que se refiere el apartado anterior, por partes iguales, el 20 por 100 de la remuneración compensatoria a que se refiere el artículo 37.1 de este Real Decreto.

3. En el primer trimestre de cada año, las entidades de gestión presentarán en el Registro General del Ministerio de Cultura la información referida al ejercicio anterior que a continuación se relaciona:

a) Memoria pormenorizada de las actividades o servicios a que se refieren los apartados a) y b) del apartado 1 de este artículo.

b) Cantidades desglosadas que se hayan afectado a dichas actividades o servicios de acuerdo con lo preceptuado en el apartado 2 de este artículo.

c) Relación pormenorizada de beneficiarios.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Sobre la remuneración compensatoria.–En aplicación de lo establecido en el apartado 6 del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, en la redacción dada al mismo por la Ley 20/1992, de 7 de julio, y para los supuestos y según lo dispuesto en el apartado 1 de su disposición transitoria única, se estará a las normas contenidas en los artículos 32 a 35 de este Real Decreto.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, las menciones al convenio contenidas en los preceptos citados deberán entenderse referidas al acuerdo previsto en el apartado 1 de la disposición transitoria única de la citada Ley 20/1992. Igualmente las menciones al Secretario de la mesa deben entenderse referidas a la persona que haya desempeñado tales funciones en la negociación del acuerdo o, en su defecto, a las partes intervinientes en el mismo [16].

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–1. Quedan derogados en su integridad el Real Decreto 287/1989, de 21 de marzo, y el Real Decreto 395/1998, de 25 de abril.

2. Igualmente quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones, con rango de Real Decreto o inferior, que se opongan al presente Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Impugnabilidad de los actos separables.–Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35.6 de este Real Decreto, los actos separables dirigidos a la formación y expresión de la voluntad del Ministerio de Cultura y sujetos al derecho administrativo podrán ser impugnados en vía administrativa y, en su caso, contencioso-administrativa.

Segunda. Facultad de desarrollo.–Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley de Propiedad Intelectual, corresponderá al Ministro de Cultura dictar, mediante Orden, cuantas disposiciones sean necesarias par la aplicación y desarrollo de este Real Decreto.

Tercera. Entrada en vigor.–El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

[1] En la actualidad, artículos 24, 25 y 155 de la Ley de Propiedad Intelectual (§1). Téngase en cuenta que el artículo 24 ha sido derogado por la Ley 3/2008, de 23 de diciembre («BOE» núm. 310, de 25 de diciembre), y que el artículo 25 ha sido derogado en cuanto se oponga a la disposición adicional 10.ª del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre («BOE» núm. 315, de 31 de diciembre), de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Véase, en el parágrafo 1, el mencionado artículo 25 y su nota.

[2] Letra derogada por la Ley 3/2008, de 23 de diciembre («BOE» núm. 310, de 25 de diciembre).

[3] Actual artículo 145.1, conforme a la reforma introducida por la Ley 5/1998, de 6 de marzo («BOE» núm. 57, de 7 de marzo).

[4] Artículos derogados por la Ley 3/2008, de 23 de diciembre («BOE» núm. 310, de 25 de diciembre).

[5] Apartado expresamente derogado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (§ 1).

[6] La redacción vigente del artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual ha sido dada por la Ley 23/2006, de 7 de julio («BOE» núm. 162, de 8 de julio).

[7] Artículos expresamente derogados por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (§ 1).

[8] Téngase en cuenta que las ciudades de Ceuta y Melilla, por su condición de territorios-frontera gozan de un sistema especial establecido por el Real Decreto 1802/1995, de 3 de noviembre («BOE» núm. 293, de 8 de diciembre). Dicho Real Decreto dispone:

Artículo 1. Objeto del sistema especial.–1. El objeto del presente Real Decreto es establecer un sistema especial para determinar la remuneración compensatoria por copia privada correspondiente a los equipos, aparatos y materiales a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual que se distribuyen comercialmente en las ciudades de Ceuta y Melilla.

2. Dicho sistema únicamente será de aplicación cuando, por las especiales circunstancias que concurren en el comercio de los territorios señalados, el deudor no disponga de datos y documentación suficiente que le permita acogerse al régimen general de deducción que, en relación con los equipos, aparatos y materiales destinados fuera del territorio español, prevé el apartado 12 del mencionado artículo 25.

Art. 2. Particularidades del sistema especial.–1. En el supuesto previsto en el apartado 2 del artículo anterior y previa presentación por el deudor de la declaración-liquidación a que se refiere el apartado 12 del artículo 25 anteriormente citado, el montante de equipos, aparatos y materiales destinados fuera del territorio español, cuya salida del mismo no conste documentalmente, se fijará por acuerdo entre las partes formalizado mediante convenio individual o de grupo.

2. Al montante a que se refiere el apartado anterior le serán de aplicación las tarifas generales establecidas en el artículo 25.5 citado, con objeto de determinar el importe de la remuneración compensatoria por copia privada que, de acuerdo con la declaración-liquidación efectuada, corresponda satisfacer al deudor.

3. Serán partes del convenio, al que se refiere el apartado 1 de este artículo, la entidad o entidades de gestión o, en su caso, la representación o asociación gestora de los derechos de los acreedores y los deudores o sus representantes legales.

Art. 3. Sometimiento voluntario de las partes al arbitraje de las respectivas Cámaras.–1. Si las partes no alcanzasen un acuerdo sobre el montante citado, podrán solicitar la intervención mediadora de las respectivas Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta y Melilla.

2. Las citadas Cámaras determinarán, mediante arbitraje, el montante a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 de este Real Decreto, de acuerdo con la función de arbitraje mercantil que les atribuye el artículo 2.1.i) de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor.–El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

[9] Artículo expresamente derogado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (§ 1).

[10] Apartado 2 redactado conforme al Real Decreto 325/1994, de 25 de febrero («BOE» núm. 63, de 15 de marzo).

[11] Artículos expresamente derogados por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (§ 1).

[12] Capítulo expresamente derogado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (§ 1).

[13] Capítulo derogado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (§ 1).

[14] Apartado derogado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (§ 1).

[15] En la actualidad, artículo 154 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

[16] Esta disposición ha quedado sin contenido puesto que, por una parte, la disposición adicional 10.ª del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre («BOE» núm. 315, de 31 de diciembre), suprimió la compensación equitativa por copia privada, prevista en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y, por otra, los artículos 32 a 35 de este Real Decreto han sido derogados por la citada Ley.

§ 4 REAL DECRETO DE 24 DE JULIO DE 1889 POR EL QUE SE PUBLICA EL CÓDIGO CIVIL

(«BOE» núm. 206, de 28 de julio de 1889)

TÍTULO PRELIMINAR

De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia

[.......]

CAPÍTULO IV

Normas de derecho internacional privado

[.......]

Art. 10.4 Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte.

[.......]

LIBRO SEGUNDO

De los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones

[.......]

TÍTULO IV

De algunas propiedades especiales

[.......]

CAPÍTULO III

De la propiedad intelectual

Art. 428. El autor de una obra literaria, científica o artística tiene el derecho de explotarla y disponer de ella a su voluntad.

Art. 429. La Ley sobre Propiedad Intelectual determina las personas a quienes pertenece este derecho, la forma de su ejercicio y el tiempo de su duración. En casos no previstos ni resueltos por dicha Ley especial se aplicarán las reglas generales establecidas en este Código sobre la propiedad.

[.......]

§ 5 LEY DE 16 DE DICIEMBRE DE 1954, SOBRE HIPOTECA MOBILIARIA Y PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO DE POSESIÓN

(«BOE núm. 352, de 18 de diciembre de 1954)

[.......]

TÍTULO II

De la hipoteca mobiliaria

[.......]

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Art. 12. Únicamente podrán ser hipotecados:

1.º Los establecimientos mercantiles.

2.º Los automóviles y otros vehículos de motor, así como los tranvías y vagones de ferrocarril, de propiedad particular.

3.º Las aeronaves.

4.º La maquinaria industrial.

5.º La propiedad intelectual y la industrial.

No podrá hipotecarse el derecho real de hipoteca mobiliaria ni los bienes comprendidos en los artículos cincuenta y dos, cincuenta y tres y cincuenta y cuatro.

CAPÍTULO VI

De la hipoteca de propiedad intelectual e industrial [1]

Art. 45. Los derechos protegidos por las Leyes de Propiedad Intelectual e Industrial podrán ser hipotecados en la forma que se establece en los artículos siguientes.

Art. 46. La hipoteca del derecho principal comprenderá como accesorios, salvo pacto en contrario:

1.º La adaptación, refundición, traducción, reimpresión, nueva edición o adición de la obra hipotecada.

2.º La adición, modificación o perfeccionamiento de una misma patente, marca, modelo y demás derechos de propiedad industrial.

Art. 47. La escritura de hipoteca contendrá, además de las circunstancias generales, las siguientes:

1.ª Naturaleza, especie y demás características de los bienes que se hipotequen[2].

2.ª Fecha y número de inscripción, renovación, rehabilitación o prórroga en el Registro especial.

3.ª Licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas por su titular a terceras personas.

4.ª Justificación de hallarse al corriente en el pago del canon, si lo hubiere.

Art. 48. El titular no podrá renunciar a su derecho ni ceder su uso o explotación, total o parcial, sin consentimiento del acreedor.

Exceptúase el titular de una película cinematográfica, que podrá hacer cesión parcial de su derecho de explotación, limitada a determinadas regiones cinematográficas españolas, previa cancelación parcial del crédito hipotecario en la proporción fijada en la escritura de constitución, o en su defecto, a la señalada por la entidad oficial y organismos competentes[3].

La cesión hecha sin la previa cancelación parcial no perjudicará los derechos del acreedor y hará al cedente y cesionario responsables in sólidum hasta el importe de la indicada proporción.

Art. 49. El acreedor que en virtud de pacto adquiera la facultad de cobrar el importe de los derechos del titular en su totalidad o en una determinada proporción, imputará las sumas percibidas al pago de intereses, y en lo que excediese, a la amortización del capital. A estos fines, el citado pacto deberá notificarse auténticamente a la Sociedad de Autores.

Art. 50. El acreedor podrá obtener, si el titular del bien hipotecado no lo hiciere, la renovación, rehabilitación o prórrogas necesarias para el mantenimiento de los derechos hipotecados, así como también podrá abonar el importe del canon correspondiente, con los efectos del párrafo segundo del artículo 6.

Art. 51. El acreedor podrá dar por vencida la obligación hipotecaria antes del cumplimiento de su término:

1.º Por falta de pago del canon correspondiente.

2.º Por falta de explotación de la patente en un período superior a seis meses, o por falta de uso de las marcas durante cuatro años consecutivos, a no ser que se hubiere estipulado otra cosa.

TÍTULO IV

Registro de hipoteca mobiliaria y de prenda sin despla-
zamiento

[.......]

Art. 76. La hipoteca que se constituyere sobre automóviles u otros vehículos de motor, vagones, tranvías, propiedad intelectual, propiedad industrial, aeronaves y maquinaria industrial, será comunicada de oficio por los Registradores de la Propiedad o Mercantiles, una vez inscrita, a los jefes o encargados de los Registros especiales, quienes acusarán recibo y verificarán las anotaciones que correspondan.

La falta de toma de razón en los Registros especiales no alterará en ningún caso los efectos de la inscripción en el Libro de Hipoteca Mobiliaria[4].

[1]Véase el artículo 53 de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 1).

[2] El Reglamento de la presente Ley, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 («BOE» núm. 198, de 17 de julio), dispone:

«Art. 16. La descripción de los bienes y derechos hipotecados se hará en la siguiente forma:

[.......]

7.º Propiedad intelectual, clase de propiedad (literaria, musical, etc.); título o nombre con que sea conocida; fecha y número de la inscripción en el Registro especial.

[.......]

«Art. 22. La inscripción de hipoteca de propiedad intelectual o industrial contendrá, además de las generales, las circunstancias siguientes:

1.ª Justificación de haberse satisfecho el último canon si lo hubiere.

2.ª El pacto a que se refiere el artículo 49 de la Ley, si se hubiere estipulado, y la circunstancia de haberse notificado auténticamente a la Sociedad de Autores Españoles si el acta de notificación se acompañare con la escritura de hipoteca. Cuando la notificación se haga con posterioridad podrá hacerse constar por nota marginal.

[.......]»

[3]Véase el artículo 5 del Decreto 3837/1970, de 31 de diciembre, por el que se regula la hipoteca mobiliaria de películas cinematográficas (§ 13).

[4]El artículo 26 del Reglamento de la presente Ley establece:

«Practicada la inscripción de una hipoteca de automóviles u otros vehículos de motor, vagones, tranvías, maquinaria industrial, propiedad intelectual o industrial, el Registrador dirigirá oficio a los jefes o encargados de los respectivos Registros especiales comunicándoles la constitución de la hipoteca, con expresión de los nombres y apellidos del deudor y del acreedor, bien hipotecado, obligación asegurada y fecha y Notario autorizante de la escritura.

Análoga comunicación se dirigirá cuando se cancele la hipoteca.

El oficio de contestación de los citados Registros se archivará por el Registrador en legajos de los de su clase, por orden de fechas.»

LIBROS

§ 6 LEY 10/2007, DE 22 DE JUNIO, DE LA LECTURA, DEL LIBRO Y DE LAS BIBLIOTECAS

(«BOE» núm. 150, de 23 de junio; corrección de errores en «BOE» núm. 224, de 18 de septiembre)

PREÁMBULO

I

Se inicia el siglo xxi con una nueva concepción y definición de la lectura y del libro. Durante siglos, el libro ha mantenido un formato singular y único, del mismo modo que se definía a la lectura como el ejercicio lector realizado por los individuos sobre los contenidos del mismo. En la actualidad, se concibe la lectura como una herramienta básica para el desarrollo de la personalidad y también como instrumento para la socialización; es decir, como elemento esencial para la capacitación y la convivencia democrática, para desarrollarse en la «sociedad de la información». La ciudadanía, a través de numerosos medios y recursos, recibe abundancia de información; mas, en este contexto, es preciso disponer de la habilidad necesaria para transformar la información en conocimientos, y esta capacidad se logra gracias al hábito lector. Sólo de esta manera los ciudadanos pueden aspirar a participar y disfrutar en igualdad de las posibilidades que ofrece la «sociedad del conocimiento»: leer es elegir perspectivas desde las que situar nuestra mirada invitando a reflexionar, a pensar y a crear.

La presente Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas nace, pues, dentro del marco que avala la Constitución a favor de los principios que promueven la convivencia. Surge como medida que atiende la pluralidad de matices que encierra el concepto de «lectura» y como reconocimiento de la diversidad de formatos que ofrece el concepto de «libro». Dado que es necesaria una adecuación a la nueva realidad, es preciso redefinir algunos conceptos esenciales, y ampliar el campo semántico de los mismos y que se imponen necesariamente a la nueva realidad, objeto de esta Ley.

La lectura, como proceso de descodificación mediante el cual una persona comprende e interioriza el sentido de signos y logra obtener información y conocimiento, debe ser accesible a toda la sociedad; debe ser, por tanto, un derecho que permita acceder al conocimiento a toda la ciudadanía en condiciones de igualdad. La lectura enriquece y desarrolla la necesaria capacidad crítica de las personas; de ahí que tras el acto de la lectura, además de los valores cívicos que encierra, habite una adquisición de habilidades que dota a los individuos de recursos necesarios para su desarrollo como personas: la vida cotidiana debe estar condicionada por la capacidad lectora que contribuya al perfeccionamiento de los seres humanos.

Tanta densidad de riquezas exige aprendizaje y esfuerzo por parte de los individuos, de ahí que se pretenda que el disfrute de las mismas vaya tan lejos como la biografía completa de todo ciudadano.

La presente Ley aspira a recoger los valores insustituibles de la lectura y sus contextos, por lo tanto reconoce y promueve las acciones tendentes a propiciar su adquisición y a desarrollar hábitos lectores, desde todos los órdenes y administraciones, respetando las competencias de cada una de ellas, a fin de que se logre la mayor eficacia posible y la teleología deseable: una sociedad lectora.

Esta acción, pues, no posee fecha de caducidad, por lo tanto, –sea desde el sector público, tanto desde ámbitos culturales y educativos como desde políticas sociales, o sea desde el sector privado–, se trata de una tarea inexcusable que incumbe a todos. En los países de la Unión Europea se está prestando gran atención al fomento de la lectura, siendo nuestro modelo de referencia el de aquellos países que alcanzan los mejores índices entre la población potencialmente lectora. También en nuestro país la lectura, en los últimos años, ha adquirido un creciente protagonismo en cuanto a su función e importancia. La Administración General del Estado, las administraciones autonómicas y las entidades locales han impulsado, junto a la necesaria colaboración del sector del libro, numerosas iniciativas. Así, la inquietud por la lectura ha ido multiplicando su presencia en los medios de comunicación, foros y entidades de diferente signo y ha sido objeto de preocupación y debate en toda la sociedad, especialmente en el ámbito escolar. La lectura y su fomento se consideran una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura en el marco de la sociedad de la información, de ahí que diversos planes tienden a su fomento y subrayan el interés de la misma en la vida cotidiana de la sociedad, así como el papel fundamental que los medios de comunicación, en especial los de titularidad pública, deben tener en la promoción y el fomento del hábito lector y el libro.

Uno de los hitos más importantes de ese debate en torno a la lectura fue el producido a raíz de los resultados de diversos informes de organismos internacionales, unos datos que cuestionaban la comprensión lectora entre los escolares adolescentes españoles. Pero esos datos tuvieron un efecto positivo, pues contribuyeron a señalar la importancia de la lectura como instrumento transversal y determinante para el rendimiento escolar. Los resultados de los estudios recientes sobre bibliotecas escolares han contribuido a una concienciación sobre la necesidad de reforzar los hábitos lectores en la escuela, para lo cual se requieren recursos materiales y humanos y un planteamiento adecuado de las funciones que en la enseñanza pueden y deben cumplir este tipo de bibliotecas. Desde el ámbito normativo se ha dado un paso de extraordinaria relevancia: por primera vez, la Ley Orgánica de Educación, en su artículo 113, recoge la obligación de que en todo centro escolar público exista una biblioteca escolar, recordando que ésta debe contribuir a fomentar la lectura y a que el alumnado acceda a la información en todas las áreas del aprendizaje como dinámica imprescindible para participar en la sociedad del conocimiento. El acceso de los alumnos a la información debe contar con la garantía de unos textos adecuados en el contenido y en la forma, pero también en el uso correcto del lenguaje. Sólo si los modelos son ejemplares en su ortografía, expresión y gramática, nuestros escolares podrán adquirir las habilidades requeridas en la sociedad de la información: comprender y expresarse con claridad. Un texto cuidado es el mejor recurso para los docentes y sus alumnos.

Por otra parte, el fomento de la lectura es uno de los mejores apoyos para el futuro del sector del libro español, tanto en su vertiente cultural como industrial. El libro y el sector del libro se encontraban regulados por la Ley del Libro 9/1975, de 12 marzo, pero gran parte de sus preceptos ya fueron superados por la nueva realidad constitucional, tanto por la regulación de derechos y libertades como por el nuevo marco territorial constitucionalmente establecido. La Constitución Española de 1978, en su artículo 44, reconoce que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Ese artículo debe interpretarse junto con el artículo 149.2 al señalar que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial, y facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas, de acuerdo con ellas y respetando el marco competencial establecido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.

El apoyo de los poderes públicos al libro, como modelo de expresión cultural, se recoge explícitamente en esta Ley, pero también se reconoce la labor de sus diversos protagonistas. Por un lado, se valora la labor de los creadores, incluyendo entre éstos además de los escritores y autores, a los traductores, ilustradores y correctores en el ejercicio de su función, sin los cuales no existirían las obras que toman la forma de libro, y sin perjuicio de la protección que se regula en la legislación de propiedad intelectual; por otra parte, se recoge la promoción de la principal industria cultural de nuestro país, el sector del libro, con un especial reconocimiento a la labor de los libreros como agentes culturales. Asimismo, también se reconoce que ese apoyo de los poderes públicos al libro español debe tender hacia su expansión internacional, tradicionalmente orientada a Iberoamérica dados nuestros vínculos culturales y lingüísticos, aspirando a entrar en todos los mercados y áreas lingüísticas existentes. También se manifiesta la clara voluntad de proteger y promocionar la diversidad lingüística del Estado Español, atendiendo al reconocimiento de las diferentes lenguas oficiales.

La regulación sobre la comercialización del libro y publicaciones afines parte de la convicción de que se ofrece un producto que es más que una mera mercancía: se trata de un soporte físico que contiene la plasmación del pensamiento humano, la ciencia y la creación literaria, posibilitando ese acto trascendental y único para la especie humana, que es la lectura. La difusión de esas creaciones, su valor cultural y su pluralidad requieren una cierta garantía tanto en el control de calidad del texto como en su comercialización para que puedan ser accesibles al mayor número de potenciales lectores. Esos fines son los perseguidos por los sistemas de precio fijo o único de los libros, de este modo, se permite la coexistencia de ediciones de rápida rotación y otras de más larga rotación, ofreciendo las librerías no sólo lo novedoso sino un fondo bibliográfico que facilite el acceso igualitario y diverso a la cultura, tal y como exige el citado artículo 44 de nuestra Constitución.

Por todo ello, esta Ley apuesta por un sistema que en España se viene manteniendo históricamente, y que también es claramente mayoritario en la Unión Europea. En este ámbito europeo, las instituciones han reconocido de forma expresa la compatibilidad de las leyes nacionales del precio fijo con el Derecho comunitario, y el Parlamento Europeo aboga porque se dicte una propuesta legislativa comunitaria sobre el precio fijo. Asimismo, los países del espacio iberoamericano han reconocido y reforzado, por vía legislativa, los sistemas de precio fijo.

En esta Ley se ha pretendido reforzar ese principio general del precio fijo estableciéndose, con rango legal, las obligaciones específicas de los agentes del sector, e incluso la prohibición expresa del uso del libro como reclamo comercial para la venta de otros productos de naturaleza distinta. Sin embargo, el régimen de precios de los libros de texto que preveía el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, liberalizando el descuento para los libros de texto, se establece ahora como una exclusión del sistema de precio fijo. La experiencia adquirida aconseja el cambio de ese singular sistema de descuento libre hacia un sistema de precio libre, que es a la vez favorable para el ciudadano, al propiciar la capacidad de ahorro de las familias que se benefician de la liberalización de precios, y a la vez no perjudica al librero minorista puesto que, en última instancia, posibilita la protección de la red de librerías existente, salvaguardando el mantenimiento de una oferta cultural diversificada.

Por otra parte, la regulación legal aún vigente es ajena al rápido desarrollo tecnológico de las últimas décadas. El sector del libro y publicaciones afines en España actualmente presenta rasgos claros de madurez y salud, pero a la vez se enfrenta a los retos que le plantean las nuevas tecnologías y los cambios producidos por éstas y por otros factores, tanto en la dinámica propia del sector como en la del mercado. De ahí que una de las primeras consecuencias de esos vertiginosos cambios tecnológicos haya sido la necesidad de proporcionar una definición actualizada del libro, una de las metas que esta Ley se ha marcado.

Asimismo, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han influido de manera decisiva en la forma de prestar un servicio público fundamental, como son las bibliotecas. El progresivo desarrollo de los sistemas bibliotecarios en España y la evolución tecnológica de las propias bibliotecas aconsejaban redefinir el papel de la Administración General del Estado en esta materia, favoreciendo, por un lado, los cauces de cooperación en el impulso del Sistema Español de Bibliotecas y, por otro, facilitando la coordinación de las bibliotecas de titularidad estatal. Corresponde a la Administración General del Estado en cooperación con los correspondientes órganos de las comunidades autónomas, la responsabilidad de obtener el diagnóstico del conjunto, de modo que se pueda disponer de una visión global de todos los sistemas, redes, consorcios y bibliotecas dependientes de cualesquiera administraciones públicas o entidades privadas, de manera que los poderes públicos puedan, en cada momento, detectar carencias y desigualdades y actuar con el objetivo de subsanarlas utilizando los medios que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, exclusivamente en el marco de las competencias que corresponden al Estado.

De acuerdo con todo lo anterior, esta Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas constituye el régimen jurídico especial de las actividades relacionadas con el libro, en su doble dimensión de elemento cultural y de bien económico en el mercado, proporcionando también un marco común a las bibliotecas y al fomento de la lectura y atendiendo a todos los sectores, que se desarrollan desde la actividad creadora hasta el destinatario final, el lector, exclusivamente en el marco de las competencias que corresponden al Estado.

La Ley se divide en seis capítulos, el primero relativo a las disposiciones generales, el segundo a la promoción de la lectura, el tercero a la promoción de los autores y de la industria del libro, el cuarto al régimen jurídico del libro, el quinto consagrado a las bibliotecas, y el sexto al régimen sancionador.

II

El capítulo primero, denominado disposiciones generales, consta de dos artículos. El primero se refiere al objeto y ámbito de aplicación de esta norma: la promoción del libro, el fomento de la lectura y de las bibliotecas.

El artículo segundo establece, por seguridad jurídica, una serie de definiciones, como son las de libro, publicación seriada, editor, distribuidor, librero, consumidor final, biblioteca, biblioteca digital, impresor/productor y publicación periódica.

III

El capítulo segundo, promoción de la lectura, entiende la lectura como una herramienta básica para el aprendizaje continuo, y subraya el interés general de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad, así como reconoce también aportaciones estéticas del libro en sus contenidos gráficos y plásticos, para que sean promocionadas como valores culturales. Para ello, prevé planes de fomento de la lectura y actividades de promoción de la misma, la potenciación de los servicios y las dotaciones bibliográficas, la cooperación de las administraciones públicas con empresas, asociaciones y fundaciones en iniciativas de fomento de la lectura, la utilización de instrumentos de análisis y la evaluación de todas estas actividades.

IV

En el capítulo tercero, promoción de los autores y de la industria del libro y publicaciones afines, se recogen por un lado las campañas de promoción de los autores españoles, la existencia de un sistema de premios nacionales para los ámbitos literarios, científicos y técnicos, y por otro, los programas de apoyo a la industria del libro, la colaboración con el sector en el fomento de las tecnologías aplicadas a la gestión, el intercambio de información y la formación, así como la participación institucional en las ferias nacionales e internacionales relacionadas con el libro y, en particular, el fomento de la venta de derechos de autores de texto e ilustración, y el fomento de las empresas privadas en las mismas. Como órgano de apoyo la Ley prevé, en su disposición adicional segunda, la creación del Observatorio de la Lectura y del Libro.

V

El capítulo cuarto, régimen jurídico del libro, regula el precio fijo de los libros, recogiendo su régimen jurídico, sus exclusiones y excepciones. En cuanto a los libros de texto se excluyen del sistema de precio fijo, modificando el régimen establecido por el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio. También se incorporan las definiciones de la numeración internacional de libros y publicaciones seriadas.

VI

El capítulo quinto está dedicado a las bibliotecas. Incorpora los principios, valores y normas que gozan de mayor consenso entre los profesionales de las bibliotecas y las organizaciones internacionales relacionadas con las mismas. Igualmente, y debido al impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la actividad bibliotecaria, se prevé su utilización en los aspectos de dicha actividad en los que su uso se considera de especial importancia.

Por otro lado, se delimitan los intereses y fines que son propios de la Administración General del Estado en materia de bibliotecas. Asimismo, se mencionan los medios y se definen las estructuras fundamentales para la consecución de tales fines e intereses. Especial mención merece el Sistema Español de Bibliotecas, en el que priman las relaciones voluntarias de cooperación entre las distintas administraciones.

España posee un rico patrimonio que expresa tanto la variedad de sus manifestaciones culturales y lingüísticas como la confluencia de las mismas en la historia. Difundir en línea este patrimonio, a través de bibliotecas digitales, con el apoyo de las nuevas tecnologías, permitirá que los ciudadanos accedan con mayor facilidad al material cultural, contribuyendo de este modo a la sociedad del conocimiento. Por otro lado, este patrimonio digital podrá integrarse en la Biblioteca Digital Europea. Este proyecto se debe llevar a cabo a través de la cooperación entre las diferentes administraciones públicas y todo tipo de agentes y entidades privadas.

VII

El capítulo sexto, con objeto de dar garantía a lo contenido en esta Ley, regula las infracciones y sanciones en el ámbito del precio fijo y publicidad en la venta de libros, respetando las competencias autonómicas y enunciando básicamente los tipos de ilícitos que dan lugar a sanción.

En la elaboración y tramitación de esta Ley, han sido consultadas las comunidades autónomas y los sectores implicados, y se han recabado los dictámenes e informes preceptivos.

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito.–1. La presente Ley tiene por objeto definir el marco jurídico del libro, en atención a su carácter de producto cultural, desde su creación hasta su comercialización, difusión y conservación como parte del patrimonio bibliográfico español; de las publicaciones seriadas, del fomento de la lectura, de las bibliotecas y, en especial, de la cooperación bibliotecaria.

2. Esta Ley es de aplicación al libro, en cuanto a su edición y comercialización en cualquier tipo de soporte susceptible de lectura y a las publicaciones seriadas. Es también de aplicación al fomento de la lectura y del hábito lector y a las bibliotecas, de acuerdo con el marco competencial establecido en la Constitución y en los respectivos estatutos de autonomía.

3. En la presente Ley se entiende que toda referencia al libro y su comercialización, la lectura y las bibliotecas, tiene como objeto el libro en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales en las respectivas comunidades autónomas.

Art. 2. Definiciones.–A los efectos de esta Ley se entiende por:

a) Libro: obra científica, artística, literaria o de cualquier otra índole que constituye una publicación unitaria en uno o varios volúmenes y que puede aparecer impresa o en cualquier otro soporte susceptible de lectura.

Se entienden incluidos en la definición de libro, a los efectos de esta Ley, los libros electrónicos y los libros que se publiquen o se difundan por Internet o en otro soporte que pueda aparecer en el futuro, los materiales complementarios de carácter impreso, visual, audiovisual o sonoro que sean editados conjuntamente con el libro y que participen del carácter unitario del mismo, así como cualquier otra manifestación editorial.

b) Publicación seriada: toda obra científica, literaria o de cualquier índole que aparece o se comunica de forma continuada, editada en una sucesión de fascículos o partes separadas, que lleva normalmente una numeración y que no tiene una duración predeterminada.

c) Editor: persona natural o jurídica que, por cuenta propia, elige o concibe obras literarias, científicas y en general de cualquier temática y realiza o encarga los procesos industriales para su transformación en libro, cualquiera que sea su soporte, con la finalidad de su publicación y difusión o comunicación.

d) Distribuidor: persona natural o jurídica que realiza servicios comerciales y que sirve de enlace entre editores y libreros, para situar y reponer libros en su punto de venta y facilitar su difusión.

e) Librero: persona natural o jurídica que se dedica, exclusiva o principalmente, a la venta de libros al cliente final desde establecimientos mercantiles de libre acceso al público o por cualquier procedimiento de venta a distancia.

f) Consumidor final: persona natural o jurídica que, sin asumir obligaciones subsiguientes de compra o determinados pagos de cuota, adquiere los libros para su propio uso o los transmite a persona distinta sin que medie operación comercial o cualquier otra operación a título oneroso.

g) Biblioteca: sin perjuicio de lo previsto en el artículo 59.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y de la correspondiente legislación autonómica, se entiende por biblioteca la estructura organizativa que, mediante los procesos y servicios técnicamente apropiados, tiene como misión facilitar el acceso en igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía a documentos publicados o difundidos en cualquier soporte.

h) Bibliotecas digitales: son colecciones organizadas de contenidos digitales que se ponen a disposición del público. Pueden contener materiales digitalizados, tales como ejemplares digitales de libros u otro material documental procedente de bibliotecas, archivos y museos, o basarse en información producida directamente en formato digital.

i) Impresor/productor de libro: persona natural o jurídica que contando con las instalaciones y medios técnicos necesarios, se dedica, exclusiva o principalmente, a la realización e impresión de libros en papel o en cualquier otro soporte susceptible de lectura, así como de los materiales complementarios de carácter impreso, virtual, audiovisual o sonoro que se editen conjuntamente con el libro y que participen del carácter unitario del mismo.

j) Publicación periódica: toda publicación que aparece o se comunica de forma continuada con una periodicidad establecida, de carácter cultural o científico.

CAPÍTULO II

Promoción de la lectura

Art. 3. Promoción de la lectura.–1. El Gobierno aprobará y desarrollará planes de fomento de la lectura, que serán elaborados, evaluados y actualizados periódicamente por el Ministerio de Cultura y que irán acompañados de la dotación presupuestaria adecuada.

Estos planes garantizarán la continuidad en el tiempo de las políticas de promoción de la lectura para la consolidación de los hábitos lectores.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, el Gobierno garantizará la colaboración interministerial, singularmente entre las administraciones responsables de Cultura y Educación en las actividades de promoción de la lectura. Los planes propuestos por el Gobierno establecerán objetivos genéricos y serán consensuados con las comunidades autónomas. Asimismo promoverán la colaboración con las entidades locales y otras instituciones y entidades tanto públicas como privadas.

3. Las bibliotecas, muy especialmente las públicas, las escolares y las universitarias, desempeñan un papel insustituible en el desarrollo, mantenimiento y mejora de los hábitos de lectura, en la medida en que garantizan, en condiciones de igualdad de oportunidades, el acceso de todos los ciudadanos al pensamiento y la cultura. A tal efecto el Gobierno apoyará e incentivará la apertura de las bibliotecas escolares a la comunidad de ciudadanos de su entorno, y su incorporación a las nuevas tecnologías. Promoverá para ello acuerdos con las administraciones autonómicas y locales correspondientes.

Art 4. Planes de fomento de la lectura.–1. Los planes de fomento de la lectura considerarán la lectura como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura, en el marco de la sociedad de la información y subrayarán el interés general de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad, mediante el fomento del hábito lector. Los planes de fomento de la lectura tendrán especial consideración con la población infantil y juvenil y con los sectores más desfavorecidos socialmente, con especial atención a las personas con discapacidad, así como con el aprendizaje continuo de los ciudadanos de cualquier edad.

2. Los planes prestarán especial atención a la potenciación de los servicios y a las dotaciones bibliográficas de las bibliotecas con el objetivo de facilitar el acceso a la información y crear las condiciones favorables para la formación y el desarrollo de lectores.

3. Entre las acciones que los planes comprendan se incluirán, en cooperación con las demás administraciones públicas competentes, la creación y utilización de instrumentos de análisis para conocer la realidad de la lectura y la situación de las bibliotecas.

4. Los planes se nutrirán tanto de las aportaciones del Estado, como de las que resulten de acuerdos y convenios de cooperación con otras administraciones e instituciones públicas y privadas.

5. En el propio plan se incluirán las previsiones de medidas de evaluación y seguimiento que permitan valorar los logros alcanzados e introducir las mejoras oportunas.

6. El Gobierno promoverá el especial compromiso de los medios de comunicación, especialmente los medios públicos audiovisuales, con el fomento del hábito lector; promoverá este mismo compromiso con los medios de titularidad autonómica e incentivará la colaboración con los medios audiovisuales privados.

CAPÍTULO III

Promoción de los autores y de la industria del libro

Art. 5. Promoción de los autores.–1. El Ministerio de Cultura desarrollará, con la participación y colaboración de las comunidades autónomas, campañas de promoción de los autores que se expresen en castellano o en cualesquiera de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. Asimismo, deberá colaborar con las comunidades autónomas en las políticas de promoción literaria.

2. La Administración General del Estado mantendrá un sistema de premios a favor de los autores de los principales ámbitos de la actividad literaria, cultural, científica y técnica. Los poderes públicos podrán establecer otras medidas de apoyo a los autores.

3. En las campañas de promoción de los autores se dará especial importancia al reconocimiento de su labor creadora, y la de todos aquéllos que, con sus traducciones, han permitido el acceso a obras escritas en otras lenguas, así como al respeto y protección de sus derechos de propiedad intelectual.

Art. 6. El Ministerio de Cultura, en colaboración con instituciones culturales, promoverá la proyección internacional de las lenguas españolas, con especial atención al espacio iberoamericano del libro en español.

Desde el Ministerio de Cultura se prestará especial atención a las conmemoraciones de los autores españoles que se expresen en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas.

Art 7. Promoción de la industria editorial y del comercio del libro.–1. La Administración General del Estado y sus organismos públicos establecerán programas de apoyo a la industria y al comercio del libro para garantizar la pluralidad y diversidad cultural y facilitar el acceso a la lectura en consideración a los valores culturales que el libro representa y a su importancia industrial y económica. Estos programas tendrán en cuenta a las librerías no sólo como lugares de venta de libros, sino también en su calidad de agentes culturales.

2. La Administración General del Estado y sus organismos públicos colaborarán con las asociaciones de profesionales del sector del libro español en todas aquellas actividades relacionadas con el fomento del hábito lector y de la difusión del libro, en aquellas que propicien una mejor organización profesional y en el desarrollo de servicios que puedan repercutir en beneficio de los lectores o del comercio del libro, así como en el fomento de las tecnologías aplicadas a la gestión, los intercambios de información y la formación. Dicha actividad deberá realizarse en colaboración y cooperación con las comunidades autónomas cuando afecte a entidades o actividades que se realicen en su territorio.

Asimismo, las administraciones públicas en colaboración con la industria del libro promoverán la gestión sostenible de las producciones editoriales mediante promoción de sistemas de certificación que garanticen la procedencia forestal ambientalmente responsable.

3. La Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y sus organismos públicos contribuirán a la expansión internacional de la industria del libro español. En particular podrán participar en las principales ferias nacionales e internacionales relacionadas con el libro y fomentarán la asistencia de las empresas españolas del sector del libro a las mismas en el exterior y la apertura de nuevos mercados.

4. Para lo dispuesto en los apartados anteriores las administraciones públicas podrán articular fórmulas de colaboración y cooperación.

CAPÍTULO IV

Régimen jurídico del libro

Art. 8. Número internacional de libros y publicaciones seriadas.–1. El International Standard Book Number, número ISBN, es el número creado internacionalmente para dotar a cada libro de un código numérico que lo identifique, y que permite coordinar y normalizar la identificación de cualquier libro para localizarlo y facilitar su circulación en el mercado, estimulando la cooperación de los proveedores y usuarios de la información bibliográfica que constituye su objeto fundamental.

2. En aplicación de las recomendaciones y orientaciones internacionales aprobadas por la Agencia Internacional del ISBN, el Ministerio de Cultura es el órgano encargado de desarrollar el sistema del ISBN en nuestro país, de acuerdo con los requisitos que reglamentariamente se establezcan y sin perjuicio de las competencias que hayan sido asumidas por las comunidades autónomas [1].

3. El International Standard Serial Number, número ISSN, es el número internacional normalizado de publicaciones seriadas. En España su gestión corresponde a la Biblioteca Nacional sin perjuicio de las competencias que hayan asumido las comunidades autónomas [2].

4. Lo dispuesto en los apartados precedentes se entenderá, en todo caso, salvaguardando la competencia que en esta materia reserven a los gobiernos autonómicos sus respectivos Estatutos.

Art. 9. El precio fijo.–1. Toda persona que edita, importa o reimporta libros está obligada a establecer un precio fijo de venta al público o de transacción al consumidor final de los libros que se editen, importen o reimporten, todo ello con independencia del lugar en que se realice la venta o del procedimiento u operador económico a través del cual se efectúa la transacción.

Con el fin de garantizar una adecuada información el editor o importador quedará asimismo obligado a indicar en los libros por él editados o importados el precio fijo [3].

2. En el caso de importación, el precio será el fijado por el primer importador y deberá ser respetado por los posteriores, salvo en los supuestos previstos en el artículo siguiente.

3. El precio de venta al público podrá oscilar entre el 95 por 100 y el 100 por 100 del precio fijo.

4. Cuando el libro se ponga a disposición del público formando una unidad o conjuntamente con discos, bandas magnéticas, cassettes, películas, fotografías, diapositivas, microformas o cualquier otro elemento y constituya una oferta editorial el precio fijo se determinará para la totalidad de los elementos que integren dicha oferta.

5. El editor podrá establecer un precio fijo distinto para la venta de colecciones completas, inferior al resultante de la suma de cada uno de los títulos que componen dicha colección.

6. En los casos de venta a plazos o a crédito se podrán establecer precios diferentes de acuerdo con el respectivo sistema de venta.

7. El librero o cualquier otro operador económico, incluidos los mayoristas, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, cuando realice transacciones al detalle está obligado a respetar el precio fijado por el editor.

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, los establecimientos comerciales que se dediquen a la venta al por menor no podrán utilizar los libros como reclamo comercial para la venta de productos de naturaleza distinta.

Art. 10. Exclusiones al precio fijo.–1. No quedarán sometidos al régimen del precio fijo los siguientes supuestos:

a) Los libros de bibliófilo, entendiendo por tales los editados en número limitado para un público restringido, numerados correlativamente y de alta calidad formal.

b) Los libros artísticos, entendiendo por tales los editados total o parcialmente mediante métodos de artesanía para la reproducción de obras artísticas, los que incluyan ilustraciones ejecutadas en forma directa o manual o aquellos en los que se hayan utilizado encuadernaciones de artesanía.

c) Los libros antiguos o de ediciones agotadas.

d) Los libros usados.

e) Las suscripciones en fase de prepublicación.

f) Los ejemplares de las ediciones especiales destinadas a instituciones o entidades o a su distribución como elemento promocional, siempre que ostenten claramente dicha especificación. En el caso de su comercialización, tales ediciones sólo podrán ser objeto de venta a los miembros de las instituciones o entidades a las que van destinados y al precio fijado por el editor de aquellas. Las instituciones o entidades culturales de base asociativa que actúen como editores podrán fijar libremente un precio especial para los ejemplares destinados a sus miembros o asociados, debiendo figurar claramente esta especificación en dichos ejemplares. El resto de la edición quedará sometido al régimen general de precio fijo de venta al público que establece la presente Ley.

g) Los libros de texto y el material didáctico complementario editados principalmente para el desarrollo y aplicación de los currículos correspondientes a la Educación Primaria y a la Educación Secundaria Obligatoria. Entre los materiales didácticos a que se refiere este apartado quedan comprendidos tanto los materiales complementarios para uso del alumno como los de apoyo para el docente. Estos materiales podrán ser impresos o utilizar otro tipo de soporte. No tendrán el carácter de material didáctico complementario, a los efectos de lo dispuesto en el presente apartado, los que no desarrollen específicamente el currículo de una materia, aunque sirvan de complemento o ayuda didáctica, tales como diccionarios, atlas, libros de lecturas, medios audiovisuales o instrumental científico.

h) Los libros descatalogados. Se entiende que un libro ha sido descatalogado por el editor cuando no aparezca en su último catálogo o lo comunique por escrito a sus canales de distribución y venta y a la Agencia Española del ISBN o las Agencias autonómicas de ISBN correspondientes. La oferta y exposición de estos libros deberá realizarse separada y suficientemente indicada de la de los libros sujetos a precio fijo.

i) El librero o detallista podrá aplicar precios inferiores al de venta al público a los libros editados o importados transcurridos dos años desde la última edición siempre que hayan sido ofertados por los mismos durante un período mínimo de seis meses. La oferta y exposición de estos libros deberá realizarse separada y suficientemente indicada de la de los libros sujetos a precio fijo.

2. A efectos de lo dispuesto en las letras h) e i) del apartado anterior, el editor deberá dar cumplimiento, en su caso, a lo establecido en el artículo 67 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

Art. 11. Excepciones al precio fijo.–1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9 de esta Ley, podrán aplicarse precios inferiores al de venta al público en los siguientes casos:

a) En el Día del Libro y Ferias del Libro, Congresos o Exposiciones del Libro, siempre que así lo determinen sus entidades organizadoras, cuando éstas pertenezcan a los sectores de la edición y comercialización del libro, un descuento de hasta un máximo del 10 por ciento del precio fijo.

b) Cuando el consumidor final sean Bibliotecas, Archivos, Museos, Centros Escolares, Universidades o Instituciones o Centros cuyo fin fundacional sea científico o de investigación, un descuento de hasta el 15 por ciento del precio fijo.

c) Mediante acuerdo entre editores, distribuidores y libreros, podrá establecerse una oferta anual de precios para fondos específicos, periodos concretos y delimitados en el tiempo.

2. Lo dispuesto en este artículo respecto a los descuentos de los libros debe entenderse sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

CAPÍTULO V

Las bibliotecas

Art. 12. Misión, principios y valores de las bibliotecas–1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el acceso de los ciudadanos a las bibliotecas con la finalidad de promover la difusión del pensamiento y la cultura contribuyendo a la transformación de la información en conocimiento, y al desarrollo cultural y la investigación. Asimismo, las bibliotecas contribuirán a la promoción de las tecnologías de la información y las comunicaciones, procurarán de forma activa su mejor conocimiento y manejo y fomentarán su uso por parte de todos los ciudadanos.

2. Los principios y valores de las bibliotecas son:

a) La libertad intelectual, el acceso a la información y el respeto a los derechos de la propiedad intelectual;

b) La igualdad para que todos los usuarios accedan a los materiales, instalaciones y servicios de la biblioteca, sin discriminación por razón de origen, etnia, religión, ideología, género u orientación sexual, edad, discapacidad, recursos económicos o cualquier otra circunstancia personal o social;

c) La pluralidad, en virtud de la cual se deberá adquirir, preservar y hacer accesible la mayor variedad posible de documentos que reflejen la diversidad de la sociedad y su riqueza lingüística e iconográfica;

d) El respeto del derecho de cada usuario a la privacidad y la confidencialidad de la información que busca o recibe, así como de los recursos que consulta, toma en préstamo, adquiere o transmite, protegiendo sus datos personales en los términos establecidos por las leyes.

3. Lo previsto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto por las comunidades autónomas, en materia de bibliotecas y por lo dispuesto para las bibliotecas escolares por la legislación en materia educativa.

Art. 13. Bibliotecas públicas.–Sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas y de las entidades locales, la Administración General del Estado en relación con las bibliotecas de su titularidad y en sus relaciones en materia bibliotecaria con el resto de administraciones públicas, se regirá por los siguientes principios y criterios en todo lo relativo a las bibliotecas públicas:

1. Las bibliotecas públicas son el medio por el que los poderes públicos posibilitan el ejercicio efectivo del derecho de todos los ciudadanos para acceder a la información, la educación y la cultura en el contexto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

2. Se considerarán bibliotecas públicas aquellas bibliotecas que, sostenidas por organismos públicos o privados, se ofrecen abiertas a todos los ciudadanos, sin discriminación por ninguna circunstancia personal o social, a través de una colección de documentos publicados o difundidos de carácter general. Las comunidades autónomas regularán la forma en que hayan de ser reconocidas como tales las bibliotecas públicas de titularidad privada.

3. El servicio de biblioteca pública deberá poder ser utilizado por cualquier ciudadano independientemente de su lugar de origen o residencia y será atendido por personal especializado y con horario de servicio adecuado a las necesidades de los ciudadanos de acuerdo a lo previsto en la legislación de régimen local. Las comunidades autónomas regularán la forma en que se proveerá, con el concurso de las administraciones locales, la prestación de servicios de biblioteca pública.

4. Se consideran servicios básicos de toda biblioteca pública los siguientes:

a) Consulta en sala de las publicaciones que integren su fondo.

b) Préstamo individual y colectivo.

c) Información y orientación para el uso de la biblioteca y la satisfacción de las necesidades informativas de los ciudadanos.

d) Acceso a la información digital a través de Internet o las redes análogas que se pueden desarrollar, así como la formación para su mejor manejo.

5. Los ciudadanos accederán a los servicios básicos de las bibliotecas públicas de forma libre y gratuita.

Art. 14. El Sistema Español de Bibliotecas.–1. El Sistema Español de Bibliotecas previsto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, comprende el conjunto de órganos, centros y medios que, mediante relaciones de cooperación y coordinación, actúan conjuntamente con la finalidad de desarrollar los servicios bibliotecarios.

2. Forman parte del Sistema Español de Bibliotecas [4]:

a) El Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional [5] y el resto de las bibliotecas de titularidad estatal.

b) El Consejo de Cooperación Bibliotecaria.

c) Los sistemas bibliotecarios autonómicos, provinciales y locales, y de todo tipo de entidades privadas en función de las relaciones de cooperación basadas en el principio de voluntariedad que se establezca, y sin perjuicio de la aplicación de su respectiva normativa.

3. En el marco del Sistema Español de Bibliotecas, cada administración en el ámbito de sus competencias promoverá un desarrollo equilibrado, coherente, progresivo, innovador y constante del conjunto de bibliotecas, sistemas, redes y consorcios existentes en España y fomentará la igualdad en el acceso a un servicio público de biblioteca de calidad en el conjunto del Estado para que no se produzcan desigualdades entre los ciudadanos de sus distintas zonas o de los municipios con menor índice de población. Para la consecución de tales fines, el Ministerio de Cultura, en cooperación con las comunidades autónomas, desarrollará, entre otras, las siguientes funciones:

a) La creación, dotación y fomento de las bibliotecas, de acuerdo con la normativa vigente, previa consulta o, en su caso, previo acuerdo con la comunidad autónoma correspondiente.

b) La propuesta y el impulso de todo tipo de iniciativas y proyectos bibliotecarios.

c) La conservación y difusión del patrimonio bibliográfico siendo el responsable de la elaboración del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico.

d) La normalización y coordinación de la actuación de las bibliotecas y unidades relacionadas con ellas que sean de titularidad de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos. Reglamentariamente se establecerán los mecanismos de dicha normalización [6]. Además, las bibliotecas públicas del Estado gestionadas por las comunidades autónomas mantendrán vínculos de relación con el resto de las bibliotecas públicas del Estado en régimen de mutua cooperación.

e) La promoción de la formación permanente del personal de las bibliotecas con medios adecuados y suficientes y fomentar el intercambio de bibliotecarios mediante el desarrollo de programas nacionales e internacionales con la cooperación de las comunidades autónomas.

f) El impulso de la investigación científica y el desarrollo e innovación tecnológica dentro del ámbito bibliotecario así como la realización de proyectos de investigación en cooperación con otras instituciones científicas y culturales, en cooperación con las comunidades autónomas. Las bibliotecas podrán ser centros promotores de proyectos de investigación y los bibliotecarios podrán presentarse como personal investigador a convocatorias nacionales e internacionales.

4. El Ministerio de Cultura, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, y de acuerdo con las pautas y recomendaciones de la Unión Europea y de las organizaciones internacionales en la materia, promoverá la creación de bibliotecas digitales de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La accesibilidad en línea, como condición previa para optimizar los beneficios que pueden extraer de la información los ciudadanos, los investigadores y las empresas,

b) La digitalización de colecciones analógicas para ampliar su uso en la sociedad de la información y

c) La preservación y almacenamiento para garantizar que las generaciones futuras puedan acceder al material digital y evitar la pérdida de contenidos preciosos.

5. La participación del Ministerio de Cultura en los sistemas bibliotecarios autonómicos vendrá delimitada por lo establecido en los respectivos convenios o acuerdos que, a tal fin, se suscriban con las comunidades autónomas.

6. Las bibliotecas integradas en el Sistema Español de Bibliotecas deberán ser necesariamente accesibles para las personas con discapacidad. Las de nueva creación, lo serán desde su puesta en funcionamiento; las que ya existan, y que no reúnan los requisitos de accesibilidad, deberán acondicionarse con arreglo a las disposiciones y plazos establecidos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Art. 15. La cooperación bibliotecaria.–1. La cooperación bibliotecaria comprende los vínculos que, con carácter voluntario, se establecen entre las bibliotecas y sistemas bibliotecarios dependientes de las diferentes administraciones públicas y de todo tipo de entidades privadas para intercambiar información, ideas, servicios, conocimientos especializados y medios con la finalidad de optimizar los recursos y desarrollar los servicios bibliotecarios. La Administración General del Estado, en colaboración con el resto de las administraciones públicas y todo tipo de entidades privadas, promoverán e impulsarán la cooperación bibliotecaria mediante el establecimiento de planes específicos que se evaluarán y actualizarán periódicamente.

2. El Consejo de Cooperación Bibliotecaria es el órgano colegiado de composición interadministrativa que canalizará la cooperación bibliotecaria entre las administraciones públicas. Su composición, que se desarrollará reglamentariamente, en el plazo máximo de un año, se consensuará con las comunidades autónomas e incluirá, al menos, a representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales y del Consejo de Universidades. Asimismo, habrá una representación de las sociedades profesionales de bibliotecarios, con derecho a voz pero sin voto [7].

3. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a las demás administraciones públicas, el Ministerio de Cultura promoverá y fomentará la cooperación internacional garantizando la presencia española en organismos internacionales y a través de la participación en proyectos con los organismos responsables de las bibliotecas en cada país y con las propias bibliotecas, especialmente en el área europea e iberoamericana.

4. Corresponderá al Consejo de Cooperación Bibliotecaria, al menos, la elaboración de planes específicos para favorecer y promover el desarrollo y la mejora de las condiciones de las bibliotecas y sus servicios, que se evaluarán y actualizarán periódicamente. Entre otros objetivos, estos planes promoverán la prestación de servicios básicos, la incorporación de la diversidad lingüística del Estado español, la adopción de estándares e indicadores que faciliten un servicio público de calidad e impulsarán programas de formación permanente del personal de bibliotecas.

CAPÍTULO VI

Régimen sancionador

Art. 16. La potestad sancionadora.–La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá, en todo lo no previsto en ella, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Su ejercicio corresponderá a los órganos competentes de las comunidades autónomas que la tengan atribuida por razón de la materia.

Cuando se inicie un expediente sancionador por infracción grave, el órgano que lo haya ordenado dará traslado a los órganos competentes que correspondan en materia de contratación de las administraciones públicas y en materia de subvenciones otorgadas por éstas, por si los hechos pudieran, en su caso, ser constitutivos de prohibición o limitación en la facultad de contratar o de recibir subvenciones, de acuerdo con la normativa que le sea de aplicación.

Art. 17. Infracciones y sanciones en el ámbito del precio fijo y publicidad en la venta de libros y por discriminación por razón de discapacidad.–1. Se considerarán infracciones leves, sin perjuicio de lo que dispongan las comunidades autónomas, al menos, las siguientes:

a) La falta de indicación del precio de venta en cada ejemplar de una edición, correspondiente a un libro, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de esta Ley.

b) La oferta o la venta de un ejemplar de un libro al público a un precio distinto al fijado de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV de esta Ley.

c) La obstrucción de la función inspectora.

2. Se considerarán infracciones graves, sin perjuicio de lo que dispongan las comunidades autónomas, al menos, las siguientes:

a) La venta de más de un ejemplar de un libro al público a un precio distinto al fijado de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV de esta Ley

b) La utilización del libro como reclamo comercial para la venta de productos de naturaleza distinta en una campaña publicitaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.8.

c) La obstrucción grave de la función inspectora.

d) La discriminación, por razón de discapacidad, que impida tanto a los usuarios como a los propios profesionales de las bibliotecas acceder a los materiales, instalaciones y servicios de la biblioteca en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.

3. Por la comisión de las infracciones leves recogidas en este artículo, se impondrán, al menos, las siguientes sanciones:

a) Multa de 1.000 a 10.000 euros.

b) Las infracciones leves, en función de sus circunstancias, podrán llevar aparejada una amonestación privada.

4. Por la comisión de las infracciones graves recogidas en este artículo se impondrán, al menos, las siguientes sanciones:

a) Multa de 10.001 a 100.000 euros.

b) Las infracciones graves, en función de sus circunstancias, podrán llevar aparejada amonestación pública, con publicación en el Diario Oficial de la comunidad autónoma correspondiente y en dos periódicos de difusión autonómica, una vez que la resolución sancionadora tenga carácter firme, a costa del sancionado.

5. Las responsabilidades administrativas por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo se entenderán sin perjuicio de las acciones legales que puedan ejercitarse al amparo de la legislación específica de competencia desleal, para los supuestos de la obtención de las ventajas competitivas adquiridas mediante la infracción de una norma jurídica.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Depósito legal.–El depósito legal tiene por misión fundamental la preservación de la cultura, haciendo posible que cualquier persona pueda acceder al patrimonio cultural, intelectual y bibliográfico, así como coadyuvar a la protección de los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. La observancia de la obligación de constituir el depósito legal es una condición imprescindible para garantizar el derecho de acceso a la información de todos los ciudadanos, y deberá realizarse en los términos establecidos en la normativa que resulte de aplicación; por lo que el Gobierno, en el plazo máximo de un año, remitirá un proyecto de ley para adaptar la normativa vigente a la realidad del Estado de las Autonomías, a la aparición de nuevos soportes y a los cambios producidos en el sector editorial [8].

Segunda. El Observatorio de la Lectura y del Libro.–El Observatorio de la Lectura y del Libro, dependiente del Ministerio de Cultura, con el carácter de órgano colegiado, tendrá como objetivo el análisis permanente de la situación del libro, la lectura y las bibliotecas. Le corresponderá también promover la colaboración institucional, en especial con observatorios u órganos de similares funciones que existan en las administraciones autonómicas y locales, el asesoramiento, la elaboración de informes, estudios y propuestas de actuación en materia de lectura, del libro y de las bibliotecas. Su composición, competencias y funcionamiento se regularán reglamentariamente, asegurando la presencia en este órgano de todos los sectores comprometidos y afectados por esta Ley [9].

Tercera. Del acceso a la lectura, al libro y a las bibliotecas de las personas con discapacidad.–1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el acceso de las personas con discapacidad a la lectura, al libro, y a las bibliotecas, velando por un uso regular, normalizado y sin discriminaciones de este tipo de servicios, bienes y productos culturales.

2. Los planes de fomento de la lectura y los programas de apoyo a la industria del libro tendrán en cuenta las necesidades particulares de las personas con discapacidad, especialmente en la promoción, difusión y normalización de formatos y métodos accesibles, como los soportes en alfabeto braille, los soportes sonoros, los soportes digitales o los sistemas de lectura fácil.

3. A los fines establecidos en los apartados anteriores, el Ministerio de Cultura y las demás administraciones públicas suscribirán convenios de colaboración con las entidades de iniciativa social, sin ánimo de lucro, del sector de la discapacidad.

Cuarta. Publicaciones oficiales de la Administración General del Estado.–En el caso de los libros publicados por la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9 de esta Ley, será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 118/2001, de 9 de febrero, de ordenación de publicaciones oficiales y su normativa de desarrollo [10].

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Vigencia temporal de determinadas normas.
Mantendrán su vigencia, en tanto no se adopte la correspondiente normativa de desarrollo:

a) En lo relativo al depósito legal, la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 30 de octubre de 1971 y la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 20 de febrero de 1973 [11].

b) El Decreto 2984/1972, de 2 noviembre, por el que se establece la obligación de consignar en toda clase de libros y folletos el número ISBN [12].

c) La Orden de 25 marzo de 1987, por la que se regula la Agencia Española del ISBN (Sistema Internacional de Numeración de Libros) [13].

d) El Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas.

e) Los artículos 6 y 7 del Real Decreto 484/1990, de 30 de marzo, de Precio de venta al público de libros.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

a) La Ley 9/1975, de 12 de marzo, del Libro, salvo las secciones tercera y cuarta de su capítulo III [14].

b) El artículo 38 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.

c) El Real Decreto 484/1990, de 30 de marzo, de Precio de venta al público de libros, con la excepción de los artículos 6 y 7 que mantendrán su vigencia en tanto no se adopte la correspondiente normativa de desarrollo [15].

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificaciones de la Ley de Propiedad Intelectual [16].

Segunda. Habilitación competencial.–La presente Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.2 de la Constitución Española, que dispone que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial, y además por los siguientes títulos competenciales:

a) El artículo 8, que se dicta al amparo del artículo 149.1.10.ª,

b) Los artículos 9, 10, 11, 16 y 17, que se dictan al amparo del artículo 149.1.13.ª,

c) El artículo 13, que se dicta al amparo del artículo 149.1.28.ª, y

d) Las disposiciones adicional primera y final primera, que se dictan al amparo del artículo 149.1.9.ª de la Constitución Española.

Tercera. Desarrollo y habilitación normativa.–1. Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Ley.

2. Cuando razones técnicas o de oportunidad así lo aconsejen, mediante Real Decreto se podrán actualizar o modificar las excepciones al precio fijo previstas en el artículo 11.

Cuarta. Entrada en vigor.–La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

[1] En la actualidad, de conformidad con el Convenio de colaboración para el desarrollo en España del Sistema Internacional Standard Book, firmado por el Ministerio de Cultura, con la Comunidad Autónoma de Cataluña y la Federación de Gremios de Editores de España, y publicado por Resolución de 15 de julio de 2010, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura («BOE» núm. 187, de 3 de agosto), la gestión de la Agencia del ISBN en España, está encomendada a la Federación de Gremios de Editores de España. Véase, en el parágrafo siguiente, el Real Decreto 2063/2008, que desarrolla la presente Ley en lo relativo al ISBN.

[2] Téngase en cuenta que de conformidad con el Real Decreto 1638/2009, de 30 de octubre («BOE» núm. 271, de 10 de noviembre), que aprobó su Estatuto, la Biblioteca Nacional cambió su denominación por Biblioteca Nacional de España. En lo referente a la gestión del ISSN, su artículo 2, dispone:

«Corresponden a la Biblioteca Nacional de España los siguientes fines y funciones:

[.......]

i) Actuar como centro español de ISSN (Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas), sin perjuicio de las competencias que asuman en esta materia las Comunidades Autónomas.

[.......]»

Téngase también en cuenta el Real Decreto 1405/2007, de 29 de octubre («BOE» núm. 260, de 30 de octubre), sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Generalitat de Cataluña relativas a la asignación del ISBN (International Standard Book Number) y del ISSN (International Standard Serial Number).

[3] Ténganse en cuenta los artículos 6 y 7, únicos vigentes del Real Decreto 484/1990, de 30 de marzo («BOE» núm. 95, de 20 de abril; corrección de errores en «BOE» núm. 99, de 25 de abril), que dicen:

«Art. 6. Todo editor o importador quedará obligado e indicar en los libros por él editados o incorporando el precio fijo mediante impresión en cada libro, incorporación de etiquetas adhesivas, en forma de encarte o mediante la entrega de sus catálogos, listas de precios, o cualquier otro documento mercantil donde se especifique el precio fijo de venta al público.

La consignación del número ISBN según lo establecido por el Decreto 2984/1972, de 2 de noviembre, y la Orden de 25 de marzo de 1987, podrá también cumplimentarse mediante sistemas de identificación codificados.

Art. 7. A requerimiento del consumidor, el librero o detallista quedará obligado a mostrarle el catálogo o listas de precios, facturas o albaranes, o cualquier otro documento mercantil donde se especifique el precio fijo de venta al público.

El librero o cualquier otro detallista, será responsable de que figure la indicación del precio en los libros que oferte desde su establecimiento, de acuerdo con las disposiciones en vigor sobre la materia.

Asimismo, el librero o cualquier otro detallista estará obligado a que figure en lugar visible del establecimiento un extracto del contenido del presente Real Decreto en los términos y características que se desarrollen por Orden ministerial.»

[4] Véase el Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo («BOE» núm. 129, de 31 de mayo), por el que se aprueba el Reglamento de Bibliotecas públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas.

[5] Por Real Decreto 1638/2009, de 30 de octubre («BOE» núm. 271, de 10 de noviembre), se aprueba el Estatuto de la Biblioteca Nacional de España.

[6] Véase el Real Decreto 1572/2007, de 30 de noviembre («BOE» núm. 1, de 1 de enero de 2008; corrección de errores en «BOE» núm. 35, de 9 de febrero), por el que se regulan los órganos de coordinación de las bibliotecas de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, teniendo en cuenta que su artículo 7 ha sido derogado por el Real Decreto 776/2011, de 3 de junio («BOE» núm. 133, de 4 de junio). El mencionado Real Decreto establece lo siguiente:

«Artículo 1. Objeto y fines.-1. De conformidad con el artículo 14.3 d) de la Ley 10/2007, de 22 de junio, el objeto del presente real decreto es la creación y regulación de la Comisión General de Coordinación de Bibliotecas de la Administración General del Estado y la regulación de las comisiones ministeriales de coordinación de bibliotecas.

2. La finalidad de estos órganos es el establecimiento de los mecanismos necesarios para la normalización y coordinación de la actuación de las bibliotecas y unidades relacionadas con ellas, dependientes de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, con los siguientes objetivos:

a) Garantizar que los procesos y servicios desarrollados por las bibliotecas dependientes de la Administración General Estado y de sus organismos públicos sean técnicamente apropiados para facilitar el acceso a documentos publicados o difundidos por cualquier medio y recogidos en cualquier soporte, conforme a las pautas, recomendaciones, normas, estándares u otros documentos similares, emanados de los organismos nacionales e internacionales que les sean de aplicación.

b) Promover el establecimiento de un punto de consulta único que, mediante un catálogo colectivo o sistema equivalente accesible electrónicamente, permita la consulta conjunta de las colecciones de todas las bibliotecas de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos.

Art. 2. Ámbito de aplicación.–1. El ámbito de actuación de los órganos que se regulan en el artículo 1 es el de las bibliotecas dependientes de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. A estos efectos se considerará biblioteca cualquier estructura organizativa de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos que, mediante los recursos, procesos y servicios técnicamente apropiados, tiene como misión servir de instrumento de apoyo al estudio, análisis y fundamento de la toma de decisiones por parte de los órganos en que están encuadradas, así como facilitar el acceso de los ciudadanos en igualdad de oportunidades de los documentos publicados o difundidos por cualquier medio y recogidos en cualquier soporte, incluidas la bibliotecas digitales definidas en el artículo 2 h) de la Ley 10/2007.

2. Se excluyen del ámbito de aplicación del presente real decreto a las bibliotecas públicas del Estado definidas en el artículo 1.1 del Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas, aprobado por Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, cuya gestión esté transferida a la comunidad autónoma correspondiente.

3. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 6 de este real decreto, la Biblioteca Nacional se regirá por su propio Estatuto, aprobado por Real Decreto 1581/1991, de 31 de octubre.

Art. 3. Colecciones y accesibilidad a las bibliotecas.–1. Cada biblioteca definida en el artículo 2.1 de este real decreto asegurará la accesibilidad de su colección y será responsable del control bibliográfico de la misma, integrando en ella las publicaciones, cualquiera que sea su soporte, que ingresen en virtud de compra, donación, canje o cualquier otro título.

2. Cualquier ciudadano podrá solicitar la consulta de publicaciones conservadas en las bibliotecas dependientes de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. Las limitaciones a la consulta deberán motivarse por razones de uso, de proceso técnico o de conservación. A estos efectos, las bibliotecas potenciarán dicho acceso en igualdad de condiciones mediante el empleo de tecnologías de la información y la comunicación.

3. El servicio a los ciudadanos, en todo caso, se llevará a cabo, sin perjuicio de las funciones que, con carácter prioritario, tienen encomendadas estas unidades, en su calidad de servicios comunes establecidos en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, como herramientas de apoyo al buen funcionamiento y gestión de los órganos administrativos.

Art. 4. De la Comisión General de Coordinación de Bibliotecas de la Administración General del Estado y su composición.–1. La Comisión General de Coordinación de Bibliotecas de la Administración General del Estado se constituye como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Cultura a través de la Subsecretaría del Departamento, para el cumplimiento de las finalidades previstas en el artículo 1 de este Real Decreto.

2. La Comisión General de Coordinación de Bibliotecas de la Administración General del Estado estará compuesta por presidente, vicepresidente, vocales y secretario.

3. El Presidente de la Comisión será la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura, quien podrá delegar en el Vicepresidente.

4. El Vicepresidente será la persona titular de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

5. Serán Vocales de la Comisión:

a) Los presidentes de las comisiones ministeriales de coordinación de bibliotecas previstas en el artículo 7 o persona en quien se delegue.

b) El Director General de la Biblioteca Nacional o persona en quien delegue.

c) El Vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o persona en quien delegue.

d) Hasta un máximo de tres vocales, nombrados por la Comisión a propuesta de su Presidente, en representación de organismos e instituciones afectados por este real decreto, que por su entidad se estime necesaria su presencia en la Comisión por razones similares a las representaciones recogidas en los párrafos b) y c).

6. El Secretario será la persona titular de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, que actuará con voz pero sin voto.

7. Además de los miembros mencionados en el apartado anterior, podrán asistir a las sesiones de la Comisión, con voz pero sin voto, en calidad de asesores, aquellos expertos cuya asistencia sea aconsejable por razón de las materias a tratar, previa designación por el Presidente de la Comisión.

Art. 5. Funciones de la Comisión General de Coordinación de Bibliotecas de la Administración General del Estado.–La Comisión General de Coordinación de Bibliotecas de la Administración General del Estado realizará las siguientes funciones:

1. Aprobar instrucciones de servicio a los efectos de alcanzar las finalidades de normalización y disponibilidad enumeradas en las letras a) y b) del artículo 1.1.

2. El fomento y la promoción de la coordinación de las bibliotecas de titularidad de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y la difusión de la actividad de los órganos de coordinación previstos en el presente real decreto.

3. Establecer las líneas estratégicas de las que se deriven los objetivos de las bibliotecas dependientes de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos conforme a los principios establecidos en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, del Libro, Archivos y Bibliotecas.

4. Informar los programas de gestión de las bibliotecas de los diferentes departamentos ministeriales.

5. Confeccionar una memoria anual de actividades de coordinación de las bibliotecas de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos.

6. Aquellas otras funciones que se consideren necesarias para el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 1 de este real decreto.

Art. 6. Formas de funcionamiento de la Comisión General de Coordinación de Bibliotecas de la Administración General del Estado.–1. La Comisión General de Coordinación de Bibliotecas de la Administración General del Estado actuará en Pleno y en Comisión Permanente.

El Pleno lo conforman todos los miembros de la Comisión General y le corresponden las funciones previstas en el artículo 5 de este real decreto. Previa convocatoria de su Presidente, el Pleno se reunirá en sesión ordinaria al menos dos veces al año, y en sesión extraordinaria siempre que su Presidente, por iniciativa propia o a petición de un tercio de sus miembros, lo considere oportuno para el desarrollo de alguna de las funciones que tiene atribuidas. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente.

2. La Comisión Permanente, que ejercerá aquellas funciones que le encomiende el Pleno, estará presidida por el Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, y formarán parte de ella los vocales que determine el Pleno. Actuará como Secretario el del Pleno.

3. La Comisión Permanente ejercerá las funciones que le delegue el Pleno.

Art. 7. Comisiones ministeriales de coordinación de bibliotecas.–[.......]

Art. 8. De los grupos de trabajo.–En el seno de la Comisión General de Coordinación de Bibliotecas de la Administración General del Estado, así como en el de las Comisiones Ministeriales, podrán constituirse grupos de trabajo integrados por distintos miembros de la correspondiente comisión con objeto de proceder a los estudios o propuestas que la Comisión correspondiente les encomiende. A estos grupos de trabajo podrán ser invitados expertos en la materia objeto de estudio por los mismos.

Art. 9. De la secretaría permanente.–1. La secretaría permanente de la Comisión General de Coordinación de Bibliotecas recae en la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura.

2. Son funciones de la secretaría permanente:

a) El depósito y la custodia de los documentos que genere la actividad de coordinación de la Comisión General de Coordinación de Bibliotecas.

b) La elaboración de un directorio de todas las bibliotecas dependientes de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos.

c) La elaboración de un registro de los órganos de coordinación creados al amparo de este real decreto y de aquellos que hubieran sido creados anteriormente.

d) Cualquier otra que se le sea asignada por el Pleno de la Comisión General de Coordinación de Bibliotecas de la Administración General del Estado.

Art. 10. Régimen jurídico de los órganos colegiados.–En lo no previsto en el presente real decreto, el régimen jurídico y actuación de los órganos colegiados previstos en esta disposición se ajustará a lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. No incremento del gasto público.–El presente real decreto no supondrá incremento alguno del gasto público y sus previsiones serán atendidas con cargo a las dotaciones ordinarias incluidas en los Presupuestos Generales del Estado.

Segunda. Estructuras de coordinación bibliotecaria existentes.–Las estructuras de coordinación de bibliotecas existentes a nivel departamental a la entrada en vigor de esta norma se adaptarán a lo establecido en la misma.

Tercera. Constitución de la Comisión General.–La Comisión General de Coordinación de las Bibliotecas de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos se constituirá en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de este Real Decreto.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Régimen transitorio de adaptación de las bibliotecas.–Las bibliotecas de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos existentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto dispondrán de un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para la adecuación a las previsiones que contiene.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Título competencial.–Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.28 de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre las bibliotecas de titularidad estatal.

Segunda. Entrada en vigor.–El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.»

[7] Por Real Decreto 1573/2007, de 30 de noviembre («BOE» núm. 1, de 1 de enero de 2008), se aprueba el Reglamento del Consejo de Cooperación Bibliotecaria.

[8] Véase la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal (§ 18).

[9] Véase el Real Decreto 1574/2007, de 30 de noviembre («BOE» núm. 1, de 1 de enero de 2008), por el que se regula el Observatorio de la Lectura y del Libro.

[10] El citado Real Decreto publicado en «BOE» núm. 36, de 10 de febrero, dispone lo siguiente:

«Artículo 1. Plan General de Publicaciones.–1. El Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado está constituido por el conjunto de criterios y objetivos a que ha de ajustarse el proceso de elaboración, el contenido y la ejecución de los programas editoriales anuales de cada Ministerio.

2. El proyecto del Plan General será elaborado, de conformidad con las respectivas iniciativas departamentales, por la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales y elevado por el Ministro de la Presidencia al Consejo de Ministros para su aprobación durante el mes de enero del ejercicio correspondiente.

Cada una de las iniciativas ministeriales integrará, junto a las del propio Departamento, las de los organismos y entidades a que hace referencia el párrafo a) del apartado 3 de este artículo.

3. El Plan General contendrá, como mínimo, las siguientes previsiones:

a) Las prioridades editoriales para la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como aquellos otros organismos públicos que se determinen por los diferentes Departamentos ministeriales, con expresión de las áreas de actividad que se pretende potenciar a estos efectos.

b) El coste máximo del Plan General, distribuido por Ministerios, con indicación de los gastos e ingresos presupuestarios previstos.

c) Las directrices y criterios en materia de edición, distribución, comercialización y cualquier otra fase del proceso editorial.

Art. 2. Programa editorial.–1. El programa editorial anual que cada Ministerio elabore para la difusión de su actividad y cumplimiento de los objetivos derivados del ejercicio de sus competencias, de conformidad con los criterios y principios aprobados en el Plan General, contendrá, en todo caso, y de forma individualizada, la siguiente información:

a) Las publicaciones unitarias, periódicas, audiovisuales, cartográficas y electrónicas, así como otros tipos de publicaciones (folletos, carteles, etc.), clasificados de acuerdo con su finalidad y los criterios determinados por el Ministerio editor.

b) Datos sobre periodicidad, tirada y costes editoriales, con indicación del concepto presupuestario al que se aplica el gasto.

c) El carácter gratuito o no de la publicación, así como las previsiones de ingresos por venta de publicaciones.

d) El calendario editorial previsto.

2. La aprobación del programa editorial de cada Ministerio corresponde al titular del Departamento, a propuesta del Subsecretario del Ministerio, previo informe de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales y de la Comisión Asesora de Publicaciones de cada Ministerio.

El programa editorial será objeto de revisión, en su caso, en el segundo semestre, en condiciones análogas a las indicadas en el párrafo anterior.

Art. 3. Gestión presupuestaria ministerial.–La Secretaría General Técnica de cada Ministerio gestionará todas las actividades referidas a la edición y difusión de las publicaciones oficiales con cargo a un crédito presupuestario único, con la rúbrica de “Publicaciones”.

Art 4. Gestión presupuestaria en los organismos públicos.–1. Los organismos autónomos, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y los restantes organismos públicos a que hace referencia el artículo 1.3.a), que por razón de sus competencias tengan que elaborar y difundir publicaciones, incluirán en su presupuesto un concepto presupuestario único, bajo la rúbrica «Publicaciones». Sus ediciones formarán parte del programa del Ministerio al que están adscritos y quedarán sujetas a las disposiciones del presente Real Decreto.

2. Los organismos y entidades citados podrán editar, distribuir y comercializar las publicaciones propias integradas en el programa editorial del Departamento al que están adscritos.

Art. 5. Centros de publicaciones.–1. Los centros de publicaciones son las unidades de las Secretarías Generales Técnicas encargadas de ejecutar la actividad editorial y difusora del Departamento.

En cuanto tales, les corresponderá:

a) Elaborar el programa editorial sobre la base de las propuestas formuladas por los órganos superiores y directivos, y por los organismos públicos y entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social adscritos al Departamento, con expresión de las previsiones contenidas en el artículo 2.1 del presente Real Decreto.

b) Gestionar, en coordinación con los organismos y entidades con actividad editorial, la edición, distribución y venta, en su caso, de las publicaciones oficiales.

c) Cualquier otra actividad que, por su conexión con el proceso editorial, determine cada Departamento.

2. Tendrán nivel de Subdirección General los centros de publicaciones cuando, en razón de su importancia, así se determine en el Real Decreto que regule la estructura orgánica del respectivo Departamento ministerial.

Los centros de publicaciones que no tengan el nivel orgánico de Subdirección General se integrarán en la Secretaría General Técnica del Departamento, ejerciendo el Subdirector general del que dependa el centro de publicaciones las funciones de responsable del mismo a los efectos previstos en el presente Real Decreto.

Art. 6. Comisión Asesora de Publicaciones.–[.......]

Art. 7. Competencias de la Comisión Asesora de Publicaciones.–[.......]

Art. 8. Número de identificación de publicaciones oficiales.–Todas las publicaciones oficiales tendrán un número de identificación, que será asignado por la Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales, en la forma que se determine por Orden del Ministro de la Presidencia.

Art. 9. Requisitos para la realización de las publicaciones oficiales.–Las propuestas de autorización de gasto para la realización de las publicaciones oficiales irán acompañadas del número de identificación y de la certificación de la Secretaría de la Comisión Asesora del Departamento, acreditativa de su inclusión en el programa editorial del mismo. Sin el cumplimiento de estos requisitos no podrá aprobarse el gasto correspondiente.

Las publicaciones oficiales deben cumplir, además, la normativa vigente en materia de ISBN y depósito legal, así como lo dispuesto en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado.

Art. 10. Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales.–La Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales es el órgano colegiado, de carácter interministerial, adscrito a la Subsecretaría de la Presidencia, competente en esta materia.

La Junta actuará en Pleno y en Comisiones Especiales.

Art. 11. Composición del Pleno de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales.–1. La composición del Pleno de la Junta es la siguiente:

a) Presidente: La Subsecretaria de la Presidencia.

b) Vicepresidente: El Secretario general técnico del Ministerio de la Presidencia.

c) Vocales: Los Secretarios generales técnicos de los restantes Departamentos ministeriales, un representante con rango, al menos, de Director general de la estructura de apoyo al Ministro Portavoz del Gobierno, el Director general del Instituto Geográfico Nacional, el Director general del “Boletín Oficial del Estado” y el Director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

d) Secretario: El Subdirector general de Publicaciones, Documentación y Archivo del Ministerio de la Presidencia.

2. Cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo requiera, el Presidente podrá convocar a las reuniones del Pleno de la Junta a otros representantes de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, así como a las personas que se considere conveniente en razón de su vinculación con el sector editorial o su experiencia y conocimientos en esta materia.

La comparecencia de estas personas será exclusivamente a título informativo, en relación con los asuntos establecidos en el orden del día de la convocatoria.

Art. 12. Competencias de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales.–Corresponde a la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales:

a) Informar los proyectos de normas generales que afecten a las publicaciones oficiales.

b) Elaborar el proyecto de Plan General, para su elevación al Consejo de Ministros por el Ministro de la Presidencia.

c) Informar y coordinar los programas editoriales departamentales, así como su revisión semestral, cuidando tanto de que las publicaciones propuestas reúnan las condiciones necesarias para su edición como de que se adecuen a los fines de la Administración, en general, y del Departamento proponente, en particular, dentro de las previsiones del Plan General.

d) Proponer criterios generales en materia de gestión editorial, distribución y comercialización, así como sobre cualquier otra fase del proceso editorial.

e) Informar la Memoria anual de publicaciones oficiales, que analizará y evaluará los resultados obtenidos por la actividad editora y difusora de la Administración en relación con las previsiones contenidas en el Plan General.

Art. 13. Comisiones especiales de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales.–La Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales podrá constituir las Comisiones Especiales que considere necesario, con las funciones que, dentro del marco del presente Real Decreto, se determinen en el acuerdo de constitución.

Art. 14. Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales.–La Subdirección General de Publicaciones, Documentación y Archivo del Ministerio de la Presidencia ejercerá las funciones de centro de publicaciones departamental y, asimismo, la Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales y de sus Comisiones Especiales.

Art. 15. Competencias de la Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales.–La Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales ejercerá las siguientes competencias:

a) Prestar asistencia técnica al Pleno y a las Comisiones y, en especial, preparar los informes a que se refiere el artículo 12 del presente Real Decreto.

b) Elaborar el catálogo general de publicaciones oficiales y proporcionar la información que corresponda sobre el mismo.

c) Tramitar la asignación del número de identificación de las publicaciones oficiales.

d) Actuar como Secretario de actas del Pleno y de las Comisiones Especiales.

e) Ejecutar los acuerdos del Pleno y de las Comisiones Especiales.

f) Preparar, de conformidad con las iniciativas departamentales, el proyecto del Plan General para su elaboración definitiva por la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales.

g) Elaborar la Memoria anual de publicaciones oficiales para su remisión a la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales.

Art. 16. Régimen de funcionamiento.–Además de por lo previsto en el presente Real Decreto, la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales y las Comisiones Asesoras de Publicaciones se regirán, en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto sobre órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIONES ADICIONALes

Primera. Elaboración del programa editorial.–El programa editorial anual será elaborado por cada Ministerio con la anticipación necesaria, sin perjuicio de su posterior adecuación a las prioridades, criterios, principios y objetivos que establezca para el correspondiente ejercicio el Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado, una vez aprobado por el Consejo de Ministros.

Segunda. Procedimiento excepcional de inclusión de publicaciones en los programas editoriales.–Por razones de necesidad y urgencia, los titulares de los Departamentos ministeriales podrán acordar la inclusión de publicaciones en los programas editoriales, sin sujeción a los trámites previstos en el presente Real Decreto, previa petición razonada del órgano, organismo o entidad proponente, al Presidente de la Comisión Asesora de Publicaciones ministerial. De estas inclusiones se informará a la Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–Queda derogado el Real Decreto 379/1993, de 12 de marzo, de ordenación de publicaciones oficiales, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor.–El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.»

[11] Derogadas ambas por la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal (§ 18).

[12] Véase el parágrafo 8.

[13] Derogada por el Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre (§ 7).

[14] Las Secciones citadas, únicas vigentes de la Ley 7/1975, establecen lo siguiente:

«CAPÍTULO III

Contratos editoriales

[.......]

Sección 3.ª Los contratos entre editores

Art. 27. Contratos de coedición.–Uno. Son contratos de coedición los que se conciertan entre varios editores, o entre editores españoles y extranjeros, para crear, editar, producir o vender una o varias obras.

Dos. Se consideran incluidos en el concepto anterior los contratos de coedición de obra terminada, de creación de obra y de coedición plena.

Art. 28. Contrato de coedición de obra terminada.–Es aquel por el cual uno o varios editores transmiten, mediante precio, una obra de su propia creación o producción a otro u otros editores del mismo o diferente país para su comercialización. En el contrato se determinará la lengua en que se imprimirá la obra objeto del mismo y se señalará cuál de las partes se responsabiliza de la traducción, en su caso.

Art. 29. Contrato de coedición de creación de obra.–El contrato de coedición de creación de obra es aquel por el cual varios editores se conciertan para crear conjuntamente una obra, asumiendo cada uno de ellos distintas facetas de la misma, con el fin de explotar posteriormente la obra objeto del contrato por todos o alguno de ellos.

Art. 30. Contrato de coedición plena.–El contrato de coedición plena es aquel por el que se conciertan varios editores para publicar simultáneamente, por lo general en diferentes países o lenguas, una obra realizada por uno o varios de ellos.

Sección 4.ª Otros contratos editoriales

Art. 31. Contrato de distribución editorial.–Mediante el contrato de distribución editorial el distribuidor se encarga de la venta al por mayor y administración de una obra ya editada, abonando por ello el editor un precio de antemano convenido.

Art. 32. Contrato de impresión editorial.–Por el contrato de impresión editorial una empresa gráfica se compromete a componer, reproducir, imprimir o encuadernar una obra científica, literaria o artística susceptible de ello, a cambio de un precio que deberá abonar el editor.»

[15] Los citados artículos se hallan reproducidos en nota al artículo 9 de la presente Ley.

[16] Véanse dichas modificaciones en el parágrafo 1.

§ 7 REAL DECRETO 2063/2008, DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 10/2007, DE 22 DE JUNIO, DE LA LECTURA, DEL LIBRO Y DE LAS BIBLIOTECAS EN LO RELATIVO AL ISBN

(«BOE» núm. 10, de 12 de enero)

El International Standard Book Number o ISBN, es un número creado para dotar a cada libro, entendido como título monográfico, de un código numérico que lo identifique. Este sistema, utilizado para la práctica totalidad de las ediciones de libros, se ha convertido en un instrumento de identificación para cualquier libro, que permite el uso de herramientas informáticas para su localización y que facilita, por tanto, su circulación en el mercado editorial. El ISBN además de un código numérico adscrito a cada libro es un instrumento de localización y difusión del mismo como soporte cultural.

El sistema internacional de numeración de libros es un mecanismo de identificación normalizado, cuyas reglas son elaboradas por la Agencia Internacional del ISBN, que es la entidad de naturaleza jurídico-privada responsable de la aplicación mundial del International Standard Book Number, Estándar ISO 2108, y que se conforma como una Sociedad limitada de garantía sin ánimo de lucro, con domicilio en el Reino Unido.

Estas reglas están recogidas tanto en los contratos de ISBN, que la Agencia Internacional suscribe con cada una de las Agencias Locales (denominadas como Agencias nacionales o Agencias de registro), ámbito donde se recogen las obligaciones de éstas y se las habilita para prestar este servicio, como en los manuales de usuario del ISBN, que periódicamente edita la Agencia Internacional, donde se fijan «las disposiciones generales del texto de la norma ISO 2108 vigente en forma de directrices concretas».

En nuestro ordenamiento jurídico, la gestión del ISBN, desde el inicio de su implantación, ha sido ejercida por las administraciones públicas, correspondiendo en la actualidad a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.

El artículo 8 de la nueva Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, dictado con base en los artículos 149.1.10.ª y 149.2 de la Constitución, define el número ISBN y encomienda al Ministerio de Cultura el desarrollo del sistema ISBN. Esta responsabilidad deviene de la aplicación de las recomendaciones internacionales aprobadas por la Agencia Internacional del ISBN y de acuerdo con los requisitos que reglamentariamente se establezcan. Todo ello salvaguardando la competencia que en esta materia reserven a los gobiernos autonómicos sus respectivos estatutos, tal y como se dispone expresamente en el apartado cuarto del artículo 8 de la ley.

Este real decreto, pues, desarrolla las previsiones de dicha Ley, trasladando a nuestro ordenamiento jurídico la normativa internacional, tal y como se refleja en la norma UNE-ISO 2108. Al mismo tiempo sustituye y deroga las previsiones sobre el ISBN contenidas en el Decreto 2984/1972, de 2 de noviembre, por el que se establece la obligación de consignar en toda clase de libros y folletos el número ISBN y en la Orden de 25 de marzo de 1987 por la que se regula la Agencia Española del ISBN, normativa aprobada hace décadas y que se encuentra desactualizada. Esta necesaria puesta al día es demandada no sólo por las últimas recomendaciones emanadas de la Agencia Internacional, sino también por el nuevo concepto de libro que se recoge en la Ley 10/2007. Por otra parte, la presente norma se adecua a las competencias asumidas en la materia por las comunidades autónomas.

El real decreto, además de trasladar a sus anexos las instrucciones de la Agencia Internacional y de la norma UNE-ISO 2108, habilita al Ministro de Cultura para actualizar los mismos si así lo requiere la evolución de la normativa internacional.

Por otra parte, la disposición adicional única recoge la posibilidad de que el sector editorial participe en la gestión del sistema del ISBN mediante los oportunos mecanismos de colaboración, teniendo en cuenta que, según los contratos internacionales de ISBN los editores son, junto con la Agencia Internacional y las Agencias locales o de registro, uno de los tres niveles que participan en la implantación del sistema internacional.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Cultura, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de diciembre de 2008, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.–1. El presente real decreto tiene por objeto el desarrollo del sistema del ISBN en nuestro país, teniendo en cuenta las recomendaciones y orientaciones internacionales aprobadas por la Agencia Internacional del ISBN.

2. El International Standard Book Number, número ISBN, es el número creado internacionalmente para dotar a cada libro de un código numérico que lo identifique, y que permita coordinar y normalizar la identificación de cualquier libro para localizarlo y facilitar su circulación en el mercado.

3. De acuerdo con las recomendaciones y orientaciones internacionales, deben incorporar ISBN aquellas publicaciones que se recogen en el anexo I de este real decreto; asimismo en el citado anexo figuran las publicaciones exentas.

Art. 2. Funciones relativas a la gestión del ISBN. 1. Corresponde al Ministerio de Cultura la gestión del ISBN, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas [1].

2. Son funciones de gestión del ISBN las siguientes:

a) La administración del cupo de prefijos ISBN otorgado por la Agencia Internacional del ISBN.

b) La asignación de un ISBN o un prefijo editorial del ISBN al registrador de la publicación monográfica correspondiente o a la editorial, así como la preasignación de un ISBN de prefijo editorial colectivo al autor-editor o editor no profesional.

c) La recepción, comprobación y validación de las solicitudes de los números ISBN por empresas editoriales, sin perjuicio de las funciones de gestión del ISBN que han sido o que pueden ser asumidas por las comunidades autónomas.

d) La catalogación de los documentos a partir de las solicitudes de ISBN, sin perjuicio de las funciones de gestión del ISBN que han sido o puedan ser asumidas por las comunidades autónomas.

e) El diseño y control de los formularios del ISBN, sin perjuicio de las funciones de gestión del ISBN que han sido o puedan ser asumidas por las comunidades autónomas.

f) La elaboración y el mantenimiento de estadísticas sobre las operaciones relativas al ISBN que se lleven a cabo, así como la presentación de los correspondientes informes a la Agencia Internacional del ISBN.

g) El mantenimiento de las bases de datos del ISBN.

h) La puesta a disposición de los usuarios de un sistema de consultas que permita la difusión y comercialización de los libros editados en España y una más adecuada prestación de servicios a los diversos agentes del sector del libro.

i) La información y el asesoramiento a los editores e interesados en el uso del sistema ISBN, sin perjuicio de las funciones de gestión del ISBN que han sido o puedan ser asumidas por las comunidades autónomas.

j) Cualquier otra función necesaria para el adecuado desarrollo de la gestión del ISBN.

Art. 3. Relación con la Agencia internacional del ISBN.–El Ministerio de Cultura mantendrá relaciones de coordinación e interlocución con la Agencia Internacional del ISBN, a fin de coordinar la aplicación del sistema de numeración de libros ISBN.

Art. 4. Estructura e indicación del ISBN.–1. El código ISBN tiene la estructura que marquen las orientaciones y recomendaciones aprobadas internacionalmente.

2. El ISBN debe aparecer siempre en la publicación de que se trate, de modo visible e inequívocamente reconocible, de acuerdo con las especificaciones que figuran en el anexo II de este real decreto.

Art. 5. Efectos de la asignación del ISBN.–La asignación del ISBN tiene valor identificativo a los solos efectos de difusión y comercialización, sin que dicha asignación comporte elemento alguno de valoración de la obra registrada, ni acredite la publicación efectiva de la misma.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Mecanismos de colaboración.–Para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 2, el Ministerio de Cultura podrá establecer mecanismos de colaboración con aquellas asociaciones o federación de asociaciones de ámbito estatal en el sector editorial, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–Se derogan las siguientes normas:

a) Los artículos 1, 2, 3, 4.1, 5 y 8 del Decreto 2984/1972, de 2 de noviembre, por el que se establece la obligación de consignar en toda clase de libros y folletos el número ISBN, en aquellos aspectos relativos al ISBN.

b) Orden de 25 de marzo de 1987 por la que se regula la Agencia Española del ISBN (Sistema Internacional de Numeración de Libros).

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Título competencial.–Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.2 de la Constitución, que dispone que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial, y además por el artículo 149.1.10 de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de comercio exterior.

Segunda. Habilitación normativa.–Se habilita al Ministro de Cultura, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, a la adopción de cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto, así como para la modificación de los anexos para su adaptación a las recomendaciones y orientaciones aprobadas internacionalmente.

Tercera. Entrada en vigor.–Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I

a) Publicaciones monográficas que deben utilizar código ISBN:

Obras monográficas impresas.

Publicaciones en Braille, o sus equivalentes en nuevas tecnologías.

Publicaciones que la editorial no tenga previsto actualizar regularmente ni continuar indefinidamente.

Separatas de artículos o números monográficos de una publicación seriada concreta.

Películas, vídeos y transparencias educativos o didácticos siempre que sean recursos didácticos de materias que se impartan en la enseñanza reglada, se indicará la materia y el curso al que va dirigida la publicación.

Audiolibros ya estén en soporte físico (casete, CD, DVD, etcétera) o por Internet.

Publicaciones monográficas electrónicas, ya estén en soporte físico (como cintas legibles por máquina, disquetes o CD-ROM) o en Internet.

Copias digitales de publicaciones monográficas impresas.

Publicaciones multimedia cuyo componente principal sea el texto.

Publicaciones en microformas.

Programas informáticos educativos o didácticos que han sido diseñados con propósitos educativos o de capacitación como tutoriales para el aprendizaje.

Mapas.

b) Publicaciones que no deben utilizar el código ISBN:

Publicaciones seriadas. Son publicaciones que se editan en partes sucesivas y destinadas en principio a continuar indefinidamente. Normalmente tales publicaciones se editan en partes sucesivas o integradas y suelen designarse numérica o cronológicamente. Ejemplo de ellas son periódicos, publicaciones periódicas, diarios, revistas, etc., su código de identificación es el ISSN.

Recursos continuados. Son publicaciones que se pone en circulación a lo largo del tiempo sin una fecha de finalización predeterminada normalmente difundida en ejemplares sucesivos o integrados tales como publicaciones de hojas sueltas, soportes electrónicos sucesivos y sustitutivos y sitios web que se actualizan de forma continua, pueden utilizar como código de identificación el ISSN.

Obras textuales en abstracto.

Material impreso, o en otros soportes, de carácter temporal, como catálogos de librerías y editoriales, catálogos comerciales y publicitarios, folletos turísticos, cancioneros, folletos y programas deportivos, cinematográficos, escolares, políticos, teatrales, actos culturales, de fiesta, conmemorativos, de conciertos, etc. listas de precios y todo material publicitario o propagandístico.

Partituras –su código de identificación comercial es el ISMN.

Impresiones artísticas y folletos artísticos sin portada ni texto.

Documentos personales (por ejemplo, currículum vitae o un perfil personal en formato electrónico).

Tarjetas de felicitación.

Grabaciones de sonidos musicales, su código es el ISRC.

Programas informáticos que no tengan fines educativos ni didácticos.

Tablones de anuncios electrónicos (blogs, tablones de noticias por Internet, salones de chat, etc.).

Correos electrónicos y demás correspondencia electrónica.

Juegos.

Almanaques, agendas y calendarios.

Libros, folletos y cuadernos con las hojas en blanco.

Álbumes de cromos, de fotos, de ceremonias sociales, de sellos, de monedas y billetes, etc.

Directorios telefónicos.

Guiones de cine, radio y televisión, salvo que se publiquen comercialmente.

Libros de colorear y de pegatinas.

Manuales de usuario de materiales no librarios y publicaciones que acompañan a periódicos y revistas.

Materiales anejos a una obra monográfica que no tengan valor comercial por separado, y no se vendan por separado. No utilizarán un ISBN propio pero pueden indicar el ISBN de la obra monográfica que acompañan.

Materiales docentes de uso interno en centros de enseñanza.

Memorias, estatutos y materiales de régimen interno de empresas, instituciones o asociaciones.

Obras impresas en multicopistas.

Pasatiempos (crucigramas, sopas de letras, sudokus, kakuros, nurikabes, etc.)

Publicaciones gratuitas.

Publicaciones de disponibilidad limitada y recursos actualizables como, por ejemplo, las publicaciones que se imprimen bajo demanda con un contenido adaptado a las peticiones del usuario.

Productos audiovisuales, tales como películas cinematográficas, documentales, publicitarias, de dibujos animados, etcétera, su código de identificación es el ISAN.

ANEXO II

Indicación del ISBN (norma UNE-ISO 2108)

En el caso de publicaciones impresas el ISBN aparecerá impreso en el reverso de la portada de la publicación o, si esto no es posible, al pie de la misma portada o junto con los créditos de la publicación y al pie de la contraportada siempre que sea factible, y/o al pie de la sobrecubierta. En el caso de que ninguna de estas dos posiciones sea posible, el ISBN se imprimirá en algún otro lugar destacado de la parte exterior de la publicación.

El ISBN se representará en la publicación en forma legible por máquina como un código de barras. Cuando un ISBN se represente como un código de barras se usará la simbología del código de barras EAN, de acuerdo con la ISO/IEC 15420. En un código de barras, el ISBN deberá presentarse en forma legible por el ojo humano justamente encima del símbolo del código de barras.

En publicaciones electrónicas y otras formas de productos no impresos, si la publicación supone una presentación visual del contenido almacenado de forma electrónica (por ejemplo, una publicación en línea), el ISBN aparecerá en la página o en la pantalla que muestre el título o su equivalente (por ejemplo, en la pantalla inicial que aparece inmediatamente cuando se accede al contenido y/o en la pantalla en la que aparecen los créditos).

Si la publicación se difunde como objeto físico (por ejemplo, un disco compacto, un casete o disquete), el ISBN aparecerá en cualquiera de las etiquetas que estén pegadas de forma permanente a dicho objeto.

En el caso de que no sea posible mostrar el ISBN en el objeto o en su etiqueta, el ISBN se mostrará en la parte de abajo del dorso del embalaje permanente de dicho objeto (por ejemplo, en la caja, funda o el embalaje).

El ISBN deberá incluirse en cualquiera de los metadatos incorporados en la publicación, además de aparecer visiblemente colocados en el texto.

[1] En la actualidad, la gestión de la Agencia del ISBN en España, está encomendada a la Federación de Gremios de Editores de España. Véase, en el parágrafo anterior, el artículo 8 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, y su nota.

§ 8 DECRETO 2984/1972, DE 2 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE CONSIGNAR EN TODA CLASE DE LIBROS Y FOLLETOS EL NÚMERO ISBN

(«BOE» núm. 265, de 4 de noviembre de 1972)

La creciente producción bibliográfica y la complejidad de los problemas editoriales obligan a establecer sistemas estadísticos perfeccionados, tanto por la exigencia de una información rápida y exacta como por la conveniencia de los propios editores, al facilitarles el estudio de mercados y la imprescindible mecanización de sus medios de comprobación de existencias y tiradas.

De ahí la necesidad, universalmente sentida, de identificar cada libro mediante el establecimiento de un código numérico que permita su tratamiento por computadoras, y que ha determinado la creación, con carácter internacional, del llamado «ISBN» (International Standard Book Number), hoy utilizado en la producción editorial de la mayor parte de los países y cuya aplicación en España viene requerida por
las razones antedichas y por la obligada colaboración con los servicios informativos bibliográficos de todo el mundo.

La implantación del nuevo sistema ha de hacerse compatible con el actualmente regulado en materia de depósito legal, ya que el ISBN es un elemento de identificación con fines exclusivamente estadísticos y aplicable sólo a determinadas obras impresas, por lo cual no puede sustituir al número de depósito legal, que abarca toda la producción impresa y cuyo sistema ha demostrado su eficacia.

Al mismo tiempo, para conseguir una mayor efectividad en las posibilidades de aprovechamiento de los libros y folletos con la consiguiente agilidad en la redacción de la bibliografía española, es necesaria cierta modificación en algunos aspectos reguladores del funcionamiento del servicio del Instituto Bibliográfico Hispánico, en especial en lo que se refiere al número de ejemplares objeto de depósito legal, que la experiencia demuestra insuficiente para dar una información bibliográfica con la rapidez y puntualidad que la difusión del libro requieren.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación
y Ciencia e Información y Turismo y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de octubre de 1972, dispongo:

Arts. 1 a 3. [.......][1].

Art. 4. 1. [.......][2].

2. En las obras indicadas en el artículo primero, cuando se solicite la asignación de número para el depósito legal, serán condiciones indispensables la indicación del ISBN correspondiente o la exención determinada por el Instituto Nacional del Libro Español[3].

Art. 5. [.......][4].

Art. 6. 1. Los impresores quedan obligados a hacer constar el número ISBN y los datos completos del autor, tanto en el escrito de solicitud de número de depósito legal como en la declaración definitiva que se adjunta a la obra en el momento de su entrega en las Oficinas de Depósito Legal.

2. En los casos de exención previstos en el artículo 3.º, los impresores acompañarán documento justificativo de exención expedido por el Instituto Nacional del Libro Español.

Art. 7. El Instituto Nacional del Libro Español como el Instituto Bibliográfico Hispánico, de común acuerdo, establecerán las bases para una mutua información con la periodicidad que se determine por ambos organismos.

Art. 8. [.......][5].

Art. 9. Tanto el número de depósito legal como el de ISBN figurarán en la misma hoja de impresión, debiendo consignarse en el reverso de la portada o de la anteportada de la obra, sin cuyo requisito no será admitida al depósito legal[6].

Art. 10. 1. Los impresores entregarán en las Oficinas del Depósito Legal cinco ejemplares de cada uno de los libros o folletos impresos en sus talleres.

2. En cuanto a los restantes impresos, sigue en vigor lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior del Instituto Bibliográfico Hispánico sobre el número de ejemplares a depositar.

Art. 11. El Instituto Bibliográfico Hispánico adoptará las medidas oportunas para que el ISBN (International Standard Book Number) figure en los documentos bibliográficos que sirven de base para la elaboración de la bibliografía nacional[7].

[1] Derogados por el Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre (§ 7).

[2]Apartado derogado por el Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre (§ 7).

[3] Véase el artículo 14 de la Ley 23/2011, de 7 de marzo (§ 18).

[4] Derogado por el Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre (§ 7).

[5]Artículo derogado por el Real Decreto 2063/2008, de 12 de diciembre (§ 7).

[6] Véase el párrafo segundo del artículo 6 del Real Decreto 484/1990, de 30 de marzo sobre precio de venta al público de libros, reproducido en nota al artículo 9.1 de la Ley 10/2007, de 22 de junio (§ 6).

[7] Véase el artículo 8 de la Ley 10/2007, de 22 de junio y su nota (§ 6). Téngase en cuenta el Real Decreto 1638/2009, de 30 de octubre («BOE» núm. 271, de 10 de noviembre), por el que se aprueba el Estatuto de la Biblioteca Nacional de España.

OBRA AUDIOVISUAL

§ 9 LEY 55/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL CINE

(«BOE» núm. 312, de 29 de diciembre)

PREÁMBULO

La actividad cinematográfica y audiovisual conforma un sector estratégico de nuestra cultura y de nuestra economía. Como manifestación artística y expresión creativa, es un elemento básico de la entidad cultural de un país. Su contribución al avance tecnológico, al desarrollo económico y a la creación de empleo, junto a su aportación al mantenimiento de la diversidad cultural, son elementos suficientes para que el Estado establezca las medidas necesarias para su fomento y promoción, y determine los sistemas más convenientes para la conservación del patrimonio cinematográfico y su difusión dentro y fuera de nuestras fronteras. Todo ello considerando que la cultura audiovisual, de la que sin duda el cine constituye una parte fundamental, se halla presente en todos los ámbitos de la sociedad actual.

Por ello, se considera necesario adoptar un marco normativo adecuado basado en cuatro principios fundamentales: la definición y el apoyo a los sectores independientes que existen en nuestra cinematografía, tanto en el ámbito de la producción como en los de distribución y exhibición. La creación de mecanismos que eviten los desequilibrios que actualmente existen en el mercado audiovisual. La adaptación de las nuevas tecnologías y formatos que se han ido introduciendo en este campo, con especial atención a cuanto suponen los inminentes procesos de digitalización. El respaldo a la creación y a los autores como fuente de origen de la relación que las obras tienen que mantener con sus destinatarios naturales, los ciudadanos.

Debe tenerse muy presente, junto a su dimensión cultural, el carácter industrial de la actividad cinematográfica y audiovisual y del conjunto de la acción de sus agentes de producción, distribución y exhibición, a fin de que la política de protección y fomento pueda ser considerada dentro del marco jurídico y de los mecanismos y herramientas que posibilitan la mejora de competitividad de nuestras empresas, incluidas las ayudas e incentivos fiscales o la inserción en las políticas específicas de investigación y desarrollo.

Por lo tanto, con el objetivo de mejorar el tejido industrial de las empresas que operan en el sector, posibilitando su fortalecimiento y facilitando el desarrollo de su actividad en un mercado abierto y competitivo, se establecen en la Ley nuevas medidas de fomento y de protección y se refuerzan las existentes. Dichas medidas tienen como finalidad la consolidación y robustecimiento de la estructura empresarial, la financiación y amortización de los costes de las inversiones necesarias para el afianzamiento de un nivel continuado de producción de obras de contenidos diversos y con una calidad suficiente para garantizar su rentabilidad y sus posibilidades de acceso al público.

La Ley introduce el concepto de integración de la cinematografía en el conjunto del audiovisual, considerando éste como un todo, con sus especificidades, para beneficio del cine y la televisión, concibiendo la producción cinematográfica y audiovisual como contenido básico de la televisión y a ésta como elemento importante de difusión, promoción y financiación de la cinematografía.

Igualmente es objetivo de esta Ley articular la relación entre los diferentes sujetos que operan en el sector, desde los creadores, productores, personal técnico y artístico, industrias técnicas, distribuidores, exhibidores y empresas videográficas. Con el fin de lograr tal objetivo, se revela esencial el papel de los poderes públicos para promover una gestión adecuada a las nuevas necesidades que la sociedad, en general, y el sector audiovisual, en particular, van demandando. Para ello, y sin perjuicio del papel que desempeñen las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos competenciales, la Administración General del Estado, asume este objetivo, lo que se materializa en el proceso de transformación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en Agencia Estatal para lograr una mayor eficacia y agilidad en la gestión, y en la estabilización del Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual para que ofrezca seguridad financiera a los profesionales, con especial atención hacia los sectores independientes. Otro de los objetivos de la Ley es el refuerzo de la tutela para el mantenimiento de la libre competencia en las relaciones empresariales ante conductas susceptibles de restringir la competencia, incluyendo entre éstas, en el ámbito de las prácticas comerciales entre distribución y exhibición, la exigencia de contratación de películas por lotes, de manera que para lograr la exhibición de una de ellas tenga que aceptarse la contratación de otras películas. Asimismo, y con el fin de afianzar este acceso a la diversidad de la producción cultural, se regula también la cuota de pantalla del cine comunitario para asegurar su presencia en las salas de exhibición.

La necesidad de esclarecer diversos conceptos no contemplados en normativas legales anteriores, ha dado lugar a la elaboración de una amplia gama de definiciones para delimitar términos utilizados en la actividad cinematográfica y audiovisual, ofrecer a los sectores que la integran la estabilidad necesaria en sus relaciones con las Administraciones Públicas, conformar un sistema de ayudas acordes con las necesidades reales de las empresas, y definir los requisitos que debe cumplir una obra cinematográfica o audiovisual para obtener la nacionalidad española y, por tanto, sus posibilidades de acceso a las ayudas públicas.

Asimismo, la dispersión de normas legales con excesiva antigüedad ha hecho recoger en un único texto los diferentes aspectos que afectan a las actividades del sector audiovisual, derogando aquellos que resultaban innecesarios o inoperantes.

El desarrollo de las nuevas tecnologías y la revolución digital, así como las innovaciones en el campo del I+D+i, también están recogidos en el texto de la Ley, como elementos de incidencia potencial en el ámbito de la creación audiovisual, en el crecimiento económico del país y en el incremento de puestos de trabajo.

La decidida intervención contra las conductas y actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual se contempla también en esta Ley, por cuanto que la reproducción, representación o difusión de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales no autorizadas por sus titulares, además de ser una violación flagrante de sus derechos, suponen un grave perjuicio para todos los sectores implicados, lo que hace necesario que, también desde esta norma, se colabore a la erradicación de tales conductas.

Esta Ley se basa en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Española y se sustenta en los principios de libertad de expresión y pluralismo, en la promoción de la diversidad cultural y lingüística de nuestro país, en el apoyo a las versiones originales de las obras como protección básica de sus autores, en la difusión del cine europeo de cuyo entorno España es miembro activo y del cine iberoamericano como referente natural de nuestra cinematografía e industria audiovisual, en la protección de los menores, en la atención a la diversidad humana, la accesibilidad y no discriminación por razón de discapacidad, así como en el respeto a la igualdad de género. Asimismo se inspira en el artículo 44.1 de la Constitución que dispone que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

Las medidas de fomento recogidas en esta Ley se desarrollan plenamente en un ámbito cultural, con absoluta adecuación a los objetivos y principios rectores de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, adoptada en la Conferencia General de la UNESCO celebrada en París el 20 de octubre de 2005, siendo ratificada por España, de acuerdo con el instrumento de ratificación publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero de 2007, así como con pleno respeto a otros acuerdos de carácter internacional en la materia, como la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos.

La consideración que en esta Ley se realiza de la acción autonómica atiende a la realidad socioeconómica en la que se desenvuelve la industria cinematográfica y audiovisual desde el punto de vista de las competencias de las Comunidades Autónomas, atendiendo a la dimensión pluricultural y plurilingüe del Estado a la hora de materializar la intervención de los poderes públicos en la preservación y estímulo de los valores culturales propios del cuerpo social.

La Ley consta de 40 artículos, doce disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una derogatoria y cinco finales. El articulado del texto se dispone en cuatro capítulos, subdivididos a su vez, algunos de ellos, en secciones.

El Capítulo I es el dedicado a las disposiciones generales tales como objeto, ámbito de aplicación y definiciones.

El Capítulo II, Ordenación de la cinematografía y del audiovisual, comienza con una regulación de materias comunes a todos los sectores, como las relativas a la nacionalidad de las obras cinematográficas y audiovisuales y el Registro Administrativo de Empresas, continúa con una sección específica dedicada a la defensa de la competencia, para acabar regulando por secciones diferenciadas los aspectos concretos de ordenación de cada uno de los sectores audiovisuales. Cabe resaltar, en relación con las normas generales relativas a la exhibición, el establecimiento de medidas concretas contra la piratería audiovisual, consistentes en el establecimiento de una prohibición expresa de la grabación de las obras, en la comunicación a los titulares de las mismas y en actuaciones tendentes a su cumplimiento por el público. Estas medidas concretas se enmarcan dentro del objetivo general que asume el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de fomentar la lucha contra estas prácticas y la colaboración con los órganos competentes para la protección y defensa de la propiedad intelectual.

El Capítulo III recoge las diferentes medidas de fomento e incentivos, asimismo desglosadas por secciones, entre cuyos objetos se encuentran las ayudas para la creación y desarrollo, para la producción, distribución, conservación y promoción, así como otras ayudas e incentivos relacionados con el acceso al crédito, el empleo de nuevas tecnologías y la promoción en el exterior. Teniendo en cuenta el carácter de las medidas que se contemplan, resulta imprescindible establecer un sistema estatal de ayudas que, partiendo de la desigual implantación en el territorio de los agentes protagonistas de las distintas vertientes de la industria cinematográfica, cumpla la finalidad de asegurar su plena efectividad dentro de la ordenación básica del sector, y garantizar las mismas posibilidades de acceso, obtención y disfrute de las ayudas para todos los potenciales beneficiarios con independencia de su procedencia geográfica. De acuerdo con la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional en materia de subvenciones, estos motivos hacen indispensable el mantenimiento de un fondo de ayudas que se gestionará de forma centralizada. En consecuencia, las previsiones contenidas en el Capítulo III de esta Ley, y su ulterior desarrollo reglamentario, constituyen un corpus normativo circunscrito a la regulación del sistema estatal de ayudas, sin que ello obste para el establecimiento de diferentes medidas de fomento por parte de las Comunidades Autónomas, regidas por su propia normativa. Asimismo se contemplan medidas de fomento para las salas de exhibición, dado su carácter de vehículo de acceso a la cultura, en colaboración con las Comunidades Autónomas.

Finalmente, también es objeto de este capítulo III el reconocimiento de las especialidades previstas en la propia Ley para los incentivos fiscales aplicables al sector de la cinematografía, de acuerdo con la normativa tributaria. Además, para un mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales, se fomentará la constitución y utilización de figuras jurídicas ya existentes, al objeto de que el sector cinematográfico pueda beneficiarse del tratamiento fiscal que las mismas conllevan. También se reconoce que la plena efectividad de estas figuras exige un reforzamiento de la seguridad jurídica en la aplicación de los incentivos fiscales, por ello, se reduce a la mitad el plazo de contestación a las consultas tributarias vinculantes que el sector cinematográfico presente ante la Administración Tributaria. En este contexto, se dota de estabilidad a los incentivos fiscales hasta el 31 de diciembre de 2011 y, con la finalidad de evaluar debidamente su eficacia, se adquiere el compromiso de presentar conjuntamente el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio de Cultura un estudio sobre los mismos y una propuesta de adecuación a la realidad económica y a la normativa comunitaria.

El Capítulo IV regula el régimen sancionador, donde se tipifican, con mayor precisión que en anteriores ocasiones, determinadas infracciones y sanciones, haciéndolas más acordes y eficaces respecto a las finalidades que se persiguen.

En cuanto a la parte final, cabe destacar el contenido de la disposición adicional primera relativa a la transformación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en Agencia Estatal, y la previsión de la disposición adicional segunda relativa a los órganos colegiados con participación en determinadas áreas, incluyendo, por último, la posibilidad de que los espectadores expresen sus opiniones como medio de obtención de información útil para posibles actuaciones que deban realizarse desde el Instituto.

También es destacable la modificación que efectúa la disposición final primera en la Ley 28/1998, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles, cuyo objeto es la creación de una sección adicional destinada a la inscripción de las obras y grabaciones audiovisuales.

Esta Ley, para cuya elaboración han sido consultados los sectores afectados y las Comunidades Autónomas, se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.2 de la Constitución, que dispone que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial. No obstante, se amparan en los siguientes títulos competenciales: los artículos 7, 10 a 18, 22 y 23, 24 a 27, 28, 31, 32, 33, 34 y 38 a 40, así como la disposición adicional undécima se dictan al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución; los artículos 8 y 9 se dictan en aplicación del artículo 149.1.1.ª de la Constitución; el artículo 35 se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.15.ª de la Constitución; la disposición adicional séptima se dicta en aplicación del artículo 149.1.30.ª de la Constitución; las disposiciones adicionales octava y novena se dictan al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución; la disposición final primera se dicta en aplicación del artículo 149.1.6.ª de la Constitución, y el artículo 21 y las disposiciones adicional cuarta y final segunda se dictan al amparo del artículo 149.1.14.ª

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.–Esta Ley tiene por objeto la ordenación de los diversos aspectos sustantivos de la actividad cinematográfica y audiovisual desarrollada en España; la promoción y fomento de la producción, distribución y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales y el establecimiento tanto de condiciones que favorezcan su creación y difusión como de medidas para la conservación del patrimonio cinematográfico y audiovisual, todo ello en un contexto de defensa y promoción de la identidad y la diversidad culturales.

Art. 2. Ámbito de aplicación.–Lo dispuesto en esta Ley es de aplicación a las personas físicas residentes en España y a las empresas españolas y las nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo establecidas en España de conformidad con el ordenamiento jurídico, que desarrollen actividades de creación, producción, distribución y exhibición cinematográfica y audiovisual así como industrias técnicas conexas.

Art. 3. Órgano competente de la Administración General del Estado.–En el ámbito de la Administración General del Estado y sin perjuicio de las funciones de otros Departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio de Cultura, por medio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, el ejercicio de las funciones estatales que en esta Ley se determinan.

Art. 4. Definiciones.–A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá por:

a) Película cinematográfica: Toda obra audiovisual, fijada en cualquier medio o soporte, en cuya elaboración quede definida la labor de creación, producción, montaje y posproducción y que esté destinada, en primer término, a su explotación comercial en salas de cine. Quedan excluidas de esta definición las meras reproducciones de acontecimientos o representaciones de cualquier índole.

b) Otras obras audiovisuales: Aquellas que, cumpliendo los requisitos de la letra a), no estén destinadas a ser exhibidas en salas cinematográficas, sino que llegan al público a través de otros medios de comunicación.

c) Largometraje: La película cinematográfica que tenga una duración de sesenta minutos o superior, así como la que, con una duración superior a cuarenta y cinco minutos, sea producida en soporte de formato 70 mm, con un mínimo de 8 perforaciones por imagen.

d) Cortometraje: La película cinematográfica que tenga una duración inferior a sesenta minutos, excepto las de formato de 70 mm que se contemplan en la letra anterior.

e) Película para televisión: La obra audiovisual unitaria de ficción, con características creativas similares a las de las películas cinematográficas, cuya duración sea superior a 60 minutos, tenga desenlace final y con la singularidad de que su explotación comercial esté destinada a su emisión o radiodifusión por operadores de televisión y no incluya, en primer término, la exhibición en salas de cine.

f) Película española: La que haya obtenido certificado de nacionalidad española, expedido conforme a lo que se dispone en el artículo 12.

g) Serie de televisión: La obra audiovisual formada por un conjunto de episodios de ficción, animación o documental con o sin título genérico común, destinada a ser emitida o radiodifundida por operadores de televisión de forma sucesiva y continuada, pudiendo cada episodio corresponder a una unidad narrativa o tener continuación en el episodio siguiente.

h) Piloto de serie de animación: La obra audiovisual de animación que marca las características y estilo que habrá de tener una serie y permite al productor la financiación y promoción de la misma.

i) Nuevo realizador: Aquel que no haya dirigido o codirigido más de dos largometrajes calificados para su explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica.

j) Personal creativo: se considerará personal creativo de una película u obra audiovisual a:

– Los autores, que a los efectos del artículo 5 de esta Ley son el director, el guionista, el director de fotografía y el compositor de la música.

– Los actores y otros artistas que participen en la obra.

– El personal creativo de carácter técnico: el montador jefe, el director artístico, el jefe de sonido, el figurinista y el jefe de caracterización.

k) Operador de televisión: La persona física o jurídica que asuma la responsabilidad editorial de la programación televisiva y que la transmita o la haga transmitir por un tercero, conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.

l) Sala de exhibición cinematográfica: Local o recinto de exhibición cinematográfica abierto al público mediante precio o contraprestación fijado por el derecho de asistencia a la proyección de películas determinadas, bien sea dicho local permanente o de temporada, y cualesquiera que sean su ubicación y titularidad.

m) Complejo cinematográfico: El local que tenga dos o más pantallas de exhibición y cuya explotación se realice bajo la titularidad de una misma persona física o jurídica con identificación bajo un mismo rótulo.

n) Productor independiente:

1. Aquella persona física o jurídica que no sea objeto de influencia dominante por parte de un prestador de servicio de comunicación/difusión audiovisual ni de un titular de canal televisivo privado, ni, por su parte, ejerza una influencia dominante, ya sea, en cualesquiera de los supuestos, por razones de propiedad, participación financiera o por tener la facultad de condicionar, de algún modo, la toma de decisiones de los órganos de administración o gestión respectivos.

Sin perjuicio de otros supuestos, se entenderá, en todo caso, que la influencia dominante existe cuando concurran cualesquiera de las siguientes circunstancias:

1.º La pertenencia de una empresa productora y un prestador de servicio de comunicación/difusión audiovisual y/o un titular de un canal televisivo a un grupo de sociedades, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio.

2.º La posesión, de forma directa o indirecta, por un prestador de un servicio de comunicación/difusión audiovisual o un titular de un canal televisivo de, al menos, un 20 por 100 del capital social, o de un 20 por 100 de los derechos de voto de una empresa productora.

3.º La posesión, de forma directa o indirecta, de una empresa productora de, al menos, un 20 por 100 de los derechos de voto de un prestador de servicio de comunicación/difusión audiovisual o de un titular de canal televisivo.

4.º La obtención por la empresa productora, durante los tres últimos ejercicios sociales, de más del 80 por 100 de su cifra de negocios acumulada procedente de un mismo prestador de servicio de comunicación/difusión audiovisual o titular de un canal televisivo de ámbito estatal. Esta circunstancia no será aplicable a las empresas productoras cuya cifra de negocio haya sido inferior a cuatro millones de euros durante los tres ejercicios sociales precedentes, ni durante los tres primeros años de actividad de la empresa.

5.º La posesión, de forma directa o indirecta, por cualquier persona física o jurídica de, al menos, un 20 por 100 del capital suscrito o de los derechos de voto de una empresa productora y, simultáneamente, de, al menos un 20 por 100, del capital social o de los derechos de voto de un prestador de servicio de comunicación/difusión audiovisual y/o de un titular de canal televisivo.

2. Asimismo, aquella persona física o jurídica que no esté vinculada a una empresa de capital no comunitario, dependiendo de ella en función de sus órganos ejecutivos, su accionariado, su capacidad de decisión o su estrategia empresarial.

ñ) Distribuidor independiente: Aquella persona física o jurídica que, ejerciendo la actividad de distribución cinematográfica o audiovisual, no esté participada mayoritariamente por una empresa de capital no comunitario, ni dependa de ella en función de sus órganos ejecutivos, su accionariado, su capacidad de decisión o su estrategia empresarial.

Asimismo, se considerará independiente a la empresa distribuidora que no esté participada mayoritariamente por un operador televisivo, por una red de comunicaciones o por capital público, tengan o no carácter comunitario, ni dependan de ellos en función de sus órganos ejecutivos, su accionariado, su capacidad de decisión o su estrategia empresarial.

o) Exhibidor independiente: Aquella persona física o jurídica que ejerza la actividad de exhibición cinematográfica y cuyo capital mayoritario o igualitario no tenga carácter extracomunitario.

Asimismo, que no esté participada mayoritariamente por empresas de producción o distribución de capital no comunitario, ni dependa de ellas en función de sus órganos ejecutivos, su accionariado, su capacidad de decisión o su estrategia empresarial.

Igualmente, que no esté participada mayoritariamente por un operador televisivo, por una red de comunicaciones o por capital público, tengan o no carácter comunitario, ni dependan de ellos en función de sus órganos ejecutivos, su accionariado, su capacidad de decisión o su estrategia empresarial.

p) Industrias técnicas: El conjunto de industrias necesarias para la elaboración de la obra cinematográfica o audiovisual, desde el rodaje hasta la consecución de la primera copia estándar o del máster digital, más las necesarias para la distribución y difusión de la obra por cualquier medio.

CAPÍTULO II

Ordenación de la cinematografía y del audiovisual

Sección 1.ª Disposiciones generales

Art. 5. Nacionalidad de las obras cinematográficas y audiovisuales.–1. Tendrán la nacionalidad española las obras realizadas por una empresa de producción española, o de otro Estado miembro de la Unión Europea establecida en España, a las que sea expedido por órgano competente certificado de nacionalidad española, previo reconocimiento de que cumplen los siguientes requisitos:

a) Que el elenco de autores de las obras cinematográficas y audiovisuales, entendiendo por tales el director, el guionista, el director de fotografía y el compositor de la música, esté formado, al menos en un 75 por 100, por personas con nacionalidad española o de cualesquiera de los otros Estados miembros de la Unión Europea, de los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o que posean tarjeta o autorización de residencia en vigor en España o en cualesquiera de dichos Estados.

En todo caso, se exigirá que el director de la película cumpla siempre dicho requisito.

b) Que los actores y otros artistas que participen en la elaboración de una obra cinematográfica o audiovisual estén representados al menos en un 75 por 100 por personas que cumplan los requisitos de nacionalidad o residencia establecidos en la letra anterior.

c) Que el personal creativo de carácter técnico, así como el resto de personal técnico que participen en la elaboración de una obra cinematográfica o audiovisual, estén representados, cada uno de ellos, al menos en un 75 por 100 por personas que cumplan los requisitos de nacionalidad o residencia establecidos en la letra a) del presente apartado.

d) Que la obra cinematográfica o audiovisual se realice preferentemente en su versión original en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado español.

e) Que el rodaje, salvo exigencias del guión, la posproducción en estudio y los trabajos de laboratorio se realicen en territorio español o de otros Estados miembros de la Unión Europea. En el caso de las obras de animación, los procesos de producción también deberán realizarse en dichos territorios [1].

2. Asimismo, tendrán la consideración de obras cinematográficas o audiovisuales españolas las realizadas en régimen de coproducción con empresas extranjeras, de acuerdo con las condiciones exigidas a tal efecto por la regulación específica sobre la materia o por los correspondientes convenios internacionales y los que afectan a la Comunidad Iberoamericana de Naciones [2].

3. Se entenderá por obra comunitaria la que posea certificado de nacionalidad expedido por uno de los Estados miembros de la Unión Europea.

Art. 6. Protección del patrimonio cinematográfico y audiovisual.–1. El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, a través de la Filmoteca Española [3], velará por la salvaguarda y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual español mediante la conservación y restauración de soportes originales, así como de copias de películas, obras digitales, fotografías, músicas y sonidos, guiones, libros, material utilizado en rodajes y piezas museísticas de la historia del cine, carteles y carátulas editados como elementos de difusión o comercialización.

2. Los beneficiarios de las ayudas públicas reguladas en esta Ley estarán obligados a entregar una copia de la obra cinematográfica o audiovisual, en perfectas condiciones y con su etalonaje definitivo, a la Filmoteca Española y, en su caso, a las Filmotecas de las Comunidades Autónomas.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se establece sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas respecto a su patrimonio, que se regirán por su normativa propia.

Art. 7. Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales.–1. Para ser beneficiario de certificados de calificación, créditos, ayudas y otros estímulos establecidos en esta Ley, será necesaria la previa inscripción en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, integrado en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

En dicho Registro, de carácter público, se inscribirán, a los fines previstos en esta Ley y en los términos que reglamentariamente se determinen, las personas físicas o jurídicas titulares de las empresas establecidas en España, así como los titulares de salas de exhibición cinematográfica, aunque no revistan forma empresarial, que realicen alguna actividad de las incluidas en el apartado 3 de este artículo.

2. La inscripción de una empresa en el registro de empresas cinematográficas y audiovisuales propio de una Comunidad Autónoma que lo tenga establecido, conllevará su inscripción en el Registro del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, sin necesidad de que la empresa tramite una segunda solicitud de inscripción.

3. El Registro se estructurará en Secciones, que abarcarán la totalidad de la actividad cinematográfica y audiovisual: producción, distribución, exhibición, laboratorios, estudios de rodaje y doblaje, material audiovisual y demás actividades conexas que se determinen reglamentariamente [4].

Art. 8. Calificación de las películas y obras audiovisuales.–1. Antes de proceder a la comercialización, difusión o publicidad de una película cinematográfica u obra audiovisual por cualquier medio o en cualquier soporte en territorio español, ésta deberá ser calificada por grupos de edades del público al que está destinada, mediante resolución del Director del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales previo informe de la Comisión de Calificación o por los órganos competentes de aquellas Comunidades Autónomas que ostenten competencias para la calificación de las películas y los materiales audiovisuales. Se exceptúan las obras audiovisuales que, de acuerdo con su normativa específica, sean objeto de autorregulación [5].

2. A efectos de lo dispuesto en la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, el órgano de calificación pondrá, con antelación suficiente, en conocimiento de los operadores de televisión sujetos a la citada Ley la calificación que se haya otorgado a las películas cinematográficas u obras audiovisuales para su difusión en salas de exhibición o en otros soportes audiovisuales.

Art. 9. Publicidad de la calificación de las películas y obras audiovisuales.–1. Las calificaciones de las películas y demás obras audiovisuales deben hacerse llegar a conocimiento del público, a título orientativo, por los medios adecuados en cada caso. A este fin, el órgano competente regulará las obligaciones de quienes realicen actos de comunicación, distribución o comercialización [6].

2. Las películas y demás obras audiovisuales de carácter pornográfico o que realicen apología de la violencia serán calificadas como películas «X». La exhibición pública de estas películas se realizará exclusivamente en las salas «X», a las que no tendrán acceso, en ningún caso, los menores de 18 años, debiendo figurar visiblemente esta prohibición para información del público. Las demás obras audiovisuales calificadas «X» no podrán ser vendidas ni alquiladas a menores de edad ni podrán estar al alcance del público en los establecimientos en los que los menores tengan acceso.

3. En la publicidad o presentación de las películas y demás obras audiovisuales calificadas «X» únicamente podrá utilizarse su título y los datos de la ficha técnica y artística de la misma, con exclusión de toda representación icónica o referencia argumental. Dicha publicidad sólo podrá ser exhibida en el interior de los locales donde se proyecte o comercialice la película, o incluida en las carteleras informativas o publicitarias de los medios de comunicación. En ningún caso el título de la película podrá explicitar su carácter pornográfico o apologético de la violencia.

Sección 2.ª Defensa de la Competencia

Art. 10. Defensa de la libre competencia.–El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales o, en su caso, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, velarán porque la libre competencia en el mercado no se vea alterada. A estos efectos, pondrán en conocimiento de la Comisión Nacional de la Competencia o, en su caso y cuando proceda, de los respectivos Órganos de Competencia de las Comunidades Autónomas, los actos, acuerdos o prácticas de los que tenga conocimiento y que presenten indicios de resultar contrarios a la legislación de defensa de la competencia, comunicando todos los elementos de hecho a su alcance y, en su caso, remitiendo un dictamen no vinculante de la calificación que le merecen los hechos.

Sección 3.ª De la Producción

Art. 11. Normas generales.–1. Antes de realizar una actividad de producción afectada por alguna de las medidas previstas en esta Ley, las empresas productoras deberán inscribirse en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales o en el registro propio de una Comunidad Autónoma [7].

2. Son obligaciones de las empresas productoras, derivadas de la obtención de las medidas de fomento, la presentación de las películas u otras obras audiovisuales objeto de las mismas para su calificación por grupos de edades del público al que van destinadas, la obtención del certificado de nacionalidad española y la acreditación documental de su coste de producción conforme a las normas que reglamentariamente se establezcan. Asimismo, deberán entregar una copia de la obra cinematográfica o audiovisual a la Filmoteca Española y, en su caso, a las Filmotecas de las Comunidades Autónomas, y conceder autorización para su uso al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para las actividades de promoción de la cinematografía española en el exterior. Las empresas productoras asumirán el compromiso de mantener temporalmente en su propiedad la titularidad de los derechos de la película u otras obras audiovisuales, en los términos que reglamentariamente se determine.

Art. 12. Certificado de nacionalidad española de una obra cinematográfica o audiovisual.–El certificado de nacionalidad española de una película cinematográfica o de una obra audiovisual no destinada a su explotación comercial en salas de exhibición podrá expedirse de oficio, o a solicitud del interesado, por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales o la Comunidad Autónoma que proceda, en el momento de la calificación de la misma, previa comprobación de que reúne las condiciones previstas en el artículo 5 [8].

Art. 13. Acreditación del coste de las películas.–1. A efectos del cómputo de las ayudas previstas en esta Ley, se considerará coste de una película la totalidad de los gastos efectuados por la empresa productora hasta la consecución de copia estándar o máster digital, más el derivado de determinados conceptos básicos para su realización y promoción idónea.

2. Se considerará inversión del productor en una película la cantidad aportada por el mismo con recursos propios o con recursos ajenos de carácter reintegrable, o en concepto de cesión de los derechos de explotación de la película.

En ningún caso podrán computarse como inversión del productor las subvenciones percibidas, ni las aportaciones realizadas por cualquier Administración, entidad o empresa de titularidad pública, ni las efectuadas en concepto de coproductor o de productor asociado, o a través de cualquier otra aportación financiera, por sociedades que presten servicios de televisión.

3. En el caso de películas realizadas en coproducción con otros países, el coste e inversión del productor que deberá acreditarse documentalmente será el referido a los gastos efectuados por la empresa productora española en la película [9].

Sección 4.ª De la Distribución

Art. 14. Normas generales.–1. Antes de realizar las actividades de distribución cinematográfica, las empresas distribuidoras deberán inscribirse en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales o en el registro propio de una Comunidad Autónoma [10].

2. Las empresas distribuidoras legalmente constituidas y que acrediten ser titulares de los pertinentes derechos de explotación de conformidad y dentro del respeto a la legalidad vigente, podrán distribuir en España obras cinematográficas procedentes de cualquier país en cualquier versión, doblada o subtitulada, en las diferentes lenguas oficiales del Estado, todo ello sin perjuicio de las competencias atribuidas al Ministerio de Economía y Hacienda en lo relativo a la importación de películas y con respeto a las reglas de la competencia, en particular en relación con los ingresos de taquilla.

A estos efectos, lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley será de aplicación a las conductas que, suponiendo una concertación de las prácticas comerciales, puedan restringir la competencia en los términos previstos en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia [11]. Asimismo, la previsión del artículo 10 será de aplicación a la exigencia por parte de las empresas distribuidoras de contratación de películas por lotes, de manera que para lograr la exhibición de una de ellas tenga que aceptar la contratación de otras películas.

Sección 5.ª De la Exhibición

Art. 15. Normas generales.–1. Antes de iniciar su actividad una sala de exhibición cinematográfica, su titular debe estar inscrito en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales [12] o en el registro propio de una Comunidad Autónoma, y la sala incluida en la declaración registral de las que explota. Se presumirá que cada sala se encuentra en funcionamiento conforme al régimen de temporada declarado y es explotada por el titular que así lo haya manifestado en el Registro.

2. La regulación relativa al funcionamiento de las salas será la que reglamentariamente se establezca por los órganos competentes [13].

3. Queda prohibida la grabación de películas proyectadas en salas de exhibición cinematográfica o en otros locales o recintos abiertos al público, incluso los de acceso gratuito.

Los responsables de las salas de exhibición o de los demás locales o recintos citados en el párrafo anterior velarán por evitar tales grabaciones, advirtiendo de su prohibición y pudiendo prohibir la introducción de cámaras o cualquier tipo de instrumento destinado a grabar imagen o sonido. Asimismo, comunicarán a los titulares de las obras cualquier intento de grabación de las mismas.

4. Las Administraciones públicas que efectúen proyecciones cinematográficas de carácter gratuito o con precio simbólico no incluirán en su programación películas de una antigüedad inferior a 12 meses desde su estreno en salas de exhibición, salvo en los casos en que, desde las entidades representativas de los exhibidores cinematográficos y del sector videográfico, se comunique a dichas Administraciones que no existe un perjuicio en la actividad comercial de las mismas [14].

5. Las Administraciones estatal y autonómica, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán colaborar con las Administraciones locales en la creación de salas de titularidad municipal que promuevan el cine en sus diversas expresiones, siempre que en los municipios donde pretendan radicarse exista un déficit de salas de exhibición de titularidad privada, o bien dichas salas de titularidad municipal ofrezcan una programación cultural de carácter alternativo distinta a la de las salas comerciales.

Art. 16. Control de asistencia y rendimientos de las obras cinematográficas.–1. Los titulares de las salas de exhibición cinematográfica cumplirán los procedimientos establecidos o que puedan establecerse reglamentariamente de control de asistencia y declaración de rendimientos que permitan conocer con la mayor exactitud, rapidez y fiabilidad los ingresos que obtienen las películas a través de su explotación en las salas de exhibición cinematográfica, con el detalle suficiente para servir de soporte a la actuación administrativa y al ejercicio de derechos legítimos de los particulares, por sí mismos o a través de sus respectivas entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. A estos efectos, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán auxiliarse de la información suministrada por entidades creadas para la obtención de datos que tengan implantación en toda España y solvencia profesional reconocida.

2. La regulación relativa a dicho procedimiento de control será la que reglamentariamente se establezca por los órganos competentes.

3. A los fines previstos en este artículo, se establecerán los oportunos mecanismos de colaboración entre el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas [15].

Art. 17. Normas generales para Salas «X».–1. La autorización para el funcionamiento de salas «X» se otorgará, a solicitud del interesado, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde pretenda establecerse la sala. Dicha autorización deberá hacerse constar en el Registro de Empresas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, o en el autonómico competente, con carácter previo al comienzo de sus actividades.

2. Las salas deberán advertir al público de su carácter mediante la indicación de Sala «X», que figurará como exclusivo rótulo del local, no pudiendo proyectar otras películas que las calificadas como películas «X». En los complejos de salas cinematográficas en los que existan salas comerciales y salas «X», estas últimas deberán funcionar de forma autónoma e independiente en relación con las salas comerciales.

Art. 18. Cuota de pantalla.–1. Las salas de exhibición cinematográfica estarán obligadas a programar dentro de cada año natural obras cinematográficas de Estados miembros de la Unión Europea en cualquier versión, de forma tal que, al concluir cada año natural, al menos el 25 por 100 del total de las sesiones que se hayan programado sea con obras cinematográficas comunitarias. Del cómputo total anual se exceptuarán las sesiones en las que se exhiban obras cinematográficas de terceros países en versión original subtitulada [16].

2. Para el cumplimiento de la cuota de pantalla, tendrán valor doble en el cómputo del porcentaje previsto en el apartado anterior aquellas sesiones en las que se proyecten:

a) Películas comunitarias de ficción en versión original subtitulada a alguna de las lenguas oficiales españolas.

b) Películas comunitarias de animación.

c) Documentales comunitarios.

d) Programas compuestos por grupos de cortometrajes comunitarios cuya duración total sea superior a sesenta minutos.

e) Películas comunitarias que incorporen sistemas de accesibilidad para personas con discapacidad física o sensorial, en especial el subtitulado y la audiodescripción.

f) Películas comunitarias que se proyecten en salas o complejos cinematográficos que en el transcurso del año de cómputo obtengan una recaudación bruta inferior a 120.000 euros.

g) Películas comunitarias cuando permanezcan en explotación en una misma sala más de 18 días consecutivos o un período consecutivo en el que existan 3 fines de semana.

3. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación también a las proyecciones de películas en salas de exhibición partiendo de soporte videográfico, digital o de cualquier otro soporte que los avances técnicos pudieran proporcionar.

4. En los complejos cinematográficos formados por dos o más salas de exhibición, inscritos en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, el cumplimiento de las proporciones anteriormente señaladas podrá ser ejecutado por el complejo en su conjunto, computándose el total de sesiones proyectadas por el mismo anualmente.

5. Las películas producidas por las Administraciones públicas, las publicitarias o de propaganda de partidos políticos, las calificadas como películas «X» y las que, por sentencia firme, fueran declaradas constitutivas de delito no contabilizarán para el cumplimiento de esta obligación.

6. Transcurridos cinco años desde la plena entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio de Cultura evaluará el impacto cultural, económico e industrial de la cuota de pantalla.

CAPÍTULO III

Medidas de fomento e incentivos a la cinematografía y al audiovisual

Sección 1.ª Disposiciones generales

Art. 19. Disposiciones generales.–1. El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, dentro de los límites presupuestarios aprobados en cada ejercicio:

a) Establecerá medidas de fomento para la producción, distribución, exhibición y promoción en el interior y exterior de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales, con especial consideración hacia la difusión de obras de interés cultural, así como para la conservación en España de negativos, masters fotoquímicos o digitales y otros soportes equivalentes mediante la convocatoria anual de ayudas.

b) Fomentará y favorecerá la producción independiente, con incentivos específicos, ayudas suplementarias para la amortización de sus películas y medidas que faciliten la competitividad y desarrollo de las empresas.

c) Facilitará el acceso a créditos en condiciones favorables con minoración de cargas financieras y ampliación del sistema de garantías bancarias para su obtención, en los diferentes ámbitos de la actividad cinematográfica y audiovisual, teniendo prioridad aquellos proyectos que incorporen medidas de accesibilidad, tales como el subtitulado y la audiodescripción.

d) Apoyará, en el marco de la legislación tributaria, la aplicación de distintas medidas o regímenes que contribuyan al fomento de la cinematografía y del audiovisual.

e) Suscribirá convenios de colaboración con entidades públicas o privadas necesarios para el fomento de las actividades cinematográficas y audiovisuales, así como para la formación de profesionales. Colaborará con las diferentes administraciones educativas para el fomento del conocimiento y difusión del cine en los diferentes ámbitos educativos.

f) Fomentará la realización de actividades de I+D+i en el ámbito cinematográfico y audiovisual.

g) Establecerá medidas de fomento de igualdad de género en el ámbito de la creación cinematográfica y audiovisual.

h) Fomentará la labor de los órganos competentes para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual y especialmente en la prevención de las mismas. También colaborará con cualquier órgano o entidad en aquellas actividades que se hallen encaminadas a la protección y defensa de la propiedad intelectual.

i) Podrá establecer premios en reconocimiento de una trayectoria profesional.

2. No podrán beneficiarse de las medidas de fomento previstas en esta Ley las siguientes obras cinematográficas o audiovisuales:

a) Las producidas directamente por operadores de televisión u otros prestadores de servicios de comunicación audiovisual.

b) Las financiadas íntegramente por Administraciones públicas.

c) Las que tengan un contenido esencialmente publicitario y las de propaganda política.

d) Las que hubieran obtenido la calificación de película «X».

e) Las que vulneren o no respeten la normativa sobre cesión de derechos de propiedad intelectual.

f) Las que, por sentencia firme, fuesen declaradas en algún extremo constitutivas de delito.

g) Las producidas por empresas con deudas laborales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.3.

3. En los Presupuestos Generales del Estado se dotará anualmente un Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual, cuya gestión se realizará por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, para atender, sin perjuicio de la existencia de otras dotaciones específicas, las ayudas previstas en esta Ley.

4. Lo previsto en los apartados anteriores se establece sin perjuicio de las medidas de fomento que puedan realizar las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, que se regirán por su normativa propia [17].

Art 20. Normativa aplicable.–1. El régimen de ayudas previsto en esta Ley se sujetará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley.

2. Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ayudas estatales previstas en esta Ley, que incluirá, en las bases reguladoras de las mismas, las especialidades para su concesión, adecuadas a las características del sector al que van destinadas [18].

3. En virtud del artículo 88.3 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, las bases reguladoras de las ayudas serán notificadas a la Comisión Europea al objeto de verificar su compatibilidad con el mercado común.

Art. 21. Incentivos fiscales.–1. Los incentivos fiscales aplicables al sector de la cinematografía serán los establecidos en la normativa tributaria con las especialidades previstas en esta Ley.

2. Para un mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales previstos en la normativa tributaria, en particular los regulados en los artículos 34.1 y 38.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales fomentará:

a) La constitución de agrupaciones de interés económico de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/1991, de 29 de diciembre [19], de agrupaciones de interés económico, a las que resultará de aplicación el régimen fiscal establecido en los artículos 48 y 49 del citado texto refundido y demás normativa de desarrollo.

b) Las inversiones de las entidades de capital-riesgo en el sector cinematográfico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras, a las que les resultará de aplicación el régimen fiscal previsto en el artículo 55 del citado texto refundido y demás normativa de desarrollo [20].

Sección 2.ª Ayudas a la creación y al desarrollo

Art. 22. Ayudas para la creación de guiones y al desarrollo de proyectos.–1. Se fomentará la creación mediante la concesión de ayudas a personas físicas para la elaboración de guiones de largometrajes, que deberán ser desarrollados en el tiempo que se determine reglamentariamente.

En la concesión de estas ayudas se tendrá en consideración la propuesta de un órgano colegiado creado al efecto, que valorará, en especial, la calidad y originalidad de los proyectos presentados, la viabilidad cinematográfica y, en su caso, el historial profesional de los guionistas. Dicho órgano colegiado tendrá también la función de informar sobre la calidad de los guiones una vez finalizados.

El importe de estas ayudas será establecido en la correspondiente convocatoria, con el límite máximo que se fije reglamentariamente.

2. Igualmente se podrán conceder ayudas a productores independientes para el desarrollo de proyectos de largometrajes, con preferencia hacia aquellos que estén basados en guiones que hayan recibido ayuda para su escritura de las previstas en el apartado anterior. Para la concesión de estas ayudas existirá un órgano colegiado que deberá informar sobre los concurrentes a la convocatoria, valorando:

a) La originalidad y calidad del guión.

b) El presupuesto y su adecuación para el desarrollo del proyecto.

c) La solvencia del productor y su plan de financiación.

En el caso de tratarse de proyectos basados en guiones que hubieran obtenido ayuda para su escritura de las previstas en el apartado 1, la empresa productora deberá efectuar el desarrollo del proyecto con el guionista autor del mismo.

El importe de estas ayudas no podrá superar el 60 por 100 del presupuesto, ni la cantidad límite que se establezca reglamentariamente.

Art. 23. Ayudas a proyectos culturales y de formación no reglada.–1. Se podrán establecer medidas que apoyen proyectos que, pertenecientes al campo teórico o de la edición, entre otros, sean susceptibles de enriquecer el panorama audiovisual español desde una perspectiva cultural, así como a aquellos proyectos que apoyen programas específicos de formación no reglada para profesionales, incluyendo personal creativo y técnico, o públicos.

2. Para la concesión de estas ayudas, que serán propuestas por un órgano colegiado, se tomará en consideración:

a) La contribución del proyecto al conocimiento y la difusión de la cultura cinematográfica.

b) El ámbito teórico específico en que se desarrolla el proyecto.

c) La trayectoria profesional de la persona física, empresa o entidad que lo presenta.

d) La viabilidad del proyecto desde el punto de vista económico.

e) Su capacidad para alcanzar a amplios sectores profesionales o del público.

3. La ayuda a proyectos culturales no podrá superar el 60 por 100 del importe de su presupuesto, ni el importe máximo que se establezca reglamentariamente.

Sección 3.ª Ayudas a la producción

Art. 24. Criterios generales.–1. En la concesión de ayudas a la producción, y con independencia de que puedan realizarse parte de los gastos de producción de las películas en otros países de acuerdo con los convenios de coproducción y las directivas de aplicación, para poder optar a la totalidad de las ayudas las películas que no sean las realizadas en coproducción hispano-extranjera deberán cumplir los requisitos siguientes, en los términos que reglamentariamente se determinen:

a) Emplear, en su versión original, alguna de las lenguas oficiales españolas.

b) Utilizar, en sus rodajes, el territorio español de forma mayoritaria.

c) Realizar la posproducción en estudio y los trabajos de laboratorio mayoritariamente en territorio español. Dicho requisito será también exigible en los procesos de producción de las obras de animación.

En el caso de no reunir alguno de los requisitos mencionados, las ayudas a las que la empresa productora podrá optar serán minoradas en un 10 por 100 por cada uno de los apartados que no se cumplan en la realización de la película.

2. Las empresas productoras deben ser titulares de los derechos de propiedad de las obras audiovisuales producidas en la medida que sean necesarios para la explotación y comercialización de tales obras quedando a salvo lo dispuesto en la legislación de propiedad intelectual en materia de transmisión y ejercicio de los derechos de tal naturaleza.

3. Para optar a estas ayudas, las empresas productoras deberán acreditar documentalmente el cumplimiento de cuantas obligaciones hayan contraído con el personal creativo, artístico y técnico, así como con las industrias técnicas, de la siguiente manera:

a) Cuando se trate de ayudas a la amortización o a cortometrajes realizados, se acreditará el cumplimiento de las obligaciones relativas a la película que se presente a dichas ayudas.

b) Cuando se trate de ayudas a la producción de largometrajes y cortometrajes sobre proyecto, la acreditación versará sobre las obligaciones de la película anterior de la misma productora que haya recibido ayuda estatal, salvo que dicha acreditación ya se hubiera efectuado por aplicación de lo dispuesto en la letra precedente.

4. El total de la cuantía de las ayudas previstas en esta sección será inferior al 50 por 100 del coste de las películas producidas, con las excepciones que en su caso deriven de la aplicación de los artículos 25 y 27.

Art. 25. Ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto–1. Se podrán conceder ayudas a productores independientes para proyectos que posean un especial valor cinematográfico, cultural o social, sean de carácter documental o experimental, o incorporen nuevos realizadores.

Asimismo, se podrán conceder ayudas para proyectos de películas para televisión y series de animación, siempre que la iniciativa de ellos pertenezca a productores independientes.

2. Para la concesión de estas ayudas se tendrá en cuenta la propuesta de un órgano colegiado que a tal efecto se constituya, que, en la formulación de sus informes tendrá en consideración:

a) La calidad y el valor artístico del proyecto.

b) El presupuesto y su adecuación para la realización del mismo.

c) El plan de financiación que garantice su viabilidad.

d) La solvencia de la empresa productora y el cumplimiento por la misma en anteriores ocasiones de las obligaciones derivadas de la obtención de ayudas.

Asimismo, se valorará que el proyecto aplique medidas de igualdad de género en las actividades creativas de dirección y guión. Igualmente, se valorarán de manera específica los proyectos de productores independientes radicados en las Islas Canarias, en su condición de región ultraperiférica.

3. La introducción de cambios sustanciales sobre los proyectos aprobados deberá ser notificada, para su autorización, al órgano concedente, que podrá revocar la ayuda en el caso de que no se cumpla con tal obligación.

4. Las ayudas sobre proyecto serán intransmisibles y, su importe, no podrá superar la inversión del productor ni el 60 por 100 del presupuesto del proyecto, con el límite máximo de la cantidad que se establezca reglamentariamente.

Art 26. Ayudas para la amortización de largometrajes.–1. El fomento de la producción de largometrajes se podrá completar mediante la concesión de ayudas a empresas productoras para la amortización del coste de producción de las películas, teniendo en cuenta criterios objetivos de carácter automático, como la aceptación del público en el periodo de proyección en salas de exhibición cinematográfica y la recaudación obtenida por las mismas, así como su recepción por los espectadores a través de otros medios de difusión. Reglamentariamente se podrán establecer otros criterios para la concesión de las ayudas previstas en este artículo que tendrán, asimismo, carácter automático.

2. Las ayudas para la amortización adoptarán dos modalidades, compatibles entre sí:

a) Ayuda general, a la que podrán optar las empresas productoras de películas estrenadas durante el periodo de tiempo que se determine reglamentariamente. El importe de esta ayuda, que nunca podrá exceder del 50 por 100 del coste de la película ni del 75 por 100 de la inversión del productor, con el límite máximo fijado en el desarrollo reglamentario, se establecerá en función de un porcentaje sobre la recaudación bruta de taquilla que obtenga la película en salas de exhibición cinematográfica durante dicho periodo.

b) Ayuda complementaria, a la que podrán optar las empresas productoras de películas que, estrenadas durante el periodo de tiempo que se determine reglamentariamente, no hubieran tenido ayuda sobre proyecto de las previstas en el artículo 25. Para la obtención de esta ayuda las películas deberán haber superado la recaudación mínima que reglamentariamente se determine. El importe de esta ayuda se establecerá en función de un porcentaje sobre la inversión del productor, con el límite máximo de la cantidad que se fije reglamentariamente.

La ayuda complementaria podrá contemplar incentivos adicionales para películas realizadas por productores independientes con producción continuada en los tres años anteriores a la convocatoria y requisitos más flexibles para películas de carácter documental o que utilicen alguna lengua que, junto al castellano, sea oficial en una Comunidad Autónoma.

3. Las empresas productoras no independientes podrán optar a las ayudas para la amortización siempre que la totalidad de las películas de largometraje que produzcan sean en coproducción con empresas productoras independientes, con un porcentaje máximo de inversión del 60 por 100 del presupuesto de cada película.

4. Las empresas productoras que opten a estas ayudas deberán haber acreditado previamente el coste de las películas concurrentes a la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.

5. Para establecer el importe de la ayuda general para la amortización se tendrá en consideración la disponibilidad presupuestaria destinada a estas ayudas, el volumen de solicitudes existentes para cada convocatoria y la totalidad de la recaudación de las películas que concurren a la misma.

6. Para establecer el importe de la ayuda complementaria a la amortización se tendrá en consideración la disponibilidad presupuestaria destinada a estas ayudas, el volumen de solicitudes existentes para cada convocatoria y la totalidad de la inversión de los productores de todas las películas que concurren a la misma.

7. El importe acumulado de la ayuda general y la complementaria no podrá superar el 50 por 100 del coste de la película ni el 75 por 100 de la inversión del productor, con el límite máximo de la cantidad que se determine reglamentariamente.

Una misma productora o un conjunto de productoras que tengan mayoritariamente el mismo accionariado no podrán percibir en una misma convocatoria una cantidad superior al 15 por 100 de la cantidad global reservada en cada ejercicio presupuestario para la concesión de estas ayudas.

Art. 27. Ayudas para la producción de cortometrajes.–1. El fomento de la producción de cortometrajes se efectuará, para productores independientes, mediante la concesión de ayudas sobre proyecto o por cortometrajes realizados, compatibles entre sí, que se otorgarán previo informe del órgano colegiado que a tal efecto se constituya, en cuya propuesta deberá valorar:

a) Las características y viabilidad del proyecto.

b) La calidad y el valor artístico del guión.

c) El presupuesto del proyecto o, en su caso, el coste de la película.

d) El plan de financiación.

2. El importe máximo de la ayuda sobre proyecto no podrá superar el 60 por 100 del presupuesto ni la cantidad que se determine en cada convocatoria. La ayuda a cortometraje realizado tendrá como límite el 75 por 100 de la inversión del productor. La suma de estas ayudas no podrá superar el coste de la película objeto de las mismas.

Sección 4.ª Ayudas a la distribución

Art 28. Ayudas para la distribución de películas.–1. Se podrán conceder ayudas a distribuidores independientes para la realización de planes de promoción y distribución en España de películas de largo y corto metraje, comunitarias e iberoamericanas, a fin de estimular su distribución, principalmente en versión original, en salas de exhibición, con especial atención a la calidad de las películas, a la incorporación de nuevas tecnologías de la comunicación y a las facilidades de acceso a las películas para las personas con discapacidad.

2. Estas ayudas tendrán como objeto subvencionar hasta el 50 por 100 del coste del tiraje de copias, del subtitulado, de la publicidad y promoción, de los medios técnicos y de los recursos necesarios para el acercamiento de las películas a colectivos con discapacidades, con el límite máximo de la cantidad que se establezca reglamentariamente.

3. Los planes de distribución y promoción de las películas de largo metraje deberán comprender un mínimo de 15 provincias y 5 Comunidades Autónomas. En las películas de corto metraje, que deberán formar un conjunto para ser distribuido en una misma sesión cinematográfica, el ámbito territorial será de un mínimo de 4 provincias y 2 Comunidades Autónomas.

4. Para la concesión de estas ayudas se tendrá en consideración la propuesta de un órgano colegiado que estudiará las solicitudes presentadas, valorando:

a) La calidad y el interés cultural de las películas distribuidas concurrentes a la convocatoria.

b) El presupuesto para la ejecución del plan de distribución y promoción de las películas.

c) El ámbito territorial en el que se vayan a distribuir.

d) La incorporación de nuevas tecnologías en la distribución y las medidas que faciliten el acceso a las películas para las personas con discapacidad.

e) El historial de la empresa distribuidora y su anterior participación y experiencia en la distribución de películas de calidad y valores artísticos destacados.

5. Asimismo, en los términos que reglamentariamente se establezcan, se podrán conceder ayudas a la distribución de películas de largo metraje y corto metraje, comunitarias e iberoamericanas, en soporte videográfico o a través de Internet, siempre que incorporen un sistema de audiodescripción para personas ciegas y con discapacidad visual, así como un sistema de subtitulado especial que permita la comprensión de dichas películas por parte de personas sordas y con discapacidad auditiva.

Sección 5.ª Ayudas a la exhibición

Art 29. Ayudas para las salas de exhibición cinematográfica.–1. Con el objeto de favorecer el acceso de los espectadores a la diversidad de la producción cultural, se podrán establecer, en colaboración con las Comunidades Autónomas y del modo que reglamentariamente se determine, medidas de apoyo para las salas de exhibición independientes que en su programación anual incluyan, en una proporción superior al 40 por 100, largometrajes comunitarios e iberoamericanos, con preferencia hacia aquellas que los ofrezcan en versión original, así como un número mínimo de cortometrajes con las mismas características.

Igualmente podrán establecerse ayudas a las salas de exhibición independientes que programen largometrajes comunitarios e iberoamericanos en versión original durante un tiempo continuado superior a tres fines de semana.

2. Al objeto de propiciar y facilitar la modernización tecnológica en el sector de la exhibición, podrán establecerse, en colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas, ayudas a las salas de exhibición independientes que incidan en dicha modernización, con especial atención a la incorporación de sistemas de proyección digital.

3. Asimismo, con el objetivo de fomentar la permanencia y estabilidad de las salas de exhibición cinematográfica radicadas en pequeños núcleos urbanos o rurales, y del mantenimiento de una oferta cultural estable y próxima en dicho ámbito, se podrán establecer ayudas a las salas de exhibición independientes que tengan difícil acceso a copias de películas comunitarias e iberoamericanas.

4. Asimismo, se podrán establecer ayudas con el objetivo de adaptar las salas de exhibición a las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad y equipos técnicos para el subtitulado y la audiodescripción.

5. Lo dispuesto en los apartados anteriores se aplicará sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en estas materias [21].

Sección 6.ª Ayudas a la conservación

Art. 30. Ayudas para la conservación del patrimonio cinematográfico.–Se podrán conceder ayudas para la realización de interpositivos e internegativos de películas a las empresas productoras o titulares de películas que se comprometan a no exportar, en los términos que reglamentariamente se determine, el negativo original de las mismas y depositen el correspondiente soporte en la Filmoteca Española o Filmoteca de la Comunidad Autónoma competente, con la finalidad de promover la conservación del patrimonio cinematográfico. Asimismo, y en similares términos, se podrán conceder ayudas para la conservación de másters en soporte digital o de otra naturaleza, de acuerdo con las novedades tecnológicas que se produzcan.

El importe máximo de la ayuda no podrá superar el 50 por 100 del coste de realización de los interpositivos e internegativos y material de sonido necesario para la duplicación de la película, o, en su caso, del soporte digital correspondiente, con el límite máximo de la cantidad que se establezca reglamentariamente.

Sección 7.ª Ayudas a la promoción

Art. 31. Ayudas para la participación en festivales.– Con el fin de contribuir a la difusión de los valores culturales y artísticos del cine español, se podrán establecer ayudas a las empresas productoras de las películas seleccionadas por festivales internacionales de reconocido prestigio.

Para la obtención de estas ayudas, una película deberá haber sido seleccionada por alguno o algunos de los festivales que se determinen en la convocatoria anual. En función de la importancia de los certámenes, seleccionados por un órgano colegiado, se establecerá la cuantía de la ayuda que corresponda a la película o películas que en él participen, debiendo ser destinada de forma sustantiva a gastos de participación y promoción en el certamen, según un plan previamente establecido y presentado.

Art. 32. Ayudas para la organización de festivales y certámenes.–1. Se podrán conceder ayudas a la organización y desarrollo de festivales o certámenes cinematográficos de reconocido prestigio que se celebren en España y a aquellos que dediquen especial atención a la programación y difusión del cine comunitario, iberoamericano, películas de animación, documentales y cortometrajes.

2. Para la concesión de estas ayudas, que serán propuestas por un órgano colegiado, se considerará:

a) El ámbito de actuación del festival dentro del mundo cinematográfico y ciudadano.

b) Su trayectoria e historial a lo largo de los años.

c) El carácter internacional de su programación, valorando especialmente la atención específica que dedique a la cinematografía comunitaria e iberoamericana en sus distintas modalidades.

d) La solidez financiera del festival para atender a dicha programación.

e) La incidencia del festival en la industria audiovisual nacional e internacional.

f) Su cobertura por parte de los medios de comunicación.

3. La ayuda para la realización de festivales y certámenes no podrá superar el 50 por 100 del presupuesto presentado para su realización, con el límite máximo de la cantidad que se determine reglamentariamente.

Sección 8.ª Otras ayudas e incentivos

Art 33. Financiación cinematográfica y audiovisual.– Con la finalidad de crear un marco financiero favorable a la industria cinematográfica y audiovisual, se podrán suscribir convenios de colaboración con bancos y entidades de crédito para facilitar y ampliar la financiación de las actividades de los productores, distribuidores, exhibidores y de las industrias técnicas y del sector videográfico, así como para el desarrollo de la infraestructura o innovación tecnológica de los citados sectores. Asimismo, podrá ampliarse el sistema de garantías bancarias al objeto de facilitar a la industria la obtención de dicha financiación [22].

Art. 34. Nuevas tecnologías.–1. Se establecerán incentivos para la realización de obras audiovisuales que, utilizando nuevas tecnologías e innovaciones que se vayan produciendo en este campo, se destinen a su difusión en medios distintos a las salas de exhibición, televisión o vídeo doméstico.

2. Para la concesión de estas ayudas, que serán propuestas por un órgano colegiado, se tomará en consideración:

a) La originalidad y calidad del guión.

b) El empleo de nuevas tecnologías para la creación de la obra audiovisual.

c) El presupuesto del proyecto y su plan de financiación.

d) Su plan de difusión en medios distintos a las salas de exhibición, la televisión, o el video doméstico.

e) La capacidad del proyecto para que la obra audiovisual acceda a nuevos públicos.

3. El importe máximo de la ayuda no podrá superar el 50 por 100 del presupuesto del proyecto, ni la cantidad que se determine reglamentariamente.

Art. 35. Investigación, Desarrollo e Innovación.–1. Se podrán conceder ayudas a las empresas cinematográficas y audiovisuales para la realización de actividades de I+D+i dentro del marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, en el ámbito de la producción, la distribución, la exhibición y las industrias técnicas, con una consideración especial hacia los proyectos dedicados a la modalidad de imagen de animación.

2. Para la obtención de estas ayudas, cuyo importe máximo no podrá ser superior al 50 por 100 del presupuesto, será necesaria la presentación de un plan de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica por parte de las empresas solicitantes, que alcanzará un ámbito temporal de tres años como máximo, especificando los objetivos a conseguir, en su caso, dentro de cada una de esas anualidades y su desarrollo posterior en las siguientes.

3. Dicho plan será valorado por un órgano colegiado, que verificará su adecuación a las directrices establecidas para las actividades susceptibles de ser consideradas como de I+D+i, y que también tomará en consideración:

a) La repercusión potencial de los resultados que puedan obtenerse desde el punto de vista tanto cualitativo como cuantitativo.

b) La viabilidad de su incorporación al marco de actuación del sector al que pertenezca la empresa que presente el proyecto.

c) El presupuesto y su adecuación a los fines perseguidos.

4. El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales podrá adoptar las medidas adicionales de fomento que sean pertinentes para garantizar y facilitar la actualización tecnológica en el sector audiovisual.

Art. 36. Fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano.–Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.3, y con el fin de atender al fomento y protección del uso de las lenguas cooficiales distintas a la castellana en la cinematografía y el audiovisual, promoviendo la pluralidad cultural de España y la igualdad de oportunidades de las lenguas propias de cada territorio en materia de expresión y difusión audiovisual, se establecerá un fondo de ayudas o créditos específicos que serán transferidos en su integridad a los organismos competentes de las Comunidades Autónomas, que los gestionarán conforme a sus competencias.

Esta aportación del Estado, basada en el principio de corresponsabilidad, se dotará dentro de los límites presupuestarios aprobados en cada ejercicio y se destinará al fomento de la producción, distribución, exhibición y promoción de la industria cinematográfica y audiovisual en las citadas lenguas [23].

Art. 37. Promoción exterior.–El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, en su labor de promoción cultural en el exterior, facilitará la presencia del cine español en certámenes de todo el mundo y organizará muestras o ciclos que den a conocer más ampliamente el cine español en lugares estratégicos, en colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas.

Asimismo, el Instituto podrá colaborar con entidades públicas o privadas que promocionen el cine español fuera de nuestras fronteras, buscando una mejor y mayor comercialización de las películas españolas en el exterior.

CAPÍTULO IV

Régimen sancionador

Art. 38. Competencias.–El régimen de infracciones y sanciones se ajustará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto [24]. La iniciación del procedimiento corresponderá al Director del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y la instrucción a la Secretaría General del mismo organismo, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.

En el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, corresponderá al Presidente del Instituto la resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones muy graves, y al Director la resolución de los procedimientos por infracciones graves y leves [25].

Art. 39. Infracciones.–Las infracciones a lo preceptuado en las normas de esta Ley se clasifican en infracciones muy graves, infracciones graves e infracciones leves.

1. Son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento de la cuota de pantalla en porcentaje superior al 60 por 100, referido al número de sesiones de exhibición de películas comunitarias que corresponda proyectar en cada sala, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18.

b) El incumplimiento de las disposiciones de los artículos 9.2, 9.3 y 17 relativas a películas y salas «X».

c) Las conductas tipificadas como muy graves por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones [26].

d) La falsedad o manipulación de los datos de rendimiento de las obras cinematográficas reflejados en los informes de declaración de exhibición a que se refiere el artículo 16.2.

2. Son infracciones graves:

a) El incumplimiento de la cuota de pantalla en porcentaje igual o inferior al 60 por 100 y superior al 30 por 100, referido al número de sesiones de exhibición de películas comunitarias que corresponda proyectar en cada sala, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18.

b) Las conductas tipificadas como graves por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones [27].

c) Comercializar o difundir películas cinematográficas u obras audiovisuales sin que hayan sido objeto de calificación por grupos de edades, según lo establecido en el artículo 8.1.

d) Los incumplimientos, por acción u omisión, de las obligaciones de utilización de billetes reglamentarios y emisión de informes de declaración de exhibición a que se refiere el artículo 16.2 cuando impidan el control del rendimiento de las obras cinematográficas exhibidas y los retrasos injustificados en la remisión de dichos informes superiores a un mes sobre los plazos reglamentariamente establecidos.

3. Son infracciones leves:

a) El incumplimiento de la cuota de pantalla en porcentaje igual o inferior al 30 por 100, referido al número de sesiones de exhibición de películas comunitarias que corresponda proyectar en cada sala, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18.

b) Las conductas tipificadas como leves en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones [28].

c) Los incumplimientos, por acción u omisión, de lo previsto en el artículo 9.1 relativo a la publicidad de la calificación de las películas y obras audiovisuales.

d) El incumplimiento de las obligaciones de inscripción y notificación relativas al Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales a que se refiere el artículo 7.

e) Los incumplimientos, por acción u omisión, de las obligaciones relativas al control del rendimiento de las obras cinematográficas exhibidas cuando no sean falta grave o muy grave.

Art. 40. Sanciones.–1. Las infracciones se sancionarán:

a) Las leves, con apercibimiento o multa de hasta 4.000 euros.

b) Las graves, con multa de hasta 40.000 euros.

c) Las muy graves, con multa de hasta 75.000 euros.

2. Las infracciones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones serán sancionadas de acuerdo con lo previsto en la misma [29].

3. Calificadas las infracciones, las sanciones se graduarán en atención a la mera negligencia o intencionalidad del infractor, a la reincidencia en infracciones previamente sancionadas, al porcentaje de infracción en el caso de las infracciones previstas en los apartados 1.a), 2.a) y 3.a) del artículo 39 y, en su caso, a la recaudación de la sala y número de habitantes de la población.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Agencia Estatal de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.–El Gobierno, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 28/2006, de Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos, procederá a transformar el actual organismo autónomo Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en Agencia Estatal de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, cuyos fines principales serán el fomento, promoción, ordenación y apoyo de las actividades cinematográficas y audiovisuales, la conservación del patrimonio cinematográfico, la proyección exterior de la cinematografía y de las artes audiovisuales y la colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas en materia cinematográfica y audiovisual, sin perjuicio de las competencias que éstas tengan atribuidas.

Las funciones y la estructura orgánica de la Agencia serán las que determine el Estatuto por el que se rija la misma, con arreglo a las previsiones de la presente Ley y de la normativa reguladora de las Agencias Estatales, en el que podrá establecerse la participación, en su Consejo Rector, de las Comunidades Autónomas, así como de sectores profesionales relacionados con los fines y actividades de la Agencia.

Una vez que se produzca la efectiva constitución de la Agencia Estatal de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, las referencias que se contienen en la presente Ley al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales se entenderán realizadas a la Agencia Estatal de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

Segunda. Órganos colegiados.–1. En materia de calificación de obras cinematográficas y audiovisuales y ayudas, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales contará con la participación de órganos colegiados, a los que será de aplicación el régimen jurídico establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en cuya composición se procurará la participación, en su caso, de los diferentes sectores profesionales relacionados con la materia de la que conozca el órgano colegiado correspondiente. Asimismo, se procurará la paridad entre hombres y mujeres, de acuerdo con el Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado.

2. El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales podrá recabar la opinión de los espectadores con objeto de conocer sus planteamientos respecto de la situación y desarrollo de la industria audiovisual española [30].

Tercera. Del acceso al cine para las personas con discapacidad.–1. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la accesibilidad al cine de las personas con discapacidad física o sensorial, velando por un uso regular, normalizado y sin discriminaciones de los medios audiovisuales.

2. Las ayudas a la distribución en video e Internet tendrán como requisito de acceso la incorporación de sistemas de audiodescripción para personas ciegas y con discapacidad visual, así como un sistema de subtitulado especial que permita la comprensión de dichas películas por parte de personas sordas y con discapacidad auditiva. En la concesión de ayudas a la distribución en salas de exhibición se valorará específicamente la incorporación de sistemas que faciliten el acceso a las películas para las personas con discapacidad. El Órgano Colegiado para la valoración de ambas ayudas podrá recabar el consejo de un experto independiente respecto de las condiciones de accesibilidad que se presenten.

3. El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales colaborará con el Consejo Nacional de la Discapacidad en aquellas iniciativas que aborden propuestas de acción y de mejora relativas a la situación y progresos de la accesibilidad del cine a las personas con discapacidad.

4. El Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESYA) del Real Patronato sobre Discapacidad constituye el centro estatal técnico de referencia en materia de accesibilidad audiovisual para personas con discapacidad, en lo referente a la producción, distribución y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales.

5. Las empresas titulares de salas de exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales que dispongan de página o sitio de Internet informarán a través de ese medio de las condiciones de accesibilidad tanto de las salas como de las obras audiovisuales que exhiban, de modo que los potenciales usuarios con discapacidad puedan conocer esa información con la antelación suficiente.

Asimismo, se promoverá que las salas de exhibición dispongan de espacios reservados para personas que utilicen silla de ruedas o que tengan algún tipo de discapacidad física que les impida acomodarse en las butacas de las salas.

Cuarta. Consultas sobre incentivos fiscales.–El plazo de contestación a las consultas formuladas a la Administración tributaria durante los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, sobre la aplicación de la bonificación por actividades exportadoras y la deducción por producciones cinematográficas y audiovisuales reguladas en los artículos 34.1 y 38.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo, en el supuesto de que la creación cinematográfica o audiovisual se realice por una agrupación de interés económico, se reducirá a la mitad.

Quinta. Seguimiento.–Durante el último semestre del año 2011, el Ministerio de Economía y Hacienda, asistido por el Ministerio de Cultura, presentará al Gobierno un estudio relativo a la eficacia de las diferentes ayudas e incentivos a la producción cinematográfica y audiovisual vigentes durante los años 2007 a 2011, y, en su caso, adecuará las mismas a las necesidades de la economía española, respetando la normativa comunitaria.

Sexta. Convenios para el fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano.–El Ministerio de Cultura, mediante convenio, concretará dentro de las disponibilidades presupuestarias anuales, los créditos previstos en el artículo 36 de esta Ley, de forma que la dotación que reciba cada Comunidad Autónoma con lengua cooficial sea anualmente equivalente a la suma de aportaciones que dicha Comunidad haya destinado en el ejercicio anterior para el soporte y fomento de la producción, distribución, exhibición y promoción del audiovisual en lengua cooficial distinta al castellano.

La dotación que reciba cada Comunidad Autónoma no será superior al 50 por 100 del total de las ayudas que las empresas audiovisuales residentes en dicha Comunidad hayan recibido del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el ejercicio anterior [31].

Séptima. Acceso de los productos cinematográficos y audiovisuales al sistema educativo.–Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la accesibilidad de los productos cinematográficos y audiovisuales al sistema educativo a través de programas de formación, de manera que sus contenidos puedan también quedar integrados en aquél.

Octava. Condiciones de trabajo y calidad del empleo.–Con el objetivo de mejorar la calidad en el empleo de los trabajadores del sector del cine y, con ello, mejorar sus condiciones de trabajo, mediante convenio colectivo sectorial de ámbito estatal podrán establecerse sistemas o procedimientos de representación de los trabajadores a través de representantes sindicales o de carácter bipartito entre organizaciones empresariales y sindicales, dirigidos a promover el cumplimiento de la normativa laboral y social en el sector del cine.

Novena. Estudio sobre implantación sindical.–El Gobierno, en el plazo máximo de un año desde la aprobación de esta Ley, elaborará un estudio sobre la implantación de las organizaciones sindicales en el sector del cine y el audiovisual.

A la vista de los resultados del anterior estudio, podrán promoverse, en su caso, las iniciativas legales, o de otra índole, dirigidas a mejorar la calidad en el empleo de los trabajadores de los referidos sectores y, con ello, mejorar sus condiciones de trabajo, a través de los mecanismos de implicación de los trabajadores que se consideren pertinentes.

Décima. Promoción del estreno y la exhibición del cine europeo.–La Administración General del Estado podrá establecer convenios con RTVE u otros operadores de televisión con el objetivo de desarrollar programas específicos que promocionen el estreno y la exhibición del cine europeo y, especialmente, el realizado en alguna de las lenguas oficiales españolas.

Undécima. Promoción de convenios con la industria española de la animación.–Con el fin de fomentar la industria española de la animación, el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales promoverá la suscripción, actualización y renovación de convenios entre RTVE y dicho sector que favorezcan la realización de productos de animación: largometrajes, cortometrajes y series.

Duodécima. Exhibición cinematográfica y acceso a la diversidad de la producción.–El Gobierno reconocerá la contribución del sector de la exhibición al acceso de los ciudadanos a la diversidad de la producción cinematográfica a través del cumplimiento de la cuota de pantalla para películas originadas en los Estados miembros de la Unión Europea, mediante el desarrollo reglamentario de las ayudas previstas en el artículo 29 de esta Ley, con una especial incidencia sobre aquellas destinadas a la modernización tecnológica de las salas y el apoyo a las radicadas en pequeños núcleos urbanos o rurales, así como a la adaptación de las salas a las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Vigencia temporal de determinadas normas.–En tanto no se produzca el correspondiente desarrollo reglamentario y en todo aquello que no se oponga a las previsiones de esta Ley, mantendrán su vigencia las siguientes normas:

a) Los capítulos III y IV del Real Decreto 81/1997, de 24 de enero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 17/1994, de 8 de junio, de Protección y Fomento de la Cinematografía, y se actualizan y refunden normas relativas a la realización de películas en coproducción, salas de exhibición cinematográfica y calificación de películas cinematográficas [32], salvo en lo relativo a la calificación de películas «X».

b) Real Decreto 526/2002, de 14 de junio, por el que se regulan medidas de fomento y producción de la cinematografía y la realización de películas en coproducción [33].

c) Real Decreto 1652/2004, de 9 julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula la inversión obligatoria para la financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión, europeos y españoles [34].

d) Orden de 7 de julio de 1997 por la que se dictan normas de aplicación del Real Decreto 81/1997, de 24 de enero, en las materias de cuota de pantalla y distribución de películas, salas de exhibición, registro de empresas y calificación de obras cinematográficas y audiovisuales, en aquellos aspectos no derogados expresamente por esta Ley [35].

e) Orden CUL/3928/2006, de 14 de diciembre, por la que se dictan normas de aplicación del Real Decreto 526/2002, de 14 de junio, por el que se regulan las medidas de fomento y promoción de la cinematografía y la realización de películas en coproducción, y se establecen las bases reguladoras de dichas medidas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en la presente Ley y en concreto las siguientes:

a) La Ley 15/2001, de 9 julio, de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual, con la salvedad de su disposición adicional segunda.

b) Los artículos 4 y 8 de la Ley 3/1980, de 10 de enero, de regulación de cuotas de pantalla y distribución cinematográfica.

b) Los artículos 1, 2 y 6 de la Ley 1/1982, de 24 de febrero, por la que se regulan las salas especiales de exhibición cinematográfica, la Filmoteca Española y las tarifas de las tasas por licencias de doblaje.

d) El Real Decreto 81/1997, de 24 de enero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 17/1994, de 8 de junio, de Protección y Fomento de la Cinematografía, y se actualizan y refunden normas relativas a la realización de películas en coproducción, salas de exhibición cinematográfica y calificación de películas cinematográficas, salvo sus capítulos III y IV.

e) El Capítulo I, el apartado décimo del Capítulo III y las disposiciones finales cuarta, quinta, sexta y séptima de la Orden de 7 de julio de 1997 por la que se dictan normas de aplicación del Real Decreto 81/1997, de 24 de enero, en las materias de cuotas de pantalla y distribución de películas, salas de exhibición, registro de empresas y calificación de obras cinematográficas y audiovisuales.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificación de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles.–Se añade una disposición adicional cuarta en la Ley 28/1998, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles, que tendrá la siguiente redacción:

«Disposición adicional cuarta. Sección de obras y grabaciones audiovisuales.

Se crea una sección adicional en el Registro de Bienes Muebles destinada a la inscripción, con eficacia frente a terceros, de las obras y grabaciones audiovisuales, sus derechos de explotación y, en su caso, de las anotaciones de demanda, embargos, cargas, limitaciones de disponer, hipotecas, y otros derechos reales impuestos sobre las mismas, en la forma que se determine reglamentariamente.»

Segunda. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

1. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2007, se da nueva redacción a los apartados 3 y 4 de la disposición derogatoria segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que quedarán redactados de la siguiente manera:

«3. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2012 queda derogado el artículo 35 y el apartado 2 del artículo 38 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

4. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2014 quedan derogados el apartado 1 del artículo 34 y los apartados 1, 3 y 7 del artículo 38 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.»

2. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2007, se da nueva redacción al apartado 4 y se añade un apartado 5 a la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que quedarán redactados de la siguiente manera:

«4. Las deducciones reguladas en los apartados 1 y 3 del artículo 38 de esta Ley se determinarán multiplicando los porcentajes de deducción fijados en dichos apartados por los coeficientes establecidos en la disposición adicional novena de esta Ley. El porcentaje de deducción que resulte se redondeará en la unidad superior.

5. El porcentaje de deducción establecido en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley será del 18 por ciento. Dicho porcentaje será del 5 por ciento para el coproductor financiero.»

3. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2007, se da nueva redacción a los apartados 2 y 3 de la disposición transitoria vigésima primera del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que quedarán redactados de la siguiente manera:

«2. Las deducciones establecidas en el artículo 35 y en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, pendientes de aplicación al comienzo del primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2012, podrán aplicarse en el plazo y con los requisitos establecidos en el capítulo IV del título VI de esta Ley, según redacción vigente a 31 de diciembre de 2011. Dichos requisitos son igualmente aplicables para consolidar las deducciones practicadas en períodos impositivos iniciados antes de aquella fecha.

3. Las deducciones establecidas en los apartados 1 y 3 del artículo 38 de esta Ley, pendientes de aplicación al comienzo del primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2014, podrán aplicarse en el plazo y con los requisitos establecidos en el capítulo IV del título VI de esta Ley, según redacción vigente a 31 de diciembre de 2013. Dichos requisitos son igualmente aplicables para consolidar las deducciones practicadas en períodos impositivos iniciados antes de aquella fecha.»

Tercera. Títulos competenciales.–La Ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.2 de la Constitución, que dispone que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial, con la excepción de los siguientes artículos:

1. Los artículos 8 y 9 se dictan al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que reserva al Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

2. Los artículos 7; 10 a 18; 22 y 23; 24 a 27; 28; 31, 32, 33, 34 y 38 a 40, así como la disposición adicional undécima se dictan al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que reserva al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

3. El artículo 35 se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.15.ª relativo al fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

4. La disposición adicional séptima se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución relativo a las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la misma.

5. Las disposiciones adicionales octava y novena se dictan al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución, que reserva al Estado la legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

6. La disposición final primera se dicta al amparo del artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que reserva al Estado la legislación mercantil.

7. El artículo 21 y las disposiciones adicional cuarta y final segunda se dictan al amparo del artículo 149.1.14.ª que reserva al Estado la competencia sobre la Hacienda General y Deuda del Estado.

Cuarta. Desarrollo y habilitación normativa.–1. Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Ley en el ámbito de sus competencias.

2. Cuando razones técnicas o de oportunidad así lo aconsejen, el Gobierno, oídas las Comunidades Autónomas, podrá modificar los porcentajes establecidos en el artículo 18 para el cumplimiento de la cuota de pantalla y en el artículo 24 para la minoración de importes de las ayudas a la producción.

Quinta. Entrada en vigor.–La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» salvo lo dispuesto en el artículo 36, que entrará en vigor el 1 de enero de 2009.

[1] Véase el artículo 8.1 del Reglamento de desarrollo de la presente Ley (§ 10).

[2] Artículo 8.2 del Reglamento (§ 10).

[3] Respecto al Instituto nacional de Cinematografía, los artículos 1 a 3 del Real Decreto 7/1997, de 10 de enero («BOE» núm. 24, de 28 de enero), de estructura orgánica y funciones del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales establecen lo siguiente:

«Artículo 1. Naturaleza y régimen jurídico.–1. El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, creado por el artículo 90 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985, es un organismo autónomo, de carácter administrativo, de los comprendidos en el artículo 4.1.a) de la Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y queda adscrito al Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Secretaría de Estado de Cultura.

2. El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales tiene personalidad jurídica propia y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y se rige por lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas, en la Ley General Presupuestaria y en las demás disposiciones de aplicación a los organismos autónomos.

Art. 2. Fines.–Corresponde al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales la consecución de los siguientes fines:

1. Desarrollar la creación, incrementar la producción y favorecer la distribución de producciones españolas.

2. Alcanzar una proporción aceptable de mercado interior que permita el mantenimiento de todo el conjunto industrial del cine español.

3. Mejorar el grado de competencia de las empresas e incentivar la aplicación de nuevas tecnologías.

4. La proyección exterior de la cinematografía y de las artes audiovisuales españolas.

5. La salvaguarda y difusión del patrimonio cinematográfico español.

6. Fomentar la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas en materia de cinematografía y artes audiovisuales.

Art. 3. Funciones.–El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales ejercerá las siguientes funciones:

1. El fomento, promoción y ordenación de las actividades cinematográficas y audiovisuales españolas en sus tres aspectos de producción, distribución y exhibición.

2. La promoción de la cinematografía y de las artes audiovisuales españolas.

3. La recuperación, restauración, conservación, investigación y difusión del patrimonio cinematográfico.

4. La cooperación en la formación de profesionales en las distintas especialidades cinematográficas.

5. Las relaciones con organismos e instituciones internacionales y extranjeros de fines similares.

6. La cooperación con las Comunidades Autónomas en materia de cinematografía y artes audiovisuales, de acuerdo con aquéllas.

[.......]

Téngase en cuenta la disposición adicional primera de la presente Ley.

En cuanto a la Filmoteca española, su adscripción y funciones se recogen en el artículo 7 del citado Real Decreto 7/1997, de 10 de enero.»

[4] El artículo 105 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre establece la estructura de dicho Registro del modo siguiente:

«Artículo 105. Estructura.–El Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, regulado en el capítulo IV del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, se compondrá de diez secciones:

a) Primera: Empresas de producción de películas cinematográficas. Inscribirá a aquellas cuyo objeto lo constituya la producción de las obras audiovisuales destinadas en primer término a su explotación comercial en salas de cine.

b) Segunda: Empresas de distribución de películas cinematográficas. Inscribirá a aquellas cuyo objeto lo constituya la importación y/o distribución de estas obras.

c) Tercera: Exhibidores. Inscribirá a los titulares de salas de exhibición cinematográfica, con anotación de cada una de las salas de las que sea titular.

d) Cuarta: Laboratorios. Inscribirá a empresas titulares de laboratorios cinematográficos y de otros materiales audiovisuales.

e) Quinta: Estudios de rodaje. Inscribirá a empresas titulares de estudios de rodaje.

f) Sexta: Estudios de doblaje. Inscribirá a aquellas empresas titulares de estudios de doblaje.

g) Séptima: Empresas de exportación de películas y de otras obras audiovisuales. Inscribirá a empresas dedicadas a la exportación de dichas obras.

h) Octava: Industrias técnicas para producción y posproducción: Inscribirá a aquellas empresas cuya actividad empresarial consista en aportar medios materiales o técnicos para la producción y la posproducción de películas cinematográficas u otras obras audiovisuales.

i) Novena: Empresas de producción de otras obras audiovisuales. Inscribirá a las que tengan por objeto la producción de obras audiovisuales con destino a la comercialización no cinematográfica.

j) Décima: Empresas de distribución de otras obras audiovisuales. Inscribirá a las que tengan por objeto la importación y/o distribución de obras audiovisuales con destino a la comercialización no cinematográfica.»

Véanse, además, los artículos 9, 10 y 11 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la presente Ley (§10).

[5] Véanse los artículos 5, 6 y 35 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre (§ 10). Téngase, además, en cuenta el artículo 39.2 c) de esta Ley.

[6] Véase el artículo 16 del Real Decreto 2062/2008 (§ 10).

[7] Véase el artículo 11 del Reglamento de desarrollo de la presente Ley (§ 10).

[8] Véanse los artículos 5.1, y 8 del Real Decreto 2062/2008 (§ 10).

[9] Véanse los artículos 23 y 24 del Real Decreto 2062/2008 (§ 10).

[10] Véase el artículo 7 de esta Ley.

[11] Publicada en «BOE» núm. 159, de 4 de julio. Véanse sus artículos 1 a 6.

[12] Véase el artículo 7 de esta Ley y el 11 de su Reglamento (§ 10).

[13] Artículos 17 y siguientes del Real Decreto 2062/2008 (§ 10).

[14] Véase el artículo 17 del Reglamento de desarrollo de la presente Ley (§ 10).

[15] Véanse los artículos 12, 13 y 14 del Real Decreto 2062/2008 (§10). Véase también, en el parágrafo 12, la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio.

[16] Véase el artículo 7.1 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la presente Ley (§ 10).

[17] Téngase en cuenta el artículo 6 y nota, y la disposición adicional primera de la presente Ley.

[18] Véase el artículo 19 del Real Decreto 2062/2008 (§ 10).

[19] Debe ser 29 de abril («BOE» núm 103, de 30 de abril).

[20] Véase la disposición adicional 4.ª de esta Ley.

[21] Véase el artículo 19.2 del Reglamento de desarrollo de la presente Ley (§ 10).

[22] Artículo 20.2 del Reglamento de desarrollo de la presente Ley.

[23] Artículo redactado de conformidad con la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 («BOE» núm. 156, de 30 de junio). Véase la disposición adicional 6.ª de esta Ley. Véase, además, el artículo 19.3 de su Reglamento de Desarrollo (§ 10).

[24] Publicado en «BOE» núm. 189, de 9 de agosto de 1993. Véanse los artículos 38 y 39 del Real Decreto 2062/2008, por el que se aprobó el Reglamento de la presente Ley.

[25] De conformidad con la Resolución de 30 de julio de 2009, de la Presidencia del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, se delega en el Director General de dicho organismo la competencia para la resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones muy graves, a la que se refiere este artículo. Véase el artículo 39.3 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre.

[26] Publicada en «BOE» núm. 276, de 18 de noviembre. Véase su artículo 58.

[27] Véase el artículo 57 de la citada Ley.

[28] Véase su artículo 56.

[29] Artículos 61 a 63 de la citada Ley.

[30] Ténganse en cuenta los artículos 35 a 37 del Real Decreto 2062/2008 (§10).

[31] Redactada conforme a la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012 («BOE» núm. 156, de 30 de junio).

[32] Derogado por el Real Decreto 2062/2008 (§ 10).

[33] Derogado por el Real Decreto 2062/2008.

[34] El citado Reglamento 1652/2004, de 9 de julio, dispone:

«Artículo 1. Ámbito de aplicación.–1. Están sujetos a lo dispuesto en este reglamento los operadores de televisión cuya inspección y control sea competencia del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE del Consejo, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.

2. De acuerdo con la mencionada ley, se entiende por operador de televisión la persona física o jurídica que asuma la responsabilidad editorial de la programación televisiva y que la transmita o la haga transmitir por un tercero. Asimismo, se considerarán establecidos en España aquellos operadores que cumplan las condiciones previstas en el artículo 2 de la citada Ley 25/1994, de 12 de julio.

Art. 2. Verificación del cumplimiento de la obligación de inversión.–1. Los operadores de televisión que tengan la responsabilidad editorial de canales de televisión en cuya programación se incluyan largometrajes cinematográficos de producción actual deberán remitir a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, antes del día 1 de abril de cada año natural, un informe en el que se indique la forma en que han dado cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos segundo a cuarto del apartado 1 del artículo 5 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, utilizando para ello el modelo que se adjunta como anexo de este reglamento. Se entenderá por largometraje cinematográfico de producción actual aquel que cuente con una antigüedad menor de siete años computados desde su fecha de producción.

2. A la vista de los citados informes, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá requerir de los operadores de televisión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19.2 y 3 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, los datos adicionales, con el detalle que fuese preciso, así como la presentación de la documentación original necesaria para comprobar el cumplimiento de la citada obligación.

3. Tanto el informe inicial como las informaciones adicionales requeridas tendrán carácter confidencial, sin que puedan ser utilizadas para fines distintos de aquellos para los que haya sido suministrada por los operadores.

4. Antes de transcurridos seis meses desde la presentación por los operadores de televisión de los informes a que se refiere el apartado 1, la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, a la vista de los informes de la comisión de seguimiento a que se hace referencia en el artículo 10.2.c), notificará por escrito a cada operador de televisión si ha dado cumplimiento a su obligación de financiación. Dicha notificación incorporará la establecida en el artículo 8.3.

Art. 3. Acreditación de los ingresos ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.–1. En el informe anual a que hace referencia el artículo 2, los operadores de televisión privados acreditarán sus ingresos ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información mediante:

a) La presentación, por parte de las sociedades constituidas bajo la ley española, de las cuentas anuales debidamente auditadas, en aquellos casos en que sea necesario conforme a la normativa mercantil aplicable, y depositadas en el Registro Mercantil; las sociedades constituidas con arreglo a la ley distinta de la española deberán presentar las referidas cuentas acompañadas de la acreditación fehaciente de su depósito en el correspondiente registro, de ser preceptivo dicho depósito, o, en caso contrario, de la certificación del representante del operador correspondiente de haber aprobado las cuentas anuales conforme a la normativa aplicable en el Estado en cuestión, y

b) La presentación del desglose de los conceptos necesarios para determinar los ingresos computables que, si no viniera reflejado en las cuentas anuales o estas no hubieran sido auditadas, deberá venir conformado por una auditoría externa.

2. Los operadores de televisión privados cuyo ejercicio social no coincida con el año natural, según lo dispuesto en sus estatutos sociales, efectuarán el cómputo de la inversión realizada tomando como referencia el periodo comprendido entre el primero y el último día de su correspondiente ejercicio social y presentarán como ingresos de explotación los correspondientes al ejercicio anterior.

3. Los operadores públicos acreditarán sus ingresos mediante certificación del Director General del ente público Radio Televisión Española con igual nivel de desglose de ingresos que el requerido a los operadores privados.

Art. 4. Ingresos computables.–1. A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se computarán como ingresos del operador los ingresos netos de explotación derivados de la programación y explotación del canal o de los canales de televisión que dan origen a la obligación de inversión. En todo caso, integrarán dichos ingresos los derivados de la publicidad, las cuotas de abono y las subvenciones, en su caso.

Se excluyen los ingresos obtenidos de la explotación de otros canales que no generen obligación de inversión, los provenientes de otras actividades distintas de la televisiva, así como los generados por el alquiler de equipos de recepción o la instalación de antenas.

2. Los ingresos en concepto de derechos o regalías por la comercialización de productos asociados a los contenidos emitidos sólo se computarán en la medida en que la suma de dichos ingresos represente un porcentaje superior al 10 por ciento del total de ingresos del operador. En este último caso, sólo será computable como ingreso de explotación la cuantía que exceda de dicho porcentaje.

Art. 5. Acreditación de la financiación efectuada.–1. Para la acreditación ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de la financiación efectuada, los operadores de televisión deberán presentar una relación de las obras que han sido objeto de financiación, diferenciando las producciones cuya lengua originaria sea cualquiera de las oficiales en España, y distinguiendo, por sus especiales características, los casos en que la financiación se haya producido excepcionalmente con posterioridad a la finalización de la producción.

2. Se indicarán para cada obra los siguientes datos:

a) El título.

b) El titular de los derechos o la empresa productora.

c) Las fechas del contrato, salvo que se trate de producción propia, y de finalización de la producción; en el supuesto de que la producción no se hubiese concluido, se indicará esta circunstancia mediante la expresión \»sin finalizar\».

d) Los importes correspondientes a la participación directa en la producción, en el caso de producción propia, coproducción o encargo de producción, así como las relativas a la compra de derechos de explotación, tanto en películas para cine como para televisión.

3. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá requerir la presentación de la documentación acreditativa de los datos a que se refiere el apartado anterior.

Art. 6. Obras audiovisuales cuya financiación se computará.–Las obras audiovisuales, de ficción, documentales o animación cuya financiación podrá computarse serán las siguientes:

a) Los largometrajes y cortometrajes cinematográficos.

b) Las películas para televisión, entendiendo por tales cualquier género de obras audiovisuales de características similares a los largometrajes cinematográficos, es decir, obras unitarias de duración superior a 60 minutos con desenlace final, con la singularidad de que su explotación comercial no incluye la exhibición en salas de cine.

Se excluyen las obras audiovisuales por episodios, cualquiera que sea el número de estos.

Para distinguir estas últimas obras de aquellas películas para televisión que, en razón de su duración, puedan ser objeto de emisión dividida en dos partes, cuando se produzca la emisión en estas condiciones se considerará que dichas películas no podrán tener una duración superior a 150 minutos.

Dichas películas deberán obtener la calificación por grupos de edad y, en su caso, el certificado de nacionalidad española, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 15/2001, de 9 de julio, y en el artículo 3 del Real Decreto 526/2002, de 14 de junio, por el que se regulan medidas de fomento y promoción de la cinematografía y la realización de películas en coproducción, respectivamente.

c) Las obras que, no estando incluidas en los párrafos anteriores, se encuentren comprendidas en los supuestos contemplados en el artículo 5.1 de la Ley 15/2001, de 9 de julio, de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual, esto es, películas, cualquiera que sea su soporte, de nuevos realizadores, experimentales, documentales, pilotos de serie de animación o de decidido carácter cultural.

Art. 7. Gastos computables en la financiación anticipada de producciones.–1. En el cumplimiento de la obligación de financiación podrán computarse todos los gastos en que incurra el operador de televisión en producción propia y encargos de producción, coproducciones y compra a sus productores de derechos de explotación de las obras audiovisuales incluidas en el artículo anterior.

Se excluyen las compras a terceros, distintos de la empresa productora, salvo en los supuestos contemplados en el apartado 4.

Dentro de la producción propia se computarán todos los gastos directos, debidamente justificados, en que se incurra para la realización de esta.

En cualquier caso, sólo serán computables como costes o gastos aquellos que determine la normativa del Ministerio de Cultura sobre reconocimiento de costes de las obras cinematográficas a efectos de la concesión de ayudas, siendo de aplicación los límites previstos en esta.

2. Se computará tanto la financiación directa de los operadores de televisión como la indirecta aportada a través de sociedades productoras filiales.

En el supuesto de que el operador de televisión sea filial de una empresa productora, también computará la inversión realizada por la empresa matriz. Si esta última empresa tuviera como filiales simultáneamente a varios operadores de televisión, el cómputo de las inversiones realizadas por la empresa productora se distribuirá entre los operadores en proporción a su cifra de negocios.

En todos los casos, se descontará de la financiación aportada a cada obra:

a) El importe de las ayudas públicas obtenidas por el operador o la sociedad productora, filial o matriz de este, en la cuantía que les corresponda en función de su porcentaje de participación en la producción de la obra.

b) El importe recibido por el operador o la sociedad productora, filial o matriz de este, en la cuantía que les corresponda, por la cesión de los derechos de explotación de la obra a dicho operador de televisión cuando este último compute el importe pagado por dichos derechos a efectos de la obligación de financiación.

En ningún caso se admitirá, dentro del mismo grupo, el doble cómputo de una misma financiación.

A efectos de lo previsto en este apartado, la financiación computable de las empresas del grupo del que forme parte el operador de televisión se calculará de acuerdo con lo que disponen los artículos 42 y siguientes del Código de Comercio para las cuentas consolidadas.

3. Con la salvedad de lo indicado en el apartado 5, no computarán las compras de derechos de explotación de producciones terminadas españolas o europeas, sean o no consideradas de catálogo.

A estos efectos, la fecha de finalización de la producción, a partir de la cual la obra se entiende terminada, será la de obtención de la primera copia estándar, que podrá ser justificada por el propio productor, por las empresas auxiliares participantes en el proceso final de posproducción o por cualquier otro medio suficiente.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, también podrán computarse las compras de derechos de explotación efectuadas a terceros, distintos de la empresa productora, en los siguientes casos:

a) Cuando tengan por objeto una producción realizada exclusivamente por uno o varios productores comunitarios de los que ninguno tenga establecimiento permanente en España; en este caso, podrá computarse como inversión la totalidad del pago efectuado al tercero.

b) Cuando los derechos globales hubieran sido adquiridos por un operador de televisión, las reventas que este haga a otros operadores de los derechos de emisión para cada una de las diferentes ventanas de explotación podrán computarse por el importe efectivamente abonado en términos netos por cada operador por la adquisición de los mencionados derechos, siempre que se minore por el mismo importe la aportación computada al primer operador. En ningún caso se admitirá el doble cómputo del importe abonado sucesivamente por un mismo derecho por varios operadores de televisión.

c) Cuando los titulares de los derechos de explotación sean empresas distribuidoras, podrán computarse las cantidades abonadas por el operador de televisión, siempre que exista un mínimo garantizado para la empresa productora de la obra, circunstancia que deberá reflejarse en el contrato entre el operador de televisión y la empresa distribuidora, debiendo computarse como inversión únicamente dicho mínimo garantizado.

En todos estos supuestos se aplicará estrictamente lo dispuesto en el apartado 3, sin que sea de aplicación la excepción prevista en el apartado 5.

5. Excepcionalmente, en el supuesto de obras que durante su fase de producción no se hayan beneficiado de la financiación prevista en el segundo párrafo del artículo 5.1 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, la compra directa al productor o al distribuidor de los derechos de explotación de las obras ya terminadas podrá computarse siempre que dicha compra se produzca, como máximo, seis meses después de la finalización de la producción.

En este supuesto, las compras de derechos de explotación efectuadas a terceros sólo pueden computarse si estos últimos actúan en calidad de meros agentes de las empresas productoras.

Art. 8. Ejercicio en el que se computa la inversión.–1. La financiación efectuada se aplicará al ejercicio en el que nazca la obligación contractual de los operadores con terceros, independientemente de su fecha de pago. En el caso de producción propia, la financiación se aplicará al ejercicio en que dio comienzo la producción o, alternativamente, si esta producción se distribuyera en varios ejercicios, se aplicarán como inversión a cada uno de ellos los gastos efectivamente contabilizados en cada ejercicio, sin que pueda contabilizarse dos veces el mismo gasto.

2. No obstante, atendiendo a la normal duración de los procesos de producción, una parte de las inversiones realizadas durante un ejercicio podrá aplicarse al cumplimiento de la obligación en el ejercicio siguiente o en el inmediatamente anterior, con la condición de que la financiación realizada en ejercicio distinto del de aplicación no podrá superar el 20 por ciento de la obligación de financiación que corresponda al ejercicio en que se aplique.

3. En este caso, el operador señalará expresamente en su informe de cumplimiento su intención de acogerse a lo dispuesto en el apartado anterior. La Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, a la vista de la financiación efectivamente reconocida en cada ejercicio, notificará al operador el importe de la financiación que deberá ser generada adicionalmente en el ejercicio siguiente para ser aplicada al ejercicio cerrado, o, por el contrario, el importe total de la financiación generada en el ejercicio cerrado que podrá ser objeto de aplicación al ejercicio siguiente, siempre que no supere el 20 por ciento de la obligación que corresponda a ese ejercicio.

Art. 9. Cómputo de escalados en las compras de derechos.–1. Cuando los contratos incluyan una cláusula de escalado a favor de la productora, el importe de dichos escalados se computará en el año en que se produzca efectivamente su devengo y por el valor real correspondiente.

2. Se entenderá por cláusula de escalado a favor de la productora aquella según la cual el precio de los derechos de explotación de la obra puedan incrementarse en función de la audiencia obtenida o los resultados de la exhibición comercial de ésta.

Art. 10. Comisión interministerial de seguimiento.–1. Con el fin de controlar el cumplimiento de la obligación de financiación prevista en este reglamento, se crea una Comisión interministerial de seguimiento de la obligación de financiación prevista en los párrafos segundo a cuarto del artículo 5.1 de la Ley 25/1994, de 12 de julio.

La Comisión estará adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

2. Serán funciones de la Comisión:

a) Conocer los informes presentados por los operadores de televisión en cumplimiento de la obligación de financiación anticipada, recabando la información adicional que fuera necesaria para poder determinar el cumplimiento efectivo de la citada obligación por parte de cada operador.

b) Verificar, cuando fuera preciso, los datos aportados por los operadores haciendo uso de la información disponible en los registros del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

c) Informar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre el cumplimiento efectivo de la obligación de financiación anticipada por parte de cada operador durante el ejercicio anterior y proponer, en el caso de que se hubiera producido incumplimiento, la apertura del correspondiente expediente sancionador.

d) Elaborar un informe anual sobre el cumplimiento de la citada obligación, así como sobre el impacto que esta medida esté teniendo sobre la industria cinematográfica, recomendando las medidas que considere oportunas para mejorar su eficacia y eficiencia. Este informe será público.

e) Asesorar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en relación con los proyectos de disposiciones generales sobre esta materia.

En el ejercicio de sus funciones, la comisión, dentro del respeto al principio de confidencialidad establecido en el apartado 4, podrá solicitar el concurso de profesionales y expertos y recabar información de las asociaciones profesionales del sector.

3. La citada comisión estará compuesta por:

a) El presidente, que será el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

b) El vicepresidente, que será el Secretario de Estado de Comunicación del Ministerio de la Presidencia.

El vicepresidente sustituirá al presidente en caso de ausencia.

c) Siete vocales, que serán el Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Subdirector General de Medios Audiovisuales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Subdirector General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del Ministerio de Cultura, un representante del Ministerio de la Presidencia, dos funcionarios designados por el Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, de entre los miembros de la Subdirección General de Medios Audiovisuales, uno de los cuales ejercerá las funciones de secretario de la comisión, y un funcionario designado por el Director General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura.

Con objeto de garantizar la continuidad de las actividades de la comisión, se designarán por el órgano que corresponda tantos suplentes como vocales le corresponda designar.

4. Las deliberaciones de la comisión tendrán carácter confidencial y sus miembros no podrán hacer uso de ella para otros fines distintos de aquellos para los que se haya suministrado por los operadores.»

[35] La citada Orden de 7 de julio de 1997 ha sido derogada por el Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre (§ 10), por la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, y por la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, además de por la presente Ley.

§ 10 REAL DECRETO 2062/2008, DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 55/2007, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL CINE

(«BOE» núm. 10, de 12 de enero de 2009)

La Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine tiene como objetivo primordial articular la relación entre los diferentes agentes que operan en el sector, abarcando toda la cadena de valor de una obra audiovisual, desde el nacimiento de una idea que debe desarrollarse hasta que la obra deja de tener una actividad en el mercado, introduciendo el concepto de integración de la cinematografía en el conjunto del sector audiovisual, considerando éste como un todo, con sus especificidades para el beneficio del cine y la televisión.

El presente real decreto desarrolla dicha Ley, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas en los aspectos relativos a la calificación de las obras, su nacionalidad, el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, normas para las salas de exhibición, regulación de las coproducciones con empresas extranjeras, medidas de fomento y órganos colegiados con competencias consultivas en dichas materias. Su ámbito de aplicación se extiende a las actividades cinematográficas y audiovisuales realizadas en España, fomentando la visión pluricultural de nuestro país y contemplando la suscripción de acuerdos de colaboración entre los órganos de las diferentes Administraciones a fin de articular criterios comunes de actuación y, asimismo, evitar la posible duplicidad de cargas administrativas.

En su articulado regula la calificación de las obras por grupos de edad para conocimiento del público, como obligación previa a su salida al mercado, con un procedimiento en el que se han simplificado los trámites para su obtención. Asimismo, se incluye el establecimiento, mediante resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, de los criterios que sirvan de base a la Comisión de Calificación en su labor, lo que contribuye a dotar de una mayor transparencia al procedimiento. Por último, y atendiendo, entre otros factores, a las nuevas formas de explotación, se eliminan los certificados de calificación de películas, para cuya expedición era necesario el pago de la tasa correspondiente, al tiempo que se introduce, como novedad destacable, la regulación de un certificado único de distribución expedido por el ICAA o por el órgano correspondiente de las comunidades autónomas, a solicitud de las empresas distribuidoras que vayan a comercializar las obras en el ámbito cinematográfico por cualquier medio o soporte.

Respecto a la nacionalidad de las películas, se establece el procedimiento para la obtención del certificado de nacionalidad española, siempre que reúnan los requisitos exigidos por la Ley.

Con objeto de conocer las empresas que actúan en el mercado audiovisual español, desarrolla el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales así como los requisitos de inscripción.

Dado que las salas de exhibición cinematográfica constituyen el enclave decisivo para la comercialización de las películas, determinante del mayor o menor éxito que obtengan en las subsiguientes fases de su recorrido, regula la actividad de dichas salas, estableciendo los mecanismos de control sobre la asistencia de espectadores y los rendimientos económicos obtenidos por las películas en ellas exhibidas, a fin de facilitar al sector cinematográfico información básica para sus relaciones comerciales y a los creadores la percepción de sus derechos de autor. Asimismo, se hace una referencia a las proyecciones cinematográficas de carácter gratuito o con precio simbólico efectuadas por las Administraciones Públicas, que deberán contar, en todo caso, con las necesarias autorizaciones previas de los titulares de los correspondientes derechos de comunicación pública para llevarse a cabo.

Las medidas de fomento establecidas en la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, así como su desarrollo reglamentario constituyen un corpus normativo circunscrito a la regulación del sistema de ayudas tanto de gestión centralizada, como de aquellas otras previstas en la citada Ley y cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas. Este es el caso de las reguladas en dicha Ley, en el artículo 29 para las salas de exhibición cinematográfica, y en el artículo 36 para el fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano. Todo ello sin perjuicio de aquellas medidas de fomento que las comunidades autónomas puedan establecer de acuerdo con su normativa propia.

La gestión centralizada de las ayudas en este ámbito, se justifica por el especial carácter de las medidas que se contemplan. En este sentido, y de acuerdo con la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional en materia de subvenciones, corresponde al Estado la gestión en los casos en que resulte imprescindible para asegurar su plena efectividad dentro de la ordenación básica del sector. Teniendo en cuenta las características del sector así como la desigual implantación en el territorio de los agentes protagonistas de las distintas vertientes de la industria cinematográfica, resulta necesaria su gestión centralizada para garantizar iguales posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional.

En este real decreto se determinan las normas generales para el acceso a las mismas, tanto en lo que se refiere a los requisitos básicos como a las obligaciones que genera la condición de beneficiario, de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La regulación concreta de dichas ayudas, se efectuará con el establecimiento de sus bases reguladoras mediante orden ministerial para permitir que las mismas puedan adaptarse más fácilmente a la evolución de las necesidades de los sectores a las que van dirigidas.

Relacionado con dichas medidas, y de acuerdo con el compromiso que establece el artículo 21 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine relativo a los incentivos fiscales, se desarrolla el régimen de ayudas que pueda corresponder a las Agrupaciones de Interés Económico dedicadas a las actividades de producción, distribución, exhibición cinematográfica o industrias técnicas conexas, estableciendo de manera expresa, en el ámbito de la producción, la posibilidad de que dichas agrupaciones se incorporen como coproductoras a la realización de una película ya iniciada, siempre que se produzca con anterioridad a la finalización de los procesos de producción de dicha película. Con ello, también resultará de aplicación a las Agrupaciones de Interés Económico el régimen general de coproducción entre empresas productoras tanto en lo que se refiere al reconocimiento del coste de la película como a la posibilidad de acceder a las ayudas para la amortización de largometrajes.

Considerando que la coproducción es un medio fructífero para potenciar el desarrollo del tejido industrial del sector y para que las películas puedan traspasar las fronteras nacionales llegando a otros mercados y conseguir así una facilidad mayor para financiar y amortizar los costes de producción, esta norma establece los requisitos para aprobar las coproducciones internacionales, flexibilizando los mismos, los trámites y procedimientos que deben efectuarse y las condiciones para que éstas obtengan la nacionalidad española, así como las ayudas económicas a las que pueden optar las empresas productoras que realizan este tipo de películas.

Este real decreto regula también los órganos colegiados con funciones consultivas que, dependiendo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, proceden a la calificación de las películas por grupos de edades y a la valoración de las ayudas a la producción establecidas por la Ley, sin perjuicio de los órganos colegiados de valoración específicos que, para el resto de las ayudas, se establezcan en las correspondientes bases reguladoras.

Con el fin de contribuir a la prevención de las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual, y dentro del marco de las medidas de fomento establecidas en la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, la disposición adicional primera establece la suscripción de convenios con bancos y entidades de crédito con el objeto específico de facilitar a las empresas la financiación del desarrollo de infraestructuras necesarias para la creación de portales web de descargas y/o visionados legales de contenidos cinematográficos y de otras obras audiovisuales. Por otra parte, se incluye, como información que obligatoriamente ha de darse a conocer a los espectadores con anterioridad a su entrada en las salas de exhibición, la prohibición de introducir cámaras o cualquier tipo de instrumento destinado a grabar imagen o sonido.

Por último, en la disposición transitoria segunda se mantiene temporalmente la regulación sobre certificados de calificación que efectúa la Orden de 7 de julio de 1997, en tanto no se modifique la normativa reguladora de las tasas por calificación y expedición de certificados.

En la elaboración de la presente norma han sido consultadas las entidades representativas de los sectores afectados y las comunidades autónomas.

Este real decreto se dicta al amparo de la disposición final cuarta de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, que habilita al Gobierno para dictar las normas reglamentarias que requieran su desarrollo y aplicación.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Cultura, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de diciembre de 2008, dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.–Este real decreto tiene por objeto el desarrollo de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, en los aspectos relativos a la calificación de las obras, su nacionalidad, el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, normas para las salas de exhibición, regulación de las coproducciones con empresas extranjeras, medidas de fomento y órganos colegiados con competencias consultivas en dichas materias.

Art. 2. Ámbito de aplicación.–Este real decreto es de aplicación a las actividades de creación, producción, distribución y exhibición cinematográfica y audiovisual que se desarrollen por personas físicas residentes en España y por personas jurídicas españolas y nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo establecidas en España de conformidad con el ordenamiento jurídico.

Art. 3. Órganos competentes.–Corresponde al Ministerio de Cultura, por medio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el ejercicio de las funciones estatales que se regulan en este real decreto, sin perjuicio de las competencias de otros Departamentos Ministeriales.

Art. 4. Colaboración con las comunidades autónomas.–El Ministerio de Cultura y los órganos competentes de las comunidades autónomas podrán colaborar estableciendo los acuerdos que sean necesarios para articular criterios comunes de actuación y, asimismo, evitar la posible duplicidad de cargas administrativas.

CAPÍTULO II

Calificación de las obras cinematográficas y audiovisuales

Art. 5. Calificación.–1. Las obras cinematográficas y audiovisuales serán calificadas por el ICAA o, en su caso, por el órgano competente de las comunidades autónomas, por grupos de edad, según la siguiente clasificación:

a) Especialmente recomendada para la infancia.

b) Apta para todos los públicos.

c) No recomendada para menores de siete años.

d) No recomendada para menores de doce años.

e) No recomendada para menores de dieciséis años.

f) No recomendada para menores de dieciocho años.

g) Película X.

La calificación «Especialmente recomendada para la infancia» se acumulará, cuando corresponda, a la calificación «Apta para todos los públicos» o «No recomendada para menores de siete años».

Las obras audiovisuales que sean objeto de autorregulación de acuerdo con su normativa específica se regirán por ella, con la excepción de las que pretendan acceder a las ayudas recogidas en el capítulo VI, dedicado a las medidas de fomento, que se regirán por lo dispuesto en este capítulo a efectos de su calificación [1].

2. Las calificaciones otorgadas por el ICAA o por los órganos correspondientes de las comunidades autónomas competentes en la materia tendrán validez en todo el territorio español.

3. La publicidad de toda película u obra audiovisual, con independencia del medio o soporte empleado, deberá incluir obligatoriamente su calificación de forma que resulte claramente perceptible para el público. A estos efectos las empresas distribuidoras, productoras o exhibidoras por cuya cuenta se lleve a cabo la publicidad, deberán comunicar la calificación de la obra a los titulares de los medios o soportes en los que los que dicha publicidad se inserte, que serán los responsables de incluir dicha calificación [2].

Art. 6. Procedimiento de calificación por el ICAA. 1. La calificación se solicitará por la empresa productora o distribuidora de la película cinematográfica u otra obra audiovisual, mediante solicitud dirigida al ICAA, a la que se deberá acompañar:

a) Cuando la solicitud la efectúe la empresa distribuidora, contrato de distribución de la película u otra obra audiovisual, o declaración realizada en documento público en la que resulte suficientemente acreditada su condición de empresa distribuidora de la misma. Si la lengua original de estos documentos no es el castellano o alguna de las demás lenguas cooficiales en las comunidades autónomas, se presentarán, además, traducidos al castellano.

b) Copia íntegra de la obra, en cualquier soporte, con idéntico contenido al que vaya a ser exhibida en salas o comercializada en otro ámbito.

c) Memoria en la que se detalle el título original y de comercialización, empresa distribuidora, y/o productora en el caso de películas españolas, año de producción, director y sinopsis argumental de la obra, así como su duración y/o metraje, según el soporte de que se trate.

d) Si la lengua original no es el castellano o alguna de las demás lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas, texto completo de los diálogos traducido al castellano.

e) Cuando se trate de obras no españolas, certificado de nacionalidad de la obra expedido por el organismo oficial competente del país de producción o, en su defecto, documento acreditativo de la misma legalizado en el país de producción que contenga, al menos, los datos especificados en el apartado c) que puedan ser conocidos en el país de origen.

f) Justificante del abono de la tasa correspondiente [3].

2. El ICAA establecerá mediante resolución, que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado», los criterios que sirvan de base a la calificación de las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales, así como los supuestos en que se podrá tomar en consideración la calificación previa que haya obtenido la obra procedente de una autoridad audiovisual en otro Estado.

La motivación de los informes que emitan los vocales integrantes de la Comisión de Calificación se realizará de acuerdo con los indicados criterios. Las solicitudes que presenten los interesados se efectuarán, asimismo, teniendo en cuenta los criterios de calificación, en cuanto al grupo de edad propuesto. En el caso de que se proponga por el solicitante la calificación de Película «X», el ICAA asumirá la calificación solicitada, salvo decisión motivada del Director General del ICAA [4].

3. La Dirección general del ICAA dictará, previo informe de la Comisión de Calificación, resolución en la que se indicará el grupo de edad otorgado, asignándole para su identificación un número de expediente único para cada ámbito, el cinematográfico o el no cinematográfico, en que vaya a comercializarse.

4. La calificación deberá notificarse al solicitante en el plazo máximo de un mes a contar desde la presentación de la solicitud. Transcurrido el mencionado plazo, se entenderá otorgada la calificación solicitada por el interesado.

5. Cuando la calificación se realice por el órgano competente de una comunidad autónoma, se establecerá de común acuerdo con el ICAA un número de expediente único para identificar la mencionada calificación.

6. El contenido de la resolución de calificación deberá ser comunicado por las empresas distribuidoras a los titulares de las salas de exhibición, a efectos de su información al público.

7. En el caso de películas cinematográficas u otras obras audiovisuales cuya calificación haya quedado obsoleta por el paso del tiempo, se podrá solicitar la revisión de la misma. Estarán facultados para efectuar dicha solicitud, además de la empresa productora o la distribuidora, los operadores de televisión que acrediten estar autorizados para su emisión [5].

Art. 7. Comercialización de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales.–1. A efectos de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, relativo a la cuota de pantalla, el ICAA expedirá a las empresas distribuidoras de las películas que se vayan a comercializar en salas de exhibición cinematográfica, previa solicitud de las mismas, un certificado de distribución que deberán facilitar a los titulares de las salas de exhibición en el que se reflejará la calificación, la nacionalidad y las características de distribución de las películas que se especifican en el párrafo siguiente.

Para la obtención de este certificado, las empresas distribuidoras presentarán al ICAA, con su solicitud, la información sobre las características de distribución de la película, que serán el idioma de la versión original y de las diferentes versiones en las que vaya a comercializarse, indicando el número de copias o soportes de cada versión. En el caso de proyección digital vía satélite, se notificará el número de receptores de señal a los que se transmitirá la película cinematográfica.

A la vista de la documentación aportada, el ICAA expedirá el correspondiente certificado de distribución, que deberá notificarse al solicitante en el plazo máximo de un mes desde la presentación de su solicitud, trascurrido el cual se entenderá estimada. Cuando la empresa distribuidora decida ampliar el número de copias o soportes a comercializar, se expedirá un nuevo certificado en función de los datos comunicados. El certificado de distribución podrá obtenerse de manera telemática a través de la página Web del Instituto.

2. Este certificado se podrá solicitar por la empresa distribuidora en el momento en que solicite la calificación. Para ello, junto con la solicitud de calificación, la empresa distribuidora presentará la información sobre idioma y número de copias a que se refiere el apartado 1.

3. La comercialización de las obras audiovisuales en un ámbito distinto al de las salas de exhibición cinematográfica deberá realizarse por la empresa productora o distribuidora que haya acreditado sus derechos sobre la obra y obtenido la resolución de calificación de la misma, identificando de manera bien visible y adecuada al medio o sistema de que se trate el número del expediente de calificación y la autoridad que lo haya expedido, el título de la obra, la calificación por grupos de edades, la duración y la empresa distribuidora a quien se ha otorgado la calificación. En el caso de obras calificadas «X», deberá añadirse «Destinada exclusivamente a los mayores de 18 años» [6].

4. Los órganos correspondientes de las comunidades autónomas con competencia en la materia, podrán expedir igualmente el certificado de distribución a las empresas distribuidoras de las películas que se vayan a comercializar en el ámbito cinematográfico, previa solicitud de las mismas.

CAPÍTULO III

Nacionalidad española de las obras cinematográficas y audiovisuales

Art. 8. Certificado de nacionalidad española.–1. Tendrán la nacionalidad española las obras cinematográficas y audiovisuales realizadas por una empresa de producción española, o de otro Estado miembro de la Unión Europea establecida en España, a las que se les haya sido expedido certificado de nacionalidad española por el ICAA o por el órgano correspondiente de las comunidades autónomas con competencia en la materia, previa comprobación documental de que dichas obras cumplen los requisitos establecidos en el artículo 5.1 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre.

2. Asimismo, tendrán la nacionalidad española las obras realizadas en régimen de coproducción con empresas extranjeras a las que se refiere el artículo 5.2 de dicha Ley y que se regulan en el capítulo VII de este real decreto, expidiéndose el certificado de nacionalidad previa acreditación de los requisitos establecidos en el mismo.

3. El certificado de nacionalidad española de las obras cinematográficas y audiovisuales podrá expedirse por el ICAA o por el órgano competente de la comunidad autónoma que proceda [7].

4. En el ámbito de las competencias del ICAA, el certificado de nacionalidad se expedirá a solicitud de la empresa productora o distribuidora, ya sea al tiempo que se solicita la calificación o de manera independiente. A tales efectos, el solicitante deberá aportar la ficha técnico-artística de la película, en la que conste el personal creativo, técnico y de servicios; los lugares de rodaje; los laboratorios y estudios que han intervenido en su realización, y la versión original de realización. Dichos datos se verificarán por el ICAA, para lo cual podrá solicitar, en su caso, una copia de la película u otra obra audiovisual.

El certificado será emitido y notificado en el plazo máximo de un mes, a contar desde la presentación de la solicitud, transcurrido el cual se entenderá otorgada la nacionalidad [8].

CAPÍTULO IV

Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales

Art. 9. Objeto del Registro.–1. El Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales del ICAA tiene por objeto la inscripción de las personas físicas o jurídicas titulares de las empresas establecidas en España que realicen actividades cinematográficas o audiovisuales de producción, de distribución y de exhibición, así como laboratorios, estudios de rodaje, industria técnica para la producción y posproducción, empresas de material audiovisual y demás conexas.

2. La inscripción de los titulares de las salas de exhibición, como única excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, deberá realizarse en cualquier caso, tanto si revisten alguna de las formas jurídicas de empresa como si se trata de Administraciones Públicas, asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro.

3. La inscripción de una empresa en el Registro de las comunidades autónomas que lo tengan establecido conllevará la inscripción en el Registro del ICAA, sin necesidad de que la empresa tramite una segunda solicitud. Con esta finalidad, mediante el procedimiento que se establezca de común acuerdo, la Administración Autonómica comunicará al Registro del ICAA las inscripciones realizadas en el Registro correspondiente [9].

Art. 10. Deber de inscripción.–1. Para poder obtener la calificación y certificados, así como para acceder a las ayudas reguladas en este real decreto, será necesaria la previa inscripción en el Registro, con la excepción establecida en el artículo 22.1.a) para determinadas ayudas.

2. Cualquier acto o hecho que modifique alguno de los datos que consten en el Registro, o el cese en la actividad que justificó la inscripción, deberá ser comunicado al ICAA, acompañando en su caso los documentos acreditativos de la modificación.

3. Será causa de cancelación de la inscripción la inactividad de la empresa durante cinco años La cancelación se tramitará de oficio, con audiencia del interesado, o a instancia de parte. En el asiento correspondiente se expresará la causa determinante de la cancelación.

Art. 11. Procedimiento de inscripción.–1. La inscripción se realizará a solicitud de la empresa o del titular de la sala de exhibición interesados, mediante solicitud acompañada de la documentación que a continuación se señala:

a) Copia del documento acreditativo del número de identificación fiscal de la empresa o del titular de la sala; así como justificante del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas o en el censo correspondiente. El interesado podrá optar entre presentar dichos documentos o autorizar expresamente al ICAA para su obtención directa.

b) Si se utiliza nombre comercial, marca o rótulo, acreditación de su inscripción conforme a la normativa reguladora de la propiedad industrial.

c) Además, cuando se trate de personas jurídicas:

1.º Copia simple de la escritura de constitución, con el cajetín de inscripción en el registro público correspondiente o, en su caso, certificación literal de la totalidad de los asientos expedida por el titular del registro público en que la misma se encuentre inscrita.

2.º Certificado acreditativo de los nombres y apellidos, nacionalidad y domicilio de las personas a las que se encomienda la gestión y administración, o escrituras de apoderamiento, y en el caso de cooperativas, la composición de su Consejo Rector [10].

2. El ICAA, en el plazo máximo de quince días desde la presentación de la solicitud, notificará al interesado la inscripción realizada o, en su caso, la desestimación de la solicitud, que deberá ser motivada. De no notificarse resolución en el plazo indicado, la solicitud deberá entenderse estimada.

3. En el supuesto de empresas no españolas nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que pretendan acceder a las ayudas, se practicará una inscripción provisional con base en la documentación acreditativa de la personalidad jurídica, capacidad de obrar y representación con la que actúe, que deberá aportarse con la solicitud de la ayuda. La inscripción definitiva se practicará una vez efectuada la correspondiente propuesta de resolución de la ayuda en que dicha empresa hubiera resultado beneficiaria.

CAPÍTULO V

Normas para las salas de exhibición cinematográfica

Art. 12. Ámbito de aplicación.–1. A los efectos previstos en el artículo 16 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, lo dispuesto en este capítulo será de aplicación a los titulares de las salas de exhibición cinematográfica, según la definición que de las mismas establece el artículo 4.l) de dicha ley como todo local o recinto de exhibición cinematográfica abierto al público mediante precio o contraprestación fijado por el derecho de asistencia a la proyección de películas determinadas, bien sea dicho local permanente o de temporada, y cualesquiera que sean su ubicación y titularidad.

2. Las salas establecidas en una comunidad autónoma que, en razón de su competencia, haya dictado normas en materia de control de asistencia y rendimientos de las obras cinematográficas, se regirán por su normativa propia.

3. El ICAA y la Administración autonómica competente establecerán los oportunos mecanismos de colaboración en esta materia.

Art. 13. Control de asistencia y rendimiento de las obras cinematográficas.–1. Los titulares de las salas de exhibición deberán emitir y entregar a los espectadores, previamente a su entrada en las mismas, los correspondientes billetes reglamentarios. En todos los supuestos en los que el espectador disfrute de un título que le habilite para no abonar el importe íntegro de su localidad, dicho título deberá canjearse por un billete reglamentario, al que se le debe asignar un contravalor.

2. Los titulares de las salas de exhibición cinematográfica deberán cumplimentar y hacer llegar al ICAA informes de exhibición en los que habrá de figurar la declaración de la totalidad de las películas cinematográficas proyectadas, tanto largometrajes como cortometrajes, que serán identificadas por el título y número del expediente de calificación, el idioma de la versión original y el de comercialización en doblaje y subtitulado, si lo hubiera, y la empresa distribuidora. Asimismo, deberá declararse el número de billetes vendidos y la recaudación obtenida en cada sesión. Para la verificación de estas declaraciones, el ICAA podrá solicitar la información documental necesaria.

3. La expedición de los billetes reglamentarios y la emisión de los informes de exhibición se efectuará mediante programas informáticos que, reuniendo los requisitos y funcionalidades técnicas establecidos por el Ministerio de Cultura, hayan sido previamente homologados por el mismo, de modo que se garantice la seguridad, integridad y compatibilidad técnica de los datos, así como los necesarios protocolos de comunicación, para que los titulares de las salas de exhibición cinematográfica cumplan adecuadamente las obligaciones relativas al control de asistencia y declaración de rendimientos.

4. Los requisitos y funcionalidades técnicas que deben reunir los programas informáticos señalados en el apartado anterior para su homologación por parte del ICAA son los que se determinen mediante orden ministerial por el Ministerio de Cultura [11].

Art. 14. Procedimiento de homologación de los programas informáticos para la expedición de billetes y emisión de informes de exhibición.–1. Las empresas suministradoras de programas informáticos deberán dirigir su solicitud de homologación al ICAA, haciendo constar la denominación social, el número de identificación fiscal, el domicilio, los datos identificativos del representante y adjuntando la documentación precisa para acreditar que su proyecto cumple los requisitos y funcionalidades previstos en la Orden Ministerial a que se refiere el apartado 4 del artículo anterior.

2. Se establecerá un periodo de prueba, no superior a 7 días, durante el que se llevará a cabo la verificación del software aportado por el solicitante. Transcurrido dicho periodo y una vez constatado el funcionamiento correcto del sistema, se procederá a su homologación mediante resolución de la Dirección general del ICAA que se notificará en el plazo máximo de un mes, transcurrido el cual se entenderá estimada.

3. Los cambios relevantes en los programas homologados que afecten a la programación, al control, al envío o al gestor de base de datos deberán ser comunicados al ICAA por la empresa responsable antes de su aplicación, a efectos de la revisión y verificación de los programas. Se podrán revocar las homologaciones realizadas cuando dejen de cumplirse los requisitos establecidos.

4. Las empresas suministradoras cuyos programas hayan sido homologados estarán obligadas a comunicar al ICAA las salas de exhibición en las que éstos vayan a utilizarse con la antelación suficiente para poder realizar pruebas antes de su entrada en funcionamiento. Igualmente, comunicarán la sustitución o baja de los mismos.

Art. 15. Billetes reglamentarios.–1. Todos los billetes contendrán, como mínimo, los siguientes datos:

a) Denominación de la empresa o del titular de la sala de exhibición y número de identificación fiscal.

b) Nombre de la sala, dirección y municipio.

c) Clase de localidad a la que da derecho.

d) IVA, en porcentaje, o impuesto específico de una comunidad autónoma.

e) Identificador alfanumérico que impida duplicidades dentro de una sesión.

f) Título de la película.

g) Fecha, hora y precio de la sesión para la que el billete es válido.

2. Cada billete debe componerse de dos partes, una destinada al espectador y la otra reservada para control de la sala, cuya cantidad debe corresponder con la de los espectadores que hayan entrado en ella. La parte reservada a control deberá conservarse durante un mes en el propio local de exhibición, de forma separada para cada día de exhibición, a disposición del ICAA.

Art. 16. Información para el espectador en las salas de exhibición.–En lugar claramente visible de las taquillas de las salas de exhibición deberá figurar la siguiente información para el espectador:

1. La calificación de las películas por grupos de edad, a título orientativo, incluyendo los cortometrajes y avances que formen parte del programa. Dicha calificación deberá ser comunicada a las salas de exhibición por las empresas distribuidoras de las películas programadas.

2. El precio de las localidades.

3. La prohibición de introducir cámaras o cualquier tipo de instrumento destinado a grabar imagen o sonido, establecida en el artículo 15.3 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.

Art. 17. Proyecciones cinematográficas efectuadas por las Administraciones Públicas.–1. Las proyecciones a las que se refiere el artículo 15.4 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, deberán contar, en todo caso, con las necesarias autorizaciones previas de los titulares de los correspondientes derechos de comunicación pública sobre las obras y grabaciones audiovisuales proyectadas, sin las cuales no podrán llevarse a cabo.

2. En dichas proyecciones será exigible, asimismo, la publicidad de la calificación de las películas según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior.

3. Antes de que una Administración pública programe la proyección, gratuita o con precio simbólico, de películas cuya antigüedad sea inferior a los 12 meses desde su estreno en salas de exhibición, deberá dirigirse a las entidades representativas de los exhibidores cinematográficos y del sector videográfico al objeto de que éstas les comuniquen si se ocasiona o no perjuicio en las actividades de sus representados.

Dichas entidades representativas emitirán una comunicación motivada, para lo que deberán tener en cuenta, en la valoración que efectúen sobre la existencia o no de perjuicio comercial, al menos, los siguientes aspectos:

a) Número de salas de exhibición establecidas en el ámbito territorial de la Administración pública solicitante.

b) Coincidencia temporal entre la programación propuesta y la establecida por las salas comerciales.

c) Número de establecimientos de venta y/o alquiler videográfico existentes en el ámbito territorial de la Administración pública solicitante.

Se presume que no ocasionan perjuicio a la actividad comercial de los exhibidores cinematográficos y del sector videográfico las programaciones de este tipo que efectúen los municipios en los que no existan salas de cine comercial ni establecimientos de venta y/o alquiler videográfico y, además, las salas y establecimientos más próximos estén situados a más de 25 kilómetros de distancia de dichas localidades.

Art. 18. Festivales y filmotecas.–Las actividades de exhibición cinematográfica organizadas por festivales y por filmotecas oficialmente reconocidas por alguna Administración pública se regirán por sus normas específicas.

CAPÍTULO VI

Medidas de fomento

Sección 1.ª Disposiciones generales

Art. 19. Modalidades de ayudas y marco normativo.–1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, el régimen de ayudas estatales previsto en su capítulo III se regirá, además de por lo dispuesto en este real decreto y en las bases reguladoras de dichas ayudas, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por la normativa comunitaria aplicable en la materia.

2. Las ayudas a la exhibición que recoge el artículo 29 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, se establecerán en colaboración con las comunidades autónomas para atender las siguientes líneas:

a) Ayudas a la programación, y continuidad dentro de ella, de largometrajes y cortometrajes comunitarios e iberoamericanos.

b) Ayudas que propicien la modernización tecnológica de las salas de exhibición, con especial atención a la incorporación de sistemas de proyección digital.

c) Ayudas para el acceso a copias de películas comunitarias e iberoamericanas de salas radicadas en pequeños núcleos urbanos o rurales.

d) Ayudas para adaptación de las salas a las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.

Dicha colaboración, basada en el principio de corresponsabilidad, se instrumentará mediante los oportunos convenios con las comunidades autónomas, donde se fijarán los fondos a transferir para la consecución de los objetivos citados en el apartado anterior. La convocatoria, tramitación y el otorgamiento de estas ayudas corresponderá a las comunidades autónomas.

3. Los créditos específicos para el fomento de la producción, distribución, exhibición y promoción de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano que, según el artículo 36 de la citada Ley, deberán establecerse sin perjuicio del régimen de ayudas estatales cuyas bases reguladoras se establecen en este real decreto, serán transferidos íntegramente a las comunidades autónomas correspondientes mediante los convenios de colaboración a los que se refiere la disposición adicional sexta de dicha Ley, de acuerdo con los criterios y límites establecidos en la misma. La convocatoria, tramitación y el otorgamiento de estas ayudas corresponderá a las comunidades autónomas.

4. Las ayudas para la realización de actividades de I+D+i en el ámbito de la producción, distribución, exhibición cinematográfica e industrias técnicas conexas, que establece el artículo 35 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, se regirán por lo establecido en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica [12].

Sección 2.ª Régimen jurídico de las ayudas estatales

Art. 20. Modalidades de ayudas.–1. Las ayudas estatales relacionadas con los artículos que se citan de la Ley 58/2007, de 28 de diciembre, del Cine [13], son las siguientes:

a) A la creación y al desarrollo, que incluye las siguientes líneas, de acuerdo con los artículos 22 y 23, respectivamente: ayudas para la elaboración de guiones de largometrajes, ayudas para el desarrollo de proyectos de películas cinematográficas de largometraje y ayudas para proyectos culturales y de formación no reglada [14].

b) A la producción, que comprende las siguientes líneas de ayuda, de acuerdo con los artículos 25, 26 y 27: ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto; ayudas para la producción de películas para televisión y series de animación sobre proyecto; ayudas para la amortización de largometrajes (general y complementaria) y ayudas a la producción de cortometrajes (sobre proyecto y ya realizados) [15].

c) A la distribución de películas comunitarias e iberoamericanas en salas de exhibición y en otros medios distintos al cinematográfico, según el artículo 28.

d) A la conservación del patrimonio cinematográfico, recogidas en el artículo 30.

e) A la promoción, que incluye las siguientes modalidades de acuerdo con los artículos 31 y 32, respectivamente: ayudas para la participación de películas españolas en festivales y ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España.

f) Ayudas para la realización de obras audiovisuales, con empleo de nuevas tecnologías, destinadas a su difusión en medios distintos de las salas de exhibición, televisión o vídeo doméstico, del artículo 34.

2. De acuerdo con el artículo 33 de la citada ley, se podrán suscribir convenios de colaboración con bancos y entidades de crédito para facilitar y ampliar la financiación de las actividades de los productores, distribuidores, exhibidores y de las industrias técnicas y del sector videográfico, así como para el desarrollo de la infraestructura o innovación tecnológica de los citados sectores.

3. En la concesión de las ayudas para la amortización de largometrajes, y con el fin de que puedan ser tenidos en cuenta los criterios objetivos de carácter automático basados en la recepción por los espectadores a través de otros medios de difusión distintos a la proyección en salas de exhibición, a los que se refiere el artículo 26 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, se procederá, mediante Orden ministerial, al establecimiento de los procedimientos para la acreditación y certificación de la distribución de películas a través de Internet o de otros sistemas basados en la demanda del espectador, así como de la venta y el arrendamiento remunerado a precio de mercado de soportes físicos y de los accesos individuales mediante pago a proyecciones cinematográficas que se desarrollen en el marco de festivales y certámenes celebrados en España, a los exclusivos efectos del cómputo de espectadores [16].

Art. 21. Procedimiento de concesión y convocatorias.– El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y, en su caso, con prorrateo.

Se iniciará, para cada tipo de ayuda, de oficio mediante convocatoria publicada en el «Boletín Oficial del Estado» con el contenido necesario que exige el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Art. 22. Requisitos para obtener la condición de beneficiario.–1. Además de reunir los requisitos específicos que se detallen en las bases reguladoras correspondientes para cada una de las líneas de ayudas contempladas en el artículo 20, son requisitos generales para obtener la condición de beneficiario, junto con los establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los siguientes:

a) Estar inscrito en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV de este real decreto. Las empresas no españolas nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo se regirán por lo dispuesto en el artículo 11.3. Se exceptúa de este requisito a todos los solicitantes de ayudas para la creación de guiones, para proyectos culturales y de formación no reglada, para la organización de festivales y certámenes, para la conservación, así como para la realización de obras audiovisuales con empleo de nuevas tecnologías.

b) No haber sido sancionado con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones por el incumplimiento de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en virtud de la reforma realizada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

c) Cumplir el requisito de residencia o establecimiento en España, de acuerdo con el artículo 2, en el momento de la percepción efectiva de las ayudas.

2. Para el acceso a las ayudas a la producción, las empresas productoras solicitantes deberán, además:

a) Ser titulares de los derechos de propiedad de las obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y mantener dicha titularidad durante un periodo mínimo de tres años.

b) Estar al corriente en el pago de las obligaciones contraídas con el personal creativo, técnico e industrias técnicas, según dispone el artículo 24.3 de dicha ley, aportando declaración responsable sobre estos extremos, que podrán ser comprobados por la Administración a su requerimiento.

c) No comercializar o no haber comercializado la película en soporte videográfico con anterioridad al transcurso de 3 meses desde su estreno comercial en salas de exhibición. Quedarán exoneradas de este requisito, una vez transcurrido el primer mes, cuando las películas hayan contado con menos de 10.000 espectadores en salas de exhibición durante dicho periodo [17].

3. Para poder percibir el importe total de las ayudas a la producción, las películas que no sean realizadas en coproducción con empresas extranjeras deberán cumplir los requisitos previstos en el artículo 24.1 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. En caso de no cumplir alguno de dichos requisitos, las ayudas que la empresa productora puede obtener serán minoradas en un 10 por 100 por cada uno de ellos.

4. En las películas realizadas en régimen de coproducción con empresas extranjeras, las empresas productoras podrán acceder a las ayudas en los términos previstos en el artículo 34.

5. Para poder acceder a las ayudas para la amortización de largometrajes, las empresas productoras no independientes deberán haber coproducido con independientes la totalidad de los largometrajes que hayan llevado a cabo durante el periodo correspondiente a cada convocatoria. La participación de una o varias empresas productoras no independientes en la coproducción no podrá exceder del 60 por ciento del coste de la misma.

Art. 23. Efectos del reconocimiento del coste de una película.–El reconocimiento del coste de una película, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, lo es a efectos de cómputo de las ayudas. El cálculo de la base de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas previstas en el artículo 38 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se realizará conforme a la normativa reguladora de dicho impuesto [18].

Art. 24. Obligaciones generales de los beneficiarios.– Además de las obligaciones específicas que se concreten en las bases reguladoras para cada tipo de ayuda, y de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, todos los beneficiarios quedarán obligados con carácter general a:

1. Acreditar la realización de la actividad, así como aportar los documentos que les sean requeridos por el ICAA para justificar la aplicación de los fondos recibidos, en especial la documentación acreditativa del coste de producción o de la inversión realizada en la actividad objeto de la ayuda. A estos efectos, se considerará inversión del productor en una película la cantidad aportada por el mismo con recursos propios o con recursos ajenos de carácter reintegrable o en concepto de cesión de los derechos de explotación de la película.

Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos previstos en las bases reguladoras. Se considerarán costes de la actividad aquellos que respondan a la naturaleza de la misma y se realicen en el plazo establecido por dichas bases. Salvo que en las mismas se disponga otra cosa, se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación determinado en dichas bases para cada ayuda.

2. Poner a disposición del ICAA y, en su caso, a efectos del control financiero que corresponda a la Intervención General del Estado y al Tribunal de Cuentas, los libros contables, registros y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación aplicable, así como conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos en tanto puedan ser objeto de dichas actuaciones.

3. Comunicar al ICAA la obtención de otras subvenciones o ayudas que financien las actividades subvencionadas tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos.

4. Difundir la colaboración del Gobierno de España/Ministerio de Cultura/ICAA en la realización de la actividad objeto de la ayuda.

Art. 25. Transmisibilidad de las subvenciones.–Las subvenciones son intransmisibles a todos los efectos.

Art. 26. Reintegro y graduación de incumplimientos.– Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos y conforme al procedimiento establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por los beneficiarios una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

Art. 27. Agrupaciones de Interés Económico.–1. Las Agrupaciones de Interés Económico cuyo objeto social, según su inscripción en el Registro Mercantil, sea la realización de actividades de producción, distribución, exhibición cinematográfica o industrias técnicas conexas podrán optar a las ayudas que puedan corresponderles en función de la actividad que desarrollen en igualdad de condiciones que el resto de las empresas que lleven a cabo dicha actividad.

2. Igualmente, se considerarán productoras de una película aquellas empresas o Agrupaciones de Interés Económico que se incorporen como coproductoras a la misma, en todo caso con anterioridad a la finalización de los procesos de producción. Podrán optar a las ayudas para la amortización de largometrajes, considerándose como coste los gastos efectuados tanto por las Agrupaciones de Interés Económico como por las empresas productoras originarias.

3. El reconocimiento del coste de una película tendrá los efectos establecidos en el artículo 23.

CAPÍTULO VII

Normas para la realización de películas cinematográficas en coproducción con empresas extranjeras

Art. 28. Régimen general.–Las películas cinematográficas que se realicen en régimen de coproducción con empresas extranjeras se regirán por los correspondientes convenios internacionales de ámbito multilateral o bilateral y, en su defecto, por lo establecido en este capítulo; tendrán la consideración de películas españolas previa aprobación del proyecto de coproducción por el ICAA o por la comunidad autónoma competente, y podrán tener acceso a las ayudas establecidas para las películas españolas de manera proporcional a la participación del coproductor español o con domicilio o establecimiento permanente en España en los términos del artículo 2.

Art. 29. Requisitos para la aprobación del proyecto de coproducción.–Para la aprobación de los proyectos de coproducción, las películas objeto de los mismos deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Que sean consideradas nacionales en los países coproductores y puedan beneficiarse con pleno derecho de las ventajas concedidas a las películas de cada país por sus respectivas legislaciones.

b) Que se realicen por personal creativo, según la definición del artículo 4.j) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, personal técnico y empresas de servicios que posean la nacionalidad de alguno de los países a los que pertenecen los coproductores. Por causas debidamente justificadas el ICAA, o el órgano competente de la comunidad autónoma, podrá admitir excepciones a esta regla, autorizando que un 10 por ciento del personal creativo sea de nacionalidad no comunitaria o no perteneciente a los países coproductores.

c) Que la proporción en la que participen los países oscile entre el 20 y el 80 por 100 del presupuesto de la película. En el caso de las coproducciones multipartitas, la participación menor no podrá ser inferior al 10 por ciento y la mayor no podrá exceder del 70 por ciento de dicho presupuesto.

Art. 30. Aportaciones.–1. Con carácter general, la aportación de cada coproductor implicará necesariamente una participación efectiva de carácter creativo, técnico y de servicios. Dicha aportación y el rodaje en exteriores o interiores deberán ser proporcionales a su participación económica en la realización de la película.

Excepcionalmente, siempre que se trate de películas con una participación española superior al 50 por ciento, el coproductor español o con domicilio o establecimiento permanente en España en los términos del artículo 2, podrá efectuar, además, aportaciones dinerarias cuyo importe no podrá ser superior al 50 por ciento de la cuantificación económica de las mencionadas aportaciones creativas, técnicas y de servicios.

2. Cada coproductor deberá hacerse cargo, como norma general, de los gastos correspondientes al personal creativo, técnico y de servicios de su propia nacionalidad y no se reconocerán como aportaciones de la parte española las partidas y conceptos que en el proyecto figuren a cargo de otro país coproductor.

A efectos de las ayudas públicas que pudiera generar en su día la película, excepcionalmente podrá integrar el coste asumido por el coproductor español, o con domicilio o establecimiento permanente en España en los términos del artículo 2, la participación de personal creativo, técnico y de servicios pertenecientes a países de la Unión Europea que no formen parte de la coproducción, previa autorización del ICAA o de la comunidad autónoma competente. En ningún caso se reconocerá como parte del coste español los gastos derivados de personal perteneciente a países extracomunitarios.

3. La aportación del coproductor español minoritario deberá comportar, al menos, la participación de un autor, entendiendo por tal el director, el guionista, el director de fotografía y el compositor de la música; dos actores y un creativo de carácter técnico.

4. Los trabajos de rodaje y de posproducción deberán ser realizados respetando las disposiciones siguientes:

a) Los rodajes deben tener lugar preferentemente en el país del coproductor mayoritario, salvo que el contenido del guión exija que se ruede en otro lugar.

b) Los trabajos de posproducción serán efectuados preferentemente en los estudios y laboratorios del país mayoritario. En caso de que el coproductor mayoritario sea nacional de un Estado de la Unión Europea, podrán ser efectuados en cualquiera de los países miembros de la misma.

c) El tiraje de las copias o la elaboración de cualquier soporte susceptible de reproducción podrá efectuarse en cualquiera de los países coproductores. En caso de que uno o varios de los coproductores sean nacionales de países miembros de la Unión Europea, dichos trabajos podrán realizarse en cualquiera de los Estados miembros.

Art. 31. Coproducciones financieras.–1. Como excepción a lo dispuesto en el artículo anterior, pueden ser aprobados como proyectos de coproducción aquellos en los que existan una o varias participaciones limitadas a una aportación financiera y que reúnan simultáneamente las condiciones siguientes:

a) Que el proyecto esté en condiciones de obtener la aprobación del país cuyo coproductor sea mayoritario.

b) Que cada una de las participaciones minoritarias limitadas al ámbito financiero no sea inferior al 10 por ciento ni superior al 25 por ciento del presupuesto del proyecto.

c) Que contribuya a favorecer la diversidad cultural de los países coproductores.

2. En el caso de coproducciones bipartitas, se procurará que en el conjunto de proyectos de estas características que sean aprobados se observe una alternancia entre la participación mayoritaria y minoritaria de los países coproductores. Igualmente, se procurará que sus aportaciones financieras en el conjunto de dichos proyectos resulten globalmente equilibradas.

Art. 32. Documentación.–La aprobación del proyecto de coproducción deberá solicitarse, antes del inicio del rodaje de la película, por la empresa productora al ICAA o, cuando proceda, al órgano de la comunidad autónoma competente, acompañando, en todo caso, la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la cesión del autor o autores del guión o, en su caso, de la opción o cesión de la obra preexistente, y certificación acreditativa de la inscripción del guión en el Registro de la Propiedad Intelectual.

b) Guión de la película y plan de rodaje.

c) Presupuesto económico del proyecto, según modelo oficial, indicando las partidas y conceptos que corresponden a cada país participante en la coproducción.

d) Relación nominal del personal creativo, según la definición del artículo 4.j) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, así como del personal técnico y de servicios, con expresión de su nacionalidad.

e) Contrato de coproducción en el que se especificarán los pactos de las partes relativos a los diferentes extremos que se regulan en este real decreto, con indicación precisa de la participación de cada coproductor, las aportaciones de personal creativo, técnico y de servicios, las transferencias dinerarias de cada coproductor y el reparto de mercados y beneficios. Cuando el contrato de coproducción esté redactado en lengua distinta al castellano o a alguna de las cooficiales en las comunidades autónomas, se presentará, además, una traducción del mismo al castellano.

Art. 33. Resolución.–La Dirección general del ICAA, o el órgano que corresponda de la comunidad autónoma competente, resolverá sobre la aprobación del proyecto de coproducción. La resolución aprobatoria llevará implícita la concesión provisional de la nacionalidad española de la película a efectos de la eventual solicitud de las medidas de fomento que puedan ser de aplicación.

El reconocimiento definitivo de la nacionalidad española se otorgará cuando la película se presente a calificación, siempre y cuando se adecue al proyecto aprobado en su día, debiendo figurar en los títulos de crédito de la misma que se trata de una coproducción con el nombre de las empresas coproductoras y de los países participantes.

Art. 34. Ayudas públicas.–1. Las ayudas económicas que, en su caso, la legislación vigente conceda al coproductor español o con domicilio o establecimiento permanente en España en los términos del artículo 2, y los consecuentes derechos y obligaciones, le serán atribuidas a dicho coproductor exclusivamente, no admitiéndose pacto en contrario.

2. El coste de la participación española en una película será el que sirva de base para el cómputo de las ayudas a la producción que la misma pueda generar previa acreditación y reconocimiento del coste, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.

En el caso de haber realizado transferencias dinerarias a otro país para la realización de la película, previstas en el artículo 30.1, deberá justificarse mediante la documentación acreditativa de la transferencia bancaria efectuada a favor de la empresa coproductora extranjera, la recepción por su parte y una certificación de ésta comprensiva de los conceptos en los que ha sido aplicada. En ningún caso podrá aplicarse esta aportación dineraria a pagos de personal de nacionalidad del país coproductor.

Los cobros y pagos entre residentes y no residentes que sean consecuencia de la coproducción de películas se regirán por la legislación sobre transacciones económicas en el exterior.

3. Para que una empresa coproductora española, o con domicilio o establecimiento permanente en España en los términos del artículo 2, con participación minoritaria pueda participar en una convocatoria de ayuda complementaria a la amortización establecida en el artículo 26.2.b) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, será necesario que dentro de los tres años anteriores a la fecha de cierre de dicha convocatoria haya participado de forma mayoritaria en la realización de dos largometrajes en régimen de coproducción en los que la participación española sea, como mínimo, igualitaria o en la de una película de largometraje totalmente española.

4. En las coproducciones financieras por parte española, las empresas productores podrán optar únicamente a la ayuda general a la amortización, establecida en el artículo 26.2.a) de la citada ley.

CAPÍTULO VIII

Órganos colegiados

Art. 35. Comisión de Calificación de Películas Cinematográficas.–1. La Comisión de Calificación de Películas Cinematográficas es el órgano colegiado dependiente del ICAA encargado de emitir informes sobre la calificación por grupos de edad de las películas destinadas a su exhibición en salas cinematográficas y de las demás obras audiovisuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 [19].

2. Su composición será la siguiente:

a) Presidencia: Titular de la Dirección general del ICAA.

b) Vicepresidencia: Titular de una de las Subdirecciones generales del ICAA, por designación de la Presidencia.

c) Vocales: un mínimo de siete y un máximo de diez nombrados por la Presidencia entre personas que, pertenecientes a distintos grupos sociales que reflejen la pluralidad de la sociedad española, estén vinculados al ámbito cinematográfico y audiovisual, al de consumidores y usuarios, cuya designación será a propuesta del Consejo de Consumidores y Usuarios, al pedagógico, a la defensa del menor, a la igualdad de género, a la atención a la discapacidad así como a la defensa del medio ambiente, y reúnan las debidas condiciones de aptitud e idoneidad para esta función.

d) Secretaría: La persona designada por la Presidencia, de entre el personal del ICAA.

Art. 36. Comité de ayudas a la producción cinematográfica.–1. Con la finalidad de asesorar a la Dirección General del ICAA en la concesión de las ayudas a la producción cinematográfica previstas en la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y sin perjuicio de los órganos colegiados de valoración específicos que, para el resto de las ayudas, se establezcan en las correspondientes bases reguladoras, el Comité de ayudas a la producción cinematográfica es el órgano colegiado dependiente del ICAA al que corresponde la emisión de informes sobre los siguientes asuntos:

a) Solicitudes de ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto establecidas en el artículo 25 de la citada ley.

b) Solicitudes de ayudas para la producción de cortometrajes que establece la ley en su artículo 27.

c) Informar, en su caso, sobre la aprobación de coproducciones entre empresas españolas y extranjeras [20].

2. El Comité tendrá la siguiente composición:

a) Presidencia: Titular de la Dirección General del ICAA.

b) Vicepresidencia: Titular de una de las subdirecciones generales del ICAA, por designación de la Presidencia.

c) Vocales:

Un mínimo de doce y un máximo de quince miembros, que serán nombrados por la Presidencia entre profesionales del ámbito de la cinematografía y el audiovisual que reúnan las debidas condiciones de aptitud e idoneidad para el desempeño de las funciones del Comité.

Cinco representantes de las comunidades autónomas nombrados por la Presidencia a propuesta de la Conferencia Sectorial de Cultura.

d) Secretaría: La persona designada por la Presidencia, de entre el personal del ICAA.

3. La Presidencia del Comité podrá someter a su informe, además de los asuntos señalados en el apartado 1, cualquier otro relacionado con las ayudas a la cinematografía, así como solicitar la asistencia de expertos ajenos al mismo cuya presencia se estime necesaria por razón de los asuntos a tratar o de los sectores afectados.

Art. 37. Normas generales.–1. Los órganos colegiados previstos en los artículos anteriores se regirán por lo previsto en los capítulos II y III del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Su composición obedecerá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

2. El titular de la Presidencia, cuyo voto será dirimente en caso de empate a efectos de la adopción de acuerdos, podrá distribuir tareas entre los vocales o crear los grupos de trabajo que considere necesarios para el mejor desarrollo de las funciones de los órganos colegiados, determinando su composición y cometidos. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el titular de la Presidencia será sustituido por el titular de la Vicepresidencia.

3. Ningún vocal podrá permanecer en el cargo por un periodo superior a dos años consecutivos, salvo lo que pueda establecerse para el caso de renovación parcial de los órganos, ni participar, directa o indirectamente, en proyectos cuya valoración corresponda realizar al órgano de asesoramiento en la concesión de ayudas a que el vocal pertenezca, durante el citado periodo [21].

CAPÍTULO IX

Verificación, control y régimen sancionador

Art. 38. Verificación y control.–1. La verificación y el control respecto del cumplimiento de las obligaciones que se establecen en la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, así como las desarrolladas en este real decreto relativas a la calificación de las películas y su publicidad, inscripción en el Registro de Empresas y normas para las salas de exhibición, corresponden al ICAA en el ámbito de su competencia.

2. Las personas físicas y jurídicas obligadas al cumplimiento de la citada normativa deberán facilitar las tareas de verificación y control necesarias que lleve a cabo el ICAA, aportando la documentación que, conforme a la misma, se les requiera, así como facilitando el acceso a dicha información tanto impresa como, en su caso, a través del equipamiento informático del que dispongan.

3. En el caso de que la verificación y el control se realicen mediante visitas al domicilio social y/o locales de las personas señaladas en el apartado anterior durante su horario de funcionamiento, deberán estar en condiciones de facilitar la documentación e información indicadas. Esta actividad se llevará a cabo por personal funcionario del ICAA debidamente acreditado al que se le reconozca condición de autoridad, que levantará la correspondiente acta tras la práctica de su actuación. Una de las copias del acta se entregará al interesado o persona ante quien se actúe, que podrá hacer constar su conformidad o su disconformidad respecto del contenido. Otro ejemplar del acta será remitido al órgano competente para la iniciación, en su caso, del correspondiente procedimiento sancionador. Estas actas gozarán, salvo prueba en contrario, de presunción de veracidad en cuanto a los hechos contenidos en ellas.

Art. 39. Procedimiento.–1. El procedimiento sancionador se ajustará, en lo que sea competencia de los órganos de la Administración General del Estado, a lo establecido en el capítulo II del título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y al Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

2. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio como consecuencia de las actuaciones de comprobación efectuadas por el órgano correspondiente, así como de las previstas en el artículo 11 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

3. Será competente para ordenar la iniciación del procedimiento el Director general del ICAA y para la instrucción la Secretaría general. La resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones muy graves corresponde al Ministro de Cultura como Presidente del ICAA y la de los procedimientos correspondientes a infracciones graves y leves a su Director General [22].

4. En el caso de procedimientos por infracciones en materia de subvenciones, las sanciones serán acordadas e impuestas por el Ministro de Cultura o, en su caso, por el Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

5. El plazo total para resolver y notificar el procedimiento sancionador será de cinco meses a contar desde la adopción del acuerdo de iniciación. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Fomento de la protección y defensa de la propiedad intelectual.–Con el fin de contribuir a la prevención de las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual, que señala el artículo 19.1.h) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y dentro del marco de las medidas de fomento establecidas en el artículo 33 de dicha ley, el ICAA suscribirá convenios con bancos y entidades de crédito cuya finalidad específica sea facilitar a las empresas la financiación que permita el desarrollo de infraestructuras necesarias para la creación de portales web de descargas y/o visionados legales de contenidos cinematográficos y de otras obras audiovisuales.

Segunda. Acceso de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual a los informes de exhibición de películas.–Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual sobre obras audiovisuales, que hayan obtenido la autorización prevista en el artículo 147 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, tendrán acceso a los informes de exhibición a los que se refiere el artículo 13.2 de este real decreto.

Tercera. Adaptación de plazos para las ayudas a la amortización.–Las bases reguladoras de las ayudas a las que se refiere este real decreto podrán establecer que la aplicación efectiva del régimen de las ayudas a la amortización se lleve a cabo tomando en consideración las fechas de inicio de rodaje y estreno de las películas [23].

Cuarta. Cumplimiento de las previsiones estatutarias.–Con carácter previo a la concesión de las ayudas contempladas en la sección 2.ª del capítulo VI se realizarán las actuaciones que, en su caso, contemplen los Estatutos de Autonomía de las respectivas comunidades autónomas para aquellas ayudas destinadas a su ámbito geográfico.

Quinta. Inversión de los operadores de televisión.–Por acuerdo entre uno o varios operadores de televisión de ámbito estatal y una o varias asociaciones que agrupen a la mayoría de los productores cinematográficos, podrá pactarse la forma de aplicación del porcentaje del 5 por ciento de inversión obligatoria de los operadores de televisión prevista en la disposición adicional segunda de la Ley 15/2001, de 9 de julio, de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual, respetando las proporciones establecidas en la misma.

El régimen establecido en dicho acuerdo regirá respecto de las relaciones que se establezcan entre el operador u operadores firmantes y todos los productores que actúen en el ámbito de aplicación de aquél, sin que pueda limitarse su cumplimiento a los productores miembros de la asociación o asociaciones que lo hubiesen suscrito.

Previamente a la firma del acuerdo, las partes recabarán de la Comisión Interministerial de seguimiento creada por el artículo 10 del Real Decreto 1652/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula la inversión obligatoria para la financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión, europeos y españoles, informe sobre la conformidad del mismo con lo establecido en esta disposición adicional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Salas de exhibición no informatizadas.–En tanto no se produzca la adaptación necesaria, los titulares de las salas de exhibición que no dispongan de los programas informáticos previstos en el artículo 13.3 de esta norma deberán cumplir las obligaciones que le resulten de aplicación sobre control de asistencia y declaración de rendimientos previstas en los artículos 13.1, 13.2, 15 con la salvedad de sus apartados f) y g), y 16, de acuerdo con las especificaciones establecidas mediante orden del Ministerio de Cultura.

Segunda. Vigencia temporal de determinadas normas.–Mantendrán su vigencia las siguientes disposiciones, de acuerdo con lo que se expresa para cada una:

a) Los apartados decimocuarto y decimoquinto de la Orden de 7 de julio de 1997 por la que se dictan normas de aplicación del Real Decreto 81/1997, de 24 de enero, en las materias de cuotas de pantalla y distribución de películas, salas de exhibición, registro de empresas y calificación de obras cinematográficas y audiovisuales, en tanto no se produzca la modificación del artículo 38 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, mediante el que se crea la tasa por examen y expedición de certificados de calificación de películas cinematográficas y demás obras audiovisuales [24].

b) Los artículos 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 18 del Real Decreto 526/2002, de 14 de junio, por el que se regulan medidas de fomento y promoción de la cinematografía y la realización de películas en coproducción, en tanto no se apruebe la orden ministerial por la que se establezcan las bases reguladoras de las ayudas establecidas en el presente real decreto [25].

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–1. A la entrada en vigor del presente real decreto, quedarán derogadas las siguientes normas o partes de las mismas que se mantenían vigentes:

a) El Real Decreto 2332/1983, de 1 de septiembre, sobre venta, distribución y exhibición pública de material audiovisual.

b) El Real Decreto 81/1997, de 24 de enero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 17/1994, de 8 de junio, de Protección y Fomento de la Cinematografía y se actualizan y refunden normas relativas a la realización de películas en coproducción, salas de exhibición y calificación de películas cinematográficas.

c) El Real Decreto 526/2002, de 14 de junio, por el que se regulan medidas de fomento y promoción de la cinematografía y la realización de películas en coproducción.

d) La Orden de 7 de julio de 1997, por la que se dictan normas de aplicación del Real Decreto 81/1997, de 24 de enero, en las materias de cuotas de pantalla y distribución de películas, salas de exhibición, registro de empresas y calificación de obras cinematográficas y audiovisuales, excepto el apartado quinto punto 3 relativo a la composición del Registro de Empresas; el apartado sexto punto 3.a) y el apartado noveno punto 2, relativos a las salas de exhibición no informatizadas [26].

2. Quedarán igualmente derogadas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Títulos competenciales.–El presente real decreto se dicta al amparo de los siguientes títulos competenciales: los artículos 1 a 4, el artículo 6 y el artículo 8 al amparo del artículo 149.2 de la Constitución; el artículo 5 al amparo del artículo 149.1.1.ª; el artículo 7, los artículos 9 a 34, los artículos 38 y 39, las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y quinta y las disposiciones transitorias primera y segunda, al amparo del artículo 149.1.13.ª y los artículos 35 a 37 al amparo del artículo 149.1.18.ª

Tendrán carácter básico los siguientes artículos o apartados de los mismos: el apartado 3 del artículo 9 y los artículos 28 a 33 que se dictan al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución.

Segunda. Desarrollo y habilitación normativa.–1. Se autoriza al Ministro de Cultura para que, mediante orden ministerial, establezca las bases reguladoras de las ayudas a las que hace referencia el capítulo VI, así como para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación del mismo.

2. Cuando razones técnicas o de oportunidad así lo aconsejen, el Ministro de Cultura, oídas las comunidades autónomas, podrá modificar las calificaciones de las películas por grupos de edades a que se refiere el artículo 5.

3. Se faculta al Ministro de Cultura para actualizar mediante orden ministerial la cuantía de la recaudación a la que se refiere el artículo 22.2.c).

Tercera. Sección de obras y grabaciones audiovisuales del Registro de Bienes Muebles.–En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, desarrollará reglamentariamente la previsión establecida en la disposición final primera de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, relativa a la creación de una sección de obras y grabaciones audiovisuales del Registro de Bienes Muebles.

Cuarta. Entrada en vigor.–Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

[1] Téngase en cuenta la Orden CUL/314/2010, de 16 de febrero («BOE» núm. 43, de 18 de febrero), por la que se modifican los grupos de edad para la calificación de las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales. Téngase, asimismo, en cuenta, respecto al funcionamiento de las salas de proyección de películas X, el artículo 17 de la Ley 55/2007 (§ 9).

[2] Artículo redactado de acuerdo con el Real Decreto 490/2010, de 23 de abril («BOE» núm. 115, de 11 de mayo).

[3] Téngase en cuenta que la Ley 2/2011, de 4 de marzo («BOE» núm. 55, de 5 de marzo), de Economía sostenible, modificó, con efectos desde el 5 de junio de 2011, el artículo 38 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, regulando así la Tasa por examen de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales, para su calificación por grupos de edad. Dicho artículo dispone:

«Artículo 38. Tasa por examen de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales, para su calificación por grupos de edad.–1. Se crea la tasa por examen de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales, para su calificación por grupos de edad. Esta tasa se regirá por la presente Ley y por las demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

2. Constituye el hecho imponible de la tasa el examen de las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales para su calificación por grupos de edad cuando dicho examen venga establecido por disposición legal o reglamentaria.

3. La tasa se devengará cuando se presente la película u otra obra audiovisual para su visionado.

4. Serán sujetos pasivos de la tasa los titulares de los derechos de explotación de las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales presentadas a calificación y que pretendan distribuirlas en España para su proyección, comunicación pública o venta, que se encuentren legal o reglamentariamente obligados a solicitar la calificación de las obras por grupos de edad.

5. Cuantía de la tasa.

La cuantía de la tasa se aplicará en función de la duración de las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales, de acuerdo con los tramos siguientes:

Películas y obras con duración entre 1’ y 30’: 10 €.

Películas y obras con duración entre 31’ y 60’: 50 €.

Películas y obras con duración entre 61’ y 90’: 80 €.

Películas y obras con duración entre 91’ y 120’: 110 €.

Películas y obras con duración a partir de 121’: 150 €.

6. La tasa será objeto de autoliquidación por los sujetos pasivos, de acuerdo con los modelos que se aprueben, realizándose su pago en efectivo mediante ingreso en entidad de depósito autorizada por el Ministerio de Economía y Hacienda.

7. La gestión de la tasa corresponde al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

8. La recaudación de la tasa se aplicará al Presupuesto del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.»

[4] De acuerdo con el Real Decreto 490/2010, de 23 de abril («BOE» núm. 115, de 11 de mayo), se da nueva redacción al apartado 2.

[5] Téngase en cuenta el artículo 8 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre (§ 9).

[6] Véase en el parágrafo siguiente el Real Decreto 448/1988, de 22 de abril («BOE» núm. 116, de 14 de mayo) , por el que se regula la difusión de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales recogidas en soporte videográfico.

[7] Apartado adicionado por el Real Decreto 490/2010, de 23 de abril, que, además estableció una nueva numeración para el apartado 4 que, originalmente, era 3.

[8] Véase el artículo 5 de la Ley 55/2007 (§ 9).

[9] Véase el artículo 7 de la Ley 55/2007 (§ 9).

[10] Apartado redactado conforme al Real Decreto 490/2010, de 23 de abril.

[11] Véase el artículo 16 de la Ley 55/2007 (§ 9). Véase también, en el parágrafo 12, la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio.

[12] Véase la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, por la que se dictan normas de aplicación del presente Real Decreto, en las materias de reconocimiento del coste de una película e inversión del productor, establecimiento de las bases reguladoras de las ayudas estatales y estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, cuya corrección de errores se publicó por Orden CUL/3146/2009, de 19 de noviembre («BOE» núm. 283, de 24 de noviembre), y que ha sido modificada por Orden CUL/1767/2010, de 30 de junio («BOE» núm. 160, de 2 de julio) y por Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio (§12).

[13] Debe querer decir 55/2007.

[14] Téngase en cuenta los artículos 19 y siguientes de la Orden CUL/3146/2009, de 19 de noviembre («BOE» núm. 283, de 24 de noviembre).

[15] Artículos 38 y siguientes de la Orden CUL/3146/2009, de 19 de noviembre («BOE» núm. 283, de 24 de noviembre).

[16] Apartado adicionado conforme al Real Decreto 490/2010, de 23 de abril. Véanse los artículos 10 a 18 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre («BOE» núm. 257, de 24 de octubre). Adviértase que por Resolución de 2 de julio de 2010 («BOE» núm. 171, de 15 de julio), del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales se establecen criterios para la obtención del certificado cultural a los efectos del cumplimiento de los requisitos necesarios en materia de ayudas a la amortización de largometrajes.

[17] Los dos primeros apartados de este artículo figuran redactados conforme al Real Decreto 490/2010, de 23 de abril.

[18] Los artículos 3 a 9 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre («BOE» núm. 257, de 24 de octubre), por la que se desarrolla parcialmente el presente Real Decreto disponen:

«CAPÍTULO II

Coste de una película e inversión del productor

Sección 1.ª Disposiciones generales

Art. 3. Coste de una película.–1. Se considerará coste de una película, a los efectos de aplicación de las medidas de fomento e incentivos a la cinematografía y al audiovisual previstas en la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, la totalidad de los gastos efectuados por la empresa productora hasta la consecución de la copia estándar o master digital. El cálculo de la base de la deducción por inversiones prevista en el artículo 38 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, se realizará conforme a la normativa reguladora de dicho impuesto.

En particular se considerarán incluidos en el coste, en los términos que se señala, los siguientes conceptos básicos para su realización y promoción idóneas:

a) La remuneración del productor ejecutivo hasta el límite del 5 por 100 del coste de realización de la película.

Cuando el objeto del contrato del productor ejecutivo, y/o de otros trabajadores, sea genérico para diversas películas que lleve a cabo la empresa productora, se prorrateará su coste en función de su participación efectiva en cada una de ellas.

En los supuestos en que el personal de plantilla de la empresa productora realice funciones de productor ejecutivo sin un contrato específico para ello, el coste de dicho trabajo se imputará al capítulo de gastos generales con las mismas condiciones de prorrateo establecidas anteriormente.

b) Los intereses financieros y gastos de negociación que puedan generar los préstamos formalizados para la financiación de la película, hasta el límite del 20 por 100 del coste de realización de la misma.

c) El importe de los gastos generales, hasta el límite del 7 por 100 del coste de realización de la película. Deberá imputarse al capítulo de gastos generales el gasto relativo al personal de plantilla de la productora que no tenga contrato laboral específico para la película objeto de reconocimiento de coste. Cuando se trate de personal de plantilla que haya suscrito un contrato laboral específico para su participación en las películas que realice la productora, el importe se prorrateará en función de su participación efectiva en cada una de ellas, imputándose el coste al capítulo de personal técnico.

d) Los gastos de publicidad y promoción de la película a cargo de la empresa productora, hasta el límite del 40 por 100 del coste de realización de la película. Cuando estos conceptos, de forma total o parcial, hubieran sido objeto de subvención para la empresa distribuidora de la película, la parte correspondiente no se tendrán en cuenta como parte integrante del coste que, de la misma, se atribuya a su productora.

e) Los gastos de adaptación de las películas, una vez terminadas, a soportes o sistemas necesarios para su exhibición o explotación.

f) Los gastos de doblaje y/o subtitulado a cualquier lengua oficial española.

g) El importe de realización de los soportes materiales necesarios para garantizar la preservación de la película, incluyendo la copia nueva y en perfecto estado necesaria para el cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo 2 del artículo 17 de esta orden. Asimismo, los gastos para la obtención de las copias u otros soportes siempre que estén destinados a la exhibición en salas y que no hubieran sido objeto de subvención para la empresa distribuidora.

h) Los gastos del informe especial emitido por un auditor de cuentas, cuando sea este medio el empleado para acreditar el coste de la película.

2. Respecto a los gastos de viajes y desplazamientos utilizando vehículo particular, se aplicará la cuantía establecida para la indemnización de este tipo de gastos, regulados en el artículo 18.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, según las revisiones periódicas que efectúe el Ministerio de Economía y Hacienda.

3. La utilización de los equipos y del material técnico propiedad de la empresa productora se podrá computar como gasto para la realización de una película en la cantidad correspondiente al doble de la que por el concepto de amortización deba reflejarse en la contabilidad de la empresa, de acuerdo con la normativa contable que resulte de aplicación.

4. En las películas de cortometraje, se podrá computar el coste teórico de los trabajos que realice como guionista y/o director el productor de la misma siempre que sea empresario individual. Dicho coste teórico se calculará teniendo en cuenta el valor medio declarado como remuneración de los profesionales que realizan estas actividades en la producción de cortometrajes. Estos costes teóricos se harán públicos en la convocatoria anual de ayudas a cortometrajes realizados, calculados sobre la producción del año anterior.

5. Los gastos considerados como coste deberán haber sido efectuados:

a) Cuando se trate de largometrajes, entre los seis meses anteriores al rodaje y los nueve meses posteriores al final del mismo. En el caso de películas de animación los plazos citados se ampliarán a doce meses.

b) Cuando se trate de cortometrajes, entre los treinta días anteriores al comienzo del rodaje y los sesenta días posteriores al final del mismo.

En ambos casos, no se aplicarán estos periodos a los gastos efectuados con motivo del desarrollo del proyecto de la película, a los que hace referencia el párrafo 2 del artículo 25 de esta orden, ni los que correspondan a publicidad y promoción de la película, tiraje de copias y doblaje y/o subtitulado a cualquiera de las lenguas oficiales en España. Asimismo, no se aplicarán los mencionados periodos a los procesos de posproducción, entendiendo por tales el montaje, efectos visuales, música, producción y creación de imágenes sintéticas, posproducción de sonido, laboratorio, negativo en posproducción y títulos de crédito, así como los gastos del personal siempre que se acredite su vinculación a estos procesos.

6. No serán computados como coste:

a) El importe del Impuesto sobre el Valor Añadido u otros impuestos de carácter recuperable.

b) Los gastos suntuarios, las gratificaciones, las previsiones de gastos y las capitalizaciones.

c) Los gastos inferiores a 12.000 euros facturados por empresas vinculadas a la empresa productora. Los gastos superiores a dicho importe sólo podrán computarse cuando se pruebe que corresponden a precios de mercado. El precio de mercado podrá acreditarse mediante la presentación de dos presupuestos de empresas distintas y de fecha próxima e idéntico concepto al facturado.

d) La facturación realizada entre las empresas coproductoras de la película.

7. En las películas realizadas en régimen de coproducción con empresas extranjeras, sólo se considerará como coste el importe de la participación española, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.2 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre. Se admite la facturación que realice la empresa coproductora extranjera como consecuencia de gastos que a su vez le hayan sido facturados por empresas establecidas en su país que no estén vinculadas a la empresa productora española, siendo de aplicación, en este último caso, lo dispuesto en la letra c) del apartado anterior.

La aportación dineraria de la productora española en una coproducción, a la que hace referencia el artículo 30.1, párrafo 2.º, del citado Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, se justificará mediante la documentación acreditativa de la transferencia bancaria o cualquier otro sistema de pago internacional legalmente reconocido, efectuada a favor de la empresa coproductora extranjera, la recepción por su parte y una certificación de ésta comprensiva de los conceptos en los que ha sido aplicada. En ningún caso podrá aplicarse esta aportación dineraria a pagos de personal de nacionalidad del país coproductor.

8. Serán computados a efectos de reconocimiento del coste de una película los gastos que hayan sido efectivamente pagados en el momento de la justificación del gasto y así se acredite documentalmente, mediante facturas que tengan como destinatario a la empresa productora y cuyo expedidor quede identificado en las mismas, así como mediante nóminas que estén emitidas por la empresa productora. También podrán computarse los compromisos firmes de pago que se encuentren debidamente documentados mediante título ejecutivo o contrato de reconocimiento de deuda con el acreedor. Las facturas y documentos justificativos similares serán expedidos conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora de las obligaciones de facturación que resulte aplicable. En todos los supuestos deberán presentarse facturas o documentos justificativos originales, acompañados de la documentación acreditativa del pago.

Art. 4. Subcontratación.–1. A efectos de reconocimiento del coste de una película, no será admitida la subcontratación con terceros de la ejecución total o parcial de la actividad que deba desarrollar por sí misma la empresa productora para poder resultar beneficiaria de las ayudas a la producción.

2. Queda fuera del concepto de subcontratación y, por lo tanto, serán admitidos como coste de una película los importes facturados por terceros en relación con estudios de rodaje, electricidad, fotografía, equipos musicales, iluminación, sonido, secuencias de animación, peluquería y maquillaje, decoración, sastrería, laboratorios, marketing y publicidad, así como los equipos de figuración y especialistas, y otros gastos análogos necesarios para la realización de la película.

Art. 5. Inversión del productor.–1. Se considerará inversión del productor en una película la cantidad aportada por el mismo con recursos propios o con recursos ajenos de carácter reintegrable, o en concepto de cesión de los derechos de explotación de la película.

2. No podrán computarse como inversión del productor las subvenciones percibidas, ni las aportaciones realizadas por cualquier Administración, entidad o empresa de titularidad pública, salvo las concedidas en concepto de préstamo, ni las efectuadas en concepto de coproductor o de productor asociado, o a través de cualquier otra aportación financiera que no pueda ser considerada adquisición anticipada de derechos de explotación de la película, por prestadores de servicio de radiodifusión o emisión televisiva, en los términos que establece el artículo 1 de la Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.

3. La inversión del productor se determinará deduciendo del coste de la película las cantidades que resulten de lo dispuesto en el apartado anterior.

Sección 2.ª Procedimiento para el reconocimiento del coste de una película e inversión del productor

Art. 6. Solicitudes.–1. El procedimiento para el reconocimiento del coste de una película e inversión del productor se iniciará mediante solicitud, cuyo modelo estará disponible en la página Web del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. La solicitud podrá presentarse por la empresa productora en el Registro General del Ministerio de Cultura o en cualquiera de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como a través del Registro Telemático del Ministerio de Cultura, conforme a los requisitos que lo rigen.

2. El plazo máximo para la presentación de la solicitud será de seis meses a partir de la notificación del certificado de nacionalidad española en el caso de largometrajes, y de tres meses desde la misma fecha si se trata de cortometrajes.

3. Junto a la solicitud deberá aportarse:

a) Declaración del coste de la película, detallado por capítulos y partidas, según el modelo oficial que podrá obtenerse en las dependencias del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales o a través de su página web.

b) Informe especial de un auditor de cuentas de revisión y verificación del estado de coste de la película, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.

c) En el caso de cortometrajes, el interesado podrá optar entre la aportación del informe especial del auditor de cuentas señalado en la letra anterior o la presentación de los documentos señalados en el artículo 8, relativo a la acreditación del coste de forma directa ante el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

Art. 7. Acreditación del coste e inversión del productor mediante informe especial emitido por un auditor de cuentas.–1. En el caso de los largometrajes, de las películas para televisión y de las series de animación, la acreditación del coste se efectuará necesariamente mediante la aportación de un informe especial de un auditor de cuentas de revisión y verificación del estado de coste de la obra de la que se trate.

2. El informe deberá ser realizado por auditores inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas conforme a las normas de procedimiento previstas en la legislación vigente en materia de auditorías, una vez estudiados los registros contables de la empresa productora debidamente diligenciados.

3. Dicho informe deberá contener la descripción del alcance del trabajo realizado, referencia a los procedimientos efectuados o descripción de los mismos en un anexo, conclusión del auditor indicando que el estado de costes de la película se ha preparado según lo establecido en esta orden, nombre del auditor, firma y fecha.

4. En la realización del informe deberán aplicarse los criterios establecidos en los artículos 3, 4 y 5, con indicación específica de las siguientes cuestiones:

a) En lo que se refiere a los costes de personal, el análisis de los conceptos deberá comprender la totalidad de los gastos que deban ser cubiertos de conformidad con la legislación vigente, comprobando, en especial:

1.º Contratos laborales formalizados por la empresa productora con los autores, actores y otros artistas, personal creativo y demás personal técnico en los que se reflejen los salarios, así como los documentos donde consten las horas extraordinarias y otros conceptos retributivos salariales y extrasalariales, de conformidad con la normativa laboral aplicable, y la retribución que en su caso haya correspondido, así como las nóminas referentes a dichos contratos y los documentos acreditativos de la identidad de las personas a que se refieren.

2.º Contratos mercantiles formalizados entre la empresa productora y el personal autónomo, o aquellos en los que se fundamente la participación en la película de actores u otros artistas, así como las facturas relativas a tales contratos.

3.º Contratos relativos a la adquisición de los derechos que sean necesarios para la realización de la película, así como las facturas relativas a dichos contratos.

b) Situación relativa al pago de todas las partidas que componen el coste de la película, con indicación expresa de que los costes que se consideran subvencionables han sido efectivamente pagados por la empresa productora a los acreedores.

c) Situación relativa a la presentación de la declaración de las facturas ante la Hacienda Pública, en los casos en que así lo exija su normativa específica.

d) Coincidencias o contradicciones entre las bases declaradas en materia de impuestos y Seguridad Social y las registradas contablemente.

e) Liquidación y pago de impuestos devengados durante el tiempo de rodaje, detallando el importe bruto de las cantidades derivadas de los contratos sobre las que no se hubieran practicado retenciones, así como el motivo de tales circunstancias.

f) Situación relativa a las pólizas de préstamo para la realización de la película, con indicación de si los intereses corresponden al tipo pactado y al periodo de vigencia de la póliza.

g) Indicación de las subvenciones percibidas y de las aportaciones realizadas por cualquier Administración, entidad o empresa de titularidad pública, así como de las efectuadas en concepto de coproductor o de productor asociado, o a través de cualquier otra aportación financiera, por sociedades prestadoras de servicio de radiodifusión o emisión televisiva.

h) Indicación de las partidas facturadas mediante subcontratación por empresas ajenas o vinculadas a la empresa productora de la película, con especificación del cumplimiento de lo señalado en el apartado 6.d) del artículo 3.

Art. 8. Documentación para la acreditación directa del coste e inversión del productor de películas de cortometraje ante el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.–La acreditación directa del coste de los cortometrajes, cuando no se haya optado por presentar el informe especial emitido por un auditor de cuentas, se realizará adjuntando:

a) Los contratos laborales, mercantiles y relativos a la adquisición de derechos, así como el resto de documentación a la que se refiere el artículo 7.4 a).

b) Justificantes del ingreso en la Hacienda Pública de las cantidades retenidas a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los contratos formalizados, de acuerdo con los porcentajes de retención legalmente establecidos, así como, en su caso, los justificantes del pago de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a dichos contratos.

c) Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa y, en su caso, contratos, que acrediten los costes de servicios, suministros y cualquier otra prestación que no sea de personal contratado directamente por la empresa productora, así como el justificante de haber efectuado la declaración de las facturas ante la Hacienda Pública en los casos en que así lo exija su normativa específica.

d) Billetes, facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, justificativos de los gastos de viajes y desplazamientos.

e) Contrato específico suscrito entre la empresa productora y el productor ejecutivo, así como la nómina referente a dicho contrato y documento acreditativo de la identidad de la persona a que se refiere. En el caso de existir contrato mercantil, se aportará el contrato y la factura correspondiente.

f) Certificado emitido por la entidad financiera acreditativo de la totalidad de los intereses financieros y gastos de negociación que puedan generar los préstamos formalizados para la financiación de la película.

g) Declaración sobre las subvenciones percibidas y las aportaciones realizadas por cualquier Administración, entidad o empresa de titularidad pública, así como de las efectuadas en concepto de coproductor o de productor asociado, o a través de cualquier otra aportación financiera, por prestadores de servicio de radiodifusión o emisión televisiva, justificando documental y expresamente la cuantía de las mismas. Cualquier modificación sobre los términos de la declaración habrá de ser comunicada por escrito al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales dentro de los diez días siguientes a la fecha en que aquélla se haya producido.

Art. 9. Resolución.–El Director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales dictará y notificará la resolución de reconocimiento de coste de la película e inversión del productor en el plazo máximo de cinco meses desde la presentación de la solicitud, y en la que se indicarán los recursos que procedan y plazos para su interposición.»

[19] Véase el artículo 8 de la Ley 55/2007 (§ 9).

[20] Apartado redactado de acuerdo con el Real Decreto 490/2010, de 23 de abril.

[21] Apartado redactado de acuerdo con el Real Decreto 490/2010, de 23 de abril.

[22] Véase, en el parágrafo anterior, el artículo 38 y su nota.

[23] Disposición redactada de acuerdo con el Real Decreto 490/2010, de 23 de abril.

[24] Adviértase que el artículo 38 de la mencionada Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de cuya modificación depende la vigencia de la Orden de 7 de julio de 1997, ha sido modificado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo («BOE» núm. 55, de 5 de marzo), de Economía sostenible, que creó la tasa por examen de películas cinematográficas. Dichas tasas están reproducidas como nota al artículo 6, de este parágrafo.

[25] Véase la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, por la que se dictan normas de aplicación del presente Real Decreto, en el reconocimiento del coste de una película e inversión del productor y el establecimiento de las bases reguladoras de las ayudas estatales y estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, reproducida parcialmente en nota al artículo 23 de este Real Decreto.

[26] Los artículos 6.3 y 9.2 mencionados, han sido derogados expresamente por la Orden CUL/1772/2011, de 21 junio En cuanto al apartado 5.3, fue derogado por la Orden CUL/2834/2009.

§ 11 REAL DECRETO 448/1988, DE 22 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA LA DIFUSIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS Y OTRAS OBRAS AUDIOVISUALES RECOGIDAS EN SOPORTE VIDEOGRÁFICO

(«BOE» núm. 116, de 14 de mayo de 1988)

Las nuevas tecnologías de reproducción de obras audiovisuales, señaladamente a través del soporte videográfico, han dado lugar a la aparición en nuestro país de nuevos cauces de difusión de las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales, tanto en locales y servicios públicos como en domicilios particulares, mediante la conexión de un magnetoscopio o aparato emisor con receptores de uso privado o público.

Por otra parte, la nueva Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, ha establecido una completa regulación de los derechos de autor de las obras cinematográficas, teniendo en cuenta estos modernos sistemas de difusión. Así, su artículo 20 considera como comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares de cada una de ellas. En el artículo 88, por otra parte, se dispone que los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de las obras audiovisuales se presumirán cedidos en exclusiva a los productores, y, finalmente, en el artículo 90.3 se regula la remuneración a los autores por la proyección, exhibición o transmisión, debidamente autorizadas, de una obra audiovisual por cualquier procedimiento sin exigir pago de un precio de entrada.

Se hace necesario, por lo tanto, completar las vigentes normas de la exhibición cinematográfica, regulando estos nuevos sistemas y adaptándolos a la nueva legislación de derechos de autor.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Interior, de Cultura y Transportes, Turismo y Comunicaciones, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de abril de 1988, dispongo:

Artículo 1. 1. Las disposiciones del presente Real Decreto son aplicables a la difusión de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales, contenidas en soporte videográfico, cuando se transmiten a una pluralidad de personas, sin la previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, mediante un aparato reproductor conectado por uno o varios aparatos receptores de uso privado o público.

2. A los efectos del apartado anterior, se consideran, en todo caso, incluidas:

a) Las Empresas de servicios que, independientemente o no del servicio principal que presta a sus usuarios, difunden o contratan la difusión de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales contenidas en soporte videográfico, tales como las Empresas Turísticas y los titulares de Centros y vehículos de transporte terrestre, aéreo y marítimo.

b) Las personas físicas o jurídicas que difunden películas cinematográficas y otras obras audiovisuales contenidas en soporte videográfico a los domicilios particulares mediante transmisión desde un aparato reproductor conectado con aparatos receptores de uso privado.

c) Las comunidades de propietarios que difundan películas cinematográficas y obras audiovisuales contenidas en soporte videográfico a los domicilios particulares mediante su transmisión desde un aparato reproductor conectado con aparatos receptores de uso privado.

3. No será aplicable el presente Real Decreto cuando la difusión se realice dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté conectado a una red de cualquier tipo.

4. Asimismo, no será aplicable a las salas de exhibición cinematográfica que realicen la difusión de dichas películas y obras contenidas en soporte videográfico a una pluralidad de personas, que se regirán por su legislación específica.

Art. 2. 1. En la difusión a la que se refiere este Real Decreto no se podrán utilizar soportes videográficos que no reúnan las condiciones de certificación, calificación y etiquetaje establecidos en el Real Decreto 2332/1983, de 1 de septiembre [1].

2. Cuando se trate de películas cinematográficas obras audiovisuales calificadas como «X» o exclusivamente para mayores de dieciocho años, conforme a la normativa vigente, no podrá procederse a la difusión en los locales públicos o
servicios abiertos al público que sean de libre acceso a todas las edades.

Art. 3. 1. La transmisión que se menciona en el artículo 1 no deberá producir interferencias a los servicios de telecomunicación debidamente autorizados y, en particular, a los servicios de radiodifusión y televisión.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 del Real Decreto 2704/1982, de 3 de septiembre [2], y conforme a lo establecido en el artículo 7.4 de la Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones, el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones podrá suspender el funcionamiento de las instalaciones y aparatos eléctricos de toda clase que causen interferencia perjudicial a las comunicaciones y servicios radioeléctricos[3].

Art. 4. 1. Para llevar a cabo la difusión de las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales en las modalidades previstas en este Real Decreto, será necesario contar con la previa autorización de los titulares o cesionarios de los correspondientes derechos de comunicación pública de dichas obras.

2. En el supuesto de que los titulares de los derechos de explotación hayan constituido una Entidad para la gestión colectiva del derecho de comunicación pública de sus obras en las modalidades a que se refiere este Real Decreto, aquéllas contratarán con quienes lo soliciten en los términos establecidos en el artículo 142 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual [4].

3. En todo caso, los titulares de los derechos, bien por sí mismos o a través de las Entidades de gestión, podrán exigir en los contratos la remisión periódica de la documentación justificativa de la difusión, con indicación de la programación efectuada, del número de usuarios o receptores y de las cantidades percibidas, en su caso.

4. Lo previsto en el presente artículo se entiende sin perjuicio del derecho a remuneración que corresponde a los autores, conforme dispone el artículo 90, párrafo tercero, de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual [5].

Art. 5. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios [6], quienes realicen la difusión a que se refiere este Real Decreto deberán informar de forma eficaz y suficiente a los usuarios de las características de sus servicios y, al menos, de los siguientes aspectos:

a) Con antelación suficiente de la programación, con expresa mención de la calificación que tienen las películas que vayan a difundir.

b) Del precio del servicio, indicando con claridad si está o no incluido en el precio de otro servicio principal y, si se trata de una cuota de abono, de su cuantía y periodicidad.

c) De las restantes condiciones jurídicas en las que se presta el servicio.

2. Las Empresas de servicios a las que se refiere el artículo 1.2, letra a), y las comunidades de propietarios cumplirán lo dispuesto en el párrafo anterior con las adaptaciones necesarias que se deriven de la modalidad de difusión y de las características del servicio que prestan.

3. Cuando se trate de Empresas a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 1 y las comunidades de propietarios, llevarán un libro registro de usuarios o abonados.

Art. 6. Las personas física y jurídicas, mencionadas en el artículo 1.2.b), se inscribirán en una nueva sección del Registro de Empresas Cinematográficas, que se denominará «De las Empresas de Difusión».

Art. 7. 1. Lo previsto en el presente Real Decreto se entiende sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos de Autonomía, así como de las demás Administraciones Públicas.

2. Lo dispuesto en el presente Real Decreto se entiende sin perjuicio de lo que establezca la legislación sobre telecomunicaciones y las demás normas que les sean aplicables.

3. La responsabilidad civil, penal o administrativa por infracciones en la materia, objeto del presente Real Decreto, se exigirá de conformidad con lo que dispone la legislación vigente.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza a los Ministros del Interior, de Cultura y Transportes, Turismo y Comunicaciones para dictar, en su caso, las normas necesarias para la ejecución de lo dispuesto en el presente Real Decreto.

Segunda. El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

[1] El Real Decreto 2332/1983, ha sido derogado por el Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine (§ 9). Véase su artículo 7.

[2] El citado Real Decreto («BOE» núm. 260, de 21 de abril de 1982), fue derogado por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio («BOE» núm. 209, de 29 de agosto). Véase el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre («BOE» núm. 289, de 2 de diciembre), que, a su vez, ha sido modificado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril («BOE» núm. 102, de 29 de abril).

[3] De conformidad con el artículo 47.6.e) y f) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre («BOE» núm. 264, de 30 de noviembre), General de Telecomunicaciones, dicha competencia es ejercida a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

[4] En la actualidad artículo 157 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 12 de abril de 1996.

[5] En la actualidad párrafo 4 del artículo 90 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 1).

[6] Derogado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre («BOE» núm. 287, de 30 de noviembre), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Véase el artículo 18.2.

§ 12 ORDEN CUL/1772/2011, DE 21 DE JUNIO, POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CÓMPUTO DE ESPECTADORES DE LAS PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS, ASÍ COMO LAS OBLIGACIONES, REQUISITOS Y FUNCIONALIDADES TÉCNICAS DE LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS A EFECTOS DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y RENDIMIENTO DE LAS OBRAS CINEMATOGRÁFICAS EN LAS SALAS DE EXHIBICIÓN

(«BOE» núm. 153, de 28 de junio)

El artículo 16 de la Ley 55/2007, del Cine, así como el Capítulo V del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, que la desarrolla, establecen una serie de obligaciones para las salas de exhibición cinematográfica, a los efectos de conocer «con la mayor exactitud, rapidez y fiabilidad los ingresos que obtienen las películas a través de su explotación en las salas de exhibición cinematográfica, con el detalle suficiente para servir de soporte a la actuación administrativa y al ejercicio de los derechos legítimos de los particulares».

Por otro lado, el artículo 20.3 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, en el marco de la regulación de las ayudas estatales para la amortización de largometrajes dispone que «con el fin de que puedan ser tenidos en cuenta los criterios objetivos de carácter automático basados en la recepción por los espectadores a través de otros medios de difusión distintos a la proyección en salas de exhibición, a los que se refiere el artículo 26 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, se procederá, mediante Orden ministerial, al establecimiento de los procedimientos para la acreditación y certificación de la distribución de películas a través de Internet o de otros sistemas basados en la demanda del espectador, así como de la venta y el arrendamiento remunerado a precio de mercado de soportes físicos y de los accesos individuales mediante pago a proyecciones cinematográficas que se desarrollen en el marco de festivales y certámenes celebrados en España, a los exclusivos efectos del cómputo de espectadores».

Resulta así necesario proceder a la regulación ex novo del cómputo de espectadores de cinematografía a través de canales distintos a las salas de exhibición.

En lo relativo a las salas de exhibición, la materia se encuentra regulada hasta ahora en la Orden CUL/2594/2006, de 26 de julio, por la que se modifica el anexo I de la Orden de 7 de julio de 1997, por la que se dictan normas de aplicación del Real Decreto 81/1997, de 24 de enero, en las materias de cuotas de pantalla y distribución de películas, salas de exhibición, registro de empresas y calificación de obras cinematográficas audiovisuales. Sin embargo, el tiempo transcurrido desde su publicación y los nuevos formatos de los canales de venta hacen necesaria una actualización de la materia.

Esta orden ministerial procede en consecuencia a una profunda actualización, refundición y modernización de las disposiciones vigentes que afectan al control de asistencia y rendimientos, así como a otras precisiones directamente vinculadas a la exhibición cinematográfica. Así, entre otras cuestiones, se atiende a las demandas planteadas por el sector para dotar de la necesaria cobertura legal a los nuevos métodos de comercialización de entradas, que podrán llegar a ser plenamente inmateriales o carentes de todo soporte físico; o se precisan algunas cuestiones relativas al concepto de explotación cinematográfica comercial con el fin de evitar que la utilización de equipos digitales de carácter doméstico pueda llegar a confundirse con la necesaria calidad propia de la difusión cinematográfica profesional.

La orden mantiene la posibilidad de que existan algunas salas de cine que no tengan todavía carácter informatizado, una situación que el propio Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, concibe estrictamente como transitoria, y prevé para ellas un procedimiento simplificado para la declaración de datos al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (en adelante ICAA). Sin embargo, limita claramente la clase de salas que pueden acogerse a este sistema, y –lógicamente– lo hace incompatible con una informatización por parte de esas mismas salas que acabara quedando fuera de los procesos de verificación. Para las demás salas, que se corresponden con cerca del 95% del total de las salas de cine de España, el procedimiento adapta y actualiza lo que ya es práctica habitual desde hace años, esto es, la colaboración permanente de los titulares de salas de cine con un reducido conjunto de empresas –denominadas «buzones», en una terminología que se conserva por estar consolidada en el sector– expertas en el tratamiento de datos y en la gestión informatizada de los medios de pago. La prolijidad de detalles técnicos que es preciso regular hace aconsejable remitir a sendos anexos –I y II– todos los detalles relativos al contenido de la información y a los procesos y sistemas para su conservación y transmisión.

Las novedades más llamativas de esta norma, sin embargo, que no tienen apenas precedente en los países de nuestro entorno, se refieren al establecimiento de mecanismos de cómputo de espectadores a través de otros canales de distribución cinematográfica, a los efectos de las ayudas para la amortización de carácter automático basadas en la aceptación de una película por parte del público durante un determinado período de tiempo. Se introduce por primera vez en España el cómputo oficial de espectadores de largometrajes en festivales y certámenes cinematográficos, el cómputo de accesos remunerados a una película determinada a través de Internet u otros sistemas basados en la demanda del espectador. También se introduce el cómputo de las operaciones de venta y de arrendamiento al por menor a precios de mercado de películas en DVD o en otro soporte físico, a través del reconocimiento de la actividad de registro de las mismas que ya realizan actualmente determinadas empresas. En todos estos casos se ha optado por establecer un procedimiento de homologación por parte del ICAA, que conduce a la autorización a alguien para emitir un certificado de cómputo de espectadores, previo cumplimiento de una serie de requisitos que garanticen la transparencia y la fiabilidad. Y todo ello sometido a la potestad supervisora de la Administración.

Dada la necesidad de adaptación de procesos y sistemas que puede requerirse para la puesta en práctica de estas disposiciones, la orden prevé un claro régimen transitorio a favor de las salas de exhibición directamente afectadas. En los demás casos, la posibilidad de reconocimiento de nuevos públicos se abre desde la misma entrada en vigor de la norma, sin otro límite temporal que el que se derive del necesario cumplimiento de los trámites necesarios para la correspondiente homologación.

Por lo tanto, el objeto de esta orden ministerial es dar cumplimiento a los mandatos anteriores, con la integración en una única norma de la actualización de los requisitos y funcionalidades técnicas de los programas informáticos para el control de asistencia y rendimiento de las salas de exhibición; así como del establecimiento de los nuevos procedimientos para acreditar la recepción por los espectadores de las obras cinematográficas a través de otros medios de difusión.

Se incluye también una modificación de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, por la que se dictan normas de aplicación del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, en las materias de reconocimiento del coste de una película e inversión del productor, establecimiento de las bases reguladoras de las ayudas estatales y estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales. Esta modificación se realiza a través de la disposición final primera, eliminando la preservación del anonimato de los solicitantes o de los autores en la valoración de determinadas ayudas, pues introduce numerosas dificultades de orden práctico en la actividad de asesoramiento de los órganos colegiados cuya objetividad está suficientemente garantizada. Asimismo, se establece el otorgamiento de puntuación en la valoración de los proyectos cuando cuenten con una mujer como autora o directora de la obra, sin la necesidad de que se trate del primer trabajo de la misma.

En la elaboración de la presente norma han sido consultadas las entidades representativas de los sectores afectados y las Comunidades Autónomas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta orden ha sido informada por la Abogacía del Estado y por la Intervención Delegada en el Departamento. Asimismo, ha sido informada favorablemente por el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.3 de la Ley 50/1997, de 28 de noviembre, del Gobierno.

Esta orden se dicta en desarrollo del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, y concretamente de la expresa habilitación normativa que se recoge en su artículo 13.4 y en la disposición transitoria primera respecto al establecimiento de los requisitos y funcionalidades técnicas relativas al control de asistencia y declaración de rendimientos; así como en el artículo 20.3 y en la disposición final segunda en cuanto se refiere a las relaciones del cómputo de espectadores con las bases reguladoras de las ayudas.

Asimismo, y en cuanto a la recogida de datos, esta orden se fundamenta en el artículo 10 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública y el Real Decreto 1663/2008, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Plan estadístico nacional 2009-2012.

En su virtud, con la aprobación previa del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial y Administración Pública, dispongo:

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.–1. Esta orden establece los procedimientos que deberán cumplir los titulares de las salas de exhibición cinematográfica a los efectos del cumplimiento de sus obligaciones del control de asistencia de espectadores y declaración de rendimientos, con el fin de servir de soporte a la actuación administrativa, a la función estadística y al ejercicio de derechos legítimos de los particulares, por sí mismos o a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

2. Asimismo, establece los procedimientos para realizar el cómputo de los espectadores que sirva de módulo a los efectos del cálculo de las ayudas para la amortización de largometrajes reguladas en el capítulo III, sección 3.ª, subsección 5.ª de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, por la que se dictan normas de aplicación del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, en las materias de reconocimiento del coste de una película e inversión del productor, establecimiento de las bases reguladoras de las ayudas estatales y estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, a través de los siguientes medios de difusión:

a) Salas de exhibición cinematográfica.

b) Accesos remunerados al visionado de una película a través de Internet y otras redes de comunicaciones electrónicas, mediante sistemas de acceso a películas basados en la demanda del espectador.

c) Accesos individuales mediante pago a proyecciones cinematográficas de una película que se desarrollen en el marco de festivales y certámenes celebrados en España.

d) Operaciones de venta al por menor a precio de mercado de un soporte físico que contenga una película.

e) Operaciones minoristas de arrendamiento remunerado a precio de mercado de un soporte físico que contenga una película.

Art. 2. Periodos aplicables para el cómputo.–1. El período de cómputo a los efectos del cálculo de la ayuda a la amortización de largometrajes será en todos los casos de 12 meses de la fecha del estreno comercial en España, que se ampliarán a 18 meses en los supuestos establecidos en el artículo 57.7 de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre. A estos efectos, se considerará explotación comercial de una película en salas de cine la que se desarrolle mediante proyecciones de la misma en soporte fotoquímico de 35 milímetros o en formato digital profesional de resolución igual o superior a 2K o de 2048 píxeles por línea.

2. El cómputo de espectadores de una película en festivales y certámenes celebrados con anterioridad al estreno comercial de la misma en España se añadirá, en su caso, al cómputo de espectadores en salas de exhibición que correspondan dentro del plazo de explotación comercial indicado en el párrafo anterior.

3. El cómputo de los accesos remunerados al visionado de una película a través de Internet y de otras redes de comunicaciones electrónicas, mediante sistemas basados en la demanda del espectador, se iniciará a partir de la fecha en que las empresas que presten tales servicios pongan la película a disposición del público y cuenten con los correspondientes derechos de explotación y distribución en el formato de que se trate, y hasta el límite señalado en el párrafo primero de este artículo.

4. El cómputo de operaciones de venta y de arrendamiento minorista a precios de mercado de soportes físicos de películas se iniciará a partir de los 3 meses desde la fecha del estreno comercial en España, o de 1 mes si en este periodo el número de espectadores en las salas de exhibición no ha alcanzado los 10.000.

CAPÍTULO II

Control de asistencia y declaración de rendimientos de las salas de exhibición cinematográfica

Art. 3. Definiciones.–A los efectos de este capítulo, se entenderá por:

a) Sala: Cada uno de los locales o recintos en que se lleva a cabo una proyección cinematográfica, de acuerdo con la definición establecida en el artículo 4.l) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.

b) Cine: Sala o conjunto de salas ubicadas en un mismo domicilio, con un único sistema para la programación y venta de entradas de las distintas salas. Puede tratarse de un complejo cinematográfico, según se define en el artículo 4.m) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, o bien contar con una única sala de exhibición.

c) Sesión: Período de tiempo en el que dentro de un horario delimitado se proyecta una película o varias sucesivamente en una sala. La duración de una sesión no puede ser inferior a la de la suma de la correspondiente a las películas proyectadas en la misma.

d) Programación: Proceso mediante el que, antes de la puesta a la venta de las correspondientes entradas, se asocia una o varias películas cinematográficas, cortometrajes o largometrajes, a una sesión de una sala, a las distintas sesiones diarias de cada sala y a los precios de dichas sesiones.

e) Espectador: Cada una de las personas que acceden efectivamente a una sala para asistir a una sesión, tras someter su entrada a la verificación o control por parte de los responsables de la sala.

f) Entrada: Billete o título habilitante del derecho de acceso del espectador a la sala, que podrá adoptar las siguientes formas:

1.º Entrada de imprenta: Billete impreso sobre un soporte papel de expedición mecánica y del tipo de tira continua.

2.º Entrada informática: Billete impreso sobre un soporte papel emitido por un sistema informatizado homologado.

3.º Entrada inmaterial: Título habilitante del derecho de acceso a la sala en el que toda la información correspondiente a la entrada se contiene en un código de barras o formato susceptible de lectura electrónica mediante aparatos adaptados para ello. Cuando la entrada inmaterial sea transmitida al espectador exclusivamente por medios electrónicos, sin dejar constancia impresa o documental de la misma, lo dispuesto en el artículo 15.2 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, en lo relativo a la parte del billete reservada al control se entenderá referido al archivo o archivos electrónicos en que conste el registro individualizado de cada una de las entradas inmateriales utilizadas por los espectadores para acceder a la sala.

g) Canales de venta: cada una de las modalidades utilizadas para la comercialización de las entradas. Los canales de venta pueden ser de los siguientes tipos:

1.º Venta presencial, realizada en la sala de exhibición.

2.º Venta no presencial mediante el empleo de sistemas de comunicación a distancia de voz y/o de datos que, en todo caso, deberán permitir un reflejo individual de cada operación de venta en una base de datos controlada directamente, o accesible, por parte del titular de la sala de exhibición.

h) Buzón: entidad que, previo contrato con sus titulares, gestiona la información sobre asistencia y rendimientos de un número determinado de cines mediante el empleo de sistemas de comunicación a distancia de voz y/o de datos, previamente homologados por el ICAA.

Art. 4. Procedimientos para el cumplimiento de las obligaciones de control de asistencia y declaración de rendimientos.–Los titulares de las salas de exhibición cinematográfica deberán cumplir las obligaciones a las que se refiere el artículo 1.1 separadamente para cada sala de exhibición, mediante uno de los siguientes procedimientos:

a) Procedimiento ordinario, que es el establecido en el anexo I de esta orden, mediante contrato con una de las entidades homologadas por el ICAA, en adelante denominadas buzones.

b) Procedimiento simplificado, que es el establecido en el anexo II de esta orden, al que podrán acogerse los titulares de salas de exhibición que cuenten con un máximo de dos pantallas y que opten por no acogerse al régimen establecido en el anexo I. Las salas de exhibición que se acojan a este procedimiento sólo podrán emitir entradas de imprenta, y no podrán emitir entradas informáticas ni entradas inmateriales.

Las salas de exhibición de temporada deberán acogerse a uno u otro de los procedimientos anteriores en el momento de su inscripción obligatoria en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales, en los términos del Capítulo IV del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.

Art. 5. Compromisos del buzón.–La homologación de un buzón por el ICAA estará condicionada a la asunción de las obligaciones y al cumplimiento de las disposiciones técnicas y de sistema que se señalan en el anexo I.

Asimismo, el buzón deberá desarrollar su labor conforme a las exigencias de la buena fe y cumplirá con puntualidad, eficacia y transparencia sus obligaciones en cuanto gestor en la recepción, control y remisión de los datos. El incumplimiento de lo dispuesto en este párrafo podrá dar lugar a la revocación de la homologación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que pudiera incurrir.

Art. 6. Cómputo de espectadores en salas de exhibición cinematográfica.–1. El cómputo de los espectadores en las salas de exhibición cinematográfica, a los que se refiere el artículo 1.2, se realizará:

a) En el caso de los titulares de las salas que declaren sus rendimientos y espectadores mediante el procedimiento ordinario, de acuerdo con los datos reflejados en los informes de exhibición comunicados al ICAA a través de los buzones, de conformidad con los requisitos establecidos para tal procedimiento en el anexo I de esta orden.

b) En el caso de los titulares de las salas que opten por el procedimiento simplificado, de acuerdo con la información que deberán suministrar directamente al ICAA, de acuerdo con el modelo y en los términos que se especifican en el anexo II de esta orden.

2. El ICAA, mediante Resolución motivada del Director General, y previa tramitación del correspondiente expediente, podrá descontar del cómputo a los efectos de las ayudas a la amortización todas aquellas operaciones de venta de entradas que no se correspondan efectivamente con una cantidad equivalente de espectadores tal como se encuentran definidos en el artículo 3. Los titulares de las salas de exhibición deberán comunicar como incidencia de taquilla los supuestos de discordancia manifiesta y superior al 20 por ciento del aforo entre las entradas vendidas para una sesión determinada y el número de espectadores en la misma, sin perjuicio de la actividad de supervisión y control por parte del ICAA.

CAPÍTULO III

Cómputo de espectadores en el marco de festivales y certámenes celebrados en España

Art. 7. Objeto del cómputo y solicitantes.–1. Los festivales o certámenes cinematográficos dedicados a la proyección de largometrajes que se celebren en España podrán solicitar del ICAA la homologación necesaria a los efectos de la inclusión total o parcial de sus espectadores en el cómputo global de espectadores de una película en los términos y a los efectos del artículo 1.2.

2. La homologación del ICAA se aplicará al conjunto de las entradas del propio festival o certamen en las secciones que sean objeto de homologación, con independencia de que pueda comercializar todas o parte de las mismas a través de un buzón. Tal homologación supondrá la autorización al festival o certamen para emitir un certificado que refleje el número total de espectadores que hayan accedido en las secciones reconocidas a las proyecciones de una película determinada, de forma individual y previo pago de un precio, antes o después de su estreno comercial en España. Dicho cómputo se añadirá al que resulte para esa misma película del cómputo en salas de exhibición realizado dentro de los plazos que establece el artículo 2 y conforme a los procedimientos señalados en el capítulo II.

3. La facultad de certificar el cómputo de los espectadores, así como todas las obligaciones que se establecen para un festival o certamen, corresponderá a quien sea designado como Director o Directora del mismo por parte de la entidad organizadora en la solicitud de la homologación, o posteriormente, en caso de modificación, sin perjuicio de las demás disposiciones que en materia de responsabilidad de las declaraciones a la Administración puedan resultar de aplicación.

4. No podrán solicitar el reconocimiento del cómputo de espectadores los festivales o certámenes que no cuenten con un mínimo de cinco ediciones consecutivas inmediatamente anteriores a la solicitud de homologación.

Art. 8. Solicitud y procedimiento.–1. La entidad organizadora de un festival o certamen cinematográfico que desee acogerse al procedimiento de homologación regulado en esta orden deberá dirigir una solicitud al ICAA, según el modelo que estará disponible en la página web y en las dependencias del Instituto.

2. La solicitud deberá incluir, al menos, la siguiente información:

a) Identificación de la entidad organizadora del festival o certamen, que deberá incluir los estatutos, acuerdos o convenios que puedan tener incidencia en el procedimiento de toma de decisiones en el festival o certamen distintas de las meramente artísticas o de programación.

b) Identificación de la persona designada como Director o Directora del Festival, como responsable de la certificación del cómputo y a los efectos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta orden.

c) Memoria completa de las cinco ediciones del festival o certamen inmediatamente anteriores a la solicitud, en la que conste la programación, el número de asistentes y la recaudación obtenida.

d) Descripción de todas las secciones con que cuente el festival o certamen, con o sin competición, incluyendo el reglamento o bases de participación de una película cinematográfica en cualquiera de ellas.

e) Designación de la sección o secciones del festival o certamen para las que se desea solicitar la homologación a los efectos de reconocimiento del cómputo de espectadores. Podrán homologarse secciones que estén total o parcialmente abiertas al público general y que puedan incluir películas de una antigüedad inferior a dos años.

f) Identificación y descripción detallada de los locales en los que se realicen las proyecciones correspondientes a las secciones para las que se solicita el reconocimiento. En el caso de locales que no sean salas de exhibición comercial de cine deberá identificarse plenamente la entidad titular de los mismos, así como el título que justifica la autorización para su utilización durante la celebración del festival o certamen. Esta información deberá ser actualizada anualmente ante el ICAA con una antelación no inferior a 15 días respecto de la fecha de inicio del festival o certamen.

g) Descripción detallada de las condiciones de venta al público de las entradas para cada sesión en las secciones para las que se solicita el reconocimiento, así como de los abonos para todas las proyecciones de una o varias secciones, y en general cualesquiera otras fórmulas de comercialización del acceso a las proyecciones. A estos efectos, los festivales o certámenes podrán acreditar documentalmente los acuerdos específicos a que hayan llegado con los titulares de salas de exhibición comercial, así como con las empresas que colaboren con ellas en materia de venta de entradas.

h) Descripción detallada de todas las formas de acreditación profesional o de prensa con que cuente el festival o certamen que puedan dar derecho de acceso gratuito a las proyecciones de las secciones para las que se solicita el reconocimiento.

i) Descripción de los concretos sistemas de control y verificación de acceso para cada uno de los locales que incluyan proyecciones correspondientes a las secciones para las que se solicita el reconocimiento.

3. En todo caso el festival o certamen que opte a la homologación deberá disponer de un sistema de control de acceso a la sala de proyección basado en la emisión y entrega a los espectadores de una entrada en la que figuren, al menos, los datos siguientes:

a) Denominación del festival o certamen y número de identificación fiscal.

b) Nombre de la sala o espacio en el que se realiza la proyección, dirección y municipio.

c) Precio, o título que justifica su expedición (invitación, abono, acreditación profesional, etc.).

d) IVA, en porcentaje, o impuesto específico de una Comunidad Autónoma.

e) Identificador alfanumérico que impida duplicidades dentro de una sesión.

f) Título de la película.

g) Fecha y hora.

4. El acceso a la sala por parte de espectadores invitados, profesionales acreditados, u otros supuestos análogos deberá estar igualmente sometido a un control de acceso individual para cada uno de ellos, ya sea mediante entrada o mediante la lectura electrónica de una acreditación personal que permita el registro del acceso a una determinada sesión.

5. Sólo podrán incluirse en el cómputo aquellos espectadores que para acceder a una o varias de las sesiones objeto del mismo hayan abonado individualmente un precio. Para cada sesión podrá incluirse en el cómputo hasta un máximo de un 5 por 100 del aforo de la sala correspondiente a profesionales, invitados, y otras personas que no hayan accedido mediante pago de una contraprestación.

6. La solicitud de homologación por parte del festival o certamen supondrá la aceptación expresa de la obligación de colaborar de buena fe con el ICAA en todas las tareas de inspección, verificación y control que puedan resultar pertinentes para la comprobación de la veracidad de las informaciones contenidas en el certificado de cómputo.

7. El ICAA, mediante resolución motivada del Director General, podrá reconocer al festival o certamen la facultad de emitir el certificado de cómputo de espectadores a que se refiere el artículo siguiente. La resolución, que dejará constancia del cumplimiento de los requisitos correspondientes, deberá especificar las secciones cuyo cómputo podrá certificarse, y podrá precisar las condiciones en los términos de lo establecido en esta orden y en la legislación aplicable, en función de las precisas características del festival o certamen. Dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, será notificada en el plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud. El vencimiento de dicho plazo sin que se haya practicado la notificación faculta a los interesados para entender estimada su solicitud.

8. La homologación de un festival o certamen para emitir el certificado de cómputo de espectadores tendrá una duración de un año y podrá prorrogarse tácitamente. El ICAA, mediante resolución motivada del Director General, podrá revocar en cualquier momento la homologación en caso de incumplimiento, por acción o por omisión, de las obligaciones de colaboración a las que se refiere el apartado 6 de este artículo. La suspensión de la homologación podrá acompañarse de la exclusión del cómputo de los espectadores de la edición inmediatamente anterior del festival o certamen, en relación con una determinada película, una determinada sección, o todas ellas, sin perjuicio de las demás responsabilidades que puedan ser de aplicación.

Art. 9. Certificado de cómputo de espectadores.–1. El certificado de cómputo de espectadores podrá emitirse por el festival o certamen a solicitud del productor de una película cinematográfica susceptible de ser beneficiaria de las ayudas para la amortización de largometrajes a las que se refiere el artículo 26 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.

2. En el certificado, firmado por el Director del festival o certamen, se hará constar:

a) El título de la película. En caso de que el título de la película sea provisional o sea modificado en su posterior estreno comercial en España, el cómputo de los espectadores estará condicionado a la posterior comunicación del cambio de título al ICAA por parte del productor.

b) El número total de espectadores, en los términos señalados en el apartado 5 del artículo anterior.

c) La lengua de la versión original en la que ha sido proyectada la película objeto de la certificación de espectadores.

CAPÍTULO IV

Cómputo de accesos a una película a través de Internet y otras redes de comunicaciones electrónicas, mediante sistemas basados en la demanda del espectador

Art. 10. Objeto del cómputo y solicitantes.–1. Las empresas con domicilio o establecimiento permanente en España, prestadoras de un servicio de comunicación audiovisual a petición que ofrezcan, a través Internet y otras redes de comunicaciones electrónicas, el visionado de películas cinematográficas en el momento elegido por el espectador y a petición propia sobre la base de un catálogo de programas seleccionado por el propio prestador del servicio, podrán solicitar del ICAA la homologación del procedimiento de cómputo de los accesos remunerados a sus películas, a los efectos de su inclusión total o parcial en el cómputo global de espectadores de una película en los términos y a los efectos del artículo 1.2.

2. La homologación por parte del ICAA supondrá la autorización al representante legal de la empresa, o persona a quien la misma designe, para emitir un certificado que refleje, en los términos que se especifican en el artículo siguiente, el número de accesos remunerados de una película determinada dentro de los periodos que establece el artículo 2. Dicho cómputo se añadirá al que resulte para esa misma película del cómputo en salas comerciales realizado conforme a los procedimientos señalados en el capítulo II.

3. Sólo podrán ser objeto de cómputo los accesos remunerados respecto de aquellas películas para las que la empresa prestadora del servicio disponga de los correspondientes derechos de explotación en el formato de que se trate. A estos efectos, la carga de la prueba de la ausencia de tales derechos de explotación corresponderá a quien la alegue.

4. A los efectos de este artículo se considerarán accesos remunerados aquellos que, previo un pago realizado al por menor de una remuneración directamente vinculada a una película determinada, permitan al solicitante su visionado completo en una pantalla, con independencia de que para ello sea precisa o no la descarga de un archivo de datos, o de que el acceso permita un solo visionado o varios a partir del primero.

5. Únicamente serán computables los accesos en los que el pago al prestador del servicio se procese por una entidad con domicilio o establecimiento permanente en España, cualquiera que sea la dirección IP utilizada, en su caso, para el acceso.

6. Dentro del periodo de cómputo que corresponda, no podrán computarse más de 5 accesos remunerados a una misma película que estén vinculados a un mismo medio de pago.

7. Cuando la remuneración al prestador del servicio consista en un pago periódico que permita el acceso ilimitado al mismo, o cualquier otra forma equivalente de acceso mediante suscripción, el reconocimiento estará condicionado a la capacidad del prestador del servicio de acreditar suficientemente la vinculación entre una determinada suscripción o abono y el acceso por parte del titular de éste a una película determinada. En estos supuestos, sólo podrá computarse un único acceso por película y periodo para el mismo abono o suscripción.

Art. 11. Solicitud y procedimiento.–1. Las empresas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual a petición, a las que se refiere el artículo anterior, que deseen acogerse al procedimiento de homologación regulado en esta orden deberán dirigir una solicitud al ICAA, según el modelo que estará disponible en la página web y en las dependencias del Instituto, que deberá, como mínimo, incluir la siguiente información:

a) Identificación de la empresa.

b) Identificación del representante legal de la empresa y, en su caso, de la persona designada por la empresa como responsable de la certificación del cómputo y a los efectos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta orden, que deberá acompañarse de los poderes correspondientes.

c) Memoria de actividad hasta la fecha de la empresa en el ámbito objeto de la solicitud de homologación, con expresa mención del número de títulos cinematográficos para los que cuenta con la licencia correspondiente, y el número acumulado de accesos remunerados, con el mayor detalle posible, así como la recaudación obtenida, dejando a salvo la legítima protección de datos empresariales de carácter confidencial. En la aportación y desglose de datos se procurará diferenciar, hasta donde resulte posible según la información utilizada por la empresa, entre películas españolas, películas europeas y películas de terceros estados.

d) Dirección web, número de teléfono, o cualquier otro dato que sea necesario para el potencial cliente para acceder a los servicios de la empresa que serán objeto de homologación.

e) Descripción de los distintos sistemas de acceso al visionado de películas que la empresa ofrezca o pretenda ofrecer a sus clientes, incluyendo sus especificaciones técnicas, diferenciados tanto en función de sus características técnicas como de la diversidad de condiciones impuestas al espectador, dejando a salvo la legítima protección de datos empresariales de carácter confidencial.

f) Información conjunta sobre los acuerdos con terceros relativos al procesamiento del pago de las transacciones con los solicitantes, dejando a salvo la legítima protección de datos empresariales de carácter confidencial.

g) Descripción detallada, acreditada documentalmente, de los mecanismos que permitan diferenciar entre los accesos mediante sistemas o medios de pago procesados por entidad con domicilio o establecimiento permanente en España, y los demás.

h) En el caso de accesos mediante suscripción o pago periódico, descripción detallada de los mecanismos que permitan a la empresa solicitante vincular específicamente el acceso a un determinado título con una determinada suscripción o abono.

i) Identificación de todas las condiciones necesarias que deberá cumplir el usuario para acceder a los servicios, de las modalidades de comercialización de los mismos, y en general de los métodos o formas en que todo ello se ponga en conocimiento de los usuarios.

2. La solicitud de homologación por parte de la empresa supondrá la aceptación expresa de la obligación de colaborar de buena fe con el ICAA en todas las tareas de inspección, verificación y control que puedan resultar pertinentes para la comprobación de la veracidad de las informaciones contenidas en el certificado de cómputo.

3. El ICAA, mediante resolución motivada del Director General, podrá reconocer a la empresa solicitante la facultad de emitir el certificado de cómputo de accesos remunerados a que se refiere el artículo siguiente. La resolución, que dejará constancia del cumplimiento de los requisitos correspondientes, deberá especificar las características de los accesos remunerados cuyo cómputo podrá certificarse, y podrá precisar las condiciones en los términos de lo establecido en esta orden y en la legislación aplicable, en función de las precisas características de los servicios objeto de la resolución. Dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, será notificada en el plazo máximo de cuatro meses desde la presentación de la solicitud. El vencimiento de dicho plazo sin que se haya practicado la notificación faculta a los interesados para entender desestimada su solicitud, así como para interponer los recursos que procedan.

4. La homologación de una empresa para emitir el certificado de cómputo de espectadores tendrá una duración de un año con posibilidad de prórroga tácita. El ICAA, mediante resolución motivada del Director General, podrá revocar en cualquier momento la homologación en caso de incumplimiento, por acción o por omisión, de las obligaciones de colaboración a las que se refiere el apartado 2 de este artículo. La suspensión de la autorización podrá acompañarse de la exclusión en el cálculo de las ayudas de los accesos remunerados que hubieran sido computados para una determinada película, para un concreto método de acceso, o para todos los accesos correspondientes a esa empresa, sin perjuicio de las demás responsabilidades que puedan ser de aplicación.

Art. 12. Certificado de cómputo de accesos remunerados.–1. El certificado de cómputo de accesos remunerados podrá emitirse por parte de la empresa prestadora del servicio de comunicación audiovisual a petición, a solicitud del productor de una película cinematográfica susceptible de ser beneficiaria de las ayudas para la amortización de largometrajes a las que se refiere el artículo 26 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.

2. Corresponderá al productor señalar en su solicitud de certificado la fecha inicial de cómputo a partir de la cual la empresa contó con autorización o licencia para la explotación de esa película en el formato de difusión que sea de aplicación, así como la fecha final del cómputo, según los plazos que establece el artículo 2 en aplicación de las disposiciones aplicables en materia de ayudas para la amortización.

3. En el certificado, firmado por el representante autorizado de la empresa, se hará constar:

a) El título de la película.

b) El número de accesos remunerados entre las dos fechas que haya indicado el solicitante del certificado, en los términos señalados en el artículo 10, señalando de forma diferenciada el número de accesos con pago específico o individual y aquellos accesos que correspondan a un abono o suscripción, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 10.7.

c) En la medida y en los supuestos en que resulte técnicamente posible, la lengua de la versión en la que se ha realizado el acceso remunerado.

4. No podrá reconocerse un certificado con error en las fechas de cómputo inicial o final. El error en las fechas podrá ser subsanado en el plazo de diez días desde la comunicación correspondiente por parte del ICAA. La invalidez de un certificado por error en el cómputo de las fechas inicial o final no se considerará incumplimiento de la empresa prestadora de los servicios cuando el certificado se haya ajustado a las fechas indicadas por quien lo solicitó.

5. El cómputo de los accesos quedará en suspenso en caso de reclamación judicial sobre los derechos de explotación de la película objeto del mismo, mientras no exista sentencia firme que confirme la legitimidad de las operaciones computadas o quede sin efecto la reclamación.

Art. 13. Equivalencia para el cómputo de espectadores.–La convocatoria anual de ayudas para la amortización de largometrajes deberá establecer un coeficiente que, aplicado al número total de accesos remunerados, permita la acumulación de esa cifra a la de los espectadores en salas de exhibición computados de conformidad con el capítulo II.

CAPÍTULO V

Cómputo de la venta minorista y el arrendamiento de obras cinematográficas en soporte físico

Art. 14. Requisitos para el cómputo.–1. Las empresas con domicilio o establecimiento permanente en España que realicen con carácter permanente y profesional operaciones de cómputo de la venta o arrendamiento minorista a precio de mercado de soportes físicos de películas podrán solicitar del ICAA la homologación de sus procedimientos de cómputo a los efectos de la inclusión total o parcial de cada una de las ventas o arrendamientos de una película en el cómputo global de espectadores de la misma en los términos y a los efectos del artículo 1.2.

2. La homologación por parte del ICAA supondrá la autorización al representante legal de la empresa, apoderado expresamente para ello, para emitir un certificado que refleje, en los términos que se especifican en el artículo siguiente, el número de soportes físicos de una película determinada que hayan sido vendidos o arrendados dentro de España en el comercio minorista a precios de mercado, tanto de forma presencial como a distancia, dentro de los periodos que establece el artículo 2.

3. Dicho cómputo se añadirá al que resulte para esa misma película del cómputo en salas comerciales realizado conforme a los procedimientos señalados en el capítulo II.

Art. 15. Solicitud y procedimiento.–1. Las empresas a las que se refiere el artículo anterior que deseen acogerse al procedimiento de homologación regulado en esta orden deberán dirigir una solicitud al ICAA, según el modelo que estará disponible en la página web y en las dependencias del Instituto, que deberá, como mínimo, incluir la siguiente información:

a) Identificación de la empresa.

b) Identificación del representante legal de la empresa y, en su caso, de la persona designada para expedir la certificación del cómputo y a los efectos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta orden, que deberá acompañarse de los poderes correspondientes.

c) Memoria de actividad de la empresa hasta la fecha de la solicitud, con expresa mención de su ámbito geográfico de actividad y detalle de los establecimientos que somete a su control dejando a salvo la legítima protección de datos empresariales de carácter confidencial.

d) Descripción detallada de sus procedimientos de verificación y cómputo, incluidas las especificaciones técnicas de sus sistemas de lectura y de almacenamiento de datos, dejando a salvo la legítima protección de datos empresariales de carácter confidencial.

2. La solicitud de homologación por parte de la empresa supondrá la aceptación expresa de la obligación de colaborar de buena fe con el ICAA en todas las tareas de inspección, verificación y control que puedan resultar pertinentes para la comprobación de la veracidad de las informaciones contenidas en el certificado de cómputo.

3. El ICAA, mediante resolución motivada del Director General, podrá reconocer a la empresa solicitante la facultad de emitir el certificado de la venta o arrendamiento de películas a que se refiere el artículo siguiente. La resolución, que dejará constancia del cumplimiento de los requisitos correspondientes, deberá especificar las características de los soportes cuyo cómputo podrá certificarse, así como sus métodos de venta o arrendamiento, y podrá precisar las condiciones en los términos de lo establecido en esta orden y en la legislación aplicable, en función de las precisas características de los servicios objeto de la resolución. Dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, será notificada en el plazo máximo de seis meses desde la presentación de la solicitud. El vencimiento de dicho plazo sin que se haya practicado la notificación faculta a los interesados para entender estimada su solicitud.

4. La homologación de una empresa para emitir este certificado tendrá una duración de un año con posibilidad de prórroga tácita. El ICAA, mediante resolución motivada del Director General, podrá revocar en cualquier momento la homologación en caso de incumplimiento, por acción o por omisión, de las obligaciones de colaboración a las que se refiere el apartado 2. La suspensión de la autorización podrá acompañarse de la exclusión en el cálculo de las ayudas de las operaciones de venta o arrendamiento que hubieran sido computados para una determinada película, para un concreto método de venta o arrendamiento, para los establecimientos de un determinado territorio, o para todas las operaciones correspondientes a esa empresa, sin perjuicio de las demás responsabilidades que puedan ser de aplicación.

Art. 16. Certificado de cómputo de ventas o de arrendamientos de soportes físicos.–1. El certificado de cómputo de ventas o de arrendamientos minoristas y a precio de mercado de películas en soporte físico podrá emitirse por parte de la empresa prestadora de los servicios a solicitud del productor de una película cinematográfica susceptible de ser beneficiaria de las ayudas para la amortización de largometrajes a las que se refiere el artículo 26 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.

2. Corresponderá al solicitante señalar en su solicitud la fecha inicial de cómputo así como su fecha final, según los plazos que establece el artículo 2 en aplicación de las disposiciones aplicables en materia de ayudas para la amortización.

3. En el certificado, firmado por el representante autorizado de la empresa, se hará constar:

a) El título de la película.

b) Los datos concretos de identificación del soporte físico al que esa película está incorporada, y en particular el número de depósito legal y el número de expediente de calificación tal como consten en el mismo.

c) El número de operaciones de venta o de arrendamiento al por menor y a precio de mercado efectuados en España entre las dos fechas que haya indicado el solicitante del certificado.

4. No podrá reconocerse un certificado con error en las fechas de cómputo inicial o final. El error en las fechas podrá ser subsanado en el plazo de diez días desde la comunicación correspondiente por parte del ICAA. La invalidez de un certificado por error en el cómputo de las fechas inicial o final no se considerará incumplimiento de la empresa prestadora de los servicios cuando el certificado se haya ajustado a las fechas indicadas por quien lo solicitó.

5. El cómputo de operaciones de venta o arrendamiento quedará en suspenso en caso de reclamación judicial sobre los derechos de explotación o distribución de la película objeto del mismo, mientras no exista sentencia firme que confirme la legitimidad de las operaciones computadas o quede sin efecto la reclamación.

Art. 17. Equivalencia para el cómputo de espectadores.–La convocatoria anual de ayudas para la amortización de largometrajes deberá establecer un coeficiente que, aplicado al número total de operaciones de venta o arrendamiento, permita la acumulación de esa cifra a la de los espectadores en salas de exhibición computados de conformidad con el capítulo II.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Adaptación de las salas de exhibición y buzones.–1. Las salas de exhibición cinematográfica que deban cumplir sus obligaciones de control de asistencia y declaración de rendimientos mediante el procedimiento ordinario establecido en el anexo I y que en la actualidad no dispongan de un sistema de buzón homologado, deberán adaptarse a lo dispuesto en esta orden en el plazo de seis meses desde la fecha de su entrada en vigor.

2. A los efectos de la ayuda para la amortización que en su caso corresponda a una película, el cómputo de espectadores para una determinada sala de exhibición se realizará acumulando el que corresponda según los procedimientos anteriores y posteriores a la adaptación de los mecanismos de cómputo de la sala, siempre dentro de los límites temporales del artículo 2.

3. En cualquier caso lo dispuesto en los artículos 2.1 y 6.2 será de aplicación a todas las salas de exhibición desde la fecha de su entrada en vigor.

4. Los buzones homologados al tiempo de la entrada en vigor de esta orden deberán solicitar una nueva verificación de sus sistemas, de acuerdo con el procedimiento que establece el anexo I, en el plazo de dos meses desde la fecha de su entrada en vigor.

5.

Segunda. Certificados.–Los certificados a los que se refieren los capítulos III, IV y V serán efectivos a partir de la fecha de la homologación correspondiente que autorice su emisión.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–A la entrada en vigor de esta orden quedarán derogadas, sin perjuicio de su aplicación en los términos previstos en la disposición transitoria primera, las siguientes normas:

a) La Orden CUL/2594/2006, de 26 de julio, por la que se modifica el anexo I de la Orden de 7 de julio de 1997, por la que se dictan normas de aplicación del Real Decreto 81/1997, de 24 de enero, en las materias de cuotas de pantalla y distribución de películas, salas de exhibición, registro de empresas y calificación de obras cinematográficas y audiovisuales.

b) La Orden de 7 de julio de 1997, por la que se dictan normas de aplicación del Real Decreto 81/1997, de 24 de enero, en las materias de cuotas de pantalla y distribución de películas, salas de exhibición, registro de empresas y calificación de obras cinematográficas y audiovisuales, en sus apartados sexto punto 3.a) y noveno punto 2.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Título competencial.–Esta orden se dicta al amparo de las competencias en materia de cultura atribuidas al Estado con carácter exclusivo por el artículo 149.2 de la Constitución Española, que dispone que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial; por el artículo 149.1.13.ª, que reserva al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y por el artículo 149.1.31.ª, relativo a la competencia sobre la función estadística para fines estatales; a excepción de la disposición final tercera, que se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª, que reserva al Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y que tiene carácter básico.

Segunda. Modificación de la Orden CUL/2834/2009, de 19 de octubre, por la que se dictan normas de aplicación del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, en las materias de reconocimiento del coste de una película e inversión del productor, establecimiento de las bases reguladoras de las ayudas estatales y estructura del Registro administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales [1].

[.......]

Tercera. Modificación de la Orden CUL/314/2010, de 16 de febrero, por la que se modifican los grupos de edad para la calificación de las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales [2].

[.......]

Cuarta. Desarrollo y aplicación.–Se autoriza al Director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales para dictar las resoluciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en esta orden, para la modificación de los procedimientos establecidos en los anexos I y II de la misma, y para establecer los modelos oficiales de solicitud que en la misma se contemplan.

Quinta. Entrada en vigor.–Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I

Procedimiento ordinario para el cumplimiento de las obligaciones de control de asistencia y declaración de rendimientos de las salas de exhibición cinematográfica

1. Consideraciones generales

El procedimiento ordinario que recoge este anexo es el establecido para que los titulares de las salas de exhibición cumplan con las obligaciones relativas al control de asistencia y declaración de rendimientos empleando para ello, en cuanto a la gestión de la información, la asistencia de los buzones previamente homologados por el ICAA.

Mediante la homologación de los sistemas presentados por los buzones, se verifica que cumplen todos los requisitos que se detallan en este documento y, por lo tanto, se consideran adecuados para su utilización en las salas de exhibición cinematográfica a estos efectos. La implantación de dichos sistemas se llevará a cabo conforme a los acuerdos o contratos que libremente establezcan los buzones homologados y los titulares de las salas.

La homologación del sistema no configura relación contractual alguna entre el buzón y el ICAA, si bien el ICAA podrá transmitir al buzón las instrucciones oportunas para un mejor funcionamiento y eficacia del mismo.

2. Procedimiento para la homologación

2.1 Solicitudes.–Las empresas que deseen acogerse al procedimiento de homologación de sus sistemas deberán dirigir una solicitud al ICAA, según el modelo que estará disponible en la página web y en las dependencias del Instituto, y que deberá incluir, al menos, la siguiente información:

a) Datos identificativos de la empresa y de su representante, así como documentación acreditativa de dichos extremos.

b) Descripción detallada y documentación acreditativa de que tanto la empresa como el sistema cumplen los requisitos y funcionalidades previstos en el apartado 3 de este Anexo.

c) Declaraciones responsables relativas al cumplimiento de las siguientes obligaciones y compromisos, en cuanto que actúan en representación de los titulares de la información:

1.º Transmitir, al menos semanalmente, al ICAA los datos de todos los cines con actividad en el período indicado. En el caso de que no se hayan podido incluir los datos de dicho período de algún cine, éstos se enviarán posteriormente, con carácter de atrasos de la información. Todo ello sin que pueda quedar pendiente de envío información de recaudación de los cines.

2.º Transmitir al ICAA, al menos semanalmente, junto con el fichero descrito en el punto anterior, un registro de incidencias del servicio prestado con efectos relevantes en la compraventa de entradas y en el acceso efectivo de los espectadores a las sesiones.

3.º No alterar los datos transmitidos desde la fuente y no efectuar ningún tipo de manipulación que no sea la propia de la gestión que le corresponde en cuanto a buzón (compresión, cifrado, descifrado, control y administración de los envíos).

4.º Disponer en todo momento de la base de datos actualizada, con información, al menos, de cinco años.

5.º Efectuar el mantenimiento de los componentes físicos y lógicos que forman parte del sistema.

6.º Permitir, en cualquier momento, el acceso a la información por parte del ICAA, quien determinará los datos mínimos que requiera consultar. La consulta se realizará a través de un enlace web, con identificación de usuario y contraseña, y protocolo seguro.

7.º Mantener un registro de control, local o centralizado, en el que se reflejen las distintas fases de los envíos:

a) Envío cifrado desde cine, firmado por el representante del mismo.

b) Descifrado del buzón.

c) Control de los datos que figuran en el envío.

d) Modificación de datos ya enviados.

e) Nuevo cifrado y envío.

8.º En el caso de que se produzca un cambio de buzón para un cine determinado, enviar los datos correspondientes hasta el último día en que haya estado conectado a dicho cine, siendo responsabilidad del nuevo buzón hacerlo desde la fecha de la implantación, sin que en ningún caso se puedan producir huecos de la información.

2.2 Periodo de prueba y resolución de homologación.–Las empresas solicitantes de la homologación pondrán de su parte cuantos elementos, tanto de software como de hardware, se les soliciten, estableciéndose un período de pruebas no superior a 7 días durante el cual se llevará a cabo dicha verificación. Una vez constatado el cumplimiento de todos los requisitos, se procederá a la homologación del sistema, mediante resolución del Director general del ICAA.

2.3 Revisión y revocación de las homologaciones.–Se podrán revisar las homologaciones ante cualquier cambio relevante que afecte a la programación, al control, al envío o al gestor de base de datos que supuso la homologación en su momento. Todos estos cambios relevantes deberán ser comunicados al ICAA por la empresa responsable y serán revisados nuevamente para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este documento. Dicha revisión podrá hacerse por parte del ICAA en cualquier momento y, en todo caso, cuando así lo solicite la empresa.

Existirá la posibilidad de revocar las homologaciones realizadas cuando no se cumplan los requisitos establecidos.

Las empresas suministradoras cuyos equipamientos hayan sido homologados, estarán obligadas a comunicar al ICAA cuáles son las salas de exhibición en las que éstos vayan a ser instalados con la anterioridad suficiente para permitir el período de prueba. En caso de puesta en funcionamiento inmediato del sistema respecto de una sala de exhibición, el ICAA se reserva el derecho de considerar como período de prueba los siete primeros días de utilización. Igualmente comunicarán la sustitución o baja de los mismos en las respectivas salas de exhibición.

3. Requisitos para la homologación

Los requisitos para la homologación que establece este apartado están referidos, por un lado, a las empresas, y por otro, al sistema propuesto, que, además de los de carácter general, deberá cumplir los siguientes requisitos específicos:

a) Requisitos relativos a los datos que debe recoger el sistema: Datos del cine, de la sala, de los precios, de las películas, de las sesiones y de las ventas.

b) Requisitos relativos a la programación.

c) Requisitos relativos a la venta de entradas: características de la entrada, reservas y ventas anticipadas, contingencias, anulaciones, consultas e informes.

d) Requisitos relativos a las comunicaciones: comunicaciones cine-buzón y comunicaciones buzón-ICAA.

3.1 Requisitos del buzón.–Para su aprobación por el ICAA, las empresas solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Poseer la propiedad o licencia de los programas, para realizar las modificaciones precisas en cuanto a la adaptación de los sistemas a las nuevas funcionalidades o a la normativa oportunas.

b) Disponer de sede y tener el sistema informático de tratamiento de los datos en España.

c) Contar con una implantación territorial suficiente para el entorno geográfico en el que vayan a desarrollar su actividad.

3.2 Requisitos generales del sistema.–El sistema objeto de la homologación debe estar basado en una arquitectura por capas en la que, al menos, se contemplen como diferentes y separadas las correspondientes a la base de datos, y a los procedimientos lógicos de tratamiento y presentación.

Asimismo garantizará, mediante mecanismos de redundancia, que no se interrumpa la venta ante cualquier eventualidad, dejando a salvo situaciones excepcionales de fuerza mayor.

Deberá utilizar un sistema gestor de base de datos con amplia implantación en el mercado. Si, por razones técnicas, no pudiera ser así, se detallarán por escrito sus características y, en cualquier caso, deberá garantizar:

a) Gestión de las transacciones para la consistencia de los datos.

b) Gestión de los bloqueos para que el acceso de los distintos usuarios a los datos sea efectivo.

c) Gestión de seguridad en los accesos, con diferenciación de niveles.

Cualquier instalación que tenga una salida externa deberá estar protegida con sistemas antivirus y de control de puertos susceptibles de ser accedidos desde el exterior. Ambos sistemas deberán actualizarse de forma automática y estar siempre activados.

Cualquier instalación deberá contar con una política de seguridad de copias de forma que, como mínimo, permita el copiado diario incremental, y la copia semanal completa, que será guardada y estará a disposición del ICAA durante un año.

El sistema deberá guardar la información durante, al menos, cinco años, a los efectos de las actuaciones de control y verificación que resulten necesarias.

3.3 Requisitos relativos a los datos que debe recoger el sistema.–El sistema deberá recoger una serie de datos de diferentes ámbitos que se detallan a continuación.

Todos los datos que, según el punto 3.5.1, deben figurar de forma obligatoria en la entrada, serán obligatorios en las tablas, y deberán tener valor en las mismas distinto de nulo.

3.3.1 Datos del cine:

a) Código de seis caracteres facilitado por el ICAA.

b) Nombre.

c) Número de salas.

d) Número de Identificación Fiscal.

e) Dirección (calle, plaza. y número).

f) Código del municipio según tabla del INE.

g) Nombre del municipio, según tabla del INE.

h) Código Postal.

i) Nombre de la empresa titular.

j) Código de registro de la empresa titular en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales del ICAA.

k) Teléfono.

l) IVA, en porcentaje, que se aplicará sobre el precio la entrada, o impuesto específico de una comunidad autónoma.

3.3.2 Datos de la sala:

a) Código de seis caracteres facilitado por el ICAA.

b) Nombre.

c) Número total de asientos.

d) Número de asientos reservados a personas con discapacidad.

e) Número de asientos no reservados.

f) Número de plantas.

g) Nombre de las plantas.

h) Tipo de la sala (comercial o sala X).

i) Formato de la proyección: fotoquímico en 35 milímetros, digital o 3D.

j) Existencia, en su caso, de mecanismos de subtitulado y audiodescripción.

3.3.3 Datos de precios:

a) Clave del precio. Identificador de los distintos precios que pueden utilizarse en la venta de las entradas.

b) Nombre del precio.

c) Importe del precio.

3.3.4 Datos de las películas:

a) Número interno de película, generado automáticamente por el sistema, sin posibilidad de que existan repeticiones. El número de la película será diferente para películas distintas, y para una misma película y diferente versión o lengua de la misma.

b) Número de expediente de calificación.

c) Título de la película. Debe coincidir con el que figura en la resolución de calificación, en la entrada reglamentaria y en el parte de exhibición.

d) Código y nombre de la distribuidora tal como aparecen en la resolución de calificación.

e) Nacionalidad de la película, según tabla que suministrará el ICAA, y en la que aparecerá la indicación de si dicha nacionalidad es española o de un país perteneciente a la Unión Europea.

f) Versión original de la película, codificada según tabla que suministrará el ICAA.

g) Metraje, con indicación de si se trata de un cortometraje o de un largometraje.

3.3.5 Datos de las sesiones:

a) Tipo de sesión, con indicación de si es numerada o no.

b) Nombre de la sesión (tarde, noche, etc.).

c) Horario de la sesión, con indicación de la hora y los minutos de su inicio. Las sesiones cuya hora de comienzo esté incluida entre las 0 horas de la noche y las seis de la mañana se considerarán proyectadas en el día anterior.

d) Día de la semana de la sesión.

e) Sala en la que se proyectará la sesión.

f) Identificación de las películas exhibidas.

g) Versión lingüística de las películas utilizada en la sesión.

h) Formato de la proyección: fotoquímico en 35 milímetros, digital o 3D.

3.3.6 Datos de ventas:

a) Código de la sala para la que se vende.

b) Identificación de la sesión.

c) Precio. Importe de la entrada que se vende.

d) Número de localidades para las que se registra la venta.

3.4 Requisitos relativos a la programación.–La programación es el proceso mediante el que se asocia una o varias películas, cortometrajes o largometrajes, a una sesión de una sala, las distintas sesiones diarias de cada sala y los precios de dichas sesiones. La programación deberá tener en cuenta el número de películas y su duración, con el fin de que no se solapen las distintas sesiones. La duración de una sesión no podrá ser inferior a la de las películas exhibidas.

No podrá realizarse ninguna venta de entradas sin haber efectuado una programación previa.

3.4.1 Cambios de programación.–El sistema facilitará un mecanismo de intercambio de programación en las distintas salas, sin tener que introducir nuevamente los datos relativos a la película, sesión o precio.

3.4.2 Anulación de la programación.–El sistema permitirá la anulación de la programación de una o más sesiones, lo cual implicará el borrado de todos los datos relativos a las mismas. La anulación no podrá realizarse cuando haya entradas vendidas y no anuladas para las sesiones afectadas.

3.5 Requisitos en cuanto a la venta de entradas.

3.5.1 Características de la entrada.–Las entradas, cualquiera que sea su formato o soporte, deberán incluir su información en dos partes, una que quedará a disposición del titular de la sala o sistema, y la otra a disposición del espectador. Deberán recoger, como mínimo, los siguientes datos:

a) Denominación de la empresa o del titular de la sala de exhibición y número de identificación fiscal.

b) Nombre de la sala, dirección y municipio.

c) Clase de localidad a la que da derecho.

d) Precio.

e) IVA, en porcentaje, o impuesto específico de una Comunidad Autónoma.

f) Identificador alfanumérico que impida duplicidades dentro de una sesión.

g) Título de la película.

h) Fecha y hora.

Dichos datos figurarán en la entrada en el idioma o los idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma en que radique la sala de exhibición, excepto el título de la película que será el que figure en la resolución de calificación.

Cualquiera que sea el canal de venta (presencial o no presencial) éste tendrá que estar conectado con el servidor del sistema para poder registrar la venta en el momento de efectuarse.

3.5.2 Reservas y ventas anticipadas.–El sistema permitirá la reserva anticipada de localidades previa a la venta de las entradas para alguna de las sesiones programadas, mediante un código. Las reservas se mantendrán en el sistema durante el tiempo previsto por la empresa, antes de la sesión. Si, pasado este tiempo, no se produce la venta real, se producirá su anulación.

El sistema debe permitir el proceso de venta y emisión de entradas con anterioridad al día y hora de la sesión. En este caso, quedará constancia de la fecha en la que se realiza la venta y la fecha para la que es válida la entrada.

3.5.3 Contingencias.–En el caso de que no se pueda realizar la venta automatizada y haya que realizar la venta manual, los datos de esta venta deberán ser integrados en el sistema en cuanto se restablezca su funcionamiento.

Se establecerá un mecanismo mediante el cual se puedan identificar las ventas manuales, de manera que no se produzca emisión de entradas sobre éstas.

3.5.4 Anulaciones.–El sistema deberá permitir el tratamiento de las siguientes anulaciones, que se deberán recoger como incidencias:

a) Devolución de entradas vendidas con anterioridad. Se procederá a la anulación de la venta y las entradas, una vez devueltas, deberán ser adjuntadas al informe de caja.

b) Anulación por problemas en la impresión o entrega física de entradas. Se procederá a la anulación de la venta y posterior grabación de la misma para su impresión. Se creará un contador que tenga en cuenta las entradas emitidas.

c) Anulación por defectos en la transmisión de datos.

d) Anulación de las reservas. Tras la anulación de las reservas, las entradas que correspondan a localidades disponibles podrán volver a ser reservadas o vendidas.

3.5.5 Consultas de ventas.–En cualquier momento podrán consultarse las ventas que se han efectuado por sesión, y la ubicación de las localidades con respecto al aforo de la sala, en el caso de sesiones numeradas.

3.5.6 Informes y consultas generales.–El sistema deberá proporcionar, al menos, los siguientes informes:

a) El informe de caja.

b) El informe de incidencias.

c) El informe de exhibición de películas, que contendrá los siguientes datos:

1. Datos de identificación del cine y de la sala.

2. Datos de identificación de la empresa titular.

3. Período de exhibición a que se refiere el informe.

4. Títulos de las películas proyectadas, tanto si se trata de largometrajes, como de cortometrajes.

5. Número de expedientes de calificación.

6. Lengua de la versión original y lengua utilizada para la proyección de cada sesión.

7. Nombre de la empresa distribuidora.

8. Número de entradas vendidas.

9. Recaudación obtenida en cada sesión.

El informe de exhibición de películas se podrá generar en cualquier momento y reflejará las ventas realizadas hasta el instante en que se genere.

3.6 Requisitos relativos a las comunicaciones.–La forma de comunicación que tendrá la aplicación desde un punto de vista físico y lógico estará basada en los estándares de comunicación vía internet.

Se establecen dos ámbitos de comunicación de datos: Cine-buzón y buzón-ICAA.

3.6.1 Comunicación cine-buzón.–En el caso de que el sistema utilice una base de datos centralizada, a la que se conectan los cines, y que contenga toda la información necesaria para el funcionamiento del sistema, la comunicación se efectuará mediante canales que garanticen la integridad, confidencialidad y seguridad de los datos que se transmitan.

Para el resto de los casos se establece lo siguiente:

a) Se generará un fichero que contendrá los mismos datos que, posteriormente, el buzón enviará al ICAA y que están especificados en el apartado 3.6.2 «Comunicación buzón-ICAA». Este fichero será enviado al buzón.

b) El archivo que se extraiga en el cine deberá estar cifrado y firmado electrónicamente por la persona que figure en un registro de autorizaciones del que dispondrá el buzón, y que estará en todo momento actualizado. Será responsabilidad del cine comunicar al buzón cualquier variación en las autorizaciones.

c) El fichero firmado por el cine deberá ser conservado por el buzón por un período no inferior a 5 años.

d) Este fichero contendrá la información referida a una semana natural de lunes a domingo.

3.6.2 Comunicación buzón-ICAA.–La comunicación de datos entre el buzón y el ICAA se realizará mediante el envío de un fichero por correo electrónico, con periodicidad semanal, a la dirección que determinará el ICAA.

La nomenclatura de definición de nombres de los ficheros será facilitada por el ICAA.

El fichero deberá ser comprimido y cifrado mediante los programas que el ICAA determine, y que serán comunes para todos los buzones.

El mensaje de correo electrónico contenedor del fichero será firmado electrónicamente por la persona que figure en un registro de autorizaciones del que dispondrá el ICAA, y que estará en todo momento actualizado. Será responsabilidad del buzón comunicar al ICAA cualquier variación en las autorizaciones.

El buzón podrá utilizar cualquiera de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la plataforma de verificación de certificados del Ministerio de la Presidencia.

El fichero contendrá información completa de la semana anterior al envío, y de todos los cines, relacionados con el buzón, que hayan tenido actividad dicha semana.

Los datos que se envíen de cada sesión deben incluir todos los espectadores y la recaudación correspondiente, con independencia del canal de venta empleado o que haya podido haber contingencias.

3.6.3 Formato de los ficheros de intercambio buzón-ICAA.–Los ficheros de intercambio entre los buzones y el ICAA tendrán un formato de ficheros de texto, con líneas de información organizadas en función del tipo de registro, tal como se detalla a continuación:

Registro tipo 0:

Con información general del buzón que realiza el envío del fichero, de 56 caracteres de longitud. Habrá un único registro tipo 0 por cada fichero enviado. Contendrá los siguientes datos:

a) Tipo de registro. Valor 0, en este caso. Posición 1.

b) Código de buzón. Código de tres dígitos suministrado por el ICAA. Posiciones 2 a 4.

c) Tipo de fichero. Código de dos posiciones. Indica si se trata de un fichero de envío habitual (código FL), o para envío de atrasos (código AT). En el caso de que se envíen varios ficheros de atrasos una semana, es código será secuencial (01, 02, 03.). Posiciones 5 a 6.

d) Número juliano del día en que se realizó el envío habitual anterior. Tres caracteres, rellenando con ceros por la izquierda en caso necesario. Posiciones 7 a 9.

e) Número juliano del día en que se realiza el envío actual. Tres caracteres, rellenando con ceros por la izquierda en caso necesario. Posiciones 10 a 12.

f) Número de líneas totales del fichero, con 11 dígitos, rellenando con ceros por la izquierda, en caso necesario. Posiciones 13 a 23.

g) Número total de sesiones para las que se envía información, con 11 dígitos, rellenando con ceros a la izquierda, en caso necesario. Posiciones 24 a 34.

h) Número total de espectadores recogidos en el fichero, con 11 dígitos, rellenando con ceros a la izquierda, en caso necesario. Posiciones 35 a 45.

i) Suma de recaudación contenida en el fichero, con 11 dígitos, rellenando con ceros a la izquierda, en caso necesario. Posiciones 46 a 56. La posición 54 vendrá con el carácter punto (.), y las posiciones 55 y 56, corresponderán a los dos decimales.

Registro tipo 1:

Con información general de las salas a las que se refiere el envío, de 43 caracteres de longitud. Habrá tantos registros tipo 1 como salas de cuyas sesiones se envía información en el fichero. Contendrá los siguientes datos:

a) Tipo de registro. Valor 1, en este caso. Posición 1.

b) Código de sala. Código de 6 dígitos suministrado por el ICAA. Posiciones 2 a 13. Se ajustará a la izquierda, dejando el resto de los caracteres en blanco.

c) Nombre de la sala, con 30 caracteres; se ajustará a la izquierda, dejando los caracteres no usados en blanco. Posiciones 14 a 43.

Registro tipo 2:

Con información de las sesiones de las salas a las que se refiere el envío, de 41 caracteres de longitud. Habrá tantos registros tipo 2 como sesiones de las que se envía información en el fichero. Contendrá los siguientes datos:

a) Tipo de registro. Valor 2, en este caso. Posición 1.

b) Código de sala. Código suministrado por el ICAA. Posiciones 2 a 13. Se ajustará a la izquierda, dejando el resto de los caracteres en blanco.

c) Fecha de la sesión, de 6 dígitos de longitud, con formato ddmmaa, donde dd corresponderá a los dos dígitos del día, mm a los dos dígitos del mes, y aa a los dos dígitos del año, rellenando, en todos los casos en que sea necesario, con cero a la izquierda, cada una de las partes. Posiciones 14 a 19.

d) Hora de la sesión, de 4 dígitos de longitud, con formato hhmm, donde hh corresponderá a los dos dígitos de la hora (en formato de 24 horas), mm corresponderá a los dos dígitos de los minutos, rellenando, en todos los casos en que sea necesario, con cero a la izquierda, cada una de las partes. Posiciones 20 a 23.

e) Número de películas exhibidas en la sesión, de 2 dígitos de longitud, rellenando con cero a la izquierda, en caso necesario. Posiciones 24 a 25.

f) Número total de espectadores de la sesión, de 5 dígitos de longitud, rellenando con ceros a la izquierda, en caso necesario. Posiciones 26 a 30.

g) Recaudación total de la sesión, de 8 dígitos de longitud, rellenando con ceros a la izquierda, en caso necesario. Posiciones 31 a 38. La posición 36 vendrá con el carácter punto (.), y las posiciones 37 y 38, corresponderán a los dos decimales.

h) Código de tipo de incidencia producida en la Sesión, de 3 dígitos de longitud, según tabla que suministrará el ICAA. Posiciones 39 a 41.

Registro tipo 3:

Con información de las películas exhibidas en las sesiones de las salas a las que se refiere el envío, de 28 caracteres de longitud. Habrá tantos registros tipo 3 por sesión, como películas se exhiban en ésta, y tantos registros tipo 3 por fichero como número de sesiones por número de películas por sesión se envíen en dicho fichero. Contendrá los siguientes datos:

a) Tipo de registro. Valor 3, en este caso. Posición 1.

b) Código de sala. Código suministrado por el ICAA. Posiciones 2 a 13. Se ajustará a la izquierda, dejando el resto de los caracteres en blanco.

c) Fecha de la sesión, de 6 dígitos de longitud, con formato ddmmaa, donde dd corresponderá a los dos dígitos del día, mm a los dos dígitos del mes, y aa a los dos dígitos del año, rellenando, en todos los casos en que sea necesario, con cero a la izquierda, cada una de las partes. Posiciones 14 a 19.

d) Hora de la sesión, de 4 dígitos de longitud, con formato hhmm, donde hh corresponderá a los dos dígitos de la hora (en formato de 24 horas), mm corresponderá a los dos dígitos de los minutos, rellenando, en todos los casos en que sea necesario, con cero a la izquierda, cada una de las partes. Posiciones 20 a 23.

e) Código interno de la película, de 5 dígitos de longitud, ajustado a la derecha, rellenando con ceros por la izquierda, en caso necesario. Posiciones 24 a 28. Este código de película será diferente, dentro de cada sala, para películas distintas, y para la misma película y versiones o lenguas distintas de la misma.

Registro tipo 4:

Con información de las películas exhibidas en las sesiones de las salas a las que se refiere el envío, de 146 caracteres de longitud. Habrá tantos registros tipo 4, como registros tipo 3 con diferente código de sala y código interno de película haya en el fichero. Contendrá los siguientes datos:

a) Tipo de registro. Valor 4, en este caso. Posición 1.

b) Código de sala. Código suministrado por el ICAA. Posiciones 2 a 13. Se ajustará a la izquierda, dejando el resto de los caracteres en blanco.

c) Código interno de la película, de 5 dígitos de longitud, ajustado a la derecha, rellenando con ceros por la izquierda, en caso necesario. Posiciones 14 a 18. Este código de la película será diferente, dentro de cada sala, para películas distintas, y para la misma película y versiones o lenguas distintas de la misma.

d) Código de expediente de calificación de la película, suministrado por el ICAA. Posiciones 19 a 30, ajustado a la izquierda, dejando el resto de caracteres en blanco.

e) Título de la película, de 50 posiciones, corresponderá al que aparece en la resolución de calificación de la película. Posiciones 31 a 80, ajustado a la izquierda, dejando el resto de caracteres en blanco.

f) Código de la distribuidora, de 12 dígitos, corresponderá al que aparece en la resolución de calificación de la película. Posiciones 81 a 92, ajustado a la izquierda, dejando el resto de caracteres en blanco.

g) Nombre de la distribuidora, de 50 caracteres, corresponderá al que aparece en la resolución de calificación de la película. Posiciones 93 a 142.

h) Versión original de la película, de 1 dígito, según tabla suministrada por el ICAA. Posición 143.

i) Versión lingüística de la copia exhibida de la película, de 1 dígito, según tabla suministrada por el ICAA. Posición 144.

j) Idioma de los subtítulos o comentarios escritos de la versión exhibida de la película, de 1 dígito, según tabla suministrada por el ICAA. Posición 145.

k) Formato de la proyección (fotoquímico en 35 milímetros, digital o 3D), de 1 dígito, según tabla suministrada por el ICAA. Posición 146.

Registro tipo 5:

Con información de las sesiones programadas en cada sala y días, a los que se refiere el envío, de 21 caracteres de longitud. Habrá tantos registros tipo 5, como salas y días haya habido sesiones programadas en ellas, en los días a los que se refiere la información contenida en el fichero. Contendrá los siguientes datos:

a) Tipo de registro. Valor 5, en este caso. Posición 1.

b) Código de sala. Código suministrado por el ICAA. Posiciones 2 a 13. Se ajustará a la izquierda, dejando el resto de los caracteres en blanco.

c) Fecha de la sesión, de 6 dígitos de longitud, con formato ddmmaa, donde dd corresponderá a los dos dígitos del día, mm a los dos dígitos del mes, y aa a los dos dígitos del año, rellenando, en todos los casos en que sea necesario, con cero a la izquierda, cada una de las partes. Posiciones 14 a 19.

d) Número de sesiones programadas para la fecha indicada, de dos dígitos de longitud, rellenando con cero a la izquierda, en caso necesario. Posiciones 20 a 21.

ANEXO II

Procedimiento simplificado para el cumplimiento de las obligaciones de control de asistencia y declaración de rendimientos de las salas de exhibición cinematográfica

1. Consideraciones generales

1.1 El procedimiento simplificado que recoge este anexo es el establecido para el cumplimiento de las obligaciones relativas al control de asistencia y declaración de rendimientos para aquellos titulares de salas de exhibición que cuenten con un máximo de dos pantallas y que opten por no acogerse al régimen establecido en el anexo I.

1.2 Las salas de exhibición que se acojan a este procedimiento sólo podrán emitir entradas de imprenta, y no podrán emitir entradas informáticas ni entradas inmateriales.

2. Entradas o billetes reglamentarios

El cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13.1 y 15 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, en cuanto a las entradas o billetes reglamentarios se realizará del siguiente modo:

2.1 Expedición.–Se emplearán las entradas de imprenta, susceptibles de expedición mecánica y del tipo de tira continua. Serán impresas en series de numeración correlativa para las distintas clases de localidades y precios.

2.2 Datos mínimos de la entrada.–Todas las entradas contendrán, como mínimo, los siguientes datos:

a) Denominación de la empresa o del titular de la sala de exhibición y número de identificación fiscal.

b) Nombre de la sala, dirección y municipio.

c) Clase de localidad a la que da derecho.

d) IVA, en porcentaje, o impuesto específico de una comunidad autónoma.

e) Identificador numérico o alfanumérico que impida duplicidades dentro de una sesión.

3. Informes de exhibición

3.1 De conformidad con el artículo 13.2 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, los titulares de las salas de exhibición acogidos al procedimiento simplificado deberán remitir semanalmente al ICAA la siguiente información, ajustándose al modelo que se inserta al final de este Anexo, que estará disponible en la página Web y en las dependencias del ICAA:

a) Declaración de la totalidad de las películas cinematográficas proyectadas, tanto largometrajes como cortometrajes, identificadas por el título y número del expediente de calificación, el idioma de la versión original y el de comercialización en doblaje y subtitulado, si lo hubiera, y la empresa distribuidora.

b) El número de billetes vendidos y la recaudación obtenida en cada sesión.

3.2 El titular de la sala de exhibición cumplimentará diariamente al comenzar y finalizar cada sesión todos los datos correspondientes a la misma. En el caso de no haberse realizado sesiones cinematográficas, se cumplimentará igualmente el impreso haciendo constar esta circunstancia y su causa.

3.3 El primer informe de exhibición de cada año natural comprenderá desde el día 1 de enero hasta el primer domingo del año. El último comprenderá desde el último lunes del año hasta el 31 de diciembre. Las sesiones cuya hora de comienzo esté incluida entre las 0 horas de la noche y las seis de la mañana se considerarán proyectadas en el día anterior.

4. Envío de la información al ICAA

La remisión de los informes al ICAA deberá hacerse con periodicidad semanal, en el segundo día hábil siguiente a la semana cuyos datos refleje el informe, mediante uno de los siguientes sistemas:

a) Por vía telemática, o

b) Adjuntando el documento escaneado a un correo electrónico que contenga una firma digital oficialmente reconocida por la plataforma de verificación de certificados del Ministerio de la Presidencia, o

c) Por vía postal, al apartado postal determinado para esta finalidad.

La empresa deberá conservar en su poder, en el local a cuyos datos se refiera, una copia del informe enviado al ICAA durante el plazo de un año para su entrega, en su caso, al personal acreditado por el ICAA para la realización de funciones de inspección y control.

DECLARACIÓN SEMANAL DE EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS [3]

[.......]

[1] Dada la naturaleza de esta obra, se omite la publicación de la Orden CUL/2834/2009, y, por consiguiente, de su modificación.

[2] Dada la naturaleza de esta obra se omite la publicación de dicha Orden y de su modificación.

[3] Se omite la publicación de este texto. No obstante, téngase en cuenta que por Resolución de 27 de octubre de 2011 («BOE» núm. 260, de 4 de noviembre; corrección de errores en «BOE» núm. 272, de 11 de noviembre), ha sido objeto de nueva redacción.

§ 13 DECRETO 3837/1970, DE 31 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA HIPOTECA MOBILIARIA DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS

(«BOE» núm. 27, de 1 de febrero de 1971; corrección de erratas en «BOE» núm. 51, de 1 de marzo)

La adecuada financiación de la industria cinematográfica aconseja se facilite a los productores la posibilidad de obtener de entidades privadas, con la garantía de los rendimientos de películas ya realizadas o en realización, los medios necesarios para el desenvolvimiento normal de su empresa, completándose así el sistema de créditos y ayudas oficiales arbitrado a estos efectos.

La hipoteca del derecho de explotación de la película es el instrumento idóneo para asegurar a los acreedores el reembolso de posibles créditos. La publicidad de este contrato, complemento indispensable para la seguridad del tráfico, se consigue en otros países mediante un organismo específico: el Registro Público Cinematográfico. Pero en nuestro caso parece preferible, en lugar de crear un nuevo organismo, aprovechar las posibilidades del ya existente Registro de Hipoteca Mobiliaria, cuya legislación reguladora prevé la figura de la hipoteca mobiliaria del derecho de explotación de la película que corresponde al productor o a sus causahabientes.

La Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento, de 16 de diciembre de 1954, no reguló minuciosamente esta hipoteca; el tiempo pasado desde la promulgación de dicha disposición y el hecho de haberse publicado después la Ley de 31 de mayo de 1966, reguladora de los derechos del productor y autores de la película, hacen necesario aclarar y complementar aquella Ley, sin salirse de sus límites, en cuanto se refiere a la hipoteca del derecho de explotación de la película.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia e Información y Turismo y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de diciembre de 1970, dispongo:

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 1. El derecho de explotación comercial de una película cinematográfica podrá ser objeto de hipoteca mobiliaria, conforme al capítulo VI del título II de la Ley de 16 de diciembre de 1954 [1].

Dicha hipoteca se regirá por lo dispuesto en la mencionada Ley, disposiciones que la complementan y desarrollan y, además, por lo que en la presente disposición se establece [2].

Art. 2. El derecho de explotación objeto de la hipoteca implica, como base para su posible ejercicio, la disponibilidad sobre el negativo, internegativo o copias de la película.

El derecho de explotación comercial corresponde plenamente al productor. También corresponderá al distribuidor y al exportador, cuando así lo hubieran adquirido a precio alzado, con la extensión que se derive de sus respectivos títulos adquisitivos.

Art. 3. En caso de película española, puede ser objeto de la hipoteca tanto su explotación en España como en el extranjero; si fuere extranjera, sólo es hipotecable su derecho de explotación en todo o parte del territorio nacional.

Art. 4. Puede constituirse la hipoteca, tratándose de película española, aunque la misma no esté aún realizada, siempre que se haya obtenido el permiso de rodaje. En este caso, el acreedor hipotecario pude exigir que se contrate previamente un seguro de buen fin.

Art. 5. Conforme al artículo 48 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria, el hipotecante no puede renunciar a su derecho ni ceder su uso o explotación sin consentimiento del acreedor.

Una vez le sea notificada la inscripción de la hipoteca, el laboratorio que actúe como depositario del negativo o internegativo no podrá expedir copias ni realizar ningún otro acto dispositivo sobre aquéllos sin consentimiento escrito del acreedor.

Art. 6. Cuando se trate de películas españolas, para la inscripción de la hipoteca será preciso acompañar, de no aparecer incorporados a la escritura, los siguientes documentos:

1.º Contrato o declaración unilateral, con firmas legitimadas notarialmente, por los que el autor o autores de la obra en que se basa o basará la película, o sus causahabientes, salvo que la obra fuese de dominio público, transmitan al productor la exclusiva para su filmación. En tal contrato o declaración se hará constar el plazo en que debe hacerse uso del mencionado derecho, so pena de caducidad de la autorización, así como las cláusulas que de algún modo condicionen su ejercicio.

Se entenderá por autores de una obra los señalados en el artículo 3 de la Ley de 31 de mayo de 1966 [3].

La prueba de que una obra es de dominio público corresponderá al hipotecante.

2.º Certificados: a) de la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos [4], acreditativo de que los derechos de explotación, con la extensión que proceda, corresponden al hipotecante, según la documentación obrante en dicho centro directivo; b) del Registro de la Propiedad Intelectual, acreditativo de que las obras en que se basa o basará la película, y los derechos de sus autores están inscritos en dicho Registro, y si se tratare de películas aún no realizadas, el relativo a las obras que por el momento se conoce que se utilizarán, y c) del Registro de la Propiedad Industrial, acreditativo de que se ha practicado y está vigente la inscripción del título de la película a favor del hipotecante o de su causahabiente.

Art. 7. Cuando se trate de películas extranjeras bastará que a la escritura se acompañe: a) contrato de cesión, a precio alzado, del derecho de explotación de la película en España, debidamente visado por el organismo oficial de la cinematografía en el país correspondiente a la nacionalidad del productor o del distribuidor, en el caso de subdistribución; b) informe de la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos, acreditativo de la personalidad del hipotecante y de la suficiencia de su título para explotar la película en España.

Art. 8. Aparte de las circunstancias que según la legislación de hipoteca mobiliaria deberán constar en los asientos, la película habrá de identificarse en los mismos por los siguientes datos [5]:

1. Título provisional o definitivo de la película; en caso de doblaje, título original y doblado.

2. Metraje.

3. Nombres del director, guionista y del autor o autores de las obras de ingenio que se utilicen.

4. Extracto de las fichas técnica y artística.

5. En su caso, número del permiso de rodaje y de la licencia de exhibición [6].

6. Cualesquiera otros que puedan contribuir a su más perfecta identificación [7].

Los datos consignados en el párrafo anterior deberán constar en la escritura o en instancia suscrita por el hipotecante.

Si no se pudiera hacer constar alguno de ellos, se expresará así en el asiento respectivo y se indicarán los que sean ya conocidos. Al menos habrá de indicarse el señalado en el epígrafe 1 del párrafo anterior, así como el nombre del autor de la obra en que la película se basará y el número del permiso de rodaje.

A medida que se conozcan los datos omitidos, se completará el asiento por nota marginal.

Art. 9. Tratándose de películas en realización, la hipoteca se registrará mediante anotación preventiva, que caducará a los dos años de su fecha, salvo que antes se convierta en inscripción, en cuyo caso surtirá ésta sus efectos desde la fecha de la anotación.

Art. 10. La conversión en inscripción se realizará en base a instancia de parte interesada, con firma legitimada, en la que consten los datos que no pudieron reflejarse en la anotación por no ser conocidos, acompañando: primero, certificado de la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos, acreditativo de que la película está terminada; segundo, certificado del Registro de la Propiedad Intelectual, concebido en los mismos términos que se especifican en el artículo 6, respecto de las obras incorporadas a la película que no se hicieron constar en la anotación; tercero, certificado del Registro de la Propiedad Intelectual, acreditativo de que el título definitivo, si es que se cambia el provisional, goza de inscripción vigente a favor del hipotecante.

Art. 11. En caso de ejecución de la hipoteca, será objeto de aquélla el derecho de explotación comercial de la película, así como la disponibilidad del negativo o copias que correspondan al hipotecante, en la forma prevenida en el artículo 2.

Art. 12. La Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos hará constar, dentro de los quince días siguientes a la comunicación que al efecto reciba del Registro de la Propiedad, la existencia de la hipoteca y sus principales características, incluso, en su caso, el pacto de la transmisión al acreedor de los rendimientos que la película produzca en las licencias de exhibición que haya expedido o expida. Para su mejor información, los acreedores hipotecarios, con sólo acreditar tal condición, podrán obtener del citado centro los datos que el Servicio de Control de Taquillaje suministre sobre los rendimientos brutos que la película vaya produciendo.

Sección 2.ª Pacto de transmisión de rendimientos

Art. 13. En la escritura de hipoteca podrá pactarse que los rendimientos de la película, a medida que se vayan produciendo, se entreguen al acreedor hipotecario para ser imputados al pago de intereses, si se debieren, y después al capital. Dicho pacto se regirá, salvo que las partes convengan otra cosa, por las reglas que se establecen en los artículos siguientes [8].

Art. 14. El acreedor hace suyos los rendimientos de la película –en la parte que al hipotecante corresponda–, gozando de acción directa para reclamarlos, sin que los obligados al pago puedan oponer contra el mismo las excepciones que pudieran tener personalmente frente al hipotecante.

El hipotecante no puede readquirir el derecho a percibir los rendimientos sin que antes se hayan pagado íntegramente el capital e intereses garantizados.

Las contribuciones y gastos que la titularidad y explotación de la película supongan seguirán siendo de cuenta del hipotecante, dejando a salvo, en todo caso, lo que sobre contribuciones establezcan las disposiciones fiscales.

Art. 15. Por pacto expreso podrá darse el carácter de «rendimientos» a las subvenciones oficiales de cualquier tipo que correspondan al hipotecante por razón de la película hipotecada.

Art. 16. Si el hipotecante es el productor y explota la película en España por el sistema de distribución a precio alzado, el distribuidor estará obligado a entregar al acreedor el total precio convenido, si la distribución se pacta después de constituida la hipoteca, y las cantidades pendientes de entrega para completarlo, si se había concertado antes.

Si la explotase por el sistema de distribución a porcentaje, el distribuidor viene obligado a incluir en los contratos que celebre con los exhibidores una cláusula por la cual éstos se obligan a ingresar el precio o porcentaje que por la exhibición corresponda al hipotecante en la cuenta bancaria a que luego se aludirá.

Si la explota directamente, vendrá obligado a incluir en los contratos de exhibición la cláusula señalada en el párrafo precedente.

Art. 17. En el supuesto de explotación de una película española en país extranjero, utilizando los servicios de una empresa intermediaria, quedará ésta obligada a entregar al acreedor la cantidad que corresponda al hipotecante por los rendimientos que produzca, tanto si se tratare de un precio alzado como de un porcentaje.

Si el productor explotase directamente la película en país extranjero, en los contratos que celebre con el distribuidor deberá incluir una cláusula por la que éste se obligue a ingresar directamente al acreedor las cantidades que, de no existir la hipoteca, hubieren correspondido al hipotecante.

Art. 18. Si el hipotecante fuere el distribuidor, se aplicarán también las reglas del artículo 16, ateniéndose, según los casos, a que la película se explote por el sistema de subdistribución a precio alzado, por el de porcentaje o directamente.

Art. 19. Si el hipotecante es el exportador, se aplicará lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17.

Art. 20. Por efecto de la publicidad del Registro, se presume que el distribuidor o exportador conoce las obligaciones que para el mismo se derivan de la hipoteca, en especial las consignadas en los artículos 16 y 17 de este Decreto.

Si la hipoteca se constituye con posterioridad a la celebración de los contratos por los que se convenga la distribución o exportación de la película, el distribuidor o exportador sólo quedarán afectados por aquélla desde la notificación fehaciente de su constitución, sin perjuicio de la obligación del hipotecante de hacer constar su existencia en la escritura de hipoteca.

Para fijar la fecha de tales contratos, cuando no se otorguen en documento público, se estará a lo que dispone el artículo 1.227 del Código Civil [9], pudiendo los contratantes, a tales efectos, dar conocimiento de los mismos a la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos, mediante entrega de copia de los mismos, que se archivará previo cotejo.

Art. 21. Todas las cantidades que en concepto de rendimiento de la película hayan de ser entregadas al acreedor hipotecario lo serán precisamente a través de una cuenta bancaria especial, cuyas circunstancias se especificarán en todos los contratos a que se refiere la presente disposición. El acreedor, titular de la cuenta, hará saber al banco depositario la finalidad de la misma y la cantidad a que asciendan crédito e intereses garantizados y autorizará al hipotecante a conocer en cualquier momento el total de lo ingresado en la mencionada cuenta.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. El Registrador remitirá una ficha con un extracto del contenido de toda operación relativa a la hipoteca de películas cinematográficas, dentro de los siete días de su fecha, a la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos, a los efectos que este centro estime pertinentes.

Segunda. Los Ministerios de Justicia e Información y Turismo [10], en forma conjunta, podrán publicar contratos-tipo que sirvan de orientación a las partes interesadas en la redacción de las cláusulas de las escrituras de hipoteca a que se refiere el presente Decreto.

Tercera. El Ministerio de Información y Turismo [10] podrá compensar, en la forma que estime procedente, al hipotecante de la película española, por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, devengado por la constitución y extinción de la hipoteca, habida cuenta del carácter de subvencionada de la industria de producción cinematográfica.

Cuarta. El Ministerio de Justicia y la Dirección General de los Registros y del Notariado, dentro de sus respectivas competencias, dictarán las oportunas normas para el desenvolvimiento registral de este Decreto.

[1] Artículos 45 a 51 (§ 5).

[2] Véase el artículo 53 de la Ley de Propiedad Intelectual (§1).

[3] La citada Ley fue derogada por la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, a su vez derogada por la de 1996. Véase el artículo 87 de esta última.

[4] En la actualidad Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

[5] Véanse los artículos 15 a 18 y 22 del Reglamento de Hipoteca Mobiliaria.

[6] El Real Decreto 1664/1980, de 6 de junio («BOE» núm. 203, de 23 de agosto), suprime el sistema de licencias de exhibición, sustituyéndolo por la simple clasificación de las películas. Véase el artículo 5 del Real Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre (§ 10).

[7] Véase el artículo 14.d) del Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual (§ 19).

[8] Véase el artículo 49 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria (§ 5).

[9]Artículo 1.227: «La fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio».

[10] En la actualidad Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

ARTISTAS PLÁSTICOS

§ 14 LEY 3/2008, DE 23 DE DICIEMBRE, RELATIVA AL DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DEL AUTOR DE UNA OBRA DE ARTE ORIGINAL

(«BOE» núm. 310, de 25 de diciembre)

PREÁMBULO

El derecho de participación de los artistas plásticos en el precio de reventa de sus obras fue introducido en el Derecho español con la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual.

Concebida como una figura destinada a extender los derechos de explotación del autor de una obra plástica más allá de la primera transmisión, su reconocimiento en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea resultaba muy desigual.

La incidencia de las disparidades referidas a la existencia y configuración del derecho de participación en el funcionamiento del mercado interior determinó la adopción de la Directiva 2001/84/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original.

Constituye el objeto de esta Ley adaptar la regulación del derecho de participación a lo dispuesto por la Directiva 2001/84/CE.

Pese a que, en líneas generales, la configuración del derecho presenta numerosos rasgos en común con la regulación contenida en la Directiva, se introducen ahora algunos cambios derivados del proceso de armonización comunitaria.

En línea con el modelo existente en el ordenamiento español, el derecho se define como la participación en un porcentaje del precio de reventa de la obra, y se aplica ahora a aquellas reventas en las que intervenga un profesional del mercado del arte como comprador, vendedor o intermediario. A la enumeración ejemplificativa contenida en la Directiva, que se refiere a salas de ventas, galerías de arte y marchantes, la regulación española añade las salas de subastas y además alude a cualquier persona física o jurídica que realice habitualmente actividades de intermediación, con el fin de evitar que puedan quedar excluidas del pago del derecho las reventas efectuadas por sujetos que, aun desempeñando de forma habitual actividades en el mercado del arte, actúen al margen de los circuitos tradicionales. Se incorpora asimismo la figura de los profesionales del mercado del arte que presten sus servicios a través de Internet, con el propósito de atender al surgimiento de estos nuevos modelos de negocio.

Las reventas que quedan excluidas son aquellas que se realizan directamente entre particulares que actúen a título privado sin la participación de un profesional del mercado del arte; por tanto, conforme a la Directiva 2001/84/CE, el derecho de participación no se aplica a los actos de reventa efectuados por personas que actúen a título privado a museos no comerciales abiertos al público. Se ha optado por eximir de la aplicación del derecho de participación las reventas promocionales, que son aquellas que tienen lugar en los supuestos en que la obra ha sido adquirida directamente del autor, con el fin de facilitar la incorporación de la obra de nuevos artistas al mercado del arte.

Se fija el precio de activación del derecho en 1.200 euros, en línea con otros ordenamientos de nuestro entorno. La norma comunitaria deja libertad a los Estados miembros para que determinen este umbral mínimo de activación, siempre que no supere 3.000 euros.

El sistema de porcentajes decrecientes por tramos de precios, que contrasta con el anterior sistema de porcentaje único, constituye una de las principales novedades que se incorporan a consecuencia de la Directiva, y se completa con la previsión, imperativa en la norma comunitaria, de que el obligado no pagará en ningún caso más de 12.500 euros como consecuencia de la aplicación del derecho de participación.

Se mantiene la opción de nuestro ordenamiento jurídico por la gestión colectiva voluntaria del derecho de participación. De este modo, los titulares del derecho podrán optar libremente entre encomendar la gestión a una entidad de gestión o ejercitar su derecho individualmente. La Ley tiene como objetivo, igualmente, asegurar la transparencia y el control necesarios en el ejercicio del derecho de autor.

Finalmente, y como especificidad de nuestro ordenamiento jurídico, se mantiene la obligación de las entidades de gestión de ingresar las cantidades percibidas y no repartidas al Fondo de Ayuda a las Bellas Artes. Desaparece por tanto la obligación de ingresar el importe de los derechos no reclamados en el Fondo, que se nutrirá únicamente del importe de los derechos recaudados por la entidad de gestión que no hayan sido repartidos a sus titulares. La existencia del Fondo asegura, por otra parte, un control público sobre la correcta administración del derecho, y a tal efecto le corresponde emitir un informe anual sobre la base de la información que le proporcionen las entidades de gestión.

Artículo 1. Contenido del derecho de participación.– Los autores de obras de arte gráficas o plásticas, tales como los cuadros, collages, pinturas, dibujos, grabados, estampas, litografías, esculturas, tapices, cerámicas, objetos de cristal, fotografías y piezas de vídeo arte, tendrán derecho a percibir del vendedor una participación en el precio de toda reventa que de las mismas se realice tras la primera cesión realizada por el autor. Los ejemplares de obras de arte objeto de este derecho que hayan sido realizados por el propio autor o bajo su autoridad se considerarán obras de arte originales. Dichos ejemplares estarán numerados, firmados o debidamente autorizados por el autor [1].

Art. 2. Sujetos del derecho.–1. El derecho de participación se reconoce al autor de la obra y a sus derechohabientes tras la muerte o declaración de fallecimiento.

2. La protección del derecho de participación se reconoce a los autores españoles, a los autores nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, así como a los nacionales de terceros países con residencia habitual en España. Para los autores que sean nacionales de terceros países y no tengan residencia habitual en España, el derecho de participación se reconocerá únicamente cuando la legislación del país de que el autor sea nacional reconozca a su vez el derecho de participación a los autores de los Estados miembros de la Unión Europea y a sus derechohabientes.

Art. 3. Reventas sujetas al derecho de participación.–1. El derecho se aplicará a todas las reventas en las que participen, como vendedores, compradores o intermediarios, profesionales del mercado del arte tales como salas de venta, salas de subastas, galerías de arte, marchantes de obras de arte y, en general, cualquier persona física o jurídica que realice habitualmente actividades de intermediación en este mercado.

2. El derecho se aplicará igualmente cuando los profesionales del mercado del arte lleven a cabo las actividades descritas a través de prestadores de servicios de la sociedad de la información, de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico [2].

3. Se exceptúan los actos de reventa de la obra que haya sido comprada por una galería de arte directamente al autor, siempre que el período transcurrido entre esta primera adquisición y la reventa no supere tres años y el precio de reventa no exceda de 10.000 euros excluidos impuestos.

Art. 4. Umbral de aplicación.–El derecho de participación de los autores nacerá cuando el precio de la reventa sea igual o superior a 1.200 euros, excluidos los impuestos, por obra vendida o conjunto concebido con carácter unitario.

Art. 5. Cálculo del importe.–El importe de la participación que corresponderá a los autores estará en función de los siguientes porcentajes:

a) El 4% de los primeros 50.000 euros del precio de la reventa.

b) El 3% de la parte del precio de la reventa comprendida entre 50.000,01 y 200.000 euros.

c) El 1% de la parte del precio de la reventa comprendida entre 200.000,01 y 350.000 euros.

d) El 0,5% de la parte del precio de la reventa comprendida entre 350.000,01 y 500.000 euros.

e) El 0,25% de la parte del precio de la reventa que exceda de 500.000 euros.

En ningún caso el importe total del derecho podrá exceder de 12.500 euros.

Los precios de reventa contemplados en este artículo se calcularán sin inclusión del impuesto devengado por la reventa de la obra [3].

Art. 6. Características del derecho de participación.–El derecho de participación es inalienable, irrenunciable, se transmitirá únicamente por sucesión mortis causa y se extinguirá transcurridos setenta años a contar desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo la muerte o la declaración de fallecimiento del autor.

Art. 7. Gestión del derecho de participación.–1. El derecho de participación reconocido en el artículo 1 podrá hacerse efectivo a través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, cuya legitimación será conforme a lo establecido en el artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Las entidades de gestión deberán actuar de modo eficaz y transparente tanto en la recaudación como en la distribución del derecho, y siempre con pleno respeto a las obligaciones que establecen las normas aplicables.

2. Las entidades de gestión notificarán al titular del derecho cuya gestión haya sido cedida que se ha hecho efectivo el pago a que se refiere el artículo 9 en el plazo máximo de un mes desde que éste haya tenido lugar.

3. Las entidades de gestión liquidarán el importe debido al titular, en concepto de derecho de participación, en el plazo máximo de un año a contar desde el momento del pago, salvo que en dicho plazo el titular reclame la liquidación, en cuyo caso ésta se efectuará en el mes siguiente a la reclamación [4].

4. Cuando el derecho de participación se refiera a una obra creada por dos o más autores, su importe se repartirá por partes iguales entre los autores de dicha obra, salvo pacto en contrario.

Art. 8. Deberes de los sujetos obligados.–Los profesionales del mercado del arte que hayan intervenido en una reventa sujeta al derecho de participación estarán obligados a:

1. Notificar al vendedor, al titular del derecho de participación y a la entidad de gestión correspondiente la reventa efectuada. La notificación se hará por escrito o por otro medio que permita dejar constancia de la remisión y recepción de la notificación en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la fecha de la reventa y deberá contener en todo caso:

a) El lugar y la fecha en la que se efectuó la reventa.

b) El precio íntegro de la enajenación.

c) La documentación acreditativa de la reventa necesaria para la verificación de los datos y la práctica de la correspondiente liquidación. Dicha documentación deberá incluir, al menos, el lugar y la fecha en la que se realizó la reventa, el precio de la misma y los datos identificativos de la obra revendida, así como de los sujetos contratantes, de los intermediarios, en su caso, y del autor de la obra.

2. Retener el importe del derecho de participación del autor en el precio de la obra revendida.

3. Mantener en depósito gratuito, y sin obligación de pago de intereses, la cantidad retenida hasta la entrega al titular o, en su caso, a la entidad de gestión correspondiente.

4. Cuando haya intervenido en la reventa de la obra más de un profesional del mercado del arte, el sujeto obligado a efectuar la operación, tanto en lo referido a la notificación, como la retención, el depósito y el pago del derecho, será el profesional del mercado del arte que haya actuado como vendedor y, en su defecto, el que haya actuado de intermediario.

Art. 9. Pago del derecho.–Efectuada la notificación a que se refiere el apartado primero del artículo 8, los profesionales del mercado del arte harán efectivo el pago del derecho a la entidad de gestión correspondiente o, en su caso, a los titulares del derecho, en un plazo máximo de dos meses.

Art. 10. Responsabilidad solidaria.–Los profesionales del mercado del arte que intervengan en las reventas sujetas al derecho de participación conforme al artículo 3, responderán solidariamente con el vendedor del pago del derecho.

Art. 11. Derecho de información.–1. Los titulares del derecho de participación o, en su caso, las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual podrán exigir a cualquier profesional del mercado del arte de los mencionados en el apartado primero del artículo 3, durante un plazo de tres años a partir de la fecha de la reventa, la información indicada en el apartado 1 del artículo 8 que resulte necesaria para calcular el importe del derecho de participación.

2. Los titulares del derecho de participación o, en su caso, las entidades de gestión deberán respetar los principios de confidencialidad o intimidad mercantil en relación con cualquier información que conozcan en el ejercicio de las facultades previstas en la presente Ley.

Art. 12. Plazo de prescripción.–La acción de los titulares para hacer efectivo el derecho ante los profesionales del mercado del arte prescribirá a los tres años de la notificación de la reventa.

Art. 13. Fondo de Ayuda a las Bellas Artes.–1. La Administración del Fondo de Ayuda a las Bellas Artes corresponde a una Comisión adscrita al Ministerio de Cultura, sin perjuicio de su autonomía funcional. Dicha Comisión está presidida por el Ministro de Cultura o la persona en quien él delegue y estará integrada por representantes de las Comunidades Autónomas, de los sujetos obligados y de las entidades que gestionan el derecho de participación en la forma en que se determine por vía reglamentaria [5].

2. Las cantidades percibidas por las entidades de gestión en concepto de derecho de participación no repartidas a sus titulares en el plazo establecido en el artículo 7.3 por falta de identificación de éstos y sobre las que no pese reclamación alguna, deberán ser ingresadas en el Fondo de Ayuda a las Bellas Artes en el plazo máximo de un año.

3. Las entidades de gestión estarán obligadas a notificar a la Comisión Administradora del Fondo de Ayuda a las Bellas Artes, en el primer trimestre de cada año, la relación de cantidades percibidas por el derecho de participación y los repartos efectuados, así como los motivos que hayan hecho imposible el reparto de las cantidades ingresadas en el Fondo.

4. La Comisión Administradora del Fondo publicará, con carácter anual, un informe sobre la aplicación del derecho de participación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Reventas afectadas.–La presente Ley se aplicará a las reventas efectuadas con posterioridad a su entrada en vigor.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a la presente Ley y, en particular, las siguientes:

a) Artículo 24 y disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

b) Artículos 1.a), 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Real Decreto 1434/1992, de 27 de noviembre, de desarrollo de los artículos 24, 25 y 140 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Título competencial.–Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva que corresponde al Estado en materia de legislación sobre propiedad intelectual, conforme a lo establecido en el artículo 149.1.9.ª de la Constitución y respetando, en todo caso, las competencias autonómicas en materia de cultura fijadas por los Estatutos de Autonomía.

Segunda. Desarrollo de la Ley.–Se autoriza al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a dictar las normas para el desarrollo reglamentario de esta Ley.

Tercera. Aplicación supletoria.–En lo no previsto en esta Ley será de aplicación supletoria el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

Cuarta. Distribución de los recursos del Fondo de Ayuda a las Bellas Artes.–El Gobierno en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, llevará a cabo las modificaciones normativas precisas para distribuir territorialmente entre Comunidades Autónomas, los recursos del Fondo de Ayuda a las Bellas Artes a fin de que sean estas administraciones las que, de acuerdo con su competencia exclusiva en la materia, gestionen directa e íntegramente los citados recursos en sus respectivos territorios.

Los criterios y mecanismos de reparto deberán a su vez, acordarse con las Comunidades Autónomas.

[1]Véase el artículo 14 ter.1 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, hecho en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 («BOE» núm. 148, de 18 de junio de 2010), que figura en esta obra como parágrafo 30.

[2]Publicada en «BOE» núm. 166, de 12 de julio. Véanse sus artículos 2 a 5, y 23 a 29.

[3] Véase el artículo 11.1 de esta Ley.

[4] Véase el artículo 13.2 de la presente Ley.

[5] Téngase presente que la citada Comisión ha sido suprimida por Real Decreto 776/2011, de 3 de junio («BOE» núm. 133, de 4 de junio).

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

§ 15 LEY 37/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, SOBRE REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

(«BOE» núm. 276, de 17 de noviembre)

PREÁMBULO

La información generada desde las instancias públicas, con la potencialidad que le otorga el desarrollo de la sociedad de la información, posee un gran interés para las empresas a la hora de operar en sus ámbitos de actuación, contribuir al crecimiento económico y la creación de empleo, y para los ciudadanos como elemento de transparencia y guía para la participación democrática. Recogiendo ambas aspiraciones la Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reutilización de la información del sector público, se adoptó con la finalidad de explotar el potencial de información del sector público y superar las barreras de un mercado europeo fragmentado estableciendo unos criterios homogéneos, asentados en condiciones equitativas, proporcionadas y no discriminatorias para el tratamiento de la información susceptible de ser reutilizada por personas físicas o jurídicas.

Las diferentes Administraciones y organismos del sector público recogen, producen, reproducen y difunden documentos para llevar a cabo la misión de servicio público que tienen encomendada. Como expresa la Directiva 2003/98/CE, la utilización de dichos documentos por otros motivos, ya sea con fines comerciales o no comerciales, constituye una reutilización. Por una parte, se persigue armonizar la explotación de la información en el sector público, en especial la información en soporte digital recopilada por sus distintos organismos relativa a numerosos ámbitos de interés como la información social, económica, jurídica, geográfica, meteorológica, turística, sobre empresas, patentes y educación, etc., al objeto de facilitar la creación de productos y servicios de información basados en documentos del sector público, y reforzar la eficacia del uso transfronterizo de estos documentos por parte de los ciudadanos y de las empresas privadas para que ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido. Por otra parte, la publicidad de todos los documentos de libre disposición que obran en poder del sector público referentes no sólo a los procedimientos políticos, sino también a los judiciales, económicos y administrativos, es un instrumento esencial para el desarrollo del derecho al conocimiento, que constituye un principio básico de la democracia.

Estos objetivos son los que persigue la presente ley, que mediante la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2003/98/CE y, tomando como punto de partida el diverso tratamiento que las Administraciones y organismos del sector público han otorgado a la explotación de la información, dispone un marco general mínimo para las condiciones de reutilización de los documentos del sector público que acoja las diferentes modalidades que se pueden adoptar y que dimanan de la heterogeneidad de la propia información. En consecuencia, se prevé que sean las Administraciones y organismos del sector público los que decidan autorizar o no la reutilización de los documentos o categorías de documentos por ellos conservados con fines comerciales o no comerciales. Asimismo, se pretende promover la puesta a disposición de los documentos por medios electrónicos, propiciando el desarrollo de la sociedad de la información.

La ley posee unos contornos específicos que la delimitan del régimen general de acceso previsto en el artículo 105 b) de la Constitución Española y en su desarrollo legislativo, en esencia representado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este sentido resulta necesario precisar que no se modifica el régimen de acceso a los documentos administrativos consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, sino que se aporta un valor añadido al derecho de acceso, contemplando el marco de regulación básico para la explotación de la información que obra en poder del sector público, en un marco de libre competencia, regulando las condiciones mínimas a las que debe acogerse un segundo nivel de tratamiento de la información que se genera desde las instancias públicas.

En el Título I de la ley se prevé el ámbito subjetivo de aplicación, que se extiende a las Administraciones y organismos del sector público en el sentido definido en su artículo 2, en consonancia con la delimitación realizada en la normativa de contratación del sector público. Desde la perspectiva de su aplicación objetiva, la ley contempla una definición genérica del término documento, acorde con la evolución de la sociedad de la información y que engloba todas las formas de representación de actos, hechos o información, y cualquier recopilación de los mismos, independientemente del soporte (escrito en papel, almacenado en forma electrónica o como grabación sonora, visual o audiovisual) conservados por las Administraciones y organismos del sector público, e incluye una delimitación negativa del ámbito de aplicación, enumerando aquellos documentos o categorías de documentos que no se encuentran afectados por la misma, atendiendo a diversos criterios. En este punto cabe precisar que la ley no se aplica a los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial (como las patentes, los diseños y las marcas registradas) especialmente por parte de terceros. A los efectos de esta ley se entiende por derechos de propiedad intelectual los derechos de autor y derechos afines, incluidas las formas de protección sui géneris. En este sentido, la ley tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del sector público, ni restringe en modo alguno el ejercicio de esos derechos fuera de los límites establecidos en su articulado. Las obligaciones impuestas por esta ley sólo deben aplicarse en la medida en que resulten compatibles con las disposiciones de los acuerdos internacionales sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, en particular el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (Convenio de Berna) y el Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo ADPIC). No obstante, las instancias públicas deben ejercer sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización.

El Título II prevé los aspectos básicos del régimen jurídico de la reutilización, indicando que las Administraciones y organismos del sector público podrán optar por permitir la reutilización sin condiciones concretas o, mediante la expedición de una licencia, que imponga a su titular una serie de condiciones de reutilización que, en todo caso, deberán ser claras, justas y transparentes, no discriminatorias para categorías comparables de reutilización y atender al principio de libre competencia y de servicio público.

Para ello el uso de licencias-tipo que puedan estar disponibles por medios electrónicos se revela como un elemento clave en este sentido. Por otra parte, se prevé que las distintas Administraciones y organismos difundan qué documentación es susceptible de ser reutilizada mediante la creación de listados e índices accesibles en línea de los documentos disponibles, con el objeto de fomentar y facilitar las solicitudes de reutilización. Para incrementar las posibilidades de reutilización, las Administraciones y organismos del sector público deben procurar ofrecer los documentos por medios electrónicos en los formatos o lenguas preexistentes.

El régimen de reutilización garantiza el pleno respeto de los principios que consagran la protección de datos personales, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y su normativa de desarrollo.

Por otra parte, las Administraciones y organismos del sector público deben adecuarse a las normas de competencia, evitando acuerdos exclusivos. No obstante, la ley prevé una excepción a este principio cuando, con vistas a la prestación de un servicio de interés económico general, pueda resultar necesario conceder un derecho exclusivo a la reutilización de determinados documentos del sector público.

Asimismo, la ley prevé los principios aplicables para aquellos supuestos en los que las Administraciones y organismos exijan contraprestaciones económicas por facilitar la reutilización de documentos con fines comerciales, cuya cuantía deberá ser razonable y orientada al coste, sin que los ingresos obtenidos superen los costes totales de recogida, producción, reproducción y difusión de los documentos.

En el Título II se concretan algunos aspectos de la reutilización de la información, previendo las posibles condiciones a las que someter la reutilización, que podrían ir referidas a cuestiones como el uso correcto de los documentos, la garantía de que los documentos no serán modificados y la indicación de la fuente. Asimismo se indica el contenido mínimo que deben acoger las licencias.

En el Título III la ley establece el procedimiento para poder arbitrar las solicitudes de reutilización, en el que tienen una especial relevancia los plazos de resolución, aspecto esencial para el contenido dinámico de la información, cuyo valor económico depende de su puesta a disposición inmediata y de una actualización regular. Asimismo se garantiza que en las resoluciones que se adopten se indiquen las vías de recurso de las que disponen los solicitantes para impugnar las decisiones que les afecten.

Por último se establece para la Administración General del Estado un régimen sancionador conectado con el mal uso que se confiera a la información cuya reutilización ha sido autorizada.

La presente Ley tiene carácter de legislación básica al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Se exceptúa el artículo 11 y los apartados 1 (párrafos segundo y tercero), 3 y 8 del artículo 10.

En la elaboración de la ley se ha recabado el informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.–La presente ley tiene por objeto la regulación básica del régimen jurídico aplicable a la reutilización de los documentos elaborados o custodiados por las Administraciones y organismos del sector público.

La aplicación de esta ley se hará sin perjuicio del régimen aplicable al derecho de acceso a los documentos y a las especialidades previstas en su normativa reguladora.

Art. 2. Ámbito subjetivo de aplicación.–Se entiende por Administraciones y organismos del sector público a efectos de esta ley:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración local.

b) Las Entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

c) Los Organismos autónomos, las Agencias estatales y cualesquiera entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

d) Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas:

1.º Que hayan sido creadas para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil.

2.º Que se trate de entidades cuya actividad esté mayoritariamente financiada por las Administraciones públicas u otras entidades de derecho público, o bien, cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estas últimas, o cuyos órganos de administración, de dirección o de vigilancia estén compuestos por miembros de los que más de la mitad sean nombrados por las Administraciones públicas y otras entidades de derecho público.

e) Los Consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6, apartado 5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local.

f) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones.

g) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores.

Art. 3. Ámbito objetivo de aplicación.–1. Se entiende por reutilización el uso de documentos que obran en poder de las Administraciones y organismos del sector público, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública. Queda excluido de este concepto el intercambio de documentos entre Administraciones y organismos del sector público en el ejercicio de las funciones públicas que tengan atribuidas.

2. La presente ley se aplicará a los documentos elaborados o custodiados por las Administraciones y organismos del sector público, cuya reutilización sea autorizada por éstos.

Se entiende por documento toda información cualquiera que sea su soporte material o electrónico así como su forma de expresión gráfica, sonora o en imagen utilizada. A estos efectos no se considerarán documentos los programas informáticos que estén protegidos por la legislación específica aplicable a los mismos.

3. La presente ley no será aplicable a los siguientes documentos que obren en las Administraciones y organismos del sector público previstos en el artículo 2:

a) Los documentos sobre los que existan prohibiciones o limitaciones en el derecho de acceso en virtud de lo previsto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las demás normas que regulan el derecho de acceso o la publicidad registral con carácter específico [1].

b) Los documentos que afecten a la defensa nacional, la seguridad del Estado, la protección de la seguridad pública, así como los sometidos al secreto estadístico y a la confidencialidad comercial y, en general, los documentos relacionados con actuaciones sometidas por una norma al deber de reserva, secreto o confidencialidad [2].

c) Los documentos para cuyo acceso se requiera ser titular de un derecho o interés legítimo.

d) Los documentos que obran en las Administraciones y organismos del sector público para finalidades ajenas a las funciones de servicio público que tengan atribuidas definidas con arreglo a la normativa vigente.

e) Los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de terceros. No obstante, la presente ley no afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del sector público ni a su posesión por éstos, ni restringe el ejercicio de esos derechos fuera de los límites establecidos por la presente ley. El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del sector público deberá realizarse de forma que se facilite su reutilización [3].

f) Los documentos conservados por las entidades que gestionen los servicios esenciales de radiodifusión sonora y televisiva y sus filiales.

g) Los documentos conservados por instituciones educativas y de investigación, tales como centros escolares, universidades, archivos, bibliotecas y centros de investigación, con inclusión de organizaciones creadas para la transferencia de los resultados de la investigación [4].

h) los documentos conservados por instituciones culturales tales como museos, bibliotecas, archivos históricos, orquestas, óperas, ballets y teatros.

4. Lo previsto en esta ley no restringirá las previsiones más favorables que sobre acceso o reutilización se establezcan en las leyes sectoriales.

TÍTULO II

Régimen jurídico de la reutilización

Art. 4. Régimen administrativo de la reutilización.–1. Los documentos de las Administraciones y organismos del sector público serán reutilizables en los términos previstos en esta ley [5].

2. Las Administraciones y organismos del sector público podrán optar por que los distintos documentos que obran en su poder sean reutilizables de acuerdo con alguna o algunas de las siguientes modalidades:

a) Reutilización de documentos puestos a disposición del público sin sujeción a condiciones.

b) Reutilización de documentos puestos a disposición del público con sujeción a condiciones establecidas en licencias-tipo.

c) Reutilización de documentos previa solicitud, conforme al procedimiento previsto en el artículo 10 o, en su caso, en la normativa autonómica, pudiendo incorporar en estos supuestos condiciones establecidas en una licencia.

3. Las condiciones incorporadas en las licencias habrán de respetar los siguientes criterios:

a) Deberán ser claras, justas y transparentes.

b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la competencia.

c) No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización.

4. Las Administraciones y organismos del sector público podrán facilitar licencias-tipo para la reutilización de documentos, las cuales deberán estar disponibles en formato digital y ser procesables electrónicamente.

5. Las Administraciones y organismos del sector público facilitarán mecanismos accesibles electrónicamente que posibiliten la búsqueda de los documentos disponibles para su reutilización, creando sistemas de gestión documental que permitan a los ciudadanos la adecuada recuperación de la información, tales como listados, bases de datos o índices y portales que enlacen con listados descentralizados.

6. La reutilización de documentos que contengan datos de carácter personal se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Art. 5. Formatos disponibles para la reutilización.–1. Las Administraciones y organismos del sector público promoverán que la puesta a disposición de los documentos para su reutilización así como la tramitación de solicitudes de reutilización se realice por medios electrónicos y mediante plataforma multicanal cuando ello sea compatible con los medios técnicos de que disponen [6].

2. Las Administraciones y organismos del sector público facilitarán sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente, procurando proporcionarlos por medios electrónicos conforme lo previsto en el apartado anterior. Esto no supondrá la obligación por parte de las Administraciones y organismos de facilitar extractos de documentos cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado, crear documentos, adaptarlos o mantener la producción de un determinado documento para satisfacer una solicitud.

3. Con arreglo en lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, los medios electrónicos de puesta a disposición de los documentos a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán accesibles a las personas con discapacidad, de acuerdo con las normas técnicas existentes en la materia.

Asimismo, las Administraciones y organismos del sector público adoptarán, en la medida de lo posible, las medidas adecuadas para facilitar que aquellos documentos destinados a personas con discapacidad estén disponibles en formatos que tengan en cuenta las posibilidades de reutilización por parte de dichas personas.

No regirá esta obligación en los supuestos en los que dicha adecuación no constituya un ajuste razonable, entendiéndose por tal lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 51/2003.

Art. 6. Prohibición de derechos exclusivos.–1. La reutilización de documentos estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido basados en estos documentos. Los contratos o acuerdos de otro tipo entre los organismos del sector público que conserven los documentos y los terceros no otorgarán derechos exclusivos.

2. No será admisible el otorgamiento de derechos exclusivos de los organismos del sector público a favor de terceros salvo que tales derechos exclusivos sean necesarios para la prestación de un servicio de interés público. En tal caso, la Administración o el organismo del sector público correspondiente quedará obligado a la realización de una revisión periódica, y en todo caso, cada tres años, de la permanencia del motivo que justificó la concesión del mencionado derecho exclusivo. Estos acuerdos exclusivos deberán ser transparentes y públicos.

Art. 7. Contraprestaciones económicas.–1. Podrá aplicarse una tasa o un precio público por el suministro de documentos para su reutilización en las condiciones previstas en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos o, en su caso, en la normativa que resulte de aplicación en el ámbito autonómico o local, teniendo en cuenta para su determinación a estos efectos, entre otras condiciones, la existencia de tasas o precios públicos para el acceso.

2. Los importes de las tasas o precios públicos que se establezcan se cuantificarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 19 y 25 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, o en la normativa que resulte de aplicación en el ámbito autonómico o local, para permitir cubrir al menos los costes del servicio o actividad, debiendo incluirse en dichos costes los relativos a la recogida, producción, reproducción y difusión.

3. En caso de que una Administración u organismo del sector público reutilice los documentos como base para actividades comerciales ajenas a las funciones propias que tenga atribuidas, deberán aplicarse a la entrega de documentos para dichas actividades las mismas tasas o precios públicos y condiciones que se apliquen a los demás usuarios.

4. Se podrán aplicar tasas o precios públicos diferenciados según se trate de reutilización con fines comerciales o no comerciales.

5. Las Administraciones y organismos del sector público pondrán a disposición del público el listado de las tasas y precios públicos que sean de aplicación a las solicitudes de reutilización, y los supuestos en los que no proceda pago alguno, mediante medios electrónicos siempre que sea compatible con sus capacidades técnicas. Asimismo, el organismo correspondiente indicará, previa solicitud, la base de cálculo utilizada para determinar las tasas o precios públicos y los factores tenidos en cuenta en el cálculo de las tasas o precios públicos para casos atípicos.

Art. 8. Condiciones de reutilización.–La reutilización de la información de las Administraciones y de los organismos del sector público a los que se refiere el artículo 2 de la presente ley podrá estar sometida, entre otras, a las siguientes condiciones generales:

a) Que el contenido de la información no sea alterado.

b) Que no se desnaturalice el sentido de la información.

c) Que se cite la fuente.

d) Que se mencione la fecha de la última actualización [7].

Art. 9. Licencias.–En los casos en los que se otorgue una licencia, ésta deberá reflejar, al menos, la información relativa a la finalidad concreta, comercial o no comercial, para la que se concede la reutilización, la duración de la licencia, las obligaciones del beneficiario y del organismo concedente, las responsabilidades de uso y modalidades financieras, indicándose el carácter gratuito o, en su caso, la tasa o precio público aplicable.

TÍTULO III

Procedimiento y régimen sancionador

Art. 10. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización.–1. Las solicitudes de reutilización de documentos administrativos deberán dirigirse al órgano competente, entendiendo por tal aquel en cuyo poder obren los documentos cuya reutilización se solicita. Las solicitudes se presentarán por aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan reutilizar los documentos de conformidad con lo previsto en esta ley.

No obstante, cuando el órgano al que se ha dirigido la solicitud no posea la información requerida pero tenga conocimiento de la Administración u organismo que la posee, le remitirá a la mayor brevedad posible la solicitud dando cuenta de ello al solicitante.

Cuando ello no sea posible, informará directamente al solicitante sobre la Administración u organismo del sector público al que, según su conocimiento, ha de dirigirse para solicitar dicha información.

2. La solicitud deberá reflejar el contenido previsto en el artículo 70.1 de la ley 30/1992, identificando el documento o documentos susceptibles de reutilización y especificando los fines, comerciales o no comerciales, de la reutilización. No obstante, cuando una solicitud esté formulada de manera imprecisa, el órgano competente pedirá al solicitante que la concrete y le indicará expresamente que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, en los términos previstos en el artículo 71 de la ley 30/1992.

El solicitante deberá concretar su petición en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de la recepción de dicho requerimiento. A estos efectos, el órgano competente asistirá al solicitante para delimitar el contenido de la información solicitada.

El cómputo del plazo para resolver la solicitud de información se entenderá suspendido por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, por el transcurso del plazo concedido, informándose al solicitante de la suspensión del plazo para resolver.

3. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo máximo de veinte días desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación, con carácter general. Cuando por el volumen y la complejidad de la información solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo se podrá ampliar el plazo de resolución en otros veinte días. En este caso deberá informarse al solicitante, en el plazo máximo de diez días, de toda ampliación del plazo, así como de las razones que lo justifican.

4. Las resoluciones que tengan carácter estimatorio podrán autorizar la reutilización de los documentos sin condiciones o bien supondrán el otorgamiento de la oportuna licencia para su reutilización en las condiciones pertinentes impuestas a través de la misma. En todo caso la resolución estimatoria supondrá la puesta a disposición del documento en el mismo plazo previsto en el apartado anterior para resolver.

5. Si la resolución denegara total o parcialmente la reutilización solicitada, se notificará al solicitante, comunicándole los motivos de dicha negativa en los plazos mencionados en el apartado 3, motivos que habrán de estar fundados en alguna de las disposiciones de esta ley o en el ordenamiento jurídico vigente.

6. En caso de que la resolución desestimatoria esté fundada en la existencia de derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de terceros, el órgano competente deberá incluir una referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos cuando ésta sea conocida, o, alternativamente, al cedente del que el organismo haya obtenido los documentos.

7. En todo caso, las resoluciones adoptadas deberán contener una referencia a las vías de recurso a que pueda acogerse en su caso el solicitante, en los términos previstos en el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.

Art. 11. Régimen sancionador.–1. En el ámbito de la Administración General del Estado, se considerarán infracciones muy graves a lo previsto en esta ley:

a) La desnaturalización del sentido de la información para cuya reutilización se haya concedido una licencia;

b) La alteración muy grave del contenido de la información para cuya reutilización se haya concedido una licencia.

2. Se considerarán infracciones graves:

a) La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente licencia en los casos en que ésta sea requerida;

b) La reutilización de la información para una finalidad distinta a la que se concedió;

c) La alteración grave del contenido de la información para cuya reutilización se haya concedido una licencia;

d) El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en la correspondiente licencia o en la normativa reguladora aplicable.

3. Se considerarán infracciones leves:

a) La falta de mención de la fecha de la última actualización de la información;

b) La alteración leve del contenido de la información para cuya reutilización se haya concedido una licencia;

c) La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de esta ley;

d) El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en la correspondiente licencia o en la normativa reguladora aplicable.

4. Por la comisión de las infracciones recogidas en este artículo, se impondrán las siguientes sanciones:

a) Sanción de multa de 50.001 a 100.000 euros por la comisión de infracciones muy graves;

b) Sanción de multa de 10.001 a 50.000 euros por la comisión de infracciones graves;

c) Sanción de multa de 1.000 a 10.000 euros. Por la comisión de infracciones leves.

Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, además de las sanciones previstas en las letras a) y b), se podrá sancionar con la prohibición de reutilizar documentos sometidos a licencia durante un periodo de tiempo entre 1 y 5 años y con la revocación de la licencia concedida.

5. Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la información reutilizada, al volumen de dicha información, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, en particular a los que se refieren a la protección de datos de carácter personal, a la reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.

6. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la presente ley, de conformidad con lo dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Su ejercicio corresponderá a los órganos competentes que la tengan atribuida por razón de la materia.

7. El régimen sancionador previsto en esta ley se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrirse, que se hará efectiva de acuerdo con las correspondientes normas legales.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Planes y programas.–El Gobierno, a propuesta de los Ministerios competentes, desarrollará planes y programas de actuaciones dirigidos a facilitar la reutilización de la información del sector público en aras de promover el crecimiento del sector de contenidos digitales, pudiendo establecer con el resto de las Administraciones públicas los mecanismos de colaboración que se estimen pertinentes para la consecución de dicho objetivo.

Segunda. Aplicación a otros organismos.–1. Lo previsto en la presente ley será de aplicación a los documentos conservados por organismos e instituciones diferentes a los mencionados en el artículo 2, a los que, en los términos previstos en su normativa reguladora, resulte aplicable en su actividad la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las previsiones contenidas en la presente ley serán de aplicación a las sentencias y resoluciones judiciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 107.10 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y su desarrollo específico.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Régimen transitorio aplicable a los acuerdos exclusivos.–Los acuerdos exclusivos existentes a los que no se aplique la excepción contemplada en el artículo 6 concluirán cuando expire el contrato y, en cualquier caso, no más tarde del 31 de diciembre de 2008.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Fundamento constitucional.–La presente ley tiene carácter de legislación básica al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Se exceptúa el artículo 11 y los apartados 1 (párrafos segundo y tercero), 3 y 8 del artículo 10.

Segunda. Desarrollo reglamentario.–El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, dictará cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de lo establecido en esta ley.

Tercera. Entrada en vigor.–Esta Ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

[1] La Ley 30/1992 regula en su artículo 37 el derecho de acceso a Archivos y Registros, estableciendo limitaciones en su apartado 5 y disponiendo un régimen especial de acceso a ciertos documentos en su apartado 6:

«5. El derecho de acceso no podrá ser ejercido respecto a los siguientes expedientes:

a) Los que contengan información sobre las actuaciones del Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias constitucionales no sujetas a Derecho Administrativo.

b) Los que contengan información sobre la Defensa Nacional o la Seguridad del Estado.

c) Los tramitados para la investigación de los delitos cuando pudiera ponerse en peligro la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.

d) Los relativos a las materias protegidas por el secreto comercial o industrial.

e) Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria.

6. Se regirán por sus disposiciones específicas:

a) El acceso a los archivos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas.

b) El acceso a documentos y expedientes que contengan datos sanitarios personales de los pacientes.

c) Los archivos regulados por la legislación del régimen electoral.

d) Los archivos que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito de la función estadística pública.

e) El Registro Civil y el Registro Central de Penados y Rebeldes y los registros de carácter público cuyo uso esté regulado por una Ley.

f) El acceso a los documentos obrantes en los archivos de las Administraciones Públicas por parte de las personas que ostenten la condición de Diputado de las Cortes Generales, Senador, miembro de una Asamblea legislativa de Comunidad Autónoma o de una Corporación Local.

g) La consulta de fondos documentales existentes en los Archivos Históricos.»

[2] Véase la Ley 9/1968, de 5 de abril («BOE» núm. 84, de 6 de abril), sobre Secretos Oficiales. Téngase, además, en cuenta la Ley 56/2007, de 18 de diciembre («BOE» núm. 312, de 29 de diciembre), de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, cuya disposición adicional 4.ª establece lo siguiente:

«Requerimientos de información para fines estadísticos y de análisis.–1. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, y los órganos estadísticos de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de estadística, podrán requerir de los fabricantes de productos y proveedores de servicios referentes a las Tecnologías de la Información, a la Sociedad de la Información, a los contenidos digitales y al entretenimiento digital la información necesaria para el ejercicio de sus funciones para fines estadísticos y de análisis.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá dictar circulares que deberán ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado, en las cuales se expondrá de forma detallada y concreta el contenido de la información que se vaya a solicitar, especificando de manera justificada la función para cuyo desarrollo es precisa tal información y el uso que pretende hacerse de la misma.

No obstante lo señalado en el párrafo precedente, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá en todo caso realizar requerimientos de información particularizados sin necesidad de que previamente se dicte una circular de carácter general.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información podrá realizar las inspecciones que considere necesarias con el fin de confirmar la veracidad de la información que en cumplimiento de los citados requerimientos le sea aportada.

Los datos e informaciones obtenidos por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en el desempeño de sus funciones, que tengan carácter confidencial por tratarse de materias protegidas por el secreto comercial, industrial o estadístico, sólo podrán ser cedidos a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias. El personal de dichas Administraciones Públicas que tenga conocimiento de estos datos estará obligado a mantener el debido secreto y sigilo respecto de los mismos.

Las entidades que deben suministrar esos datos e informaciones podrán indicar, de forma justificada, qué parte de los mismos consideran de trascendencia comercial o industrial, cuya difusión podría perjudicarles, a los efectos de que sea declarada su confidencialidad respecto de cualesquiera personas o entidades que no sean la propia Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, la Administración General del Estado o las Comunidades Autónomas, previa la oportuna justificación. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información decidirá, de forma motivada, sobre la información que, según la legislación vigente, esté exceptuada del secreto comercial o industrial y sobre la amparada por la confidencialidad.

[.......]

10. En caso de que la información recabada en ejercicio de las funciones establecidas en esta disposición adicional contuviera datos de carácter personal será de aplicación lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y en su normativa de desarrollo.»

[3] Ténganse en cuenta los artículos 9 y 10 del Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre (§ 16). Adviértase, además, que la Ley 56/2007, de 18 de diciembre («BOE» núm. 312, de 29 de diciembre), de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, dispone:

«Disposición adicional 16.ª Contenidos digitales de titularidad pública para su puesta a disposición de la sociedad.–Siempre que por su naturaleza no perjudique al normal funcionamiento de la Administración, ni afecte al interés público o al interés general, los contenidos digitales o digitalizados de que dispongan las Administraciones Públicas, cuyos derechos de propiedad intelectual le pertenezcan sin restricciones o sean de dominio público, serán puestos a disposición del público, en los términos legalmente establecidos, de forma telemática sin restricciones tecnológicas, para su uso consistente en el estudio, copia o redistribución, siempre que las obras utilizadas de acuerdo con lo anteriormente señalado citen al autor y se distribuyan en los mismos términos.

Disposición adicional 17.ª Cesión de contenidos para su puesta a disposición de la sociedad.–Las personas físicas o jurídicas podrán ceder sus derechos de explotación sobre obras para que una copia digitalizada de las mismas pueda ser puesta a disposición del público de forma telemática, sin restricciones tecnológicas o metodológicas, y libres para ser usado con cualquier propósito, estudiados, copiados, modificados y redistribuidos, siempre que las obras derivadas se distribuyan en los mismos términos.»

[4] Respecto a la transferencia de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en Organismos públicos de Investigación, Universidades, Fundaciones y otros Centros investigadores de carácter público, ténganse en cuenta los artículos 53 a 56 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo («BOE» núm. 55, de 5 de marzo), de Economía Sostenible, que establecen lo siguiente:

«Artículo 53. Ámbito de aplicación.–1. Las disposiciones de este Capítulo son de aplicación a los Organismos públicos de investigación, las universidades públicas, las fundaciones del sector público estatal, las sociedades mercantiles estatales y otros centros de investigación dependientes de la Administración General del Estado.

2. Estas disposiciones son aplicables a los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación realizadas como consecuencia del desempeño de las funciones que les son propias, por el personal investigador de las entidades mencionadas en el apartado anterior, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ellas.

3. Se considerarán objeto de propiedad industrial y de propiedad intelectual los reconocidos como tales en la legislación vigente al respecto.

Art. 54. Titularidad y carácter patrimonial de los resultados de la actividad investigadora y del derecho a solicitar los correspondientes títulos de propiedad industrial e intelectual para su protección.–1. Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e innovación a las que se refiere el artículo anterior, así como el derecho a solicitar los títulos de propiedad industrial adecuados para su protección jurídica pertenecerán a las entidades cuyos investigadores los hayan obtenido en el ejercicio de las funciones que les son propias.

2. Los derechos de explotación relativos a la propiedad intelectual corresponderán a las entidades en que el autor haya desarrollado una relación de servicios, en los términos y con el alcance previsto en la legislación sobre propiedad intelectual.

Art. 55. Aplicación del derecho privado a las transmisiones a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora.–1. La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora a que se refiere el artículo anterior requerirá la previa declaración, por el titular del Ministerio a que esté adscrita o vinculada la entidad investigadora, o por el órgano competente de la universidad, de que el derecho no es necesario para la defensa o mejor protección del interés público.

2. La transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, bien se trate de cesión de la titularidad de una patente o de concesión de licencias de explotación sobre la misma, o de las transmisiones y contratos relativos a la propiedad intelectual, se regirá por el derecho privado, en los términos previstos por esta Ley y las disposiciones reguladoras y estatutos de las entidades a que se refiere el artículo 53, aplicándose los principios de la legislación del patrimonio de las Administraciones Públicas para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse.

3. La transmisión de derechos se llevará a cabo mediante adjudicación directa en los siguientes supuestos:

a) Cuando los derechos se transmitan a otra Administración Pública o, en general, a cualquier persona jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. A estos efectos, se entenderá por persona jurídica de derecho privado perteneciente al sector público la sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de una o varias Administraciones Públicas o personas jurídicas de derecho público.

b) Cuando los derechos se transmitan a una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública.

c) Cuando fuera declarado desierto el procedimiento promovido para la enajenación o éste resultase fallido como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde la celebración de los mismos. En este caso, las condiciones de la enajenación no podrán ser inferiores de las anunciadas previamente o de aquéllas en que se hubiese producido la adjudicación.

d) Cuando la titularidad del derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a favor de uno o más copropietarios.

e) Cuando la transmisión se efectúe a favor de quien ostente un derecho de adquisición preferente.

f) Cuando la titularidad del derecho corresponda a dos o más propietarios alguno de los cuales no pertenezca al sector público, y el copropietario o copropietarios privados hubieran formulado una propuesta concreta de condiciones de la transmisión. En este caso, los copropietarios públicos deberán aprobar expresamente las condiciones propuestas, previa verificación de la razonabilidad de las mismas.

g) Cuando por las peculiaridades del derecho, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación proceda la adjudicación directa.

h) Cuando resulte procedente por la naturaleza y características del derecho o de la transmisión, según la normativa vigente, como en los casos de las licencias de pleno derecho o de las licencias obligatorias.

4. En supuestos distintos de los enumerados en el apartado anterior, para la transmisión deberá seguirse un procedimiento basado en la concurrencia competitiva de interesados, en el que se garantice una difusión previa adecuada del objeto y condiciones de la misma, que podrá realizarse a través de las páginas institucionales mantenidas en internet por el organismo o entidad titular del derecho y el Departamento ministerial del que dependa o al que esté adscrito. En dicho procedimiento deberá asegurarse, asimismo, el secreto de las proposiciones y la adjudicación a la proposición económicamente más ventajosa.

5. En todo caso, la transmisión de los derechos sobre estos resultados se hará con una contraprestación que corresponda a su valor de mercado.

6. Cuando se transfiera la titularidad del derecho a una entidad privada deberá preverse, en la forma que reglamentariamente se determine, la inclusión en el contrato de cláusulas de mejor fortuna que permitan a las entidades públicas recuperar parte de las plusvalías que se obtengan en caso de sucesivas transmisiones de los derechos o cuando debido a circunstancias que no se hubieran tenido en cuenta en el momento de la tasación, se apreciase que el valor de transferencia de la titularidad del derecho fue inferior al que hubiera resultado de tenerse en cuenta dichas circunstancias.

Art. 56. Cooperación de los agentes públicos de ejecución con el sector privado a través de la participación en empresas innovadoras de base tecnológica.–1. Los Organismos públicos de investigación, las universidades y los demás agentes incluidos en el ámbito de aplicación de este Capítulo, podrán participar en el capital de sociedades mercantiles cuyo objeto social sea la realización de alguna de las siguientes actividades:

a) La investigación, el desarrollo o la innovación.

b) La realización de pruebas de concepto.

c) La explotación de patentes de invención y, en general, la cesión y explotación de los derechos de la propiedad industrial e intelectual.

d) El uso y el aprovechamiento, industrial o comercial, de las innovaciones, de los conocimientos científicos y de los resultados obtenidos y desarrollados por dichos agentes.

e) La prestación de servicios técnicos relacionados con sus fines propios.

2. Deberán ser objeto de autorización por el Consejo de Ministros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.f) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en relación con las sociedades a que se refiere el apartado anterior, los actos y negocios que impliquen que dichas sociedades adquieran o pierdan la condición de sociedad mercantil estatal, definida en el artículo 166.1.c) de la citada Ley 33/2003.

La participación de los Organismos Públicos de Investigación en el capital de las sociedades mercantiles a que se refiere el apartado 1 de este artículo cuyo capital sea mayoritariamente de titularidad privada requerirá la autorización previa del Departamento Ministerial al que estén adscritos.»

[5] Véase el artículo 2 del Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la presente Ley (§ 16).

[6] Artículo 7 del Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la presente Ley (§ 16).

[7] Véase el artículo 7 del Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre (§ 16).

§ 16 REAL DECRETO 1495/2011, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 37/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, SOBRE REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, PARA EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL

(«BOE» núm. 269, de 8 de noviembre)

La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, por medio de la cual se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reutilización de la información del sector público, establece el régimen jurídico general para la reutilización de dicha información.

La citada ley reconoce la importancia y el valor que tiene la información generada desde las instancias públicas por el interés que posee para las empresas y, consecuentemente, para el crecimiento económico y la creación de empleo. Asimismo, señala el interés de la citada información para los ciudadanos y ciudadanas, como elemento de apertura y participación democrática.

La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, no modifica el régimen de acceso a los documentos administrativos consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, sino que aporta un valor añadido al derecho de acceso, contemplando el régimen normativo básico para el uso por parte de terceros de la información que obra en poder del sector público, con fines comerciales o no comerciales, en un marco de libre competencia, regulando las condiciones mínimas a las que debe acogerse un segundo nivel de tratamiento de la información. En este sentido, la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, establece las bases para promover la reutilización de la información pública y garantiza que ésta se lleve a cabo en el marco de unas condiciones claras, transparentes y no discriminatorias.

Por otra parte, favorecer la reutilización de la información pública figura entre los objetivos políticos establecidos para la Administración Electrónica en la Declaración Ministerial de Malmö, de noviembre de 2009, que fija las prioridades de la Unión Europea dentro de este ámbito para el periodo 2010-2015, y han sido desarrolladas en el Plan de Acción de la Unión Europea sobre Administración Electrónica en el período 2011-2015. Este objetivo se ha visto consolidado en la Declaración Ministerial de Granada, de abril de 2010, y en la nueva Agenda Digital Europea, de mayo de 2010, que guiará el futuro de la Unión Europea en materia de sociedad de la información hasta el año 2015.

El presente real decreto se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen la Estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2, que prevé entre sus medidas normativas el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, al objeto de detallar para el ámbito del sector público estatal las disposiciones de esta Ley, promoviendo y facilitando al máximo la puesta a disposición de la información del sector público.

El capítulo I del real decreto establece en el artículo 1 su objeto y ámbito de aplicación, manteniendo el ámbito de aplicación objetiva de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, y acotando su ámbito de aplicación subjetiva al sector público estatal.

El capítulo II del real decreto contiene el régimen jurídico de la reutilización de la información del sector público estatal. Así, el artículo 2 establece el principio general de que, en el ámbito del sector público estatal, estará autorizada la reutilización de los documentos elaborados o custodiados por las personas jurídico-públicas que lo forman, sin perjuicio del régimen aplicable al derecho de acceso a los documentos establecido en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de las demás normas que regulan el derecho de acceso o la publicidad registral con carácter específico.

El artículo 3 del real decreto tiene por objeto regular determinadas responsabilidades y funciones en materia de reutilización en cada departamento ministerial, organismo o entidad del sector público.

El artículo 4 del real decreto supone un desarrollo de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 4 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre. En este artículo se establece que las entidades del sector público estatal informarán, a través de su sede electrónica, sobre los documentos reutilizables elaborados o custodiados por ellas. La publicación de la información sobre los documentos reutilizables en la sede electrónica, prevista en el artículo 4 no implica necesariamente que los propios documentos reutilizables se pongan a disposición del público a través de la sede electrónica, siendo posible que dicha puesta a disposición se realice a través de páginas de Internet u otros medios electrónicos.

El artículo 5 prevé el mantenimiento de un catálogo de información pública reutilizable correspondiente, al menos, a la Administración General del Estado y demás organismos y entidades que forman parte del sector público estatal, que permitirá acceder desde un único punto a los recursos de información pública reutilizable existentes.

El artículo 6 establece determinados mecanismos de coordinación pertinentes en el ámbito del sector público estatal, en particular, en lo que se refiere a la puesta a disposición de información reutilizable por medios electrónicos.

El capítulo III desarrolla el régimen de modalidades de reutilización de los documentos reutilizables establecido en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, promoviendo al máximo la homogeneidad, claridad y sencillez del régimen de condiciones aplicables a la reutilización, contribuyendo de este modo al mayor aprovechamiento de las posibilidades de reutilización y a impulsar la competencia y la innovación.

El artículo 7 establece ciertas condiciones generales para la reutilización de la información, exigibles en todo caso, que constituyen un desarrollo de los contenidos potestativos establecidos en el artículo 8 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre. Entre otras condiciones, se prohíbe que el sentido de la información sea desnaturalizado, es decir, que sea tergiversado o falseado.

El apartado 1 del artículo 8 establece que, en el ámbito subjetivo de aplicación del real decreto, la modalidad general de puesta a disposición de los documentos reutilizables será la puesta a disposición para la reutilización sin sujeción a condiciones específicas, siendo únicamente aplicables las condiciones generales antes mencionadas. De este modo, el real decreto establece como regla general de aplicación la modalidad más favorable a la reutilización, que deberá ser la que se siga en la generalidad de los casos. No obstante, para los supuestos en los que la modalidad general de puesta a disposición no resulte adecuada, se puede considerar el establecimiento de condiciones específicas adicionales a las condiciones generales previstas en este artículo. En tales supuestos, se podrá optar por aplicar alguna de las otras modalidades de puesta a disposición establecidas en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, en los términos desarrollados por los apartados 2 a 4 del artículo 8 del real decreto. Asimismo, se prevé que la puesta a disposición a través del procedimiento de solicitud previa establecido en el artículo 10 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sólo sea empleado cuando la naturaleza de los documentos así lo exija, por ejemplo, cuando correspondan a documentos que no preexistan en formato electrónico y en otros casos excepcionales debidamente motivados.

El capítulo IV regula el régimen aplicable a los documentos reutilizables sujetos a derechos de propiedad intelectual o que contengan datos personales.

Conforme a lo establecido en el artículo 3.3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, el artículo 9 prevé que la reutilización de los documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros sólo podrá ser autorizada si se dispone de la preceptiva y suficiente cesión de los derechos de explotación por parte de las personas titulares de los mismos.

Por su parte, el artículo 10 desarrolla el mandato establecido en el artículo 3.3.e), de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de que el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de las Administraciones y organismos del sector público sobre sus documentos deberá realizarse de forma que se facilite su reutilización, previendo que la puesta a disposición de los documentos para su reutilización conllevará la cesión no exclusiva de los derechos de propiedad intelectual correspondientes.

Finalmente, el artículo 11 establece, en relación con los documentos que contengan datos de carácter personal, que podrá procederse a autorizar su reutilización siempre y cuando se proceda previamente a un proceso de disociación, de conformidad con lo establecido en la normativa de protección de datos de carácter personal.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el uso del masculino genérico en el texto de esta disposición debe considerarse como inclusivo de ambos géneros.

El presente real decreto se dicta en virtud de la habilitación contenida en la disposición final segunda de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre y ha sido informado por el Consejo Superior de Administración Electrónica y el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y sometido a consulta pública.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, y del Vicepresidente del Gobierno de Política Territorial y Ministro de Política Territorial y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de octubre de 2011, dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.–1. El presente real decreto tiene por objeto desarrollar la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, en el ámbito del sector público estatal, en lo relativo al régimen jurídico de la reutilización, las obligaciones del sector público estatal, las modalidades de reutilización de los documentos reutilizables y el régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos de propiedad intelectual o que contengan datos personales.

2. Se entiende que forman parte del sector público estatal, a los efectos de esta norma, los siguientes entes, organismos y entidades:

a) La Administración General del Estado.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos y las agencias estatales dependientes de la Administración General del Estado.

d) Las entidades de derecho público dependientes de la Administración General del Estado o vinculadas a ella, que cumplan los requisitos del artículo 2.d) de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre.

e) Las entidades estatales de derecho público distintas a las mencionadas en los párrafos c) y d) de este apartado y que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

f) Las fundaciones del sector público estatal, definidas en el artículo 44 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

g) Los consorcios, formados por entes, entidades u organismos del sector público estatal, dotados de personalidad jurídica propia.

h) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades mencionados en los párrafos anteriores de este apartado.

3. El presente real decreto se aplicará a los documentos elaborados o custodiados por el sector público estatal cuya reutilización esté autorizada conforme a la Ley 37/2007, de 16 de noviembre y a esta norma y que no se encuentren recogidos en las excepciones previstas en el artículo 3 de la misma Ley.

4. Lo previsto en este real decreto no restringirá las previsiones más favorables que, sobre acceso o reutilización de la información, se establezcan en las disposiciones sectoriales específicas.

5. A los efectos de esta norma se entiende por «agente reutilizador» toda persona, física o jurídica que reutilice información del sector público, ya sea para fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública.

CAPÍTULO II

Régimen jurídico y organizativo de la reutilización de la información en el sector público estatal

Art. 2. Autorización general para la reutilización de los documentos del sector público y puesta a disposición por medios electrónicos.–1. Los órganos de la Administración General del Estado y los demás organismos y entidades a que se hace referencia en el artículo 1.2 autorizarán la reutilización de los documentos elaborados o custodiados por ellos e incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en el régimen aplicable al derecho de acceso a los documentos en virtud de lo previsto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las demás normas que regulan el derecho de acceso, la reutilización de la información del sector público o la publicidad registral con carácter específico. Únicamente podrá denegarse motivadamente la reutilización de los documentos si concurre alguno de los supuestos establecidos en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre.

2. Se pondrán a disposición del público los documentos reutilizables que se encuentren previamente disponibles en formato electrónico por medios electrónicos, de una manera estructurada y usable para los interesados e interesadas y preferentemente en bruto, en formatos procesables y accesibles de modo automatizado correspondientes a estándares abiertos en los términos establecidos en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Asimismo, los documentos reutilizables y los medios electrónicos de puesta a disposición de los mismos deberán ser accesibles a las personas con discapacidad de acuerdo con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y su normativa de desarrollo aplicable.

3. Se procurará que la información puesta a disposición se actualice en un tiempo razonable que permita el uso adecuado de dicha información, con una frecuencia análoga con la que actualicen dicha información internamente, así como su disponibilidad, incluida la temporal, completitud e integridad de acuerdo con el marco normativo aplicable en cada caso.

4. Los documentos en formato electrónico reutilizables podrán incluir entre sus metadatos una indicación de su última fecha de actualización y una referencia a las condiciones de reutilización aplicables en cada momento conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 8, en los términos que se establezcan conforme al Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.

5. Los documentos reutilizables en formato no electrónico serán puestos a disposición del público previa solicitud, en los términos establecidos en el artículo 8.4.

Art. 3. Coordinación en materia de reutilización de los órganos, organismos y entidades del sector público estatal.–1. Los órganos de la Administración General del Estado y los demás organismos y entidades a que se hace referencia en el artículo 1.2 contarán con un órgano encargado de la coordinación de las actividades de reutilización de la información.

En los departamentos ministeriales esta labor de coordinación recaerá en la persona titular de la Subsecretaría del departamento y en los organismos vinculados o dependientes en la persona titular de éstos, sin perjuicio de las atribuciones competenciales que establezcan normas sectoriales específicas y sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a los órganos que deban autorizar la reutilización de la información en cada caso.

En el ejercicio de esa labor de coordinación, corresponderá a dichos órganos:

a) Coordinar las actividades de reutilización de la información con las políticas del departamento u organismo relativas a las publicaciones, la información administrativa y la administración electrónica, así como coordinar la remisión de información sobre las actividades realizadas en materia de reutilización dentro de su ámbito a la Secretaría de Estado para la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, que la trasladará al Consejo Superior de Administración Electrónica.

b) Facilitar información sobre los órganos competentes dentro de su ámbito para la recepción, tramitación y resolución de las solicitudes de reutilización que se tramiten de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, así como coordinar la provisión de la información sobre los documentos reutilizables prevista en el artículo 4.

c) Resolver, cuando proceda, las quejas y sugerencias que se presenten en materia de reutilización de la información, conforme al Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado.

Los órganos de la Administración General del Estado y los demás organismos y entidades del sector público estatal referidos en el artículo 1.2 facilitarán a los correspondientes servicios de información de los Departamentos ministeriales o de dichos organismos y entidades los datos de contacto de aquellos que deban autorizar la reutilización de los documentos elaborados o custodiados por ellos, a efectos de que dichos servicios de información faciliten dichos datos de contacto al público, al menos, por medios electrónicos.

2. Los órganos de la Administración General del Estado y los demás organismos y entidades a que se hace referencia en el artículo 1.2 no serán responsables del uso que de su información hagan los agentes reutilizadores.

3. El ejercicio de la potestad sancionadora, con sujeción a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, corresponderá, en el caso de infracciones muy graves, a las personas titulares del departamento ministerial, y en el caso de infracciones graves o leves a los órganos titulares de la información pública correspondiente con rango mínimo de Dirección General. En el caso de los demás organismos mencionados en el artículo 1.2, la competencia corresponderá en todos los casos a la persona titular del organismo, ente o entidad de que se trate.

Art. 4. Información sobre los documentos susceptibles de reutilización.–1. Los órganos de la Administración General del Estado y los demás organismos y entidades a que se hace referencia en el artículo 1.2 informarán de manera estructurada y usable, preferentemente a través de un espacio dedicado de su sede electrónica con la ubicación «sede.gob.es/datosabiertos», sobre qué documentación es susceptible de ser reutilizada, los formatos en que se encuentra disponible, las condiciones aplicables a su reutilización, indicando la fecha de la última actualización de los documentos reutilizables, proporcionando, cuando esté disponible, la información complementaria precisa para su comprensión y procesamiento automatizado y facilitando al máximo la identificación, búsqueda y recuperación de los documentos disponibles para su reutilización mediante mecanismos tales como listados, bases de datos o índices de información reutilizable.

Igualmente, se informará, preferentemente a través de la correspondiente sede electrónica, sobre la modalidad o, en su caso, modalidades de puesta a disposición de los documentos reutilizables que sean de aplicación conforme a los artículos 7 y 8.

Se procurará que la información sobre los documentos reutilizables prevista en este apartado sea procesable y accesible de modo automatizado.

2. En caso de que apliquen tasas o precios públicos a la reutilización de sus documentos se publicará, preferentemente en la sede electrónica correspondiente, el listado de tasas y precios públicos que sean de aplicación, así como la base de cálculo utilizada para la determinación de los mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre.

Art. 5. Catálogo de Información Pública reutilizable.–1. La Secretaría de Estado para la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio mantendrán un catálogo de información pública reutilizable correspondiente, al menos, a la Administración General del Estado y a los demás organismos y entidades a que se refiere el artículo 1.2, que permita acceder, desde un único punto, a los distintos recursos de información pública reutilizable disponibles.

2. Este catálogo será accesible, al menos, desde el punto de acceso general previsto en el artículo 8 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y podrá enlazar e interoperar con iniciativas similares de la propia Administración General del Estado o de otras Administraciones Públicas en las condiciones que se convengan por ambas partes y en el marco de lo previsto en el presente real decreto.

3. Los órganos de la Administración General del Estado y los restantes organismos y entidades enumerados en el artículo 1.2 colaborarán con los departamentos ministeriales mencionados en el apartado 1 para la confección y el mantenimiento de dicho catálogo y asimismo serán responsables de la actualización constante de la información sobre los documentos reutilizables correspondiente a los mismos contenida en el citado catálogo, asegurando la plena coherencia del mismo con la información facilitada conforme al apartado 1 del artículo 4 de este real decreto.

Art. 6. Coordinación en materia de reutilización de la información del sector público en el ámbito de la Administración General del Estado.–1. El Consejo Superior de Administración Electrónica, sin perjuicio de las competencias asignadas a otros órganos, coordinará los aspectos técnicos, necesarios para la aplicación de lo dispuesto en esta norma, relacionados con la reutilización de la información por medios electrónicos.

El Consejo Superior de Administración Electrónica elaborará y publicará durante el tercer trimestre de cada año un informe anual sobre las actividades en materia de reutilización de la información pública por medios electrónicos, tomando en consideración la información que le sea facilitada conforme al párrafo a) del apartado 1 del artículo 3.

2. La Secretaría de Estado para la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ejercerán una función general de promoción de la reutilización de la información del sector público estatal, desarrollando, a tal efecto, actuaciones de información, asesoramiento general y soporte, sensibilización, formación y estudio en materia de reutilización, incluyendo, en su caso, el uso de redes sociales para la construcción de comunidades virtuales de administraciones, ciudadanos y ciudadanas y empresas con interés en la reutilización de la información pública.

3. Sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos, el Consejo Superior de Administración Electrónica evaluará periódicamente los aspectos técnicos de los servicios públicos relacionados con la reutilización de la información del sector público, y podrá dirigirse, de oficio o a instancia de parte, a otros órganos de la Administración General del Estado y los demás organismos y entidades del sector público estatal referidos en el artículo 1.2, para la obtención de información y, en su caso, para la búsqueda de soluciones consensuadas en casos de supuestos de información pública cuya reutilización esté sujeta a restricciones de índole técnica.

CAPÍTULO III

Modalidades de reutilización de los documentos reutilizables

Art. 7. Condiciones generales de puesta a disposición de los documentos reutilizables.–Serán de aplicación las siguientes condiciones generales para todas las modalidades de puesta a disposición de los documentos reutilizables:

a) No desnaturalizar el sentido de la información.

b) Citar la fuente de los documentos objeto de la reutilización.

c) Mencionar la fecha de la última actualización de los documentos objeto de la reutilización, siempre cuando estuviera incluida en el documento original.

d) No se podrá indicar, insinuar o sugerir que los órganos administrativos, organismos o entidades del sector público estatal titulares de la información reutilizada participan, patrocinan o apoyan la reutilización que se lleve a cabo con ella.

e) Conservar y no alterar ni suprimir los metadatos sobre la fecha de actualización y las condiciones de reutilización aplicables incluidos, en su caso, en el documento puesto a disposición para su reutilización por la Administración u organismo del sector público.

Estas condiciones generales serán accesibles mediante un aviso legal por medios electrónicos, de forma permanente, fácil y directa, preferentemente dentro de la ubicación «sede.gob.es/datosabiertos» de la sede electrónica del órgano de la Administración General del Estado, organismo o entidad correspondiente, y vincularán a cualquier agente reutilizador por el mero hecho de hacer uso de los documentos sometidos a ellas.

Dicho aviso legal incluirá el texto contenido en el anexo del presente real decreto.

Art. 8. Modalidades de puesta a disposición de los documentos reutilizables.–1. La modalidad general básica para la puesta a disposición de los documentos reutilizables a que se refiere este real decreto será la puesta a disposición sin sujeción a condiciones específicas, prevista en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, aplicándose únicamente las condiciones generales establecidas en el artículo 7.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los órganos de la Administración General del Estado y los demás organismos y entidades del sector público estatal referidos en el artículo 1.2, podrán optar de manera motivada por aplicar las modalidades previstas en los párrafos b) y c) del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, a la reutilización de determinados documentos que obren en su poder en los términos que se establecen en los siguientes apartados de este artículo.

A tal efecto, previamente y mediante orden ministerial o resolución del presidente del organismo correspondiente, salvo que por norma legal dicha competencia se atribuya específicamente a un órgano diferente, se determinará el régimen concreto de puesta a disposición aplicable, los documentos reutilizables sometidos al mismo y las condiciones específicas aplicables dentro del marco de lo dispuesto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre y las disposiciones de este real decreto. Las condiciones específicas deberán respetar, en todo caso, los criterios establecidos en el apartado 3 del artículo 4 de la misma Ley y deberán incluir, asimismo, los contenidos mínimos previstos en el artículo 9 de la misma.

3. La modalidad de puesta a disposición conforme al párrafo b) del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, se realizará con sujeción a condiciones específicas establecidas en licencias-tipo disponibles en formato digital y procesables electrónicamente. A tal efecto, los órganos de la Administración General del Estado y los demás organismos y entidades del sector público estatal referidos en el artículo 1.2 podrán emplear licencias-tipo existentes, denominadas «libres» siempre que se ajusten a lo establecido en este real decreto y demás normativa aplicable, o proceder a establecer licencias-tipo específicas.

En todo caso, las condiciones específicas establecidas en dichas licencias-tipo para cada tipo de información pública reutilizable serán accesibles por medios electrónicos, de forma permanente, fácil y directa, preferentemente en la sede electrónica del órgano de la Administración General del Estado, organismo o entidad correspondiente de las enumerados en el artículo 1.2, de manera que puedan ser descargadas, almacenadas y reproducidas por los agentes reutilizadores, vinculándoles por el mero hecho de hacer uso de los documentos sometidos a ellas.

Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado y los demás organismos y entidades del sector público estatal referidos en el artículo 1.2 facilitarán información al público por medios electrónicos sobre las licencias-tipo empleadas por el mismo a lo largo del tiempo y las condiciones específicas aplicables en cada momento, incluyendo expresamente información sobre su período de vigencia y posibles modificaciones de las condiciones específicas aplicables a la reutilización de cada tipo de información pública reutilizable.

Los agentes reutilizadores interesados podrán solicitar a dichos órganos administrativos, organismos y entidades una certificación del contenido de las condiciones específicas aplicables a un tipo de información pública en un momento determinado. Esta certificación será expedida preferentemente mediante medios electrónicos y, en todo caso, en un plazo máximo de 15 días.

4. La modalidad de puesta a disposición previa solicitud conforme al párrafo c) del apartado 2 del artículo 4 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, se empleará, con carácter general, cuando la naturaleza de los documentos reutilizables exija la tramitación de un procedimiento previa solicitud conforme al artículo 10 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, por ejemplo, cuando no preexistan en formato electrónico, y en otros casos excepcionales que sean definidos de manera motivada en la correspondiente orden ministerial o resolución del presidente del organismo o entidad correspondiente. Este procedimiento será tramitado preferentemente por medios electrónicos en los términos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y su normativa de desarrollo, figurando el acceso al mismo entre la información sobre la documentación susceptible de ser reutilizada descrita en el artículo 4.

CAPÍTULO IV

Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos de propiedad intelectual o que contengan datos personales

Art. 9. Documentos e información objeto de derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros.–La reutilización de los documentos que custodian los órganos de la Administración General del Estado y los demás organismos y entidades del sector público estatal referidos en el artículo 1.2 sobre los que existan derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros sólo podrá ser autorizada si tales órganos, organismos y entidades disponen u obtienen, cuando la reutilización concreta que se vaya a hacer lo exija y en los términos en que sea necesaria, la preceptiva y suficiente cesión de los derechos de explotación por parte de sus titulares.

Art. 10. Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de titularidad de los órganos administrativos, organismos o entidades del sector público estatal.–1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.e) de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, los órganos de la Administración General del Estado y los demás organismos y entidades del sector público estatal referidos en el artículo 1.2 deben ejercer sus derechos de propiedad intelectual sobre sus documentos de forma que se facilite su reutilización.

2. A tal efecto, la puesta a disposición de dichos documentos para su reutilización realizada conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 conllevará la cesión gratuita y no exclusiva de los derechos de propiedad intelectual correspondientes necesarios para desarrollar la actividad de reutilización autorizada, en cualquier modalidad y bajo cualquier formato, para todo el mundo y por el plazo máximo permitido por la Ley.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior podrá ser excepcionado, en todo lo no referente a la no exclusividad de la cesión, mediante el establecimiento de condiciones específicas de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 a 4 del artículo 8 cuando se empleen las modalidades de puesta a disposición previstas en los mismos, siempre dentro de los límites establecidos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, y, en particular, en su artículo 4.3 y en su artículo 6.

Art. 11. Reutilización de los documentos que contengan datos de carácter personal.–1. El acceso a documentos que contengan datos de carácter personal o referentes a la intimidad de las personas estará reservado a éstas, que podrán además ejercer sus derechos de rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo previsto en la legislación de protección de datos personales y el artículo 37.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. No obstante, siempre y cuando los medios técnicos y económicos lo permitan, deberá procederse a la disociación de los datos personales, en los términos que se derivan de lo establecido en el artículo 3.f) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el artículo 5.1.e) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de Desarrollo, a fin de permitir su reutilización por otras personas.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Ausencia de impacto presupuestario.–La aplicación de las previsiones contenidas en este real decreto no supondrá incremento del gasto público ni disminución de los ingresos públicos. Por tanto, los departamentos ministeriales, organismos y entidades afectados deben desarrollar las medidas derivadas de su cumplimiento ateniéndose a sus disponibilidades presupuestarias ordinarias, no dando lugar, en ningún caso, a planteamientos de necesidades adicionales de financiación.

Segunda. Adaptación del sector público estatal a las disposiciones de este real decreto.–Los órganos de la Administración General del Estado y los demás organismos y entidades del sector público estatal a que se hace referencia en el artículo 1.2 deberán adaptarse a las disposiciones de este real decreto en el plazo de un año desde su entrada en vigor.

En el citado plazo de un año, aprobarán un plan propio de medidas de impulso de la reutilización de la información del sector público por medios electrónicos, dentro de su ámbito de competencias, que incluirá el compromiso por parte de los departamentos ministeriales de publicar a través de tales medios, de una manera estructurada y usable para los interesados e interesadas y en bruto, en formatos procesables y accesibles de modo automatizado correspondientes a estándares abiertos, al menos cuatro conjuntos de documentos de alto impacto y valor en un plazo máximo de seis meses desde la finalización del plazo de adaptación previsto en el párrafo anterior.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificación del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.–El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, se modifica como sigue:

Uno. Se añade un nuevo párrafo l) al apartado 1 de la disposición adicional primera del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, que tendrá la siguiente redacción:

«l) Reutilización de recursos de información: tratará de las normas comunes sobre la localización, descripción e identificación unívoca de los recursos de información puestos a disposición del público por medios electrónicos para su reutilización.»

Dos. Se añade una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional quinta. Normativa técnica relativa a la reutilización de recursos de información.

La normativa relativa a la reutilización de recursos de información deberá estar aprobada a más tardar el 1 de junio de 2012.»

Segunda. Habilitación para el desarrollo normativo.– Por los Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Política Territorial y Administración Pública, se dictarán conjunta o separadamente, según las materias de que se trate, y en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones que exijan el desarrollo y aplicación de este real decreto.

Tercera. Autorización para la modificación del anexo.– Se autoriza a que mediante orden del Ministro de la Presidencia, a propuesta conjunta de los Ministros de Industria, Turismo y Comercio, y de Política Territorial y Administración Pública pueda modificarse el contenido del anexo de este real decreto, a fin de mantenerlo actualizado.

Cuarta. Entrada en vigor.–El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO

Aviso legal para la modalidad general de puesta a disposición de los documentos reutilizables regulada en el apartado 1 del artículo 8

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del presente real decreto se incluirá el siguiente texto en el aviso legal disponible por medios electrónicos, preferentemente en la ubicación «sede.gob.es/datosabiertos» de la sede electrónica del órgano administrativo, organismo o entidad correspondiente.

«Obligatoriedad de las condiciones generales.

Las presentes condiciones generales, disponibles con carácter permanente bajo “www.datos.gob.es/avisolegal”, vincularán a cualquier agente reutilizador por el mero hecho de hacer uso de los documentos sometidos a ellas.

Autorización de reutilización y cesión no exclusiva de derechos de propiedad intelectual.

Las presentes condiciones generales permiten la reutilización de los documentos sometidos a ellas para fines comerciales y no comerciales. Se entiende por reutilización el uso de documentos que obran en poder de los órganos de la Administración General del Estado y los demás organismos y entidades del sector público estatal referidos en el artículo 1.2 del Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público estatal, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública. La reutilización autorizada incluye, a modo ilustrativo, actividades como la copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación y combinación de la información.

El concepto de documento es el establecido en el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, por lo que comprende toda información cualquiera que sea su soporte material o electrónico así como su forma de expresión gráfica, sonora o en imagen utilizada, incluyendo, en consecuencia, también los datos en sus niveles más desagregados o “en bruto”.

Esta autorización conlleva, asimismo, la cesión gratuita y no exclusiva de los derechos de propiedad intelectual, en su caso, correspondientes a tales documentos, autorizándose la realización de actividades de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación, necesarias para desarrollar la actividad de reutilización autorizada, en cualquier modalidad y bajo cualquier formato, para todo el mundo y por el plazo máximo permitido por la Ley.

Condiciones generales para la reutilización.

Son de aplicación las siguientes condiciones generales para la reutilización de los documentos sometidos a ellas:

1. Está prohibido desnaturalizar el sentido de la información.

2. Debe citarse la fuente de los documentos objeto de la reutilización. Esta cita podrá realizarse de la siguiente manera: “Origen de los datos: [órgano administrativo, organismo o entidad del sector público estatal de que se trate]”.

3. Debe mencionarse la fecha de la última actualización de los documentos objeto de la reutilización, siempre cuando estuviera incluida en el documento original.

4. No se podrá indicar, insinuar o sugerir que la [órgano administrativo, organismo o entidad del sector público estatal de que se trate] titular de la información reutilizada participa, patrocina o apoya la reutilización que se lleve a cabo con ella.

5. Deben conservarse, no alterarse ni suprimirse los metadatos sobre la fecha de actualización y las condiciones de reutilización aplicables incluidos, en su caso, en el documento puesto a disposición para su reutilización.

Exclusión de responsabilidad.

La utilización de los conjuntos de datos se realizará por parte de los usuarios o agentes de la reutilización bajo su propia cuenta y riesgo, correspondiéndoles en exclusiva a ellos responder frente a terceros por daños que pudieran derivarse de ella.

[El órgano administrativo, organismo o entidad del sector público estatal de que se trate] no será responsable del uso que de su información hagan los agentes reutilizadores ni tampoco de los daños sufridos o pérdidas económicas que, de forma directa o indirecta, produzcan o puedan producir perjuicios económicos, materiales o sobre datos, provocados por el uso de la información reutilizada.

[El órgano administrativo, organismo o entidad del sector público estatal de que se trate] no garantiza la continuidad en la puesta a disposición de los documentos reutilizables, ni en contenido ni en forma, ni asume responsabilidades por cualquier error u omisión contenido en ellos.

Responsabilidad del agente reutilizador

El agente reutilizador se halla sometido a la normativa aplicable en materia de reutilización de la información del sector público, incluyendo el régimen sancionador previsto en el artículo 11 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.»

2. Con el objetivo de informar a los motores y sistemas automatizados de búsqueda en Internet, se incorporarán además en la codificación de la citada ubicación los mecanismos de localización de información pública reutilizable que se estimen oportunos. Para ello, si bien se podrán utilizar otras modalidades técnicas, se propone el siguiente comando básico, que enlaza con las condiciones generales de reutilización:

<a href=»http://www.datos.gob.es/avisolegal» rel=»license»>Aviso legal</a>

o bien el comando

<a href=»http://www.datos.gob.es/avisolegal»>Aviso legal</a>.

§ 17 REAL DECRETO 1778/1994, DE 5 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ADECUAN A LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, LAS NORMAS REGULADORAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OTORGAMIENTO, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE AUTORIZACIONES

(«BOE» núm. 199, de 20 de agosto de 1994, corrección de erratas en «BOE» núm. 250, de 19 de octubre de 1994)

La disposición adicional tercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, prevé que, reglamentariamente, en el plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se lleve a efecto la adecuación a la misma de las normas reguladoras de los distintos procedimientos administrativos, cualquiera que sea su rango.

En cumplimiento del referido mandato, este Real Decreto tiene por objeto adecuar a la Ley 30/1992 las normas reguladoras de los procedimientos para el otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones, acogiendo una concepción amplia del citado término, del que se formula una definición sintética que pone el acento principal en la salvaguardia del ordenamiento jurídico y del interés público que corresponde a la Administración, con independencia del ámbito material en que se ejerce la potestad autorizatoria.

En consecuencia, el concepto utilizado permite entender incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento todos aquellos supuestos que, bajo diferentes denominaciones (autorizaciones, licencias, permisos, habilitaciones y otros), responden a las mencionadas características en el ordenamiento jurídico vigente.

La adecuación de los procedimientos autorizatorios a la Ley 30/1992 se verifica mediante la regulación de determinados aspectos puntuales que son comunes a todos aquéllos, con independencia de la materia a que se refieran. Dichos aspectos son, sustancialmente, los referidos a la aportación de documentos, plazo de resolución, obligación de motivar las resoluciones que se dicten, fin de la vía administrativa, efectos de la falta de resolución expresa y posibilidad de terminación convencional.

El Real Decreto delimita el alcance del derecho reconocido a los interesados en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, determinando los supuestos en los cuales aquéllos no se hallan obligados a aportar documentos que ya obren en poder de la Administración actuante, todo ello al amparo de la habilitación contenida en la disposición final de dicho texto legal.

Por otra parte, el Real Decreto impone a la Administración la obligación de motivar todas las resoluciones dictadas en estos procedimientos, ya sean regladas o discrecionales, y con independencia de sus efectos favorables o desfavorables para los interesados. Con ello, haciendo uso de la previsión contenida en el artículo 54.1.f) de la Ley 30/1992, se refuerzan los principios de objetividad y transparencia de la actuación administrativa, y se posibilita una plena tutela de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.

La naturaleza específica de la potestad autorizatoria de la Administración justifica la eficacia estimatoria que el presente Real Decreto atribuye a la falta de resolución expresa. No obstante, esta regla general debe ceder, por exigencia legal, en aquellos casos en que la estimación supusiera la transferencia de facultades relativas al dominio público o al servicio público. Asimismo, se prevén los efectos desestimatorios de la falta de resolución expresa cuando concurran especiales consideraciones de orden público, seguridad o salud pública u otras de análoga relevancia.

Finalmente, y recogiendo los principios establecidos en la Ley 30/1992, se prevé la posibilidad de que los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones finalicen mediante una terminación convencional entre la Administración Pública y los solicitantes, garantizando el pleno respeto al interés público, cuya tutela se halla encomendada a la Administración actuante.

En su virtud, a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de agosto de 1994, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.–1. El presente Real Decreto se aplicará al otorgamiento, modificación y extinción de las autorizaciones administrativas, en los siguientes supuestos:

a) Procedimientos tramitados en su totalidad por la Administración General del Estado o por las entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de aquélla.

b) Procedimientos relativos a autorizaciones establecidas en materias de competencia normativa plena del Estado y cuya tramitación corresponda a otras Administraciones Públicas.

2. A los efectos de este Real Decreto, se entiende por autorizaciones todos aquellos actos administrativos, cualquiera que sea su denominación específica, por los que, en uso de una potestad de intervención legalmente atribuida a la Administración, se permite a los particulares el ejercicio de una actividad, previa comprobación de su adecuación al ordenamiento jurídico y valoración del interés público afectado.

3. El presente Real Decreto no será de aplicación a los procedimientos para el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

4. Quedan igualmente excluidos del ámbito de aplicación de este Real Decreto los supuestos de modificación y extinción de autorizaciones, cuando sean consecuencia de procedimientos de revisión de actos en vía administrativa, de la ejecución de sentencias judiciales, o de la imposición de sanciones administrativas.

5. A los procedimientos relativos a autorizaciones reguladas en normas de Derecho Comunitario o Tratados Internacionales de los que sea parte España, se les aplicará el presente Real Decreto, en cuanto no contradiga las citadas disposiciones.

Art. 2. Aportación de documentos.–Cuando los documentos exigidos a los interesados por la normativa aplicable ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento a que correspondan.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, debidamente justificada en el expediente, el órgano competente podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

Art. 3. Resolución.–1. El plazo máximo para la resolución de los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones será el que establezca su normativa reguladora y, en su defecto, el de tres meses.

2. Las resoluciones de estos procedimientos serán siempre motivadas.

3. Las citadas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa, excepto en los supuestos determinados en las normas correspondientes.

Art. 4. Efectos de la falta de resolución expresa.–1. Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento, sin que haya recaído resolución expresa, se producirán los siguientes efectos jurídicos:

a) Las solicitudes de otorgamiento y modificación de autorizaciones podrán entenderse estimadas, salvo en los supuestos recogidos en el anexo de este Real Decreto.

b) Las solicitudes de extinción de autorizaciones podrán entenderse estimadas.

c) En los procedimientos de modificación y extinción iniciados de oficio, se producirá la caducidad en los términos previstos en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992[1].

2. Para la eficacia de las resoluciones presuntas a que se refieren los epígrafes a) y b) del apartado anterior se requiere la emisión de la certificación prevista en el artículo 44 de la Ley 30/1992[2], de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días desde que fue solicitada o que, habiéndose solicitado dicha certificación, ésta no se haya emitido transcurrido el citado plazo.

En el transcurso del plazo para la emisión de la certificación se podrá resolver expresamente sobre el fondo, de acuerdo con la norma reguladora de la autorización, y sin
vinculación con los efectos atribuidos a la resolución presunta cuya certificación se ha solicitado.

Art. 5. Terminación convencional.–1. Cuando por la naturaleza de la actividad las normas reguladoras de la autorización así lo prevean, se podrá finalizar el procedimiento mediante acuerdo entre la Administración y los interesados.

En cualquier caso, la terminación convencional deberá garantizar el interés público para cuya salvaguardia se exige la autorización correspondiente.

2. A los efectos expresados en el apartado anterior, los solicitantes o el órgano competente para la instrucción del procedimiento podrán, en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución, proponer un acuerdo referido al objeto de la autorización.

3. En caso de conformidad del órgano instructor y de los solicitantes, la propuesta se remitirá, con todo lo actuado, al órgano competente para resolver, quien lo hará con libertad de criterio.

4. Formalizado, en su caso, el acuerdo, éste producirá iguales efectos que la resolución del procedimiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Procedimientos de autorización en materia tributaria.–El presente Real Decreto será de aplicación supletoria a los procedimientos relativos a autorizaciones que se dicten en materia tributaria.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Régimen transitorio de los procedimientos.–1. Los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto que se hayan iniciado con anterioridad a su entrada en vigor, se regirán por la normativa anterior.

2. A las resoluciones de los procedimientos incluidos en el ámbito de aplicación de este Real Decreto, adoptadas con posterioridad a su entrada en vigor, se les aplicará el sistema de recursos establecido en el capítulo II del Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–Quedan derogadas cuantas disposiciones, cualquiera que sea su rango, se opongan o contradigan lo dispuesto en el presente Real Decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor.–El presente Real Decreto entrará en vigor el día 27 de agosto de 1994.

ANEXO

Procedimientos en los que, conforme al artículo 4.1.a) del Real Decreto, la falta de resolución expresa puede considerarse desestimatoria de la solicitud:

[.......]

E) Ordenación económica y financiera.

[.......]

14. Autorización de funcionamiento de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual a las que se refiere el Título IV del Libro III de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual[3].

[1]Tras la modificación operada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («BOE» núm. 12, de 14 de enero), el artículo de la Ley 30/1992 a que debe entenderse hecha la referencia es el 44.2.

[2]Téngase presente que la modificación realizada por la Ley 4/1999, de 13 de enero («BOE» núm. 12, de 14 de enero), deja sin efecto el contenido del artículo citado de la Ley 30/1992.

[3]En la actualidad título IV del Libro III de la Ley de Propiedad Intelectual cuyo texto refundido ha sido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

DEPÓSITO LEGAL

§ 18 LEY 23/2011, DE 29 DE JULIO, DE DEPÓSITO LEGAL

(«BOE» núm. 182, de 30 de julio)

PREÁMBULO

I

El patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de las culturas de España es uno de los más ricos y representativos del mundo y debe ser preservado en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Para que éste pueda ser accesible a todos los ciudadanos y contribuya al desarrollo cultural, social y económico de España como sociedad libre y democrática, es preciso contar con la colaboración de editores, impresores, productores, así como del mundo bibliotecario, cuya actuación conjunta resulta imprescindible para conservar ese patrimonio, en unos casos, cediendo en depósito a las Administraciones Públicas ejemplares o copias de todos los recursos de información creados en cualquier soporte o medio que se distribuya públicamente, y en otros, gestionando la accesibilidad universal a esos recursos.

Inicialmente concebido sólo como una figura de control bibliográfico nacional, el depósito legal ha pasado a configurarse en los Estados democráticos como un servicio público gratuito al sector editorial para suministrar originales de obras en dominio público, y como una garantía de la libertad de expresión y del acceso a la información de los ciudadanos y, con el advenimiento de la sociedad del conocimiento, como una pieza del desarrollo económico y social de un país.

La figura del depósito legal fue introducida en España por primera vez en 1616 para las obras impresas en la Corona de Aragón y en 1619 para las obras impresas en la Corona de Aragón y el Reino de Castilla, cuando Felipe III, por Real Decreto de 12 de enero, concede a la Real Biblioteca de El Escorial el privilegio de recibir un ejemplar de cuantos libros se imprimiesen. Felipe V amplía este privilegio mediante Real Cédula de 26 de julio de 1716, a la recién fundada Librería Real, hoy Biblioteca Nacional de España.

Desde aquella fecha ha sido una preocupación constante el cumplimiento de esta obligación, dando lugar a diversas y sucesivas disposiciones. El Decreto de 23 de diciembre de 1957 amplió la variedad de los materiales sujetos al depósito legal y previó la incorporación de otros recursos entonces inexistentes. Con el número de depósito legal y el sistema administrativo desarrollado para su control, se consiguió por primera vez un cumplimiento eficaz del depósito de los materiales.

En el ámbito internacional han sido varios los estudios auspiciados por la UNESCO, siempre en la línea de la profundización y universalización del depósito legal, así como la actividad llevada a cabo en el mismo sentido y sistemáticamente por la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA).

Asimismo, las formas de expresión intelectual y artística han evolucionado, se han creado nuevos medios de publicación y hoy en día las publicaciones electrónicas forman parte habitual de muchos patrimonios nacionales de obras publicadas, haciendo imprescindible la revisión de las normativas sobre depósito legal.

Como novedad en el caso que nos ocupa cabe resaltar que la ley introduce un cambio de adaptación a la realidad del mundo de las publicaciones, que se basa en el nuevo papel que se atribuye al editor. La presencia del editor como sujeto depositante principal va a significar una gran mejora de las colecciones custodiadas por los centros depositarios, ya que permitirá que los documentos ingresen íntegros, que las publicaciones seriadas no queden faltas de fascículos y, finalmente, que se ingrese todo lo que se edita en España, aun cuando no haya sido producido en su territorio. Además, permitirá que las colecciones de las bibliotecas autonómicas respondan a su realidad editorial.

Por otra parte, conviene insistir en las ventajas que el depósito legal tiene para los obligados a constituirlo, dada su repercusión en el incremento de la visibilidad y publicidad de sus publicaciones, el mejor control bibliográfico que proporciona y la garantía a largo plazo de la disponibilidad de su material, lo que puede tener notable valor cuando el original se ha perdido o destruido.

Debe también destacarse que se ha buscado compatibilizar la prestación del servicio público de la institución jurídica del depósito legal con la reducción de las cargas administrativas al disminuir sustancialmente el número de ejemplares que el sector editorial debe aportar a la Administración.

Otro aspecto novedoso de esta ley es que contempla el depósito de los nuevos soportes de la edición y de los documentos en red. En el ámbito de la Unión Europea se ha propuesto y recomendado la adopción de iniciativas por los Estados miembros en el campo de la conservación digital del material cultural. Las instituciones de la Unión han advertido sobre los desafíos que plantea el depósito del patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital en un entorno digital y han propuesto soluciones cuyo objetivo es la exploración de nuevas técnicas de recogida de material en línea con fines de difusión y conservación.

En este contexto, la Estrategia Europa 2020 y sus iniciativas emblemáticas, entre otras, la Agenda Digital Europea y la Estrategia de Innovación, recogen el impulso que desde las principales instituciones europeas se pretende dar a la conservación de contenidos digitales con vistas a garantizar su acceso a las generaciones futuras. De este modo, en esta ley se contemplan los supuestos tanto de las publicaciones en forma de ejemplares digitales tangibles, como las publicaciones difundidas únicamente a través de redes electrónicas.

En España, a la necesidad de renovación de contenidos normativos se suma la de adecuar el ordenamiento jurídico del depósito legal al Estado de las Autonomías y a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Asimismo, la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, puso de manifiesto la importancia de elaborar una ley sobre la materia que se adaptase a estas nuevas circunstancias. De este modo, en su disposición adicional primera, se dice que el Gobierno, en el plazo máximo de un año, remitirá un proyecto de ley para adaptar la normativa vigente a la realidad del Estado de las Autonomías, a la aparición de nuevos soportes y a los cambios producidos en el sector editorial.

II

El artículo 149.2 de la Constitución Española constituye título competencial para la actividad del Estado en materia de depósito legal por cuanto dispone que «sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas».

La regulación que se hace del depósito legal en la presente ley lo configura no sólo como una prestación patrimonial pública, sino que cifra su esencia y verdadera finalidad en la reunión, conservación y difusión de las publicaciones del patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de las culturas de España. A estos efectos, es cuestión pacífica en la doctrina jurídica que los bienes, que por su naturaleza constituyen ese patrimonio, forman parte del patrimonio cultural de un país y por tanto del genérico concepto constitucional de la «cultura», y es en base a ello como se articula esta renovación normativa y el cambio de sujeto obligado principal al depósito legal, trasladando ese protagonismo del impresor al editor.

La ley adopta también instrumentos para proveer al Estado de la información necesaria para nutrir sus estadísticas en materia de producción editorial, que se alimentan de los materiales efectivamente conservados por la Biblioteca Nacional de España y que cuenta con el amparo constitucional previsto en el artículo 149.1.31.ª de la Constitución Española.

En la Biblioteca Nacional de España se elabora igualmente, con distintos criterios pero sobre los mismos materiales, la Bibliografía española, registro exhaustivo de las publicaciones producidas y distribuidas en España. Este registro, de carácter informativo y nutrido de los materiales y datos proporcionados por las Comunidades Autónomas, presenta por su parte los rasgos definidos por la jurisprudencia constitucional para caracterizar los registros centrales de carácter informativo (STC 197/1996, de 3 de enero de 1997).

Por su parte, el artículo 149.1.28.ª de la Constitución Española fundamenta la competencia del Estado en materia de museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.

Asimismo, y como se especifica en la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, el artículo 149.1.9.ª de la Constitución Española aporta otro título competencial del Estado en la materia, en la medida en que el depósito legal tiene por misión fundamental la preservación de la cultura, haciendo posible que cualquier persona pueda acceder al patrimonio cultural, intelectual y bibliográfico, al tiempo que coadyuva a la protección de los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

La ley cuenta con 20 artículos agrupados en cinco capítulos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, y cuatro disposiciones finales.

El Capítulo I establece las disposiciones relativas a la institución del depósito legal y sus objetivos, así como una serie de definiciones a los efectos de esta ley.

El Capítulo II se refiere a la obligación del depósito legal y señala cuáles son las publicaciones objeto del depósito legal, así como los sujetos obligados al mismo, conteniendo una especificación relativa a las publicaciones electrónicas en línea.

El Capítulo III se refiere a la administración del depósito legal y a las instituciones implicadas en la misma, como son los centros de conservación y las oficinas de depósito legal.

El Capítulo IV determina las disposiciones relativas a la constitución del depósito legal y al número de ese depósito, con una consideración específica sobre las publicaciones electrónicas.

El Capítulo V establece, en último lugar, el régimen de infracciones y sanciones.

La Disposición adicional primera regula los convenios de colaboración.

La Disposición adicional segunda prevé el establecimiento de un instrumento de participación de los sectores afectados en materia de depósito legal.

La Disposición adicional tercera contempla el supuesto en que existirá obligación de librar un ejemplar a las bibliotecas públicas que determinen las Comunidades Autónomas con lengua cooficial.

La Disposición derogatoria única deroga todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en ésta, así como las disposiciones reglamentarias actualmente vigentes que constituyen el derecho estatal en la materia.

La Disposición final primera establece cuáles son los títulos competenciales habilitantes para la aprobación de esta ley, mientras que la Disposición final segunda regula la habilitación normativa al Gobierno para que éste dicte cuantas disposiciones resulten necesarias para la aplicación y desarrollo de la ley en el ámbito de sus competencias. La disposición final tercera prevé la regulación reglamentaria del procedimiento de constitución del depósito de publicaciones electrónicas.

Por último, la Disposición final cuarta regula la entrada en vigor del texto legal.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de esta ley.–La presente ley tiene por objeto regular el depósito legal, que se configura como la institución jurídica que permite a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas recoger ejemplares de las publicaciones de todo tipo reproducidas en cualquier clase de soporte y destinadas por cualquier procedimiento a su distribución o comunicación pública, sea ésta gratuita u onerosa, con la finalidad de cumplir con el deber de preservar el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de las culturas de España en cada momento histórico, y permitir el acceso al mismo con fines culturales, de investigación o información, y de reedición de obras, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en la legislación sobre propiedad intelectual [1].

Art. 2. Objetivos del depósito legal.–Son objetivos del depósito legal:

1. Recopilar, almacenar y conservar, en los centros de conservación de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, las publicaciones que constituyen el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital español, con objeto de preservarlo y legarlo a las generaciones futuras, velar por su difusión y permitir el acceso al mismo para garantizar el derecho de acceso a la cultura, a la información y a la investigación.

2. Recoger la información precisa para confeccionar las estadísticas oficiales sobre el patrimonio de referencia.

3. Describir el conjunto de la producción bibliográfica, sonora, visual, audiovisual y digital española, con el fin de difundirla, y posibilitar el intercambio de datos con otras agencias o instituciones bibliotecarias españolas y extranjeras.

4. Permitir el acceso y la consulta de las publicaciones almacenadas, bien en las instalaciones de los propios centros de conservación o bien a través de bases de datos en línea de acceso restringido, asegurando su correcta conservación y respetando en todo caso la legislación sobre propiedad intelectual; protección de datos; de la lectura, del libro y de las bibliotecas; accesibilidad; así como lo dispuesto en esta ley.

Art. 3. Definiciones.–A los efectos de esta Ley se entiende por:

Documento: Toda información o contenidos, cualquiera que sea su soporte o formato, así como su naturaleza o la forma de expresión utilizada (gráfica, sonora, visual, audiovisual, multimedia, etc.).

Documento electrónico: Información o contenido de cualquier naturaleza en soporte electrónico, archivado con un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.

Dominio de Internet: Espacio en Internet de una empresa, organización, o de una persona física, asociado a un nombre o una dirección, que permite que su información o contenido, productos o servicios, sean accesibles.

Edición: Todos los ejemplares de un recurso bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital producidos sustancialmente desde el mismo original y editados por la misma agencia o grupos de agencias o por una persona.

Edición paralela: Conjunto de ejemplares de un documento que con el mismo contenido se publican en soportes distintos, tales como revista en papel y microficha, bases de datos en CD y en línea.

Editor: Persona natural o jurídica que, por cuenta propia, elige o concibe obras literarias, científicas y en general de cualquier temática, y realiza o encarga los procesos industriales para su transformación en libro o en otro recurso, cualquiera que sea su soporte, con la finalidad de su publicación y difusión o comunicación.

Ejemplar: Cada unidad completa dentro de una edición.

Impresión bajo demanda: Ejemplar o ejemplares de una edición realizados para responder a pedidos concretos.

Impresor: Persona natural o jurídica que, contando con las instalaciones y medios técnicos necesarios, se dedica, exclusiva o principalmente, a la realización e impresión de libros en papel o en cualquier otro soporte susceptible de lectura.

Libro: Obra científica, artística, literaria o de cualquier otra índole que constituye una publicación unitaria en uno o varios volúmenes y que puede aparecer impresa o en cualquier soporte susceptible de lectura. Se entienden incluidos en la definición de libro, a los efectos de esta Ley, los libros electrónicos y los libros que se publiquen o se difundan por Internet o en otro soporte que pueda aparecer en el futuro, los materiales complementarios de carácter impreso, visual, audiovisual o sonoro que sean editados conjuntamente con el libro y que participen del carácter unitario del mismo, así como cualquier otra manifestación editorial.

Mancheta: Lugar que, en las publicaciones periódicas, proporciona los datos principales de identificación de la publicación.

Productor: Persona física o jurídica que asume la iniciativa, la coordinación y el riesgo económico de la producción de obras y contenidos sonoros, visuales, audiovisuales o digitales.

Publicación electrónica: Información o contenido de cualquier naturaleza, en un soporte electrónico, archivado con un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado, que sea objeto de difusión.

Publicación periódica: Toda publicación de cualquier naturaleza que aparece, se distribuye o comunica de forma continuada con una periodicidad establecida.

Publicación seriada: Toda obra científica, literaria o de cualquier índole que aparece o se comunica de forma continuada, editada en una sucesión de números o partes separadas, que lleva normalmente una numeración y que no tiene una duración predeterminada.

Recurso: Una entidad, tangible o intangible, que recoge el contenido intelectual, artístico o de cualquier índole y que está concebida, producida o editada como una unidad.

Recurso continuado: Publicación que se edita a lo largo del tiempo, sin duración predeterminada. Incluye las publicaciones seriadas y los recursos integrables ininterrumpidos.

Recurso integrable: Publicación que se completa o modifica por medio de actualizaciones, que no permanecen separadas, sino que se integran en un todo. Pueden ser finitos o continuados. Las hojas sueltas actualizables y los sitios web actualizables constituyen recursos integrables.

Recurso multimedia: Recurso constituido por dos o más medios distintos o por formas distintas de un mismo medio y que está concebido para usarse como una unidad.

Reedición: Edición que se distingue de las anteriores por algunas modificaciones introducidas en el contenido o en la presentación.

Sitio web: Punto de acceso electrónico formado por una o varias páginas electrónicas agrupadas en un dominio de Internet.

Soporte tangible: Soporte físico de una obra o contenido tales como papel, disco, etcétera.

Soporte no tangible: Soporte virtual de una obra o contenido difundidos a través de redes electrónicas.

Versión: Forma de un documento que ha sido modificado sin cambiar su identidad.

CAPÍTULO II

De la obligación del depósito legal

Art. 4. Publicaciones objeto de depósito legal.–1. Son objeto del depósito legal todo tipo de publicaciones, producidas o editadas en España, por cualquier procedimiento de producción, edición o difusión, y distribuidas o comunicadas en cualquier soporte o por cualquier medio, tangible o intangible.

2. En todo caso, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerarán objeto de depósito legal las ediciones, reediciones, versiones, ediciones paralelas y actualizaciones de las publicaciones de signos, señales, escritos, sonidos o mensajes de cualquier naturaleza, incluidas las producciones sonoras, audiovisuales, y los recursos multimedia y electrónicos.

3. El depósito legal comprenderá los siguientes tipos de publicaciones y recursos, o la combinación de varios de ellos formando una unidad:

a) libros y folletos en papel, cualquiera que sea su forma de impresión y estén o no destinados a la venta,

b) hojas impresas con fines de difusión que no constituyan propaganda esencialmente comercial,

c) recursos continuados tales como publicaciones seriadas, revistas, anuarios, memorias, diarios, y recursos integrables, como las hojas sueltas actualizables,

d) partituras,

e) estampas originales realizadas con cualquier técnica,

f) fotografías editadas,

g) láminas, cromos, naipes, postales y tarjetas de felicitación,

h) carteles anunciadores y publicitarios,

i) mapas, planos, atlas, cartas marinas, aeronáuticas y celestes [2],

j) libros de texto de Educación Infantil, Primaria, Secundaria obligatoria, Bachillerato y de los de enseñanza de Formación Profesional,

k) documentos sonoros,

l) documentos audiovisuales,

m) microformas,

n) documentos electrónicos en cualquier soporte, que el estado de la técnica permita en cada momento, y que no sean accesibles libremente a través de Internet,

ñ) sitios web fijables o registrables cuyo contenido pueda variar en el tiempo y sea susceptible de ser copiado en un momento dado [3],

o) copia nueva de los documentos íntegros, en versión original, de toda película cinematográfica, documental o de ficción, realizada por un productor con domicilio, residencia o establecimiento permanente en el territorio español y un ejemplar del material publicitario correspondiente.

Art. 5. Publicaciones excluidas del depósito legal.–No serán objeto de depósito legal las siguientes publicaciones:

a) documentos de las Administraciones Públicas de carácter interno o que resulten susceptibles de integración en expedientes administrativos,

b) documentos de instituciones y organizaciones, incluidas las empresariales, que versen únicamente sobre asuntos internos y estén dirigidas al personal de las mismas, tales como circulares, instrucciones o manuales de procedimiento,

c) publicaciones destinadas a concursos de promoción o traslado de los cuerpos o escalas de las distintas administraciones públicas,

d) sellos de correo,

e) impresos de carácter social como invitaciones de boda y bautizo, esquelas de defunción, tarjetas de visita, carnés de identidad, títulos o diplomas,

f) impresos de oficinas, formularios, incluidos los oficiales, cuestionarios y encuestas no cumplimentadas excepto que complementen una obra cuyo contenido sea técnico o científico, por ejemplo, un volumen formado por una recopilación de formularios que acompaña a un libro sobre procedimiento administrativo,

g) publicaciones de impresión bajo demanda,

h) dossieres de prensa,

i) hojas comerciales publicitarias,

j) catálogos comerciales de todo tipo,

k) calendarios y agendas,

l) objetos tridimensionales, aunque acompañen a un documento principal,

m) manuales de instrucciones de objetos, electrodomésticos, maquinaria, o análogos,

n) todo producto de un sistema informático que contenga datos que afecten a la privacidad de personas físicas y jurídicas y cuantos estén incluidos en la normativa de protección de datos personales, y

ñ) programas audiovisuales emitidos por prestadores del servicio de comunicación audiovisual, salvo que sean objeto de distribución.

Art. 6. Sujetos obligados a constituir el depósito legal.–1. Están obligados a constituir el depósito legal los editores que tengan su domicilio, residencia o establecimiento permanente en territorio español, cualquiera que sea el lugar de impresión.

2. Cuando el editor no resida o tenga sucursal en España o en los casos en que por razón del tipo de recurso así proceda, el depósito deberá ser cumplimentado por el productor, impresor, estampador o grabador, que tenga domicilio, residencia o establecimiento permanente en España.

Art. 7. Sujetos obligados a solicitar el número de depósito legal.–Están obligados a solicitar el número de depósito legal los editores de una obra publicada en un formato tangible. Si el editor obligado no lo hubiere solicitado, deberá hacerlo, en su defecto, el productor, impresor, estampador o grabador, en este orden.

Art. 8. Sujetos obligados a constituir el depósito legal en el caso de documentos electrónicos y sitios web.–1. La responsabilidad del depósito legal de los documentos electrónicos a los que se refiere el artículo 4 de la presente ley recaerá en su editor o productor.

2. Se habilita a los centros de conservación, tanto de titularidad estatal como autonómica, a detectar y reproducir documentos electrónicos que hayan sido objeto de comunicación pública y los sitios web libremente accesibles a través de redes de comunicaciones que puedan resultar de interés para los fines del depósito legal, respetando en todo caso la legislación sobre protección de datos y propiedad intelectual. Se exonera a los editores de sitios web a los que se refiere el artículo 4 de la presente ley del deber de depósito legal.

CAPÍTULO III

De la administración del depósito legal

Art. 9. Centros depositarios y de conservación.–1. Son centros depositarios las oficinas de depósito legal que determinen las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.

2. Son centros de conservación la Biblioteca Nacional de España y los que determinen las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.

Art. 10. Biblioteca Nacional de España.–1. La Biblioteca Nacional de España forma parte del Sistema Español de Bibliotecas de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas.

2. Corresponde a la Biblioteca Nacional de España la elaboración de la Bibliografía española, así como facilitar la información necesaria para elaborar la estadística de las publicaciones objeto de depósito legal.

3. La Biblioteca Nacional de España ejercerá la alta inspección y el seguimiento del cumplimiento de la normativa sobre el depósito legal.

4. La Biblioteca Nacional de España es centro de conservación de, al menos:

a) dos ejemplares de las primeras ediciones, reediciones de libros, folletos y recursos multimedia en los que al menos uno de los soportes sea en papel,

b) un ejemplar de cada una de las encuadernaciones, en caso de existir diversas encuadernaciones de una misma edición,

c) dos ejemplares de partituras, revistas, diarios y todo tipo de recursos continuados, así como de mapas, planos, atlas, o similares,

d) un ejemplar de los boletines oficiales que no estén disponibles en red,

e) un ejemplar de los libros de texto de Educación Infantil, Primaria, Secundaria obligatoria, Bachillerato y de los de enseñanza de Formación Profesional,

f) un ejemplar de los libros de bibliófilo, entendiendo por tales los editados en número limitado para un público restringido, numerados correlativamente y de alta calidad formal,

g) un ejemplar de los libros artísticos, entendiendo por tales los editados total o parcialmente mediante métodos artesanos para la reproducción de obras artísticas, los que incluyan estampas originales (ilustraciones ejecutadas en forma directa o manual), o aquellos en los que se hayan utilizado encuadernaciones de artesanía,

h) un ejemplar de las estampas originales realizadas con cualquier técnica,

i) un ejemplar de las fotografías editadas,

j) un ejemplar de las grabaciones sonoras,

k) un ejemplar de los documentos audiovisuales,

l) un ejemplar de las publicaciones electrónicas. En el caso de los soportes de vídeo, si se realizara una edición para la venta y otra para el alquiler, se efectuará el depósito del ejemplar para la venta.

m) una copia de los archivos correspondientes de los documentos electrónicos sin soporte físico tangible susceptibles de ser descargados en entornos autosuficientes,

n) un ejemplar de microformas, y

ñ) un ejemplar de las postales de paisajes y ciudades.

5. No se entregará ningún ejemplar de láminas, cromos, naipes, tarjetas de felicitación y tarjetas postales, salvo las recogidas en el párrafo anterior; ni de los temarios de oposiciones editados por las propias academias que imparten la enseñanza; ni ejemplar alguno de las aplicaciones informáticas [4].

Art. 11. Oficinas de depósito legal.–1. Las oficinas de depósito legal de las Comunidades Autónomas, ante las cuales se hará efectiva la obligación de depósito legal de los ejemplares descritos en el artículo 4 serán las que faciliten dichos ejemplares a los centros de conservación mencionados en el artículo 9 de esta ley [5].

2. Los responsables de las oficinas de depósito legal de las Comunidades Autónomas ejercerán la función inspectora en su respectiva demarcación en los términos que establezca la normativa de su Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la alta inspección que corresponde a la Biblioteca Nacional de España.

CAPÍTULO IV

De la constitución del depósito legal

Art. 12. Constitución del depósito.–1. Los obligados al depósito legal deberán proceder a la constitución del mismo ante la oficina de depósito legal que determine la Comunidad Autónoma en la que tenga su sede social el editor a través del sistema que establece esta ley, y siempre antes de su distribución o venta. En caso de incumplimiento de la obligación de depósito legal, la obra no podrá ser distribuida.

2. Cada publicación sólo podrá tener un número de depósito legal, sin perjuicio de lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 14.

3. Las obras deberán ser depositadas en su integridad.

4. La prensa diaria y las publicaciones periódicas serán consideradas como suscripciones para garantizar la entrega inmediata de las mismas en las oficinas de depósito legal.

5. En caso de la presentación de algún ejemplar incompleto o defectuoso de una obra sometida a depósito, el obligado deberá depositar, previo requerimiento de la oficina de depósito legal competente y en el plazo que ésta le establezca, un nuevo ejemplar completo y sin defecto alguno.

Art. 13. Constitución del depósito de publicaciones electrónicas.–1. Toda publicación electrónica será depositada de modo que no sea necesaria la introducción de clave alguna para su lectura y con todos los manuales, así como, en su caso, el software que acompañe a la misma, a los solos efectos de investigación y conservación.

2. El sujeto depositante está obligado a facilitar la información necesaria para transferir los datos del soporte original al soporte de conservación.

3. Las publicaciones electrónicas cuyo uso caduque en el tiempo deberán ser entregadas de modo que puedan ser consultadas sin límite de tiempo.

Art. 14. El número de depósito legal.–1. La persona obligada a realizar el depósito legal de una obra publicada en un soporte tangible solicitará el correspondiente número de depósito legal antes de que finalice la producción o impresión del documento.

2. El número de depósito legal estará compuesto de las siglas DL, o el que se determine como equivalente por las Comunidades Autónomas, la sigla que corresponda a cada Oficina, el número de constitución del depósito y el año de constitución del mismo, en cuatro cifras. Las diversas partes del número de depósito legal estarán separadas por un espacio, salvo el año que irá precedido de un guión. Al finalizar cada año se cerrará la numeración, que se iniciará de nuevo al comenzar el año.

3. Mantendrán siempre un único número de depósito legal:

a) Los recursos continuados, publicaciones periódicas, como diarios y revistas, publicaciones seriadas y recursos integrables, aunque su periodicidad sea variable. En caso de que la entidad editora o impresora en su caso cambie de domicilio, el número de depósito legal de las publicaciones recogidas en este punto deberá mantenerse. A estos efectos, mantendrán el mismo número de depósito legal las publicaciones periódicas que se difunden en varios soportes, sean éstos gráficos, electrónicos o recursos integrables.

b) Las obras en varios volúmenes.

Si una obra consta de más de un documento, cada uno de ellos, sea cual sea su soporte, deberá tener el mismo número de depósito legal.

4. Llevarán su propio número de depósito legal las ediciones paralelas en distintos soportes.

Si existe más de una edición de una misma obra, cada una de ellas llevará un número de depósito legal diferente, a excepción de las diferentes ediciones de los diarios, que se publicarán bajo el mismo número de depósito legal.

5. Toda publicación en formato tangible llevará el número de depósito legal en un lugar visible e identificable.

En el caso de las publicaciones en formato de libro, el número de depósito legal deberá figurar en la misma hoja de impresión que el ISBN, pudiendo consignarse en el reverso de la portada o la contraportada de la obra.

En el caso de las publicaciones seriadas con formato de periódico, el número de depósito deberá figurar en la mancheta.

6. A las obras no publicadas en soporte físico tangible, el Gobierno establecerá la forma de asignación del número de depósito legal de acuerdo con el identificador numérico estándar aceptado por los organismos internacionales competentes.

Art. 15. Ejecución subsidiaria del depósito legal.–En caso de incumplimiento de la obligación de constitución del depósito legal, la Oficina de Depósito Legal, de oficio o a instancia del órgano de la Comunidad Autónoma competente en materia de depósito legal, requerirá a la persona responsable para que proceda al mismo en el plazo máximo de un mes.

CAPÍTULO V

De las infracciones y sanciones

Art. 16. Potestad sancionadora.–1. La potestad sancionadora regulada en esta ley se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La potestad sancionadora corresponderá a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

Art. 17. Responsables.–Serán responsables de infracciones administrativas en materia de depósito legal las personas que por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones en esta ley.

Art. 18. Infracciones leves.–Constituyen infracciones leves:

a) La ausencia de constitución del depósito legal de una publicación objeto del mismo en los plazos y con el número de ejemplares que se requieren en esta ley.

b) La distribución de ejemplares de una publicación sujeta a depósito legal que carezca del número correspondiente o que no haya sido objeto de depósito.

Art. 19. Infracciones graves.–Constituyen infracciones graves:

a) La manipulación fraudulenta o dolosa del número de depósito legal.

b) La reincidencia en la comisión de infracción leve.

c) La presentación de datos falsos por las personas obligadas a facilitarlos para la constitución del depósito legal.

d) La obstrucción a la función inspectora.

e) La negativa de los responsables de las publicaciones electrónicas en línea de acceso restringido o limitado a permitir el acceso a los centros depositarios o a quienes éstos designen, a los efectos de cumplir con su función de depósito legal.

Art. 20. Sanciones.–1. Por la comisión de una infracción leve se impondrá la sanción de multa de entre 1.000 y 2.000 euros, de acuerdo con la normativa autonómica correspondiente.

2. Por la comisión de infracciones graves se impondrá la sanción de multa de entre 2.001 a 30.000 euros, de acuerdo con la normativa autonómica correspondiente.

3. Las cuantías de estas infracciones podrán ser actualizadas por el Gobierno de conformidad con la evolución del Índice de Precios al Consumo publicado oficialmente.

4. La imposición de sanciones no exime de la obligación de constituir el depósito legal.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Convenios de colaboración.–Con el objeto de recoger materiales no sujetos a la obligación de depósito legal, se promoverá la firma de convenios de colaboración con los editores, responsables del registro de dominio, para su recogida con destino a los centros de depósito previstos en la presente ley.

Segunda. Órgano de participación del sector.–Se creará un órgano consultivo en materia de depósito legal en el que estarán representados todos los sectores afectados, y cuya composición y funciones se determinarán reglamentariamente. Entre sus funciones se incluirá, entre otras, la de propuesta a las Comunidades Autónomas de actuaciones coordinadas y de integración para el efectivo cumplimiento de los objetivos del depósito legal de esta ley.

En todo caso, integrará ese órgano consultivo un representante de cada una de las Comunidades Autónomas y un representante de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado.

Tercera. Ejemplares para bibliotecas públicas que determinen las Comunidades Autónomas con lengua cooficial.–Los editores y en su defecto o en su caso, el productor, impresor, estampador o grabador que produjeran materiales en cualquier lengua oficial distinta a la española, y aún cuando su producción se llevara a cabo en un territorio del Estado en donde la única lengua oficial fuera la del conjunto del Estado, deberán librar, asimismo, un ejemplar a la biblioteca pública o centro que determinen las Comunidades Autónomas con lengua cooficial.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta ley, y de forma expresa, en lo relativo al depósito legal, la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 30 de octubre de 1971 y la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 20 de febrero de 1973.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Título competencial.–La presente ley se dicta al amparo del artículo 149.2 de la Constitución Española, así como del artículo 149.1.31.ª para los preceptos que regulan la información estadística estatal.

Segunda. Habilitación normativa.–Corresponde al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente ley.

Cuando por motivos de preservación del patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital español se revele como necesario un aumento del número de ejemplares que se deban depositar en la Biblioteca Nacional de España, o en la biblioteca pública o centro que determine la Comunidad Autónoma como centro de conservación, o cuando las circunstancias técnicas o culturales lo aconsejen, oídos los sectores implicados, podrá determinarse reglamentariamente un número diferente de ejemplares.

Tercera. Desarrollo reglamentario.–En el plazo máximo de un año el Gobierno, a propuesta del titular del Ministerio de Cultura, regulará mediante Real Decreto y en el ámbito de sus competencias, oídas las Comunidades Autónomas y los sectores implicados, el procedimiento de constitución del depósito de las publicaciones electrónicas.

Cuarta. Entrada en vigor.–La presente ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo lo dispuesto en los artículos 8 apartado primero y 13 que entrará en vigor a la entrada en vigor del Real Decreto mencionado en la disposición final tercera.

[1]Véase la disposición adicional 1.ª de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 1).

[2]Téngase en cuenta el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre («BOE» núm. 287, de 30 de noviembre), por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional, en desarrollo de lo preceptuado por la Ley 7/1986, de 24 de enero («BOE» núm. 25, de 29 de enero), por la que se regula la producción cartográfica del Estado. Véase también la Orden de 6 de marzo de 1996 («BOE» núm. 65, de 15 de marzo), por la que se aprueba el modelo de ficha registral para inscripciones en el Registro Central de Cartografía.

[3]Véanse los artículos 8, 10.5 y 13 de la presente Ley.

[4]Téngase en cuenta la disposición final 2.ª

[5]Véanse los Reales Decretos de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas que se reseñan en nota al artículo 144.2 de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 1).

REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

§ 19 REAL DECRETO 281/2003, DE 7 DE MARZO (EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE), POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

(«BOE» núm. 75, de 28 de marzo)

El texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, dedica sus artículos 144 y 145 al Registro General de la Propiedad Intelectual. Ambos preceptos figuran comprendidos en su libro III, referido a la protección de los derechos reconocidos en dicha ley. Se trata, por tanto, de un mecanismo administrativo de tutela de los derechos añadido a los instrumentos judiciales previstos en el citado cuerpo legal, en virtud del cual pueden inscribirse los derechos de propiedad intelectual relativos a las obras, actuaciones o producciones protegidas por la ley. Las características básicas de esa protección, según se desprende del artículo 145 citado, radican en la publicidad del registro, así como en la presunción, salvo prueba en contrario, de que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en el asiento respectivo.

Asimismo, un rasgo principal de esta institución registral es su voluntariedad y el carácter no constitutivo de las inscripciones para la protección que la ley otorga a los derechos de propiedad intelectual.

En lo que respecta al artículo 144 del texto refundido, sigue el modelo registral descentralizado como consecuencia de la modificación operada por la Ley 20/1992, de 7 de julio, de modificación de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. Dicha descentralización motivó que se dictara un nuevo Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, que fue aprobado por Real Decreto 733/1993, de 14 de mayo, el cual desarrollaba el nuevo sistema registral contemplando ya los registros territoriales, los cuales serían establecidos y gestionados por las comunidades autónomas. Sin embargo, hasta que éstos entraran en funcionamiento, se mantenía la competencia del extinguido Registro General, cuyas funciones registrales y procedimiento de actuación tenían que seguir sometidos, transitoriamente, al Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre. La situación actual supone un paso más frente a la descrita, ya que se han ido estableciendo hasta un total de 10 registros territoriales, lo que obliga a distinguir entre aquellas comunidades autónomas que ya han creado el registro y aquellas otras que hasta el momento carecen de él. Para estas últimas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, resulta necesario prever, transitoriamente, el órgano que va a realizar las funciones registrales con arreglo a un procedimiento unificado; dicho órgano ha de ser el registro central, que actuará a estos efectos como el registro territorial de la comunidad autónoma correspondiente o, en su caso, de las referidas ciudades.

Asimismo, la experiencia adquirida en este período de implantación del nuevo sistema registral, la aparición y desarrollo de las nuevas tecnologías que afectan tanto al proceso creativo como a los nuevos soportes, unido todo ello a las reformas introducidas en el procedimiento administrativo común, hacen necesaria la adecuación del Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual a todas estas circunstancias.

Entre las novedades que introduce este reglamento cabe destacar, como regla general, la supresión de la exigencia de titulación pública como requisito indispensable para la inscripción en el registro de los actos y contratos que transmitan y modifiquen los derechos de propiedad intelectual. La finalidad de esta novedad procedimental no sólo simplifica y abarata el procedimiento para los titulares de derechos, sino que, además, se alinea con el sistema adoptado por la recientemente aprobada Ley de Marcas.

En virtud de la habilitación legal prevista en la disposición final única del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en relación con el artículo 144 del mismo cuerpo legal, se ha procedido a la elaboración de este reglamento, estructurado en seis capítulos.

El capítulo I se refiere al objeto, organización, funciones y estructura del registro, destacando, además, la existencia de un Registro General de la Propiedad Intelectual único en todo el territorio nacional, aunque integrado por órganos diferentes: los registros territoriales y el registro central. A ellos se añade la Comisión de Coordinación de los Registros, como órgano de colaboración entre éstos.

El capítulo II se dedica a las solicitudes que se formulen ante el registro, estableciendo los requisitos generales de éstas y el registro territorial competente para su práctica, de acuerdo con el principio de libertad de elección.

Los puntos de conexión que determinan la competencia de un determinado registro se fijan de un modo flexible, para dar una correcta cobertura a las necesidades de los usuarios del sistema de registro y facilitarles un adecuado acceso a esta especial forma de protección de la propiedad intelectual. A su vez, se regulan en profundidad las solicitudes de inscripción y anotación y se detallan los requisitos específicos para la descripción e identificación de las obras, actuaciones o producciones objeto de propiedad intelectual, introduciéndose, por primera vez, referencia expresa a la posibilidad de inscribir las obras o producciones multimedia y las páginas web.

El capítulo III recoge el procedimiento de actuación del registro. Especial importancia reviste la formulación de principios tales como el de calificación y el de tracto sucesivo.

El capítulo IV contiene las reglas relativas a la resolución de las solicitudes y a sus posibles vías de impugnación, precisando la posibilidad de impugnar ante la jurisdicción civil ordinaria los acuerdos registrales rela tivos a cualquier cuestión jurídico-privada, y estableciendo que, cuando se trate de acuerdos registrales fundados en la aplicación de normas de procedimiento administrativo, los interesados podrán interponer los recursos que correspondan en vía administrativa.

El capítulo V se refiere a la forma, contenido y eficacia de las inscripciones, así como a su cancelación y a la corrección de errores existentes en aquéllas.

El capítulo VI regula la publicidad de los asientos registrales y de los expedientes, haciendo mención especial a los programas de ordenador.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, con la aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de marzo de 2003 dispongo:

Artículo único. Aprobación del Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.–Se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, según lo previsto en los artículos 144 y 145 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, cuyo texto se inserta a continuación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Puesta en marcha de los registros territoriales.–La puesta en marcha de los registros territoriales tendrá lugar en la fecha establecida en los correspondientes reales decretos de traspaso de servicios a las comunidades autónomas o Ciudades de Ceuta y Melilla, siendo competentes para conocer de las solicitudes que se presenten a partir de tal fecha [1].

Segunda. Competencias registrales del registro central.–Hasta que se haya hecho efectivo el traspaso de servicios, corresponderá al registro central la tramitación y resolución de las solicitudes de inscripción y anotación, así como, en su caso, la cancelación y práctica de las que procedan.

Tercera. Composición de la Comisión de Coordinación de los Registros.–En relación con la composición de la Comisión de Coordinación de los Registros descrita en el artículo 5 del reglamento que se aprueba, las comunidades autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla que no hayan creado el registro territorial podrán designar un representante con voz pero sin voto.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.–1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el reglamento que se aprueba.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

a) El Real Decreto 733/1993, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.

b) El Real Decreto 1694/1994, de 22 de julio, de adecuación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del Real Decreto 1584/1991, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Facultad para el desarrollo normativo.–Se faculta al Ministro de Educación, Cultura y Deporte para dictar las disposiciones que exija el desarrollo del reglamento que se aprueba.

ANEXO

Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual

CAPÍTULO PRIMERO

Del registro general de la propiedad intelectual y de la colaboración entre registros

Sección 1.ª Objeto, organización, funciones y estructura del Registro

Artículo 1. Objeto del registro.–1. El Registro General de la Propiedad Intelectual tiene por objeto la inscripción o anotación de los derechos relativos a las obras, actuaciones o producciones protegidas por el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por las restantes disposiciones legales y tratados internacionales ratificados por España relativos a la protección de la propiedad intelectual.

2. Asimismo tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos de constitución, transmisión, modificación o extinción de derechos reales y de cualesquiera otros hechos, actos y títulos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a los indicados derechos inscribibles.

Art. 2. Organización del registro.–1. El Registro General de la Propiedad Intelectual es único en todo el territorio nacional y está integrado por los registros territoriales y el registro central.

Asimismo, existirá una Comisión de Coordinación de los Registros como órgano colegiado de colaboración entre éstos.

2. Los registros territoriales son creados y gestionados por las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Dichos registros podrán establecer oficinas delegadas a efectos de la recepción de solicitudes, información y comprobación de la documentación exigida, liquidación de tasas y remisión de expedientes al registro territorial del que dependan.

3. El registro central forma parte de la Administración General del Estado y depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte [2]. En el ejercicio de sus funciones actuará de conformidad con lo establecido en este reglamento.

4. Las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla determinarán la estructura y funcionamiento del registro territorial en sus respectivos territorios y asumirán su llevanza, de acuerdo con lo establecido en este reglamento, en lo que se refiere a las normas comunes sobre procedimiento de inscripción y medidas de coordinación e información entre los diferentes registros establecidas en este reglamento.

Art. 3. Funciones de los registros territoriales.–Corresponden a los registros territoriales las siguientes funciones:

a) La tramitación y resolución de las solicitudes de inscripción y anotación, así como, en su caso, la cancelación y la práctica de las que procedan.

b) La certificación y demás formas de publicidad de los derechos, actos y contratos inscritos en el registro territorial respectivo.

c) Elevar consultas a la Comisión de Coordinación de los Registros, así como solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día de sus sesiones.

d) La emisión de informes de carácter técnico cuando sean requeridos para ello por juzgados, tribunales y otros organismos públicos, o sean solicitados por la Comisión de Coordinación de los Registros, dentro del ámbito de sus competencias.

e) El archivo y la custodia de los documentos y materiales depositados.

Art. 4. Funciones del registro central.–Corresponden al registro central las siguientes funciones:

a) Prestar apoyo administrativo y técnico a la Comisión de Coordinación de los Registros.

b) Elevar consultas a la Comisión de Coordinación de los Registros, así como solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día de sus sesiones.

c) Redactar la memoria anual del registro general y elaborar estadísticas conforme a los datos facilitados por los diferentes registros.

d) Emitir informes de carácter técnico cuando sea requerido para ello por juzgados, tribunales y otros organismos públicos, o sean solicitados por la Comisión de Coordinación de los Registros, dentro del ámbito de sus competencias.

e) La certificación y demás formas de publicidad de los derechos, actos y contratos inscritos en el registro central.

f) El archivo y la custodia de los documentos y materiales depositados.

Art. 5. Composición y funciones de la Comisión de Coordinación de los Registros.–1. La Comisión de Coordinación de los Registros se rige por sus normas de funcionamiento interno, con sujeción a lo previsto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Son miembros de la comisión:

a) El titular del registro central, que ostenta la presidencia de la comisión.

b) Los titulares de los registros territoriales.

Cada miembro de la comisión podrá ser asistido en las reuniones por asesores.

3. El Secretario de la Comisión será un funcionario del registro central designado para el desempeño de sus funciones por el titular del registro central. El Secretario no será considerado miembro de la Comisión de Coordinación de los Registros y asistirá a sus reuniones con voz, pero sin voto.

4. Son funciones de la Comisión de Coordinación de los Registros:

a) Velar por el mantenimiento de la unidad del registro, en aplicación de lo que dispone el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

b) Adoptar acuerdos tendentes a la homogeneización de criterios entre los distintos registros y, en su caso, proponer al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la adopción de las medidas que sean necesarias para lograr un funcionamiento homogéneo y una mayor coordinación de los registros.

c) Requerir a los registros el cumplimiento de los acuerdos o medidas adoptados en la Comisión de Coordinación de los Registros dirigidos al mejor desenvolvimiento de sus funciones.

d) Establecer los criterios generales de funcionamiento del sistema informático que soporte la gestión de los distintos registros, de modo que sea compatible y común a todos ellos, a fin de permitir la consulta inmediata de los asientos registrales cualquiera que fuese el registro en que se hubiesen practicado las inscripciones.

e) Determinar los elementos sustantivos que deben contener los modelos de impresos para la gestión de los registros y para la práctica de los asientos.

f) Informar con carácter no vinculante, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sobre las disposiciones de desarrollo de este reglamento, así como sobre aquellos otros asuntos que aquél le someta a su consideración.

g) Evacuar las consultas que puedan plantear los distintos registros.

h) Mediar, a petición de las partes, en los conflictos que pudieran suscitarse entre registros territoriales, formulando, a estos efectos, propuesta de resolución.

i) Aprobar la memoria anual del Registro General de la Propiedad Intelectual y evaluar el funcionamiento del registro a través de la emisión de informes.

j) Ejercer las funciones establecidas en el artículo 8.

k) Aprobar sus normas de funcionamiento interno, así como su modificación.

l) Cualquier otra función que le asignen las leyes o los reglamentos.

5. La Comisión de Coordinación de los Registros se reunirá una vez al año en sesión ordinaria, y en sesión extraordinaria se podrá reunir cuando así sea convocada por el Presidente, a iniciativa propia o a propuesta, al menos, de cinco de sus miembros.

Art. 6. Del titular del registro central.–El titular del registro central de la propiedad intelectual será nombrado entre funcionarios de la Administración General del Estado pertenecientes a cuerpos o escalas del grupo A, licenciados en derecho [3]. Su puesto tendrá el nivel orgánico que se establezca en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

Art. 7. De los soportes de información.–1. Los asientos se practicarán en libros, cuerpos o soportes apropiados para recoger y expresar de modo indubitado, con adecuada garantía jurídica, seguridad de conservación y facilidad de acceso y comprensión, todos los datos que deban constar en el registro.

2. Se podrá crear y mantener vigente un sistema de microfilmación o digitalización de los asientos registrales.

Sección 2.ª Colaboración entre Registros

Art. 8. Principios rectores.–1. Tanto el registro central como los registros territoriales actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional, según lo establecido en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La colaboración tendrá como fines principales la unidad del registro, la garantía de acceso de todos los ciudadanos al registro en condiciones de igualdad, así como la simplificación, eficacia y eficiencia administrativas.

2. La Comisión de Coordinación de los Registros será el órgano encargado de hacer efectivo el principio de lealtad institucional a través de la adopción de acuerdos tendentes a:

a) Impulsar la cooperación entre registros.

b) Establecer fórmulas de comunicación y consulta entre ellos.

c) Armonizar los criterios de actuación de los registros, dentro del respeto a sus respectivas competencias.

d) Favorecer la interconexión de los sistemas de información y publicidad registrales.

3. El registro central y los registros territoriales deberán facilitarse la información que precisen sobre su actividad, así como prestar la cooperación y asistencia que pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO II

De las solicitudes

Sección 1.ª Disposiciones generales

Art. 9. Requisitos de las solicitudes, lugar y forma de presentación.–1. Las solicitudes que se formulen ante el registro deberán reunir los requisitos previstos específicamente en este capítulo, así como los generales regulados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes se presentarán en los registros territoriales o en cualquiera de sus oficinas delegadas, si las hubiera. También podrán presentarse ante los órganos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este último supuesto, la tramitación de la solicitud y los efectos de la inscripción sólo se producirán respecto de la documentación que haya tenido entrada efectiva en el registro competente para resolver y desde la fecha en que haya tenido acceso a éste.

3. La inscripción de las obras, actuaciones o producciones tendrá lugar mediante la solicitud de cualquiera de los titulares de los derechos reconocidos en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, de acuerdo con las formalidades que establece este reglamento.

Art. 10. Formalización de determinados actos y contratos.–1. Las solicitudes de inscripción de transmisión «inter vivos» de la titularidad de los derechos de explotación deben acompañarse de alguno de los siguientes documentos:

a) Copia auténtica de los documentos acreditativos de la transmisión o transmisiones o copia simple de aquéllos, con legitimación de firmas efectuada por notario o por funcionario público del registro.

b) Documento acreditativo de la transmisión o transmisiones firmado tanto por el cedente como por el cesionario y, en su caso, por los cedentes y cesionarios de las transmisiones anteriores.

2. Si el cambio de titularidad se produce por una fusión, escisión, resolución administrativa o decisión judicial, deberá acompañarse testimonio emanado por la autoridad pública que emita el documento o copia del documento que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por notario o por funcionario público del registro.

De la misma manera se solicitará la inscripción o anotación de embargos y demás medidas judiciales.

3. La declaración para hacer constar que una obra determinada ha sido creada en virtud de relación laboral, de conformidad con lo establecido en los artículos 51.2 y 97.4 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, deberá hacerla el propio autor asalariado, con legitimación de firma efectuada por notario o por funcionario público del registro.

4. En los supuestos de transmisiones «mortis causa» será necesario aportar la escritura pública de adjudicación y aceptación de la herencia, así como acreditar el pago del impuesto correspondiente, su presentación para la liquidación o su exención.

Sección 2.ª De las solicitudes de inscripción

Art. 11. Legitimación para solicitar las inscripciones.–1. Están legitimados para solicitar las inscripciones:

a) Los autores y demás titulares originarios de derechos de propiedad intelectual con respecto a la propia obra, actuación o producción.

b) Los sucesivos titulares de derechos de propiedad intelectual.

2. Las solicitudes podrán efectuarse directamente o mediante representante, en la forma prevista en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Art. 12. Requisitos comunes de las solicitudes de inscripción.–1. Las solicitudes de inscripción de los derechos, actos y contratos a que se refiere el artículo 1 se presentarán en modelo oficial y deberán contener las siguientes menciones, así como acompañarse de los documentos que se indican:

a) El nombre y apellidos, nacionalidad, domicilio y, en su caso, cualquier otro medio de contacto, así como fotocopia del documento nacional de identidad (o de otro documento acreditativo de dicha identidad si se tratase de extranjeros) del titular o titulares de los derechos de propiedad intelectual y, en su caso, del solicitante si es persona distinta.

Tratándose de personas jurídicas habrán de aportarse, además de los indicados datos identificativos, en cuanto procedan, el título que acredite su personalidad jurídica y el código de identificación fiscal.

b) El objeto de propiedad intelectual.

c) La clase de obra, actuación o producción.

d) El título de la obra, actuación o producción.

e) En caso de que la obra, actuación o producción hubiera sido divulgada, su fecha de divulgación.

f) Una copia de la obra, actuación o producción en los casos previstos en el artículo 14.

g) El lugar y la fecha de presentación de la solicitud.

h) La firma del solicitante o de su representante legal.

i) El justificante, en su caso, del abono de la tasa correspondiente.

2. Los ejemplares identificativos de las obras, actuaciones o producciones se presentarán, debidamente encuadernados y paginados, en soporte papel, incluyendo el título y nombre y apellidos del autor o titular originario, salvo en los casos expresamente previstos en el artículo 13. No obstante, el registro podrá admitir soportes diferentes al papel cuando la clase o extensión de la obra, actuación o producción o las condiciones de archivo lo hicieran necesario.

Art. 13. Requisitos de las solicitudes en supuestos especiales.–Además de los requisitos establecidos en el artículo anterior, se hará constar en la solicitud:

a) En el caso de obra colectiva, además de los documentos señalados en el artículo 12.1, la solicitud deberá contener la manifestación por la que se declara que la obra tiene carácter de colectiva, así como el nombre y apellidos o denominación de la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y coordinación ha sido creada, y que, asimismo, la ha editado y divulgado, acompañándose certificado de constitución del depósito legal y ejemplar de la obra editada tal y como ha sido puesta a disposición del público.

Cuando las personas naturales que hayan creado la obra sean identificadas como autores en las versiones de aquella que se hagan accesibles al público, se hará constar su nombre y apellidos y documento nacional de identidad, así como sus respectivas contribuciones si apareciesen identificadas como suyas en tales versiones.

b) En el caso de obras compuestas o derivadas, el nombre y apellidos del autor o coautores de la obra preexistente, así como su autorización.

c) En los supuestos de obras divulgadas mediante seudónimo, signo o anónimamente, deberá expresarse el nombre y apellidos o denominación de la persona física o jurídica a la que corresponda el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Si el seudónimo o signo no implicase anonimato, deberá hacerse constar así expresamente.

d) Si se tratase de obra escrita en caracteres no latinos, deberá hacerse constar el título original y la traducción de éste al castellano o, en su caso, a la lengua cooficial de la comunidad autónoma en que radique el registro territorial competente para practicar la inscripción.

Se acompañará, además, para mejor identificación de la obra un breve resumen del contenido de ésta, y el índice si lo hubiese, traducidos a la lengua que corresponda según lo indicado en el párrafo anterior.

Si la obra comprendiera otras con títulos independientes, éstos deberán también hacerse constar en la solicitud en los términos que prevé este párrafo d).

Art. 14. Requisitos específicos de la solicitud para la identificación y descripción de las obras, actuaciones o producciones objeto de propiedad intelectual.–Sin perjuicio de lo establecido en los dos artículos precedentes, y a efectos de identificación y descripción de las obras, actuaciones o producciones objeto de propiedad intelectual, así como de la clase de obra, actuación o producción, se hará constar en la solicitud, según los casos:

a) Para las obras literarias y científicas, así como para las obras dramáticas en general:

1.º Número de páginas u hojas, el de volúmenes y el formato.

2.º Para las dramáticas, además, la duración aproximada.

3.º Un ejemplar o copia de la obra.

4.º En su caso, número de depósito legal.

b) Para las composiciones musicales, con o sin letra:

1.º El género musical.

2.º Número de compases y la duración aproximada.

3.º La plantilla instrumental y vocal, en su caso, de la obra.

4.º Un ejemplar de su partitura.

5.º En su caso, número de depósito legal.

c) Para las coreografías y pantomimas:

1.º Una descripción por escrito del movimiento escénico.

2.º Se acompañará una grabación de la obra en un soporte cuyo contenido pueda ser examinado por el registro.

d) Para las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales:

1.º Se presentará una descripción por escrito de la obra.

2.º El nombre y apellidos o denominación social del productor.

3.º Si el productor fuese el único autor en los términos previstos en el artículo 87 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, se acompañará la declaración del productor en la que así se haga constar.

4.º El minutaje y, en su caso, idioma original de la versión definitiva, y los intérpretes principales.

5.º Se acompañará también una grabación de la obra en soporte cuyo contenido pueda ser examinado por el registro.

6.º En su caso, número de depósito legal.

e) Para las esculturas:

1.º El material y técnica escultórica empleados.

2.º Las dimensiones.

3.º Tres fotografías, siempre que sirvan de plasmación tridimensional de la obra. Al dorso de las fotografías ha de hacerse constar el título de la obra y el nombre y apellidos del autor.

f) Para las obras de dibujo y pintura:

1.º El tipo de soporte.

2.º El material y la técnica empleados

3.º Las dimensiones.

4.º Una copia o fotografía que permita su completa identificación. Al dorso ha de hacerse constar el título de la obra y el nombre y apellidos del autor.

5.º En su caso, número de depósito legal.

g) Para los grabados y litografías:

1.º La técnica de grabación.

2.º El material del soporte, material de la matriz, los colores o tintas utilizados en el tiraje.

3.º Los formatos.

4.º El número de tirada.

5.º Una copia o fotografía que permita su completa identificación. Al dorso de la copia o fotografía ha de hacerse constar el título de la obra y el nombre y apellidos del autor.

6.º En su caso, número de depósito legal.

h) Para los tebeos y cómics:

1.º El número de páginas u hojas, el de volúmenes y el formato.

2.º Un ejemplar o copia de la obra.

3.º En su caso, número de depósito legal.

i) Para las demás obras plásticas, sean o no aplicadas:

1.º El material empleado.

2.º Las dimensiones.

3.º Tres fotografías o tres infografías que sirvan de plasmación tridimensional de aquélla. Al dorso de las fotografías o infografías ha de hacerse constar el título de la obra y el nombre y apellidos del autor.

4.º Podrá también presentarse una descripción por escrito que facilite y mejore la identificación de la obra, así como los gráficos necesarios en formato DIN-A3 con la escala gráfica de referencia.

5.º Asimismo, se acompañará una grabación en soporte cuyo contenido pueda ser examinado por el registro.

j) Para las obras fotográficas:

1.º Una copia en positivo o en diapositiva. Al dorso de la fotografía ha de hacerse constar el título de la obra y el nombre y apellidos del autor y, en su caso, de la persona que lo represente.

2.º En su caso, número de depósito legal.

k) Para los proyectos, planos y diseños de obras de arquitectura e ingeniería:

1.º Un extracto o descripción por escrito que permita su identificación, incluyéndose los gráficos necesarios en formato DIN-A3 con la escala gráfica de referencia.

2.º Si el proyecto hubiese sido visado por el colegio oficial de ingenieros o arquitectos correspondiente, podrán indicarse el número y la fecha de dicho visado.

3.º Se acompañará una grabación del proyecto en soporte cuyo contenido pueda ser examinado por el registro.

l) Para las maquetas:

1.º La escala.

2.º Un máximo de tres fotografías que sirvan de plasmación tridimensional de lo proyectado. Al dorso de las fotografías ha de hacerse constar el título de la obra y el nombre y apellidos del autor.

m) Para los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia:

1.º Las dimensiones o escala.

2.º Una copia que permita su completa identificación.

n) Para los programas de ordenador:

1.º La totalidad del código fuente, que se presentará como ejemplar de la obra.

2.º Un ejecutable del programa.

3.º Opcionalmente, podrá presentarse una memoria que contenga:

Una breve descripción del programa de ordenador.

El lenguaje de programación.

El entorno operativo.

Un listado de ficheros.

El diagrama de flujo.

En su caso, número de depósito legal.

4.º Cuando la extensión del código fuente o las condiciones de archivo lo hicieran necesario, el registro podrá exigir que dicho código se aporte en CD-ROM u otro soporte diferente.

ñ) Para las bases de datos:

1.º Memoria descriptiva de la base de datos.

2.º Los criterios sistemáticos y metódicos de ordenación.

3.º El sistema de acceso a los datos.

4.º Podrá también acompañarse una grabación de la obra en soporte cuyo contenido pueda ser examinado por el registro.

5.º Se indicará, para su mejor comprensión, el modo de acceso a los datos.

6.º En su caso, número de depósito legal.

o) Para páginas electrónicas y multimedia:

1.º Descripción por escrito que relacione de forma individualizada cada creación para la que se solicita el registro, identificada con el nombre del fichero informático que la contiene y nombre y apellidos de su autor.

2.º Requisitos específicos, de conformidad con lo establecido en este artículo, para la identificación y descripción de las obras, actuaciones o producciones contenidas en la página electrónica o multimedia.

3.º Copia de la página o multimedia en soporte cuyo contenido pueda ser examinado por el registro.

4.º En su caso, número de depósito legal.

p) Para las actuaciones de artistas-intérpretes o ejecutantes:

1.º Descripción por escrito de la interpretación, actuación o ejecución.

2.º Lugar y fecha de la interpretación, actuación o ejecución y, en su caso, fecha de la divulgación de la grabación de ésta.

3.º Título y autor de la obra interpretada.

4.º Se acompañará también una grabación en soporte cuyo contenido pueda ser examinado por el registro.

q) Para las producciones fonográficas:

1.º Título y, en su caso, autor de la obra fijada en el fonograma.

2.º Nombre de los principales artistas-intérpretes o ejecutantes.

3.º Declaración del productor acreditando que dispone de las autorizaciones de los artistas.

4.º Tipo de fonograma y sistema de grabación.

5.º Fecha de la grabación y de la divulgación.

6.º Se acompañará también una copia del fonograma.

7.º En su caso, número de depósito legal.

r) Para las producciones de grabaciones audiovisuales:

1.º Descripción por escrito de la producción.

2.º La grabación en soporte cuyo contenido pueda ser examinado por el registro.

3.º Fecha de realización y de la divulgación de la grabación.

4.º Número de depósito legal si la producción estuviera publicada.

s) Para las meras fotografías:

1.º Una copia en positivo o en diapositiva.

2.º Fecha de realización de la mera fotografía o de su reproducción.

3.º En su caso, número de depósito legal.

t) Para las producciones editoriales previstas en el artículo 129 de la Ley de Propiedad Intelectual:

1.º Nombre y apellidos del autor, si fuera conocido.

2.º Año de entrada en el dominio público.

3.º Número de páginas, volúmenes y formato.

4.º Fecha de la divulgación o publicación, según el caso.

5.º Un ejemplar o copia de la producción editorial.

6.º En su caso, número de depósito legal.

u) Para cualesquiera otras obras o producciones protegidas no incluidas en los apartados anteriores, se exigirán aquellos datos o documentos que, en cada caso, se estimen necesarios para la mejor identificación y determinación del objeto de inscripción de la obra.

v) En todo caso, el registro podrá solicitar toda aquella documentación complementaria, adecuada al supuesto que se trate, que le sirva para aclarar y facilitar la calificación de los derechos inscribibles.

Art. 15. Registro competente para practicar la inscripción.–1. Para la primera inscripción de los derechos de propiedad intelectual que los autores y demás titulares insten, será competente el registro territorial de la comunidad autónoma en la que se presente la solicitud o, en su caso, el de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

2. La competencia para efectuar las inscripciones sucesivas referentes a los derechos de propiedad intelectual sobre la misma obra, actuación o producción corresponderá al registro en el que se hubiese efectuado la primera inscripción. No obstante, en caso de que se solicite el traslado de asientos y expedientes de conformidad con lo establecido en el apartado siguiente, el registro territorial de destino será el competente para practicar en lo sucesivo los asientos correspondientes a ese derecho.

3. Se procederá al traslado de los asientos y los expedientes de un registro a otro a solicitud del titular de un derecho de propiedad intelectual referido a aquéllos, previa audiencia de los restantes titulares, si los hubiera y no manifestasen su oposición. El traslado se efectuará copiando íntegramente los asientos y notas del derecho afectado bajo el nuevo número que les corresponda, clausurándose su historial antiguo y expresándose en el libro y el folio el traslado, mediante las oportunas notas marginales. El traslado llevará implícito el pago de la tasa correspondiente.

Sección 3.ª De las solicitudes de anotación preventiva

Art. 16. Legitimación para solicitar las anotaciones.– 1. Podrán pedir anotación preventiva de su derecho:

a) El que obtenga a su favor mandamiento judicial ordenando la anotación preventiva de demanda sobre la titularidad de derechos inscribibles.

b) El que obtuviera a su favor un mandamiento de embargo que se haya hecho efectivo en derechos de propiedad intelectual del deudor sin perjuicio de lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión [4].

c) El que obtuviera sentencia ejecutoria que pueda hacerse efectiva sobre derechos de propiedad intelectual.

d) El que, demandando en juicio ordinario el cumplimiento de cualquier obligación, obtuviera resolución judicial ordenando el secuestro o prohibiendo la transmisión del derecho controvertido.

e) El que acredite la presentación de la demanda con objeto de impugnar la denegación registral de la inscripción de un derecho de propiedad intelectual.

f) Los herederos respecto de su derecho sucesorio cuando no se haga especial adjudicación entre ellos de bienes concretos, cuotas o partes indivisas de éstos.

g) El que en cualquier otro caso tuviese derecho a exigirla conforme a lo dispuesto en las leyes.

2. Si el derecho sobre el que recae la anotación preventiva no estuviera inscrito, el juez que, en su caso, dicte la medida aseguratoria podrá instar la inscripción del derecho.

3. Para practicar dichas anotaciones preventivas la competencia registral se regirá por lo dispuesto en el artículo 15.

4. Las anotaciones preventivas se extinguen por su cancelación, por caducidad o por su conversión en inscripción. La extinción de las anotaciones preventivas puede ser total o parcial.

Art. 17. Procedimiento y plazos de caducidad.–El procedimiento para practicar la anotación y para su cancelación, así como los plazos de caducidad de las anotaciones preventivas, se regirán por lo establecido en la legislación hipotecaria en cuanto sea compatible.

CAPÍTULO III

El procedimiento de actuación del registro

Art. 18. Admisión de la solicitud.–1. Al presentarse una solicitud ante el registro se hará constar en ella la fecha, hora y minuto de la presentación.

2. Al solicitante se le expedirá justificante de la presentación, admitiéndose como tal una copia sellada de la solicitud en la que figuren los datos mencionados en el apartado 1.

3. La fecha de entrada en el registro competente determinará el inicio del cómputo del plazo para resolver, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 [5].

Art. 19. Subsanación de defectos.–1. Si la solicitud presentada contuviera algún defecto subsanable, o si no se aportase algún documento necesario, el titular del registro requerirá al solicitante para que subsane la falta en el plazo de 10 días hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Este plazo podrá ser ampliado hasta cinco días hábiles, de oficio o a petición del interesado, cuando la subsanación o la aportación de los documentos o datos requeridos presenten dificultades especiales.

2. En el escrito de requerimiento se pondrá de manifiesto al interesado que, de no cumplimentarlo en sus propios términos, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose ésta, previa resolución dictada de conformidad con el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Art. 20. Solicitudes incompatibles.–1. Si se advirtiese que han sido presentadas dos o más solicitudes incompatibles referidas a derechos sobre una misma obra, actuación o producción, se comunicará tal circunstancia a los interesados, para que en el plazo de 15 días hábiles manifiesten lo que convenga a su derecho y aporten las pruebas y documentos que estimen oportunos. A la vista de las alegaciones presentadas y de la legalidad de los actos y contratos relativos a los derechos inscribibles, el registrador resolverá lo que mejor proceda en derecho.

2. Cuando la incompatibilidad se advierta entre una inscripción ya practicada y una solicitud de inscripción, ésta será denegada de conformidad con lo establecido en el artículo 27, excepto cuando proceda una rectificación de los asientos, en cuyo caso se estará a lo que disponga la resolución judicial correspondiente.

Art. 21. Tramitación de la solicitud.–Los trámites que el registro ha de llevar a cabo antes de resolver son los determinados por este reglamento, con sujeción en todo caso a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Art. 22. Calificación.–1. El titular del registro territorial calificará las solicitudes presentadas y la legalidad de los actos y contratos relativos a los derechos inscribibles, y resolverá acordando practicar, suspender o denegar la inscripción.

2. La calificación y la resolución habrán de adoptarse en función de lo que resulte del contenido de los actos y contratos, así como de los asientos del registro.

3. Para la calificación de las solicitudes presentadas el registro podrá dirigirse en cualquier momento al solicitante en demanda de aclaraciones, con el fin de posibilitar la inscripción solicitada [6].

Art. 23. Tracto sucesivo.–1. Las inscripciones recogerán la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, desde la primera inscripción hasta su paso al dominio público.

2. Los actos y contratos por los que se transmitan o modifiquen derechos de propiedad intelectual sólo podrán ser inscritos o anotados en el registro acompañando a la instancia el documento acreditativo de la transmisión si el cedente fuese el autor o titular originario o los acreditativos de las transmisiones sucesivas de las que trae causa el derecho cuya inscripción se solicita.

A estos efectos, el solicitante justificará documentalmente el acto o contrato de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.

3. La acreditación del tracto sucesivo también podrá verificarse mediante expediente judicial de dominio.

CAPÍTULO IV

De la resolución de las solicitudes y de sus vías de impugnación

Art. 24. Resolución: plazo, motivación y notificación.–1. En el plazo máximo de seis meses contados desde la fecha en que las solicitudes hayan tenido entrada en el registro territorial competente para resolver, el titular del registro las resolverá de forma expresa acordando practicar o denegar la inscripción y notificándolas a los interesados, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las resoluciones del titular del registro serán motivadas, además de en los casos previstos en el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los siguientes supuestos:

a) Cuando sean denegatorias de la inscripción.

b) Cuando, siendo favorables a la solicitud, hubieran comparecido en el procedimiento interesados que se oponen a ésta.

c) Cuando se refieran a solicitudes sobre cuya compatibilidad con otras solicitudes o inscripciones se hubiera planteado cuestión, según lo previsto en el artículo 20.

3. Las resoluciones del titular del registro serán notificadas a los interesados en la forma establecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Art. 25. Vías de impugnación.–1. Contra los acuerdos del titular del registro relativos a la inscripción y fundados en la validez o invalidez de los títulos, en la capacidad de las partes o en la existencia o inexistencia de los derechos inscribibles, así como en cualquier otra cuestión de naturaleza jurídico-privada, se podrán ejercitar, ante la jurisdicción civil y sin necesidad de reclamación administrativa previa, las acciones procedentes de conformidad con lo establecido en el artículo 145.2 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

2. Contra las resoluciones y los actos de trámite que tengan su fundamento en la aplicación de normas de procedimiento administrativo, los interesados podrán interponer los recursos que correspondan en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Si la denegación o suspensión acordada por el titular del registro se basa simultáneamente en causas previstas en los apartados 1 y 2, la vía de impugnación procedente será la civil.

CAPÍTULO V

De las inscripciones

Art. 26. Forma y contenido de la inscripción registral.–1. Las inscripciones se ajustarán en su forma al modelo que apruebe la Comisión de Coordinación de los Registros.

2. La inscripción expresará: el número del asiento registral; el título de la obra, actuación o producción; el objeto de propiedad intelectual; la clase de obra, actuación o producción con los datos específicos de descripción o identificación que consten en la solicitud; los datos identificativos del autor o del titular originario; los derechos que se inscriben, su extensión y condiciones si las hubiera; el titular de los derechos patrimoniales con expresión de sus datos identificativos; si existiera, el título que contiene el derecho que se inscribe, su fecha y el tribunal, juzgado o notario que, en su caso, lo autorice; el lugar, fecha, hora y minuto de presentación de la solicitud de inscripción, el número de entrada que se le hubiese asignado y la fecha a partir de la cual la inscripción comienza a surtir efectos.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se omitirá en el asiento registral:

a) El nombre o denominación social del autor o autores cuando se trate de obras bajo seudónimo o signo (y así se solicite expresamente), o de obras anónimas.

b) El número de páginas y el formato en las obras impresas.

4. Se asignarán números diferentes y correlativos a cada obra, actuación o producción que se presente para inscripción, dentro de cada año natural.

Si hubiese números anulados u omitidos, se salvarán al diligenciarse los libros correspondientes.

Las sucesivas inscripciones de derechos sobre una obra, actuación o producción estarán diferenciadas con ordinales correlativos a partir de la primera.

5. Todas las inscripciones contendrán, asimismo, el sello del registro territorial competente y la firma del registrador.

Art. 27. Eficacia de la inscripción.–1. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los derechos inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma determinada en los asientos respectivos.

2. La inscripción surtirá efecto desde la fecha de recepción de la solicitud en el registro territorial competente para resolver, salvo en el caso de subsanación de defectos realizada conforme prevé el artículo 19 que afecten a la validez de los actos y contratos inscribibles, en el que dicho efecto se producirá desde la fecha de acceso al registro territorial competente del documento de subsanación.

3. Inscrito o anotado en el registro cualquier derecho, acto o contrato objeto de aquél, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual, anterior o posterior fecha, que se le oponga o sea incompatible, salvo resolución judicial en contrario.

Art. 28. Extinción de la inscripción.–1. Las inscripciones se extinguen, en todo o en parte, por su cancelación.

2. La cancelación tendrá lugar:

a) A petición del titular del derecho inscrito, a condición de que no se vean perjudicados derechos de terceros.

b) Por la declaración de nulidad del acto o contrato en virtud del cual se ostente el derecho inscrito.

c) Por resolución judicial firme.

3. En lo relativo al procedimiento para la cancelación, se estará a lo establecido en la legislación hipotecaria, en cuanto sea compatible.

4. Los ejemplares de las obras, actuaciones o producciones presentadas de acuerdo con el artículo 14 se conservarán en poder del registro correspondiente y no podrán ser devueltos a los autores o titulares en caso de extinción de la inscripción.

Art. 29. Corrección de errores.–El registro podrá rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CAPÍTULO VI

De la publicidad registral

Art. 30. Publicidad de los asientos registrales.–Los asientos registrales serán públicos. Dicha publicidad tendrá lugar mediante certificación, con eficacia probatoria, del contenido de los asientos. También puede darse publicidad, con valor simplemente informativo, mediante nota simple o acceso informático. Asimismo, y únicamente si el titular del registro considera suficientemente asegurada su conservación, podrá accederse a la consulta directa de los asientos.

Art. 31. Publicidad de los expedientes.–1. La consulta directa de los expedientes archivados en los registros, a excepción del contenido de la obra o creación, solamente podrá efectuarse, además de por el titular del derecho de propiedad intelectual, por terceros que acrediten un interés legítimo, en los términos previstos en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La expedición de certificaciones y consulta de documentos contenidos en los expedientes, o del nombre del autor o coautores de las obras divulgadas mediante seudónimo, signo o anónimamente, quedará limitada a aquellas personas que acrediten un interés directo.

Art. 32. Publicidad de los programas de ordenador.–A los efectos de lo señalado en el artículo 101 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, los únicos elementos de los expedientes relativos a los programas de ordenador susceptibles de consulta pública serán los que consten en el asiento registral correspondiente.

[1] Véanse las normas por las que se establecen los Registros de la Propiedad Intelectual de las Comunidades Autónomas reseñadas en nota al artículo 144.1 de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 1).

[2] En la actualidad, es Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

[3] Téngase en cuenta la clasificación de los cuerpos y escalas de los funcionarios públicos establecida por la Ley 7/2007, de 12 de abril («BOE» núm. 89, de 13 de abril), del Estatuto Básico del Empleado Público.

[4] Parágrafo 5.

[5] Téngase en cuenta el artículo 27 de este Reglamento.

[6] Véase el artículo 145.2 del Real Decreto legislativo 1/1996 de 12 de abril (§1).

COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

§ 20 REAL DECRETO 1889/2011, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

(«BOE» núm. 315, de 31 de diciembre; corrección de errores en «BOE» núm. 24, de 28 de enero de 2012

I

El artículo 158 de la Ley de Propiedad Intelectual, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, crea en el Ministerio de Cultura, hoy Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con carácter de órgano colegiado de ámbito nacional, la Comisión de Propiedad Intelectual, asignándole funciones de mediación, arbitraje y salvaguarda de derechos en el ámbito de la propiedad intelectual.

La disposición final cuadragésima tercera, apartado cuatro, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, modifica el citado artículo 158 ampliando las funciones que ha de ejercer la Comisión de Propiedad Intelectual, que actuará por medio de dos secciones. La Sección Primera amplía su ámbito competencial, en el caso de la mediación a todas las materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, y, en el caso del arbitraje, a los conflictos entre distintas entidades de gestión, entre los titulares de derechos y las entidades de gestión, y entre éstas y las entidades de radiodifusión, entre otros; en el ejercicio de las funciones para la fijación de cantidades sustitutorias de tarifas se enumeran además una serie de criterios objetivos que la Comisión debe valorar.

La Sección Primera refuerza así su condición de instrumento especialmente idóneo en el funcionamiento del sistema vigente de la propiedad intelectual para resolver este tipo de conflictos, lo que requiere generalmente una compleja valoración de derechos e intereses, algo que ha de tenerse en cuenta en la determinación de los procedimientos de mediación y arbitraje de la Comisión que procede a llevarse a cabo mediante el presente real decreto, actualizando y mejorando los procedimientos establecidos en el Real Decreto 479/1989, de 5 de mayo, por el que se regula la composición y el procedimiento de actuación de la Comisión Arbitral de Propiedad Intelectual, modificado parcialmente por el Real Decreto 1248/1995, de 14 de julio, sin perjuicio de las competencias que, en su caso, correspondan a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos de autonomía en materia de normas procesales y procedimientos administrativos que se deriven de las especialidades del derecho sustantivo autonómico.

II

Asimismo la disposición final cuadragésima tercera, apartado cuatro, de la Ley 2/2011, de 5 de marzo, de Economía Sostenible, modifica también el artículo 158 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), creando en el seno de la Comisión de Propiedad Intelectual una Sección Segunda a la que corresponderá ejercer las funciones previstas en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información.

La Constitución española reconoce y otorga una protección cualificada al derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, la imagen o cualquier otro medio. Junto a la libertad de expresión, la Constitución consagra el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Sobre los poderes públicos recae el deber reforzado de garantizar los mencionados derechos y libertades fundamentales y de remover los obstáculos para el pleno ejercicio de los mismos. Sólo combatiendo los supuestos de vulneración de los derechos de propiedad intelectual de los autores y creadores e impidiendo el enriquecimiento injusto de quienes los vulneran, puede garantizarse que aquéllos reciban una contraprestación por la explotación de sus obras y creaciones, y se asegura a largo plazo la diversidad cultural, la libertad de creación y el acceso de todos a la Cultura. Todo ello considerando que, conforme al artículo 27.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, «toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora».

El presente real decreto recoge el mandato legal, introducido en el nuevo apartado 4 del artículo 158 del TRLPI, de determinar el funcionamiento de la referida Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual y el procedimiento para el ejercicio de sus funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información, funciones que, por la propia naturaleza global de estos servicios, no son susceptibles de fraccionamiento territorial, dada la imposibilidad de establecer precisamente en estos supuestos el punto de conexión en el entorno digital, sin perjuicio de las competencias que, en su caso, correspondan a las comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos de autonomía.

La composición de la mencionada Sección Segunda es la establecida en el apartado 4 del artículo 158 del TRLPI, que debe interpretarse a la luz del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y según el cual corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la protección de la creación literaria y de las actividades cinematográficas y audiovisuales, creándose en dicho Departamento la Secretaría de Estado de Cultura como órgano superior que habrá de ejercer las competencias del Ministerio sobre este sector de actividad administrativa, y bajo la presidencia de cuyo titular o de la persona en la que éste delegue deberá, por lo tanto, tener lugar la actividad de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.

III

La revolución digital está suponiendo una oportunidad formidable para la creación y la difusión de los contenidos culturales, pero también ha hecho surgir y continúa haciendo aparecer, en paralelo, nuevas modalidades de defraudación de los derechos de propiedad intelectual a través de los propios servicios de la sociedad de la información, que intentan obviar que la puesta a disposición del público de obras o prestaciones protegidas sólo es lícita –también en Internet– cuando cuenta con autorización por parte del titular de los derechos de propiedad intelectual o con amparo en algún límite legal de éstos.

Este conjunto de circunstancias está ocasionando, además de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual mediante páginas de Internet, cuantiosas pérdidas al sector de las industrias culturales con la consiguiente destrucción de empleo y riqueza de un sector que genera cerca del 4 por 100 del Producto Interior Bruto español. Asimismo, la competencia desleal que supone este tráfico ilegal de contenidos no sólo dificulta notablemente las posibilidades de desarrollo de nuevos modelos de negocio, limitando una indudable vía de expansión económica, sino que también está afectando a agentes claves en el mundo de las industrias culturales, dificultando la producción y creación musical, audiovisual, literaria o multimedia, y perjudicando con ello el ejercicio del derecho a comunicar o recibir libremente nuevas creaciones.

La protección de los derechos de autor en el entorno digital en línea constituye una preocupación persistente del ámbito internacional y de las instituciones europeas, pudiendo citarse el artículo 14 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio, la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de abril de 2008, sobre una Agenda Europea para la Cultura en un Mundo en vías de Globalización, las Conclusiones del Consejo de Ministros de la Unión Europea, de 20 de noviembre de 2008, relativas al desarrollo de las ofertas legales de contenidos culturales y creativos en línea y a la prevención y la lucha contra la piratería en el entorno digital, o la Resolución del Consejo de Ministros de la UE, de 1 de marzo de 2010, sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior, que ha destacado que, en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines, la piratería de bienes culturales en un entorno digital en rápido desarrollo daña la comercialización legal de los medios, dificulta la aplicación de modelos de negocio competitivos de suministro legal de contenido cultural y creativo, pone en entredicho la adecuada retribución de los titulares de los derechos y frena el dinamismo de la industria cultural europea que brinda acceso a una oferta cultural legal, diversa y de alta calidad.

Asimismo, la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, considera que, sin medios eficaces de tutela de los derechos de propiedad intelectual, la innovación y la creación se desincentivan y las inversiones se reducen. A este respecto, los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual tienen una importancia capital para el éxito del mercado interior, si bien resulta asimismo esencial garantizar un justo equilibrio entre éstos y otros derechos a proteger en el entorno digital como son la libertad de expresión e información, o el secreto de las comunicaciones, igualmente tutelados por el marco comunitario y constitucional.

IV

La Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de impulso de la Sociedad de la Información, enmarcada en el conjunto de medidas que constituyen el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la Información y de convergencia con Europa y entre Comunidades Autónomas y Ciudades autónomas, Plan Avanza, aprobado por el Gobierno en noviembre de 2005, modificó el artículo 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio.

Así, en la redacción vigente de los apartados 1 y 2 de dicho artículo 11, los órganos que tengan legalmente atribuidas competencias para ello pueden dirigirse directamente a un prestador de servicios de intermediación de la sociedad de la información para ordenarle que interrumpa la prestación de un servicio de ese tipo, retire determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en España, o impida el acceso desde territorio español a servicios o contenidos cuya interrupción o retirada haya sido decidida, en caso de prestadores establecidos fuera de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.

El apartado 3 de dicho artículo 11 aclara que, cuando las medidas de retirada de contenidos, impedimento del acceso desde España o interrupción de la prestación del servicio, afecten a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución, aquéllas deberán ser decididas por los órganos jurisdiccionales competentes.

Así, el referido artículo 158.4 establece que la ejecución de las medidas adoptadas por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual exigirá la previa autorización judicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el apartado segundo del artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (introducido por la disposición final cuadragésima tercera, apartado siete, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible).

V

En la elaboración de la presente norma han informado los entonces Ministerios de Economía y Hacienda, y de Política Territorial y Administración Pública, y han sido consultadas las comunidades autónomas.

También han sido consultados y han emitido informe el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Consejo de Consumidores y Usuarios, la Agencia Española de Protección de Datos y la Comisión interministerial de trabajo para el asesoramiento en la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual mediante páginas de Internet, creada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2009. Igualmente, han sido oídas las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley y que agrupan o representan a los legítimos interesados y cuyos fines guardan relación directa con el objeto del real decreto, y el contenido de la disposición ha sido notificado a la Comisión Europea según lo previsto en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, que transpone la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, modificada por la Directiva 98/48/CE.

En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, del Ministro de Justicia y del Ministro de Industria, Energía y Turismo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 30 de diciembre de 2011, dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.–El presente real decreto tiene por objeto regular el régimen jurídico y de funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano colegiado de ámbito nacional adscrito a la Subdirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a que se refiere el artículo 158 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

CAPÍTULO II

Funciones y composición de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual

Art. 2. Funciones y régimen jurídico.–1. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ejerce las funciones de mediación y arbitraje en las materias y los supuestos previstos en el artículo 158.3 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

2. La Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual se regirá por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y por el presente real decreto y, con carácter supletorio, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, esta última en lo referente a procedimientos arbitrales.

3. Ante la reiterada negativa de una parte a someterse, a petición de otra, a los procedimientos previstos en los capítulos IV y V sin aceptar tampoco acudir ante otro órgano que pueda realizar un arbitraje al respecto, o ante una posibilidad de infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, la Sección Primera valorará si existen indicios racionales de conductas prohibidas de conformidad con lo previsto en dicha Ley, a efectos de ponerlo en conocimiento de la Comisión Nacional de la Competencia.

4. El tratamiento llevado a cabo por la Sección Primera de los datos relacionados con los detalles e informaciones derivados de las actuaciones realizadas en el ámbito de sus funciones, se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Art. 3. Composición de la Sección Primera.–1. La Sección Primera de la Comisión estará formada por tres miembros titulares nombrados mediante orden del titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Justicia, Educación, Cultura y Deporte, y Economía y Competitividad, por un período de tres años renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual. Sin perjuicio del cumplimiento del anterior requisito, en la propuesta de nombramiento que realice cada uno de los Subsecretarios de los señalados departamentos ministeriales, podrá valorarse adicionalmente la experiencia o conocimiento en los ámbitos del derecho económico y de la competencia, y mercado audiovisual y de las comunicaciones electrónicas. En la misma orden ministerial quedará igualmente previsto, y por el mismo sistema, el nombramiento de dos suplentes por cada titular, mediante designación en cada caso por el Ministerio correspondiente, y que actuarán como sustitutos en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, sin perjuicio de lo que establece el apartado siguiente acerca de la sustitución del Presidente.

2. Mediante orden ministerial conjunta de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, y de Economía y Competitividad, se nombrará a uno de los miembros titulares como Presidente de la Sección, el cual dirigirá y coordinará los trabajos, debates y votaciones de la Sección, convocará y fijará el orden del día de las reuniones, y ejercerá las demás facultades que sean necesarias para el buen funcionamiento de la Sección. La orden contendrá también el nombramiento de uno de estos miembros de la Sección como Vicepresidente, con funciones de sustitución del Presidente en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal. En defecto del Vicepresidente, desempeñará las funciones del Presidente el tercer miembro titular de la Sección y subsidiariamente el miembro suplente que cuente con más antigüedad y, en caso de igual antigüedad, el miembro suplente de mayor edad.

3. Los miembros de la Sección Primera ejercerán sus funciones con independencia, neutralidad e imparcialidad y estarán sometidos a las normas sobre recusación y abstención contenidas en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje [1]. Las decisiones de la Sección que resuelvan cuestiones de fondo o de ordenación procesal en toda clase de procedimientos serán adoptadas por mayoría de sus miembros. Salvo acuerdo en contrario de las partes o de los miembros de la Sección, el Presidente podrá decidir por sí solo cuestiones de tramitación e impulso del procedimiento.

4. Sin perjuicio de lo previsto en el anterior apartado 2 en relación con el Presidente de la Sección, en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, que impida a uno de los miembros titulares intervenir en un asunto sometido a la Sección, ésta lo comunicará al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a fin de que se proceda a su sustitución para el conflicto de que se trate, mediante un miembro suplente y conforme dispone este artículo.

5. Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con nivel de subdirector general o asimilado, mediante nombramiento por el titular de la Dirección General competente en materia de propiedad intelectual, y que no podrá realizar propuestas de actuación en relación con cuestiones de fondo ni someterlas a valoración de la Sección Primera para su aprobación salvo que así se le interese por ésta.

6. Todas las actuaciones de la Sección Primera se realizarán haciendo uso de medios electrónicos en los casos en que ello esté establecido en el desarrollo del apartado 2 de la disposición adicional única, y de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos [2].

7. Los miembros de la Sección Primera tendrán acceso a los acuerdos alcanzados por la o las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, para situaciones análogas a la suscitada, con el o los usuarios o licenciatarios de derechos que sean parte en el procedimiento de mediación o arbitraje que se esté desarrollando.

CAPÍTULO III

El procedimiento de mediación

Art. 4. La solicitud de mediación.–1. La solicitud de mediación se dirigirá a la Sección Primera, mediante el modelo oficial que figura como Anexo I a este real decreto en caso de no emplearse medios electrónicos, y en ella las partes se someterán expresa y voluntariamente a la Sección para que ésta medie en la solución del conflicto que tengan entre ellas y presente, en su caso, una propuesta, según lo previsto en el artículo 158.3.1.º del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

2. También podrá instarse la mediación mediante solicitud dirigida a la Sección, en la que una de las partes pida que se traslade dicha solicitud a la otra para que ésta manifieste, en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la recepción de dicho traslado, si desea someterse a la mediación requerida. En caso de no aceptarla, ello se notificará a la parte solicitante e impedirá la apertura del procedimiento de mediación. En caso de que la parte cuya aceptación se solicita no responda en el citado plazo, se entenderá que rechaza someterse a la mediación solicitada.

3. La solicitud de mediación, que se acompañará de aquellos documentos sobre los que la parte o partes solicitantes de la mediación apoyen sus respectivas pretensiones, comprenderá en todo caso los siguientes extremos:

a) Los datos identificativos de las partes interesadas en la mediación o, en su caso, de la parte solicitante y de la parte requerida, así como sus domicilios a efectos de notificación.

b) El objeto del conflicto.

c) El contenido de las pretensiones de la parte o partes solicitantes y las que, en su caso, considere mantiene la otra u otras partes, sucintamente expresadas.

d) La manifestación, de la parte o partes solicitantes, de aceptación de la imparcialidad de los miembros titulares de la Sección Primera en su condición de mediadores, o, si no fuera así, las causas de recusación que entiendan que concurren.

e) En su caso, escrito de nombramiento de las personas que representarán a las partes en la mediación, firmado por éstas.

f) Constancia del pago de la provisión de fondos para los gastos de administración del procedimiento por la Comisión de Propiedad Intelectual y los honorarios de los miembros de la Sección Primera en su condición de mediadores, en el importe que se establezca de conformidad con la Disposición final tercera.

g) Cuando la solicitud sea de una asociación de usuarios u otra entidad de naturaleza asociativa, deberá acompañarse de una certificación en la que se comprenda el nombre y apellidos o razón social de los miembros de dicha asociación, así como el acuerdo y mandato de representación adoptado, en relación con la mediación, por su órgano de gobierno.

4. Los miembros de la Sección Primera, en su condición de mediadores, acordarán la admisión de la solicitud de mediación por mayoría, de conformidad con la competencia de la Sección y con los demás requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual y en este capítulo. En el caso de que se acuerde la inadmisión, o la acumulación de la solicitud a otros procedimientos que se estén sustanciando ante la Sección y la prevalencia de un procedimiento respecto a otro, la decisión será motivada y notificada a las partes.

5. El lugar de realización de la mediación será la sede de la Comisión de Propiedad Intelectual, en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, salvo que, a solicitud de todas las partes, la Sección acuerde que se realice en otro lugar.

6. En el supuesto de que se soliciten de forma simultánea procedimientos de mediación y arbitraje, se tramitará, en primer lugar, el de mediación.

Art. 5. Negociaciones y propuesta en la mediación.–1. Admitida a trámite la solicitud de mediación, previo sometimiento de las partes, la Sección convocará a éstas a una reunión para que fijen sus posiciones iniciales, aportando la documentación que consideren oportuna y expongan sus argumentos.

2. Fijadas las posiciones de las partes, la Sección Primera convocará las reuniones adicionales que estime precisas, sea con todas las partes, sea con alguna de ellas, con la finalidad de alcanzar un acuerdo entre aquéllas o presentar las propuestas de la Sección para solucionar el conflicto.

3. El procedimiento de mediación tendrá lugar de acuerdo con los principios de legalidad, voluntariedad, imparcialidad, neutralidad, igualdad entre las partes, confidencialidad y audiencia.

4. La inasistencia o inactividad de cualquiera de las partes no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni que la Sección presente propuestas de solución del conflicto.

5. En cualquier momento del procedimiento, la Sección, a iniciativa de sus miembros o de las partes, podrá acordar la práctica de las pruebas que estime pertinentes. Los gastos que pueda ocasionar la práctica de la prueba serán satisfechos por la parte que la hubiera solicitado, o por ambas partes si así lo aceptan, o a prorrata cuando haya sido propuesta por los miembros de la Sección, salvo que las partes acepten que sean satisfechos por una de ellas [3].

6. La interposición de acciones judiciales o extrajudiciales no suspenderá la tramitación del procedimiento de mediación.

Art. 6. Terminación del procedimiento.–1. El procedimiento de mediación terminará, en todo caso, cuando las partes alcancen un acuerdo sobre las cuestiones controvertidas o cuando se produzca un desistimiento conjunto o de parte. En tal caso lo comunicarán a la Sección, acompañando el acuerdo, que será consignado en la resolución que acuerde la terminación del procedimiento mediador por avenencia o desistimiento. Asimismo, el procedimiento finalizará cuando la Sección aprecie de manera justificada que las posiciones son irreconciliables o concurra otra causa que determine su conclusión.

2. Fuera de los supuestos previstos en el apartado anterior, cuando la Sección considere que las cuestiones han sido suficientemente debatidas, y en todo caso en el plazo de dos meses como máximo desde la efectiva puesta en marcha del procedimiento de mediación prevista en el artículo 5.1, dará por finalizado el intento de avenencia y convocará a las partes a una audiencia para que formulen sus posiciones definitivas.

3. Sobre la base de las posiciones definitivas, así como de lo actuado con anterioridad, la Sección formulará, en su caso, en el plazo de un mes desde la formulación de dichas posiciones definitivas, una propuesta de solución del conflicto, que será notificada a las partes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Si transcurrido el plazo de tres meses desde la notificación de la propuesta de solución del conflicto ninguna de las partes hubiera manifestado su oposición motivada a la propuesta de solución, se considerará que todas ellas la aceptan.

5. Si la Comisión apreciara la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes, dará por finalizado el procedimiento sin avenencia de forma motivada, y lo notificará a todos los interesados.

6. En todo caso, la duración máxima del procedimiento será de seis meses a contar desde la fecha de admisión a trámite de la solicitud de mediación.

7. Los acuerdos de conciliación, sean los previstos en el apartado 4 de este artículo o expresos, producirán los efectos previstos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

CAPÍTULO IV

El procedimiento general de arbitraje

Art. 7. La solicitud de arbitraje.–1. La solicitud de arbitraje se dirigirá a la Sección Primera, mediante el modelo oficial que figura como Anexo II a este real decreto en caso de no emplearse medios electrónicos, y según lo previsto en el artículo 158.3.2.º del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, solicitándose el arbitraje por la parte demandante o, en su caso, por ambas partes conjuntamente:

a) invocando un convenio o cláusula arbitral en los términos definidos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, en virtud del cual las partes se han comprometido a someter la controversia al arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual, o

b) en defecto de convenio o cláusula arbitral, instando a que se dé traslado de su solicitud de arbitraje a la otra parte, para que manifieste si desea someterse al arbitraje requerido.

2. La solicitud de arbitraje contendrá, al menos, las siguientes menciones:

a) El nombre completo, dirección y demás datos relevantes para la identificación y contacto de la parte o partes demandantes y de la parte o partes demandadas. En particular, deberá indicar las direcciones a las que deberán dirigirse las comunicaciones a todas esas partes.

b) La descripción del objeto de la controversia.

c) Las pretensiones que se formulan, con expresión, de ser posible, de su cuantía.

d) El acto, contrato o negocio jurídico del que derive la controversia o con el que ésta guarde relación.

e) El convenio o cláusula arbitral que, en su caso, se invoca.

3. A la solicitud de arbitraje deberán acompañarse, al menos, los siguientes documentos:

a) Copia del convenio arbitral o cláusula arbitral si existiera.

b) Copia de los contratos, en su caso, de que traiga causa la controversia.

c) En su caso, escrito que acredite la representación, cuando la parte no actúe por sí misma. También será posible el otorgamiento de representación ante los servicios administrativos correspondientes.

d) Constancia del pago de la provisión de fondos para los gastos de administración del procedimiento por la Comisión de Propiedad Intelectual y los honorarios de los miembros de la Sección Primera en su condición de árbitros, en el importe que se establezca de conformidad con la Disposición final tercera.

e) Cuando la solicitud sea de una asociación de usuarios u otra entidad de naturaleza asociativa que legalmente pueda acogerse a este procedimiento de arbitraje, deberá acompañarse de una certificación en la que se comprenda el nombre y apellidos o razón social de los miembros de dicha asociación, así como el acuerdo y mandato de representación adoptado, en relación con el arbitraje, por su órgano de gobierno.

4. Recibida la solicitud de arbitraje con todos sus documentos y subsanados, en su caso, los defectos de que adoleciera, la Sección Primera remitirá sin dilación al demandado o demandados una copia de la solicitud.

5. El demandado responderá a la solicitud de arbitraje en el plazo de treinta días hábiles desde su recepción. La falta de presentación de la respuesta a la solicitud de arbitraje dentro del plazo conferido no suspenderá el procedimiento en el supuesto previsto en el artículo 7.1.a), pero se entenderá como negativa de someterse al arbitraje e impedirá proseguir el procedimiento en el supuesto previsto en el artículo 7.1.b).

6. La respuesta a la solicitud de arbitraje contendrá, al menos, las siguientes menciones:

a) El nombre completo del demandado, su dirección y demás datos relevantes para su identificación y contacto; en particular designará la persona y dirección a la que deberán dirigirse las comunicaciones que deban hacérsele durante el arbitraje.

b) Sus comentarios sobre la descripción de la controversia efectuada por el demandante.

c) Su posición sobre las pretensiones del demandante.

d) Si se opusiera al arbitraje, su posición sobre la existencia, validez o aplicabilidad del convenio o cláusula arbitral.

7. A la respuesta a la solicitud de arbitraje deberán acompañarse, al menos, los siguientes documentos:

a) Escrito que acredite la representación, cuando la parte no actúe por sí misma. También será posible el otorgamiento de representación ente los servicios administrativos correspondientes.

b) En caso de aceptación del arbitraje, constancia del pago de la provisión de fondos para los gastos de administración del procedimiento por la Comisión de Propiedad Intelectual y los honorarios de los miembros de la Sección Primera, en el importe que se establezca de conformidad con la disposición final tercera.

8. Recibida la respuesta a la solicitud de arbitraje con todos sus documentos, la Sección Primera remitirá una copia al demandante.

9. Los miembros de la Sección decidirán sobre la admisión de la solicitud de arbitraje, o sobre la acumulación de la solicitud a otros procedimientos que se estén sustanciando ante la Sección y, de manera motivada, sobre la prevalencia de un procedimiento respecto a otro, y estarán facultados para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o la validez del convenio o cláusula arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia, de conformidad con lo establecido en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, en el Texto Refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual y en este real decreto.

Art. 8. Procedimiento arbitral.–1. Los miembros de la Sección Primera dirigirán el arbitraje conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en el presente real decreto y, en lo no previsto en estas disposiciones, en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, o en los acuerdos a que lleguen las partes según lo establecido en ésta.

2. En todo caso, el procedimiento se ajustará a los principios de legalidad, voluntariedad, audiencia, confidencialidad, contradicción, imparcialidad e igualdad entre las partes. La inasistencia o inactividad de cualquiera de ellas no impedirá el desarrollo del procedimiento ni que se dicte el laudo, ni privará a éste de su eficacia.

3. Los miembros de la Sección Primera decidirán de oficio o a instancia de las partes sobre la admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas propuestas por las partes, sobre su práctica y su valoración, así como sobre la práctica de pruebas complementarias, cuando lo considerasen necesario para la formación de su criterio. Los gastos que pueda ocasionar la práctica de la prueba serán satisfechos por la parte que la hubiera solicitado, o por ambas partes si así lo aceptan o a prorrata cuando haya sido propuesta por los miembros de la Sección salvo que las partes acepten que sean satisfechos por una de ellas [4].

4. La Sección Primera podrá convocar las reuniones que estime precisas con la finalidad de promover un acuerdo entre las partes que permita la solución del conflicto.

5. Cuando la Sección considere que las cuestiones han sido suficientemente debatidas y siempre que no se haya alcanzado un acuerdo entre las partes en los términos previstos en el apartado anterior, convocará una audiencia para que las partes formulen sus posiciones definitivas.

Art. 9. Terminación del procedimiento.–1. El procedimiento terminará, salvo acuerdo previo de las partes, mediante uno o varios laudos escritos y motivados que resolverán todas las cuestiones planteadas por aquéllas en el ámbito de las competencias propias de la Sección. La Sección se pronunciará en el laudo final sobre las costas del arbitraje, definidas en los términos del apartado 6 del artículo 37 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Cualquier condena en costas deberá ser motivada y, salvo acuerdo por escrito en contrario de las partes, como regla general, deberá reflejar el éxito y el fracaso de las respectivas pretensiones de las partes, a no ser que, atendidas las circunstancias del caso, los miembros de la Sección estimaran inapropiada la aplicación de este principio general.

2. Los laudos adoptados tendrán carácter vinculante y serán ejecutables e impugnables conforme a lo establecido en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

3. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los laudos deberán dictarse en el plazo máximo de seis meses desde que el demandado presente la respuesta a la solicitud de arbitraje, prorrogables por un máximo de dos meses si las partes no se oponen.

4. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, si en el transcurso del procedimiento arbitral las partes alcanzasen un acuerdo que ponga fin, total o parcialmente, a la controversia, lo formalizarán por escrito y lo comunicarán a la Sección a fin de que se den por terminadas las actuaciones respecto de los puntos acordados y ésta dicte laudo en los términos convenidos salvo que aprecie motivos para oponerse o las partes renuncien a que se dicte el mismo.

CAPÍTULO V

El procedimiento de arbitraje para fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales

Art. 10. Procedimiento aplicable.–Cuando una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, una asociación de usuarios, o una entidad de radiodifusión, haga uso de la facultad prevista en el artículo 158.3.2.º b) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, al objeto de fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales establecidas por una entidad de gestión, el procedimiento se ajustará a lo dispuesto en el Capítulo IV, con las salvedades previstas en el presente capítulo.

Art. 11. Solicitud de arbitraje para fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales.–1. La solicitud de arbitraje podrá ser formulada por la entidad de gestión, la asociación de usuarios o la entidad de radiodifusión, y, además de los requisitos y documentos establecidos en el artículo 7, deberá reunir los siguientes requisitos, presentándose mediante el modelo oficial que figura como Anexo III a este real decreto en caso de no emplearse medios electrónicos:

a) Fijar, como objeto de la misma, una cantidad sustitutoria de las tarifas generales establecidas por la entidad de gestión.

b) Exponer las razones que justifican la solicitud de sustitución de la cantidad establecida por la entidad de gestión.

c) Proponer una cantidad sustitutoria determinada o determinable básicamente mediante una operación aritmética.

d) Incluir, en defecto de convenio arbitral, el expreso sometimiento a la competencia de la Sección Primera conforme a lo previsto en el artículo 158.3.2.º b) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, para dar solución al conflicto.

e) La parte proponente podrá acompañar a los documentos exigidos en las letras b) y c) de este apartado cuantos otros documentos y pruebas estime convenientes.

2. Presentada la solicitud, la Sección Primera dará traslado de la misma a la otra parte para que presente su respuesta con los requisitos y documentos establecidos en el artículo 7, dentro del plazo de veinte días desde su recepción. La falta de presentación de la respuesta en el plazo referido tendrá los efectos previstos en el artículo 7.5.

3. La Sección decidirá sobre la admisión del procedimiento, de conformidad con el artículo 7.9. La inadmisión de la solicitud dejará expedita la vía judicial ordinaria para conocer del asunto sometido a la Sección Primera.

Art. 12. Desarrollo del procedimiento.–Admitida una solicitud de fijación de cantidad sustitutoria de tarifas generales, se comunicará a las partes, desarrollándose el procedimiento conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 con las siguientes especialidades:

a) La inasistencia o inactividad de cualquiera de las partes no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni que se adopte la decisión arbitral resolutoria del conflicto, ni privará a ésta de su eficacia.

b) La presentación de una solicitud de fijación de cantidad sustitutoria de las tarifas generales conforme a este capítulo no exime, a los empresarios individuales o sociales representados por la asociación de usuarios o a la entidad de radiodifusión, de la obligación de hacer efectiva bajo reserva o consignar judicialmente la cantidad establecida por la entidad de gestión conforme al artículo 157.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, o la cantidad que cautelarmente pueda establecer a instancia de parte la Sección, para entenderse autorizados a ejercer el derecho de propiedad intelectual al que hacen referencia las tarifas generales objeto de la controversia.

c) La decisión arbitral resolutoria del conflicto será escrita y motivada, basándose en los criterios mencionados en el artículo 158.3.3.º del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

CAPÍTULO VI

Funciones y composición de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual

Art. 13. Funciones de la Sección Segunda.–1. La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ejerce las funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la información, en los términos previstos en el artículo 158.2 y 4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

2. La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual se regirá por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual; por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; por la Ley 29/1998, de 13 de julio; por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y por el presente real decreto.

3. La Sección Segunda llevará a cabo sus funciones respecto a los casos de vulneración de los derechos de propiedad intelectual, por el responsable de un servicio de la sociedad de la información, siempre que dicho responsable, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial al titular de tales derechos, de acuerdo con el procedimiento establecido en el capítulo VII.

4. Cuando, con ocasión del análisis y valoración de las solicitudes que se presentan ante la Sección Segunda por quienes consideren que se han vulnerado sus derechos de propiedad intelectual o los de sus representados, se tuviera noticia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito público, se estará a lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la obligación de denunciar ante las autoridades competentes, sin perjuicio de que la Sección seguirá desarrollando su función salvo que el órgano jurisdiccional penal ordene otra cosa.

5. El tratamiento llevado a cabo por la Sección Segunda de los datos relacionados con los detalles e informaciones derivados de las actuaciones realizadas en el ámbito de sus funciones, se efectuará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y, en particular, en su artículo 7.5 si estuvieran referidos a la comisión de infracciones penales o administrativas.

6. En el supuesto de que la Sección Segunda advierta presuntos incumplimientos de las obligaciones que la Ley 34/2002, de 11 de julio, impone a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, dará parte de esta circunstancia al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a los efectos previstos en el artículo 43 de la citada Ley.

Art. 14. Composición de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.–1. La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual estará compuesta por la persona titular de la Secretaría de Estado de Cultura o persona en la que ésta delegue, que ejercerá la presidencia de la Sección, y por cuatro vocales de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Industria, Energía y Turismo, Presidencia, y Economía y Competitividad, respectivamente, designados por dichos Departamentos, entre el personal de las Administraciones Públicas, perteneciente a grupos o categorías para los que se exija titulación superior, y que reúnan conocimientos específicos acreditados en materia de propiedad intelectual. Sin perjuicio del cumplimiento del anterior requisito, en la designación que realice cada Departamento se valorará adicionalmente la formación jurídica en los ámbitos del derecho procesal, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y de las comunicaciones electrónicas.

2. Los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Industria, Energía y Turismo, Presidencia, y Economía y Competitividad designarán, en el mismo acto, según los requisitos señalados en el apartado anterior, un suplente para cada uno de los vocales, a los efectos legalmente previstos en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada.

3. Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con nivel de subdirector general o asimilado, mediante nombramiento por el titular de la Dirección General competente en materia de propiedad intelectual.

4. Todas las actuaciones de la Sección Segunda se realizarán haciendo uso de medios electrónicos en los casos en que ello esté establecido según lo previsto en la Disposición adicional única y en los términos establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio [5].

CAPÍTULO VII

Procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual

Art. 15. Ámbito de aplicación–1. El procedimiento regulado en este capítulo tiene por finalidad el restablecimiento de la legalidad en los casos en los que se declare la existencia de una vulneración de los derechos de propiedad intelectual mediante la prestación de servicios de la sociedad de la información.

2. Se encuentran legitimados para instar el inicio del procedimiento regulado en el presente capítulo los titulares de los derechos de propiedad intelectual que se consideren vulnerados o las personas naturales o jurídicas que tuvieran encomendado el ejercicio de aquellos derechos o la representación de tales titulares.

3. El procedimiento podrá dirigirse contra los responsables de servicios de la sociedad de la información sobre los cuales existan indicios de que están vulnerando derechos de propiedad intelectual, cuando en la solicitud de quien inste su inicio se identifique expresamente el contenido ofrecido o al que se facilite el acceso, y siempre que concurran las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 158.4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, permiten a la Sección Segunda adoptar medidas para que se interrumpa la prestación de dichos servicios. En la consideración de tales indicios de vulneración de derechos de propiedad intelectual deberá tenerse en cuenta en todo caso lo establecido en los artículos 16.2 y 17.2.c).

4. El procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los servicios de la sociedad de la información se sustanciará de conformidad con los principios de legalidad, objetividad, proporcionalidad y contradicción.

Art. 16. Disposiciones generales.–1. Las notificaciones que proceda llevar a cabo, en relación con el servicio o servicios de la sociedad de la información contra los que se dirija el procedimiento, se realizarán en la dirección que conste a los efectos del artículo 10.1.a) de la Ley 34/2002, de 11 de julio. Cuando se ignore el lugar de notificación o cuando no se haya podido practicar, ésta se hará por cualquiera de los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o complementariamente en los portales de notificación creados a estos efectos. La notificación se llevará a cabo por medios electrónicos en los casos en que ello esté establecido en el desarrollo de la disposición adicional única del presente real decreto y conforme a lo previsto en los artículos 25, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

2. La Sección Segunda podrá utilizar los datos derivados de las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de sus funciones y por ella recopilados según lo previsto en el artículo 13.5, y disponer la acumulación de procedimientos cuando guarden identidad sustancial o íntima conexión, según lo establecido en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. A los efectos de la ordenación e instrucción del procedimiento se tendrán en cuenta las obligaciones de información general previstas para los prestadores de servicios de la sociedad de la información en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, las competencias de supervisión y control del Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre aquéllos y el deber de colaboración con éste y con la Comisión de Propiedad Intelectual como órgano competente a estos efectos, según lo previsto en los artículos 35 y 36 de dicha Ley.

Art. 17. Fase preliminar del procedimiento.–1. El procedimiento, en el que serán de aplicación los derechos de defensa previstos en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se instará mediante solicitud, según modelo oficial que figura como Anexo IV a este real decreto en caso de no emplearse medios electrónicos, dirigida a la Secretaría de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. El titular de la Secretaría actuará como órgano instructor del procedimiento. La solicitud se presentará por medios electrónicos en los casos en que ello esté establecido en el desarrollo del apartado 2 de la Disposición adicional única, y deberá ser presentada por, al menos, un titular del derecho de propiedad intelectual que se considera vulnerado o por la persona que tuviera encomendado su ejercicio.

2. La solicitud de iniciación deberá contener la información prevista en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, debiendo acompañarse además a la misma la siguiente documentación e información:

a) Identificación de la obra o prestación objeto de la solicitud.

b) Acreditación, por cualquier medio de prueba admisible en derecho, de la titularidad del derecho de propiedad intelectual alegado y, en su caso, de la encomienda de su gestión o de la representación del titular. En caso de derechos con más de un titular, se incluirán, de conocerse, los datos de identificación de los otros titulares [6].

c) Acreditación, por cualquier medio de prueba admisible en derecho, de que la obra o prestación alegada está siendo objeto de explotación, lucrativa o no, a través del servicio de la sociedad de la información objeto de la solicitud, identificando, describiendo y ubicando dicha actividad.

d) Declaración de que no ha sido concedida autorización para la explotación realizada en el servicio de la sociedad de la información objeto de la solicitud.

e) Justificación de la concurrencia, directa o indirecta, en cada uno de los servicios a los que se refiera la solicitud, de ánimo de lucro o de un daño causado o que podría causarse a los titulares y que no tengan la obligación legal de soportar.

f) Los datos de los que disponga el solicitante que permitan o coadyuven a identificar al responsable mediante la localización de los servicios de la sociedad de la información contra los que se dirige el procedimiento, y que permitan establecer comunicación con las páginas Web que prestan los servicios, incluyendo, en su caso, los datos del correspondiente prestador de servicios de intermediación de la sociedad de la información.

g) Cualquier otra circunstancia relevante en el procedimiento cuyo inicio se solicita, incluida la proposición de aquellas pruebas o comprobaciones que el solicitante estime oportunas en defensa de su derecho, sin perjuicio de su derecho a proponerlas en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia previsto en el artículo 21.

3. La Sección Segunda acordará el inicio del procedimiento salvo que la solicitud incumpla alguno de los requisitos exigidos en el presente artículo o en la normativa por la que se rige este procedimiento, en cuyo caso, según lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, requerirá al interesado para que subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose las actuaciones previa la correspondiente resolución. El inicio del procedimiento será notificado al correspondiente prestador de servicios de intermediación de la sociedad de la información como interesado en el mismo y a efectos de tenerle informado de la posibilidad de futuros requerimientos de identificación y de ejecución, en los términos previstos en los artículos 18 y 24.

Art. 18. Identificación del responsable mediante la localización del servicio de la sociedad de la información.–1. En los casos en que, al inicio del procedimiento, el responsable del servicio de la sociedad de la información contra el que aquél se dirige no se encuentre suficientemente identificado, la Sección Segunda podrá proceder de acuerdo con lo establecido en los artículos 8.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, y 122 bis, apartado 1, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remitiendo de forma inmediata, al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo competente, solicitud de autorización judicial, para requerir al prestador de servicios de intermediación de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitan tal identificación de dicho responsable, a fin de que, conforme a lo previsto en el artículo 19, pueda serle notificado el inicio del procedimiento empleándose en su caso los boletines oficiales existentes o portales de notificación creados a tales efectos, siempre de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y con medios electrónicos conforme a lo previsto en los artículos 25, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, para que pueda personarse como interesado en el mismo.

2. En dicha solicitud se expondrán las razones que justifican la misma, acompañándose los documentos y ficheros que sean procedentes a estos efectos.

3. En el supuesto de que la Sección Segunda reciba varias solicitudes de inicio del procedimiento contra un mismo servicio de la sociedad de la información que tengan su razón de ser en una misma actividad vulneradora, remitirá a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo una única solicitud de autorización judicial para requerir, al correspondiente prestador de servicios de intermediación de la sociedad de la información, la puesta a disposición de los datos que permitan la inequívoca identificación del responsable del servicio en el que se está realizando la actividad objeto de la solicitud o solicitudes de inicio del procedimiento.

4. Dictado el auto sobre la solicitud de autorización judicial para la localización, la Sección Segunda trasladará el contenido del mismo al prestador del servicio de intermediación de la sociedad de la información requiriéndole, en su caso, a que aporte de forma inmediata, en un plazo máximo de 48 horas desde la recepción del requerimiento, los datos que permitan la inequívoca identificación del responsable mediante la localización del servicio de la sociedad de la información contra el que se dirige el procedimiento, sin que, en ningún caso, se puedan requerir datos de contenido, de tráfico ni de localización que excedan el ámbito o finalidad de este procedimiento. Si el auto judicial denegara la autorización solicitada se dará también traslado del mismo al prestador del servicio de intermediación de la sociedad de la información.

Art. 19. Iniciación del procedimiento.–La Sección Segunda dictará acuerdo de inicio que se notificará al responsable del servicio o servicios de la sociedad de la información contra quienes el procedimiento se dirija y al prestador de servicios de intermediación. Dicho acuerdo tendrá el contenido mínimo siguiente:

a) La identificación de los responsables de los servicios de la sociedad de la información contra los que el procedimiento se dirige.

b) El contenido de la solicitud que motiva la iniciación del procedimiento y las medidas que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

c) El órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuye tal competencia.

d) El requerimiento para que procedan, en el plazo de 48 horas inmediatamente siguientes a la práctica de la notificación, a la retirada voluntaria de los contenidos según lo establecido en el artículo 20.1.

Art. 20. Retirada voluntaria y fase de alegaciones.–1. El acuerdo de inicio dará lugar al requerimiento al responsable del servicio de la sociedad de la información, que podrá proceder, en el plazo de 48 horas inmediatamente siguientes a la práctica del requerimiento, a la retirada voluntaria de los contenidos señalados en el acuerdo de inicio del procedimiento que pudieran resultar ilícitos por vulnerar derechos de propiedad intelectual, o, en su defecto, a realizar las alegaciones y proponer las pruebas que estime oportunas sobre la existencia de una autorización para la explotación o la aplicabilidad de un límite a los derechos de propiedad intelectual o cualquier otra circunstancia en su defensa.

2. En caso de que, atendiendo al requerimiento de la Sección Segunda, el responsable del servicio de la sociedad de la información voluntariamente interrumpa el servicio o retire el contenido respecto al que se dirige el procedimiento, el instructor procederá a archivar el procedimiento sin más trámite, notificando tal circunstancia a los interesados y dándose, a dicha interrupción del servicio o retirada voluntaria, valor de reconocimiento implícito de la referida vulneración. No obstante, si se reanuda la actividad vulneradora, la Sección, a instancia del solicitante que dio inicio al procedimiento, podrá acordar la reapertura del expediente archivado, en fase de prueba y conclusiones, o, de haberse realizado ya dichas actuaciones, dictando la resolución final conforme al artículo 22. Se entenderá por reanudación de la actividad vulneradora el hecho de que el mismo responsable contra el que se inició el procedimiento explote de nuevo obras o prestaciones del mismo titular, aunque no se trate exactamente de las que empleara en la primera ocasión, previa a la retirada voluntaria de los contenidos.

Art. 21. Fase de prueba y conclusiones.–Transcurrido el plazo de 48 horas sin que se haya producido voluntariamente la interrupción del servicio o la retirada de los contenidos, se hayan o no formulado alegaciones, el órgano instructor practicará en el plazo de dos días la prueba o pruebas pertinentes, de oficio o a instancia de los interesados, y notificará el resultado de la prueba y la propuesta de resolución a los interesados para que presenten sus conclusiones como trámite de audiencia, en el plazo máximo de cinco días.

Art. 22. Resolución del procedimiento.–1. Transcurrido el plazo para conclusiones, la Sección Segunda dictará resolución motivada en el plazo máximo de los tres días siguientes, y declarará, a los solos efectos del artículo 158.4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que para la misma ha quedado acreditada la existencia o inexistencia de una vulneración de derechos de propiedad intelectual por el responsable del servicio de la sociedad de la información en el caso objeto del procedimiento.

2. Declarado en dicha resolución que para la Sección Segunda ha quedado acreditada la existencia de una vulneración de derechos de propiedad intelectual por el responsable del servicio de la sociedad de la información, la misma resolución de la Sección Segunda ordenará al referido responsable la retirada de los contenidos que vulneren derechos de propiedad intelectual o la interrupción de la prestación del servicio de la sociedad de la información que vulnere los citados derechos objeto del procedimiento, debiendo aquél dar cumplimiento a la misma en un plazo de 24 horas desde su notificación, siendo notificada asimismo al correspondiente prestador de servicios de intermediación de la sociedad de la información.

3. La resolución contemplará, asimismo, para el caso de incumplimiento por parte del responsable del servicio de la sociedad de la información dentro del plazo de 24 horas señalado en el apartado anterior, la suspensión dirigida a los servicios de intermediación de la sociedad de la información que correspondan para el eficaz cumplimiento de la resolución, en los términos precisos que sean aplicables de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, y 158.4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Los servicios de intermediación deberán dar cumplimiento a esta orden de suspensión en un plazo de 72 horas desde la notificación a los mismos del auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo autorizando, en su caso, la misma, en los términos descritos en los artículos 23 y 24. Dicha medida será objetiva, proporcionada y no discriminatoria.

4. El plazo máximo en el que deberá notificarse la resolución por la Sección Segunda será de 3 meses. La falta de notificación en ese plazo tendrá efectos desestimatorios de la solicitud según lo dispuesto en el artículo 158.4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Art. 23. Autorización judicial para la ejecución de la resolución.–Si la resolución que declara, a los solos efectos del artículo 158.4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, no hubiera sido cumplida voluntariamente por el interesado en el plazo de 24 horas señalado en el artículo 22.3, la Sección se dirigirá al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo competente, según lo establecido en el artículo 122 bis, apartado 2, de la Ley 29/1998, de 13 de julio [7], para que dicte el auto autorizando o denegando la ejecución de las medidas impuestas por la resolución de la Sección Segunda.

Art. 24. Ejecución de la resolución.–1. Una vez recibido el auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo competente, que autorice o deniegue la ejecución de la suspensión, se notificará el mismo de forma inmediata a la parte que haya iniciado el procedimiento, al responsable del servicio de la sociedad de la información vulnerador, a los demás interesados, y a los prestadores de los servicios de intermediación de la sociedad de la información cuya colaboración sea necesaria, que deberán, en su caso, dar cumplimiento a la suspensión autorizada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo competente de acuerdo con lo previsto en el artículo 23, en el plazo de 72 horas señalado en el artículo 22, que comenzará a contar, a efectos de la adopción de dicha medida, desde la notificación del auto previamente referido.

2. La notificación a los prestadores de los servicios de intermediación de la sociedad de la información cuya colaboración sea precisa, del auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo competente autorizando, en su caso, la ejecución, dará lugar al conocimiento efectivo de la actividad vulneradora en el sentido establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, sin perjuicio de que dicho conocimiento efectivo se pudiera haber producido por otros medios.

3. Esta notificación se realizará preferentemente por medios electrónicos, conforme a lo establecido en los artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

4. En todo caso, la suspensión del servicio de intermediación será subsidiaria respecto del cumplimiento voluntario de las medidas contenidas en la resolución notificada según lo previsto en el artículo 22, y cesará cuando se acredite ante la Sección Segunda el restablecimiento de la legalidad por parte del servicio de la sociedad de la información o, en todo caso, una vez transcurrido un año desde la ejecución de la medida.

5. En relación con la ejecución de la resolución administrativa autorizada mediante auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo competente, será aplicable la previsión de los artículos 38.2.b) y 39.1.a) de la Ley 34/2002, de 11 de julio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Uso preferente de medios de comunicación electrónicos.–1. Todas las actuaciones de los procedimientos regulados en el presente real decreto se realizarán preferentemente haciendo uso de medios electrónicos en los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, y en su normativa de desarrollo.

2. En aplicación de lo establecido en los artículos 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y 32 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente dicha Ley, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá, mediante orden ministerial, la obligatoriedad, de los interesados en los procedimientos regulados en este real decreto, de comunicarse con la Comisión de Propiedad Intelectual por medios electrónicos y de aceptar los efectos de la práctica de las notificaciones administrativas por estos medios electrónicos, así como la necesaria utilización de los registros electrónicos que se especifiquen, cuando dichos interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. Dicha orden ministerial recogerá los modelos oficiales de solicitudes por medios electrónicos [8].

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Miembros de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.–En tanto no se produzca el nombramiento de los miembros de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual según lo establecido en el artículo 3, dicha Sección quedará integrada por los tres árbitros que actualmente componen la Comisión de Propiedad Intelectual.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente real decreto y, en particular el Real Decreto 479/1989, de 5 de mayo, por el que se regula la composición y el procedimiento de actuación de la Comisión Arbitral de Propiedad Intelectual.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.9.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre legislación sobre propiedad intelectual e industrial. Se exceptúa de lo anterior los Capítulos III, IV y V, que se dictan al amparo de la competencia sobre legislación procesal que la Constitución otorga al Estado en su artículo 149.1, apartado 6.º

Segunda. Presupuesto para la puesta en funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual.–El gasto que pueda generar la puesta en funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual será asumido con los actuales medios con los que cuenta el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tercera. Facultad de desarrollo.–El titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dictará las órdenes ministeriales de desarrollo precisas para el cumplimiento y aplicación del presente real decreto.

Cuarta. Entrada en vigor.–El presente real decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

ANEXO I [9]

[.......]

Solicitud de mediación (art. 158.3.1.º del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

[.......]

ANEXO II

[.......]

Solicitud general de arbitraje (arts. 158.3.2.º del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

[.......]

ANEXO III

[.......]

Solicitud de arbitraje para fijar una cantidad sustitutoria de las tarifas generales (art. 158.3.3.º del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

[.......]

ANEXO IV

[.......]

Solicitud de iniciación del procedimiento de salvaguarda de derechos de propiedad intelectual en páginas de internet (art. 158.4 del Texto Refundido de Propiedad Intelectual)

[1] Véanse los artículos 17 y 18 del citado texto legal.

[2] Téngase en cuenta la disposición adicional única de este Real Decreto.

[3] Mediante Orden ECD/576/2012, de 16 de marzo («BOE» núm. 71, de 23 de marzo), se establecen los precios públicos por prestación de servicios de la Sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.

[4] Véase el artículo 4 de la Orden ECD/576/2012, de 16 de marzo («BOE» núm. 71, de 23 de marzo).

[5] Véase, además de la Ley mencionada en el texto anotado, la Orden ECD/378/2012, de 28 de febrero («BOE» núm. 51,de 29 de febrero), por la que se establece la obligatoriedad para los interesados en el procedimiento de salvaguarda de los derechos de Propiedad Intelectual, de comunicarse con la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual por medios electrónicos.

[6] Artículo 3 de la Orden ECD/378/2012, de 28 de febrero («BOE» núm. 51, de 29 de febrero).

[7] Véase la redacción del mencionado artículo 122.bis.2 que se halla reproducido en nota al artículo 158.1 de la Ley de Propiedad Intelectual (§ 1).

[8] Anexos I a IV de la Orden ECD/378/2012, de 28 de febrero («BOE» núm. 51, de 29 de febrero).

[9] Dada la naturaleza de esta obra, se omite la reproducción íntegra de estos anexos.

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

§ 21 LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE (JEFATURA DEL ESTADO), DEL CÓDIGO PENAL

(«BOE» núm. 281, de 24 de noviembre de 1995; corrección de errores en «BOE» núm. 54, de 2 de marzo de 1996)

[.......]

TÍTULO XIII

Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

[.......]

CAPÍTULO XI

De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores

Sección 1.ª De los delitos relativos a la propiedad intelectual

Art. 270. 1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

No obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo siguiente, el Juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. En los mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta del artículo 623.5.

2. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien intencionadamente exporte o almacene ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones a que se refiere el apartado anterior sin la referida autorización. Igualmente incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su consentimiento.

3. Será castigado también con la misma pena quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo [1].

Art. 271. Se impondrá la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica.

b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.

c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad intelectual.

d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos [2].

Art. 272. 1. La extensión de la responsabilidad civil derivada de los delitos tipificados en los dos artículos anteriores se regirá por las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios [3].

2. En el supuesto de sentencia condenatoria, el Juez o Tribunal podrá decretar la publicación de ésta, a costa del infractor, en un periódico oficial.

[.......]

Sección 4.ª Disposiciones comunes a las secciones anteriores

Art. 287. 1. Para proceder por los delitos previstos en la Sección 3.ª de este Capítulo, excepto los previstos en los artículos 284 y 285, será necesaria denuncia de la persona agraviada o de sus representantes legales. Cuando aquella sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.

2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas [4].

Art. 288. En los supuestos previstos en los artículos anteriores se dispondrá la publicación de la sentencia en los periódicos oficiales y, si lo solicitara el perjudicado, el Juez o Tribunal podrá ordenar su reproducción total o parcial en cualquier otro medio informativo, a costa del condenado.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:

1. En el caso de los delitos previstos en los artículos 270, 271, 273, 274, 275, 276, 283, 285 y 286:

a) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido o favorecido, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.

b) Multa del doble al triple del beneficio obtenido o favorecido, en el resto de los casos.

En el caso de los delitos previstos en los artículos 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282 bis, 284 y 286 bis:

a) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad.

b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.

2. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33 [5].

[1] Artículo redactado de conformidad con la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre («BOE» núm. 283, de 26 de noviembre), excepto el párrafo segundo del apartado 1 que ha sido adicionado por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio («BOE» núm. 152, de 23 de junio).

[2] Redactado de conformidad con la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre («BOE» núm. 283 de 26 de noviembre).

[3] Véanse los artículos 138 a 143 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (§1), y 428 y 429 del Código Civil.

[4] Artículo redactado de conformidad con la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio («BOE» núm. 152, de 23 de junio).

[5] Artículo redactado de acuerdo con la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio («BOE» núm. 152, de 23 de junio), excepto la letra b) de su apartado 1 que figura redactada de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero («BOE» núm. 25, de 29 de enero).

CONVENIOS INTERNACIONALES

§ 22 CONVENIO DE 14 DE JULIO DE 1967 QUE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Instrumento de ratificación de España de 12 de mayo de 1969 [1]

(«BOE» núm. 26, de 30 de enero de 1974)

Por cuanto el día 14 de julio de 1967, el Plenipotenciario de España firmó en Estocolmo el Convenio que establece la

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, cuyo texto certificado se inserta seguidamente:

Las Partes contratantes,

Animadas del deseo de contribuir a una mejor comprensión y colaboración entre los Estados, para su mutuo beneficio y sobre la base del respeto a su soberanía e igualdad.

Deseando, a fin de estimular la actividad creadora, promover en todo el mundo la protección de la propiedad intelectual,

Deseando modernizar y hacer más eficaz la administración de las Uniones instituidas en el campo de la protección de la propiedad industrial y de la protección de las obras literarias y artísticas, respetando al mismo tiempo plenamente la autonomía de cada una de las Uniones,

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1. Establecimiento de la Organización.–Por el presente Convenio se establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Art. 2. Definiciones.–A los efectos del presente Convenio se entenderá por:

i) «Organización», la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

ii) «Oficina Internacional», la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual.

iii) «Convenio de París», el Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado el 20 de marzo de 1883, incluyendo todas las revisiones.

iv) «Convenio de Berna», el Convenio para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, firmado el 9 de septiembre de 1886, incluyendo todas sus revisiones.

v) «Unión de París», la Unión Internacional creada por el Convenio de París.

vi) «Unión de Berna», la Unión Internacional creada por el Convenio de Berna.

vii) «Uniones», la Unión de París, las Uniones particulares y los Arreglos particulares establecidos en relación con esa Unión, la Unión de Berna, así como cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual y de cuya administración se encargue la Organización en virtud del artículo 4.iii).

viii) «Propiedad intelectual», los derechos relativos:

– A las obras literarias, artísticas y científicas.

– A las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión.

– A las invenciones en todos los campos de la actividad humana.

– A los descubrimientos científicos.

– A los dibujos y modelos industriales.

– A las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales.

– A la protección contra la competencia desleal y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

Art. 3. Fines de la Organización.–Los fines de la Organización son:

i) Fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración, cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional.

ii) Asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones.

Art. 4. Funciones.–Para alcanzar los fines señalados en el artículo 3, la Organización, a través de sus órganos competentes y sin perjuicio de las atribuciones de cada una de las diversas Uniones:

i) Fomentará la adopción de medidas destinadas a mejorar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo y a armonizar las legislaciones nacionales sobre esta materia.

ii) Se encargará de los servicios administrativos de la Unión de París, de las Uniones particulares establecidas en relación con esa Unión, y de la Unión de Berna.

iii) Podrá aceptar el tomar a su cargo la administración de cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual o el participar en esa administración.

iv) Favorecerá la conclusión de todo acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual.

v) Prestará su cooperación a los Estados que le pidan asistencia técnico-jurídica en el campo de la propiedad intelectual.

vi) Reunirá y difundirá todas las informaciones relativas a la protección de la propiedad intelectual y efectuará y fomentará los estudios sobre esta materia publicando sus resultados.

vii) Mantendrá los servicios que faciliten la protección internacional de la propiedad intelectual y, cuando así proceda, efectuará registros en esta materia y publicará los datos relativos a esos registros.

viii) Adoptará todas las demás medidas apropiadas.

Art. 5. Miembros:

1. Puede ser miembro de la Organización todo Estado que sea miembro de cualquiera de las Uniones, tal como se definen en el artículo 2.vii).

2. Podrá igualmente adquirir la calidad de miembro de la Organización todo Estado que no sea miembro de cualquiera de las Uniones, a condición de que:

i) Sea miembro de las Naciones Unidas, de alguno de los organismos especializados vinculados a las Naciones Unidas, del Organismo Internacional de Energía Atómica o parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o

ii) Sea invitado por la Asamblea General a ser parte en el presente Convenio.

Art. 6. Asamblea General:

1. a) Se establece una Asamblea General formada por los Estados parte en el presente Convenio que sean miembros, al menos, de una de las Uniones.

b) El Gobierno de cada Estado miembro estará representado por un Delegado, que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el Gobierno que la haya designado.

2. La Asamblea General:

i) Designará al Director general a propuesta del Comité de Coordinación.

ii) Examinará y aprobará los informes del Director general relativos a la Organización y le dará las instrucciones necesarias.

iii) Examinará y aprobará los informes y las actividades del Comité de Coordinación y le dará instrucciones.

iv) Adoptará el presupuesto bienal de los gastos comunes a las Uniones [2].

v) Aprobará las disposiciones que proponga el Director general concernientes a la administración de los acuerdos internacionales mencionados en el artículo 4.iii).

vi) Adoptará el Reglamento financiero de la Organización.

vii) Determinará los idiomas de trabajo de la Secretaría, teniendo en cuenta la práctica en las Naciones Unidas.

viii) Invitará a que sean parte en el presente Convenio a aquellos Estados señalados en el artículo 5.2.ii).

ix) Decidirá qué Estados no miembros de la Organización y qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales podrán ser admitidos en sus reuniones a título de observadores.

x) Ejercerá las demás funciones que sean convenientes dentro del marco del presente Convenio.

3. a) Cada Estado, sea miembro de una o de varias Uniones, dispondrá de un voto en la Asamblea General.

b) La mitad de los Estados miembros de la Asamblea General constituirá el quórum.

c) No obstante las disposiciones del apartado b), si el número de Estados representados en cualquier sesión es inferior a la mitad, pero igual o superior a la tercera parte de los Estados miembros de la Asamblea General, ésta podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la Asamblea General, salvo aquellas relativas a su propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos: la Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los Estados miembros de la Asamblea General que no estaban representados, invitándolos a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de un período de tres meses, a contar desde la fecha de la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de Estados que hayan así expresado su voto o su abstención asciende al número de Estados que faltaban para que se lograse el quórum en la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria.

d) Sin perjuicio de las disposiciones de los apartados e) y f), la Asamblea General tomará sus decisiones por una mayoría de dos tercios de los votos emitidos.

e) La aprobación de las disposiciones concernientes a la administración de los acuerdos internacionales mencionados en el artículo 4, iii), requerirá una mayoría de tres cuartos de los votos emitidos.

f) La aprobación de un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas conforme a las disposiciones de los artículos 57 y 63 de la Carta de las Naciones Unidas requerirá una mayoría de nueve décimos de los votos emitidos.

g) La designación del Director general [párrafo 2.i)], la aprobación de las disposiciones propuestas por el Director general en lo concerniente a la administración de los acuerdos internacionales [párrafo 2.v)] y al traslado de la sede (art. 10) requerirán la mayoría prevista no sólo en la Asamblea General sino también en la Asamblea de la Unión de París y en la Asamblea de la Unión de Berna.

h) La abstención no se considerará como un voto.

i) Un delegado no podrá representar más que a un solo Estado y no podrá votar más que en nombre de dicho Estado.

4. a) La Asamblea General se reunirá una vez cada dos años en sesión ordinaria, mediante convocatoria del Director general [3].

b) La Asamblea General se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director general, a petición del Comité de Coordinación o a petición de una cuarta parte de los Estados miembros de la Asamblea General.

c) Las reuniones se celebrarán en la sede de la Organización.

5. Los Estados parte en el presente Convenio que no sean miembros de alguna de las Uniones serán admitidos a las reuniones de la Asamblea General en calidad de observadores.

6. La Asamblea General adoptará su propio Reglamento interior.

Art. 7. Conferencia.–1. a) Se establece una Conferencia formada por los Estados parte en el presente Convenio, sean o no miembros de una de las Uniones.

b) El Gobierno de cada Estado estará representado por un Delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el Gobierno que la haya designado.

2. La Conferencia:

i) Discutirá las cuestiones de interés general en el campo de la propiedad intelectual y podrá adoptar recomendaciones relativas a esas cuestiones, respetando, en todo caso, la competencia y autonomía de esas Uniones.

ii) Adoptará el presupuesto bienal de la Conferencia [4].

iii) Establecerá, dentro de los límites de dicho presupuesto, el programa bienal de asistencia técnico-jurídica [4].

iv) Adoptará las modificaciones al presente Convenio, según el procedimiento establecido en el artículo 17.

v) Decidirá qué Estados no miembros de la organización y qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales podrán ser admitidos en sus reuniones en calidad de observadores.

vi) Ejercerá las demás funciones que sean convenientes dentro del marco del presente Convenio.

3. a) Cada Estado miembro dispondrá de un voto en la Conferencia.

b) Un tercio de los Estados miembros constituirá el quórum.

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, la Conferencia tomará sus decisiones por mayoría de dos tercios de los votos emitidos.

d) La cuantía de las contribuciones de los Estados parte en el presente Convenio que no sean miembros de alguna de las Uniones se fijará mediante una votación en la que sólo tendrán derecho a participar los Delegados de esos Estados.

e) La abstención no se considerará como un voto.

f) Un Delegado no podrá representar más que un solo Estado y no podrá votar más que en nombre de dicho Estado.

4. a) La Conferencia se reunirá en sesión ordinaria, mediante convocatoria del Director general, durante el mismo período y en el mismo lugar que la Asamblea General.

b) La Conferencia se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director general, a petición de la mayoría de los Estados miembros.

5. La conferencia adoptará su propio Reglamento Interior.

Art. 8. Comité de Coordinación.–1. a) Se establece un Comité de Coordinación formado por los Estados parte en el presente Convenio que sean miembros del Comité Ejecutivo de la Unión de París o del Comité Ejecutivo de la Unión de Berna o de ambos Comités Ejecutivos. Sin embargo, si uno de esos Comités Ejecutivos estuviese compuesto por más de un cuarto de los países miembros de la Asamblea que le ha elegido, ese Comité designará, entre sus miembros, los Estados que serán miembros del Comité de Coordinación, de tal modo que su número no exceda del cuarto indicado y en la inteligencia de que el país en cuyo territorio tenga su sede la Organización no se computará para el cálculo de dicho cuarto.

b) El Gobierno de cada Estado miembro del Comité de Coordinación estará representado por un Delegado, que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Cuando el Comité de Coordinación examine cuestiones que interesen directamente al programa o al presupuesto de la Conferencia y a su orden del día, o bien propuestas de enmienda al presente Convenio que afecten a los derechos o a las obligaciones de los Estados parte en el presente Convenio que no sean miembros de alguna de las Uniones, una cuarta parte de esos Estados participará en las reuniones del Comité de Coordinación con los mismos derechos que los miembros de ese Comité. La Conferencia determinará en cada reunión ordinaria los Estados que hayan de participar en dichas reuniones.

d) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el Gobierno que la haya designado.

2. Si las demás Uniones administradas por la Organización desean estar representadas como tales en el seno del Comité de Coordinación, sus representantes deberán ser designados entre los Estados miembros del Comité de Coordinación.

3. El Comité de Coordinación:

i) Aconsejará a los órganos de las Uniones, a la Asamblea General, a la Conferencia y al Director general sobre todas las cuestiones administrativas y financieras, y sobre todas las demás cuestiones de interés común a dos o varias Uniones, o a una o varias Uniones y a la Organización, y especialmente respecto al presupuesto de los gastos comunes a las Uniones.

ii) Preparará el proyecto de orden del día de la Asamblea General.

iii) Preparará el proyecto de orden del día y los proyectos de programa y de presupuestos de la Conferencia.

iv) Sobre la base del presupuesto trienal de los gastos comunes a las Uniones y del presupuesto trienal de la Conferencia, así como sobre la base del programa trienal de asistencia técnico-jurídica, adoptará los presupuestos y programa anuales correspondientes [5].

v) Al cesar en sus funciones el Director general o en caso de que quedara vacante dicho cargo, propondrá el nombre de un candidato para ser designado para ese puesto por la Asamblea General; si la Asamblea General no designa al candidato propuesto, el Comité de Coordinación presentará otro candidato, repitiéndose este procedimiento hasta que la Asamblea General designe al último candidato propuesto.

vi) Si quedase vacante el puesto de Director general entre dos reuniones de la Asamblea General, designará un Director general interino hasta que entre en funciones el nuevo Director general.

vii) Ejercerá todas las demás funciones que le estén atribuidas dentro del marco del presente Convenio.

4. a) El Comité de Coordinación se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, mediante convocatoria del Director general. Se reunirá en principio en la sede de la Organización.

b) El Comité de Coordinación se reunirá en sesión extraordinaria mediante convocatoria del Director general, bien a iniciativa de éste, bien a petición de su Presidente o de una cuarta parte de sus miembros.

5. a) Cada Estado miembro tendrá un solo voto en el Comité de Coordinación, tanto si es miembro solamente de uno de los dos Comités Ejecutivos a los que se hace referencia en el párrafo 1, a), cuanto si es miembro de ambos Comités.

b) La mitad de los miembros del Comité de Coordinación constituirá el quórum.

c) Un Delegado no podrá representar más que a un solo Estado y no podrá votar más que en nombre de dicho Estado.

6. a) El Comité de Coordinación formulará sus opiniones y tomará sus decisiones por mayoría simple de los votos emitidos. La abstención no se considerará como un voto.

b) Incluso si se obtuviera una mayoría simple, todo miembro del Comité de Coordinación podrá pedir, inmediatamente después de la votación, que se proceda a un recuento especial de votos de la manera siguiente. Se prepararán dos listas separadas, en las que figurarán, respectivamente, los nombres de los Estados miembros del Comité Ejecutivo de la Unión de París y los nombres de los Estados miembros del Comité Ejecutivo de la Unión de Berna; el voto de cada Estado será inscrito frente a su nombre en cada una de las listas donde figure. En caso de que este recuento especial indique que no se ha obtenido la mayoría simple en cada una de las listas, se considerará que la propuesta no ha sido adoptada.

7. Todo Estado miembro de la Organización que no sea miembro del Comité de Coordinación podrá estar representado en las reuniones de este Comité por medio de observadores, con derecho a participar en las deliberaciones, pero sin derecho de voto.

8. El Comité de Coordinación establecerá su propio Reglamento Interior.

Art. 9. Oficina Internacional.–1. La Oficina Internacional constituye la Secretaría de la Organización.

2. La Oficina Internacional estará dirigida por el Director general, asistido por dos o varios Directores generales adjuntos.

3. El Director general será designado por un período determinado, que no será inferior a seis años. Su nombramiento podrá ser renovado por otros períodos determinados. La duración del primer período y la de los eventuales períodos siguientes, así como todas las demás condiciones de su nombramiento, serán fijadas por la Asamblea General.

4. a) El Director general es el más alto funcionario de la Organización.

b) Representa a la Organización.

c) Será responsable ante la Asamblea General y seguirá sus instrucciones en lo que se refiere a los asuntos internos y externos de la Organización.

5. El Director general preparará los proyectos de presupuestos y de programas, así como los informes periódicos de actividades. Los transmitirá a los Gobiernos de los Estados interesados, así como a los órganos competentes de las Uniones y de la Organización.

6. El Director general, y cualquier miembro del personal designado por él, participarán, sin derecho de voto, en todas las reuniones de la Asamblea General, de la Conferencia del Comité de Coordinación, así como de cualquier otro comité o grupo de trabajo. El Director general o un miembro del personal designado por él será «ex officio» Secretario de esos órganos.

7. El Director general nombrará el personal necesario para el buen funcionamiento de la Oficina Internacional. Nombrará los Directores generales adjuntos, previa aprobación del Comité de Coordinación. Las condiciones de empleo serán fijadas por el Estatuto del personal, que deberá ser aprobado por el Comité de Coordinación, a propuesta del Director general. El criterio dominante para la contratación y la determinación de las condiciones de empleo de los miembros del personal deberá ser la necesidad de obtener los servicios de las personas que posean las mejores cualidades de eficacia, competencia e integridad. Se tendrá en cuenta la importancia de que la contratación se efectúe sobre una base geográfica lo más amplia posible.

8. La naturaleza de las funciones del Director general y de los miembros del personal es estrictamente internacional. En el cumplimiento de sus deberes no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún Gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la organización. Se abstendrán de todo acto que pueda comprometer su situación de funcionarios internacionales. Cada Estado miembro se compromete a respetar el carácter exclusivamente internacional de las funciones del Director general y de los miembros del personal y a no tratar de influir sobre ellos en el ejercicio de sus funciones.

Art. 10. Sede.–1. Se establece la sede de la Organización en Ginebra.

2. Podrá decidirse su traslado, según lo previsto en el artículo 6, 3, d) y g).

Art. 11. Finanzas.–1. La Organización tendrá dos presupuestos distintos: el presupuesto de gastos comunes a las Uniones y el presupuesto de la Conferencia.

2. a) El presupuesto de los gastos comunes a las Uniones comprenderá las previsiones de gastos que interesen a varias Uniones.

b) Este presupuesto se financiará con los recursos siguientes:

i) Las contribuciones de las Uniones, en la inteligencia de que la cuantía de la contribución de cada Unión será fijada por la Asamblea de la Unión teniendo en cuenta la medida en que los gastos comunes se efectúan en interés de dicha Unión.

ii) Las tasas y sumas debidas por los servicios prestados por la Oficina Internacional que no estén en relación directa con una de las Uniones o que no se perciban por servicios prestados por la Oficina Internacional en el campo de la asistencia técnico-jurídica.

iii) El producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional que no conciernan directamente a una de las Uniones y los derechos correspondientes a esas publicaciones.

iv) Las donaciones, legados y subvenciones de los que se beneficie la Organización, con excepción de aquellos a que se hace referencia en el párrafo 3).b).iv).

v) Los alquileres, intereses y otros ingresos diversos de la Organización.

3. a) El presupuesto de la Conferencia comprenderá las previsiones de los gastos ocasionados por las reuniones de la Conferencia y por el programa de asistencia técnico-jurídica.

b) Este presupuesto se financiará con los recursos si-guientes:

i) Las contribuciones de los Estados parte en el presente Convenio que no sean miembros de una de las Uniones.

ii) Las sumas puestas a disposición de este presupuesto por las Uniones, en la inteligencia de que la cuantía de la suma puesta a disposición por cada Unión será fijada por la Asamblea de la Unión y de que cada Unión tendrá facultad de no contribuir a este presupuesto.

iii) Las sumas percibidas por servicios prestados por la Oficina Internacional en el campo de la asistencia técnico-jurídica.

iv) Las donaciones, legados y subvenciones de los que se beneficie la Organización para los fines a los que se hace referencia en el apartado a).

4. a) Con el fin de determinar su cuota de contribución al presupuesto de la Conferencia, cada Estado parte en el presente Convenio que no sea miembro de alguna de las Uniones quedará incluido en una clase y pagará sus contribuciones anuales sobre la base de un número de unidades fijado de la manera siguiente:

Clase A 10

Clase B 3

Clase C 1

b) Cada uno de esos Estados, en el momento de llevar a cabo uno de los actos previstos en el artículo 14.1, indicará la clase a la que desea pertenecer. Podrá cambiar de clase. Si escoge una clase inferior, ese Estado deberá dar cuenta de ello a la Conferencia en una de sus reuniones ordinarias. Tal cambio entrará en vigor al comienzo del año civil siguiente a dicha reunión.

c) La contribución anual de cada uno de esos Estados consistirá en una cantidad que guardará, con relación a la suma total de las contribuciones de todos esos Estados al presupuesto de la Conferencia, la misma proporción que el número de unidades de la clase a la que pertenezca con relación al total de las unidades del conjunto de esos Estados.

d) Las contribuciones vencen el 1 de enero de cada año.

e) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se continuará aplicando el presupuesto del año precedente, conforme a las modalidades previstas en el reglamento financiero.

5. Todo Estado parte en el presente Convenio que no sea miembro de alguna de las Uniones y que esté atrasado en el pago de sus contribuciones conforme a las disposiciones del presente artículo, así como todo Estado parte en el presente Convenio que sea miembro de una de las Uniones y que esté atrasado en el pago de sus contribuciones a esa Unión, no podrá ejercer su derecho de voto en ninguno de los órganos de la Organización de los que sea miembro cuando la cuantía de sus atrasos sea igual o superior a la de las contribuciones que deba por dos años completos transcurridos. Sin embargo, cualquiera de esos órganos podrá permitir a ese Estado que continúe ejerciendo su derecho de voto en dicho órgano si estima que el atraso resulta de circunstancias excepcionales e inevitables.

6. La cuantía de las tasas y las sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional en el campo de la asistencia técnico-jurídica será fijada por el Director general, que informará de ello al Comité de Coordinación.

7. La Organización podrá, con aprobación del Comité de Coordinación, recibir toda clase de donaciones, legados y subvenciones procedentes directamente de Gobiernos, instituciones públicas o privadas, de asociaciones o de particulares.

8. a) La Organización poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada por las Uniones y por cada uno de los Estados parte en el presente Convenio que no sean miembros de alguna de las Uniones. Si el fondo resultara insuficiente, se decidirá su aumento.

b) La cuantía de la aportación única de cada Unión y su posible participación en todo aumento serán decididas por su Asamblea.

c) La cuantía de la aportación única de cada Estado parte en el presente Convenio que no sea miembro de una Unión y su participación en todo aumento serán proporcionales a la contribución de ese Estado correspondiente al año en curso del cual se constituyó el fondo o se decidió el aumento. La proporción y las modalidades de pago serán determinadas por la Conferencia propuesta del Director general y previo dictamen del Comité de Coordinación.

9. a) El Acuerdo de Sede concluido con el Estado en cuyo territorio la Organización tenga su residencia preverá que ese Estado conceda anticipos si el fondo de operaciones fuere insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en las que serán concedidos serán objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el Estado en cuestión y la Organización. Mientras tenga la obligación de conceder esos anticipos, ese Estado tendrá un puesto «ex officio» en el Comité de Coordinación.

b) El Estado al que se hace referencia en el apartado a) y la Organización tendrán cada uno el derecho de denunciar el compromiso de conceder anticipos mediante notificación por escrito. La denuncia producirá efecto tres años después de terminar el año en el curso del cual haya sido notificada.

10. De la intervención de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el reglamento financiero, uno o varios Estados miembros, o interventores de cuentas que, con su consentimiento, serán designados por la Asamblea General.

Art. 12. Capacidad jurídica; privilegios e inmunidades.–1. La Organización gozará en el territorio de cada Estado miembro y conforme a las Leyes de ese Estado de la capacidad jurídica necesaria para alcanzar sus objetivos y ejercer sus funciones.

2. La Organización concluirá un Acuerdo de Sede con la Confederación Suiza y con cualquier otro Estado donde pudiera más adelante fijar su residencia.

3. La Organización podrá concluir acuerdos bilaterales o multilaterales con los otros Estados miembros para asegurarse a sí misma, al igual que a sus funcionarios y a los representantes de todos los Estados miembros, el disfrute de los privilegios e inmunidades necesarios para alcanzar sus objetivos y ejercer sus funciones.

4. El Director general podrá negociar y, previa aprobación del Comité de Coordinación, concluirá y firmará en nombre de la Organización los acuerdos a los que se hace referencia en los apartados 2 y 3.

Art. 13. Relaciones con otras organizaciones.–1. La Organización, si lo cree oportuno, establecerá relaciones de trabajo y cooperará con otras organizaciones intergubernamentales. Todo acuerdo general concertado al respecto con esas organizaciones será concluido por el Director general previa aprobación del Comité de Coordinación.

2. En los asuntos de su competencia, la Organización podrá tomar todas las medidas adecuadas para la consulta y cooperación con las organizaciones internacionales no gubernamentales y, previo consentimiento de los Gobiernos interesados, con las organizaciones nacionales, sean gubernamentales o no gubernamentales. Tales medidas serán tomadas por el Director general, previa aprobación del Comité de Coordinación.

Art. 14. Modalidades para llegar los Estados a ser parte en el Convenio.–1. Los Estados a los que se hace referencia en el artículo 5 podrán llegar a ser parte en el presente Convenio y miembros de la Organización mediante:

i) La firma, sin reserva en cuanto a la ratificación.

ii) La firma bajo reserva de ratificación, seguida del depósito del instrumento de ratificación.

iii) El depósito de un instrumento de adhesión.

2. Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Convenio, un Estado parte en el Convenio de París, en el Convenio de Berna o en esos dos Convenios, podrá llegar a ser parte en el presente Convenio si al mismo tiempo ratifica o se adhiere o si anteriormente ha ratificado o se ha adherido, o sea:

El Acta de Estocolmo del Convenio de París en su totalidad o solamente con la limitación prevista en el artículo 20.1, b), i), de dicha Acta, o

El Acta de Estocolmo del Convenio de Berna en su totalidad o solamente con la limitación establecida por el artículo 28.1.b).I) de dicha Acta.

3. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Director general.

Art. 15. Entrada en vigor del Convenio.–1. El presente Convenio entrará en vigor tres meses después que diez Estados miembros de la Unión de París y siete Estados miembros de la Unión de Berna hayan llevado a cabo uno de los actos previstos en el artículo 14, 1, en la inteligencia de que todo Estado miembro de las dos Uniones será contado en los dos grupos. En esa fecha el presente Convenio entrará igualmente en vigor respecto de los Estados que, no siendo miembros de ninguna de las dos Uniones, hayan llevado a cabo, tres meses por lo menos antes de la citada fecha, uno de los actos previstos en el artículo 14.1.

2. Respecto de cualquier otro Estado, el presente Convenio entrará en vigor tres meses después de la fecha en la que ese Estado haya llevado a cabo uno de los actos previstos en el artículo 14.1.

Art. 16. Reservas.–No se admite ninguna reserva al presente Convenio.

Art. 17. Modificaciones.–1. Las propuestas de modificación del presente Convenio podrán ser presentadas por todo Estado miembro, por el Comité de Coordinación o por el Director general. Esas propuestas serán comunicadas por este último a los Estados miembros, al menos, seis meses antes de ser sometidas a examen de la Conferencia.

2. Todas las modificaciones deberán ser adoptadas por la Conferencia. Si se trata de modificaciones que puedan afectar a los derechos y obligaciones de los Estados parte en el presente Convenio que no sean miembros de alguna de las Uniones, esos Estados participarán igualmente en la votación. Los Estados parte en el presente Convenio que sean miembros por lo menos de una de las Uniones serán los únicos facultados para votar sobre todas las demás propuestas de modificación. Las modificaciones serán adoptadas por mayoría simple de los votos emitidos, en la inteligencia de que la Conferencia sólo votará sobre las propuestas de modificación previamente adoptadas por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea de la Unión de Berna, de conformidad con las reglas aplicables en cada una de ellas a las modificaciones de las disposiciones administrativas de sus respectivos Convenios.

3. Toda modificación entrará en vigor un mes después de que el Director general haya recibido notificación de su aceptación, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de tres cuartos de los Estados que eran miembros de la Organización y que tenían derecho de voto sobre la modificación propuesta según el apartado 2, en el momento en que la modificación hubiese sido adoptada por la Conferencia. Toda modificación así aceptada obligará a todos los Estados que sean miembros de la Organización en el momento en que la modificación entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha ulterior; sin embargo, toda modificación que incremente las obligaciones financieras de los Estados miembros sólo obligará a los Estados que hayan notificado su aceptación de la mencionada modificación.

Art. 18. Denuncia.–1. Todo Estado miembro podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación dirigida al Director general.

2. La denuncia surtirá efectos seis meses después de la fecha en que el Director general haya recibido la notificación.

Art. 19. Notificaciones.–El Director general notificará a los Gobiernos de todos los Estados miembros:

i) La fecha de entrada en vigor del Convenio.

ii) Las firmas y depósitos de los instrumentos de ratificación o de adhesión.

iii) Las aceptaciones de las modificaciones del presente Convenio y la fecha en que esas modificaciones entren en vigor.

iv) Las denuncias del presente Convenio.

Art. 20. Cláusulas finales.–1. a) El presente Convenio será firmado en un solo ejemplar, en idioma español, francés, inglés y ruso, haciendo igualmente fe cada texto y se depositará en poder del Gobierno de Suecia.

b) El presente Convenio queda abierto a la firma en Estocolmo hasta el 13 de enero de 1968.

2. El Director general establecerá textos oficiales después de consultar a los Gobiernos interesados en los idiomas alemán, italiano y portugués y en los otros idiomas que la Conferencia pueda indicar.

3. El Director general remitirá dos copias certificadas del presente Convenio y de todas las enmiendas que adopte la Conferencia a los Gobiernos de los Estados miembros de las Uniones de París o de Berna, al Gobierno de cualquier otro Estado cuando se adhiera al presente Convenio y al Gobierno de cualquier otro Estado que lo solicite. Las copias del texto firmado del Convenio que se remitan a los Gobiernos serán certificadas por el Gobierno de Suecia.

4. El Director general registrará el presente Convenio en la Secretaría de las Naciones Unidas.

Art. 21. Cláusulas transitorias.–1. Hasta la entrada en funciones del primer Director general, se considerará que las referencias en el presente Convenio a la Oficina Internacional o al Director general se aplican, respectivamente, a las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Industrial, Literaria y Artística (igualmente denominadas Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual) (BIRPI) o a su Director.

2. a) Los Estados que sean miembros de una de las Uniones, pero que todavía no sean parte en el presente Convenio, podrán, si lo desean, ejercer durante cinco años, contados desde su entrada en vigor, los mismos derechos que si fuesen partes en el mismo. Todo Estado que desee ejercer los mencionados derechos depositará ante el Director general una notificación escrita que surtirá efecto en la fecha de su recepción. Esos Estados serán considerados como miembros de la Asamblea General y de la Conferencia hasta la expiración de dicho plazo.

b) A la expiración de ese período de cinco años, tales Estados dejarán de tener derecho de voto en la Asamblea General, en el Comité de Coordinación y en la Conferencia.

c) Dichos Estados podrán ejercer nuevamente el derecho de voto desde el momento en que lleguen a ser parte en el presente Convenio.

3. a) Mientras haya Estados miembros de las Uniones de París o de Berna que no sean parte en el presente Convenio, la Oficina Internacional y el Director general ejercerán igualmente las funciones correspondientes, respectivamente, a las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Industrial, Literaria y Artística, y a su Director.

b) El personal en funciones en las citadas Oficinas en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio se considerará durante el período transitorio al que se hace referencia en el apartado a) como igualmente en funciones en la Oficina Internacional.

4. a) Una vez que todos los Estados miembros de la Unión de París hayan llegado a ser miembros de la Organización, los derechos, obligaciones y bienes de la Oficina de esa Unión pasarán a la Oficina Internacional.

b) Una vez que todos los Estados miembros de la Unión de Berna hayan llegado a ser miembros de la Organización, los derechos, obligaciones y bienes de la Oficina de esa Unión pasarán a la Oficina Internacional.

Por tanto, habiendo visto y examinado los 21 artículos que integran dicho Convenio, oída la Comisión de Tratados de las Cortes Españolas, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 14 de su Ley Orgánica, vengo en aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

El Instrumento de ratificación de España fue depositado ante el Director de las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual en Ginebra el día 16 de junio de 1969.

El presente Convenio entró en vigor para España el día 16 de septiembre de 1969.

[1] Los países pertenecientes a la OMPI por ratificación o adhesión al presente Convenio son los siguientes:

Afganistán desde el 13 de diciembre de 2005.

Albania desde el 30 de junio de 1992.

Alemania desde el 19 de septiembre de 1970.

Andorra desde el 28 de octubre de 1994.

Angola desde el 15 de abril de 1985.

Antigua y Barbuda desde el 17 de marzo de 2000.

Arabia Saudita desde el 22 de mayo de 1982.

Argelia desde el 16 de abril de 1975.

Argentina desde el 8 de octubre de 1980.

Armenia desde el 22 de abril de 1993.

Australia desde el 10 de agosto de 1972.

Austria desde el 11 de agosto de 1973.

Azerbaiyán desde el 25 de diciembre de 1995.

Bahamas desde el 4 de enero de 1977.

Bahrein desde el 22 de junio de 1995.

Bangladesh desde el 11 de mayo de 1985.

Barbados desde el 5 de octubre de 1979.

Belarús desde el 26 de abril de 1970.

Bélgica desde el 31 de enero de 1975.

Belice desde el 17 de junio de 2000.

Benin desde el 9 de marzo de 1975.

Bhután desde el 16 de marzo de 1994.

Bolivia (Estado Plurinacional) desde el 6 de julio de 1993.

Bosnia y Herzegovina desde el 1 de marzo de 1992.

Botswana desde el 15 de abril de 1998.

Brasil desde el 20 de marzo de 1975.

Brunei Darussalam desde el 21 de abril de 1994.

Bulgaria desde el 19 de mayo de 1970.

Burkina Faso desde el 23 de agosto de 1975.

Burundi desde el 30 de marzo de 1977.

Cabo Verde desde el 7 de julio de 1997.

Camboya desde el 25 de julio de 1995.

Camerún desde el 3 de noviembre de 1973.

Canadá desde el 26 de junio de 1970.

Chad desde el 26 de septiembre de 1970.

Chile desde el 25 de junio de 1975.

China desde el 3 de junio de 1980.

Chipre desde el 26 de octubre de 1984.

Colombia desde el 4 de mayo de 1980.

Comores desde el 3 de abril de 2005.

Congo desde el 2 de diciembre de 1975.

Costa Rica desde el 10 de junio de 1981.

Côte d’Ivoire desde el 1 de mayo de 1974.

Croacia desde el 8 de octubre de 1991.

Cuba desde el 27 de marzo de 1975.

Dinamarca desde el 26 de abril de 1970.

Djibouti desde el 13 de mayo de 2002.

Dominica desde el 26 de septiembre de 1998.

Ecuador desde el 22 de mayo de 1988.

Egipto desde el 21 de abril de 1975.

El Salvador desde el 18 de septiembre de 1979.

Emiratos Árabes Unidos desde el 24 de septiembre de 1974.

Eritrea desde el 20 de febrero de 1997.

Eslovaquia desde el 1 de enero de 1993.

Eslovenia desde el 25 de junio de 1991.

España desde el 26 de abril de 1970.

Estados Unidos de América desde el 25 de agosto de 1970.

Estonia desde el 5 de febrero de 1994.

Etiopía desde el 19 de febrero de 1998.

Federación de Rusia desde el 26 de abril de 1970.

Fiji desde el 11 de marzo de 1972.

Filipinas desde el 14 de julio de 1980.

Finlandia desde el 8 de septiembre de 1970.

Francia desde el 18 de octubre de 1974.

Gabón desde el 6 de junio de 1975.

Gambia desde el 10 de diciembre de 1980.

Georgia desde el 25 de diciembre de 1991.

Ghana desde el 12 de junio de 1976.

Granada desde el 22 de septiembre de 1998.

Grecia desde el 4 de marzo de 1976.

Guatemala desde el 30 de abril de 1983.

Guinea desde el 13 de noviembre de 1980.

Guinea Ecuatorial desde el 26 de junio de 1997.

Guinea-Bissau desde el 28 de junio de 1988.

Guyana desde el 25 de octubre de 1994.

Haití desde el 2 de noviembre de 1983.

Honduras desde el 15 de noviembre de 1983.

Hungría desde el 26 de abril de 1970.

India desde el 1 de mayo de 1975.

Indonesia desde el 18 de diciembre de 1979.

Irán (República Islámica del) desde el 14 de marzo de 2002.

Iraq desde el 21 de enero de 1976.

Irlanda desde el 26 de abril de 1970.

Islandia desde el 13 de septiembre de 1986.

Israel desde el 26 de abril de 1970.

Italia desde el 20 de abril de 1977.

Jamaica desde el 25 de diciembre de 1978.

Japón desde el 20 de abril de 1975.

Jordania desde el 12 de julio de 1972.

Kazajstán desde el 25 de diciembre de 1991.

Kenya desde el 5 de octubre de 1971.

Kirguistán desde el 25 de diciembre de 1991.

Kuwait desde el 14 de julio de 1998.

La ex República Yugoslava de Macedonia desde el 8 de septiembre de 1991.

Lesotho desde el 18 de noviembre de 1986.

Letonia desde el 21 de enero de 1993.

Líbano desde el 30 de diciembre de 1986.

Liberia desde el 8 de marzo de 1989.

Libia desde el 28 de septiembre de 1976.

Liechtenstein desde el 21 de mayo de 1972.

Lituania desde el 30 de abril de 1992.

Luxemburgo desde el 19 de marzo de 1975.

Madagascar desde el 22 de diciembre de 1989.

Malasia desde el 1 de enero de 1989.

Malawi desde el 11 de junio de 1970.

Maldivas desde el 12 de mayo de 2004.

Malí desde el 14 de agosto de 1982.

Malta desde el 7 de diciembre de 1977.

Marruecos desde el 27 de julio de 1971.

Mauricio desde el 21 de septiembre de 1976.

Mauritania desde el 17 de septiembre de 1976.

México desde el 14 de junio de 1975.

Mónaco desde el 3 de marzo de 1975.

Mongolia desde el 28 de febrero de 1979.

Montenegro desde el 3 de junio de 2006.

Mozambique desde el 23 de diciembre de 1996.

Myanmar desde el 15 de mayo de 2001.

Namibia desde el 23 de diciembre de 1991.

Nepal desde el 4 de febrero de 1997.

Nicaragua desde el 5 de mayo de 1985.

Níger desde el 18 de mayo de 1975.

Nigeria desde el 9 de abril de 1995.

Noruega desde el 8 de junio de 1974.

Nueva Zelandia desde el 20 de junio de 1984.

Omán desde el 19 de febrero de 1997.

Países Bajos desde el 9 de enero de 1975.

Pakistán desde el 6 de enero de 1977.

Panamá desde el 17 de septiembre de 1983.

Papua-Nueva Guinea desde el 10 de julio de 1997.

Paraguay desde el 20 de junio de 1987.

Perú desde el 4 de septiembre de 1980.

Polonia desde el 23 de marzo de 1975.

Portugal desde el 27 de abril de 1975.

Qatar desde el 3 de septiembre de 1976.

Reino Unido desde el 26 de abril de 1970.

República Árabe Siria desde el 18 de noviembre de 2004.

República Centroafricana desde el 23 de agosto de 1978.

República Checa desde el 1 de enero de 1993.

República de Corea desde el 1 de marzo de 1979.

República de Moldova desde el 25 de diciembre de 1991.

República Democrática del Congo desde el 28 de enero de 1975.

República Democrática Popular Lao desde el 17 de enero de 1995.

República Dominicana desde el 27 de junio de 2000.

República Popular Democrática de Corea desde el 17 de agosto de 1974.

República Unida de Tanzania desde el 30 de diciembre de 1983.

Rumania desde el 26 de abril de 1970.

Rwanda desde el 3 de febrero de 1984.

Saint Kitts y Nevis desde el 16 de noviembre de 1995.

Samoa desde el 11 de octubre de 1997.

San Marino desde el 26 de junio de 1991.

San Vincente y las Granadinas desde el 29 de agosto de 1995.

Santa Lucía desde el 21 de agosto de 1993.

Santa Sede desde el 20 de abril de 1975.

Santo Tomé y Príncipe desde el 12 de mayo de 1998.

Senegal desde el 26 de abril de 1970.

Serbia desde el 27 de abril de 1992.

Seychelles desde el 16 de marzo de 2000.

Sierra Leona desde el 18 de mayo de 1986.

Singapur desde el 10 de diciembre de 1990.

Somalia desde el 18 de noviembre de 1982.

Sri Lanka desde el 20 de septiembre de 1978.

Sudáfrica desde el 23 de marzo de 1975.

Sudán desde el 15 de febrero de 1974.

Suecia desde el 26 de abril de 1970.

Suiza desde el 26 de abril de 1970.

Suriname desde el 25 de noviembre de 1975.

Swazilandia desde el 18 de agosto de 1988.

Tailandia desde el 25 de diciembre de 1989.

Tayikistán desde el 25 de diciembre de 1991.

Togo desde el 28 de abril de 1975.

Tonga desde el 14 de junio de 2001.

Trinidad y Tobago desde el 16 de agosto de 1988.

Túnez desde el 28 de noviembre de 1975.

Turkmenistán desde el 25 de diciembre de 1991.

Turquía desde el 12 de mayo de 1976.

Ucrania desde el 26 de abril de 1970.

Uganda desde el 18 de octubre de 1973.

Uruguay desde el 21 de diciembre de 1979.

Uzbekistán desde el 25 de diciembre de 1991.

Vanuatu desde el 2 de marzo de 2012.

Venezuela (República Bolivariana de) desde el 23 de noviembre de 1984.

Viet Nam desde el 2 de julio de 1976.

Yemen desde el 29 de marzo de 1979.

Zambia desde el 14 de mayo de 1977.

Zimbabwe desde el 29 de diciembre de 1981.

[2] Párrafo redactado de acuerdo con las modificaciones del presente Convenio adoptadas por la Conferencia de la OMPI el 2 de octubre de 1979, publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» número 197, de 17 de agosto de 1984, y que entraron en vigor el 1 de junio de 1984, según publica el «Boletín Oficial del Estado» número 20, de 23 de enero de 1985.

[3] Párrafo redactado de acuerdo con las modificaciones del presente Convenio adoptadas por la Conferencia de la OMPI el 2 de octubre de 1979, que entraron en vigor el 1 de junio de 1984, y publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» número 197, de 17 de agosto de 1984.

En la anterior redacción decía «cada tres años».

[4] Párrafo redactado de acuerdo con las modificaciones del presente Convenio adoptadas por la Conferencia de la OMPI el 2 de octubre de 1979, que entraron en vigor el 1 de junio de 1984, y publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» número 197, de 17 de agosto de 1984.

En la anterior redacción decía «trienal».

[5] De acuerdo con las modificaciones del presente Convenio adoptadas por la Conferencia de la OMPI el 2 de octubre de 1979, que entraron en vigor el 1 de junio de 1984, y publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» número 197, de 17 de agosto de 1984, se suprime este párrafo.

§ 23 CONVENIO DE BERNA DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 1886 PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS, REVISADO EN PARÍS EL 24 DE JULIO DE 1971 [1]

Instrumento de ratificación de España de 2 de julio de 1973 [2]

(«BOE» núms. 81 y 260, de 4 de abril y 30 de octubre de 1974)

Por cuanto el día 24 de julio de 1971, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en París el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, revisado en París el 24 de julio de 1971; vistos y examinados los 38 artículos que integran dicho Convenio, su anexo, oída la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes Españolas, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 14 de su Ley Constitutiva,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas del 9 de septiembre de 1886, completado en París el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlín el 13 de noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en París el 24 de julio de 1971

Los países de la Unión, animados por el mutuo deseo de proteger del modo más eficaz y uniforme posible los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas.

Reconociendo la importancia de los trabajos de la Conferencia de Revisión celebrada en Estocolmo en 1967,

Han resuelto revisar el Acta adoptada por la Conferencia de Estocolmo, manteniendo sin modificación los artículos 1 a 20 y 22 a 26 de esa Acta.

En consecuencia, los Plenipotenciarios que suscriben, luego de haber sido reconocidos y aceptados en debida forma los plenos poderes presentados, han convenido lo siguiente:

Artículo 1. Los países a los cuales se aplica el presente Convenio están constituidos en Unión para la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas.

Art. 2. 1. Los términos «obras literarias y artísticas» comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales, con o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias.

2. Sin embargo, queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer que las obras literarias o artísticas o algunos de sus géneros no estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material.

3. Estarán protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o artística.

4. Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de determinar la protección que han de conceder a los textos oficiales de orden legislativo, administrativo o judicial, así como a las traducciones oficiales de estos textos.

5. Las colecciones de obras literarias o artísticas, tales como las enciclopedias y antologías que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones.

6. Las obras antes mencionadas gozarán de protección en todos los países de la Unión. Esta protección beneficiará al autor y a sus derechohabientes.

7. Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 7, 4, del presente Convenio. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas.

8. La protección del presente Convenio no se aplicará a las noticias del día ni de los sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa.

Art. 2 bis. 1. Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de excluir, total o parcialmente, de la protección prevista en el artículo anterior a los discursos políticos y los pronunciados en debates judiciales.

2. Se reserva también a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer las condiciones en las que las conferencias, alocuciones y otras obras de la misma naturaleza, pronunciadas en público, podrán ser reproducidas por la prensa, radiodifundidas, transmitidas por hilo al público y ser objeto de las comunicaciones públicas a las que se refiere el artículo 11 bis, 1, del presente Convenio, cuando tal utilización esté justificada por el fin informativo que se persigue.

3. Sin embargo, el autor gozará del derecho exclusivo de reunir en colección las obras mencionadas en los párrafos precedentes.

Art. 3. 1. Estarán protegidos en virtud del presente Convenio:

a) Los autores nacionales de alguno de los países de la Unión, por sus obras, publicadas o no.

b) Los autores que no sean nacionales de alguno de los países de la Unión, por las obras que hayan publicado por primera vez alguno de estos países o simultáneamente en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la Unión.

2. Los autores no nacionales de alguno de los países de la Unión, pero que tengan su residencia habitual en alguno de ellos, están asimilados a los nacionales de dicho país en lo que se refiere a la aplicación del presente Convenio.

3. Se entiende por «obras publicadas» las que han sido editadas con el consentimiento de sus autores, cualquiera que sea el modo de fabricación de los ejemplares, siempre que la cantidad de éstos puesta a disposición del público satisfaga razonablemente sus necesidades, estimadas de acuerdo con la índole de la obra. No constituyen publicación la representación de una obra dramática, dramático-musical o cinematográfica, la ejecución de una obra musical, la recitación pública de una obra literaria, la transmisión o radiodifusión de las obras literarias o artísticas, la exposición de una obra de arte ni la construcción de una obra arquitectónica.

4. Será considerada como publicada simultáneamente en varios países toda obra aparecida en dos o más de ellos dentro de los treinta días siguientes a su primera publicación [3].

Art. 4. Estarán protegidos en virtud del presente Convenio, aunque no concurran las condiciones previstas en el artículo 3:

a) Los autores de las obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en alguno de los países de la Unión.

b) Los autores de las obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión.

Art. 5. 1. Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean de origen de la obra, de los derechos que las Leyes respectivas conceden en la actualidad o conceden en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio.

2. El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de la protección, así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos, se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección.

3. La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional. Sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales.

4. Se considera país de origen:

a) Para las obras publicadas por primera vez en alguno de los países de la Unión, este país; sin embargo, cuando se trate de obras publicadas simultáneamente en varios países de la Unión que admitan términos de protección diferentes, aquél de entre ellos que conceda el término de protección más corto.

b) Para las obras publicadas simultáneamente en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la Unión, este último país.

c) Para las obras no publicadas o para las obras publicadas por primera vez en un país que no pertenezca a la Unión, sin publicación simultánea en un país de la Unión, el país de la Unión a que pertenezca el autor; sin embargo:

i) Si se trata de obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o su residencia habitual en un país de la Unión, éste será el país de origen.

ii) Si se trata de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión, éste será el país de origen.

Art. 6. 1. Si un país que no pertenezca a la Unión no protege suficientemente las obras de los autores pertenecientes a alguno de los países de la Unión, este país podrá restringir la protección de las obras cuyos autores sean, en el momento de su primera publicación, nacionales de aquel otro país y no tengan su residencia habitual en alguno de los países de la Unión. Si el país en que la obra se publicó por primera vez hace uso de esta facultad, los demás países de la Unión no estarán obligados a conceder a las obras que de esta manera hayan quedado sometidas a un trato especial una protección más amplia que la concedida en aquel país.

2. Ninguna restricción establecida al amparo del párrafo precedente deberá acarrear perjuicio a los derechos que un autor haya adquirido sobre una obra publicada en un país de la Unión antes del establecimiento de aquella restricción.

3. Los países de la Unión que, en virtud de este artículo, restrinjan la protección de los derechos de los autores, lo notificarán al Director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo designado con la expresión «Director general») mediante una declaración escrita, en la cual se indicarán los países incluidos en la restricción, lo mismo que las restricciones a que serán sometidos los derechos de los autores pertenecientes a estos países. El Director general lo comunicará inmediatamente a todos los países de la Unión.

Art. 6 bis. 1. Independientemente de los derechos patrimoniales del autor e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.

2. Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1 serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca derechos. Sin embargo, los países cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación de la presente Acta o de la adhesión de la misma no contenga disposiciones relativas a la protección después de la muerte del autor de todos los derechos reconocidos en virtud del párrafo 1 anterior, tienen la facultad de establecer que alguno o algunos de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del autor.

3. Los medios procesales para la defensa de los derechos reconocidos en este artículo estarán regidos por la legislación del país en el que se reclama la protección.

Art. 7. 1. La protección concedida por el presente Convenio se extenderá durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.

2. Sin embargo, para las obras cinematográficas, los países de la Unión tienen la facultad de establecer que el plazo de protección expire cincuenta años después que la obra haya sido hecha accesible al público con el consentimiento del autor o que, si tal hecho no ocurre durante los cincuenta años siguientes a la realización de la obra, la protección expire al término de esos cincuenta años.

3. Para las obras anónimas o seudónimas, el plazo de protección concedido por el presente Convenio expirará cincuenta años después de que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público. Sin embargo, cuando el seudónimo adoptado por el autor no deje dudas sobre su identidad, el plazo de protección será el previsto en el párrafo 1. Si el autor de una obra anónima o seudónima revela su identidad durante el expresado período, el plazo de protección aplicable será el previsto en el párrafo 1. Los países de la Unión no están obligados a proteger las obras anónimas o seudónimas cuando haya motivos para suponer que su autor está muerto desde hace cincuenta años.

4. Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer el plazo de protección para las obras fotográficas y para las artes aplicadas, protegidas como obras artísticas; sin embargo, este plazo no podrá ser inferior a un período de veinticinco años contados desde la realización de tales obras.

5. El período de protección posterior a la muerte del autor y los plazos previstos en los párrafos 2, 3 y 4 anteriores comenzarán a correr desde la muerte o del hecho previsto en aquellos párrafos, pero la duración de tales plazos se calculará a partir del primero de enero del año que siga a la muerte o al referido hecho.

6. Los países de la Unión tienen la facultad de conceder plazos de protección más extensos que los previstos en los párrafos precedentes.

7. Los países de la Unión vinculados por el Acta de Roma del presente Convenio, y que conceden en su legislación nacional en vigor en el momento de suscribir la presente Acta plazos de duración menos extensos que los previstos en los párrafos precedentes, podrán mantenerlos al adherirse a la presente Acta o al ratificarla.

8. En todos los casos, el plazo de protección será el establecido por la Ley del país en el que la protección se reclame; sin embargo, a menos que la legislación de este país no disponga otra cosa, la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra [4].

Art. 7 bis. Las disposiciones del artículo anterior son también aplicables cuando el derecho de autor pertenece en común a los colaboradores de una obra, si bien el período consecutivo a la muerte del autor se calculará a partir de la muerte del último superviviente de los colaboradores.

Art. 8. Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de hacer o autorizar la traducción de sus obras mientras duren sus derechos sobre la obra original [5].

Art. 9. 1. Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma.

2. Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

3. Toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el sentido del presente Convenio.

Art. 10. 1. Son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de artículos periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma de revistas de prensa.

2. Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y a los Arreglos particulares existentes o que se establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad de utilizar lícitamente, en la medida justificada por el fin perseguido, las obras literarias o artísticas a título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea conforme a los usos honrados.

3. Las citas y utilizaciones a que se refieren los párrafos precedentes deberán mencionar la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente.

Art. 10 bis. 1. Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción por la prensa o la radiodifusión o la transmisión por hilo al público de los artículos de actualidad de discusión económica, política o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la expresada transmisión no se hayan reservado expresamente. Sin embargo, habrá que indicar siempre claramente la fuente; la sanción al incumplimiento de esta obligación será determinada por la legislación del país en el que se reclame la protección.

2. Queda igualmente reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer las condiciones en que, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía o de la cinematografía o por radiodifusión o transmisión por hilo al público, puedan ser reproducidas y hechas accesibles al público, en la medida justificada por el fin de la información, las obras literarias o artísticas que hayan de ser vistas u oídas en el curso del acontecimiento.

Art. 11. 1. Los autores de obras dramáticas, dramático-musicales y musicales gozarán del derecho exclusivo de autorizar: 1.º la representación y la ejecución pública de sus obras, comprendidas la representación y la ejecución pública por todos los medios o procedimientos; 2.º la transmisión pública, por cualquier medio, de la representación y de la ejecución de sus obras.

2. Los mismos derechos se conceden a los autores de obras dramáticas o dramático-musicales durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre la obra original, en lo que se refiere a la traducción de sus obras.

Art. 11 bis. 1. Los autores de obra literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar: 1.º la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de estas obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imágenes; 2.º toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando esta comunicación se haga por distinto organismo que el de origen; 3.º la comunicación pública mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida.

2. Corresponde a las legislaciones de los países de la Unión establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo 1 anterior, pero estas condiciones no tendrán más que un resultado estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán, en ningún caso, atentar al derecho moral del autor ni al derecho que le corresponda para obtener una remuneración equitativa, fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente.

3. Salvo estipulación en contrario, una autorización concedida de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo no comprenderá la autorización para grabar, por medio de instrumentos que sirvan para la fijación de sonidos o de imágenes, la obra radiodifundida. Sin embargo, queda reservado a las legislaciones de los países de la Unión establecer el régimen de las grabaciones efímeras realizadas por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus emisiones. Estas legislaciones podrán autorizar la conservación de esas grabaciones en archivos oficiales en razón de su excepcional carácter de documentación.

Art. 11 ter. 1. Los autores de obras literarias gozarán del derecho exclusivo de autorizar: 1.º la recitación pública de sus obras, comprendida la recitación pública por cualquier medio o procedimiento; 2.º la transmisión pública, por cualquier medio, de la recitación de sus obras.

2. Iguales derechos se conceden a los autores de obras literarias durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre la obra original, en lo que concierne a la traducción de sus obras.

Art. 12. Los autores de obras literarias o artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de sus obras.

Art. 13. 1. Cada país de la Unión podrá, por lo que concierne, establecer reservas y condiciones en lo relativo al derecho exclusivo del autor de una obra musical y del autor de la letra, cuya grabación con la obra musical haya sido ya autorizada por este último, para autorizar la grabación sonora de dicha obra musical, con la letra, en su caso; pero todas las reservas y condiciones de esta naturaleza no tendrán más que un efecto estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán, en ningún caso, atentar al derecho que corresponde al autor para obtener una remuneración equitativa fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente.

2. Las grabaciones de obras musicales que hayan sido realizadas en un país de la Unión conforme al artículo 13.3 de los Convenios suscritos en Roma el 2 de junio de 1928 y en Bruselas el 26 de junio de 1948 podrán, en este país, ser objeto de reproducciones sin el consentimiento del autor de la obra musical hasta la expiración de un período de dos años, a contar de la fecha en que dicho país quede obligado por la presente Acta.

3. Las grabaciones hechas en virtud de los párrafos 1 y 2 del presente artículo e importadas, sin autorización de las partes interesadas, en un país en que estas grabaciones no sean lícitas, podrán ser decomisadas en este país.

Art. 14. 1. Los autores de las obras literarias o artísticas tendrán el derecho exclusivo de autorizar: 1.º la adaptación y la reproducción cinematográficas de estas obras y la distribución de las obras así adaptadas o reproducidas; 2.º la representación, ejecución pública y la transmisión por hilo al público de las obras así adaptadas o reproducidas.

2. La adaptación, bajo cualquier forma artística, de las realizaciones cinematográficas extraídas de obras literarias o artísticas queda sometida, sin perjuicio de la autorización de los autores de la obra cinematográfica, a la autorización de los autores de las obras originales.

3. Las disposiciones del artículo 13.1 no son aplicables.

Art. 14 bis. 1. Sin perjuicio de los derechos del autor de las obras que hayan podido ser adaptadas o reproducidas, la obra cinematográfica se protege como obra original. El titular del derecho de autor sobre la obra cinematográfica gozará de los mismos derechos que el autor de una obra original, comprendidos los derechos a que se refiere el artículo anterior.

2. a) La determinación de los titulares del derecho de autor sobre la obra cinematográfica queda reservada a la legislación del país en que la protección se reclame.

b) Sin embargo, en los países de la Unión en que la legislación reconoce entre estos titulares a los autores de las contribuciones aportadas a la realización de la obra cinematográfica, éstos, una vez que se han comprometido a aportar tales contribuciones, no podrán, salvo estipulación en contrario o particular, oponerse a la reproducción, distribución, representación y ejecución pública, transmisión por hilo al público, radiodifusión, comunicación al público, subtitulado y doblaje de los textos de la obra cinematográfica.

c) Para determinar si la forma del compromiso referido más arriba debe, por aplicación del apartado b) anterior, establecerse o no en contrato escrito o en un acto escrito equivalente, se estará a lo que disponga la legislación del país de la Unión en que el productor de la obra cinematográfica tenga su sede o su residencia habitual. En todo caso radiodifusión, queda reservada a la legislación del país de la Unión en que la protección se reclame la facultad de establecer que este compromiso conste en contrato escrito o un acto escrito equivalente. Los países que hagan uso de esta facultad deberán notificarlo al Director general mediante una declaración escrita, que será inmediatamente comunicada por este último a todos los demás países de la Unión.

d) Por «estipulación en contrario o particular» se entenderá toda condición restrictiva que pueda resultar de dicho compromiso.

3. A menos que la legislación nacional no disponga otra cosa, las disposiciones del apartado 2, b), anterior no serán aplicables a los autores de los guiones, diálogos y obras musicales creados para la realización de la obra cinematográfica ni al realizador principal de ésta. Sin embargo, los países de la Unión cuya legislación no contenga disposiciones que establezcan la aplicación del párrafo 2, b), citado a dicho realizador deberán notificarlo al Director general mediante declaración escrita, que será inmediatamente comunicada por este último a todos los demás países de la Unión.

Art. 14 ter. 1. En lo que concierne a las obras de arte originales y a los manuscritos originales de escritores y compositores, el autor –o después de su muerte las personas o instituciones a las que la legislación nacional confiera derechos– gozará del derecho inalienable a obtener una participación en las ventas de la obra posteriores a la primera cesión operada por el autor.

2. La protección prevista en el párrafo anterior no será exigible en los países de la Unión mientras la legislación nacional del autor no admita esta protección y en la medida en que la permita la legislación del país en que esta protección sea reclamada.

3. Las legislaciones nacionales determinarán las modalidades de la percepción y el monto a percibir.

Art. 15. 1. Para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en consecuencia, ante los Tribunales de los países de la Unión para demandar a los defraudadores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual. El presente párrafo se aplicará también cuando ese nombre sea seudónimo, que por lo conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor.

2. Se presume productor de la obra cinematográfica, salvo prueba en contrario, la persona física o moral cuyo nombre aparezca en dicha obra en la forma usual.

3. Para las obras anónimas y para las obras seudónimas que no sean aquéllas de las que se ha hecho mención en el párrafo 1 anterior, el editor cuyo nombre aparezca estampado en la obra será considerado, sin necesidad de otras pruebas, representante del autor; con esta cualidad estará legitimado para defender y hacer valer los derechos de aquél. La disposición del presente párrafo dejará de ser aplicable cuando el autor haya revelado su identidad y justificado su calidad de tal.

4. a) Para las obras no publicadas de las que resulte desconocida la identidad del autor, pero por las que se pueda suponer que él es nacional de un país de la Unión, queda reservada a la legislación de ese país la facultad de designar la autoridad competente para representar a ese autor y defender y hacer valer los derechos del mismo en los países de la Unión.

b) Los países de la Unión que, en virtud de lo establecido anteriormente, procedan a esa designación lo notificarán al Director general mediante una declaración escrita, en la que se indicará toda la información relativa a la autoridad designada. El Director general comunicará inmediatamente esta declaración a todos los demás países de la Unión.

Art. 16. 1. Toda obra falsificada podrá ser objeto de comiso en los países de la Unión en que la obra original tenga derecho a la protección legal.

2. Las disposiciones del párrafo precedente serán también aplicables a las reproducciones procedentes de un país en que la obra no esté protegida o haya dejado de estarlo.

3. El comiso tendrá lugar conforme a la legislación de cada país.

Art. 17. Las disposiciones del presente Convenio no podrán suponer perjuicio, cualquiera que sea, al derecho que corresponde al Gobierno de cada país de la Unión de permitir, vigilar o prohibir, mediante medidas legislativas o de policía interior, la circulación, la representación, la exposición de cualquier obra o producción respecto a la cual la autoridad competente hubiere de ejercer este derecho.

Art. 18. 1. El presente Convenio se aplicará a todas las obras que en el momento de su entrada en vigor no hayan pasado al dominio público en su país de origen por expiración de los plazos de protección.

2. Sin embargo, si una obra, por expiración del plazo de protección que le haya sido anteriormente concedido, hubiese pasado al dominio público en el país en que la protección se reclame, esta obra no será protegida allí de nuevo.

3. La aplicación de este principio tendrá lugar conforme a las estipulaciones contenidas en los Convenios especiales existentes o que se establezcan a este efecto entre los países de la Unión. En defecto de tales estipulaciones, los países respectivos regularán, cada uno en lo que le concierne, las modalidades relativas a esa aplicación.

4. Las disposiciones que preceden serán aplicables también en el caso de nuevas adhesiones a la Unión y en el caso en que la protección sea ampliada por aplicación del artículo 7 o por renuncia a reservas.

Art. 19. Las disposiciones del presente Convenio no impedirán reivindicar la aplicación de disposiciones más ampliar que hayan sido dictadas por la legislación de alguno de los países de la Unión.

Art. 20. Los gobiernos de los países de la Unión se reservan el derecho de adoptar entre ellos Arreglos particulares, siempre que estos Arreglos confieran a los autores derechos más amplios que los concedidos por este Convenio o que comprendan otras estipulaciones que no sean contrarias al presente Convenio. Las disposiciones de los Arreglos existentes que respondan a las condiciones antes citadas continuarán siendo aplicables.

Art. 21. 1. En el anexo figuran disposiciones especiales concernientes a los países en desarrollo.

2. Con reserva de las disposiciones del artículo 28, 1, b), el anexo forma parte integrante de la presente acta.

Art. 22. [6] 1. a) La Unión tendrá una Asamblea compuesta por los países de la Unión, obligados por los artículos 22 a 26.

b) El Gobierno de cada país miembro estará representado por un Delegado, que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el Gobierno que la haya asignado.

2. a) La Asamblea:

i) Tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión y a la aplicación del presente Convenio.

ii) Dará instrucciones a la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo «la Oficina Internacional»), a la cual se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo «la Organización»), en relación con la preparación de las conferencias de revisión, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión que no estén obligados por los artículos 22 a 26.

iii) Examinará y aprobará los informes y las actividades del Director general de la Organización, relativos a la Unión, y le dará todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la competencia de la Unión.

iv) Elegirá a los miembros del Comité Ejecutivo de la Asamblea.

v) Examinará y aprobará los informes y las actividades de su Comité Ejecutivo y le dará instrucciones.

vi) Fijará el programa, adoptará el presupuesto bienal de la Unión y aprobará sus balances de cuentas [7].

vii) Adoptará el reglamento financiero de la Unión.

viii) Creará los comités de expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para alcanzar los objetivos de la Unión.

ix) Decidirá qué países no miembros de la Unión y qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales podrán ser admitidos en sus reuniones a título de observadores.

x) Adoptará los acuerdos de modificación de los artículos 22 a 26.

xi) Emprenderá cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión.

xii) Ejercerá las demás funciones que implique el presente Convenio.

xiii) Ejercerá, con la condición de que los acepte, los derechos que le confiere el Convenio que establece la Organización.

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, la Asamblea tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

3. a) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá de un voto.

b) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum.

c) No obstante las disposiciones del apartado b), si el número de países representados en cualquier sesión es inferior a la mitad, pero igual o superior a la tercera parte de los países miembros de la Asamblea, ésta podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo aquéllas relativas a su propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos. La Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los países miembros que no estaban representados, invitándolos a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de un período de tres meses, a contar desde la fecha de la comunicación. Si al expirar dicho plazo el número de países que hayan así expresado su voto o su abstención asciende al número de países que faltaban para que se lograse el quórum en la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria.

d) Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 26.2, las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos.

e) La abstención no se considerará como un voto.

f) Cada Delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más que en nombre de él.

g) Los países de la Unión que no sean miembros de la Asamblea serán admitidos a sus reuniones en calidad de observadores.

4. a) La Asamblea se reunirá una vez cada dos años en sesión ordinaria, mediante convocatoria del Director general, y salvo en casos excepcionales, durante el mismo período y en el mismo lugar donde la Asamblea general de la Organización [8].

b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director general, a petición del Comité Ejecutivo o a petición de una cuarta parte de los países miembros de la Asamblea.

5. La Asamblea adoptará su propio reglamento interior.

Art. 23. 1. La Asamblea tendrá un Comité Ejecutivo.

2. a) El Comité Ejecutivo estará compuesto por los países elegidos por la Asamblea entre los países miembros de la misma. Además, el país en cuyo territorio tenga su sede la Organización dispondrá «ex officio,» de un puesto en el Comité, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25, 7, b).

b) El Gobierno de cada país miembro del Comité Ejecutivo estará representado por un Delegado, que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el Gobierno que la haya designado.

3. El número de países miembros del Comité Ejecutivo corresponderá a la cuarta parte del número de los países miembros de la Asamblea. En el cálculo de los puestos a proveerse no se tomará en consideración el resto que quede después de dividir por cuatro.

4. En la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, la Asamblea tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y la necesidad de que todos los países que formen parte de los arreglos particulares que pudieran ser establecidos en relación con la Unión figuren entre los países que constituyen el Comité Ejecutivo.

5. a) Los miembros del Comité Ejecutivo permanecerán en funciones desde la clausura de la reunión de la Asamblea en la que hayan sido elegidos hasta que termine la reunión ordinaria siguiente de la Asamblea.

b) Los miembros del Comité Ejecutivo serán reelegibles hasta el límite máximo de los tercios de los mismos.

c) La Asamblea reglamentará las modalidades de la elección y de la posible reelección de los miembros del Comité Ejecutivo.

6. a) El Comité Ejecutivo:

i) Preparará el proyecto de orden del día de la Asamblea.

ii) Someterá a la Asamblea propuestas relativas a los proyectos de programas y de presupuesto bienal de la Unión, preparados por el Director general [9].

iii) [.......] [10].

iv) Someterá a la Asamblea, con los comentarios correspondientes, los informes periódicos del Director general y los informes anuales de intervención de cuentas.

v) Tomará todas las medidas necesarias para la ejecución del programa de la Unión por el Director general, de conformidad con las decisiones de la Asamblea y teniendo en cuenta las circunstancias que se produzcan entre dos reuniones ordinarias de dicha Asamblea.

vi) Ejercerá todas las demás funciones que le estén atribuidas dentro del marco del presente Convenio.

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, el Comité Ejecutivo tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

7. a) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, mediante convocatoria del Director general, y siempre que sea posible durante el mismo período y en el mismo lugar donde el Comité de Coordinación de la Organización.

b) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director general, bien a iniciativa de éste, bien a petición de su Presidente o de una cuarta parte de sus miembros.

8. a) Cada país miembro del Comité Ejecutivo dispondrá de un voto.

b) La mitad de los países miembros del Comité Ejecutivo constituirá el quórum.

c) Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los votos emitidos.

d) La abstención no se considerará como un voto.

e) Un Delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más que en nombre de él.

9. Los países de la Unión que no sean miembros del Comité Ejecutivo serán admitidos a sus reuniones en calidad de observadores.

10. El Comité Ejecutivo adoptará su propio reglamento interior.

Art. 24. 1. a) Las tareas administrativas que incumben a la Unión serán desempeñadas por la Oficina Internacional, que sucede a la Oficina de la Unión, reunida con la Oficina de la Unión instituida por el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.

b) La Oficina Internacional se encargará especialmente de la Secretaría de los diversos órganos de la Unión.

c) El Director general de la Organización es el más alto funcionario de la Unión y la representa.

2. La Oficina Internacional reunirá y publicará informaciones relativas a la protección del derecho de autor. Cada país de la Unión comunicará lo antes posible a la Oficina Internacional el texto de todas las nuevas Leyes y todos los textos oficiales referentes a la protección del derecho de autor.

3. La Oficina Internacional publicará una revista mensual.

4. La Oficina Internacional facilitará, a los países de la Unión que se lo pidan, informaciones sobre cuestiones relativas a la protección del derecho de autor.

5. La Oficina Internacional realizará estudios y prestará servicios destinados a facilitar la protección del derecho de autor.

6. El Director general y cualquier miembro del personal designado por él participarán, sin derecho de voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité Ejecutivo y de cualquier otro comité de expertos o grupo de trabajo. El Director general o un miembro del personal designado por él será, «ex officio», Secretario de esos órganos.

7. a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea y en cooperación con el Comité Ejecutivo, preparará las conferencias de revisión de las disposiciones del Convenio que no sean las comprendidas en los artículos 22 a 26.

b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de las conferencias de revisión.

c) El Director general y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las deliberaciones de esas conferencias.

8. La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas.

Art. 25. 1. a) La Unión tendrá un presupuesto.

b) El presupuesto de la Unión comprenderá los ingresos y los gastos propios de la Unión, su contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, así como, en su caso, la suma puesta a disposición del presupuesto de la Conferencia de la Organización.

c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos exclusivamente a la Unión, sino también a una o varias otras de las Uniones administradas por la Organización. La parte de la Unión en esos gastos comunes será proporcional al interés que tenga en esos gastos.

2. Se establecerá el presupuesto de la Unión teniendo en cuenta las exigencias de coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización.

3. El presupuesto de la Unión se financiará con los recursos siguientes:

i) Las contribuciones de los países de la Unión.

ii) Las tasas y sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión.

iii) El producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la Unión y los derechos correspondientes a esas publicaciones.

iv) Las donaciones, legados y subvenciones.

v) Los alquileres, intereses y otros ingresos diversos.

4. a) Con el fin de determinar su cuota de contribución al presupuesto, cada país de la Unión quedará incluido en una clase y pagará sus contribuciones anuales sobre la base de un número de unidades, fijado de la manera siguiente:

Clase I 25

Clase II 20

Clase III 15

Clase IV 10

Clase V 5

Clase VI 3

Clase VII 1

b) A menos que lo haya hecho ya, cada país indicará, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, la clase a la que desea pertenecer. Podrá cambiar de clase. Si escoge una clase inferior, el país deberá dar cuenta de ello a la Asamblea durante una de sus reuniones ordinarias. Tal cambio entrará en vigor al comienzo del año civil siguiente a dicha reunión.

c) La contribución anual de cada país consistirá en una cantidad que guardará, con relación a la suma total de las contribuciones anuales de todos los países al presupuesto de la Unión, la misma proporción que el número de unidades de la clase a la que pertenezca con relación al total de las unidades del conjunto de los países.

d) Las contribuciones vencen el 1 de enero de cada año.

e) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de voto, en ninguno de los órganos de la Unión de los que sea miembro, cuando la cuantía de sus atrasos sea igual o superior a la de las contribuciones que deba por los dos años completos transcurridos. Sin embargo, cualquiera de esos órganos podrá permitir a ese país que continúe ejerciendo el derecho de voto en dicho órgano si estima que el atraso resulta de circunstancias excepcionales e inevitables.

f) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se continuará aplicando el presupuesto del año precedente, conforme a las modalidades previstas en el reglamento financiero.

5. La cuantía de las tasas y las sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión será fijada por el Director general, que informará de ello a la Asamblea y al Comité Ejecutivo.

6. a) La Unión poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada por cada uno de los países de la Unión. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidirá sobre su aumento.

b) La cuantía de la aportación única de cada país al citado fondo y de su participación en el aumento del mismo serán proporcionales a la contribución del país correspondiente al año en curso del cual se constituyó el fondo o se decidió el aumento.

c) La proporción y las modalidades de pago serán determinados por la Asamblea, a propuesta del Director general y previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

7. a) El Acuerdo de Sede concluido con el país en cuyo territorio la Organización tenga su residencia preverá que ese país conceda anticipos si el fondo de operaciones fuere insuficiente. La cuantía de estos anticipos y las condiciones en que serán concedidos serán objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el país en cuestión y la Organización. Mientras tenga obligación de conceder estos anticipos, este país tendrá un puesto, «ex officio», en el Comité Ejecutivo.

b) El país al que se hace referencia en el apartado a) y la Organización tendrán cada uno el derecho de denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por escrito. La denuncia producirá efecto tres años después de terminado el año en curso del cual haya sido notificada.

8. De la intervención de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el Reglamento financiero, uno o varios países de la Unión o Interventores de cuentas que, con su consentimiento, serán designados por la Asamblea.

Art. 26. 1. Las propuestas de modificación de los artículos 22, 23, 24 y 25 y del presente artículo podrán ser presentadas por todo país miembro de la Asamblea, por el Comité Ejecutivo o por el Director general. Esas propuestas serán comunicadas por este último a los países miembros de la Asamblea al menos seis meses antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.

2. Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1 será adoptada por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos de los votos emitidos, sin embargo, toda modificación del artículo 22 y del presente párrafo requerirá cuatro quintos de los votos emitidos.

3. Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1 entrará en vigor un mes después de que el Director general haya recibido notificación escrita de su aceptación, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales de tres cuarto de los países que eran miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación hubiese sido adoptada. Toda modificación de dichos artículos así aceptada obligará a todos los países que sean miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha ulterior; sin embargo, toda modificación que incremente las obligaciones financieras de los países de la Unión solo obligará a los países que hayan notificado su aceptación de la mencionada modificación.

Art. 27. 1. El presente Convenio se someterá a revisiones con el objeto de introducir en él las mejoras que tiendan a perfeccionar el sistema de la Unión.

2. Para tales efectos, se celebrará entre los Delegados de los países de la Unión conferencias, que tendrán lugar, sucesivamente, en uno de esos países.

3. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 26, aplicables a la modificación de los artículos 22 a 26, toda revisión de la presente acta, incluido el anexo, requerirá la unanimidad de los votos emitidos.

Art. 28. 1. a) Cada uno de los países de la Unión que haya firmado la presente acta podrá ratificarla, y si no la hubiere firmado, podrá adherirse a ella. Los instrumentos de ratificación y de adhesión se depositarán en poder del Director general.

b) Cada uno de los países de la Unión podrá declarar, en su instrumentación de ratificación o de adhesión, que su ratificación o su adhesión no es aplicable a los artículos 1 a 21 ni al anexo; sin embargo, si ese país hubiese hecho ya una declaración según el artículo vi, 1, del anexo, sólo podrá declarar en dicho instrumentos que su ratificación o su adhesión no se aplica a los artículos 1 a 20.

c) Cada uno de los países que de conformidad con el apartado b) haya excluido la disposiciones allí establecida de los efectos de su ratificación o de su adhesión podrá, en cualquier momento ulterior, declarar que extiende los efectos de su ratificación o de su adhesión a esas disposiciones. Tal declaración se depositará en poder del Director general.

2. a) Los artículos 1 al 21 y el anexo entrarán en vigor tres meses después de que se hayan cumplido las dos condiciones siguientes:

i) Que cinco países de la Unión, por lo menos, hayan ratificado la presente o se hayan adherido a ella sin hacer una declaración de conformidad con el apartado 1, b).

ii) Que España, los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte hayan quedado obligados por la Convención Universal sobre Derecho de Autor, tal como ha sido revisada en París el 24 de julio de 1971.

b) La entrada en vigor a la que se hace referencia en el apartado a) se hará efectiva respecto de los países de la Unión que tres meses antes de dicha entrada en vigor hayan depositado instrumentos de ratificación o de adhesión que no contengan una declaración de conformidad con el apartado 1, b).

c) Respecto de todos los países de la Unión a los que no resulte aplicable el apartado b) y que ratifiquen la presente acta o se adhieran a ella sin hacer una declaración de conformidad con el apartado 1, b), los artículos 1 al 21 y el anexo entrarán en vigor tres meses después de la fecha en la cual el Director general haya notificado el depósito del instrumento de ratificación o de adhesión en cuestión, a menos que en el instrumento depositado se haya indicado una fecha posterior. En este último caso, los artículos 1 a 21 y el anexo entrarán en vigor respecto de ese país en la fecha así indicada.

d) Las disposiciones de los apartados a) a c) no afectarán la aplicación del artículo VI del anexo.

3. Respecto de cada país de la Unión que ratifique la presente acta o se adhiera, ella con o sin declaración de conformidad con el apartado 1, b), los artículos 22 a 38 entrarán en vigor tres meses después de la fecha en la cual el Director general haya notificado el depósito del instrumento de ratificación o adhesión de que se trate, a menos que se haya indicado una fecha posterior en el instrumento depositado. En este último caso, los artículos 22 a 38 entrarán en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

Art. 29. 1. Todo país externo a la Unión podrá adherirse a la presente acta y pasar, por tanto, a ser parte en el presente Convenio y miembros de la Unión. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Director general.

2. a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), el presente Convenio entrará en vigor, respecto de todo país externo a la Unión, tres meses después de la fecha en la cual el Director general haya notificado el depósito de su instrumento de adhesión, a menos que no se haya indicado una fecha posterior en el instrumento depositado. En este último caso, el presente Convenio entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

b) Si la entrada en vigor en aplicación de lo dispuesto en el apartado a) precede a la entrada en vigor de los artículos 1 a 21 y del anexo de aplicación de lo dispuesto en el artículo 28.2, a), dicho país no quedará obligado mientras tanto por los artículos 1 a 21 y por el anexo, sino por los artículos 1 a 20 del Acta de Bruselas del presente convenio.

Art. 29 bis. La ratificación de la presente acta o la adhesión a ella por cualquier país que no esté obligado por los artículos 22 a 38 del Acta de Estocolmo del presente Convenio equivaldrá, con el fin único de poder aplicar el artículo 14.2 del convenio que establece la Organización, a la ratificación del Acta de Estocolmo o a la adhesión a esa acta, con la limitación prevista en el artículo 28.1, b) i) de dicha acta.

Art. 30. 1. Sin perjuicio de las excepciones posibles previstas en el párrafo 2 del presente artículo, el artículo 28.1, b), el artículo 33.2 y el anexo, la ratificación o la adhesión supondrá, de pleno derecho, la accesión a todas las disposiciones y la admisión para todas las ventajas estipuladas en el presente Convenio.

2. a) Cualquier país de la Unión que ratifique la presente acta o se adhiera a ella podrá conservar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo V, 2, del anexo, el beneficio de las reservas que haya formulado anteriormente, a condición de declararlo al hacer el depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión.

b) Cualquier país externo a la Unión podrá declarar, al adherirse al presente convenio y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo V, 2, del anexo, que piensa reemplazar, al menos provisionalmente, las disposiciones del artículo 8 de la presente acta, relativas al derecho de traducción, por las disposiciones del artículo 5 del Convenio de la Unión de 1886, revisado en París en 1896, en la inteligencia de que esas disposiciones se refieren únicamente a la traducción en un idioma de uso general en dicho país. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo I, 6, b), del anexo, en lo tocante al derecho de traducción de las obras que tengan como país de origen uno de los países que hayan hecho tal reserva, todos los países estarán facultados para aplicar una protección equivalente a la que aquél aplique.

c) Los países podrán retirar en cualquier momento esa reserva mediante notificación dirigida al Director general.

Art. 31. 1. Cualquier país podrá declarar en su instrumento de ratificación o de adhesión, o podrá informar por escrito al Director general en cualquier momento ulterior, que el presente Convenio será aplicable a la totalidad o parte de los territorios designados en la declaración o la notificación por los que asume la responsabilidad de las relaciones exteriores.

2. Cualquier país que haya hecho tal declaración o efectuado tal notificación podrá, en cualquier momento, notificar al Director general que el presente convenio deja de ser aplicable en la totalidad o en parte de esos territorios.

3. a) La declaración hecha en virtud del párrafo 1 surtirá efecto en la misma fecha que la ratificación o la adhesión, en el instrumento en el cual aquélla se haya incluido, y la notificación efectuada en virtud de ese párrafo surtirá efecto tres meses después de su notificación por el Director general.

b) La notificación hecha en virtud del párrafo 2 surtirá efecto doce meses después de su recepción por el Director general.

4. El presente artículo no podrá interpretarse de manera que implique el reconocimiento o la aceptación tácita por un país cualquiera de la Unión de la situación de hecho de todo territorio al cual se haga aplicable el presente Convenio por otro país de la Unión en virtud de una declaración hecha en aplicación del párrafo 1.

Art. 32. 1. La presente acta reemplaza, en las relaciones entre los países de la Unión, a los cuales se aplique y en la medida en que se aplique, al Convenio de Berna del 9 de septiembre de 1886 y a las actas de revisión subsiguientes. Las actas anteriormente en vigor seguirán siendo aplicables, en su totalidad o en la medida en que no la reemplace la presente acta en virtud de la frase precedente en las relaciones con los países de la Unión que no ratifiquen la presente acta o que no se adhieran a ella.

2. Los países externos a la Unión que lleguen a ser partes en la presente acta la aplicarán, sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3, en sus relaciones con cualquier país de la Unión que no sea parte de esta acta o que siendo parte haya hecho la declaración prevista en el artículo 28.1, b). Dichos países admitirán que el país de la Unión de que se trate, en sus relaciones con ellos:

i) Aplique las disposiciones del acta más reciente de la que sea parte.

ii) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo I, 6, del anexo esté facultado para adaptar la protección al nivel previsto en la presente acta.

3. Los países que hayan invocado el beneficio de cualquiera de las facultades previstas en el anexo podrán aplicar las disposiciones del anexo con respecto a la facultad o facultades cuyo beneficio haya invocado en sus relaciones con cualquier país de la Unión que no esté obligado por la presente acta, a condición de que este último país haya aceptado la aplicación de dichas disposiciones.

Art. 33. 1. Toda diferencia entre dos o más países de la Unión respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio que no se haya conseguido resolver por vía de negociación podrá ser llevada por cualquiera de los países en litigio ante la Corte Internacional de Justicia mediante petición hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que los países en litigio convengan otro modo de resolverla. La Oficina Internacional será informada sobre la diferencia presentada a la Corte por el país demandante. La Oficina informará a los demás países de la Unión.

2. En el momento de firmar la presente acta o de depositar su instrumento de ratificación o de adhesión, todo país podrá declarar que no se considera obligado por las disposiciones del párrafo 1. Las disposiciones del párrafo 1 no serán aplicables en lo que respecta a las diferencias entre uno de esos países y los demás países de la Unión.

3. Todo país que haya hecho una declaración con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 podrá retirarla, en cualquier momento, mediante una notificación dirigida al Director general.

Art. 34. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 bis, después de la entrada en vigor de los artículos 1 a 24 del anexo, ningún país podrá adherirse a actas anteriores del presente Convenio o ratificarlas.

2. A partir de la entrada en vigor de los artículos 1 a 21 y del anexo, ningún país podrá hacer una declaración en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Protocolo relativo a los países en desarrollo anexo al Acta de Estocolmo.

Art. 35. 1. El presente convenio permanecerá en vigor sin limitación de tiempo.

2. Todo país podrá denunciar la presente acta mediante notificación dirigida al Director general. Esta denuncia implicará también la denuncia de todas las actas anteriores y no producirá efecto más que respecto del país que la haya hecho, quedando con vigor y ejecutivo el Convenio respecto de los demás países de la Unión.

3. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director general haya recibido la notificación.

4. La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercida por un país antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en que se haya hecho miembro de la Unión.

Art. 36. 1. Todo país que forme parte del presente Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Convenio.

2. Se entiende que en el momento en que un país se obliga por este Convenio se encuentra en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del mismo.

Art. 37. 1. a) La presente acta será firmada en un solo ejemplar en los idiomas francés e inglés, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, se depositará en poder del Director general.

b) El Director general establecerá textos oficiales, después de consultar a los Gobiernos interesados, en alemán, árabe, español, italiano y portugués y en los demás idiomas que la Asamblea pueda indicar.

c) En caso de controversia sobre la interpretación de los diversos textos, hará fe el texto francés.

2. La presente acta estará abierta a la firma hasta el 31 de enero de 1972. Hasta esa fecha, el ejemplar al que se hace referencia en el apartado 1, a), se depositará en poder del Gobierno de la República Francesa.

3. El Director general remitirá dos copias certificadas del texto firmado de la presente acta a los Gobiernos de todos los países de la Unión y al Gobierno de cualquier otro país que lo solicite.

4. El Director general hará registrar la presente acta en la Secretaría de las Naciones Unidas.

5. El Director general notificará a los Gobiernos de todos los países de la Unión las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación o de adhesión y las declaraciones comprendidas en esos instrumentos o efectuadas en cumplimiento de los artículos 28.1.c), 30.2.a) y b), y 32.2, la entrada en vigor de todas las disposiciones de la presente acta, las notificaciones de denuncia y las notificaciones hechas en aplicación de lo dispuesto en los artículos 30.2.c), 31.1 y 2. 33.3 y 38.1 y en el anexo.

Art. 38. 1. Los países de la Unión que no hayan ratificado la presente acta o que no se hayan adherido a ella y que no estén obligados por los artículos 22 a 26 del Acta de Estocolmo podrán, si lo desean, ejercer hasta el 26 de abril de 1975 los derechos previstos en dichos artículos como si estuvieran obligados por ellos. Todo país que desee ejercer los mencionados derechos depositará en poder del Director general una notificación escrita, que surtirá efecto en la fecha de su recepción. Esos países serán considerados como miembros de la Asamblea hasta la expiración de la citada fecha.

2. Mientras haya países de la Unión que no se hayan hecho miembros de la Organización, la Oficina Internacional de la Organización y el Director general ejercerán igualmente las funciones correspondientes, respectivamente, a la Oficina de la Unión y a su Director.

3. Una vez que todos los países de la Unión se hayan hecho miembros de la organización, los derechos, obligaciones y bienes de la Oficina de la Unión pasarán a la Oficina Internacional de la Organización.

ANEXO

Artículo primero

1. Todo país, considerado de conformidad con la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como país en desarrollo, que ratifique la presente Acta, de la cual forma parte integrante el presente anexo, o que se adhiera a ella, y que en vista de su situación económica y sus necesidades sociales o culturales considere no estar en condiciones de tomar de inmediato las disposiciones necesarias para asegurar la protección de todos los derechos, tal como están previstos en la presente Acta, podrá declara, por medio de una notificación depositada en poder del Director general, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión o, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo II.9.b), en cualquier fecha posterior, que hará uso de la facultad prevista en el artículo II, de aquélla prevista en el artículo III o de ambas facultades. Podrá, en lugar de hacer uso de la facultad prevista en el artículo II, hacer una declaración conforme al artículo V.1.a).

2. a) Toda declaración hecha en virtud del párrafo 1 y notificada antes de la expiración de un período de diez años, contados a partir de la entrada en vigor, conforme al artículo 28.2 de los artículos 1 al 21 y del anexo, seguirá siendo válida hasta la expiración de dicho período. Tal declaración podrá ser renovada total o parcialmente por períodos sucesivos de diez años, depositando en cada ocasión una nueva notificación en poder del Director general en un término no superior a quince meses ni inferior a tres antes de la expiración del período decenal en curso.

b) Toda declaración hecha en virtud del párrafo 1, que fuere notificada una vez expirado el término de diez años después de la entrada en vigor, conforme al artículo 28.2, de los artículos 1 a 21 y del anexo, seguirá siendo válida hasta la expiración del período decenal en curso. Tal declaración podrá ser renovada de la manera prevista en la segunda frase del subpárrafo a).

3. Un país miembro de la Unión que haya dejado de ser considerado como país en desarrollo, según lo dispuesto en el párrafo 1, y a no estar habilitado para renovar su declaración conforme al párrafo 2, y la retire oficialmente o no, este país perderá la posibilidad de invocar el beneficio de las facultades a que se refiere el párrafo 1, bien sea tres años después de que haya dejado de ser país en desarrollo, bien sea a la expiración del período decenal en curso, debiendo aplicarse el plazo que expire más tarde.

4. Si a la época en que la declaración hecha en virtud de los párrafos 1 ó 2 deja de surtir efectos hubiera en existencia ejemplares producidos en aplicación de la licencia concedida en virtud de las disposiciones del presente anexo, dichos ejemplares podrán seguir siendo puestos en circulación hasta agotar las existencias.

5. Todo país que esté obligado por las disposiciones de la presente Acta y que haya depositado una declaración o una notificación de conformidad con el artículo 31.1, con respecto a la aplicación de dicha Acta a un territorio determinado cuya situación pueda considerarse como análoga a la de los países a que se hace referencia en el párrafo 1, podrá, con respecto a ese territorio, hacer la declaración a que se refiere el párrafo 1 y la notificación de renovación a la que se hace referencia en el párrafo 2. Mientras esa declaración o esa notificación sigan siendo válidas, las disposiciones del presente anexo se aplicarán al territorio respecto del cual se haya hecho.

6. a) El hecho de que un país invoque el beneficio de una de las facultades a las que hace referencia en el párrafo 1 no permitirá a otro país dar a las obras cuyo país de origen sea el primer país en cuestión una protección inferior a la que está obligado a otorgar de conformidad con los artículos 1 al 20.

b) El derecho de aplicar la reciprocidad prevista en la frase segunda del artículo 30.2, b), no se podrá ejercer, antes de la fecha de expiración del plazo aplicable en virtud del artículo I.3, con respecto a las obras cuyo país de origen sea un país que haya formulado una declaración en virtud del artículo V.1 a).

Artículo II

1. Todo país que haya declarado que hará uso del beneficio de la facultad prevista por el presente artículo tendrá derecho, en lo que respecta a las obras publicadas en forma de edición impresa o cualquier otra forma análoga de reproducción, de sustituir el derecho exclusivo de traducción previsto en el artículo 8 por un régimen de licencia no exclusivas e intransferibles, concedidas por la autoridad competente en las condiciones que se indican a continuación, conforme a lo dispuesto en el artículo IV.

2. a) Sin perjuicio de lo que dispone el párrafo 3, si a la expiración de un plazo de tres años o de un período más largo determinado por la legislación adicional de dicho país, contados desde la fecha de la primera publicación de una obra, no se hubiere publicado una traducción de dicha obra en un idioma de uso general en ese país por el titular del derecho de traducción o con su autorización, todo nacional de dicho país podrá obtener una licencia para efectuar la traducción de una obra en dicho idioma y publicar dicha traducción en forma impresa o en cualquier otra forma análoga de reproducción.

b) También se podrá conceder una licencia en las condiciones previstas en el presente artículo si se han agotado todas las ediciones de la traducción publicadas en el idioma de que se trate.

3. a) En el caso de traducciones a un idioma que no sea de uso general en uno o más países desarrollados que sean miembros de la Unión, un plazo de un año sustituirá al plazo de tres años previsto en el párrafo 2, a)

b) Todo país de los mencionados en el párrafo 1 podrá, con el acuerdo unánime de todos los países desarrollados miembros de la Unión, en los cuales el mismo idioma fuere de uso general, sustituir, en el caso de traducciones a ese idioma, el plazo de los tres años a que se refiere el párrafo 2, a), por el plazo inferior que ese acuerdo determine, y que no podrá ser inferior a un año. No obstante, las disposiciones antedichas no se aplicarán cuando el idioma de que se trate sea el español, francés o inglés. Los Gobiernos que concluyan acuerdos como los mencionados deberán notificar los mismos al Director general.

4. a) La licencia a que se refiere el presente artículo no podrá concederse antes de la expiración de un plazo suplementario de seis meses, cuando pueda obtenerse al expirar un período de tres años, y de nueve meses, cuando pueda obtenerse al expirar un período de un año:

i) A partir de la fecha en que el interesado haya cumplido los requisitos previstos en el artículo IV.1.

ii) O bien, si la identidad o la dirección del titular del derecho de traducción son desconocidos, a partir de la fecha en que el interesado efectúe, según lo previsto en el artículo IV, 2, el envío de copias de la petición de licencia que haya presentado a la autoridad competente.

b) Si durante el plazo de seis o de nueve meses una traducción en el idioma para el cual se formuló la petición es publicada por el titular del derecho de traducción o con su autorización, no se podrá conceder licencia prevista en el presente artículo.

5. No podrá concederse licencias en virtud de este artículo sino para uso escolar, universitario o de investigación.

6. Si la traducción de una obra fuera publicada por el titular del derecho de traducción o con su autorización a un precio comparable al que normalmente se cobra en el país en cuestión por obras de naturaleza semejante, las licencias concedidas en virtud de este artículo cesarán si esa traducción fuera en el mismo idioma y sustancialmente del mismo contenido que la traducción publicada en virtud de la licencia. Sin embargo, podrá continuarse la distribución de los ejemplares comenzada antes de la terminación de la licencia hasta agotar las existencias.

7. Para las obras que estén compuestas principalmente de ilustraciones, sólo se podrá conceder una licencia para efectuar y publicar una traducción del texto y para reproducir y publicar las ilustraciones si se cumplen las condiciones del artículo III.

8. No podrá concederse la licencia prevista en el presente artículo si el autor hubiere retirado de la circulación todos los ejemplares de su obra.

9. a) Podrá otorgarse a un organismo de radiodifusión que tenga su sede en un país de aquellos a que se refiere el párrafo 1 una licencia para efectuar la traducción de una obra que haya sido publicada en forma impresa o análoga si dicho organismo la solicita a la autoridad competente de ese país, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

i) Que la traducción sea hecha de un ejemplar producido y adquirido conforme a la legislación de dicho país.

ii) Que la traducción sea empleada únicamente en emisiones para fines de enseñanza o para difundir el resultado de investigaciones técnicas o científicas especializadas a expertos de una profesión determinada.

iii) Que la traducción sea usada exclusivamente para los fines contemplados en el subpárrafo II) a través de emisiones efectuadas legalmente y destinadas a ser recibidas en el territorio de dicho país, incluso emisiones efectuadas por medio de grabaciones sonoras o visuales efectuadas en forma legal y exclusivamente para esas emisiones.

iv) Que el uso que se haga de la traducción no tenga fines de lucro.

b) Las grabaciones sonoras o visuales de una traducción que haya sido hecha por un organismo de radiodifusión bajo una licencia concedida en virtud de este párrafo podrá, para los fines y sujeto a las condiciones previstas en el subpárrafo a), con el consentimiento de ese organismo, ser usada también por otro organismo de radiodifusión que tenga su sede en el país cuyas autoridades competentes hayan otorgado la licencia en cuestión.

c) Podrá también otorgarse una licencia a un organismo de radiodifusión, siempre que se cumplan todos los requisitos y condiciones establecidos en el subpárrafo a), para traducir textos incorporados a una fijación audiovisual efectuada y publicada con el solo propósito de utilizarla para fines escolares o universitarios.

d) Sin perjuicio de lo que disponen los subpárrafos a) a c), las disposiciones de los párrafos precedentes se aplicarán a la concesión y uso de las licencias en virtud de este párrafo.

Artículo III

1. Todo país que haya declarado que invocará el beneficio de la facultad prevista en el presente artículo tendrá derecho a reemplazar el derecho exclusivo de reproducción previsto en el artículo 9 por un régimen de licencias no exclusivas e intransferibles, concedidas por la autoridad competente en las condiciones que se indican a continuación y de conformidad a lo dispuesto en el artículo IV.

2. a) Cuando, con relación a una obra a la cual este artículo es aplicable en virtud del párrafo 7, a la expiración:

i) Del plazo establecido en el párrafo 3 y calculado desde la fecha de la primera publicación de una determinada edición de una obra.

ii) De un plazo superior, fijado por la legislación nacional del país al que se hace referencia en el párrafo 1 y contado desde la misma fecha, no hayan sido puestos a la venta, en dicho país, ejemplares de esa edición para responder a las necesidades del público en general o de la enseñanza escolar y universitaria por el titular del derecho de reproducción o con su autorización, a un precio comparable al que se cobre en dicho país para obras análogas, todo nacional de dicho país podrá obtener una licencia para reproducir y publicar dicha edición a ese precio o a un precio inferior, con el fin de responder a las necesidades de la enseñanza escolar y universitaria.

b) Se podrán también conceder, en las condiciones previstas en el presente artículo, licencias para reproducir y publicar una edición que se haya distribuido según lo previsto en el subpárrafo a), siempre que, una vez transcurrido el plazo correspondiente, no se haya puesto en venta ningún ejemplar de dicha edición durante un período de seis meses, en el país interesado, para responder a las necesidades del público en general o de la enseñanza escolar y universitaria, y a un precio comparable al que se cobre en dicho país por obras análogas.

3. El plazo al que se hace referencia en el párrafo 2, a), I) será de cinco años. Sin embargo:

i) Para las obras que traten de ciencias exactas, naturales o de tecnología será de tres años.

ii) Para las obras que pertenezcan al campo de la imaginación, tales como novelas, obras poéticas, dramáticas y musicales, y para los libros de arte, será de siete años.

4. a) Las licencias que puedan obtenerse al expirar un plazo de tres años no podrán concederse en virtud del presente artículo hasta que no haya pasado un plazo de seis meses:

i) A partir de la fecha en que el interesado haya cumplido los requisitos previstos en el artículo IV, 1.

ii) O bien, si la identidad o la dirección del titular del derecho de reproducción son desconocidos, a partir de la fecha en que el interesado efectúe, según lo previsto en el artículo IV.2, el envío de copias de la petición de licencia que haya presentado a la autoridad competente.

b) En los demás casos, y siendo aplicable el artículo IV.2, no se podrá conceder la licencia antes de que transcurra un plazo de tres meses a partir del envío de las copias de la solicitud.

c) No podrá concederse una licencia durante el plazo de seis o tres meses mencionado en el subpárrafo a) si hubiere tenido lugar una distribución en la forma descrita en el párrafo 2.

d) No se podrá conceder una licencia cuando el autor haya retirado de la circulación todos los ejemplares de la edición para la reproducción y publicación de la cual la licencia se haya solicitado.

5. No se concederá en virtud del presente artículo una licencia para reproducir y publicar una traducción de una obra en los casos que se indican a continuación:

i) Cuando la traducción de que se trate no haya sido publicada por el titular del derecho del autor o con su autorización.

ii) Cuando la traducción no se haya efectuado en el idioma de uso general en el país que otorga la licencia.

6. Si se pusieren en venta ejemplares de una edición de una obra en el país al que se hace referencia en el párrafo 1 para responder a las necesidades bien del público, bien de la enseñanza escolar y universitaria, por el titular del derecho de autor o con su autorización, a un precio comparable al que se acostumbra en dicho país para obra análogas, toda licencia concedida en virtud del presente artículo terminará si esa edición se ha hecho en el mismo idioma que la edición publicada en virtud de esta licencia y si su contenido es esencialmente el mismo. Queda entendido, sin embargo, que la puesta en circulación de todos los ejemplares ya producidos antes de la expiración de la licencia podrá continuarse hasta su agotamiento.

7. a) Sin perjuicio de lo que dispone el subpárrafo b), las disposiciones del presente artículo se aplicarán exclusivamente a las obras publicadas en forma de edición impresa o en cualquier otra forma análoga de reproducción.

b) Las disposiciones del presente artículo se aplicarán igualmente a la reproducción audiovisual de fijaciones audiovisuales efectuadas legalmente y que constituyan o incorporen obras protegidas y a la traducción del texto que las acompañe en un idioma de uso general en el país donde la licencia se solicite, entendiéndose en todo caso que las fijaciones audiovisuales han sido concebidas y publicadas con el fin exclusivo de ser utilizadas para las necesidades de la enseñanza escolar y universitaria.

Artículo IV

1. Toda licencia referida al artículo II o III no podrá ser concedida sino cuando el solicitante, de conformidad con las disposiciones vigentes en el país donde se presente la solicitud, justifique haber pedido al titular del derecho la autorización para efectuar una traducción y publicarla o reproducir y publicar la edición, según procesa, y que, después de las diligencias correspondientes por su parte, no ha podido ponerse en contacto con ese titular ni ha podido obtener su autorización. En el momento de presentar su petición el solicitante deberá informar a todo centro nacional o internacional de información previsto en el párrafo 2.

2. Si el titular del derecho no ha podido ser localizado por el solicitante, éste deberá dirigir, por correo aéreo certificado, copias de la petición de licencia que haya presentado a la autoridad competente, al editor cuyo nombre figure en la obra y a cualquier centro nacional o internacional de información que pueda haber sido designado, para ese efecto, en una notificación depositada en poder del Director general, por el Gobierno del país en el que se suponga que el editor tiene su centro principal de actividades.

3. El nombre del autor deberá indicarse en todos los ejemplares de la traducción o reproducción publicados en virtud de una licencia concedida de conformidad con el artículo II o del artículo III. El título de la obra deberá figurar en todos esos ejemplares. En el caso de una traducción, el título original de la obra deberá aparecer en todo caso en todos los ejemplares mencionados.

4. a) Las licencias concedidas en virtud del artículo II o del artículo III no se extenderán a la exportación de ejemplares y no serán válidas sino para la publicación de la traducción o de la reproducción, según el caso, en el interior del territorio del país donde se solicite la licencia.

b) Para los fines del subpárrafo a), el concepto de exportación comprenderá el envío de ejemplares desde un territorio al país que, con respecto a ese territorio, haya hecho una declaración de acuerdo al artículo 1.5.

c) Si un organismo gubernamental o público de un país que ha concedido una licencia para efectuar una traducción en virtud del artículo II, a un idioma distinto del español, francés o inglés, envía ejemplares de la traducción publicada bajo esa licencia a otro país, dicho envío no será considerado como exportación, para los fines del subpárrafo a), siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

i) Que los destinatarios sean personas privadas, nacionales del país cuya autoridad competente otorgó la licencia o asociaciones compuestas por esos nacionales.

ii) Que los ejemplares sean utilizados exclusivamente con fines escolares, universitario o de investigación.

iii) Que el envío y distribución de los ejemplares a los destinatarios no tenga fines de lucro.

iv) Que el país al cual los ejemplares hayan sido enviados haya celebrado un acuerdo con el país cuyas autoridades competentes han otorgado la licencia para autorizar la recepción, la distribución o ambas operaciones y que el Gobierno de ese último país lo haya notificado al Director general.

5. Todo ejemplar publicado de conformidad con una licencia otorgada en virtud del artículo II o del artículo III deberá contener una nota, en el idioma que corresponda, advirtiendo que el ejemplar se pone en circulación sólo en el país o en el territorio donde dicha licencia se aplique.

6. a) Se adoptarán medidas adecuadas a nivel nacional con el fin de asegurar:

i) Que la licencia prevea en favor del titular del derecho de traducción o de reproducción, según el caso, una remuneración equitativa y ajustada a la escala de cánones que normalmente se abonen en los casos de licencias libremente negociadas entre los interesados en los dos países de que se trate.

ii) El pago y la transferencia de esa remuneración; si existiera una reglamentación nacional en materia de divisas, la autoridad competente no escatimará esfuerzos, recurriendo a los mecanismos internacionales para asegurar la transferencia de la remuneración en moneda internacionalmente convertible o en su equivalente.

b) Se adoptarán medidas adecuadas en el marco de la legislación nacional para garantizar una traducción correcta de la obra o una reproducción exacta de la edición de que se trate, según los casos.

Artículo V

1. a) Todo país habilitado para hacer una declaración en el sentido de que hará uso de la facultad prevista en el artículo II podrá, al ratificar la presente acta o al adherirse a ella, en lugar de tal declaración:

i) Si se trata de un país al cual el artículo 30.2, a) es aplicable, formular una declaración de acuerdo a esa disposición con respecto al derecho de traducción.

ii) Si se trata de un país al cual el artículo 30.2, a), no es aplicable, aun cuando no fuera un país externo a la Unión, formular una declaración en el sentido del artículo 30.2, b), primera fase.

b) En el caso de un país que haya cesado de ser considerado como país en desarrollo, según el artículo I, 1, toda declaración formulada con arreglo al presente párrafo conserva su validez hasta la fecha de expiración del plazo de aplicación en virtud del artículo I, 3.

c) Todo país que haya hecho una declaración conforme al presente subpárrafo no podrá invocar ulteriormente el beneficio de la facultad prevista por el artículo II ni siquiera en el caso de retirar dicha declaración.

2. Bajo reserva de lo dispuesto en el párrafo 3, todo país que haya invocado el beneficio de la facultad prevista en el artículo II no podrá hacer ulteriormente una declaración conforme al párrafo 1.

3. Todo país que haya dejado de ser considerado como país en desarrollo según el artículo I, 1, podrá, a más tardar dos años antes de la expiración del plazo aplicable en virtud del artículo I, 3, hacer una declaración en el sentido del artículo 30.2, b), primera frase, a pesar del hecho de no ser un país externo a la Unión. Dicha declaración surtirá efecto en la fecha en la que expire el plazo aplicable en virtud del artículo I, 3.

Artículo VI

1. Todo país de la Unión podrá declarar a partir de la firma de la presente acta o en cualquier momento antes de quedar obligado por los artículos 1 a 21 y por el presente anexo:

i) Si se trata de un país que estando obligado por los artículos 1 al 21 y por el presente anexo estuviese habilitado para acogerse al beneficio de las facultades a las que se hace referencia en el artículo I, 1, que aplicará las disposiciones de los artículos II o III, o de ambos, a las obras cuyo país de origen sea un país que, en aplicación del subpárrafo ii) que figura a continuación, acepte la aplicación de esos artículos a tales obras o que esté obligado por los artículos 1 a 21 y por el presente anexo; esa declaración podrá referirse también al artículo V o solamente al artículo II;

ii) Que acepta la aplicación del presente anexo a las obras de las que sea país de origen por parte de los países que hayan hecho una declaración en virtud del subpárrafo i) anterior o una notificación en virtud del artículo I.

2. Toda declaración, de conformidad con el párrafo I, deberá ser hecha por escrito y depositada en poder del Director general. Surtirá efectos desde la fecha de su depósito.

[1] Véanse los artículos 160 y 163 de la Ley de Propiedad Intelectual.

[2] El Instrumento de ratificación de España fue depositado ante el Director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el día 14 de noviembre de 1973.

Los artículos 1 al 21 y el anexo entraron en vigor para España el día 10 de octubre de 1974.

Los artículos 22 a 38 entraron en vigor para España el día 19 de febrero de 1974.

Los países signatarios del presente Convenio son:

Albania desde el 6 de marzo de 1994.

Alemania desde el 5 de diciembre de 1887.

Andorra desde el 2 de junio de 2004.

Antigua y Barbuda desde el 17 de marzo de 2000.

Arabia Saudita desde el 11 de marzo de 2004.

Argelia desde el 19 de abril de 1998.

Argentina desde el 10 de junio de 1967.

Armenia desde el 19 de octubre de 2000.

Australia desde el 14 de abril de 1928.

Austria desde el 1 de octubre de 1920.

Azerbaiyán desde el 4 de junio de 1999.

Bahamas desde el 10 de julio de 1973.

Bahrein desde el 2 de marzo de 1997.

Bangladesh desde el 4 de mayo de 1999.

Barbados desde el 30 de julio de 1983.

Belarús desde el 12 de diciembre de 1997.

Bélgica desde el 5 de diciembre de 1887.

Belice desde el 17 de junio de 2000.

Benin desde el 3 de enero de 1961.

Bhután desde el 25 de noviembre de 2004.

Bolivia (Estado plurinacional de) desde el 4 de noviembre de 1993.

Bosnia y Herzegovina desde el 1 de marzo de 1992.

Botswana desde el 15 de abril de 1998.

Brasil desde el 9 de febrero de 1922.

Brunei Darussalam desde el 30 de agosto de 2006.

Bulgaria desde el 5 de diciembre de 1921.

Burkina Faso desde el 19 de agosto de 1963.

Cabo Verde desde el 7 de julio de 1997.

Camerún desde el 21 de septiembre de 1964.

Canadá desde el 10 de abril de 1928.

Chad desde el 25 de noviembre de 1971.

Chile desde el 5 de junio de 1970.

China desde el 15 de octubre de 1992.

Chipre desde el 24 de febrero de 1964.

Colombia desde el 7 de marzo de 1988.

Comores desde el 17 de abril de 2005.

Congo desde el 8 de mayo de 1962.

Costa Rica desde el 10 de junio de 1978.

Côte d’Ivoire desde el 1 de enero de 1962.

Croacia desde el 8 de octubre de 1991.

Cuba desde el 20 de febrero de 1997.

Dinamarca desde el 1 de julio de 1903.

Djibouti desde el 13 de mayo de 2002.

Dominica desde el 7 de agosto de 1999.

Ecuador desde el 9 de octubre de 1991.

Egipto desde el 7 de junio de 1977.

El Salvador desde el 19 de febrero de 1994.

Emiratos Árabes Unidos desde el 14 de julio de 2004.

Eslovaquia desde el 1 de enero de 1993.

Eslovenia desde el 25 de junio de 1991.

España desde el 5 de diciembre de 1887.

Estados Unidos de América desde el 1 de marzo de 1989.

Estonia desde el 26 de octubre de 1994.

Ex República Yugoslava de Macedonia desde el 8 de septiembre de 1991.

Federación de Rusia desde el 13 de marzo de 1995.

Fiji desde el 1 de diciembre de 1971.

Filipinas desde el 1 de agosto de 1951.

Finlandia desde el 1 de abril de 1928.

Francia desde el 5 de diciembre de 1887.

Gabón desde el 26 de marzo de 1962.

Gambia desde el 7 de marzo de 1993.

Georgia desde el 16 de mayo de 1995.

Ghana desde el 11 de octubre de 1991.

Granada desde el 22 de septiembre de 1998.

Grecia desde el 9 de noviembre de 1920.

Guatemala desde el 28 de julio de 1997.

Guinea desde el 20 de noviembre de 1980.

Guinea Ecuatorial desde el 26 de junio de 1997.

Guinea-Bissau desde el 22 de julio de 1991.

Guyana desde el 25 de octubre de 1994.

Haití desde el 11 de enero de 1996.

Honduras desde el 25 de enero de 1990.

Hungría desde el 14 de febrero de 1922.

India desde el 1 de abril de 1928.

Indonesia desde el 5 de septiembre de 1997.

Irlanda desde el 5 de octubre de 1927.

Islandia desde el 7 de septiembre de 1947.

Israel desde el 24 de marzo de 1950.

Italia desde el 5 de diciembre de 1887.

Jamaica desde el 1 de enero de 1994.

Japón desde el 15 de julio de 1899.

Jordania desde el 28 de julio de 1999.

Kazajstán desde el 12 de abril de 1999.

Kenya desde el 11 de junio de 1993.

Kirguiztan desde el 8 de julio de 1999.

Lesotho desde el 28 de septiembre de 1989.

Letonia desde el 11 de agosto de 1995.

Líbano desde el 30 de septiembre de 1947.

Liberia desde el 8 de marzo de 1989.

Libia desde el 28 de septiembre de 1976.

Liechtenstein desde el 30 de julio de 1931.

Lituania desde el 14 de diciembre de 1994.

Luxemburgo desde el 20 de junio de 1888.

Madagascar desde el 1 de enero de 1966.

Malasia desde el 1 de octubre de 1990.

Malawi desde el 12 de octubre de 1991.

Malí desde el 19 de marzo de 1962.

Malta desde el 21 de septiembre de 1964.

Marruecos desde el 16 de junio de 1917.

Mauricio desde el 10 de mayo de 1989.

Mauritania desde el 6 de febrero de 1973.

México desde el 11 de junio de 1967.

Micronesia (Estados Federados de) desde el 7 de octubre de 2003.

Moldova desde el 2 de noviembre de 1995.

Mónaco desde el 30 de mayo de 1889.

Mongolia desde el 12 de marzo de 1998.

Montenegro desde el 3 de junio de 2006.

Namibia desde el 21 de marzo de 1990.

Nepal desde el 11 de enero de 2006.

Nicaragua desde el 23 de agosto de 2000.

Níger desde el 2 de mayo de 1962.

Nigeria desde el 14 de septiembre de 1993.

Noruega desde el 13 de abril de 1896.

Nueva Zelanda desde el 24 de abril de 1928.

Omán desde el 14 de julio de 1999.

Países Bajos desde el 1 de noviembre de 1912.

Pakistán desde el 5 de julio de 1948.

Panamá desde el 8 de junio de 1996.

Paraguay desde el 2 de enero de 1992.

Perú desde el 20 de agosto de 1988.

Polonia desde el 28 de enero de 1920.

Portugal desde el 29 de marzo de 1911.

Qatar desde el 5 de julio de 2000.

Reino Unido desde el 5 de diciembre de 1887.

República Árabe Siria desde el 11 de junio de 2004.

República Centroafricana desde el 3 de septiembre de 1977.

República Checa desde el 1 de enero de 1993.

República de Corea desde el 21 de agosto de 1996.

República de Moldova desde el 1 de agosto de 1995.

República Democrática del Congo desde el 8 de octubre de 1963.

República Democrática Popular Lao desde el 14 de diciembre de 2011.

República Dominicana desde el 24 de diciembre de 1997.

República Popular Democrática de Corea desde el 28 de abril de 2003.

República Unida de Tanzania desde el 25 de julio de 1994.

Rumania desde el 1 de enero de 1927.

Rwanda desde el 1 de marzo de 1984.

Saint Kitts y Nevis desde el 9 de abril de 1995.

Samoa desde el 21 de julio de 2006.

San Vicente y las Granadinas desde el 29 de agosto de 1995.

Santa Lucía desde el 24 de agosto de 1993.

Santa Sede desde el 12 de septiembre de 1935.

Senegal desde el 25 de agosto de 1962.

Serbia desde el 27 de abril de 1992.

Singapur desde el 21 de diciembre de 1998.

Sri Lanka desde el 20 de julio de 1959.

Sudáfrica desde el 3 de octubre de 1928.

Sudán desde el 28 de diciembre de 2000.

Suecia desde el 1 de agosto de 1904.

Suiza desde el 5 de diciembre de 1887.

Surinam desde el 23 de febrero de 1977.

Swazilandia desde el 14 de diciembre de 1998.

Tailandia desde el 17 de julio de 1931.

Tayikistán desde el 9 de marzo de 2000.

Togo desde el 30 de abril de 1975.

Tonga desde el 14 de junio de 2001.

Trinidad y Tobago desde el 16 de agosto de 1988.

Túnez desde el 5 de diciembre de 1887.

Turquía desde el 1 de enero de 1952.

Ucrania desde el 25 de octubre de 1995.

Uruguay desde el 10 de julio de 1967.

Uzbekistán desde el 19 de abril de 2005.

Venezuela (República Bolivariana de) desde el 30 de diciembre de 1982.

Viet Nam desde el 26 de octubre de 2004.

Yemen desde el 14 de abril de 2008.

Zambia desde el 2 de enero de 1992.

Zimbabwe desde el 18 de abril de 1980.

Sobre la coexistencia de este Convenio con la Convención Universal del Derecho de Autor, véase el artículo XVII de dicha Convención y la declaración anexa a la misma (§ 24).

[3] Véase el artículo II de la Convención Universal sobre el Derecho de Autor (§ 24).

[4] Véanse los artículos IV y XVII de la Convención Universal sobre el Derecho de Autor (§ 24).

[5] Véanse los artículos V y XVII de la Convención Universal sobre el Derecho de Autor (§ 24).

[6] Los artículos 22 a 38 del presente Convenio fueron publicados en el «Boletín Oficial del Estado» número 81, de 4 de abril de 1974; véase al respecto el apartado 3 del artículo 38.

[7] Párrafo redactado de acuerdo con las modificaciones de este Convenio adoptadas por la Asamblea de la Unión de Berna, que entraron en vigor el 19 de noviembre de 1984 y han sido publicadas en el «Boletín oficial del Estado» número 300, de 15 de diciembre de 1984.

En su anterior redacción decía «trienal».

[8] Párrafo redactado de acuerdo con las modificaciones adoptadas por la Asamblea de la Unión de Berna publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» número 300, de 15 de diciembre de 1984.

En su anterior redacción decía «cada tres años».

[9] Párrafo redactado de acuerdo con las modificaciones adoptadas por la Asamblea de la Unión de Berna publicadas en el «Boletín oficial del Estado» número 300, de 15 de diciembre de 1984.

En la anterior redacción decía «trienal».

[10] Párrafo suprimido de acuerdo con las modificaciones al presente Convenio, adoptadas por la Asamblea de la Unión de Berna, publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» número 300, de 15 de diciembre de 1984.

§ 24 CONVENCIÓN UNIVERSAL DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1952 SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR, REVISADA EN PARÍS EL 24 DE JULIO DE 1971 Y PROTOCOLOS [1]

Instrumento de ratificación de España de 7 de marzo de 1974 [2]

(«BOE» núm. 13, de 15 de enero de 1975)

Por cuanto el día 24 de julio de 1971 el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en París la Convención Universal sobre Derecho de Autor, revisada en París el 24 de julio de 1971; vistos y examinados los veintiún artículos que integran dicha Convención, la Declaración Anexa relativa al artículo XVII, la Resolución relativa al artículo XI y su Protocolo 2; oída la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes Españolas, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 14 de su Ley constitutiva,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

CONVENCIÓN UNIVERSAL SOBRE DERECHO DE AUTOR, REVISADA EN PARÍS EL 24 DE JULIO DE 1971

Los Estados contratantes,

Animados por el deseo de asegurar en todos los países la protección del derecho de autor sobre las obras literarias, científicas y artísticas;

Convencidos de que un régimen de protección de los derechos de autor adecuado a todas las naciones y formulado en una convención universal, que se una a los sistemas internacionales vigentes sin afectarlos, contribuirá a asegurar el respeto de los derechos de la personalidad humana y a favorecer el desarrollo de las letras, las ciencias y las artes;

Persuadidos de que tal régimen universal de protección de los derechos de los autores facilitará la difusión de las obras del espíritu y una mejor comprensión internacional,

Ha resuelto revisar la Convención Universal sobre Derecho de Autor firmada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952 (denominada de ahora en adelante como «la Convención
de 1952») y, en consecuencia,

Han convenido lo siguiente:

Artículo primero

Cada uno de los Estados contratantes se compromete a adoptar todas las disposiciones necesarias a fin de asegurar una protección suficiente y efectiva de los derechos de los autores o de cualesquiera otros titulares de estos derechos sobre las obras literarias, científicas y artísticas tales como los escritos, las obras musicales, dramáticas y cinematográficas y las de pintura, grabado y escultura.

Artículo II

1. Las obras publicadas de los nacionales de cualquier Estado contratante, así como las obras publicadas por primera vez en el territorio de tal Estado, gozarán en cada uno de los otros Estados contratantes de la protección que cada uno de esos Estados conceda a las obras de sus nacionales publicadas por primera vez en su propio territorio, así como de la protección especial que garantiza la presente Convención.

2. Las obras no publicadas de los nacionales de cada Estado contratante gozarán, en cada uno de los demás Estados contratantes, de toda la protección que cada uno de estos Estados conceda a las obras no publicadas de sus nacionales, así como de la protección especial que garantiza la presente Convención.

3. Para la aplicación de la presente Convención todo Estado contratante puede, mediante disposiciones de su legislación interna, asimilar a sus propios nacionales toda persona domiciliada en ese Estado.

Artículo III

1. Todo Estado contratante que, según su legislación interna, exija como condición para la protección de los derechos de los autores el cumplimiento de formalidades tales como depósito, registro, mención, certificados notariales, pago de tasas, fabricación o publicación en el territorio nacional, considerará satisfechas tales exigencias para toda obra protegida de acuerdo con los términos de la presente Convención, publicada por primera vez fuera del territorio de dicho Estado por un autor que no sea nacional del mismo si, desde la primera publicación de dicha obra, todos sus ejemplares, publicados con autorización del autor o de cualquier otro titular de sus derechos, llevan el símbolo © acompañado del nombre del titular del derecho de autor y de la indicación del año de la primera publicación; el símbolo, el nombre y el año deben ponerse de manera y en tal lugar que muestren claramente que el derecho de autor está reservado.

2. Las disposiciones del párrafo 1 no impedirán a ningún Estado contratante el someter a ciertas formalidades u otras condiciones, para asegurar el goce y ejercicio del derecho de autor, a las obras publicadas por primera vez en su territorio o a las obras de sus nacionales donde quiera que sean publicadas.

3. Las disposiciones del párrafo 1 no impedirán a ningún Estado contratante el exigir a quien reclame ante los Tribunales que cumpla, al promover la acción, con reglas de procedimiento tales como el ser asistido por un Abogado en ejercicio en ese Estado o el depósito por el demandante de un ejemplar de la obra en litigio en el Tribunal, en una oficina administrativa o en ambos. Sin embargo, el hecho de no haber cumplido con esas exigencias no afectará a la validez del derecho de autor, ni ninguna de ellas podrá ser impuesta a un nacional de otro Estado contratante si no se imponen a los nacionales del Estado donde la protección se reclama.

4. En cada Estado contratante deben arbitrarse los medios legales para proteger, sin formalidades, las obras no publicadas de los nacionales de los otros Estados contratantes.

5. Si un Estado contratante otorga más de un único período de protección, y si el primero es de una duración superior a alguno de los mínimos de tiempo previstos en el artículo IV de la presente Convención, dicho Estado tiene la facultad de no aplicar el párrafo 1 del presente artículo, en lo que se refiere al segundo período de protección, así como a los períodos sucesivos.

Artículo IV

1. La duración de la protección de la obra se regirá por la Ley del Estado contratante donde se reclame la protección, de conformidad con las disposiciones del artículo II y con las contenidas en el presente artículo.

2. a) El plazo de protección para las obras protegidas por la presente Convención no será inferior a la vida del autor y veinticinco años después de su muerte. Sin embargo, aquellos Estados contratantes que en la fecha de entrada en vigor en su territorio de la presente Convención hayan limitado este plazo, para ciertas categorías de obras, a un período calculado a partir de la primera publicación de la obra, tendrán la facultad de mantener tales excepciones o de extenderlas a otras categorías. Para todas estas categorías, la duración de la protección no será inferior a veinticinco años a contar de la fecha de la primera publicación.

b) Todo Estado contratante, que en la fecha de entrada en vigor de la presente Convención en su territorio no calcule la duración de la protección basándose en la vida del autor, podrá calcular el término de protección a contar desde la primera publicación de la obra o, dado el caso, desde su registro anterior a la publicación; la duración de la protección no será inferior a veinticinco años a contar desde la fecha de la primera publicación o, dado el caso, desde el registro anterior a la publicación.

c) Si la legislación de un Estado contratante otorga dos o más plazos de protección consecutivos, la duración del primer plazo no podrá ser inferior a uno de los períodos mínimos que se han especificado en los apartados a) y b) anteriores.

3. Las disposiciones del párrafo 2 no se aplican a las obras fotográficas ni a las de artes aplicadas. Sin embargo, en los Estados contratantes donde se hallen protegidas las obras fotográficas y, como obras artísticas, las de artes aplicadas, la duración de la protección para tales obras no podrá ser inferior a diez años.

4. a) Ningún Estado contratante estará obligado a proteger una obra durante un plazo mayor que el fijado para la clase de obras a que pertenezca por la Ley del Estado del cual es nacional el autor cuando se trate de una obra no publicada, y en el caso de una obra publicada, por la Ley del Estado contratante donde ha sido publicada por primera vez.

b) Para la aplicación de lo dispuesto en el apartado a), si la legislación de un Estado contratante otorga dos o más períodos consecutivos de protección, la duración de la protección concedida por dicho Estado será igual a la suma de todos los períodos. Sin embargo, si por una razón cualquiera una obra determinada no se halla protegida por el Estado durante el segundo período, o alguno de los períodos sucesivos, los otros Estados contratantes no están obligados a proteger tal obra durante este segundo período o los períodos sucesivos.

5. Para la aplicación del párrafo 4, la obra de un nacional de un Estado contratante, publicada por primera vez en un Estado no contratante, se considerará como si hubiera sido publicada por primera vez en el Estado contratante del cual es nacional el autor.

6. Para la aplicación del mencionado párrafo 4, en caso de publicación simultánea en dos o más Estados contratantes, se considerará que la obra ha sido publicada por primera vez en el Estado que conceda la protección más corta. Será considerada como publicada simultáneamente en varios países toda obra que haya aparecido en dos o más países dentro de los treinta días a partir de su primera publicación.

Artículo IV bis

1. Los derechos mencionados en el artículo I comprenden los fundamentales que aseguran la protección de los intereses patrimoniales del autor, incluso el derecho exclusivo de autorizar la reproducción por cualquier medio, la representación y ejecución públicas y la radiodifusión. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a las obras protegidas por la presente Convención en su forma original o en cualquier forma reconocible derivada del original.

2. No obstante, cada Estado contratante podrá establecer en su legislación nacional excepciones a los derechos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo, siempre que no sean contrarias al espíritu ni a las disposiciones de la presente Convención. Sin embargo, los Estados que eventualmente ejerzan esa facultad deberán conceder un nivel razonable de protección efectiva a cada uno de los derechos que sean objeto de esas excepciones.

Artículo V

1. Los derechos mencionados en el artículo I comprenden el derecho exclusivo de hacer, de publicar y de autorizar que se haga y se publique la traducción de las obras protegidas por la presente Convención.

2. Sin embargo, cada Estado contratante podrá restringir en su legislación nacional el derecho de traducción para los escritos, pero sólo ateniéndose a las disposiciones siguientes:

a) Si a la expiración de un plazo de siete años, a contar de la primera publicación de un escrito, la traducción de este escrito no ha sido publicada en una lengua de uso general en el Estado contratante por el titular del derecho de traducción o con su autorización, cualquier nacional de ese Estado contratante podrá obtener de la autoridad competente de tal Estado una licencia no exclusiva para traducirla en dicha lengua y publicarla.

b) Tal licencia sólo podrá concederse si el solicitante, conforme a las disposiciones vigentes en el Estado donde se presente la solicitud, demuestra que ha pedido al titular del derecho la autorización para hacer y publicar la traducción y que, después de haber hecho las diligencias pertinentes, no pudo localizar al titular del derecho u obtener su autorización. En las mismas condiciones se podrá conceder igualmente la licencia si están agotadas las ediciones de una traducción ya publicada en una lengua de uso general en el Estado contratante.

c) Si el titular del derecho de traducción no hubiere sido localizado por el solicitante, éste deberá transmitir copias de su solicitud al editor cuyo nombre aparezca en los ejemplares de la obra y al representante diplomático o consular del Estado del cual sea nacional el titular del derecho de traducción, cuando la nacionalidad del titular de este derecho es conocida, o al Organismo que pueda haber sido designado por el Gobierno de ese Estado. No podrá concederse la licencia antes de la expiración de un plazo de dos meses desde la fecha del envío de la copia de la solicitud.

d) La legislación nacional adoptará las medidas adecuadas para asegurar al titular del derecho de traducción una remuneración equitativa y de acuerdo con los usos internacionales, así como el pago y el envío de tal remuneración, y para garantizar una correcta traducción de la obra.

e) El título y el nombre del autor de la obra original deben imprimirse asimismo en todos los ejemplares de la traducción publicada. La licencia sólo será válida para la publicación en el territorio del Estado contratante donde ha sido solicitada. La importación y la venta de los ejemplares en otro Estado contratante serán posibles si tal Estado tiene una lengua de uso general idéntica a la cual ha sido traducida la obra, si su legislación nacional permite la licencia y si ninguna de las disposiciones en vigor en tal Estado se opone a la importación y a la venta; la importación y la venta en todo Estado contratante en el cual las condiciones precedentes no se apliquen se reservarán a la legislación de tal Estado y a los acuerdos concluidos por el mismo. La licencia no podrá ser cedida por su beneficiario.

f) La licencia no podrá ser concedida en el caso de que el autor haya retirado de la circulación los ejemplares de la obra.

Artículo V bis

1. Cada uno de los Estados contratantes considerado como país en vías de desarrollo, según la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, podrá, en el momento de su ratificación, aceptación o adhesión a esta Convención, o posteriormente mediante notificación al Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (denominado de ahora en adelante como «el Director general»), valerse de una o de todas las excepciones estipuladas en los artículos V ter y V quáter.

2. Toda notificación depositada de conformidad con las disposiciones del párrafo 1 surtirá efecto durante un período de diez años a partir de la fecha en que entre en vigor la presente Convención o durante la parte de ese período de diez años que quede pendiente en la fecha del depósito de la notificación, y podrá ser renovada total o parcialmente por nuevos períodos de diez años cada uno si en un plazo no superior a quince ni inferior a tres meses, anterior a la fecha de expiración del decenio en curso, el Estado contratante deposita una nueva notificación en poder del Director general. Podrán depositarse también por primera vez notificaciones durante nuevos decenios, de conformidad con las disposiciones del presente artículo.

3. A pesar de lo dispuesto en el párrafo 2, un Estado contratante que deje de ser considerado como país en vías de desarrollo, según los define el párrafo 1, no estará facultado para renovar la notificación que depositó según lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, y retire oficialmente o no la notificación, dicho Estado no podrá invocar las excepciones previstas en los artículos V ter y V quáter al terminar el decenio en curso o tres años después de haber dejado de ser considerado como país en vías de desarrollo, según la que sea posterior de esas dos fechas.

4. Los ejemplares de una obra ya producidos en virtud de las excepciones previstas en los artículos V ter y V quáter podrán seguir en circulación hasta su agotamiento después de la expiración del período para el cual dichas notificaciones en los términos del presente artículo han tenido efecto.

5. Cada uno de los Estados contratantes que haya hecho la notificación prevista en el artículo XIII para la aplicación de la presente Convención a determinados países o territorios, cuya situación pueda considerarse como análoga a la de los Estados a los que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo, podrá también, en lo que se refiere a cualquiera de esos países o territorios, cursar una notificación relativa a las excepciones establecidas en el presente artículo y a su renovación. Durante el tiempo en que surta efecto dicha notificación podrán aplicarse las disposiciones de los artículos V ter y V quáter a esos países o territorios. Todo envío de ejemplares desde dicho país o territorio al Estado contratante será considerado como una exportación, en el sentido de los artículos V ter y V quáter.

Artículo V ter

1. a) Cada uno de los Estados contratantes a los que se aplica el párrafo 1 del artículo V bis podrán sustituir el plazo de siete años estipulado en el párrafo 2 del artículo V por un plazo de tres años o por un plazo más largo establecido en su legislación nacional. Sin embargo, en el caso de una traducción en una lengua que no sea de uso general en uno o más países desarrollados, partes en la presente Convención o sólo en la Convención de 1952, el plazo de tres años será sustituido por un plazo de un año.

b) Cada uno de los Estados contratantes a los que se aplica el párrafo 1 del artículo V bis podrá, con el asentimiento unánime de los países desarrollados que sean Estados partes en la presente Convención o sólo en la Convención de 1952 y en los que sea de uso general la misma lengua, en el caso de una traducción en esa lengua, sustituir el plazo de tres años previsto en el apartado a) anterior por otro plazo que se determine en virtud de ese acuerdo, pero que no podrá ser inferior a un año. Sin embargo, el presente apartado no se aplicará cuando la lengua de que se trate sea el español, el francés o el inglés. La notificación de ese acuerdo se comunicará al Director general.

c) Sólo se podrá conceder la licencia si el peticionario, de conformidad con las disposiciones vigentes en el Estado donde se presente la solicitud, demuestra que ha pedido la autorización al titular del derecho de traducción o que, después de haber hecho las diligencias pertinentes por su parte, no pudo localizar al titular del derecho u obtener su autorización. En el momento de presentar su solicitud, el peticionario deberá informar al Centro Internacional de Información sobre Derecho de Autor, creado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o a todo centro nacional o regional de intercambio de información considerado como tal en una notificación depositada a ese efecto en poder del Director general por el Gobierno del Estado en el que se suponga que el editor ejerce la mayor parte de sus actividades profesionales.

d) Si el titular del derecho de traducción no hubiere sido localizado, el peticionario deberá transmitir, por correo aéreo certificado, copias de la solicitud al editor cuyo nombre figure en la obra y a todos los centros nacionales o regionales de intercambio de información mencionados en el apartado c). Si la existencia de tal centro no ha sido notificada, el peticionario enviará también copia al Centro Internacional de Información sobre el Derecho de Autor, creado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

2. a) La licencia no se podrá conceder en virtud del presente artículo antes de la expiración de un nuevo plazo de seis meses (en el caso de que pueda obtenerse al expirar un plazo de tres años) y de un nuevo plazo de nueve meses (en el caso de que pueda obtenerse al expirar un plazo de un año). El nuevo plazo empezará a correr ya sea a partir de la fecha en que se pida la autorización para hacer la traducción mencionada en el apartado c) del párrafo 1 o bien, si la identidad o la dirección del titular del derecho de traducción son desconocidas, a partir de la fecha de envío de las copias de la solicitud de licencia mencionadas en el apartado d) del párrafo 1.

b) No se podrá conceder la licencia si ha sido publicada una traducción durante dicho plazo de seis o nueve meses por el titular del derecho de traducción o con su autorización.

3. Todas las licencias que se concedan en virtud del presente artículo serán exclusivamente para uso escolar, universitario o de investigación.

4. a) La licencia no será válida para la exportación, sino sólo para la publicación dentro del territorio del Estado contratante en que se haya presentado la solicitud.

b) Todos los ejemplares publicados al amparo de una licencia concedida, según lo dispuesto en el presente artículo, llevarán una nota en el idioma correspondiente advirtiendo que el ejemplar sólo se pone en circulación en el Estado contratante que haya concedido la licencia; si la obra lleva las indicaciones a que se refiere el párrafo 1 del artículo III, los ejemplares así publicados llevarán esas mismas indicaciones.

c) La prohibición de exportar prevista en el apartado a) anterior no se aplicará cuando un Organismo estatal u otra Entidad pública de un Estado que haya concedido, con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo, una licencia para traducir una obra a un idioma que no sea el español el francés o el inglés, envíe a otro país ejemplar de una traducción realizada en virtud de dicha licencia, a condición de que:

i) Los destinatarios sean nacionales del Estado contratante que concedan la licencia u organizaciones que agrupen a tales personas.

ii) Los ejemplares sean destinados exclusivamente a un uso escolar, universitario o de investigación.

iii) El envío de dichos ejemplares y su ulterior distribución a los destinatarios no tengan ningún fin lucrativo.

iv) Entre el país al que se envían los ejemplares y el Estado contratante se concierte una acuerdo, que será comunicado al Director general, por uno cualquiera de los Gobiernos interesados, a fin de permitir la recepción y la distribución o una de estas dos operaciones.

5. Se tomarán disposiciones a nivel nacional para que:

a) La licencia prevea una remuneración equitativa en consonancia con las normas y porcentajes aplicables a las licencias libremente negociadas entre personas de los dos países interesados.

b) Se efectúe el pago y el envío de la remuneración. Si existe una reglamentación nacional en materia de divisas, las autoridades competentes harán todo lo posible para que el envío se realice en divisas convertibles o en su equivalente, recurriendo a los mecanismos internacionales.

6. Toda licencia concedida por un Estado contratante, de conformidad con el presente artículo, dejará de ser válida si una traducción de la obra en el mismo idioma, y esencialmente con el mismo contenido que la edición a la que se concedió la licencia, es publicada en dicho Estado, por el titular del derecho de traducción o con su autorización, a un precio análogo al usual en el mismo Estado para obras similares. Los ejemplares editados antes de que la licencia deje de ser válida podrán seguir siendo puestos en circulación hasta su agotamiento.

7. Para las obras compuestas principalmente de ilustraciones, sólo se podrá conceder una licencia para la traducción del texto y la reproducción de las ilustraciones si se han cumplido también las condiciones del artículo V quáter.

8. a) También se podrá conceder una licencia para la traducción de una obra protegida por la presente Convención, publicada en forma impresa o en formas análogas de reproducción, para ser utilizada por un organismo de radiodifusión que tenga su sede en el territorio de un Estado contratante al que se aplique el párrafo 1 del artículo V bis, tras la presentación en dicho Estado de una solicitud por el citado organismo, siempre que:

i) La traducción haya sido realizada a partir de un ejemplar hecho y adquirido de conformidad con la legislación del Estado contratante.

ii) La traducción se utilice sólo en emisiones que tengan un fin exclusivamente docente o para dar a conocer informaciones científicas destinadas a los expertos de una rama profesional determinada.

iii) La traducción se destine exclusivamente a los fines enumerados en el inciso ii) anterior, mediante emisiones efectuadas legalmente para destinatarios en el territorio del Estado contratante, incluyendo grabaciones visuales o sonoras realizadas lícita y exclusivamente para esa emisión.

iv) Las grabaciones sonoras o visuales de la traducción sólo pueden ser objeto de intercambios entre organismos de radiodifusión que tengan su sede social en el territorio del Estado contratante que hubiese otorgado una licencia de este género.

v) Ninguna de las utilizaciones dadas a la traducción tenga fines lucrativos.

b) Siempre que se cumplan todos los requisitos y condiciones enumerados en el apartado a), se podrá conceder asimismo una licencia a un organismo de radiodifusión para la traducción de cualquier texto incorporado o integrado en fijaciones audiovisuales preparadas y publicadas con la única finalidad de dedicarlas a fines escolares y universitarios.

c) A reserva de lo dispuesto en los apartados a) y b), las demás disposiciones del presente artículo serán aplicables a la concesión y ejercicio de dicha licencia.

9. A reserva de lo dispuesto en el presente artículo, toda licencia concedida en virtud de éste se regirá por las disposiciones del artículo V y continuará rigiéndose por las disposiciones del artículo V y por las del presente artículo, incluso después del plazo de siete años estipulado en el párrafo 2 del artículo V. De todos modos, una vez expirado este plazo, el titular de esta licencia podrá pedir que se sustituya por otra, regida exclusivamente por las disposiciones del artículo V.

Artículo V quáter

1. Cada uno de los Estados contratantes a que se refiere el párrafo 1 del artículo V bis podrá adoptar las siguientes disposiciones:

a) Si al expirar i) el período fijado por el apartado c), contado desde la primera publicación de una determinada edición de una obra literaria, científica o artística a que se refiere el párrafo 3, o ii) un período más largo fijado por la legislación del Estado, no se han puesto en venta ejemplares de esa edición en el Estado de que se trate, por el titular del derecho de reproducción o con su autorización, para satisfacer las necesidades tanto del público como de los fines escolares y universitarios a un precio análogo al usual en dicho Estado para obras similares, cualquier nacional de este Estado podrá obtener de la autoridad competente una licencia no exclusiva para publicar la edición a ese precio o a un precio inferior, con objeto de utilizarla para fines escolares y universitarios. Sólo se podrá conceder la licencia si el peticionario, según el procedimiento vigente en el Estado de que se trate, demuestra que ha pedido al titular del derecho autorización para publicar la obra y que, a pesar de haber puesto en ello la debida diligencia, no ha podido encontrar al titular del derecho u obtener su autorización. En el momento de presentar su solicitud, el peticionario deberá informar al Centro Internacional de Información sobre Derecho de Autor, creado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o a todo Centro nacional o regional de intercambio de información mencionado en el apartado d).

b) Se podrá asimismo conceder la licencia en las mismas condiciones si durante un plazo de seis meses no se ponen en venta en dicho Estado ejemplares autorizados de la edición de que se trate para responder a las necesidades del público o a las de los fines escolares y universitarios, a un precio análogo al usual en ese Estado para obras similares.

c) El período a que se refiere el apartado a) será de cinco años. No obstante:

i) Para las obras de ciencias exactas y naturales y de tecnología, este período será de tres años.

ii) Para las obras del dominio de la imaginación, como las novelas, las obras poéticas, dramáticas y musicales, y para los libros de arte, este período será de siete años.

d) Si el titular del derecho de reproducción no hubiere sido localizado, el peticionario deberá transmitir, por correo aéreo certificado, copias de la solicitud al editor cuyo nombre figure en la obra y a todos los Centros nacionales o regionales de intercambio de información considerados como tales en la notificación que el Estado –en el que se suponga que el editor ejerce la mayor parte de sus actividades profesionales– haya comunicado al Director general. A falta de tal notificación, se enviará también copia al Centro Internacional de Información sobre Derecho de Autor, creado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. No se podrá conceder la licencia antes de que haya expirado el plazo de tres meses a contar de la fecha de envío de la copia de la solicitud.

e) En el caso de que la licencia pueda obtenerse al expirar el período de tres años, sólo podrá concederse en virtud del presente artículo:

i) A la expiración de un plazo de seis meses a contar desde la solicitud de la autorización mencionada en el apartado a), o bien si la identidad o la dirección del titular del derecho de reproducción son desconocidos, a partir de la fecha de envío de las copias de la solicitud de licencia mencionadas en el apartado d), y

ii) Si durante ese plazo no se hubieran puesto en circulación ejemplares de la edición en las condiciones estipuladas en el apartado a).

f) El nombre del autor y el título de la obra de esa determinada edición habrán de estar impresos en todos los ejemplares de la reproducción publicada. La licencia no será válida para la exportación, sino sólo para la publicación dentro del territorio del Estado contratante en que se haya presentado la solicitud. La licencia no podrá ser cedida por el beneficiario.

g) La legislación nacional adoptará las medidas pertinentes para garantizar la reproducción fiel de la edición de que se trate.

h) No se concederá una licencia con el fin de reproducir y publicar una traducción de una obra, en virtud del presente artículo, en los siguientes casos:

i) Cuando la traducción de que se trate no haya sido publicada por el titular del derecho de autor ni con su autorización, y

ii) Cuando la traducción no esté en una lengua de uso general en el Estado que concede la licencia.

2. Se aplicarán las siguientes disposiciones a las excepciones establecidas en el párrafo 1 del presente artículo:

a) Todos los ejemplares publicados al amparo de una licencia concedida con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo llevarán una nota en el idioma correspondiente, advirtiendo que el ejemplar sólo se pone en circulación en el Estado contratante para el que se pidió la licencia. Si la obra lleva las indicaciones a que se refiere el párrafo 1 del artículo III, los ejemplares llevarán esas mismas indicaciones.

b) Deberán tomarse disposiciones a nivel nacional para que:

i) La licencia prevea una remuneración equitativa en consonancia con las normas y porcentajes aplicables a las licencias libremente negociadas entre personas de los países interesados.

ii) Se efectúe el pago y el envío de la remuneración. Si existe una reglamentación nacional en materia de divisas, las autoridades competentes harán todo lo posible para que el envío se realice en divisas convertibles o en su equivalente, recurriendo a los mecanismos internacionales.

c) Cada vez que se pongan en venta en el Estado contratante, por el titular del derecho de reproducción o con su autorización, ejemplares de una edición de una obra, para responder a las necesidades del público o de los fines escolares y universitarios, a un precio análogo al usual en ese Estado para obras similares, toda licencia concedida de conformidad con el presente artículo dejará de ser válida si la edición está hecha en el mismo idioma y tiene esencialmente el mismo contenido que la edición publicada al amparo de la licencia. Podrán seguir circulando y distribuyéndose hasta su agotamiento los ejemplares editados antes de que la licencia deje de ser válida.

d) La licencia no podrá ser concedida en el caso de que el autor haya retirado de la circulación todos los ejemplares de la edición.

3. a) A reserva de lo dispuesto en el apartado b), las disposiciones del presente artículo se aplicarán exclusivamente a las obras literarias, científicas o artísticas publicadas en forma de edición impresa o en cualquier otra forma análoga de reproducción.

b) Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a la reproducción en forma audiovisual de fijaciones lícitas audiovisuales que incluyan obras protegidas por la presente Convención, así como a la traducción de todo texto que las acompañe a una lengua de uso general en el Estado que concede la licencia; a condición, en todos los casos, de que tales fijaciones audiovisuales hayan sido concedidas y publicadas con el exclusivo objeto de utilizarlas para los fines escolares y universitarios.

Artículo VI

Se entiende por «publicación», en los términos de la presente Convención, la reproducción de la obra en forma tangible a la vez que el poner a disposición del público ejemplares de la obra que permitan leerla o conocerla visualmente.

Artículo VII

La presente Convención no se aplicará a aquellas obras, o a los derechos sobre las mismas, que en la fecha de la entrada en vigor de la presente Convención en el Estado contratante donde se reclama la protección hayan perdido definitivamente la protección en dicho Estado contratante.

Artículo VIII

1. La presente Convención, que llevará la fecha del 24 de julio de 1971, será depositada en poder del Director general y quedará abierta a la firma de todos los Estados contratantes de la Convención de 1952 durante un período de ciento veinte días a partir de la fecha de la presente Convención. Será sometida a la ratificación o a la aceptación de los Estados signatarios.

2. Cualquier Estado que no haya firmado la presente Convención podrá adherirse a ella.

3. La ratificación, la aceptación o la adhesión se efectuarán mediante el depósito de un instrumento a tal efecto dirigido al Director general.

Artículo IX

1. La presente Convención entrará en vigor tres meses después del depósito de doce instrumentos de ratificación, de aceptación o de adhesión.

2. En lo sucesivo la Convención entrará en vigor para cada Estado tres meses después del depósito de su respectivo instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión.

3. La adhesión a la presente Convención de un Estado que no sea parte en la Convención de 1952 constituirá también una adhesión a dicha Convención; sin embargo, si el instrumento de adhesión se deposita antes de que entre en vigor la presente Convención, ese Estado podrá condicionar su adhesión a la Convención de 1952 a la entrada en vigor de la presente Convención. Una vez que haya entrado en vigor la presente Convención, ningún Estado podrá adherirse sólo a la Convención de 1952.

4. Las relaciones entre los Estados partes en la presente Convención y los Estados que soló son partes en la Convención de 1952 están regidas por la Convención de 1952. Sin embargo, todo Estado que sólo sea parte en la Convención de 1952 podrá declarar mediante una notificación depositada ante el Director general que admite la aplicación de la Convención de 1971 a las obras de sus nacionales o publicadas por primera vez en su territorio por todo Estado parte en la presente Convención.

Artículo X

1. Todo Estado contratante se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación de la presente Convención.

2. Queda entendido que en la fecha de entrada en vigor para un Estado de la presente Convención, ese Estado deberá encontrarse, con arreglo a su legislación nacional, en condiciones de aplicar las disposiciones de la presente Convención.

Artículo XI

1. Se crea un Comité Intergubernamental con las siguientes atribuciones:

a) Estudiar los problemas relativos a la aplicación y funcionamiento de la Convención Universal.

b) Preparar las revisiones periódicas de esta Convención.

c) Estudiar cualquier otro problema relativo a la protección internacional del derecho de autor, en colaboración con los diversos Organismos internacionales interesados, especialmente con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y la Organización de los Estados Americanos.

d) Informar a los Estados partes en la Convención Universal sobre sus trabajos.

2. El Comité se compondrá de representantes de dieciocho Estados partes en la presente Convención o sólo en la Convención de 1952.

3. El Comité será designado teniendo en cuenta un justo equilibrio entre los intereses nacionales sobre la base de la situación geográfica, la población, los idiomas y el grado de desarrollo.

4. El Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; el Director de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y el Secretario general de la Organización de los Estados Americanos, o sus representantes, podrán asistir a las reuniones del Comité con carácter consultivo.

Artículo XII

El Comité Intergubernamental convocará conferencias de revisión siempre que lo crea necesario o cuando lo pidan, por lo menos, diez Estados partes en la presente Convención.

Artículo XIII

1. Todo Estado contratante podrá, en el momento del depósito del instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, o con posterioridad, declarar, mediante notificación dirigida al Director general, que la presente Convención es aplicable a todos o parte de los países o territorios cuyas relaciones exteriores ejerza, y la Convención se aplicará entonces a los países o territorios designados en la notificación, a partir de la expiración del plazo de tres meses previsto en el artículo IX. En defecto de esta notificación, la presente Convención no se aplicará a esos países o territorios.

2. Sin embargo, el presente artículo no deberá interpretarse en modo alguno como tácito reconocimiento o aceptación por parte de alguno de los Estados contratantes de la situación de hecho de todo territorio en el que la presente Convención haya sido declarada aplicable por otro Estado contratante en virtud del presente artículo.

Artículo XIV

1. Todo Estado contratante tendrá la facultad de denunciar la presente Convención, revisada en su propio nombre o en nombre de todos o parte de los países o territorios que hayan sido objeto de la notificación prevista en el artículo XIII. La denuncia se efectuará mediante notificación dirigida al Director general. Esa denuncia constituirá también una denuncia de la Convención de 1952.

2. Tal denuncia no producirá efecto sino respecto al Estado, país o territorio en nombre del cual se haya hecho, y solamente doce meses después de la fecha en que la notificación se haya recibido.

Artículo XV

Toda diferencia entre dos o varios Estados contratantes, respecto a la interpretación o a la aplicación de la presente Convención, que no sea resuelta por vía de negociación será llevada ante la Corte Internacional de Justicia para que ésta decida, a menos que los Estados interesados convengan otro modo de solucionarla.

Artículo XVI

1. La presente Convención será redactada en francés, inglés y español. Los tres textos serán firmados y harán igualmente fe.

2. Se redactarán textos oficiales de la presente Convención en alemán, árabe, italiano y portugués por el Director general, después de consultar a los Gobiernos interesados.

3. Todo Estado contratante o grupo de Estados contratantes podrá hacer redactar por el Director general, y de acuerdo con éste, otros textos en las lenguas que elija.

4. Todos estos textos se añadirán como anexos al texto firmado de la presente Convención.

Artículo XVII

1. La presente Convención no afectará en nada a las disposiciones del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas ni al hecho de pertenecer a la Unión creada por este Convenio.

2. En aplicación del párrafo precedente aparece una declaración como anexo del presente artículo. Esta declaración forma parte integrante de la presente Convención para los Estados ligados por el Convenio de Berna el 1 de enero de 1951 o que se hayan adherido a él ulteriormente. La firma de la presente Convención para los Estados arriba mencionados implica, al mismo tiempo, la firma de la mencionada declaración, y su ratificación, aceptación o adhesión por esos Estados significa a la par la de la Declaración y de la presente Convención.

Artículo XVIII

La presente Convención no deroga las convenciones o acuerdos multilaterales o bilaterales sobre derecho de autor que se hallan o puedan hallarse en vigor exclusivamente entre dos o más Repúblicas americanas. En caso de divergencia, ya sea entre las disposiciones de cualquiera de dichas convenciones o acuerdos existentes, de una parte, y las disposiciones de esta Convención, de otra, o entre las disposiciones de esta Convención y las de cualquiera otra nueva convención o acuerdo que se concierte entre dos o más Repúblicas americanas, después de la entrada en vigor de la presente Convención, prevalecerá entre las partes la Convención o acuerdo redactado más recientemente. Los derechos adquiridos sobre una obra en cualquier Estado contratante, en virtud de convenciones y acuerdos existentes con anterioridad a la fecha en que esta Convención entre en vigor en tal Estado, no serán afectados por la misma.

Artículo XIX

La presente Convención no deroga las convenciones o acuerdos multilaterales o bilaterales sobre derecho de autor vigentes entre dos o más Estados contratantes. En caso de divergencia entre las disposiciones de una de dichas convenciones o de esos acuerdos y las disposiciones de esta Convención prevalecerán las disposiciones de esta última. No serán afectados los derechos adquiridos sobre una obra en virtud de convenciones o acuerdos en vigor en uno de los Estados contratantes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Convención en dicho Estado. El presente artículo no afectará en nada las disposiciones de los artículos XVII y XVIII.

Artículo XX

No se permitirán reservas a la presente Convención.

Artículo XXI

1. El Director general enviará copias debidamente autorizadas de la presente Convención a los Estados interesados, así como al Secretario general de las Naciones Unidas para que las registre.

2. También informará a todos los Estados interesados del depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o adhesión, de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención y de las notificaciones previstas en el artículo XIV.

Declaración anexa relativa al artículo XVII

Los Estados miembros de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (denominada de ahora en adelante «La Unión de Berna»), signatarios de la presente Convención.

Deseando estrechar sus lazos mutuos sobre la base de la mencionada Unión y evitar todo conflicto que pudiera surgir de la coexistencia del Convenio de Berna y de la Convención Universal sobre Derecho de Autor.

Reconociendo la necesidad temporal de algunos Estados de ajustar su grado de protección del derecho de autor a su nivel de desarrollo cultural, social y económico.

Han aceptado, de común acuerdo, los términos de la siguiente declaración:

a) A reserva de las disposiciones del apartado b), las obras que según el Convenio de Berna tengan como países de origen un país que se haya retirado de la Unión de Berna, después del 1 de enero de 1951, no serán protegidas por la Convención Universal sobre Derecho de Autor en los países de la Unión de Berna.

b) Cuando un Estado contratante sea considerado como país en vías de desarrollo, según la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y haya depositado en poder del Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el momento de retirarse de la Unión de Berna, una notificación en virtud de la cual se considere en vías de desarrollo, las disposiciones del apartado a) no se aplicarán durante todo el tiempo en que dicho Estado pueda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo V bis, acogerse a las excepciones previstas por la presente Convención.

c) La Convención Universal sobre Derecho de Autor no será aplicable en las relaciones entre los Estados ligados por el Convenio de Berna, en lo que se refiera a la protección de las obras que, de acuerdo con dicho Convenio de Berna, tengan como país de origen uno de los países de la Unión de Berna.

Resolución relativa al artículo XI

La Conferencia de Revisión de la Convención Universal sobre Derecho de Autor.

Habiendo examinado los problemas relativos al Comité Intergubernamental previsto por el artículo XI de la presente Convención, a la que va anexa la presente resolución,

Resuelve lo siguiente:

1. En sus comienzos, el Comité estará formado por los representantes de los doce Estados miembros del Comité Intergubernamental, creado en virtud del artículo XI de la Convención de 1952 y de la resolución anexa a dicho artículo, junto con los representantes de los siguientes Estados: Argelia, Australia, Japón, México, Senegal y Yugoslavia.

2. Los Estados que no sean partes en la Convención
de 1952 y no se hayan adherido a esta Convención antes de la primera reunión ordinaria del Comité después de la entrada en vigor de esta Convención serán reemplazados por otros Estados designados por el Comité en su primera reunión ordinaria, de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo XI.

3. En cuanto entre en vigor la presente Convención, el Comité previsto en el párrafo 1 se considerará constituido de conformidad con el artículo XI de la presente Convención.

4. El Comité celebrará una reunión dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la presente Convención. En lo sucesivo, el Comité celebrará una reunión ordinaria, por lo menos, una vez cada dos años.

5. El Comité elegirá un Presidente y dos Vicepresidentes. Aprobará su reglamento ateniéndose a los siguientes principios:

a) La duración normal del mandato de los representantes será de seis años; la renovación se hará por tercios cada dos años, quedando entendido que un tercio de los primeros mandatos expirará al finalizar la segunda reunión ordinaria del Comité que seguirá a la entrada en vigor de la presente Convención, otro tercio al finalizar la tercera reunión ordinaria y el tercio restante al finalizar la cuarta reunión ordinaria.

b) Las disposiciones reguladoras del procedimiento según el cual el Comité llenará los puestos vacantes, el orden de expiración de los mandatos, el derecho a la reelección y los procedimientos de elección se basarán sobre un equilibrio entre la necesidad de una continuidad en la composición y la de una rotación de la representación, así como sobre las consideraciones mencionadas en el párrafo 3 del artículo XI.

Formula el voto de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se encargue de la Secretaría del Comité.

En fe de lo cual, los infrascritos, que han depositado sus plenos poderes, firman la presente Convención.

En la ciudad de París, el día 24 de julio de 1971, en ejemplar único.

PROTOCOLO 2

Anejo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor, revisada en París el 24 de julio de 1971, relativo a la aplicación de la Convención a las obras de ciertas organizaciones internacionales [3]

Los Estados partes en el presente Protocolo, y que son partes igualmente en la Convención Universal sobre Derecho de Autor, revisada en París el 24 de julio de 1971 (denominada de ahora en adelante como «la Convención de 1971»),

Han adoptado las disposiciones siguientes:

1. a) La protección prevista en el párrafo 1 del artículo II de la Convención de 1971 se aplicará a las obras publicadas por primera vez por las Naciones Unidas, por las instituciones especializadas ligadas a ellas, o por la Organización de los Estados Americanos.

b) Igualmente el párrafo 2 del artículo II de la Convención de 1971 se aplicará a dichas organizaciones e instituciones.

2. a) El Protocolo se firmará y se someterá a la ratificación, aceptación o adhesión como si las disposiciones del artículo VIII de la Convención de 1971 se aplicaran al mismo.

b) El presente Protocolo entrará en vigor para cada Estado en la fecha del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o adhesión del Estado interesado o en la fecha de entrada en vigor de la Convención de 1971 con respecto a tal Estado, de acuerdo con la fecha que sea posterior.

En fe de lo cual, los infrascritos, estando debidamente autorizados para ello, firman el presente Protocolo.

Firmado en la ciudad de París el día 24 de julio de 1971, en español, francés e inglés, siendo igualmente auténticos los tres textos, en una sola copia, la cual será depositada en poder del Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El Director general enviará copias certificadas a los Estados signatarios y al Secretario general de la Naciones Unidas para su registro.

El Instrumento de ratificación de España de la Convención y del Protocolo 2 fue depositado el 10 de abril de 1974.

La Convención y el Protocolo 2 entraron en vigor el día 10 de julio de 1974.

Instrumento de ratificación de 30 de abril de 1974 del Protocolo 1 de la Convención Universal sobre los Derechos de Autor, revisada en París el 24 de julio de 1971

(«BOE» núm. 9, de 10 de enero de 1975)

Por cuanto el día 24 de julio de 1971, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en París la Convención Universal sobre los Derechos de Autor, revisada en París el 24 de julio de 1971, visto y examinado el Protocolo 1 de dicha Convención; oída la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes Españolas, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 14 de su Ley Constitutiva,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en dicho Protocolo 1 se dispone, con la reserva siguiente: «La ratificación por España del presente Protocolo no significa en modo alguno la aceptación de la definición de refugiado establecida en la Constitución de la OIR y mantenida en el artículo 1, ap. A.1, del Convenio sobre el Estatuto de Refugiados de 28 de julio
de 1951, y el artículo 1 del Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967», como en virtud del presente lo apruebo y ratifico prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, Mando expedir este Instrumento de ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

PROTOCOLO 1 [4]

Anejo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor, revisada en París el 24 de julio de 1971, relativo a la aplicación de la Convención a las obras de apátridas y refugiados

Los Estados partes en el presente Protocolo, que también lo son de la Convención Universal sobre Derecho de Autor, revisada en París el 24 de julio de 1971 (denominada de ahora en adelante como «la Convención de 1971»), han aceptado las siguientes disposiciones:

1. Los apátridas y los refugiados que tengan su residencia habitual en un Estado contratante serán, para los efectos de la Convención de 1971, asimilados a los nacionales de ese Estado.

2. a) El presente Protocolo se firmará y se someterá a la ratificación, aceptación o adhesión como si las disposiciones del artículo VIII de la Convención de 1971 se aplicaran al mismo.

b) El presente Protocolo entrará en vigor, para cada Estado, en la fecha del depósito del Instrumento de ratificación, aceptación o adhesión del Estado interesado o en la fecha de entrada en vigor de la Convención de 1971 con respecto a tal Estado, de acuerdo con la fecha que sea posterior.

c) La entrada en vigor del presente Protocolo para un Estado que no sea parte en el Protocolo 1 anejo a la Convención de 1952 entraña la entrada en vigor del Protocolo antes citado para dicho Estado.

En fe de lo cual, los infrascritos, estando debidamente autorizados para ello, firman el presente Protocolo.

Firmado en la ciudad de París el día 24 de julio de 1971, en español, francés e inglés, siendo igualmente auténticos los tres textos, en una sola copia, la cual será depositada en poder del Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El Director general enviará copias certificadas a los Estados signatarios y al Secretario general de las Naciones Unidas para su registro.

El Instrumento de ratificación de España del Protocolo 1 fue depositado el 6 de octubre de 1974.

El Protocolo 1 entró en vigor para España el día 6 de octubre de 1974.

[1] Véanse los artículos 163 a 167 de la Ley de Propiedad Intelectual.

[2] Por el presente Instrumento España ratificó conjuntamente la Convención y su Protocolo 2. Adviértase, además, que esta Convención entró en vigor el 10 de julio de 1974.

Los Estados que forman parte de la Convención por ratificación o adhesión, son los siguientes:

Albania desde el 4 de noviembre de 2003.

Alemania desde el 3 de junio de 1955.

Andorra desde el 31 de diciembre de 1952.

Arabia Saudita desde el 13 de abril de 1994.

Argelia desde el 18 de mayo de 1973.

Argentina desde el 13 de noviembre de 1957.

Australia desde el 1 de febrero de 1969.

Austria desde el 2 de abril de 1957.

Azerbaiyán desde el 18 de octubre de 1991.

Bahamas desde el 13 de julio de 1976.

Bangladesh desde el 5 de mayo de 1975.

Barbados desde el 18 de marzo de 1983.

Belarús desde el 27 de julio de 1991.

Bélgica desde el 31 de mayo de 1960.

Belice desde el 1 de diciembre de 1982.

Bolivia (Estado Plurianual de) desde el 22 de diciembre de 1989.

Bosnia y Herzegovina desde el 6 de marzo de 1992.

Brasil desde el 13 de octubre de 1959.

Bulgaria desde el 7 de marzo de 1975.

Camboya desde el 3 de agosto de 1953.

Camerún desde el 1 de febrero de 1973.

Canadá desde el 10 de mayo de 1962.

Chile desde el 16 de enero de 1955.

China desde el 30 de julio de 1992.

Chipre desde el 19 de septiembre de 1990.

Colombia desde el 18 de marzo de 1976.

Costa Rica desde el 7 de diciembre de 1954.

Croacia desde el 6 de julio de 1992.

Cuba desde el 18 de marzo de 1957.

Dinamarca desde el 9 de noviembre de 1961.

Ecuador desde el 5 de marzo de 1957.

El Salvador desde el 29 de diciembre de 1978.

Eslovaquia desde el 1 de enero de 1993.

Eslovenia desde el 25 de junio de 1991.

España desde el 27 de octubre de 1954.

Estados Unidos de América desde el 6 de diciembre de 1954.

Ex República Yugoslava de Macedonia desde el 17 de noviembre de 1991.

Federación de Rusia desde el 27 de diciembre de 1973.

Fiji desde el 13 de diciembre de 1971.

Filipinas desde el 19 de agosto de 1955.

Finlandia desde el 16 de enero de 1963.

Francia desde el 14 de octubre de 1955.

Ghana desde el 22 de mayo de 1962.

Grecia desde el 24 de mayo de 1963.

Guatemala desde el 28 de junio de 1964.

Guinea desde el 13 de agosto de 1981.

Haití desde el 1 de septiembre de 1954.

Hungría desde el 23 de octubre de 1970.

India desde el 21 de octubre de 1957.

Irlanda desde el 20 de octubre de 1958.

Islandia desde el 18 de septiembre de 1956.

Israel desde el 6 de abril de 1955.

Italia desde el 24 de octubre de 1956.

Japón desde el 26 de enero de 1956.

Kazajstán desde el 16 de diciembre de 1991.

Kenya desde el 7 de junio de 1966.

Líbano desde el 17 de junio de 1959.

Liberia desde el 27 de abril de 1956.

Liechtenstein desde el 22 de octubre de 1958.

Luxemburgo desde el 15 de julio de 1955.

Malawi desde el 26 de julio de 1965.

Malta desde el 19 de agosto de 1968.

Marruecos desde el 8 de febrero de 1972.

Mauricio desde el 12 de marzo de 1968.

México desde el 12 de febrero de 1957.

Mónaco desde el 16 de junio de 1955.

Montenegro desde el 6 de junio de 2006.

Nicaragua desde el 16 de mayo de 1961.

Níger desde el 15 de febrero de 1989.

Nigeria desde el 14 de noviembre de 1961.

Noruega desde el 23 de octubre de 1962.

Nueva Zelandia desde el 11 de junio de 1964.

Países Bajos desde el 22 de marzo de 1967.

Pakistán desde el 28 de abril de 1954.

Panamá desde el 17 de julio de 1962.

Paraguay desde el 11 de diciembre de 1961.

Perú desde el 16 de julio de 1963.

Polonia desde el 9 de diciembre de 1976.

Portugal desde el 25 de septiembre de 1956.

Reino Unido desde el 27 de junio de 1957.

República Checa desde el 1 de enero de 1993.

República de Corea desde el 1 de julio de 1987.

República de Moldova desde el 27 de mayo de 1973.

República Democrática Popular Lao desde el 19 de agosto de 1954.

República Dominicana desde el 8 de febrero de 1983.

Rwanda desde el 10 de agosto de 1989.

San Vicente y las Granadinas desde el 22 de enero de 1985.

Sri Lanka desde el 25 de octubre de 1983.

Suecia desde el 1 de abril de 1961.

Suiza desde el 30 de diciembre de 1955.

Tayikistán desde el 28 de agosto de 1992.

Togo desde el 28 de febrero de 2003.

Trinidad y Tobago desde el 19 de mayo de 1988.

Túnez desde el 19 de marzo de 1969.

Ucrania desde el 24 de agosto de 1991.

Uruguay desde el 12 de enero de 1993.

Venezuela (República Bolivariana de) desde el 30 de junio de 1966.

[3] Este Protocolo entró en vigor el 20 de julio de 1974. Los Estados que han ratificado el Protocolo, o se han adherido a él, son los siguientes:

Albania desde el 4 de noviembre de 2003.

Alemania desde el 18 de octubre de 1973.

Australia desde el 29 de noviembre de 1977.

Austria desde el 14 de mayo de 1982.

Bangladesh desde el 5 de mayo de 1975.

Brasil desde el 11 de septiembre de 1975.

Chipre desde el 19 de septiembre de 1990.

Dinamarca desde el 11 de abril de 1979.

Ecuador desde el 6 de junio de 1991.

El Salvador desde el 29 de diciembre de 1978.

Eslovaquia desde el 31 de marzo de 1993.

Eslovenia desde el 16 de diciembre de 1992.

España desde el 10 de abril de 1974.

Estados Unidos de América desde el 18 de septiembre de 1972.

Federación de Rusia desde el 9 de diciembre de 1994.

Francia desde el 11 de septiembre de 1972.

Guinea desde el 13 de agosto de 1981.

Hungría desde el 15 de septiembre de 1972.

India desde el 7 de enero de 1988.

Italia desde el 25 de octubre de 1979.

Japón desde el 21 de Julio de 1977.

Kenya desde el 4 de enero de 1974.

Liechtenstein desde el 11 de agosto de 1999.

Marruecos desde el 28 de octubre de 1975.

Mónaco desde el 13 de septiembre de 1974.

Níger desde el 15 de febrero de 1989.

Noruega desde el 13 de agosto de 1974.

Países Bajos desde el 30 de agosto de 1985.

Perú desde el 22 de abril de 1985.

Polonia desde el 9 de diciembre de 1976.

Portugal desde el 30 de abril de 1981.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde el 19 de mayo de 1972.

República Checa desde el 26 de marzo de 1993.

República de Corea desde el 1 de julio de 1987.

Rwanda desde el 10 de agosto de 1989.

San Vicente y las Granadinas desde el 22 de enero de 1985.

Santa Sede desde el 6 de febrero de 1980.

Senegal desde el 9 de abril de 1974.

Sri Lanka desde el 27 de julio de 1988.

Suecia desde el 27 de junio de 1973.

Suiza desde el 21 de junio de 1993.

Túnez desde el 10 de marzo de 1975.

[4] Este Protocolo entró en vigor el 10 de julio de 1974 con carácter general. Los Estados que lo han ratificado o se han adherido a él, y las fechas de depósito de los instrumentos, son los siguientes:

Albania desde el 4 de noviembre de 2003.

Alemania desde el 18 de octubre de 1973.

Australia desde el 29 de noviembre de 1977.

Austria desde el 14 de mayo de 1982.

Bangladesh desde el 5 de mayo de 1975.

Brasil desde el 13 de octubre de 1959.

Chipre desde el 19 de septiembre de 1990.

Dinamarca desde el 11 de abril de 1979.

Ecuador desde el 6 de junio de 1991.

El Salvador desde el 29 de diciembre de 1978.

Eslovenia desde el 16 de diciembre de 1992.

España desde el 16 de octubre de 1974.

Estados Unidos de América desde el 18 de septiembre de 1972.

Federación de Rusia desde el 9 de diciembre de 1994.

Francia desde el 11 de septiembre de 1972.

Guinea desde el 13 de agosto de 1981.

India desde el 7 de enero de 1988.

Italia desde el 24 de octubre de 1979.

Japón desde el 21 de julio de 1977.

Kenya desde el 4 de enero de 1974.

Marruecos desde el 28 de octubre de 1975.

Mónaco desde el 13 de septiembre de 1974.

Níger desde el 15 de febrero de 1989.

Nigeria desde el 13 de agosto de 1974.

Países Bajos desde el 30 de agosto de 1985.

Perú desde el 22 de abril de 1985.

Polonia desde el 9 de diciembre de 1976.

Portugal desde el 30 de abril de 1981.

Reino Unido desde el 19 de mayo de 1972.

República de Corea desde el 1 de julio de 1987.

Rwanda desde el 10 de agosto de 1989.

San Vicente y las Granadinas desde el 22 de enero de 1985.

Santa Sede desde el 6 de febrero de 1980.

Sri Lanka desde el 25 de octubre de 1983.

Suecia desde el 27 de junio de 1973.

Suiza desde el 21 de junio de 1993.

Tayikistán desde el 28 de agosto de 1992.

Túnez desde el 10 de marzo de 1975.

§ 25 ACUERDO EUROPEO DE 15 DE DICIEMBRE DE 1958 SOBRE EL INTERCAMBIO DE PROGRAMAS POR MEDIO DE FILMES DE TELEVISIÓN [1]

(«BOE» núm. 19, de 22 de enero de 1974)

Los Gobiernos signatarios, Miembros del Consejo de Europa.

Considerando que el objeto del Consejo de Europa es lograr una reunión más estrecha entre sus Miembros;

Considerando que, en interés de la unión cultural y económica de Europa, es conveniente que los intercambios por medio de filmes de televisión puedan efectuarse tan libremente como sea posible entre los países Miembros del Consejo de Europa;

Considerando que las legislaciones nacionales permiten llegar a conclusiones diferentes en cuanto a la determinación de la naturaleza jurídica de los filmes de televisión y en cuanto a los derechos que confieren los mismos;

Considerando que se impone resolver los problemas que dimanan de esta situación;

Visto el artículo 20 del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, a cuyo tenor los Gobiernos de los países de la Unión se reservan el derecho a concertar entre sí acuerdos particulares que no comprendan estipulaciones contrarias a dicho Convenio,

Convienen en lo que sigue:

Artículo 1. Salvo estipulación en contrario o especial, en el sentido del artículo 4 del presente Acuerdo, el organismo de radiodifusión sometido a la jurisdicción de un país Parte del presente Acuerdo tendrá derecho a autorizar, en los demás países Partes del mismo, la explotación en televisión de filmes de televisión y de los cuales sea productor.

Art. 2. 1. Se considerará como filme de televisión, en el sentido del presente Acuerdo, todo registro visual, o sonoro y visual, destinado a la televisión.

2. Se considerará como productor al organismo de radiodifusión que haya tomado la iniciativa y la responsabilidad de la realización del filme de televisión.

Art. 3. 1. Si el filme de televisión lo hubiera producido un productor distinto del definido en el artículo 2, párrafo 2, éste, salvo estipulación contraria o especial con arreglo al artículo 4, tendrá la facultad de disponer en beneficio de un organismo de radiodifusión del derecho previsto en el artículo 1.

2. La disposición prevista por el párrafo precedente sólo se aplicará si el productor y el organismo de radiodifusión estén sujetos a la jurisdicción de países Partes del presente Acuerdo.

Art. 4. Por «estipulación contraria o especial» deberá entenderse cualquier condición restrictiva convenida entre el productor y las personas que aporten una contribución a la realización del filme de televisión.

Art. 5. No resultarán afectados por el presente Acuerdo y quedarán enteramente reservados:

a) El derecho moral reconocido en materia de filme.

b) Los derechos de los autores de obras literarias, dramáticas o artísticas de las cuales se haya sacado el filme de televisión.

c) Los derechos de autor de la obra musical, con o sin letra, que acompañe al filme de televisión.

d) Los derechos de autor inherentes a filmes distintos de los filmes de televisión.

e) Los derechos de autor correspondientes a la explotación de los filmes de televisión de manera distinta a la de la televisión.

Art. 6. 1. El presente Acuerdo queda abierto a la firma de los Miembros del Consejo de Europa, que podrán llegar a ser Partes del mismo:

a) Mediante la firma sin reserva de ratificación; o

b) Mediante la firma con reserva de ratificación seguida de la entrega de instrumento de ratificación.

2. Los instrumentos de ratificación se depositarán ante el Secretario general del Consejo de Europa.

Art. 7. 1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha en la cual tres Miembros del Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, hubieren firmado el Acuerdo sin reserva de ratificación o lo hubieran ratificado.

2. Para todo Miembro que, ulteriormente, firme el Acuerdo sin reserva de ratificación o lo ratifique, el Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la fecha de la firma o de la entrega del instrumento de ratificación.

Art. 8. 1. Después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, todo país no miembro del Consejo de Europa podrá adherirse al mismo con el consentimiento previo del Comité de Ministros del Consejo de Europa.

2. La adhesión se efectuará mediante la entrega, ante el Secretario general del Consejo de Europa, de un instrumento de adhesión, que surtirá efecto treinta días después de la fecha de la entrega.

Art. 9. La firma sin reserva de ratificación, la ratificación o al adhesión llevará consigo de pleno derecho la aceptación de todas las disposiciones del presente Acuerdo.

Art. 10. El Secretario general del Consejo de Europa notificará a los Miembros del Consejo, a los Gobiernos de los países que se hubieren adherido al presente Acuerdo, así como al Director de la Oficina de la Unión Internacional para la protección de las obras literarias y artísticas:

a) La fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y los nombres de los Miembros del Consejo que hayan llegado a ser Partes del mismo.

b) El depósito de cualquier instrumento de adhesión efectuado conforme a lo prevenido en el artículo 8.

c) Toda declaración y notificación recibidas de conformidad a lo dispuesto en los artículos 11 y 12.

Art. 11. 1. El presente Acuerdo se aplicará a los territorios metropolitanos de las Partes Contratantes.

2. Toda Parte Contratante podrá declarar, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, o en cualquier otro momento posterior, mediante notificación dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, que el presente Acuerdo se aplicará a aquel o a aquellos territorios señalados en la mencionada declaración y cuyas relaciones internacionales asegura.

3. Toda declaración hecha en virtud del parágrafo precedente podrá ser retirada, por lo que se refiere a cualquier territorio señalado en dicha declaración, en las condiciones previstas en el artículo 12 del presente Acuerdo.

Art. 12. 1. El presente Acuerdo permanecerá en vigor sin límite de duración.

2. Toda Parte Contratante, por lo que a ello se refiere, podrá poner fin a la vigencia del presente Acuerdo mediante un preaviso de un año notificado a dicho efecto al Secretario general del Consejo de Europa.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados a este efecto, firman el presente Acuerdo.

Hecho en París el 15 de diciembre de 1958, en francés e inglés, dando igualmente fe ambos textos, en un solo ejemplar, que se depositará en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario general remitirá copias certificadas conformes a todos los Gobiernos signatarios y adheridos, así como al Director de la Oficina Internacional para la protección de las obras literarias y artísticas.

Por el Gobierno de la República de Austria y por el Gobierno del Reino de Bélgica, con reserva de ratificación, P. Wigny.

Por el Gobierno del Reino de Dinamarca, con reserva de ratificación, Bodil Begtrup.

Por el Gobierno de la República Francesa, M. Couve de Murville.

Por el Gobierno de la República Federal de Alemania y por el Gobierno del Reino de Grecia, con reserva de ratificación, Cambalouris.

Por el Gobierno de la República Islandesa y por el Gobierno de Irlanda, Strasburgo, 5 de marzo de 1965, B. Durnin.

Por el Gobierno de la República Italiana, con reserva de ratificación, C. A. Straneo.

Por el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, con reserva de ratificación, Bech.

Por el Gobierno del Reino de los Países Bajos, con reserva de ratificación, Strasburgo, 7 de octubre de 1964, W. J. D. Philipse.

Por el Gobierno del Reino de Noruega, con reserva de ratificación, firmado en Strasburgo el 17 de noviembre de 1959, Einar Lochen.

Por el Gobierno del Reino de Suecia, con reserva de ratificación, Leif Belfrage.

Por el Gobierno de la República Turca, con reserva de ratificación, Fatin R. Zorlu.

Por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Selwyn Lloyd.

Por el Gobierno de la República de Chipre, con reserva de ratificación, Strasburgo, 23 de septiembre de 1969, C. N. Pilavachi.

El Instrumento de Adhesión de España fue depositado en Strasburgo el día 5 de diciembre de 1973, ante el Secretario general del Consejo de Europa.

El presente Acuerdo entró en vigor para España el día 4 de enero de 1974.

[1] Véase el artículo 167 de la Ley de Propiedad Intelectual.

§ 26 ACUERDO EUROPEO DE 22 DE JULIO DE 1960 PARA LA PROTECCIÓN DE LAS EMISIONES DE TELEVISIÓN Y PROTOCOLO [1]

(«BOE» núms. 38, de 13 de febrero de 1974; 164, de 10 de julio de 1975, y 103, de 30 de abril de 1985)

Cumplidos los requisitos exigidos por la legislación española, extiendo el presente Instrumento de Adhesión de España al Acuerdo Europeo para la Protección de las Emisiones de Televisión de 22 de julio de 1960 y al Protocolo Modificativo del mismo de 22 de enero de 1965, a efectos de que mediante su depósito previo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º del Acuerdo, España entre a ser parte del Acuerdo y de su Protocolo Modificativo, declarando, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Acuerdo, que el Gobierno español tiene la intención de ejercitar todas las facultades propuestas en el párrafo 1.º del artículo 3.º

TEXTO DEL ACUERDO

Los Gobiernos signatarios, Miembros del Consejo de Europa,

Considerando que el fin del Consejo de Europa es llegar a una unión más estrecha entre sus miembros;

Considerando que los intercambios de programas de televisión entre los países europeos contribuirán a realizar dicho fin;

Considerando que los intercambios de programas de televisión entre los países europeos contribuirán a realizar dicho fin;

Considerando que dichos intercambios se dificultan por la imposibilidad en que se encuentran la mayoría de los Organismos de televisión para prohibir la reemisión, la grabación y la comunicación al público de sus emisiones, y que, particularmente, los organizadores de manifestaciones artísticas o los promotores de acontecimientos deportivos subordinan la autorización de difusión a otros países la garantía de que los emisores no se utilizarán con fines distintos de la recepción privada;

Considerando que la protección internacional de las emisiones de televisión no afectará en modo alguno a los derechos de terceros que pudieran existir en relación con dichas emisiones;

Considerando que dicho problema reviste un carácter de urgencia, habida cuenta del funcionamiento en toda Europa de instalaciones y enlaces que hacen desde ahora técnicamente fáciles los intercambios de programas entre los Organismos europeos de televisión.

Considerando que mientras no se concluya un convenio, de alcance prácticamente mundial, relativo a los derechos llamados «vecinos» que en la actualidad se proyecta, procede que se llegue a un acuerdo regional, restringido en su objeto a las emisiones de televisión y limitado en su duración,

Conviene en lo siguiente:

Artículo 1. Los Organismos de radiodifusión constituidos en el territorio de una Parte del Acuerdo con arreglo a las Leyes de la misma, o que efectúen emisiones en dicho territorio, disfrutarán, en lo que respecta a todas sus emisiones de televisión:

1. En el territorio de todas las Partes del Acuerdo del derecho para autorizar o prohibir:

a) La remisión de dichas emisiones.

b) La distribución al público de dichas emisiones por cable.

c) La comunicación al público de dichas emisiones, mediante cualquier instrumento transmisor de signos, sonidos o imágenes.

d) Cualquier grabación de dichas emisiones o de sus imágenes aisladas y cualquier reproducción de dicha grabación.

e) La reemisión, la distribución por cable o la comunicación al público mediante las grabaciones o reproducciones a que se refiere la letra d) anterior, salvo si el Organismo titular del derecho ha autorizado la venta al público de dichas grabaciones o reproducciones.

2. En el territorio de cualquier Parte del Acuerdo de la misma protección que dicha otra Parte conceda a los Organismos de radiodifusión constituidos en su territorio, con arreglo a sus Leyes o que efectúen emisiones en su territorio, cuando dicha protección sea más amplia que la prevista en el número 1 anterior.

Art. 2. 1. Con la reserva de la aplicación de las disposiciones del número 2 del artículo 1 y de sus artículos 13
y 14, la protección prevista en el número 1 del artículo 1 terminará de expirar el décimo año civil que siga al año en el cual se haya efectuado la primera emisión en el territorio de una Parte del presente Acuerdo.

2. Ninguna Parte de este Acuerdo estará obligada, en virtud del número 2 del artículo 1, a conceder a las emisiones de cualquier organismo de radiodifusión constituido en el territorio de otra Parte del Acuerdo, y de acuerdo por las Leyes de ésta, o que efectúe emisión en territorio de esa misma Parte, una protección más amplia que la concedida por dicha otra Parte.

Art. 3. 1. Las Partes de este Acuerdo, mediante la declaración prevista en el artículo 10 y en lo que respecta a su propio territorio, podrán:

a) Retirar la protección prevista en el número 1, letra b), del artículo 1.

b) Retirar la protección prevista en el número 1, letra c), del artículo 1, cuando la comunicación al público no se efectúe mediante pago en el sentido expresado por sus Leyes nacionales.

c) Retirar la protección prevista en el número 1, letra d), del artículo 1, cuando la grabación o la reproducción de dicha grabación se efectúe para usos privados o exclusivamente para fines docentes.

d) Retirar la protección prevista en el número 1, letras d) y e), del artículo 1, cuando haya grabación de imágenes aisladas o cualquier reproducción de dichas imágenes aisladas.

e) Retirar la protección prevista en este Acuerdo a las emisiones de televisión efectuadas por Organismos de radiodifusión constituidos en su territorio y de acuerdo con sus Leyes, o que efectúen emisiones en tal territorio, cuando dichas emisiones disfruten de una protección con arreglo a sus Leyes nacionales.

f) Limitar la aplicación de este Acuerdo a los Organismos de radiodifusión que, constituidos en el territorio de una parte del Acuerdo, con arreglo a las Leyes de ésta, efectúen emisiones en el territorio de dicha Parte.

2. Dichas Partes tendrán la facultad de hacer, en lo que se refiere a su territorio, excepciones en cuanto a la protección de las emisiones de televisión:

a) Cuando, con ocasión de informar sobre un asunto de actualidad, hubiere reemisión, grabación o reproducción de la grabación, distribución por cable o la comunicación al público de extractos cortos de una emisión que constituya ella misma la totalidad o parte del asunto de que se trata.

b) Cuando se trate de grabaciones efímeras de emisiones de televisión realizadas por un Organismos de radiodifusión por sus propios medios y para sus emisiones.

3. Dichas partes tendrán la facultad, con respecto a su territorio, de constituir un órgano con jurisdicción sobre aquellos casos en los cuales el derecho de comunicación al público mencionado en el número 1, letra c), del artículo 1, se hubiere denegado, no razonablemente, o se hubiere concedido en condiciones no razonables por el Organismo de radiodifusión titular de dicho derecho.

Art. 4. 1. Las grabaciones de una emisión que disfrute de la protección de este Acuerdo o de cualesquiera imágenes aisladas de la misma, así como cualesquiera reproducciones de tales imágenes aisladas, realizadas en un territorio al cual no se aplique este Acuerdo e importadas en el territorio de una Parte de este Acuerdo en el cual serían ilegales sin el consentimiento del Organismo de radiodifusión titular del derecho, podrán ser objeto de incautación en este último territorio.

2. Lo dispuesto en el párrafo precedente se aplicará a la importación en el territorio de una Parte de este Acuerdo de las grabaciones de imágenes aisladas de una emisión protegida por este Acuerdo, así como de reproducciones de tales imágenes aisladas, cuando se realicen en el territorio de otra Parte de este Acuerdo, en virtud del apartado 1, letra d), del artículo 3.

3. La incautación se efectuará con arreglo a la legislación interna de cada Parte de este Acuerdo.

4. Ninguna Parte de este Acuerdo estará obligada a prever una protección en cuanto a la grabación de imágenes aisladas o a la reproducción de tales imágenes aisladas de las emisiones efectuadas por un Organismo de radiodifusión constituido en el territorio de otra Parte del Acuerdo y con arreglo a las Leyes de dicha Parte, o que efectúe emisiones en tal territorio, si dicha otra parte ha hecho uso de la reserva prevista en el apartado 1, letra d), del artículo 3.

Art. 5. La protección prevista en este Acuerdo se aplicará tanto al elemento visual como al elemento sonoro de una emisión de televisión. No amparará al elemento sonoro cuando se difunda por separado.

Art. 6. 1. La protección prevista en el artículo 1 no afectará a ninguno de los derechos que puedan existir en relación con una emisión de televisión a favor de terceros como autores, ejecutantes o intérpretes, productores de películas o de programas u organizadores de espectáculos.

2. No perjudicará tampoco a cualquier protección de emisiones de televisión que proceda de otras fuentes de derecho.

Art. 7. 1. Este Acuerdo quedará abierto a la firma de los miembros del Consejo de Europa, que podrán llegar a ser Partes del mismo:

a) Por la firma sin reserva de ratificación, o

b) Por la firma con reserva de ratificación, seguida del depósito de un Instrumento de ratificación.

2. Los Instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario general del Consejo de Europa.

Art. 8. 1. El presente Acuerdo entrará en vigor un mes después de la fecha en la cual tres miembros del Consejo de Europa lo hubieren firmado, de acuerdo con el artículo 7 del mismo, sin reserva de ratificación o lo hubieren ratificado.

2. Para cualquier miembro del Consejo de Europa que firme el Acuerdo posteriormente sin reserva de ratificación o lo ratificare, el Acuerdo entrará en vigor un mes después de la firma de dicha firma, o del depósito del Instrumento de ratificación.

Art. 9. 1. Después de la entrada en vigor del Acuerdo, cualquier Gobierno europeo que no sea miembro del Consejo de Europa o cualquier Gobierno de un país no europeo que tenga vínculos políticos con un miembro del Consejo de Europa podrá adherirse al mismo, con el acuerdo previo de la Comisión de Ministros del Consejo de Europa.

2. Dicha adhesión se efectuará mediante el depósito de un Instrumento de adhesión en poder del Secretario general del Consejo de Europa y entrará en vigor un mes después de la fecha del depósito.

Art. 10. La firma, ratificación o adhesión supondrá una aceptación plena de todas las disposiciones de este Acuerdo. Cada Parte deberá declarar en el momento de la firma o del depósito de su Instrumento de ratificación o adhesión cuáles son las facultades previstas en el párrafo 1 del artículo 3 que tiene la intención de ejercitar.

Art. 11. El Secretario general del Consejo de Europa notificará a los miembros del Consejo, a los Gobiernos de cualesquiera países que se hubieren adherido a este Acuerdo y al Director de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de Obras Literarias y Artísticas:

a) Cualesquiera firmas, con las posibles reservas en cuanto a la ratificación, el depósito de cualquier Instrumento de ratificación y la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

b) El depósito de cualquier Instrumento de adhesión, con arreglo al artículo 9.

c) Cualquier declaración y cualquier notificación recibidas de acuerdo con los artículos 12, 13 ó 14.

d) Cualquier decisión de la Comisión de Ministros, tomada de acuerdo con el apartado 2 del artículo 13.

Art. 12. 1. El presente Acuerdo se aplicará a los territorios metropolitanos de las Partes.

2. Cualquier Parte podrá, en el momento de la firma o del depósito de su Instrumento de ratificación o adhesión o en cualquier otra fecha posterior, declarar, mediante notificación dirigida al Secretario general del Consejo de Europa, que el Acuerdo se aplicará al conjunto o a uno de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable.

3. Cualquier Gobierno que haya hecho una declaración, según el apartado 2 del presente artículo, ampliando la aplicación del Acuerdo a cualquier territorio de cuyas relaciones internacionales sea responsable, podrá denunciar el Acuerdo por separado con respecto a ese territorio, con arreglo al artículo 14 del mismo.

Art. 13. 1. Cesará de surtir efectos el presente Acuerdo, salvo en lo que respecta a las fijaciones ya realizadas, cuando entre en vigor un Convenio sobre los derechos llamados «vecinos», incluida la protección de emisiones de televisión, y abierto, entre otros, a los países europeos para la mayoría, por lo menos, de los miembros del Consejo de Europa que sean también partes del Acuerdo.

2. La Comisión de Ministros del Consejo de Europa hará constar oportunamente que se han cumplido las condiciones previstas en el apartado precedente para la terminación del Acuerdo.

Art. 14. Cualquier Parte contratante podrá denunciar el presente Acuerdo, en lo que a la misma se refiere, mediante una notificación cursada al Secretario general del Consejo de Europa.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Acuerdo.

Hecho en Estrasburgo el 22 de junio de 1960, en francés e inglés, ambos textos igualmente fehacientes, en un único ejemplar, que quedará depositado en los archivos del Consejo de Europa y del cual el Secretario general comunicará copias certificadas conforme a cada uno de los Gobiernos signatarios y adherentes y al Director de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de Obras Literarias y Artísticas.

PROTOCOLO RELATIVO AL ACUERDO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS EMISIONES DE TELEVISIÓN

Los Estados miembros del Consejo de Europa signatarios del presente Protocolo,

Considerando la oportunidad de modificar el Acuerdo Europeo para la Protección de las Emisiones de Televisión, firmado en Estrasburgo el 22 de junio de 1960, a continuación denominado «el Acuerdo»;

Considerando que el Convenio internacional para la Protección de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión, firmado en Roma el 26 de octubre de 1961, entró en vigor el 18 de mayo de 1864;

Convienen en lo siguiente:

Artículo 1. 1. El apartado 1 del artículo 2 del Acuerdo queda modificado en la forma siguiente:

«Con la reserva de la aplicación de las disposiciones del apartado 2 del artículo 1 y de los artículos 13 y 14, la duración de la protección prevista en el apartado 1 del artículo 1 no podrá ser inferior a un período de veinte años, a contar desde el final del año en que tuvo lugar la emisión.»

2. Se suprime el apartado 2 del artículo 2 del Acuerdo.

Art. 2. 1. El apartado 1, letra a), del artículo 3 del Acuerdo queda modificado en la forma siguiente:

«a) Retirar la protección prevista en el apartado 1, letra b), del artículo 1 con respecto a los Organismos de radiodifusión constituidos en su territorio o que efectúen emisiones en dicho territorio, y limitar el ejercicio de dicha protección con respecto a las emisiones de Organismos de radiodifusión constituidos en el territorio de otra Parte del Acuerdo, o que efectúen emisiones en dicho territorio, a un tanto por ciento de las emisiones de dichos Organismos, lo cual no podrá ser inferior al 50 por 100 de la duración media semanal de las emisiones de cada uno de dichos Organismos.»

2. El apartado 1, letra e), del artículo 3 del Acuerdo queda modificado como sigue:

«e) Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 1, letra a), del presente artículo, retirar cualquier protección prevista por el Acuerdo a las emisiones de televisión de los Organismos de radiodifusión constituidos en su territorio, con arreglo a las Leyes, o que se efectúen emisiones en dicho territorio, cuando dichas emisiones disfruten de una protección con arreglo a sus Leyes nacionales.»

3. El apartado 3 del artículo 3 del Acuerdo queda modificado como sigue:

«3. Dichas Partes tendrán la facultad, con respecto a su territorio, de designar un órgano de jurisdicción sobre aquellos en que el derecho de distribución mencionado en el apartado 1, letra b), del artículo 1, o el derecho de comunicación al público a que se refiere el apartado 1, letra c), del artículo 1, se haya denegado no razonablemente o se haya concedido en condiciones no razonables por el Organismo de radiodifusión titular de dicho derecho.»

4. Cualquier Estado que, con arreglo al artículo 10 del Acuerdo, hiciere uso, antes de la entrada en vigor del presente Protocolo, de la reserva prevista en el apartado 1, letra a), del artículo 3 del Acuerdo podrá, no obstante las disposiciones del apartado 1 del presente artículo, mantener la aplicación de dicha reserva.

Art. 3. Queda suprimido el artículo 13 del Acuerdo y sustituido por el texto siguiente:

«1. El presente Acuerdo continuará en vigor sin limitación de duración.

2. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 1975, ningún Estado podrá continuar siendo o llegar a ser Parte del presente Protocolo si no es, asimismo, Parte del Convenio Internacional para la Protección de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes; Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión, firmado en Roma el 26 de octubre de 1961.»

Art. 4. 1. Los Gobiernos signatarios del Acuerdo y los Gobiernos que se hubieren adherido al mismo podrán llegar a ser Partes del presente Protocolo siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 7 o el artículo 9 del Acuerdo, según se trate de Estados miembros del Consejo de Europa o de otros Estados.

2. El presente Protocolo entrará en vigor un mes después de la fecha en que todas las Partes del acuerdo hayan firmado el presente Protocolo, sin reserva de ratificación o depositado su Instrumento de ratificación, o de adhesión, con arreglo a las disposiciones del apartado anterior.

3. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo, los Estados no podrán llegar a ser Partes del Acuerdo si no es llegando a ser, asimismo, Partes del presente Protocolo.

Art. 5. El Secretario general del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo, a los otros Estados Partes del Acuerdo, así como al Director de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, cualquier firma del presente Protocolo, con posible reserva de ratificación, y el depósito de cualquier Instrumento de ratificación de Protocolo o, si así fuere el caso, de adhesión al mismo, y la fecha prevista en el apartado 2 del artículo 4 del presente Protocolo.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Protocolo.

Hecho en Estrasburgo el 22 de enero de 1965, en francés y en inglés, los dos textos igualmente fehacientes, en un ejemplar único, que quedará depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario general del Consejo de Europa comunicará copia certificada del mismo a cada uno de los Estados signatarios y adheridos.

PROTOCOLO ADICIONAL AL PROTOCOLO DEL ACUERDO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS EMISIONES DE TELEVISIÓN

Los Estados miembros del Consejo de Europa, firmantes del presente Protocolo Adicional.

Considerando la oportunidad de prorrogar el plazo de validez del Acuerdo Europeo para la Protección de las Emisiones de TV y del Protocolo a este Acuerdo en beneficio de los Estados que aún no son parte del Convenio Internacional para la Protección de los Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de los Productores de Fonogramas y de los Organismos de Radiodifusión, firmado en Roma el 26 de octubre de 1961.

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1. El párrafo 2 del artículo 3 del Protocolo del Acuerdo será sustituido por el texto siguiente:

«2. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 1985, ningún Estado podrá seguir siendo ni llegar a ser parte del presente Acuerdo a menos de ser igualmente parte del Convenio Internacional para la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes de los Productores de Fonogramas, ni de los Organismos de Radiodifusión, firmado en Roma el 26 de octubre de 1961.»

Art. 2. Los Estados firmantes del Acuerdo y del Protocolo podrán llegar a ser partes del presente Protocolo Adicional de Acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 7 del Acuerdo.

2. Los Estados que se hayan adherido al Acuerdo y al Protocolo podrán llegar a ser partes del presente Protocolo Adicional depositando un Instrumento de Adhesión cerca del Secretario general del Consejo de Europa.

Art. 3. 1. El presente Protocolo Adicional entrará en vigor un mes después de la fecha en que todas las partes del Acuerdo y del Protocolo hayan firmado el presente Protocolo Adicional, sin reserva de ratificación, o depositado su Instrumento de ratificación o adhesión de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.

2. A partir de la fecha de la entrada en vigor del presente Protocolo Adicional, los Estados no podrán llegar a ser partes del Acuerdo y del Protocolo si no llegan a ser partes, igualmente, del presente Protocolo Adicional.

Art. 4. El Secretario general del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo, a las otras partes contratantes del Acuerdo, así como al Director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, toda firma del presente Protocolo Adicional, con reserva habitual de ratificación, y el depósito de todo Instrumento de ratificación del Protocolo Adicional o, en su caso, de la adhesión a éste en la fecha prevista en el párrafo 1 del artículo 3 del presente Protocolo Adicional.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Protocolo Adicional.

Hecho en Estrasburgo el 14 de enero de 1974, en francés y en inglés, haciendo fe igualmente los dos textos en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario general del Consejo de Europa comunicará copia certificada conforme a cada uno de los Estados firmantes o adherentes.

PROTOCOLO ADICIONAL AL PROTOCOLO DEL ACUERDO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS EMISIONES DE TELEVISIÓN (HECHO EN ESTRASBURGO EL 21 DE MARZO DE 1983)

Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente Protocolo Adicional.

Habida cuenta del Acuerdo Europeo para la Protección de las Emisiones de Televisión de 22 de junio de 1960, denominado en lo sucesivo «el Acuerdo», modificado por el Protocolo de 22 de enero de 1965 y el Protocolo Adicional de 14 de enero de 1974;

Dado que la fecha prevista en el artículo 13, párrafo 2, del Acuerdo fue prorrogada por dicho Protocolo Adicional de 14 de enero de 1974;

Considerando la oportunidad de prorrogar de nuevo dicha fecha en beneficio de los Estados que no son todavía Parte interesada del Convenio Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, firmado en Roma el 26 de octubre de 1961,

Acuerdan lo siguiente:

Artículo 1. El párrafo 2 del artículo 13 del Acuerdo, según quedó modificado últimamente por el artículo 1 del Protocolo Adicional de 14 de enero de 1974, queda sustituido por el texto siguiente:

«2. No obstante, a partir de 1 de enero de 1990, ningún Estado podrá continuar siendo Parte o convertirse en Parte del presente Acuerdo a menos que sea también Parte del Convenio Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, firmado en Roma el 26 de octubre de 1961.»

Art. 2. 1. El presente Protocolo adicional estará abierto para la firma por aquellos Estados miembros del Consejo de Europa que hayan firmado o se hayan adherido al Acuerdo y que podrán constituirse en Partes de este Protocolo adicional por medio de:

a) Firma sin reservas en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación, o

b) Firma bajo reserva de ratificación, aceptación o aprobación, seguida de ratificación, aceptación o aprobación.

2. Cualquier Estado no miembro del Consejo y que se haya adherido al Acuerdo podrá también adherirse a este Protocolo Adicional.

3. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión serán depositados ante el Secretario general del Consejo de Europa.

Art. 3. El presente Protocolo adicional entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha en la que todas las Partes del Acuerdo se hayan constituido en Partes del presente Protocolo Adicional, de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.

Art. 4. A partir de la entrada en vigor del presente Protocolo adicional ningún Estado podrá constituirse en Parte del Acuerdo sin constituirse al mismo tiempo en Parte del presente Protocolo Adicional.

Art. 5. El Secretario general del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo de Europa, a cualquier Estado que se haya adherido al Acuerdo y al Director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual acerca de:

a) Cualquier firma del presente Protocolo Adicional.

b) El depósito de cualquier Instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

c) La fecha de entrada en vigor del presente Protocolo Adicional, de acuerdo con el artículo 3.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman el presente Protocolo Adicional.

Extendido en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente fidedignos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Consejo de Europa.

El Secretario general del Consejo de Europa remitirá una copia certificada conforme a cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa, a cualquier Estado invitado a adherirse al Acuerdo y al Director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Estados Parte

Alemania, República Federal de: 27-12-1984 (R).

Bélgica: 28-12-1984 (R).

Chipre: 6-12-1984 (R).

Dinamarca: 21-3-1983 (FD).

España: 12-11-1984 (FD).

Francia: 23-3-1984 (AP).

Noruega: 11-5-1983 (FD).

Reino Unido: 4-7-1983 (FD).

Suecia: 21-3-1983 (FD).

(R): Ratificación; (FD): Firma definitiva; (AP): Aprobación.

[1] El presente Acuerdo y el Protocolo adicional de 1965 entraron en vigor para España el día 27 de octubre de 1971, el Protocolo adicional de 1974 lo hizo el 31 de diciembre de 1974 y el Protocolo adicional de 1983 el día 1 de enero de 1985.

Véase el artículo 167 de la Ley de Propiedad Intelectual.

§ 27 CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 26 DE OCTUBRE DE 1961 SOBRE PROTECCIÓN DE LOS ARTISTAS INTÉRPRETES O EJECUTANTES, LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN [1]

Instrumento de ratificación de España de 2 de agosto de 1991

(«BOE» núm. 273, de 14 de noviembre de 1991)

Por cuanto el día 26 de octubre de 1961, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Roma la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961;

Vistos y examinados los 34 artículos de dicha Convención;

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución.

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en la misma se dispone, como en virtud del presente la apruebo y ratifico, prometiendo cumplirla, observarla y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, Mando expedir este Instrumento de ratificación, firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores, con las siguientes reservas:

Artículo 5. El Gobierno de España declara, conforme al apartado 3 del artículo 5 de la Convención, relativo a la protección de los fonogramas, que se descarta el criterio de la primera publicación. Por tanto, se aplicará el criterio de la primera fijación.

Artículo 6. El Gobierno de España declara, conforme al apartado 2 del artículo 6 de la Convención, que sólo protegerá las emisiones en el caso de que el domicilio legal del Organismo de Radiodifusión esté situado en el territorio de otro Estado Contratante y de que la emisión haya sido transmitida desde una emisora situada en el territorio del mismo Estado Contratante.

Artículo 16. El Gobierno de España, de conformidad con lo establecido en el párrafo 1 del artículo 16 de la Convención, declara lo siguiente, en relación con el artículo 12 de la misma:

En primer lugar, de conformidad con las disposiciones previstas en el párrafo 1, apartado a), subapartado iii), del artículo 16 de la Convención, declara que no aplicará las disposiciones del artículo 12, con respecto a los fonogramas cuyo productor no sea nacional en un Estado Contratante.

En segundo lugar, el Gobierno español declara que con respecto a los fonogramas cuyo productor sea nacional de otro Estado Contratante, limitará la amplitud y la duración de la protección prevista en dicho artículo 12 en la medida que lo haga este Estado Contratante con respecto a los fonogramas fijados por primera vez por nacionales españoles, de conformidad con las disposiciones previstas en el párrafo 1, apartado a), subapartado iv), del artículo 16 de esta misma Convención.

CONVENCIÓN INTERNACIONAL

Sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión

Los Estados Contratantes, animados del deseo de asegurar la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los Organismos de radiodifusión,

Han convenido:

Artículo 1

La protección prevista en la presente Convención dejará intacta y no afectará en modo alguno a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Por tanto, ninguna de las disposiciones de la presente Convención podrá interpretarse en menoscabo de esa protección.

Artículo 2

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por «mismo trato que a los nacionales» el que conceda el Estado Contratante en que se pida la protección, en virtud de su derecho interno.

a) A los artistas intérpretes o ejecutantes que sean nacionales de dicho Estado, con respecto a las interpretaciones o ejecuciones realizadas, fijadas por primera vez o radiodifundidas en su territorio;

b) A los productores de fonogramas que sean nacionales de dicho Estado, con respecto a los fonogramas publicados o fijados por primera vez en su territorio;

c) A los Organismos de radiodifusión que tengan su domicilio legal en el territorio de dicho Estado, con respecto a las emisiones difundidas desde emisoras situadas en su territorio.

2. El «mismo trato que a los nacionales» estará sujeto a la protección expresamente concedida y a las limitaciones concretamente previstas en la presente Convención.

Artículo 3

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por:

a) «Artista intérprete o ejecutante», todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística.

b) «Fonograma», toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos.

c) «Productor de fonogramas», la persona natural o jurídica que fija por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos.

d) «Publicación», el hecho de poner a disposición del público, en cantidad suficiente, ejemplares de un fonograma.

e) «Reproducción», la realización de uno o más ejemplares de una fijación.

f) «Emisión», la difusión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público.

g) «Retransmisión», la emisión simultánea por un Organismo de radiodifusión de una emisión de otro Organismo de radiodifusión.

Artículo 4

Cada uno de los Estados Contratantes otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes el mismo trato que a sus nacionales, siempre que se produzca una de la siguientes condiciones:

a) Que la ejecución se realice en otro Estado Contratante.

b) Que se haya fijado la ejecución o interpretación sobre un fonograma protegido en virtud del artículo 5.

c) Que la ejecución o interpretación no fijada en un fonograma sea radiodifundida en una emisión protegida en virtud del artículo 6.

Artículo 5

1. Cada uno de los Estados Contratantes concederá el mismo trato que a los nacionales a los productores de fonogramas, siempre que se produzca cualquiera de las siguientes condiciones:

a) Que el productor del fonograma sea nacional de otro Estado Contratante (criterio de la nacionalidad).

b) Que la primera fijación sonora se hubiere efectuado en otro Estado Contratante (criterio de fijación).

c) Que el fonograma se hubiere publicado por primera vez en otro Estado Contratante (criterio de publicación).

2. Cuando un fonograma hubiere sido publicado por primera vez en un Estado no Contratante pero lo hubiere sido también, dentro de los treinta días subsiguientes, en un Estado Contratante (publicación simultánea), se considerará como publicado por primera vez en el Estado Contratante.

3. Cualquier Estado Contratante podrá declarar, mediante notificación depositada en poder del Secretario general de las Naciones Unidas, que no aplicará el criterio de la publicación o el criterio de la fijación. La notificación podrá depositarse en el momento de la ratificación, de la aceptación o de la adhesión, o en cualquier otro momento; en este último caso sólo surtirá efecto a los seis meses de la fecha de depósito.

Artículo 6

1. Cada uno de los Estados Contratantes concederá igual trato que a los nacionales a los Organismos de radiodifusión, siempre que se produzca alguna de la siguientes condiciones:

a) Que el domicilio legal del Organismo de radiodifusión esté situado en otro Estado Contratante.

b) Que la emisión haya sido transmitida desde una emisora situada en el territorio de otro Estado Contratante.

2. Todo Estado Contratante podrá, mediante notificación depositada en poder del Secretario general de las Naciones Unidas, declarar que sólo protegerá las emisiones en el caso de que el domicilio legal del Organismo de radiodifusión esté situado en el territorio de otro Estado Contratante y de que la emisión haya sido transmitida desde una emisora situada en el territorio del mismo Estado Contratante. La notificación podrá hacerse en el momento de la ratificación, de la aceptación o de la adhesión, o en cualquier otro momento; en este último caso sólo surtirá efecto a los seis meses de la fecha de depósito.

Artículo 7

1. La protección prevista por la presente Convención en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes comprenderá la facultad de impedir:

a) La radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones para las que no hubieren dado su consentimiento, excepto cuando la interpretación o ejecución utilizada en la radiodifusión o comunicación al público constituya por sí misma una ejecución radiodifundida o se haga a partir de una fijación.

b) La fijación sobre una base material, sin su consentimiento, de su ejecución no fijada.

c) La reproducción, sin su consentimiento, de la fijación de su ejecución:

i) Si la fijación original se hizo sin su consentimiento.

ii) Si se trata de una reproducción para fines distintos de los que habían autorizado.

iii) Si se trata de una fijación original hecha con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15 que se hubiere reproducido para fines distintos de los previstos en ese artículo.

2. 1) Corresponderá a la legislación nacional del Estado Contratante donde se solicite la protección, regular la protección contra la retransmisión, la fijación para la difusión y la reproducción de esa fijación para la difusión cuando el artista intérprete o ejecutante haya autorizado la difusión.

2) Las modalidades de la utilización por los Organismos radiodifusores de las fijaciones hechas para las emisiones radiodifundidas se determinarán con arreglo a la legislación nacional del Estado Contratante en que se solicite la protección.

3) Sin embargo, las legislaciones nacionales a que se hace referencia en los apartados 1) y 2) de este párrafo no podrán privar a los artistas intérpretes o ejecutantes de su facultad de regular, mediante contrato, sus relaciones con los Organismos de radiodifusión.

Artículo 8

Cada uno de los Estados Contratantes podrá determinar, mediante su legislación, las modalidades según las cuales los artistas intérpretes o ejecutantes estarán representados para el ejercicio de sus derechos, cuando varios de ellos participen en una misma ejecución.

Artículo 9

Cada uno de los Estados Contratantes podrá, mediante su legislación nacional, extender la protección a artistas que no ejecuten obras literarias o artísticas.

Artículo 10

Los productores de fonogramas gozarán del derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.

Artículo 11

Cuando un Estado Contratante exija, con arreglo a su legislación nacional, como condición para proteger los derechos de los productores de fonogramas, de los artistas intérpretes o ejecutantes, o de unos y otros, en relación con los fonogramas, el cumplimiento de formalidades, se considerarán éstas satisfechas si todos los ejemplares del fonograma publicado y distribuido en el comercio, o sus envolturas, llevan una indicación consistente en el símbolo Ⓟ [2] acompañado del año de la primera publicación, colocados de manera y en sitio tales que muestren claramente que existe el derecho de reclamar la protección. Cuando los ejemplares o sus envolturas no permitan identificar al productor del fonograma o a la persona autorizada por éste (es decir, su nombre, marca comercial u otra designación apropiada), deberá mencionarse también el nombre del titular de los derechos del productor del fonograma. Además, cuando los ejemplares o sus envolturas no permitan identificar a los principales intérpretes o ejecutantes, deberá indicarse el nombre del titular de los derechos de dichos artistas en el país en que se haga la fijación.

Artículo 12

Cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se utilicen directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes, o a los productores de fonogramas, o a unos y otros. La legislación nacional podrá, a falta de acuerdo entre ellos, determinar las condiciones en que se efectuará la distribución de esa remuneración.

Artículo 13

Los Organismos de radiodifusión gozarán del derecho de autorizar o prohibir:

a) La retransmisión de sus emisiones.

b) La fijación sobre una base material de sus emisiones.

c) La reproducción:

i) De las fijaciones de sus emisiones hechas sin su consentimiento.

ii) De las fijaciones de sus emisiones, realizadas con arreglo a lo establecido en el artículo 15, si la reproducción se hace con fines distintos a los previstos en dicho artículo.

d) La comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando éstas se efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada. Corresponderá a la legislación nacional del país donde se solicite la protección de este derecho determinar las condiciones del ejercicio del mismo.

Artículo 14

La duración de la protección concedida en virtud de la presente Convención no podrá ser inferior a veinte años, contados a partir:

a) Del final del año de la fijación, en lo que se refiere a los fonogramas y a las interpretaciones o ejecuciones grabadas en ellos.

b) Del final del año en que se haya realizado la actuación, en lo que se refiere a las interpretaciones o ejecuciones que no estén grabadas en un fonograma.

c) Del final del año en que se haya realizado la emisión, en lo que se refiere a las emisiones de radiodifusión.

Artículo 15

1. Cada uno de los Estados Contratantes podrá establecer en su legislación excepciones a la protección concedida por la presente Convención en los casos siguientes:

a) Cuando se trate de una utilización para uso privado.

b) Cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de actualidad.

c) Cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones.

d) Cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación científica.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, todo Estado Contratante podrá establecer en su legislación nacional y respecto a la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los Organismos de radiodifusión, limitaciones de la misma naturaleza que las establecidas en tal legislación nacional con respecto a la protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Sin embargo, no podrán establecerse licencias o autorizaciones obligatorias sino en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de la presente Convención.

Artículo 16

1. Una vez que un Estado llegue a ser Parte en la presente Convención, aceptará toda las obligaciones y disfrutará de todas las ventajas previstas en la misma. Sin embargo, un Estado podrá indicar en cualquier momento, depositando en poder del Secretario general de las Naciones Unidas una notificación a este efecto:

a) En relación con el artículo 12:

i) Que no aplicará ninguna disposición de dicho artículo.

ii) Que no aplicará las disposiciones de dicho artículo con respecto a determinadas utilizaciones.

iii) Que no aplicará las disposiciones de dicho artículo con respecto a los fonogramas cuyo productor no sea nacional de un Estado Contratante.

iv) Que, con respecto a los fonogramas cuyo productor sea nacional de otro Estado Contratante, limitará la amplitud y la duración de la protección prevista en dicho artículo en la medida en que lo haga ese Estado Contratante con respecto a los fonogramas fijados por primera vez por un nacional del Estado que haga la declaración; sin embargo, cuando el Estado Contratante del que sea nacional el productor no conceda la protección al mismo o a los mismos beneficiarios que el Estado Contratante que haga la declaración, no se considerará esta circunstancia como una diferencia en la amplitud con que se concede la protección.

b) En relación con el artículo 13, que no aplicará la disposición del apartado d) de dicho artículo. Si un Estado Contratante hace esa declaración, los demás Estados Contratantes no estarán obligados a conceder el derecho previsto en el ar-tículo 13 a los Organismos de radiodifusión cuya sede se halle en aquel Estado.

2. Si la notificación a que se refiere el párrafo 1 de este artículo se depositare en una fecha posterior a la del depósito del Instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, sólo surtirá efecto a los seis meses de la fecha de depósito.

Artículo 17

Todo Estado cuya legislación nacional en vigor el 26 de octubre de 1961 conceda protección a los productores de fonogramas basándose únicamente en el criterio de la fijación, podrá declarar, depositando una notificación en poder del Secretario general de las Naciones Unidas al mismo tiempo que el Instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, que sólo aplicará, con respecto al artículo 5, el criterio de la fijación, y con respecto al párrafo 1, apartado a), iii) y iv), del artículo 16, ese mismo criterio en lugar del criterio de la nacionalidad del productor.

Artículo 18

Todo Estado que haya hecho una de las declaraciones previstas en los artículos 5, párrafo 3; 6, párrafo 2; 16, párrafo 1, o 17, podrá, mediante una nueva notificación dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas, limitar su alcance o retirarla.

Artículo 19

No obstante cualesquiera otras disposiciones de la presente Convención, una vez que un artista intérprete o ejecutante haya consentido en que se incorpore su actuación en una fijación visual o audiovisual, dejará de ser aplicable el artículo 7.

Artículo 20

1. La presente Convención no entrañará menoscabo de los derechos adquiridos en cualquier Estado Contratante con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Convención en ese Estado.

2. Un Estado Contratante no estará obligado a aplicar las disposiciones de la presente Convención a interpretaciones, ejecuciones o emisiones de radiodifusión realizadas, ni a fonogramas grabados con anterioridad a la entrada en vigor de la Convención en ese Estado.

Artículo 21

La protección otorgada por esta Convención no podrá entrañar menoscabo de cualquier otra forma de protección de que disfruten los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los Organismos de radiodifusión.

Artículo 22

Los Estados Contratantes se reservan el derecho de concertar entre sí acuerdos especiales, siempre que tales acuerdos confieran a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los Organismos de radiodifusión derechos más amplios que los reconocidos por la presente Convención o comprendan otras estipulaciones que no sean contrarias a la misma.

Artículo 23

La presente Convención será depositada en poder del Secretario general de las Naciones Unidas. Estará abierta hasta el 30 de junio de 1962 a la firma de los Estados invitados a la Conferencia diplomática sobre la Protección Internacional de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión que sean Partes en la Convención Universal sobre Derecho de Autor o miembros de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

Artículo 24

1. La presente Convención será sometida a la ratificación o a la aceptación de los Estados firmantes.

2. La presente Convención estará abierta a la adhesión de los Estados invitados a la Conferencia señalada en el artículo 23, así como a la de cualquier otro Estado miembro de las Naciones Unidas, siempre que ese Estado sea Parte en la Convención Universal sobre Derecho de Autor o Miembro de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

3. La ratificación, la aceptación o la adhesión se hará mediante un Instrumento, que será entregado, para su depósito, al Secretario general de las Naciones Unidas.

Artículo 25

1. La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha del depósito del sexto Instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión.

2. Ulteriormente, la Convención entrará en vigor, para cada Estado, tres meses después de la fecha del depósito de su Instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión.

Artículo 26

1. Todo Estado Contratante se compromete a tomar, de conformidad con sus disposiciones constitucionales, las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la presente Convención.

2. En el momento de depositar su Instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, todo Estado debe hallarse en condiciones de aplicar, de conformidad con su legislación nacional, las disposiciones de la presente Convención.

Artículo 27

1. Todo Estado podrá, en el momento de la ratificación, de la aceptación o de la adhesión, o en cualquier momento ulterior, declarar, mediante notificación dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas, que la presente Convención se extenderá al conjunto o a uno cualquiera de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable, a condición de que la Convención Universal sobre Derecho de Autor o la Convención Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas sean aplicables a los territorios de que se trate. Esta notificación surtirá efecto tres meses después de la fecha en que se hubiere recibido.

2. Las declaraciones y notificaciones a que se hace referencia en los artículos 5, párrafo 3; 6, párrafo 2; 16, párrafo 1; 17 ó 18 podrán ser extendidas al conjunto o a uno cualquiera de los territorios a que se alude en el párrafo precedente.

Artículo 28

1. Todo Estado Contratante tendrá la facultad de denunciar la presente Convención, ya sea en su propio nombre, ya sea en nombre de uno cualquiera o del conjunto de los territorios señalados en el artículo 27.

2. La denuncia se efectuará mediante comunicación dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas y surtirá efecto doce meses después de la fecha en que se reciba la notificación.

3. La facultad de denuncia prevista en el presente artículo no podrá ejercerse por un Estado Contratante antes de la expiración de un período de cinco años a partir de la fecha en que la Convención haya entrado en vigor con respecto a dicho Estado.

4. Todo Estado Contratante dejará de ser Parte en la presente Convención desde el momento en que no sea Parte en la Convención Universal sobre Derecho de Autor ni Miembro de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

5. La presente Convención dejará de ser aplicable a los territorios señalados en el artículo 27 desde el momento en que también dejen de ser aplicables a dichos territorios la Convención Universal sobre Derecho de Autor y la Convención Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

Artículo 29

1. Una vez que la presente convención haya estado en vigor durante un período de cinco años, todo Estado Contratante podrá, mediante notificación dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas, pedir la convocatoria de una conferencia con el fin de revisar la Convención. El Secretario general notificará esa petición a todos los Estados Contratantes. Si en el plazo de seis meses después de que el Secretario general de las Naciones Unidas hubiese enviado la notificación, la mitad, por lo menos, de los Estados Contratantes le dan a conocer su asentimiento a dicha petición, el Secretario general informará de ello al Director general de la Oficina Internacional del Trabajo, al Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y al Director de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, quienes convocarán una conferencia de revisión en colaboración con el Comité Intergubernamental previsto en el artículo 32.

2. Para aprobar un texto revisado de la presente Convención será necesaria la mayoría de dos tercios de los Estados que asistan a la conferencia convocada para revisar la Convención; en esa mayoría deberán figurar los dos tercios de los Estados que al celebrarse dicha conferencia sean Partes en la Convención.

3. En el caso de que se apruebe una nueva Convención que implique una revisión total o parcial de la presente, y a menos que la nueva Convención contenga disposiciones en contrario:

a) La presente Convención dejará de estar abierta a la ratificación, a la aceptación o a la adhesión a partir de la fecha en que la Convención revisada hubiere entrado en vigor.

b) La presente Convención continuará en vigor con respecto a los Estados Contratantes que no sean Partes en la Convención revisada.

Artículo 30

Toda controversia entre dos o más Estados Contratantes sobre la interpretación o aplicación de la presente Convención que no fuese resuelta por vía de negociación será sometida, a petición de una de las partes en la controversia, a la Corte Internacional de Justicia con el fin de que ésta resuelva, a menos que los Estados de que se trate convengan otro modo de solución.

Artículo 31

Salvo lo dispuesto en los artículos 5, párrafo 3; 6, párrafo 2; 16, párrafo 1, y 17, no se admitirá ninguna reserva respecto de la presente Convención.

Artículo 32

1. Se establecerá un Comité Intergubernamental encargado de:

a) Examinar las cuestiones relativas a la aplicación y al funcionamiento de la presente Convención, y

b) Reunir las propuestas y preparar la documentación para posibles revisiones de la Convención.

2. El Comité estará compuesto de representantes de los Estados Contratantes, elegidos teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa. Constará de seis miembros, si el número de Estados Contratantes es inferior o igual a 12, de nueve, si ese número es mayor de 12 y menor de 19, y de 12, si hay más de 18 Estados Contratantes.

3. El Comité se constituirá a los doce meses de la entrada en vigor de la Convención, previa elección entre los Estados Contratantes, en la que cada uno de éstos tendrá un voto, y que será organizada por el Director general de la Oficina Internacional del Trabajo, el Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y el Director de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, con arreglo a normas que hayan sido aprobadas previamente por la mayoría absoluta de los Estados Contratantes.

4. El Comité elegirá su Presidente y su Mesa. Establecerá su propio reglamento, que contendrá, en especial, disposiciones respecto a su funcionamiento futuro y a su forma de renovación. Este reglamento deberá asegurar el respeto del principio de la rotación entre los diversos Estados Contratantes.

5. Constituirán la Secretaría del Comité los funcionarios de la Oficina Internacional del Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas designados, respectivamente, por los Directores generales y por el Director de las tres Organizaciones interesadas.

6. Las reuniones del Comité, que se convocarán siempre que lo juzgue necesario la mayoría de sus miembros, se celebrarán sucesivamente en las sedes de la Oficina Internacional del Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

7. Los gastos de los miembros del Comité correrán a cargo de sus respectivos Gobiernos.

Artículo 33

1. Las versiones española, francesa e inglesa del texto de la presente Convención serán igualmente auténticas.

2. Se establecerán además textos oficiales de la presente Convención en alemán, italiano y portugués.

Artículo 34

1. El Secretario general de las Naciones Unidas informará a los Estados invitados a la Conferencia señalada en el artículo 23 y a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, así como al Director general de la Oficina Internacional del Trabajo, al Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y al Director de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas:

a) Del depósito de todo Instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión;

b) De la fecha de entrada en vigor de la presente Convención;

c) De todas las notificaciones, declaraciones o comunicaciones previstas en la presente Convención, y

d) De todos los casos en que se produzca alguna de las situaciones previstas en los párrafos 4 y 5 del artículo 28.

2. El Secretario general de las Naciones Unidas informará, asimismo, al Director general de la Oficina Internacional del Trabajo, al Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y al Director de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de las peticiones que se le notifiquen de conformidad con el artículo 29, así como de toda comunicación que reciba de los Estados Contratantes con respecto a la revisión de la presente Convención.

En fe de lo cual, los que suscriben, debidamente autorizados al efecto, firman la presente Convención.

Hecho en Roma el 26 de octubre de 1961, en un solo ejemplar en español, en francés y en inglés. El Secretario general de las Naciones Unidas remitirá copias certificadas conforme a todos los Estados invitados a la conferencia indicada en el artículo 23 y a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, así como al Director general de la Oficina Internacional del Trabajo, al Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y al Director de la Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

[1] La presente Convención entró en vigor de forma general el 18 de mayo de 1964 y para España el 14 de noviembre de 1991, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la misma. Véase el artículo 164 de la Ley de Propiedad Intelectual.

[2] En algunas aplicaciones no se reproduce correctamente el carácter

§ 28 CONVENIO DE 29 DE OCTUBRE DE 1971 PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS CONTRA LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE SUS FONOGRAMAS [1]

(«BOE» núm. 215, de 7 de septiembre de 1974)

Los Estados contratantes,

Preocupados por la extensión e incremento de la reproducción no autorizada de fonogramas y por el perjuicio resultante para los intereses de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas;

Convencidos de que la protección de los productores de fonogramas contra los actos referidos beneficiará también a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los autores, cuyas interpretaciones y obras están grabadas en dichos fonogramas;

Reconociendo la importancia de los trabajos efectuados en esta materia por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual;

Deseosos de no menoscabar en modo alguno los Convenios internacionales en vigor y, en particular, de no poner trabas a una aceptación más amplia de la Convención de Roma del 26 de octubre de 1961, que otorga una protección a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los organismos de radiodifusión, así como a los productores de fonogramas, han convenido lo siguiente:

Artículo 1. Para los fines del presente Convenio, se entenderá por:

a) «Fonograma», toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos.

b) «Productor de fonogramas», la persona natural o jurídica que fija por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos.

c) «Copia», el soporte que contiene sonidos tomados directa o indirectamente de un fonograma y que incorpora la totalidad o una parte sustancial de los sonidos fijados en dicho fonograma.

d) «Distribución al público», cualquier acto cuyo propósito sea ofrecer directa o indirectamente copias de un fonograma al público en general o a una parte del mismo.

Art. 2. Todo Estado contratante se compromete a proteger a los productores de fonogramas que sean nacionales de los otros Estados contratantes contra la producción de copias sin el consentimiento del productor, así como contra la importación de tales copias, cuando la producción o la importación se hagan con miras a una distribución al público, e igualmente contra la distribución de esas copias al público.

Art. 3. Los medios para la aplicación del presente Convenio serán de la incumbencia de la legislación nacional de cada Estado contratante, debiendo comprender uno o más de los siguientes: protección mediante la concesión de un derecho de autor o de otro derecho específico; protección mediante la legislación relativa a la competencia desleal; protección mediante sanciones penales.

Art. 4. La duración de la protección será determinada por la legislación nacional. No obstante, si la legislación nacional prevé una duración determinada de la protección, dicha duración no deberá ser inferior a veinte años, contados desde el final del año, ya sea en el cual se fijaron por primera vez los sonidos incorporados al fonograma o bien del año en que se publicó el fonograma por primera vez.

Art. 5. Cuando, en virtud de su legislación nacional, un Estado contratante exija el cumplimiento de formalidades como condición para la protección de los productores de fonogramas, se considerarán satisfechas esas exigencias si todas las copias autorizadas del fonograma puesto a disposición del público o los estuches que los contengan llevan una mención constituida por el símbolo Ⓟ [2] acompañada de la indicación del año de la primera publicación, colocada de manera que muestre claramente que se ha reservado la protección; si las copias o sus estuches no permiten identificar al productor, a su derechohabiente o al titular de la licencia exclusiva (mediante el nombre, la marca o cualquier otra designación adecuada), la mención deberá comprender igualmente el nombre del productor, de su derechohabiente o del titular de la licencia exclusiva.

Art. 6. Todo Estado contratante que otorgue la protección mediante el derecho de autor o de otro derecho específico, o en virtud de sanciones penales, podrá prever en su legislación nacional limitaciones con respecto a la protección de productores de fonogramas de la misma naturaleza que aquellas previstas para la protección de los autores de obras literarias y artísticas. Sin embargo, sólo se podrán prever licencias obligatorias si se cumplen todas las condiciones siguientes:

a) Que la reproducción esté destinada al uso exclusivo de la enseñanza o de la investigación científica.

b) Que la licencia tenga validez para la reproducción sólo en el territorio del Estado contratante cuya autoridad competente ha otorgado la licencia y no pueda extenderse a la exportación de los ejemplares copiados.

c) La reproducción efectuada en virtud de la licencia debe dar derecho a una remuneración adecuada, que será fijada por la referida autoridad, que tendrá en cuenta, entre otros elementos, el número de copias realizadas.

Art. 7. 1. No se podrá interpretar, en ningún caso, el presente Convenio de modo que límite o menoscabe la protección concedida a los autores, a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los organismos de radiodifusión en virtud de la Leyes nacionales o de los Convenios internacionales.

2. La legislación nacional de cada Estado contratante determinará, en caso necesario, el alcance de la protección otorgada a los artistas intérpretes o ejecutantes cuya ejecución haya sido fijada en un fonograma, así como las condiciones en las cuales gozarán de tal protección.

3. No se exigirá de ningún Estado contratante que aplique las disposiciones del presente Convenio en lo que respecta a los fonogramas fijados antes de que éste haya entrado en vigor con respecto de ese Estado.

4. Todo Estado cuya legislación vigente el 29 de octubre de 1971 conceda a los productores de fonogramas una protección basada en función del lugar de la primera fijación, podrá declarar, mediante notificación depositada en poder del Director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que sólo aplicará ese criterio en lugar del criterio de la nacionalidad del productor.

Art. 8. 1. La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual reunirá y publicará información sobre la protección de los fonogramas. Cada uno de los Estados contratantes comunicará prontamente a la Oficina Internacional toda nueva legislación y textos oficiales sobre la materia.

2. La Oficina Internacional facilitará la información que le soliciten los Estados contratantes sobre cuestiones relativas al presente Convenio, y realizará estudios y proporcionará servicios destinados a facilitar la protección estipulada en el mismo.

3. La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ejercerá las funciones enumeradas en los párrafos 1 y 2 precedentes, en cooperación, en los asuntos relativos a sus respectivas competencias, con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Organización Internacional del Trabajo.

Art. 9. 1. El presente convenio será depositado en poder del Secretario general de las Naciones Unidas. Quedará abierto hasta el 30 de abril de 1972 a la firma de todo Estado que sea miembro de las Naciones Unidas, de alguno de los organismos especializados vinculados a las Naciones Unidas, del Organismo Internacional de Energía Atómica o parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

2. El presente Convenio estará sujeto a la ratificación o la aceptación de los Estados signatarios. Estará abierto a la adhesión de los Estados a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo.

3. Los Instrumentos de ratificación, de aceptación o de adhesión se depositarán en poder del Secretario general de las Naciones Unidas.

4. Se entiende que, en el momento en que un Estado se obliga por este Convenio, se halla en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del mismo.

Art. 10. No se admitirá reserva alguna al presente Convenio.

Art. 11. 1. El presente convenio entrará en vigor tres meses después del depósito del quinto instrumento de ratificación, aceptación o adhesión.

2. En lo que respecta a cada Estado que ratifique o acepte el presente Convenio o que se adhiera a él después del depósito del quinto Instrumento de ratificación, aceptación o adhesión, el presente Convenio entrará en vigor tres meses después de la fecha en que el Director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual haya informado a los Estados, de acuerdo al artículo 13.4, del depósito de su Instrumento.

3. Todo Estado podrá declarar en el momento de la ratificación, de la aceptación o de la adhesión, o en cualquier otro momento ulterior, mediante notificación dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas, que el presente Convenio se extenderá al conjunto o a algunos de los territorios de cuyas relaciones internacionales se encarga. Esa notificación surtirá efectos tres meses después de la fecha de su recepción.

4. Sin embargo, el párrafo precedente no deberá en modo alguno interpretarse como tácito reconocimiento o aceptación por parte de alguno de los Estados contratantes de la situación de hecho de todo territorio en el que el presente Convenio haya sido hecho aplicable por otro Estado contratante en virtud de dicho párrafo.

Art. 12. 1. Todo Estado contratante tendrá la facultad de denunciar el presente Convenio, sea en su propio nombre, sea en nombre de uno cualquiera o del conjunto de los territorios señalados en el artículo 11, párrafo 3, mediante notificación escrita dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas.

2. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la fecha en que el Secretario general de las Naciones Unidas haya recibido la notificación.

Art. 13. 1. Se firma el presente convenio en un solo ejemplar en español, francés, inglés y ruso, haciendo igualmente fe cada texto.

2. El Director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establecerá textos oficiales, después de consultar a los Gobiernos interesados, en los idiomas alemán, árabe, holandés, italiano y portugués.

3. El Secretario general de las Naciones Unidas notificará al Director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, al Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y al Director general de la Oficina Internacional de Trabajo:

a) Las firmas del presente Convenio.

b) El depósito de los Instrumentos de ratificación, de aceptación o de adhesión.

c) La fecha de entrada en vigor del presente Convenio.

d) Toda declaración notificada en virtud del artículo 11, párrafo 3.

e) La recepción de las notificaciones de denuncia.

4. El Director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual informará a los Estados designados en el artículo 9, párrafo 1, de las notificaciones que haya recibido en conformidad al párrafo anterior, como, asimismo, de cualquier declaración hecha en virtud del artículo 7, párrafo 4, de este Convenio. Informará igualmente al Director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y al Director general de la Oficina Internacional de Trabajo de dichas declaraciones.

5. El Secretario general de las Naciones Unidas transmitirá dos ejemplares certificados del presente Convenio a todos los Estados a que se refiere el artículo 9, párrafo 1.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Convenio.

Hecho en Ginebra el día 29 de octubre de 1971.

El presente Convenio ha entrado en vigor con fecha 24 de agosto de 1974.

[1] Véanse los artículos 115 a 117, y 165 de la Ley de Propiedad Intelectual. Los países signatarios del presente Convenio son:

Albania desde el 26 de marzo de 2001.

Alemania desde el 18 de mayo de 1974.

Argentina desde el 30 de junio de 1973.

Armenia desde el 31 de enero de 2003.

Australia desde el 22 de junio de 1974.

Austria desde el 21 de agosto de 1982.

Azerbaiyán desde el 1 de septiembre de 2001.

Barbados desde el 29 de julio de 1983.

Belarús desde el 17 de abril de 2003.

Brasil desde el 28 de noviembre de 1975.

Bulgaria desde el 6 de septiembre de 1995.

Burkina Faso desde el 30 de enero de 1988.

Chile desde el 24 de marzo de 1977.

China desde el 30 de abril de 1993.

Chipre desde el 30 de septiembre de 1993.

Colombia desde el 16 de mayo de 1994.

Costa Rica desde el 17 de junio de 1982.

Croacia desde el 20 de abril de 2000.

Dinamarca desde el 24 de marzo de 1977.

Ecuador desde el 14 de septiembre de 1974.

Egipto desde el 23 de abril de 1978.

El Salvador desde el 9 de febrero de 1979.

Eslovaquia desde el 1 de enero de 1993.

Eslovenia desde el 15 de octubre de 1996.

España desde el 24 de agosto de 1974.

Estados Unidos de América desde el 10 de marzo de 1974.

Estonia desde el 28 de mayo de 2000.

Federación de Rusia desde el 13 de marzo de 1995.

Fiji desde el 18 de abril de 1973.

Finlandia desde el 18 de abril de 1973.

Francia desde el 18 de abril de 1973.

Grecia desde el desde el 9 de febrero de 1994.

Guatemala desde el 1 de febrero de 1977.

Honduras desde el 6 de marzo de 1990.

Hungría desde el 28 de mayo de 1975.

India desde el 12 de febrero de 1975.

Israel desde el 1 de mayo de 1978.

Italia desde el 24 de marzo de 1977.

Jamaica desde el 11 de enero de 1994.

Japón desde el 14 de octubre de 1978.

Kazajstán desde el 3 de agosto de 2001.

Kenya desde el 21 de abril de 1976.

Kirguiztan desde el 12 de octubre de 2002.

La ex República Yugoslava de Macedonia desde el 2 de marzo de 1998.

Letonia desde el 23 de agosto de 1997.

Liberia desde el 16 de diciembre de 2005.

Liechtenstein desde el 12 de octubre de 1999.

Lituania desde el 27 de enero de 2000.

Luxemburgo desde el 8 de marzo de 1976.

México desde el 21 de diciembre de 1973.

Moldova desde el 17 de julio de 2000.

Mónaco desde el 2 de diciembre de 1974.

Montenegro desde el 3 de junio de 2006.

Nicaragua desde el 10 de agosto de 2000.

Noruega desde el 1 de agosto de 1978.

Nueva Zelanda desde el 13 de agosto de 1976.

Países Bajos desde el 12 de octubre de 1993.

Panamá desde el 29 de junio de 1974.

Paraguay desde el 13 de febrero de 1979.

Perú desde el 24 de agosto de 1985.

Reino Unido desde el 18 de abril de 1973.

República Checa desde el 1 de enero de 1993.

República de Corea desde el 10 de octubre de 1987.

República Democrática del Congo desde el 29 de noviembre de 1977.

Rumania desde el 1 de octubre de 1998.

Santa Lucía desde el 2 de abril de 2001.

Santa Sede desde el 18 de julio de 1977.

Serbia desde el 10 de junio de 2003.

Suecia desde el 18 de abril de 1973.

Suiza desde el 30 de septiembre de 1993.

Togo desde el 10 de junio de 2003.

Trinidad y Tobago desde el 1 de octubre de 1988.

Ucrania desde el 18 de febrero de 2000.

Uruguay desde el 18 de enero de 1983.

Venezuela desde el 18 de noviembre de 1982.

Viet Nam desde el 6 de julio de 2005.

[2] En algunas aplicaciones no se reproduce correctamente el carácter

§ 29 ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, HECHO EN MARRAKECH EL 15 DE ABRIL DE 1994, ANEXO 1C [1]

Instrumento de ratificación de España de 30 de diciembre de 1994

(«BOE» núm. 20, de 24 de enero de 1995, y Suplemento al mismo)

[.......]

ANEXO 1C

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO

Los Miembros,

Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo;

Reconociendo, para este fin, la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a:

a) la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994 y de los acuerdos o convenios internacionales pertinentes en materia de propiedad intelectual;

b) la provisión de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio;

c) la provisión de medios eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, tomando en consideración las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales;

d) la provisión de procedimientos eficaces y ágiles para la prevención y solución multilaterales de las diferencias entre los gobiernos; y

e) disposiciones transitorias encaminadas a conseguir la más plena participación en los resultados de las negociaciones;

Reconociendo la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionados con el comercio internacional de mercancías falsificadas;

Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados;

Reconociendo los objetivos fundamentales de política general pública de los sistemas nacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología;

Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los países menos adelantados Miembros por lo que se refiere a la aplicación, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida y viable;

Insistiendo en la importancia de reducir las tensiones mediante el logro de compromisos más firmes de resolver por medio de procedimientos multilaterales las diferencias sobre cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con el comercio;

Deseosos de establecer unas relaciones de mutuo apoyo entre la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominada en el presente Acuerdo «OMPI») y otras organizaciones internacionales competentes;

Convienen en lo siguiente:

PARTE I

DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BÁSICOS

Artículo 1

Naturaleza y alcance de las obligaciones

1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

2. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión «propiedad intelectual» abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.

3. Los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros [2] el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entenderá por nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, si todos los Miembros de la OMC fueran miembros de esos convenios[3]. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el párrafo 3 del artículo 5 o en el párrafo 2 del artículo 6 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el «Consejo de los ADPIC»).

Artículo 2

Convenios sobre propiedad intelectual

1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).

2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

Artículo 3

Trato nacional

1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección [4] de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. En lo que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1.b) del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los ADPIC.

2. Los Miembros podrán recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 en relación con los procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de la jurisdicción de un Miembro, solamente cuando tales excepciones sean necesarias para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción encubierta del comercio.

Artículo 4

Trato de la nación más favorecida

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un Miembro que:

a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o sobre observancia de la ley de carácter general y no limitados específicamente a la protección de la propiedad intelectual;

b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en otro país;

c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, que no estén previstos en el presente Acuerdo;

d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria o injustificable contra los nacionales de otros Miembros.

Artículo 5

Acuerdos multilaterales sobre adquisición y mantenimiento de la protección

Las obligaciones derivadas de los artículos 3 y 4 no se aplican a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual, estipulados en acuerdos multilaterales concertados bajo los auspicios de la OMPI.

Artículo 6

Agotamiento de los derechos

Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

Artículo 7

Objetivos

La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Artículo 8

Principios

1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

PARTE II

NORMAS RELATIVAS A LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN 1: DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Artículo 9

Relación con el Convenio de Berna

1. Los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. No obstante, en virtud del presente Acuerdo ningún Miembro tendrá derechos ni obligaciones respecto de los derechos conferidos por el artículo 6 bis de dicho Convenio ni respecto de los derechos que se derivan del mismo.

2. La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

Artículo 10

Programas de ordenador y compilaciones de datos

1. Los programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).

2. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales. Esa protección, que no abarcará los datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos.

Artículo 11

Derechos de arrendamiento

Al menos respecto de los programas de ordenador y de las obras cinematográficas, los Miembros conferirán a los autores y a sus derechohabientes el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras amparadas por el derecho de autor. Se exceptuará a un Miembro de esa obligación con respecto a las obras cinematográficas a menos que el arrendamiento haya dado lugar a una realización muy extendida de copias de esas obras que menoscabe en medida importante el derecho exclusivo de reproducción conferido en dicho Miembro a los autores y sus derechohabientes. En lo referente a los programas de ordenador, esa obligación no se aplica a los arrendamientos cuyo objeto esencial no sea el programa en sí.

Artículo 12

Duración de la protección

Cuando la duración de la protección de una obra que no sea fotográfica o de arte aplicado se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esa duración será de no menos de 50 años contados desde el final del año civil de la publicación autorizada o, a falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la realización de la obra, de 50 años contados a partir del final del año civil de su realización.

Artículo 13

Limitaciones y excepciones

Los Miembros circunscribirán las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos exclusivos a determinados casos especiales que no atenten contra la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los derechos.

Artículo 14

Protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de radiodifusión

1. En lo que respecta a la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones en un fonograma, los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de tal fijación. Los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán asimismo la facultad de impedir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la difusión por medios inalámbricos y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo.

2. Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas.

3. Los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de prohibir los actos siguientes cuando se emprendan sin su autorización: la fijación, la reproducción de las fijaciones y la retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, así como la comunicación al público de sus emisiones de televisión. Cuando los Miembros no concedan tales derechos a los organismos de radiodifusión, darán a los titulares de los derechos de autor sobre la materia objeto de las emisiones la posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a reserva de lo dispuesto en el Convenio de Berna (1971).

4. Las disposiciones del artículo 11 relativas a los programas de ordenador se aplicarán mutatis mutandis a los productores de fonogramas y a todos los demás titulares de los derechos sobre los fonogramas según los determine la legislación de cada Miembro. Si, en la fecha de 15 de abril de 1994, un Miembro aplica un sistema de remuneración equitativa de los titulares de derechos en lo que se refiere al arrendamiento de fonogramas, podrá mantener ese sistema siempre que el arrendamiento comercial de los fonogramas no esté produciendo menoscabo importante de los derechos exclusivos de reproducción de los titulares de los derechos.

5. La duración de la protección concedida en virtud del presente Acuerdo a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la fijación o haya tenido lugar la interpretación o ejecución. La duración de la protección concedida con arreglo al párrafo 3 no podrá ser inferior a 20 años contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la emisión.

6. En relación con los derechos conferidos por los párrafos 1, 2 y 3, todo Miembro podrá establecer condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida permitida por la Convención de Roma. No obstante, las disposiciones del artículo 18 del Convenio de Berna (1971) también se aplicarán mutatis mutandis a los derechos que sobre los fonogramas corresponden a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.

[.......]

PARTE III

OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECCIÓN 1: OBLIGACIONES GENERALES

Artículo 41

1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se
pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general.

SECCIÓN 2: PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS CIVILES Y ADMINISTRATIVOS

Artículo 42

Procedimientos justos y equitativos

Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos [5] procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.

Artículo 43

Pruebas

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que, cuando una parte haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus alegaciones, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones que se encuentre bajo el control de la parte contraria, ésta aporte dicha prueba, con sujeción, en los casos procedentes, a condiciones que garanticen la protección de la información confidencial.

2. En caso de que una de las partes en el procedimiento deniegue voluntariamente y sin motivos sólidos el acceso a información necesaria o de otro modo no facilite tal información en un plazo razonable u obstaculice de manera sustancial un procedimiento relativo a una medida adoptada para asegurar la observancia de un derecho, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para formular determinaciones preliminares y definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base de la información que les haya sido presentada, con inclusión de la reclamación o de la alegación presentada por la parte afectada desfavorablemente por la denegación del acceso a la información, a condición de que se dé a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de las alegaciones o las pruebas.

Artículo 44

Mandamientos judiciales

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción, entre otras cosas para impedir que los productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Los Miembros no tienen la obligación de conceder esa facultad en relación con una materia protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener motivos razonables para saber que operar con esa materia comportaría infracción de un derecho de propiedad intelectual.

2. A pesar de las demás disposiciones de esta Parte, y siempre que se respeten las disposiciones de la Parte II específicamente referidas a la utilización por el gobierno, o por terceros autorizados por el gobierno, sin el consentimiento del titular de los derechos, los Miembros podrán limitar los recursos disponibles contra tal utilización al pago de una compensación de conformidad con lo dispuesto en el apartado h) del artículo 31. En los demás casos se aplicarán los recursos previstos en la presente Parte o, cuando éstos sean incompatibles con la legislación de un Miembro, podrán obtenerse sentencias declarativas y una compensación adecuada.

Artículo 45

Perjuicios

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

2. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes. Cuando así proceda, los Miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para que concedan reparación por concepto de beneficios y/o resarcimiento por perjuicios reconocidos previamente, aun cuando el infractor, no sabiéndolo o no teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora.

Artículo 46

Otros recursos

Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes. Las autoridades judiciales estarán además facultadas para ordenar que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente para la producción de los bienes infractores, sean, sin indemnización alguna, apartados de los circuitos comerciales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de nuevas infracciones. Se tendrán en cuenta, al dar curso a las correspondientes solicitudes, tanto la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas como los intereses de terceros. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales.

Artículo 47

Derecho de información

Los Miembros podrán disponer que, salvo que resulte desproporcionado con la gravedad de la infracción, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución.

Artículo 48

Indemnización al demandado

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte a cuya instancia se hayan adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia que indemnice adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o una restricción, por el daño sufrido a causa de tal abuso. Las autoridades judiciales estarán asimismo facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes.

2. En relación con la administración de cualquier legislación relativa a la protección o a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe para la administración de dicha legislación.

Artículo 49

Procedimientos administrativos

En la medida en que puedan ordenarse remedios civiles a resultas de procedimientos administrativos referentes al fondo de un caso, esos procedimientos se atendrán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

SECCIÓN 3: MEDIDAS PROVISIONALES

Artículo 50

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:

a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;

b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.

3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas.

5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al demandante que presente cualquiera otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor.

7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas.

8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultas de procedimientos administrativos, esos procedimientos se atendrán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.

SECCIÓN 4: PRESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA [6]

Artículo 51

Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras

Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos [7] para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor[8], pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. Los Miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio.

Artículo 52

Demanda

Se exigirá a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de conformidad con el artículo 51 que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes comunicarán al demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades de aduanas.

Artículo 53

Fianza o garantía equivalente

1. Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos.

2. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la presente sección, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria provisional, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular del derecho, y se entenderá asimismo que la fianza se devolverá si éste no ejerce el derecho de acción en un plazo razonable.

Artículo 54

Notificación de la suspensión

Se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho de aduana de las mercancías de conformidad con el artículo 51.

Artículo 55

Duración de la suspensión

En caso de que en un plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido informadas de que una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o de que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, se procederá al despacho de las mismas si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación; en los casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se procederá en un plazo razonable a una revisión, que incluirá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. No obstante, cuando la suspensión del despacho de aduana se efectúe o se continúe en virtud de una medida judicial provisional, se aplicarán las disposiciones del párrafo 6 del artículo 50.

Artículo 56

Indemnización al importador y al propietario
de las mercancías

Las autoridades pertinentes estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización adecuada por todo daño a ellos causado por la retención infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.

Artículo 57

Derecho de inspección e información

Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, los Miembros facultarán a las autoridades competentes para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancías retenidas por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes estarán asimismo facultadas para dar al importador oportunidades equivalentes para que haga inspeccionar esas mercancías. Los Miembros podrán facultar a las autoridades competentes para que, cuando se haya adoptado una decisión positiva sobre el fondo del asunto, comuniquen al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate.

Artículo 58

Actuación de oficio

Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa y suspendan el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción de que infringen un derecho de propiedad intelectual:

a) las autoridades competentes podrán pedir en cualquier momento al titular del derecho toda información que pueda serles útil para ejercer esa potestad;

b) la suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho. Si el importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensión quedará sujeta, mutatis mutandis, a las condiciones estipuladas en el artículo 55;

c) los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe.

Artículo 59

Recursos

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto.

Artículo 60

Importaciones insignificantes

Los Miembros podrán excluir de la aplicación de las disposiciones precedentes las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas.

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 61

Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

PARTE IV

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS

Artículo 62

1. Como condición para la adquisición y mantenimiento de derechos de propiedad intelectual previstos en las secciones 2 a 6 de la Parte II, los Miembros podrán exigir que se respeten procedimientos y trámites razonables. Tales procedimientos y trámites serán compatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.

2. Cuando la adquisición de un derecho de propiedad intelectual esté condicionada al otorgamiento o registro de tal derecho, los Miembros se asegurarán de que los procedimientos correspondientes, siempre que se cumplan las condiciones sustantivas para la adquisición del derecho, permitan su otorgamiento o registro dentro de un período razonable, a fin de evitar que el período de protección se acorte injustificadamente.

3. A las marcas de servicio se aplicará mutatis mutandis el artículo 4 del Convenio de París (1967).

4. Los procedimientos relativos a la adquisición o mantenimiento de derechos de propiedad intelectual y los de revocación administrativa y procedimientos contradictorios como los de oposición, revocación y cancelación, cuando la legislación de un Miembro establezca tales procedimientos, se regirán por los principios generales enunciados en los párrafos 2 y 3 del artículo 41.

5. Las decisiones administrativas definitivas en cualquiera de los procedimientos mencionados en el párrafo 4 estarán sujetas a revisión por una autoridad judicial o cuasijudicial. Sin embargo, no habrá obligación de establecer la posibilidad de que se revisen dichas decisiones en caso de que no haya prosperado la oposición o en caso de revocación administrativa, siempre que los fundamentos de esos procedimientos puedan ser objeto de un procedimiento de invalidación.

PARTE V

PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

Artículo 63

Transparencia

1. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales definitivas y resoluciones administrativas de aplicación general hechos efectivos por un Miembro y referentes a la materia del presente Acuerdo (existencia, alcance, adquisición, observancia y prevención del abuso de los derechos de propiedad intelectual) serán publicados o, cuando tal publicación no sea factible, puestos a disposición del público, en un idioma del país, de forma que permita a los gobiernos y a los titulares de los derechos tomar conocimiento de ellos. También se publicarán los acuerdos referentes a la materia del presente Acuerdo que estén en vigor entre el gobierno o una entidad oficial de un Miembro y el gobierno o una entidad oficial de otro Miembro.

2. Los Miembros notificarán las leyes y reglamentos a que se hace referencia en el párrafo 1 al Consejo de los ADPIC, para ayudar a éste en su examen de la aplicación del presente Acuerdo. El Consejo intentará reducir al mínimo la carga que supone para los Miembros el cumplimiento de esta obligación, y podrá decidir que exime a éstos de la obligación de comunicarle directamente las leyes y reglamentos, si las consultas con la OMPI sobre el establecimiento de un registro común de las citadas leyes y reglamentos tuvieran éxito. A este respecto, el Consejo examinará también cualquier medida que se precise en relación con las notificaciones con arreglo a las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo que se derivan de las disposiciones del artículo 6 ter del Convenio de París (1967).

3. Cada Miembro estará dispuesto a facilitar, en respuesta a una petición por escrito recibida de otro Miembro, información del tipo de la mencionada en el párrafo 1. Cuando un Miembro tenga razones para creer que una decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral concretos en la esfera de los derechos de propiedad intelectual afecta a los derechos que le corresponden a tenor del presente Acuerdo, podrá solicitar por escrito que se le dé acceso a la decisión judicial, resolución administrativa o acuerdo bilateral en cuestión o que se le informe con suficiente detalle acerca de ellos.

4. Ninguna de las disposiciones de los párrafos 1 a 3 obligará a los Miembros a divulgar información confidencial que impida la aplicación de la ley o sea de otro modo contraria al interés público o perjudique los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas públicas o privadas.

Artículo 64

Solución de diferencias

1. Salvo disposición expresa en contrario en el presente Acuerdo, para las consultas y la solución de las diferencias en el ámbito del mismo serán de aplicación las disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre Solución de Diferencias.

2. Durante un período de cinco años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, para la solución de las diferencias en el ámbito del presente Acuerdo no serán de aplicación los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994.

3. Durante el período a que se hace referencia en el párrafo 2, el Consejo de los ADPIC examinará el alcance y las modalidades de las reclamaciones del tipo previsto en los párrafos 1 b) y 1 c) del artículo XXIII del GATT de 1994 que se planteen de conformidad con el presente Acuerdo y presentará recomendaciones a la Conferencia Ministerial para su aprobación. Las decisiones de la Conferencia Ministerial de aprobar esas recomendaciones o ampliar el período previsto en el párrafo 2 sólo podrán ser adoptadas por consenso, y las recomendaciones aprobadas surtirán efecto para todos los Miembros sin otro proceso de aceptación formal.

PARTE VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 65

Disposiciones transitorias

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, ningún Miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

2. Todo país en desarrollo Miembro tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo 1, de las disposiciones del presente Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5.

3. Cualquier otro Miembro que se halle en proceso de transformación de una economía de planificación central en una economía de mercado y libre empresa y que realice una reforma estructural de su sistema de propiedad intelectual y se enfrente a problemas especiales en la preparación o aplicación de sus leyes y reglamentos de propiedad intelectual podrá también beneficiarse del período de aplazamiento previsto en el párrafo 2.

4. En la medida en que un país en desarrollo Miembro esté obligado por el presente Acuerdo a ampliar la protección mediante patentes de productos a sectores de tecnología que no gozaban de tal protección en su territorio en la fecha general de aplicación del presente Acuerdo para ese Miembro, según se establece en el párrafo 2, podrá aplazar la aplicación a esos sectores de tecnología de las disposiciones en materia de patentes de productos de la sección 5 de la Parte II por un período adicional de cinco años.

5. Todo Miembro que se valga de un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 ó 4 se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo.

Artículo 66

Países menos adelantados Miembros

1. Habida cuenta de las necesidades y requisitos especiales de los países menos adelantados Miembros, de sus limitaciones económicas, financieras y administrativas y de la flexibilidad que necesitan para establecer una base tecnológica viable, ninguno de estos Miembros estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo, a excepción de los artículos 3, 4 y 5, durante un período de 10 años contado desde la fecha de aplicación que se establece en el párrafo 1 del artículo 65. El Consejo de los ADPIC, cuando reciba de un país menos adelantado Miembro una petición debidamente motivada, concederá prórrogas de ese período.

2. Los países desarrollados Miembros ofrecerán a las empresas e instituciones de su territorio incentivos destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a los países menos adelantados Miembros, con el fin de que éstos puedan establecer una base tecnológica sólida y viable.

Artículo 67

Cooperación técnica

Con el fin de facilitar la aplicación del presente Acuerdo, los países desarrollados Miembros prestarán, previa petición, y en términos y condiciones mutuamente acordados, cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo o países menos adelantados Miembros. Esa cooperación comprenderá la asistencia en la preparación de leyes y reglamentos sobre protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual y sobre la prevención del abuso de los mismos, e incluirá apoyo para el establecimiento o ampliación de las oficinas y entidades nacionales competentes en estas materias, incluida la formación de personal.

PARTE VII

DISPOSICIONES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES FINALES

Artículo 68

Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio

El Consejo de los ADPIC supervisará la aplicación de este Acuerdo y, en particular, el cumplimiento por los Miembros de las obligaciones que les incumben en virtud del mismo, y ofrecerá a los Miembros la oportunidad de celebrar consultas sobre cuestiones referentes a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Asumirá las demás funciones que le sean asignadas por los Miembros y, en particular, les prestará la asistencia que le soliciten en el marco de los procedimientos de solución de diferencias. En el desempeño de sus funciones, el Consejo de los ADPIC podrá consultar a las fuentes que considere adecuadas y recabar información de ellas. En consulta con la OMPI, el Consejo tratará de establecer, en el plazo de un año después de su primera reunión, las disposiciones adecuadas para la cooperación con los órganos de esa Organización.

Artículo 69

Cooperación internacional

Los Miembros convienen en cooperar entre sí con objeto de eliminar el comercio internacional de mercancías que infrinjan los derechos de propiedad intelectual. A este fin, establecerán servicios de información en su administración, darán notificación de esos servicios y estarán dispuestos a intercambiar información sobre el comercio de las mercancías infractoras. En particular, promoverán el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades de aduanas en lo que respecta al comercio de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas y mercancías pirata que lesionan el derecho de autor.

Artículo 70

Protección de la materia existente

1. El presente Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate.

2. Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo. En lo concerniente al presente párrafo y a los párrafos 3 y 4, las obligaciones de protección mediante el derecho de autor relacionadas con las obras existentes se determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna (1971), y las obligaciones relacionadas con los derechos de los productores de fonogramas y artistas intérpretes o ejecutantes de los fonogramas existentes se determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna (1971) aplicable conforme a lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 14 del presente Acuerdo.

3. No habrá obligación de restablecer la protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público.

4. En cuanto a cualesquiera actos relativos a objetos concretos que incorporen materia protegida y que resulten infractores con arreglo a lo estipulado en la legislación conforme al presente Acuerdo, y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo sobre la OMC por ese Miembro, cualquier Miembro podrá establecer una limitación de los recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación de tales actos después de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para este Miembro. Sin embargo, en tales casos, el Miembro establecerá como mínimo el pago de una remuneración equitativa.

5. Ningún Miembro está obligado a aplicar las disposiciones del artículo 11 ni del párrafo 4 del artículo 14 respecto de originales o copias comprados antes de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para ese Miembro.

6. No se exigirá a los Miembros que apliquen el artículo 31 –ni el requisito establecido en el párrafo 1 del artículo 27 de que los derechos de patente deberán poder ejercerse sin discriminación por el campo de la tecnología– al uso sin la autorización del titular del derecho, cuando la autorización de tal uso haya sido concedida por los poderes públicos antes de la fecha en que se conociera el presente Acuerdo.

7. En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva.

8. Cuando en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC un Miembro no conceda protección mediante patente a los productos farmacéuticos ni a los productos químicos para la agricultura de conformidad con las obligaciones que le impone el artículo 27, ese Miembro:

a) no obstante las disposiciones de la Parte VI, establecerá desde la fecha en vigor del Acuerdo sobre la OMC un medio por el cual puedan presentarse solicitudes de patentes para esas invenciones;

b) aplicará a esas solicitudes, desde la fecha de aplicación del presente Acuerdo, los criterios de patentabilidad establecidos en este Acuerdo como si tales criterios estuviesen aplicándose en la fecha de presentación de las solicitudes en ese Miembro, o si puede obtenerse la prioridad y ésta se reivindica, en la fecha de prioridad de la solicitud; y

c) establecerá la protección mediante patente de conformidad con el presente Acuerdo desde la concesión de la patente y durante el resto de la duración de la misma, a contar de la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 33 del presente Acuerdo, para las solicitudes que cumplan los criterios de protección a que se hace referencia en el apartado b).

9. Cuando un producto sea objeto de una solicitud de patente en un Miembro de conformidad con el párrafo 8 a), se concederán derechos exclusivos de comercialización, no obstante las disposiciones de la Parte VI, durante un período de cinco años contados a partir de la obtención de la aprobación de comercialización en ese Miembro o hasta que se conceda o rechace una patente de producto en ese Miembro si este período fuera más breve, siempre que, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, se haya presentado una solicitud de patente, se haya concedido una patente para ese producto y se haya obtenido la aprobación de comercialización en otro Miembro.

Artículo 71

Examen y modificación

1. El Consejo de los ADPIC examinará la aplicación de este Acuerdo una vez transcurrido el período de transición mencionado en el párrafo 2 del artículo 65. A la vista de la experiencia adquirida en esa aplicación, lo examinará dos años después de la fecha mencionada, y en adelante a intervalos idénticos. El Consejo podrá realizar también exámenes en función de cualesquiera nuevos acontecimientos que puedan justificar la introducción de una modificación o enmienda del presente Acuerdo.

2. Las modificaciones que sirvan meramente para ajustarse a niveles más elevados de protección de los derechos de propiedad intelectual alcanzados y vigentes en otros acuerdos multilaterales, y que hayan sido aceptadas en el marco de esos acuerdos por todos los Miembros de la OMC podrán remitirse a la Conferencia Ministerial para que adopte las medidas que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo X del Acuerdo sobre la OMC sobre la base de una propuesta consensuada del Consejo de los ADPIC.

Artículo 72

Reservas

No se podrán hacer reservas relativas a ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo sin el consentimiento de los demás Miembros.

[1] Los países miembros de la Organización Mundial del Comercio son:

Albania, desde el 8 de septiembre de 2000.

Alemania, desde el 1 de enero de 1995.

Angola, desde el 23 de noviembre de 1996.

Antigua y Barbuda, desde el 1 de enero de 1995.

Arabia Saudita, desde el 11 de diciembre de 2005.

Argentina, desde el 1 de enero de 1995.

Armenia, desde el 5 de febrero de 2003.

Australia, desde el 1 de enero de 1995.

Austria, desde el 1 de enero de 1995.

Bahrein, Reino, desde el 1 de enero de 1995.

Bangladesh, desde el 1 de enero de 1995.

Barbados, desde el 1 de enero de 1995.

Bélgica, desde el 1 de enero de 1995.

Belice, desde el 1 de enero de 1995.

Benin, desde el 22 de febrero de 1996.

Bolivia, desde el 12 de septiembre de 1995.

Botswana, desde el 31 de mayo de 1995.

Brasil, desde el 1 de enero de 1995.

Brunei Darussalam, desde el 1 de enero de 1995.

Bulgaria, desde el 1 de diciembre de 1996.

Burkina Faso, desde el 3 de junio de 1995.

Burundi, desde el 23 de julio de 1995.

Cabo Verde desde el 23 de julio de 2008.

Camboya, desde el 13 de octubre de 2004.

Camerún, desde el 13 de diciembre de 1995.

Canadá, desde el 1 de enero de 1995.

Chad, desde el 19 de octubre de 1996.

Chile, desde el 1 de enero de 1995.

China, desde el 11 de diciembre de 2001.

Chipre, desde el 30 de julio de 1995.

Colombia, desde el 30 de abril de 1995.

Comunidades Europeas, desde el 1 de enero de 1995.

Congo, desde el 27 de marzo de 1997.

Corea, República, desde el 1 de enero de 1995.

Costa Rica, desde el 1 de enero de 1995.

Costa de Marfil, desde el 1 de enero de 1995.

Croacia, desde el 30 de noviembre de 2000.

Cuba, desde el 20 de abril de 1995.

Dinamarca, desde el 1 de enero de 1995.

Djibouti, desde el 31 de mayo de 1995.

Dominica, desde el 1 de enero de 1995.

Ecuador, desde el 21 de enero de 1996.

Egipto, desde el 30 de junio de 1995.

El Salvador, desde el 7 de mayo de 1995.

Emiratos Árabes Unidos, desde el 10 de abril de 1996.

Eslovenia, desde el 30 de julio de 1995.

España, desde el 1 de enero de 1995.

Estados Unidos de América, desde el 1 de enero de 1995.

Estonia, desde el 13 de noviembre de 1999.

Ex República Yugoslava de Macedonia (ERYM), desde el 4 de abril de 2003.

Fiji, desde el 14 de enero de 1996.

Filipinas, desde el 1 de enero de 1995.

Finlandia, desde el 1 de enero de 1995.

Francia, desde el 1 de enero de 1995.

Gabón, desde el 1 de enero de 1995.

Gambia, desde el 23 de octubre de 1996.

Georgia, desde el 14 de junio de 2000.

Ghana, desde el 1 de enero de 1995.

Granada, desde el 22 de febrero de 1996.

Grecia, desde el 1 de enero de 1995.

Guatemala, desde el 21 de julio de 1995.

Guinea, desde el 25 de octubre de 1995.

Guinea-Bissau, desde el 31 de mayo de 1995.

Guyana, desde el 1 de enero de 1995.

Haití, desde el 30 de enero de 1996.

Honduras, desde el 1 de enero de 1995.

Hong Kong, China, desde el 1 de enero de 1995.

Hungría, desde el 1 de enero de 1995.

India, desde el 1 de enero de 1995.

Indonesia, desde el 1 de enero de 1995.

Irlanda, desde el 1 de enero de 1995.

Islandia, desde el 1 de enero de 1995.

Islas Salomón, desde el 26 de julio de 1996.

Israel, desde el 21 de abril de 1995.

Italia, desde el 1 de enero de 1995.

Jamaica, desde el 9 de marzo de 1995.

Japón, desde el 1 de enero de 1995.

Jordania, desde el 11 de abril de 2000.

Kenya, desde el 1 de enero de 1995.

Kuwait, desde el 1 de enero de 1995.

Lesotho, desde el 31 de mayo de 1995.

Letonia, desde el 10 de febrero de 1999.

Liechtenstein, desde el 1 de septiembre de 1995.

Lituania, desde el 31 de mayo de 2001.

Luxemburgo, desde el 1 de enero de 1995.

Madagascar, desde el 17 de noviembre de 1995.

Macao, China, desde el 1 de enero de 1995.

Malasia, desde el 1 de enero de 1995.

Malawi, desde el 31 de mayo de 1995.

Maldivas, desde el 31 de mayo de 1995.

Malí, desde el 31 de mayo de 1995.

Malta, desde el 1 de enero de 1995.

Marruecos, desde el 1 de enero de 1995.

Mauricio, desde el 1 de enero de 1995.

Mauritania, desde el 31 de mayo de 1995.

México, desde el 1 de enero de 1995.

Moldova, desde el 26 de julio de 2001.

Mongolia, desde el 29 de enero de 1997.

Mozambique, desde el 26 de agosto de 1995.

Myanmar, desde el 1 de enero de 1995.

Namibia, desde el 1 de enero de 1995.

Nepal, desde el 23 de abril de 2004.

Nicaragua, desde el 3 de septiembre de 1995.

Nigeria, desde el 1 de enero de 1995.

Níger, desde el 13 de diciembre de 1996.

Noruega, desde el 1 de enero de 1995.

Nueva Zelandia, desde el 1 de enero de 1995.

Omán, desde el 9 de noviembre de 2000.

Países Bajos-Para el Reino de los Países Bajos en Europa y para las Antillas Holandesas, desde el 1 de enero de 1995.

Pakistán, desde el 1 de enero de 1995.

Panamá, desde el 6 de septiembre de 1997.

Papua Nueva Guinea, desde el 9 de junio de 1996.

Paraguay, desde el 1 de enero de 1995.

Perú, desde el 1 de enero de 1995.

Polonia, desde el 1 de julio de 1995.

Portugal, desde el 1 de enero de 1995.

Qatar, desde el 13 de enero de 1996.

Reino Unido, desde el 1 de enero de 1995.

República Centroafricana, desde el 31 de mayo de 1995.

República Checa, desde el 1 de enero de 1995.

República Democrática del Congo, desde el 1 de enero de 1997.

República Dominicana, desde el 9 de marzo de 1995.

República Eslovaca, desde el 1 de enero de 1995.

República Kirguisa, desde el 20 de diciembre de 1998.

Rumania, desde el 1 de enero de 1995.

Rwanda, desde el 22 de mayo de 1996.

Saint Kitts y Nevis, desde el 21 de febrero de 1996.

Santa Lucía, desde el 1 de enero de 1995.

San Vicente y las Granadinas, desde el 1 de enero de 1995.

Senegal, desde el 1 de enero de 1995.

Sierra Leona, desde el 23 de julio de 1995.

Singapur, desde el 1 de enero de 1995.

Sri Lanka, desde el 1 de enero de 1995.

Sudáfrica, desde el 1 de enero de 1995.

Suecia, desde el 1 de enero de 1995.

Suiza, desde el 1 de julio de 1995.

Suriname, desde el 1 de enero de 1995.

Swazilandia, desde el 1 de enero de 1995.

Tailandia, desde el 1 de enero de 1995.

Taipei Chino, desde el 1 de enero de 2002.

Tanzania, desde el 1 de enero de 1995.

Togo, desde el 31 de mayo de 1995.

Tonga, desde el 27 de julio de 2007.

Trinidad y Tabago, desde el 1 de marzo de 1995.

Túnez, desde el 29 de marzo de 1995.

Turquía, desde el 26 de marzo de 1995.

Uganda, desde el 1 de enero de 1995.

Uruguay, desde el 1 de enero de 1995.

Venezuela (República Bolivariana de), desde el 1 de enero de 1995.

Viet Nam, desde el 11 de enero de 2007.

Zambia, desde el 1 de enero de 1995.

Zimbabwe, desde el 5 de marzo de 1995.

[2] Por el término «nacionales» utilizado en el presente Acuerdo se entenderá, en el caso de un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC, las personas físicas o jurídicas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese territorio aduanero. (Nota del texto oficial.)

[3] En el presente Acuerdo, por «Convenio de París» se entiende el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; la mención «Convenio de París (1967)» se refiere al Acta de Estocolmo de ese Convenio, de fecha 14 de julio de 1967. Por «Convenio de Berna», se entiende el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas; la mención «Convenio de Berna (1971)» se refiere al Acta de París de ese Convenio, de 24 de julio de 1971. Por «Convención de Roma» se entiende la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, adoptada en Roma el 26 de octubre de 1961. Por «Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados» (Tratado IPIC) se entiende el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989. Por «Acuerdo sobre la OMC» se entiende el Acuerdo por el que se establece la OMC. (Nota del texto oficial.)

[4] A los efectos de los artículos 3 y 4, la «protección» comprenderá los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo. (Nota del texto oficial.)

[5] A los efectos de la presente Parte, la expresión «titular de los derechos» incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos. (Nota del texto oficial.)

[6] En caso de que un Miembro haya desmantelado lo esencial de sus medidas de control sobre los movimientos de mercancías a través de sus fronteras con otro Miembro con el que participe en una unión aduanera, no estará obligado a aplicar las disposiciones de la presente sección en esas fronteras. (Nota del texto oficial.)

[7] Queda entendido que no habrá obligación de aplicar estos procedimientos a las importaciones de mercancías puestas en el mercado en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento, ni a las mercancías en tránsito. (Nota del texto oficial.)

[8] Para los fines del presente Acuerdo:

a) se entenderá por «mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas» cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven apuesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca de que se trate otorga la legislación del país de importación;

b) se entenderá por «mercancías pirata que lesionan el derecho de autor» cualesquiera copias hechas sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de importación. (Nota del texto oficial.)

§ 30 TRATADO DE LA OMPI SOBRE INTERPRETACIÓN O EJECUCIÓN Y FONOGRAMAS, HECHO EN GINEBRA EL 20 DE DICIEMBRE DE 1996

Instrumento de ratificación de España de 15 de septiembre de 1998

(«BOE» núm. 148, de 18 de junio de 2010)

Por cuanto el día 20 de diciembre de 1996, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Ginebra el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996,

Vistos y examinados el Preámbulo y los treinta y tres artículos de dicho Tratado,

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid, a quince de septiembre de mil novecientos noventa y ocho [1].

TRATADO DE LA OMPI SOBRE INTERPRETACIÓN O EJECUCIÓN Y FONOGRAMAS (WPPT) (1996) [2]

PREÁMBULO

Las Partes Contratantes,

Deseosas de desarrollar y mantener la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas de la manera más eficaz y uniforme posible,

Reconociendo la necesidad de introducir nuevas normas internacionales que ofrezcan soluciones adecuadas a los interrogantes planteados por los acontecimientos económicos, sociales, culturales y tecnológicos,

Reconociendo el profundo impacto que han tenido el desarrollo y la convergencia de las tecnologías de información y comunicación en la producción y utilización de interpretaciones o ejecuciones y de fonogramas,

Reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas y los intereses del público en general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la información,

Han convenido lo siguiente:

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Relación con otros Convenios y Convenciones.

1) Ninguna disposición del presente Tratado irá en detrimento de las obligaciones que las Partes Contratantes tienen entre sí en virtud de la Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961 (denominada en adelante la «Convención de Roma»).

2) La protección concedida en virtud del presente Tratado dejará intacta y no afectará en modo alguno a la protección del derecho de autor en las obras literarias y artísticas. Por lo tanto, ninguna disposición del presente Tratado podrá interpretarse en menoscabo de esta protección [3].

3) El presente Tratado no tendrá conexión con, ni perjudicará ningún derecho u obligación en virtud de otro tratado.

Art. 2. Definiciones.–A los fines del presente Tratado, se entenderá por:

a) «artistas intérpretes o ejecutantes», todos los actores, cantantes, músicos, bailarines u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folklore;

b) «fonograma», toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual [4];

c) «fijación», la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo;

d) «productor de fonogramas», la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos;

e) «publicación» de una interpretación o ejecución fijada o de un fonograma, la oferta al público de la interpretación o ejecución fijada o del fonograma con el consentimiento del titular del derecho y siempre que los ejemplares se ofrezcan al público en cantidad suficiente [5];

f) «radiodifusión», la transmisión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos o de las representaciones de éstos, para su recepción por el público; dicha transmisión por satélite también es una «radiodifusión»; la transmisión de señales codificadas será «radiodifusión» cuando los medios de descodificación sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento;

g) «comunicación al público» de una interpretación o ejecución o de un fonograma, la transmisión al público, por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de sonidos de una interpretación o ejecución o los sonidos o las representaciones de sonidos fijadas en un fonograma. A los fines del artículo 15, se entenderá que «comunicación al público» incluye también hacer que los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un fonograma resulten audibles al público.

Art. 3 [6]. Beneficiarios de la protección en virtud del presente Tratado.

1) Las Partes Contratantes concederán la protección prevista en virtud del presente Tratado a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas que sean nacionales de otras Partes Contratantes.

2) Se entenderá por nacionales de otras Partes Contratantes aquellos artistas intérpretes o ejecutantes o productores de fonogramas que satisfagan los criterios de elegibilidad de protección previstos en virtud de la Convención de Roma, en caso de que todas las Partes Contratantes en el presente Tratado sean Estados contratantes de dicha Convención. Respecto de esos criterios de elegibilidad, las Partes Contratantes aplicarán las definiciones pertinentes contenidas en el artículo 2 del presente Tratado [7].

3) Toda Parte Contratante podrá recurrir a las posibilidades previstas en el artículo 5.3) o, a los fines de lo dispuesto en el artículo 5, al artículo 17, todos ellos de la Convención de Roma, y hará la notificación tal como se contempla en dichas disposiciones, al Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) [8].

Art. 4. Trato nacional.

1) Cada Parte Contratante concederá a los nacionales de otras Partes Contratantes, tal como se definió en el artículo 3.2), el trato que concede a sus propios nacionales respecto de los derechos exclusivos concedidos específicamente en el presente Tratado, y del derecho a una remuneración equitativa previsto en el artículo 15 del presente Tratado.

2) La obligación prevista en el párrafo 1) no será aplicable en la medida en que esa otra Parte Contratante haga uso de las reservas permitidas en virtud del artículo 15.3) del presente Tratado.

CAPÍTULO II

Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes

Art. 5. Derechos morales de los artistas intérpretes o ejecutantes.

1) Con independencia de los derechos patrimoniales del artista intérprete o ejecutante, e incluso después de la cesión de esos derechos, el artista intérprete o ejecutante conservará, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones sonoras en directo o sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, el derecho a reivindicar ser identificado como el artista intérprete o ejecutante de sus interpretaciones o ejecuciones excepto cuando la omisión venga dictada por la manera de utilizar la interpretación o ejecución, y el derecho a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de sus interpretaciones o ejecuciones que cause perjuicio a su reputación.

2) Los derechos reconocidos al artista intérprete o ejecutante de conformidad con el párrafo precedente serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones autorizadas por la legislación de la Parte Contratante en que se reivindique la protección. Sin embargo, las Partes Contratantes cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación del presente Tratado o de la adhesión al mismo, no contenga disposiciones relativas a la protección después de la muerte del artista intérprete o ejecutante de todos los derechos reconocidos en virtud del párrafo precedente, podrán prever que algunos de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del artista intérprete o ejecutante.

3) Los medios procesales para la salvaguardia de los derechos concedidos en virtud del presente artículo estarán regidos por la legislación de la Parte Contratante en la que se reivindique la protección.

Art. 6. Derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes por sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas.–Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho de autorizar, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones:

i) la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida; y

ii) la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas.

Art. 7. Derecho de reproducción.–Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma [9].

Art. 8. Derecho de distribución.

1) Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, mediante venta u otra transferencia de propiedad.

2) Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la interpretación o ejecución fijada con autorización del artista intérprete o ejecutante [10].

Art. 9. Derecho de alquiler.

1) Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, tal como establezca la legislación nacional de las Partes Contratantes, incluso después de su distribución realizada por el artista intérprete o ejecutante o con su autorización.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante que al 15 de abril de 1994 tenía y continúa teniendo vigente un sistema de remuneración equitativa para los artistas intérpretes o ejecutantes por el alquiler de ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, podrá mantener ese sistema a condición de que el alquiler comercial de fonogramas no dé lugar a un menoscabo considerable de los derechos de reproducción exclusivos de los artistas intérpretes o ejecutantes [11].

Art. 10. Derecho de poner a disposición interpretaciones o ejecuciones fijadas.–Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

CAPÍTULO III

Derechos de los productores de fonogramas

Art. 11. Derecho de reproducción.–Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma [12].

Art. 12. Derecho de distribución.

1) Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus fonogramas mediante venta u otra transferencia de propiedad.

2) Nada en el presente Tratado afectará a la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar del fonograma con la autorización del productor de dicho fonograma [13].

Art. 13. Derecho de alquiler.

1) Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus fonogramas incluso después de su distribución realizada por ellos mismos o con su autorización.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante que al 15 de abril de 1994 tenía y continúa teniendo vigente un sistema de remuneración equitativa para los productores de fonogramas por el alquiler de ejemplares de sus fonogramas, podrá mantener ese sistema a condición de que el alquiler comercial de fonogramas no dé lugar a un menoscabo considerable de los derechos de reproducción exclusivos de los productores de fonogramas [14].

Art. 14. Derecho de poner a disposición los fonograma.–Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo a autorizar la puesta a disposición del público de sus fonogramas ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

CAPÍTULO IV

Disposiciones comunes

Art. 15. Derecho a remuneración por radiodifusión y comunicación al público.

1) Los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales.

2) Las Partes Contratantes pueden establecer en su legislación nacional que la remuneración equitativa y única deba ser reclamada al usuario por el artista intérprete o ejecutante o por el productor de un fonograma o por ambos. Las Partes Contratantes pueden establecer legislación nacional que, en ausencia de un acuerdo entre el artista intérprete o ejecutante y el productor del fonograma, fije los términos en los que la remuneración equitativa y única será compartida entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.

3) Toda Parte Contratante podrá, mediante una notificación depositada en poder del Director General de la OMPI, declarar que aplicará las disposiciones del párrafo 1) únicamente respecto de ciertas utilizaciones o que limitará su aplicación de alguna otra manera o que no aplicará ninguna de estas disposiciones.

4) A los fines de este artículo, los fonogramas puestos a disposición del público, ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija, serán considerados como si se hubiesen publicado con fines comerciales [15][16].

Art. 16. Limitaciones y excepciones.

1) Las Partes Contratantes podrán prever en sus legislaciones nacionales, respecto de la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, los mismos tipos de limitaciones o excepciones que contiene su legislación nacional respecto de la protección del derecho de autor de las obras literarias y artísticas.

2) Las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstas en el presente Tratado a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la interpretación o ejecución o del fonograma ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del artista intérprete o ejecutante o del productor de fonogramas [17][18].

Art. 17. Duración de la protección.

1) La duración de la protección concedida a los artistas intérpretes o ejecutantes en virtud del presente Tratado no podrá ser inferior a cincuenta años, contados a partir del final del año en el que la interpretación o ejecución fue fijada en un fonograma.

2) La duración de la protección que se concederá a los productores de fonogramas en virtud del presente Tratado no podrá ser inferior a cincuenta años, contados a partir del final del año en el que se haya publicado el fonograma o, cuando tal publicación no haya tenido lugar dentro de los cincuenta años desde la fijación del fonograma, cincuenta años desde el final del año en el que se haya realizado la fijación.

Art. 18. Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas.

Las Partes Contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por artistas intérpretes o ejecutantes o productores de fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado y que, respecto de sus interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, restrinjan actos que no estén autorizados por los artistas intérpretes o ejecutantes o los productores de fonogramas concernidos o permitidos por la Ley.

Art. 19. Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos.

1) Las Partes Contratantes proporcionarán recursos jurídicos adecuados y efectivos contra cualquier persona que, con conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actos sabiendo o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado:

i) suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos;

ii) distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público, sin autorización, interpretaciones o ejecuciones, ejemplares de interpretaciones o ejecuciones fijadas o fonogramas sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

2) A los fines del presente artículo, se entenderá por «información sobre la gestión de derechos» la información que identifica al artista intérprete o ejecutante, a la interpretación o ejecución del mismo, al productor del fonograma, al fonograma y al titular de cualquier derecho sobre interpretación o ejecución o el fonograma, o información sobre las cláusulas y condiciones de la utilización de la interpretación o ejecución o del fonograma, y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos de información esté adjunto a un ejemplar de una interpretación o ejecución fijada o a un fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de una interpretación o ejecución fijada o de un fonograma [19].

Art. 20. Formalidades.–El goce y el ejercicio de los derechos previstos en el presente Tratado no estarán subordinados a ninguna formalidad.

Art. 21. Reservas.–Con sujeción a las disposiciones del artículo 15.3), no se permitirá el establecimiento de reservas al presente Tratado.

Art. 22. Aplicación en el tiempo

1) Las Partes Contratantes aplicarán las disposiciones del artículo 18 del Convenio de Berna, «mutatis mutandis», a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas contemplados en el presente Tratado [20].

2) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante podrá limitar la aplicación del artículo 5 del presente Tratado a las interpretaciones o ejecuciones que tengan lugar después de la entrada en vigor del presente Tratado respecto de esa Parte.

Art. 23. Disposiciones sobre la observancia de los derechos.

1) Las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas jurídicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Tratado.

2) Las Partes Contratantes se asegurarán de que en su legislación se establezcan procedimientos de observancia de los derechos que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos a que se refiere el presente Tratado, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

CAPÍTULO V

Cláusulas administrativas y finales

Artículo 24. Asamblea.

1.a) Las Partes Contratantes contarán con una Asamblea.

b) Cada Parte Contratante estará representada por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Los gastos de cada delegación correrán a cargo de la Parte Contratante que la haya designado. La Asamblea podrá pedir a OMPI que conceda asistencia financiera, para facilitar la participación de delegaciones de Partes Contratantes consideradas países en desarrollo de conformidad con la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas o que sean países en transición a una economía de mercado.

2.a) La Asamblea tratará las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo del presente Tratado, así como las relativas a la aplicación y operación del presente Tratado.

b) La Asamblea realizará la función que le sea asignada en virtud del artículo 26.2) respecto de la admisión de ciertas organizaciones intergubernamentales para ser parte en el presente Tratado.

c) La Asamblea decidirá la convocatoria de cualquier conferencia diplomática para la revisión del presente Tratado y girará las instrucciones necesarias al Director General de la OMPI para la preparación de dicha conferencia diplomática.

3.a) Cada Parte Contratante que sea un Estado dispondrá de un voto y votará únicamente en nombre propio.

b) Cualquier Parte Contratante que sea organización intergubernamental podrá participar en la votación, en lugar de sus Estados miembros, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean parte en el presente Tratado. Ninguna de estas organizaciones intergubernamentales podrá participar en la votación si cualquiera de sus Estados miembros ejerce su derecho de voto y viceversa.

4) La Asamblea se reunirá en período ordinario de sesiones una vez cada dos años, previa convocatoria del Director General de la OMPI.

5) La Asamblea establecerá su propio reglamento, incluida la convocatoria de períodos extraordinarios de sesiones, los requisitos de quórum y, con sujeción a las disposiciones del presente Tratado, la mayoría necesaria para los diversos tipos de decisiones.

Art. 25. Oficina Internacional.–La Oficina Internacional de la OMPI se encargará de las tareas administrativas relativas al Tratado.

Art. 26. Elegibilidad para ser parte en el Tratado.

1) Todo Estado miembro de la OMPI podrá ser parte en el presente Tratado.

2) La Asamblea podrá decidir la admisión de cualquier organización intergubernamental para ser parte en el presente Tratado, que declare tener competencia y tener su propia legislación que obligue a todos sus Estados miembros, respecto de cuestiones cubiertas por el presente Tratado, y haya sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para ser parte en el presente Tratado.

3) La Comunidad Europea, habiendo hecho la declaración mencionada en el párrafo precedente en la Conferencia Diplomática que ha adoptado el presente Tratado, podrá pasar a ser parte en el presente Tratado.

Art. 27. Derechos y obligaciones en virtud del Tratado.–Con sujeción a cualquier disposición que especifique lo contrario en el presente Tratado, cada Parte Contratante gozará de todos los derechos y asumirá todas las obligaciones dimanantes del presente Tratado.

Art. 28. Firma del Tratado.–Todo Estado miembro de la OMPI y la Comunidad Europea podrán firmar el presente Tratado, que quedará abierto a la firma hasta el 31 de diciembre de 1997.

Art. 29. Entrada en vigor del Tratado.–El presente Tratado entrará en vigor tres meses después de que 30 Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión en poder del Director General de la OMPI.

Art. 30. Fecha efectiva para ser parte en el Tratado.–El presente Tratado vinculará:

i) a los 30 Estados mencionados en el artículo 29 a partir de la fecha en que el presente Tratado haya entrado en vigor;

ii) a cualquier otro Estado a partir del término del plazo de tres meses, contados desde la fecha en que el Estado haya depositado su instrumento en poder del Director General de la OMPI;

iii) a la Comunidad Europea a partir del término del plazo de tres meses, contados desde el depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, siempre que dicho instrumento se haya depositado después de la entrada en vigor del presente Tratado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 o tres meses después de la entrada en vigor del presente Tratado si dicho instrumento ha sido depositado antes de la entrada en vigor del presente Tratado;

iv) cualquier otra organización intergubernamental que sea admitida a ser parte en el presente Tratado, a partir del término del plazo de tres meses, contados desde el depósito de su instrumento de adhesión.

Art. 31. Denuncia del Tratado.–Cualquier parte podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación dirigida al Director General de la OMPI. Toda denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en la que el Director General de la OMPI haya recibido la notificación.

Art. 32. Idiomas del Tratado.

1) El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos todos los textos.

2) A petición de una parte interesada, el Director General de la OMPI establecerá un texto oficial en un idioma no mencionado en el párrafo 1), previa consulta con todas las partes interesadas. A los efectos del presente párrafo, se entenderá por «parte interesada» todo Estado miembro de la OMPI si de su idioma oficial se tratara, o si de uno de sus idiomas oficiales se tratara, y la Comunidad Europea y cualquier otra organización intergubernamental que pueda llegar a ser parte en el presente Tratado si de uno de sus idiomas oficiales se tratara.

Art. 33. Depositario.–El Director General de la OMPI será el depositario del presente Tratado.

El presente Tratado entró en vigor de forma general el 20 de mayo de 2002 y para España el 14 de marzo de 2010, de conformidad con lo establecido en sus artículos 29 y 30.

Lo que se hace público para conocimiento general.

[1] El presente Tratado entró en vigor de forma general el 20 de mayo de 2002 y para España el 14 de marzo de 2010, de acuerdo con lo establecido en sus artículos 29 y 30.

Los estados parte del Tratado son:

Albania desde el 20 de mayo de 2001.

Alemania desde el 14 de diciembre de 2009.

Argentina desde el 19 de noviembre de 1999.

Armenia desde el 6 de diciembre de 2004.

Australia desde el 1 de febrero de 1969.

Austria desde el 14 de diciembre de 2009.

Azerbaiyán desde el 11 de enero de 2006.

Bahrein desde el 15 de septiembre de 2005.

Belarús desde el 15 de julio de 1998.

Bélgica desde el 30 de mayo de 2006.

Benín desde el 16 de enero de 2006.

Bolivia (Estado Plurianual de) desde el 20 de diciembre de 1996.

Bosnia y Herzegovina desde el 25 de agosto de 2009.

Botswana desde el 27 de octubre de 2004.

Bulgaria desde el 29 de marzo de 2001.

Burkina Faso desde el 19 de julio de 1999.

Canadá desde el 22 de diciembre de 1997.

Colombia desde el 29 de noviembre de 2000.

Costa Rica desde el 23 de mayo de 2000.

Croacia desde el 3 de julio de 2000.

Chile desde el 11 de abril de 2001.

China desde el 9 de marzo de 2007.

Chipre desde el 2 de septiembre de 2005.

Dinamarca desde el 14 de diciembre de 2009.

Ecuador desde el 21 de junio de 2000.

El Salvador desde el 20 de octubre de 1998.

Emiratos Árabes Unidos desde el 9 de marzo de 2005.

Eslovaquia desde el 14 de enero de 2000.

Eslovenia desde el 19 de noviembre de 1999.

España desde el 14 de diciembre de 2009.

Estados Unidos de América desde el 14 de septiembre de 1999.

Estonia desde el 14 de diciembre de 2009.

Filipinas desde el 4 de julio de 2002.

Finlandia desde el 14 de diciembre de 1009.

Francia desde el 14 de diciembre de 2009.

Gabón desde el 6 de diciembre de 2001.

Georgia desde el 4 de julio de 2001.

Ghana desde el 23 de mayo de 1997.

Grecia desde el 14 de diciembre de 2009.

Guatemala desde el 8 de octubre de 2002.

Guinea desde el 25 de febrero de 2002.

Honduras desde el 20 de febrero de 2002.

Hungría desde el 27 de noviembre de 1998.

Indonesia desde el 15 de noviembre de 2004.

Irlanda desde el 14 de diciembre de 2009.

Israel desde el 25 de marzo de 1997.

Italia desde el 14 de diciembre de 2009.

Jamaica desde el 12 de marzo de 2002.

Japón desde el 9 de julio de 2002.

Jordania desde el 24 de febrero de 2004.

Kazajstán desde el 12 de agosto de 2004.

Kenya desde el 20 de diciembre de 1996.

Kirguizistán desde el 15 de mayo de 2002.

Letonia desde el 22 de marzo de 2000.

Liechtenstein desde el 30 de enero de 2007.

Lituania desde el 26 de enero de 2001.

Luxemburgo desde el 14 de diciembre de 2009.

Macedonia, ex República Yugoslava de, desde el 20 de diciembre de 2004.

Mali desde el 22 de octubre de 2001.

Malta desde el 14 de diciembre de 2009.

México desde el 17 de noviembre de 1999.

Mónaco desde el 14 de enero de 1997.

Mongolia desde el 25 de julio de 2002.

Montenegro desde el 3 de junio de 2006.

Namibia desde el 20 de diciembre de 1996.

Nicaragua desde el 6 de junio de 2002.

Nigeria desde el 24 de marzo de 1997.

Omán desde el 20 de junio de 2005.

Países Bajos desde el 14 de diciembre de 2009.

Panamá desde el 31 de diciembre de 1999.

Paraguay desde el 29 de noviembre de 2000.

Perú desde el 18 de abril de 2002.

Polonia desde el 21 de julio de 2003.

Portugal desde el 14 de diciembre de 2009.

Qatar desde el 28 de julio de 2005.

Reino Unido desde el 14 de diciembre de 2009.

República Checa desde el 10 de octubre de 2001.

República de Corea desde el 17 de diciembre de 2008.

República de Moldavia desde el 13 de marzo de 1998.

República Dominicana desde el 10 de octubre de 2005.

Rumania desde el 1 de febrero de 2001.

Rusia, Federación de, desde el 5 de noviembre de 2008.

Santa Lucía desde el 24 de noviembre de 1999.

Senegal desde el 18 de febrero de 2002.

Serbia desde el 13 de marzo de 2003.

Singapur desde el 17 de enero de 2005.

Sudáfrica desde el 12 de diciembre de 1997.

Suecia desde el 14 de diciembre de 2009.

Suiza desde el 31 de marzo de 2008.

Togo desde el 21 de febrero de 2003.

Trinidad y Tobago desde el 28 de agosto de 2008.

Turquía desde el 28 de agosto de 2008.

Ucrania desde el 29 de noviembre de 2001.

Unión Europea desde el 14 de diciembre de 2009.

Uruguay desde el 28 de mayo de 2998.

Venezuela desde el 20 de diciembre de 1996.

[2] Este Tratado fue adoptado por la Conferencia Diplomática de la OMPI sobre ciertas cuestiones de derecho de autor y derechos conexos, en Ginebra, el 20 de diciembre de 1996.

Las declaraciones concertadas de la Conferencia Diplomática que adoptó el Tratado, relativas a ciertas disposiciones del mismo, se reproducen como notas de pie de página de los artículos correspondientes, indicando su procedencia (nota del texto oficial).

[3] Declaración concertada respecto del artículo 1.2): Queda entendido que el artículo 1.2) aclara la relación entre los derechos sobre los fonogramas en virtud del presente Tratado y el derecho de autor sobre obras incorporadas en los fonogramas. Cuando fuera necesaria la autorización del autor de una obra incorporada en el fonograma y un artista intérprete o ejecutante o productor propietario de los derechos sobre el fonograma, no dejará de existir la necesidad de la autorización del autor debido a que también es necesaria la autorización del artista intérprete o ejecutante o del productor, y viceversa.

Queda entendido asimismo que nada en el artículo 1.2) impedirá que una Parte Contratante prevea derechos exclusivos para un artista intérprete o ejecutante o productor de fonogramas que vayan más allá de los que deben preverse en virtud del presente Tratado (nota del texto oficial).

[4] Declaración concertada respecto del artículo 2.b): Queda entendido que la definición de fonograma prevista en el artículo 2.b) no sugiere que los derechos sobre el fonograma sean afectados en modo alguno por su incorporación en una obra cinematográfica u otra obra audiovisual (nota del texto oficial).

[5] Declaración concertada respecto de los artículos 2.e), 8, 9, 12 y 13: Tal como se utilizan en estos artículos, las expresiones «copias» y «original y copias», sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos artículos, se refieren exclusivamente a copias fijadas que pueden ponerse en circulación como objetos tangibles (en esta declaración concertada, la referencia a «copias» debe ser entendida como una referencia a «ejemplares», expresión utilizada en los artículos mencionados) (nota del texto oficial).

[6] Declaración concertada respecto del artículo 3: Queda entendido que la referencia en los artículos 5.a) y 16.a).iv) de la Convención de Roma a «nacional de otro Estado contratante», cuando se aplique a este Tratado, se entenderá, respecto de una organización intergubernamental que sea Parte Contratante en el presente Tratado, una referencia a un nacional de un país que sea miembro de esa organización (nota del texto oficial).

[7] Declaración concertada respecto del artículo 3.2): Queda entendido, para la aplicación del artículo 3.2), que por fijación se entiende la finalización de la cinta matriz («bande-mére») (nota del texto oficial).

[8] Véanse los artículos 4 y 5 de la Convención Internacional de 26 de octubre de 1961 (§ 27).

[9] Declaración concertada respecto de los artículos 7, 11 y 16: El derecho de reproducción, según queda establecido en los artículos 7 y 11, y las excepciones permitidas en virtud de los mismos y del artículo 16, se aplican plenamente al entorno digital, en particular a la utilización de interpretaciones o ejecuciones y fonogramas en formato digital. Queda entendido que el almacenamiento de una interpretación o ejecución protegida o de un fonograma en forma digital en un medio electrónico constituye una reproducción en el sentido de esos artículos (nota del texto oficial).

[10] Declaración concertada respecto de los artículos 2.e), 8, 9, 12 y 13: Tal como se utilizan en estos artículos, las expresiones «copias» y «original y copias», sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos artículos, se refieren exclusivamente a copias fijadas que pueden ponerse en circulación como objetos tangibles (en esta declaración concertada, la referencia a «copias» debe ser entendida como una referencia a «ejemplares», expresión utilizada en los artículos mencionados) (nota del texto oficial).

[11] Declaración concertada respecto de los artículos 2.e), 8, 9, 12 y 13: Tal como se utilizan en estos artículos, las expresiones «copias» y «original y copias», sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos artículos, se refieren exclusivamente a copias fijadas que pueden ponerse en circulación como objetos tangibles (en esta declaración concertada, la referencia a «copias» debe ser entendida como una referencia a «ejemplares», expresión utilizada en los artículos mencionados) (nota del texto oficial).

[12] Declaración concertada respecto de los artículos 7, 11 y 16: El derecho de reproducción, según queda establecido en los artículos 7 y 11, y las excepciones permitidas en virtud de los mismos y del artículo 16, se aplican plenamente al entorno digital, en particular a la utilización de interpretaciones o ejecuciones y fonogramas en formato digital. Queda entendido que el almacenamiento de una interpretación o ejecución protegida o de un fonograma en forma digital en un medio electrónico constituye una reproducción en el sentido de esos artículos (nota del texto oficial).

[13] Declaración concertada respecto de los artículos 2.e), 8, 9, 12 y 13: Tal como se utilizan en estos artículos, las expresiones «copias» y «original y copias», sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos artículos, se refieren exclusivamente a copias fijadas que pueden ponerse en circulación como objetos tangibles (en esta declaración concertada, la referencia a «copias» debe ser entendida como una referencia a «ejemplares», expresión utilizada en los artículos mencionados) (nota del texto oficial).

[14] Declaración concertada respecto de los artículos 2.e), 8, 9, 12 y 13: Tal como se utilizan en estos artículos, las expresiones «copias» y «original y copias», sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos artículos, se refieren exclusivamente a copias fijadas que pueden ponerse en circulación como objetos tangibles (en esta declaración concertada, la referencia a «copias» debe ser entendida como una referencia a «ejemplares», expresión utilizada en los artículos mencionados) (nota del texto oficial).

[15] Declaración concertada respecto del artículo 15: Queda entendido que el artículo 15 no representa una solución completa del nivel de derechos de radiodifusión y comunicación al público de que deben disfrutar los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas en la era digital. Las delegaciones no pudieron lograr consenso sobre propuestas divergentes en lo relativo a la exclusiva que debe proporcionarse en ciertas circunstancias o en lo relativo a derechos que deben preverse sin posibilidad de reservas, dejando la cuestión en consecuencia para resolución futura (nota del texto oficial).

[16] Declaración concertada respecto del artículo 15: Queda entendido que el artículo 15 no impide la concesión del derecho conferido por este artículo a artistas intérpretes o ejecutantes de folklore y productores de fonogramas que graben folklore, cuando tales fonogramas no se publiquen con la finalidad de obtener beneficio comercial (nota del texto oficial).

[17] Declaración concertada respecto de los artículos 7, 11 y 16: El derecho de reproducción, según queda establecido en los artículos 7 y 11, y las excepciones permitidas en virtud de los mismos y del artículo 16, se aplican plenamente al entorno digital, en particular a la utilización de interpretaciones o ejecuciones y fonogramas en formato digital. Queda entendido que el almacenamiento de una interpretación o ejecución protegida o de un fonograma en forma digital en un medio electrónico constituye una reproducción en el sentido de esos artículos (nota del texto oficial).

[18] Declaración concertada respecto del artículo 16: La declaración concertada relativa al artículo 10 (sobre limitaciones y excepciones) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor también se aplica mutatis mutandis al artículo 16 (sobre limitaciones y excepciones) del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y fonogramas. [El texto de la declaración concertada respecto del artículo 10 del WCT tiene la redacción siguiente: «Queda entendido que las disposiciones del artículo 10 permiten a las Parles Contratantes aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al entorno digital, en sus legislaciones nacionales, tal como las hayan considerado aceptables en virtud del Convenio de Berna. Igualmente, deberá entenderse que estas disposiciones permiten a las Partes Contratantes establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten adecuadas al entorno de red digital.

También queda entendido que el artículo 10.2) no reduce ni amplía el ámbito de aplicabilidad de las limitaciones y excepciones permitidas por el Convenio de Berna.»] (nota del texto oficial).

[19] Declaración concertada respecto del artículo 19: La declaración concertada relativa al artículo 12 (sobre obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor también se aplica mutatis mutandis al artículo 19 (sobre obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos) del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. [El texto de la declaración concertada respecto del artículo 12 del WCT tiene la redacción siguiente: «Queda entendido que la referencia a «una infracción de cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado o en el Convenio de Berna» incluye tanto los derechos exclusivos como los derechos de remuneración.

Igualmente queda entendido que las Partes Contratantes no se basarán en el presente artículo para establecer o aplicar sistemas de gestión de derechos que tuvieran el efecto de imponer formalidades que no estuvieran permitidas en virtud del Convenio de Berna o del presente Tratado, y que prohíban el libre movimiento de mercancías o impidan el ejercicio de derechos en virtud del presente Tratado.»] (nota del texto oficial).

[20] Véase dicho artículo en el parágrafo 23.

§ 31 TABLA DE CONVENIOS BILATERALES [1]

Arabia Saudita

Convenio cultural de 1 de abril de 1984 entre España y el Reino Unido de Arabia Saudita, ratificado por Instrumento de 19 de junio de 1986 («BOE» núm. 11, de 13 de enero de 1989). Artículo VI.

Argentina

Convenio de Montevideo de 11 de enero de 1889, sobre propiedad literaria y artística, aplicable entre España y Argentina en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto de 10 de abril de 1900 («Gaceta» de 11 de abril), que incluye el texto de dicho Convenio.

Real Orden de 4 de junio de 1930 («Gaceta» de 16 de junio, rectificada en la de 5 de julio), sobre inscripción de obras producidas en Argentina.

Austria

Real Decreto de 1 de abril de 1912, sobre reciprocidad entre España y Austria en materia de propiedad intelectual («Gaceta» de 3 de abril).

Convenio de 17 de septiembre de 1975, de cooperación cultural y científica entre España y Austria, ratificado por el Instrumento de 23 de enero de 1976 («BOE» núm. 250,
de 18 de octubre de 1976). Artículo 17.

Bélgica

Convenio de 26 de junio de 1880 («Gaceta» de 31 de marzo de 1881), entre España y Bélgica, para la protección del ejercicio del derecho de propiedad intelectual sobre las obras literarias y artísticas.

Acuerdo cultural entre España y Bélgica de 27 de octubre de 1958, ratificado por Instrumento de 26 de febrero de 1959 («BOE» núm. 88, de 13 de abril). Artículo 9.

Bolivia

Decreto de 13 de junio de 1936 aprobando Acuerdo sobre propiedad intelectual de 13 de marzo de 1936 («Gaceta» de 21 de junio) entre España y Bolivia.

Convenio cultural de 15 de febrero de 1966 entre España y Bolivia, ratificado por Instrumento de 17 de noviembre
de 1966 («BOE» núm. 133, de 3 de junio de 1968). Artículo 11.

Bulgaria

Convenio de 7 de marzo de 1980 de cooperación cultural, educativa y científica entre España y la República de Bulgaria («BOE» núm. 233, de 29 de septiembre de 1982).
Artículo 9.

Colombia

Convenio bilateral de 28 de noviembre de 1885 entre España y Colombia sobre propiedad intelectual, que entró en vigor el 1 de enero de 1887 («Gaceta» de 19 de enero de 1887).

Convenio de 11 de abril de 1953 entre España y Colombia, ratificado por Instrumento de 26 de febrero de 1964 («BOE» núm. 10, de 12 de enero de 1965). Artículo 11.

Protocolo de 29 de octubre de 1992 de cooperación educativa y cultural entre el Reino de España y la República de Colombia, integrante del Tratado General de Cooperación y Amistad, ratificado por Instrumento de 13 de enero de 1994 («BOE» núm. 182, de 1 de agosto de 1995; corrección de errores en «BOE» núm. 2, de 2 de enero de 1996). Artículo 2, c).

Costa Rica

Convenio de 14 de noviembre de 1893 entre España y Costa Rica, ratificado por España el 20 de junio de 1896 («Gaceta» de 9 de julio), y Protocolo adjunto.

Convenio de 6 de noviembre de 1971 de cooperación cultural entre España y la República de Costa Rica («BOE» núm. 49, de 26 de febrero de 1980). Artículo 11.

Cuba

Real Orden de 4 de junio de 1928 («Gaceta» del 9) sobre inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual de obras de autores cubanos.

Convenio de 17 de marzo de 1982 de cooperación cultural y educativa entre el Reino de España y la República de Cuba («BOE» núm. 88, de 13 de abril). Artículo 14.

Chile

Convenio cultural de 18 de diciembre de 1967 entre España y Chile, ratificado por Instrumento de 16 de diciembre de 1968 («BOE» núm. 165, de 11 de julio de 1969). Artículo 5.

República Dominicana

Convenio bilateral de 4 de noviembre de 1930 entre España y la República Dominicana, aprobado por Ley de 28 de marzo de 1933 («Gaceta» de 2 de abril) y ratificado por España el 7 de octubre del mismo año.

Convenio cultural de 27 de enero de 1953 entre España y la República Dominicana, ratificado por Instrumento de 1 de julio de 1953, habiendo sido canjeadas las ratificaciones en Madrid el 19 de noviembre («BOE» de 1 de diciembre).

Ecuador

Convenio de 30 de junio de 1900 entre España y Ecuador, ratificado por España el 15 de noviembre de 1904 («Gaceta» de 24 de abril de 1905).

Convenio de 14 de julio de 1975 de cooperación cultural entre España y Ecuador, ratificado por Instrumento de 17 de febrero de 1976 («BOE» núm. 281, de 23 de noviembre). Artículo 11.

El Salvador

Convenio de 23 de junio de 1884 entre España y El Salvador, ratificado por España el 5 de junio de 1885 («Gaceta» de 20 de junio).

Estados Unidos

Canje de Notas de 6 y 15 de julio de 1895 («Gaceta» de 9 de julio de 1896) estableciendo recíprocamente la equiparación a los nacionales de los ciudadanos respectivos en lo concerniente a la propiedad intelectual artística y literaria, restablecido mediante Notas de 29 de enero y 18 de noviembre de 1902 («Gaceta» de 7 de diciembre).

Real Orden de 26 de junio de 1914 («Gaceta» de 1 de julio) sobre inscripción de obras de autores norteamericanos en el Registro.

Resolución de 15 de abril de 1964 (Dirección General de Archivos y Bibliotecas) sobre inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual de obras de autores norteamericanos («BOE» núm. 133, de 3 de junio).

Convenio de 10 de junio de 1994 de cooperación científica y tecnológica entre el Reino de España y los Estados Unidos de América («BOE» núm. 226, de 21 de septiembre). Artículo VIII y anexo.

Aplicación Provisional del Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre cooperación científica y tecnológica de interés para la seguridad nacional, hecho en Madrid el 30 de junio de 2011.

Federación de Rusia

Acuerdo de 11 de abril de 1994 de cooperación cultural y educativa entre el Reino de España y la Federación de Rusia («BOE» núm. 9, de 11 de enero de 1995). Artículo 6.

Filipinas

Convenio cultural de 4 de marzo de 1949 (artículo cuarto) entre España y Filipinas, ratificado por Instrumento de 10 de noviembre de 1950 («BOE» núm. 23, de 23 de enero de 1951).

Francia

Convenio bilateral de 16 de junio de 1880 entre España y Francia, ratificado el 21 de julio del mismo año («Gaceta» de 23 de julio).

Canje de Notas de 21 de junio de 1957 entre España y Francia por el que se prorrogan los plazos de protección («BOE» núm. 70, de 22 de marzo de 1958).

Convenio cultural de 7 de febrero de 1969 entre España
y Francia, ratificado por Instrumento de 1 de septiembre
de 1969 («BOE» núm. 306, de 23 de diciembre). Artículo 14.

Grecia

Convenio cultural de 5 de octubre de 1966 entre España y Grecia, ratificado por Instrumento de 13 de julio de 1967 («BOE» núm. 241, de 8 de octubre de 1969). Artículo 7.

Georgia

Acuerdo de 11 de marzo de 1993, de cooperación cultural, educativa y científica entre el Reino de España y la República de Georgia («BOE» núm. 291, de 3 de diciembre de 1996). Artículo 6.

Guatemala

Convenio de 25 de mayo de 1893 entre España y Guatemala, ratificado por España el 26 de junio de 1894 («Gaceta» de 24 de octubre de 1894).

Convenio de 11 de abril de 1989 de cooperación cultural, educativa y deportiva entre el Reino de España y la República de Guatemala, ratificado por Instrumento de 5 de octubre de 1993 («BOE» núm. 275, de 17 de noviembre de 1993). Artículo 8.

Haití

Convenio cultural hispano-haitiano de 13 de mayo
de 1969, ratificado por Instrumento de 27 de febrero de 1970 («BOE» núm. 47, de 24 de febrero). Artículo 8.

Honduras

Convenio de 19 de julio de 1994 de cooperación cultural, educativa y científica entre el Reino de España y la República de Honduras («BOE» núm. 249, de 17 de octubre
de 1998) [2]. Artículo 3.

Hungría

Convenio de 27 de noviembre de 1979 de cooperación cultural y científica entre España y la República de Hungría, ratificado por Instrumento de 27 de junio de 1980 («BOE» núm. 198, de 18 de agosto). Artículo 12.

Irak

Convenio cultural de 14 de febrero de 1955 entre España e Irak, ratificado por Instrumento de 22 de septiembre de 1955 («BOE» núm. 44, de 13 de febrero de 1957). Artículo 8.

Italia

Convenio bilateral entre España e Italia de 28 de junio
de 1880 sobre propiedad intelectual, ratificado el 20 de julio del mismo año («Gaceta» de 2 de agosto).

Canje de Notas hispano-italianas de 12 de octubre
de 1957 sobre régimen de duración de la protección del derecho de autor.

Irán

Convenio cultural de 24 de noviembre de 1958 entre España e Irán, ratificado por Instrumento de 22 de febrero
de 1962 («BOE» núm. 114, de 11 de mayo de 1968). Artículo 9.

Jordania

Convenio cultural de 8 de febrero de 1971 entre España y el Reino Hachemita de Jordania, ratificado por Instrumento de 13 de junio de 1972 («BOE» núm. 167, de 13 de julio). Artículo 10.

Libia

Convenio cultural de 5 de mayo de 1959 entre España y Libia, ratificado por Instrumento de 6 de septiembre de 1961 («BOE» núm. 175, de 23 de julio de 1962). Artículo 8.

Marruecos

Convenio de 14 de octubre de 1980 de cooperación cultural entre España y Marruecos («BOE» núm. 243, de 10 de octubre de 1985). Artículo 16.

Méjico

Convenio bilateral de 31 de marzo de 1924 entre España y Méjico, ratificado por España el 6 de abril de 1925, sobre propiedad intelectual («Gaceta» de 17 de mayo de 1925).

Nicaragua

Convenio bilateral de 20 de noviembre de 1934 entre España y Nicaragua sobre propiedad intelectual, ratificado por España el 26 de febrero de 1935 («Gaceta» de 1 de marzo).

Convenio de 19 de abril de 1991 de cooperación cultural, educativa y científica entre el Reino de España y la República de Nicaragua («BOE» núm. 187, de 5 de agosto de 1992). Artículo 5.

Noruega

Canje de Notas hispano-noruego de 5 y 21 de diciembre de 1956, relativas a prórrogas del plazo de validez de derechos de autor («BOE» núm. 58, de 8 de marzo de 1958; corrección de errores en «BOE» núm. 73, de 26 de marzo).

Panamá

Convenio de 25 de julio de 1912 entre España y Panamá, ratificado por España el 31 de mayo de 1913 («Gaceta» de 1 de junio), denunciado por Panamá el 30 de junio de 1918.

Convenio de cooperación cultural entre España y Panamá de 2 de mayo de 1979, ratificado por Instrumento de 7 de diciembre de 1979 («BOE» núm. 83, de 5 de abril de 1980). Artículo 11.

Paraguay

Convenio de 8 de julio de 1925 entre España y Paraguay, ratificado por España el 15 de septiembre de 1926 («Gaceta» de 22 de octubre).

Tratado de intercambio cultural de 26 de marzo de 1957, ratificado por Instrumento de 6 de diciembre de 1957 («BOE» núm. 102, de 29 de abril de 1958). Artículo 8.

Perú

Convenio de 26 de febrero de 1924 entre España y Perú, ratificado por España el 6 de diciembre de 1928 («Gaceta» de 7 de diciembre de 1928).

Polonia

Convenio de 27 de mayo de 1977 de cooperación cultural y científica entre los Gobiernos de España y la República de Polonia, ratificado por Instrumento de 7 de febrero de 1978 («BOE» núm. 93, de 19 de abril). Artículo 12.

Portugal

Convenio de 9 de agosto de 1880 entre España y Portugal, ratificado el 4 de julio de 1881 («Gaceta» de 2 de agosto).

Convenio cultural de 22 de mayo de 1970 entre España y Portugal, ratificado por Instrumento de 11 de marzo de 1971 («BOE» núm. 211, de 3 de septiembre). Artículo 15.

República del Senegal

Convenio cultural de 16 de junio de 1965 entre España y la República del Senegal, ratificado por Instrumento de 3 de febrero de 1966 («BOE» núm. 21, de 25 de enero de 1967). Artículo 7.

Tunicia

Convenio cultural de 22 de julio de 1968 entre España y Tunicia, ratificado por Instrumento de 26 de febrero de 1969 («BOE» núm. 165, de 11 de julio). Artículo 10.

Ucrania

Convenio de cooperación científico-técnica entre España y Ucrania, hecho en Kiev, el 7 de noviembre de 2001 («BOE» núm. 15, de 17 de enero de 2003).

Uruguay

Tratado de intercambio cultural de 13 de febrero de 1964 entre España y Uruguay, ratificado por Instrumento de 8 de abril de 1965 («BOE» núm. 255, de 24 de octubre de 1970). Artículo 8.

Venezuela

Convenio de 28 de junio de 1973 de cooperación cultural entre España y Venezuela, ratificado por Instrumento de 15 de noviembre de 1973 («BOE» núm. 172, de 19 de julio
de 1976; corrección de errores en «BOE» núm. 263, de 3 de noviembre de 1978). Artículo 8.

[1] Véanse los artículos 160 a 163 de la Ley de Propiedad Intelectual, 20 del Convenio de Berna y XIX de la Convención de Ginebra.

[2] Sustituye al anterior Tratado de 12 de junio de 1957 («BOE» núm. 113, de 11 de mayo de 1963).

ÍNDICE ANALÍTICO

A

Acciones y procedimientos de protección de derechos:

Cese de la actividad ilícita, § 1, 138 y 139; § 29, 41.1.

De reclamación de precio de reventa, § 1, 24.

De revisión por remuneración no equitativa, § 1, 47.

Indemnización de daños materiales y morales, § 1, 140; § 29, 45.

Infracción de los derechos de los productores de fonogramas, §1, 118; § 28.

Medidas cautelares:

Causas criminales, § 1, 143.

Enumeración, § 1, 141.

Procedimiento, § 29, 50.3 a 7.

Reconocimiento, § 1, 138, § 29, 50.1 y 2.

(Véase Indemnización de daños y perjuicios).

Actividades ilícitas

(Véase acciones y procedimientos de protección de derechos).

Actos oficiales:

Ejecución de obras musicales, § 1, 38.

Actos y acuerdos de los organismos públicos:

No son objeto de propiedad intelectual, § 1, 13.

Actualizaciones:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 11.

Adaptaciones:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 11.

(Véase Transformación de la obra).

Administración de los derechos de autor

(Véase Entidades de gestión).

Administración pública

(Véase Reutilización de la información en el sector público).

Agencia estatal de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, § 9, disposición adicional 1.ª; § 10, 3.

Alocuciones:

Ante los Tribunales o con el exclusivo fin de informar sobre la actualidad, § 1, 33.2; § 23, 2 y 2 bis.2.

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10; § 23, 2.1.

Alquiler de la obra, § 1, 19 y 117.4

(Véase Distribución de la obra).

Alteración de la obra:

Derecho a impedirla, § 1, 14.4.º

Ámbito personal de la protección legal:

Artistas intérpretes o ejecutantes, § 1, 161; § 27, 2 y 4.

Autores, § 1, 160; § 23, 3 a 6; § 24, II.

Bases de datos, § 1, 164.

Entidades de radiodifusión, § 1, 163; § 26, 1; § 27, 2 y 6.

Productores, realizadores de meras fotografías y editores, § 1, 162; § 27, 2 y 5; § 28, 2.

Anónimos

(Véase Obra seudónima o anónima).

Anotaciones:

Contenido mínimo del contrato de edición, § 1, 63.2.º

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 11.

Remuneración a tanto alzado, § 1, 46.2.

Antologías:

Contenido mínimo del contrato de edición, § 1, 63.1.º

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 12; § 23, 2.5.

Remuneración a tanto alzado, § 1, 46.2.

(Véase Colecciones de obras ajenas).

Arabia Saudita:

Convenio bilateral, § 31.

Arbitraje

(Véase Comisión de Propiedad Intelectual).

Archivos:

Reconocimiento y reproducción de documentos custodiados en los Archivos del Estado, § 2, 13.

Reproducción de obras por ellos, § 1, 37.

Argentina:

Convenio bilateral, § 31.

Arreglos musicales:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 11; § 23, 2.3.

(Véase Transformación de la obra).

Arrendamiento de servicios:

De artistas, intérpretes o ejecutantes, § 1, 110.

Artistas, intérpretes o ejecutantes:

Convención internacional, § 27; § 30.

Definición, § 1, 105; § 27, 3.a).

Derechos:

Autorización para comunicación pública, § 1, 108; § 27, 7.1.a).

Autorización para distribución, § 1, 109.

Autorización para doblaje, § 1, 113.

Autorización para la fijación, § 1, 106; § 27, 7.1.b).

Autorización para reproducción, § 1, 107; § 27, 7.1.c).

Duración de los de explotación, § 1, 112; § 27, 14.

Prestigio, § 1, 113.

Reconocimiento de su nombre, § 1, 113.

Designación de representante, § 1, 111; § 27, 8.

Elección del reparto en obras dramáticas y musicales, § 2, 84.

Extranjeros, § 1, 161; § 27, 2 y 4.

Interpretación o ejecución realizada en cumplimiento de contrato de trabajo o de servicios, § 1, 110.

Artistas plásticos:

Derecho de participación en beneficio del autor, § 14.

(Véanse Derecho de participación y Obras de artes plásticas).

Asociaciones de usuarios:

Del repertorio de las entidades de gestión, § 1, 157 y 158.

Atentado contra la obra:

Derecho del autor a la integridad de su obra, § 1, 14.4.

Legitimación mortis causa, § 1, 15.1.

Austria:

Convenio bilateral, § 31.

Autor:

Concepto, § 1, 5; § 2, 2.

Obra audiovisual, § 1, 87.

Obra colectiva, § 1, 8.

Obra compuesta e independiente, § 1, 9.

Obra en colaboración, § 1, 7.

Presunción de autoría, § 1, 6; § 2, 3.

Programas de ordenador, § 1, 97.

(Véanse Derechos de autor y Fallecimiento de autor).

Autorizaciones administrativas:

Aportación de documentos, § 17. 2.

Concepto, § 17.2.

Resolución, § 17, 3 y 4.

Terminación convencional, § 17. 5.

B

Balance:

De las entidades de gestión, § 1, 156.

Ballet:

Designación de representantes, § 1, 111.

(Véase Artistas, intérpretes o ejecutantes).

Bases de datos:

Comunicación pública de la obra, § 1, 20.2.i) y j).

Concepto, § 1, 12; § 29, 10.2.

Derecho sui generis:

Beneficiarios de la protección, § 1, 164.

Excepciones, § 1, 135.

Objeto de protección, § 1, 133 y disposiciones transitorias 15.ª, 16.ª, 17.ª y 18.ª

Plazo de protección, § 1, 136.

Utilización por el usuario legítimo, § 1, 34.1 y 134.

Extracción, § 1, 133.3.b).

Fabricante, § 1, 133.3.a).

Reutilización, § 1, 133.3.c).

Salvaguardia de aplicación de otras disposiciones legales, § 1, 40 ter.

Transformación, § 1, 21.1.

Utilización de la ya divulgada, § 1, 34.2.

Bélgica:

Convenio bilateral, § 31.

Biblioteca Nacional de España, § 18, 10.

Bibliotecas:

Acceso de las personas con discapacidad, § 6, disposición adicional segunda.

Cooperación bibliotecaria, § 6, 15.

Definición, § 6, 2. g).

Digitales, § 6, 2.h).

Misión, principios y valores, § 6, 12.

Públicas, § 6, 13.

Reproducción de obras, §1, 37.

Sistema Español de Bibliotecas, § 6, 14.

Bibliotecas digitales, § 6, 2.h).

Bienes de interés cultural:

Protección, § 1, 14.5.º

Bocetos:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10.

Boletín Oficial del Estado:

Publicación de la autorización a las entidades de gestión y de su revocación, § 1, 147 y 149.

Publicación de relación de entidades de gestión, § 1, 25.10.

Bolivia:

Convenio bilateral, § 31.

Braille

(Véase Invidentes).

Bulgaria:

Convenio bilateral, § 31.

C

Cafés-teatros:

Régimen legal de las representaciones celebradas en ellos, § 2, 114, 115 y 116.

Calles:

Reproducción, distribución y comunicación de obras situadas permanentemente en ellas, § 1, 35.2.

Casinos:

Régimen legal, § 2, 117.

Catálogo de Información Pública reutilizable, § 16, 5.

(Véase Reutilización de la información en el sector público).

Catedráticos

(Véase Explicaciones de cátedra).

Ceremonias religiosas:

Ejecución de obras musicales, § 1, 38.

Cesión de derechos de explotación:

Beneficios irrenunciables, § 1, 55.

Capacidad, § 1, 44.

Créditos en dinero, § 1, 54.

De obra creada en virtud de relación laboral, § 1, 51.

Del derecho de comunicación pública, § 1, 36.3.

Embargo de frutos y productos, § 1, 53.2.

En exclusiva, § 1, 48 y 49.

Exposición pública de originales, § 1, 56.2.

Formalización escrita, § 1, 45; § 2, 9.

Hipoteca mobiliaria, § 1, 53.1; § 5; § 13.

Ínter vivos:

Ámbito territorial, § 1, 43.1 y 2.

Duración, § 1, 43.2.

Obras futuras, § 1, 43.3 y 4, 59.1 y disposición transitoria 3.ª

Mortis causa, § 1, 42.

No exclusiva, § 1, 50.

No impide al autor la publicación en colección, § 1, 22; § 2, 21.

Obras reproducidas en publicaciones periódicas, § 1, 52.

Remuneración proporcional y a tanto alzado, § 1, 46 y 52.

Revisión por remuneración no equitativa, § 1, 47.

Soporte material de una obra, § 1, 56.

(Véanse Contrato de edición y Contrato de representación teatral y ejecución musical).

Ciegos

(Véase Invidentes).

Cine:

Acceso de las personas con discapacidad, § 9, disposición adicional 3.ª

Acceso al sistema educativo, § 9, disposición adicional 7.ª

Agencia Estatal de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, § 9, disposición adicional 1.ª; § 10, 3.

Calificación de obras audiovisuales, § 9, 8 y 9 § 10, 5 y 6.

Certificado de distribución, § 10, 7 .

Colaboración con las Comunidades Autónomas, § 10, 4.

Comercialización, § 10, 7 .

Coste de las películas, § 9, 13.

Cuota de pantalla, § 9, 18.

Defensa de la competencia, § 9, 10.

Definiciones, § 9, 4.

Distribución, § 9, 14.

Exhibición, § 9, 15 y disposición adicional 12.ª; § 10, 12.

Billetes, § 10, 15.

Control de asistencia, § 9, 16; § 10, 13, 14 y disposición adicional 2.ª; § 12.

Información para el espectador, § 10, 16.

Proyecciones efectuadas por Administraciones públicas, § 10, 17.

Salas X, § 9, 17.

Hipoteca de películas cinematográficas, § 13.

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, § 9, 3; § 10, 6.

Nacionalidad española de las obras cinematográficas y audiovisuales, § 9, 5, 12; § 10, 8.

Operadores de televisión, § 10, disposición adicional 5.ª

Órganos colegiados, § 9, disposición adicional 2.ª; § 10, 35 a 37.

Producción, § 9, 11.

Protección del patrimonio cinematográfico y audiovisual, § 9, 6.

Régimen sancionador, § 9, 38 a 40; § 10, 38 y 39.

Representación de los trabajadores, § 9, disposición adicional 8.ª y 9.ª

(Véanse Comisión de Calificación de Películas Cinematográficas, Comité de Ayudas a la Producción cinematográfica, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Medidas de fomento e incentivos a la cinematografía y al audiovisual y Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales).

Citas, § 1, 32; § 23, 10.

Coautores:

Duración de los derechos de explotación, § 1, 28.1.

Explotación por separado, § 1, 88.2.

Obra audiovisual, § 1, 87.

Régimen, § 1, 7.

Código Civil, § 1, 7 y disposición transitoria 14.ª; § 4.

Código Penal, § 21.

Coeditores

(Véase contrato de coedición).

Colaboraciones:

Autorización para su reproducción, § 1, 33.1.

En publicaciones periódicas, § 1, 59.2.

Colecciones de obras propias o ajenas:

Contenido mínimo del contrato de edición, § 1, 63.1.º

De conferencias, alocuciones e informes ante los Tribunales, § 1, 33.

Derecho de colección, § 2, 20 y 21.

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 12; § 23, 2.5.

Colombia:

Convenio bilateral, § 31.

Comentarios:

Contenido mínimo del contrato de edición, § 1, 63.

Comercio:

Difusión comercial de la obra, § 1, 64.4.

Retirada de la obra, § 1, 14.6 y 134.1.

Reventa de obras de arte plásticas, § 1, 24.

Cómics:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10.1.e).

Comisión de Calificación de Películas Cinematográficas, § 10, 35.

Comisión de Propiedad Intelectual:

Creación y adscripción, § 1, 158; § 20, 1.

Falta de acuerdo para la retransmisión por cable, § 1, 20.4.f).

Funciones, § 1, 158.3.1.º; § 20, 2.

De arbitraje § 1, 158.3.2.º; § 20, 2.

Procedimiento, § 20, 8.

Solicitud, § 20, 7.

Terminación del procedimiento, § 20, 8.

De arbitraje para fijar una cantidad sustitutoria, § 1, 158.3.3.º; § 20, 2.

Procedimiento, § 20, 10 y 12.

Solicitud, § 20, 11.

De mediación, § 1, 158.3.

Negociaciones y propuesta, § 20, 5.

Solicitud, § 20, 4.

Terminación del procedimiento, § 20, 6.

De salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, § 1, 158.4.º; § 20, 13.

Procedimiento, § 20, 15 a 24.

Secciones, § 1, 158.2:

Sección primera:

Composición, § 1, 158.3.4.º; § 20, 3.

Régimen jurídico, § 20, 2.2.

Sección segunda, § 1, 158.4.

Composición, § 1, 158.4.º; § 20, 14.

Funciones, § 1, 158.4.º; 13.

Uso preferente de medios electrónicos, § 20, disposición adicional única.

Comité de Ayudas a la Producción cinematográfica, § 10, 36.

Compendiador:

Concepto legal, § 2, 4.

(Véase Compendios).

Compendios:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 11.

Acreditación del permiso de los propietarios, § 2, 5.

Composiciones musicales:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10; § 23, 2.1.

(Véase Contrato de representación teatral y ejecución musical).

Cómputo de espectadores de las películas cinematográficas:

Control de asistencia, § 9, 16; § 10, 13, 14 y disposición adicional 2.ª; § 12.

Comunicación pública:

Concepto legal, § 1, 20.1 y 2.

Derecho exclusivo de explotación:

Titularidad, § 1, 17, 108, 116, 122, 126.1.d), 128 y 129.

Límites, § 1, 33 y 35.

Regímenes específicos:

Comunicación vía satélite, § 1, 20.3.

Comunicación por cable, § 1, 20.4.

Comunidades Autónomas:

Competencias en la difusión de obras audiovisuales en soporte videográfico, § 11, 7.

Depósito legal, § 1, disposición adicional 1.ª; § 18, disposición adicional 3.ª

Facultades en caso de fallecimiento del autor, § 1, 16 y 40.

Registros territoriales de la propiedad intelectual, § 1, 144.2.

Comunidad de bienes:

Concurrencia de varias entidades de gestión en la administración de una misma remuneración, § 1, 25.8.

Régimen de las obras en colaboración, § 1, 7.

Comunidades de propietarios:

Difusión de películas cinematográficas y obras audiovisuales en soporte videográfico, § 11.1.c)

Conferencias:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10; § 23, 2.1 y 2 bis.2.

Reproducción, distribución y comunicación, § 1, 33.2.

Contabilidad:

De las entidades de gestión, § 1, 156.

Contenido de los derechos de autor:

Derecho moral, § 1, 14 a 16.

Derechos de explotación, § 1, 17 a 23.

Otros derechos, § 1, 24 y 25.

(Véanse Derecho moral y Derechos de explotación).

Contratos:

Celebrados bajo la legislación anterior, § 1, disposición transitoria 3.ª

Contrato de arrendamiento de servicios:

De artistas, § 1, 110.

Contrato de coedición, § 6, disposición derogatoria. 2 (nota).

Contrato de distribución editorial, § 6, disposición derogatoria 2 (nota).

Contrato de edición:

Contenido mínimo, § 1, 60.

Concepto, § 1, 58.

Condiciones generales, § 1, 73.

Control de tirada, § 1, 72.

Corrección de pruebas, § 1, 65 y 66.

De la obra en forma de libro, § 1, 62.

De obras musicales o dramático-musicales, § 1, 71.

Destrucción de ejemplares, § 1, 67.3.

Edición agotada, § 1, 68.1.e).

Ediciones populares a precios reducidos, § 1, 46.2.d).

Exclusiones:

Encargo de una obra, § 1, 59.2.

Obras futuras, § 1, 59.1.

Extinción, § 1, 69 y 70.

Formalización por escrito, § 1, 60 y 61.1.

Lengua en que se publica la obra, § 1, 62.

Modificaciones en el contenido de la obra, § 1, 66.

Nulidad, § 1, 61.

Obligaciones del autor, § 1, 65.

Obligaciones del editor, § 1, 64.

Plazo para la puesta en circulación de ejemplares, § 1, 60.6.º, 63 y 68.1.a).

Remuneración del autor, § 1, 60.5.º y 64.5.º

Resolución del contrato por el autor, § 1, 68.

Subsanación de omisiones, § 1, 61.

Venta como saldo de la edición, § 1, 67 y 68.1.c).

Contrato de producción audiovisual, § 1, 88.

Contrato de representación teatral y ejecución musical:

Cesión del derecho de comunicación pública mediante radiodifusión, § 1, 84.

Concepto, § 1, 74.

Ejecución pública de composiciones musicales, § 1, 83.

Extinción, § 1, 82.

Interpretación restrictiva, § 1, 76.

Modalidades y duración máxima, § 1, 75.

Obligaciones:

Del autor, § 1, 77.

Del cesionario, § 1, 78.

Reglas de ejecución, § 1, 80; § 2, 69.

Remuneración del autor, § 1, 78.4.º y 79.

Resolución, § 1, 81.

(Véase Obras dramáticas y musicales).

Contrato de trabajo:

De artistas, § 1, 110.

Transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra, § 1, 51.

Contrato de transformación de obra audiovisual preexistente:

Concepto, § 1, 89.1.

Derechos que conserva el autor de la obra preexistente, § 1, 89.2.

Presunción de cesión en exclusiva, § 1, 88.

Contratos con entidades de gestión:

Contrato de gestión, § 1, 153.

Obligaciones, § 1, 157.

Control de tirada, § 1, 72.

(Véase Contrato de edición).

Convenios internacionales:

Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, § 29.

Bilaterales, § 31.

Convención Universal sobre el Derecho de Autor, § 24.

De Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, § 23.

Intercambio de programas por medio de filmes de televisión, § 25.

Interpretación o ejecución y fonogramas, § 30.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, § 22.

Protección de las emisiones de televisión, § 26.

Protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, § 27.

Protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, § 28.

Convicciones intelectuales o morales:

Retirada de la obra del comercio por su autor, § 1, 14.6.º

Copias

(Véase Reproducción de la obra).

Copista:

Concepto, § 2, 4.

Reproducción de obras para su uso privado, § 1, 31.2.º y 100.2; § 27, 15.1.a).

Copyright, § 1, 146; § 24, III.1.

Coreografías:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10; § 23, 2.1.

Objeto de contrato de representación teatral y ejecución musical, § 1, 74.

Contrato de gestión, § 1, 157.3.

(Véase Contrato de representación teatral y ejecución musical).

Coros:

Designación de representantes, § 1, 111 y § 27, 8.

(Véase Artistas, intérpretes o ejecutantes).

Corporaciones Locales:

Facultades en caso de fallecimiento del autor, § 1, 16, 40 y disposición transitoria 6.ª

Corporaciones públicas:

Discursos pronunciados en sesiones, § 1, 33.2.

Corrección de pruebas por el autor, § 1, 65 y 66.

Costa Rica:

Convenio bilateral, § 31.

Cuba:

Convenio bilateral, § 31.

D

Daño moral, § 1, 140.

Daños y perjuicios

(Véase Indemnización de daños y perjuicios).

Deformación de la obra:

Derecho moral al respeto a la integridad de la obra, § 1, 14.4.º

Deliberaciones de los organismos públicos, § 1, 13.

Delitos contra la propiedad intelectual, § 21.

Depósito:

De la remuneración de actores en el contrato de representación teatral y ejecución musical, § 1, 79; § 2, 96.

De la remuneración por copia privada, § 1, 25.15.

De los ingresos por la actividad ilícita, § 1, 141.1.

Depósito legal:

Biblioteca Nacional de España, § 18, 10.

Centros depositarios y de conservación, § 18, 9.

Comunidades Autónomas con lengua cooficial, § 18, disposición adicional 3.ª

Constitución, § 18, 12 y 13.

Convenios de colaboración, § 18, disposición adicional 1.ª

Definiciones, § 18, 3.

Infracciones, § 18, 18 y 19.

Número, § 18, 14.

Objetivos, § 18, 2.

Oficinas, § 18, 11.

Órgano de participación del sector, § 18, disposición adicional 2.ª

Procedimiento sancionador:

Potestad sancionadora, § 18, 16.

Responsables, § 18, 17.

Sanciones, § 18, 20.

Publicaciones electrónicas, § 18, 13.

Publicaciones excluidas, § 18, 5.

Publicaciones objeto de depósito, § 18, 4.

Requerimiento, § 18, 15.

Sujetos obligados a constituirlo, § 18, 6.

Documentos electrónicos y sitios web, § 18, 7.

Sujetos obligados a solicitarlo, § 18, 7.

Derecho de participación:

Características, § 14, 6.

Contenido del derecho, § 14, 1.

Deberes de los intervinientes en una reventa, § 14, 8.

Derecho supletorio, § 14, disposición final 3.ª

Derecho de información, § 14, 11.

Fondo de Ayuda a las Bellas Artes, § 14, 13.

Gestión, § 14, 7.

Importe, § 14, 5.

Pago, § 14, 9.

Prescripción, § 14, 12.

Responsabilidad solidaria, § 14, 10.

Reventas sujetas, § 14, 3.

Sujetos, § 14, 2.

Umbral de aplicación, § 14, 4.

Derecho de tanteo:

Del autor sobre el precio de saldo, § 1, 67.2.

Del autor sobre el precio de venta, § 1, 70.

Derecho moral:

Facultades irrenunciables e inalienables, § 1, 14.

Indemnización por daños morales, § 1, 140.

Legitimación mortis causa, § 1, 15 y 16.

Obra audiovisual, § 1, 93.

Obra teatral, § 1, 78.2.º

Titularidad, § 1, 160.5.

Derechos adquiridos según la legislación anterior, § 1, disposiciones transitorias; § 2, 54 a 60.

Derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes

(Véase Artistas, intérpretes o ejecutantes).

Derechos de autor:

Administración y gestión, § 1, 147 a 159.

Contenido:

Derecho moral, § 1, 14 a 16, 78.2.º y 93.

Derecho de explotación, § 1, 17 a 23.

Otros derechos, § 1, 24 y 25.

Convención Universal, § 24.

Dominio público, § 1, 41.

Duración, § 1, 26 a 30.

En caso de transformación de la obra, § 1, 21.

Límites, § 1, 31 a 40 bis.

Objeto, § 1, 10 a 13.

Obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, § 1, 86 a 94.

Programas de ordenador, § 1, 95 a 104.

Sujeto, § 1, 5 a 9.

Transmisión:

Disposiciones generales, § 1, 42 a 57.

Contrato de edición, § 1, 58 a 73.

Contrato de representación teatral y ejecución musical, § 1, 74 a 85.

Derechos de explotación:

Colección, § 1, 22.

Comunicación pública, § 1, 20.

Distribución, § 1, 19.

Ejercicio exclusivo, § 1, 17.

Embargo de frutos o productos, § 1, 53. 2.

Hipoteca, § 1, 53.1.

Indemnización por retirar la obra del comercio, § 1, 14.6.

Independencia entre sí, § 1.

Reproducción, § 1, 18.

Transformación, § 1, 21.

Dibujos:

Contenidos en publicaciones periódicas, § 2, 19.

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10; § 2, 1; § 23, 2.1.

Reproducción de obras situadas permanentemente en vías públicas, § 1, 35.2.

(Véase Obras de artes plásticas).

Diccionarios:

Plazo de puesta en circulación de los ejemplares, § 1, 63.

Posibilidad de remuneración a tanto alzado, § 1, 46.2.

Dictámenes de los organismos públicos:

Exclusión del objeto de propiedad intelectual, § 1, 13.

Directores de escena y orquesta:

Consideración como artistas intérpretes o ejecutantes, § 1, 105.

Elección de representantes, § 1, 111.

Elección por el autor y el cesionario de mutuo acuerdo, § 1, 80.2.ª

Discapacitados:

Acceso a la lectura, § 17, disposición adicional segunda.

Acceso a las salas de cine, § 6, disposición adicional tercera.

Discursos:

En sesiones parlamentarias o de corporaciones públicas, § 1, 33.2.

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10; § 23, 2 bis.

Diseños:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10.

Disertaciones:

Actos de comunicación pública de la obra, § 1, 20.2.a).

Disposiciones legales y reglamentarias:

Exclusión del objeto de propiedad intelectual, § 1, 13; § 23, 2.4.

Distribución de la obra:

Concepto, § 1, 19.

Límites, § 1, 33 a 40 bis.

Suspensión, § 1, 141.2.

Venta, § 1, 19.

Distribución editorial

(Véase Contrato de distribución editorial).

Divulgación de la obra:

Concepto, § 1, 4.

Consentimiento de los coautores, § 1, 7.

Derecho moral, § 1, 14.1.º y 2.º

En forma anónima o bajo seudónimo o signo, § 1, 6 y 14.2.º

Tutela del derecho a la cultura, § 1, 40.

Doblaje:

Autorización del artista, § 1, 113.

Documento:

Definición, § 18, 3.

Documento electrónico:

Definición, § 18, 3.

Dominio de internet:

Definición, § 18, 3.

Dominio público, § 1, 41, 129 y disposición transitoria 5.ª

Duración de derechos:

De artistas, intérpretes o ejecutantes, § 1, 112 y 113.

De explotación de la obra:

Con carácter general, § 1, 26; § 23, 7.1; § 24, IV.2; § 29, 12.

Emisiones de radiodifusión, § 1, 127; § 27, 14.

Fonogramas, § 1, 119; § 27, 14; § 28, 4; § 29, 14.5; § 30.

Fotografías, § 1, 128; § 23, 7.4; § 1, IV.3.

Grabaciones audiovisuales, § 1, 125; § 23, 7.2.

Obra colectiva, § 1, 28.2.

Obra divulgada después de la muerte del autor, § 1, 15.2 y 27.2.

Obra en colaboración, § 1, 28.1; § 23, 7 bis.

Obra inédita y no protegida, § 1, 130.

Obra publicada por partes, volúmenes o entregas, § 1, 29.

Obra seudónima o anónima, § 1, 27.1; § 23, 7.3.

Plazos, cómputo, § 1, 30; § 23, 7.5.

Programas de ordenador, § 1, 98.

Representación teatral y ejecución musical, § 1, 75.1; § 27, 14; § 29, 14.5.

De su gestión, § 1, 153.

E

Ecuador:

Convenio bilateral, § 31.

Edición

Definición, § 18, 3.

(Véase Contrato de edición).

Edición paralela:

Definición, § 18, 3.

Editor:

Apoderados de los propietarios de las obras, § 2, 118.

De obras inéditas, § 2, 6.

Obras anónimas o bajo seudónimo, § 2, 7.

Ejecución musical:

En actos oficiales, § 1, 38; § 2, 101.

(Véase Contrato de representación teatral y ejecución musical).

Ejecutantes

(Véase Artistas, intérpretes y ejecutantes).

Ejemplares:

Acceso del autor al ejemplar único o raro, § 1, 14.7.º

Control de tirada, § 1, 72.

Destrucción, § 1, 67.3 y 139.1.c).

Plazo de puesta en circulación, § 1, 60.6.º y 63.

Secuestro, § 1, 141.3.

Venta como saldo, § 1, 67 y 68.1.

(Véase Contrato de edición).

Embargo:

De los frutos y productos, § 1, 53.2.

Impago de la remuneración compensatoria, § 1, 25.20.

Emisión por radiodifusión o televisión:

Acto de comunicación pública de la obra, § 1, 20.2.

Concepto, § 1, 126.2; § 27, 3.f).

Reproducción, § 1, 36.

(Véase Entidades de radiodifusión).

Empresarios:

Obra creada en virtud de relación laboral, § 1, 51.

Productores de fonogramas, § 1, 114.2.

Empresas de espectáculos públicos:

Depositarios de las remuneraciones de los actores, § 1, 79.

Obligación de llevar:

Libro de entradas, § 2, 106 y 107.

Registro de obras, § 2, 78.

Encargado de una obra

(Véase Contrato de edición).

Enciclopedias:

Objeto de propiedad intelectual, § 23, 2.5.

Exclusión del plazo legal de puesta en circulación, § 1, 63.

Remuneración a tanto alzado, § 1, 46.2.d).

Ensayos:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10.

Entidades de gestión:

Administración de los derechos de autor, § 1, 152.

Autorización del Ministerio de Cultura:

Condiciones, § 1, 148.

Revocación, § 1, 149.

Balance, § 1, 156.

Comisión de Propiedad Intelectual, § 1, 158.

Concepto, § 1, 147.

Contratos, § 1, 153.1 y 157.1.

Ejercicio de derechos, § 1, 147 y 150.

Estatutos, § 1, 151 y 159.2.

Facultades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, § 1, 159.2.

Función social, § 1, 155.

Medidas tecnológicas, § 1, 160 a 162.

Memoria, § 1, 156.

Obligaciones, § 1, 157.

Remuneración de los autores y de los titulares de otros derechos de propiedad intelectual, § 1, 25.7, 90.7, 108.4, 109.3.2.º, 116.3 y 122.3.

Reparto de los derechos recaudados, § 1, 154.

Tarifas, § 1, 90.4 y 157.1.b).

Entidades de radiodifusión:

Convención internacional, § 27.

Derechos exclusivos:

Comunicación, § 1, 126.1.d).

Distribución, § 1, 126.1.e).

Fijación, § 1, 126.1.a).

Reproducción, § 1, 126.1.b).

Retransmisión, § 1, 126.1.c).

Duración de los derechos de explotación, § 1, 127.

Protección, § 1, 163; § 26.

(Véase Radiodifusión).

Epílogos, § 1, 63.

Epistolarios:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10.

Escritos:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10; § 23, 2.1.

Esculturas:

Derecho de participación en beneficio del autor, § 14.

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10; § 23, 2.1.

(Véase Obras de artes plásticas).

Estado:

Ejecución de obras musicales en actos oficiales, § 1, 38; § 2, 101.

Facultades en caso de fallecimiento del autor, § 1, 16, 40 y disposición transitoria 6.ª

Estados Unidos:

Convenio bilateral, § 31.

Estatutos:

De las Entidades de gestión, § 1, 151 y 159.2.

Explicaciones de cátedra:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10.

Explotación de la obra

(Véase Derechos de explotación).

Exportación:

De copias de fonogramas, § 1, 117.3.

De obra audiovisual, § 1, 90.3.

Sin autorización del titular, § 21, 270.

Exposición pública de obras:

Acto de comunicación pública, § 1, 20.2.h).

De originales de obras plásticas y fotografías, § 1, 56.2.

Extractador:

Concepto, § 2, 4.

Extractos de obras:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 11.

Extranjeros:

Protección de sus derechos de propiedad intelectual, § 1, 160 a 164.

F

Fabricante:

De materiales idóneos para la reproducción o la distribución comercial, § 1, 25.4.

De una base de datos, § 1, 133.

Fallecimiento del autor:

De artistas, intérpretes o ejecutantes, § 1, 113.

Duración de la protección de los derechos de explotación de las obras póstumas, § 1, 27.2.

Facultades de los derechohabientes, § 1, 15, 40 y disposición transitoria 6.ª

Facultades del Estado y Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales e instituciones públicas de carácter cultural, § 1, 16, 40 y disposición transitoria 6.ª

Federación de Rusia:

Convenio bilateral, § 31.

Filipinas:

Convenio bilateral, § 31.

Filmotecas:

Actividades de exhibiciones cinematográficas organizadas por ellas, § 16, 11.2.

Reproducción de obras por ellas, § 1, 37.

Folletos:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10; § 23, 2.1.

Fondo de Ayuda a las Bellas Artes, § 14, 13.

Fonogramas:

Concepto, § 1, 114.1; § 27, 3.b); § 28, 1.a).

Participación de los artistas, § 1, 108 y 109; § 30.

Símbolo de reserva de derechos, § 1, 146; § 28, 5.

Su reproducción origina remuneración equitativa, § 1, 25.1.

(Véase Productores de fonogramas).

Fonotecas:

Reproducción de obras por ellas, § 1, 37.

Fotografías:

De obras situadas en parques, calles y plazas, § 1, 35.

Exposición pública, § 1, 56.

Inclusión de obra ajena en la propia, § 1, 32.

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10; § 23, 2.1.

Protección de las meras fotografías, § 1, 128.

Realizadas en grabaciones audiovisuales, § 1, 124.

Francia:

Convenio bilateral, § 31.

G

Gestión de los derechos de autor

(Véase Entidades de gestión).

Grabaciones audiovisuales

(Véanse Obra audiovisual y Productores de las grabaciones audiovisuales).

Grabados:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10; § 23, 2.1.

(Véase Obras de artes plásticas).

Gráficos:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10.

Grupos musicales:

Designación de representante, § 1, 111.

(Véase Artistas, intérpretes o ejecutantes).

Guatemala:

Convenio bilateral, § 31.

Guiones

(Véase Obra audiovisual).

H

Haití:

Convenio bilateral, § 31.

Hemerotecas:

Reproducción de obras por ellas, § 1, 37.

Hipoteca de la propiedad intelectual:

En general, § 1, 53; § 5, 12.5.º

Acreedor, § 5, 49 a 50.

Contenido de la escritura de hipoteca, § 5, 47.

Derechos accesorios de la hipoteca del derecho principal, § 5, 46.

Norma general, § 5, 45.

Registro, § 5, 76.

Titular del derecho, § 5, 48.

Películas cinematográficas, § 13.

Hipoteca de películas cinematográficas:

Anotación preventiva, § 13, 9.

Consentimiento del acreedor, § 13, 5.

Derecho de explotación, § 13, 1 y 2.

Ejecución, § 13, 11.

Objeto, § 13, 1 a 3.

Pacto de transmisión de rendimientos, § 13, 13 a 21.

Películas en realización, § 13, 4 y 9.

Requisitos, § 13, 6 a 8.

Historietas gráficas:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10.

Honduras:

Convenio bilateral, § 31.

Hungría:

Convenio bilateral, § 31.

I

Ilustraciones de obras ajenas:

Exclusión del plazo legal de puesta en circulación, § 1, 63.

Remuneración a tanto alzado, § 1, 46.2.d).

Importación:

De copias de fonogramas, § 1, 117.3.

Impresor:

Concepto, § 6, 2.i).

Impresos:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10.

Indemnización de daños y perjuicios:

Al poseedor de la obra, § 1, 14.7.º

Al productor de la obra audiovisual, § 1, 91.

Por actividades ilícitas, § 1, 140; § 21, 272.

Por daño moral, § 1, 140.

Por retirada de la obra del comercio por su autor, § 1, 14.6.º

Indicaciones de reserva de derechos:

En general, § 1, 146; § 24, III.

Fonogramas, § 1, 146; § 28, 5.

Informes forenses:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10.

Infracciones, § 1, 130 a 143.

(Véase Delitos contra la propiedad intelectual).

Inscripciones en el Registro de la Propiedad Intelectual:

Inscripciones:

Corrección de errores, § 19, 29.

Eficacia, § 19, 27.

Extinción, § 19, 28.

Forma, § 19, 26.

Presunción, § 1, 145.3.

Procedimiento de actuación:

Admisión, § 19, 18.

Calificación § 1, 145.2; § 19, 22.

Solicitudes incompatibles, § 19, 20.

Subsanación de defectos, § 19, 19.

Tracto sucesivo, § 19, 23.

Tramitación, § 19, 21.

Publicidad:

De los asientos, § 1, 145.4; § 19, 30.

De los expedientes, § 19, 31.

De los programas de ordenador, § 19, 32.

Resolución:

Forma, § 19, 24.2.

Impugnación, § 19, 25.

Plazo, § 19, 24.1.

Solicitudes:

Anotaciones preventivas, § 19, 16 y 17.

Legitimación, § 19, 9.3, 11.

Lugar de presentación, § 19, 9.2.

Registro competente, § 19, 15.

Requisitos, § 19, 9.1, 10 y 12 a 14.

(Véase Registro General de la Propiedad Intelectual).

Instituciones públicas de carácter cultural:

Facultades en caso de fallecimiento del autor, § 1, 16, 40 y disposición transitoria 6.ª

Reproducciones de obras, § 1, 37.

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales:

Calificación de las obras cinematográficas y audiovisuales, § 10, 5 y 6.

Certificado de distribución, § 10, 7.

Certificado de nacionalidad, § 10, 7.

Fomento de la industria cinematográfica y audiovisual, § 9, 19

Órgano competente de la Administración, § 9, 8.

International Standard Book Number (ISBN):

Concepto, § 7, 1.2.

Consignación, § 7, anexo II; § 8, 9.

Efectos, § 7, 5.

Estructura, § 7, 4.

Gestión, § 7, 2 y disposición adicional única.

Obligación de consignarlo, § 8.

Publicaciones que lo incluyen, § 7, 1.3 y anexo I.

Relación con la Agencia internacional del ISBN, § 7, 3.

International Standard Serial Number (ISSN), § 6, 8.3.

Intérpretes

(Véase Artistas, intérpretes y ejecutantes).

Invidentes:

Reproducción de obras para su uso privado, § 1, 31.3.

Introducciones:

Exclusión del plazo legal de puesta en circulación, § 1, 63.

Remuneración a tanto alzado, § 1, 46.2.d).

Irak:

Convenio bilateral, § 31.

Italia:

Convenio bilateral, § 31.

J

Jordania:

Convenio bilateral, § 31.

Jueces de Primera Instancia:

Competencia en medidas cautelares, § 1, 142.

Jurisdicción civil:

Competencia en las impugnaciones contra acuerdos del Registrador, § 1, 145.2.

L

Lenguas:

De publicación de obras, § 1, 62.

Leyes

(Véase Disposiciones legales y reglamentarias).

Libia:

Convenio bilateral, § 31.

Libreros:

Concepto, § 17, 2.e); § 6, 2.e).

Libros:

Coedición (véase Contrato de coedición).

Definición, § 6, 2.a).

Depósito legal (véase Depósito legal).

Distribuidor, § 6, 2.d).

Editor, § 6, 2.c).

Impresor, § 6, 2.i).

Lenguas oficiales de España, § 6, 1.3.

Librero, § 6, 2.e).

Número ISBN, § 17, 8 [véanse International Standard Book Number (ISBN) e International Standard Serial Number (ISSN)].

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10; § 23, 2.1.

Régimen sancionador, § 6, 16 y 17.

Reproducciones, § 1, 25.

Observatorio de la Lectura y del Libro, § 6, disposición adicional 2.ª

Precio fijo, § 6, 9 a 11.

Publicados por el Estado, § 6, disposición adicional cuarta.

(Véase Contrato de edición).

Liceos:

Régimen legal, § 2, 117.

Límites:

De los derechos de autor, § 1, 31 a 40.bis.

Medidas tecnológicas, § 1, 161.

Litografías:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10; § 23, 2.1.

(Véase Obras de artes plásticas).

M

Mapas:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10; § 23, 2.1.

Maquetas:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10.

Marruecos:

Convenio bilateral, § 31.

Material audiovisual

(Véase Obra audiovisual).

Medidas cautelares

(Véase Acciones y procedimientos de protección de derechos).

Medidas de fomento e incentivos a la cinematografía y al audiovisual:

Ayudas a la conservación, § 9, 30.

Ayudas a la creación y al desarrollo, § 9, 22 y 23.

Ayudas a la distribución, § 9, 28.

Ayudas a la exhibición, § 9, 29.

Ayudas a la producción, § 9, 24 a 27; § 10, 19 a 27.

Coproducción con empresas extranjeras, § 10, 28 a 34.

Ayudas a la promoción, § 9, 31 y 32.

Convenios de financiación, § 10, disposición adicional 1.ª

Incentivos fiscales, § 9, 21, disposición adicional 4.ª

Lenguas cooficiales distintas al castellano, § 9, 36, y disposición adicional 6.ª

Normativa aplicable, § 9, 20.

Otras ayudas e incentivos, § 9, 33 a 36.

Promoción del cine europeo, § 9, disposición adicional 10.ª

Promoción de la industria de animación, § 9, disposición adicional 11.ª

Méjico:

Convenio bilateral, § 31.

Memoria:

De las actividades de las entidades de gestión, § 1, 156.

Menores:

Capacidad para ceder los derechos de explotación, § 1, 44.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:

Adscripción del Registro Central de la Propiedad Intelectual, § 1, 144.1; § 2, 8.2.º y 112.

Intervención en las entidades de gestión:

Autorización y revocación, § 1, 147 a 149.

Comisión de Propiedad Intelectual, § 1, 158.

Constitución de una asociación por varias, § 1, 25.9.

Vigilancia, § 1, 25.10 y 159.

Periodicidad de la remuneración proporcional a los autores de las cantidades recaudadas, § 1, disposición adicional 4.ª

Publicación de contratos-tipo de hipoteca mobiliaria de películas cinematográficas, § 13, disposición adicional 2.ª

Revisión de cantidades, § 1, disposición adicional 3.ª

Modelos de utilidad:

Programas de ordenador que formen parte de ellos, § 1, 96.3.

Modificación de la obra:

Derecho moral, § 1, 14.5.º

Muerte del autor

(Véase Fallecimiento del autor).

Museos:

Reproducción de obras por ellos, § 1, 37.

N

Nicaragua:

Convenio bilateral, § 31.

Noruega:

Convenio bilateral, § 31.

Nulidad:

Del contrato de edición, § 1, 61.1.

O

Objeto de propiedad intelectual:

Bases de datos, § 1, 12.

Colecciones, § 1, 12.

Exclusiones, § 1, 13.

Obras derivadas, § 1, 11.

Obras y títulos originales, § 1, 10.

Obra:

Concepto, § 2, 1.

Reproducción, distribución y comunicación de las situadas permanentemente en lugares públicos, § 1, 35.2.

Obra ajena:

Colecciones, § 1, 12.

Inclusión en una obra propia, § 1, 32.

Obra anónima

(Véase Obras seudónimas o anónimas).

Obra audiovisual:

Aportación insuficiente del autor, § 1, 91.

Autores, § 1, 87.

Cesión en caso de transformación de obra preexistente, § 1, 89.

Concepto, § 1, 86.

De carácter publicitario, § 1, 90.6.

Derechos de autores y productores, § 1, 88.

Derechos morales, § 1, 93.1.

Destrucción del soporte original, § 1, 93.2.

Hipoteca de películas cinematográficas, § 13.

Modificación de la versión definitiva, § 1, 92.2.

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10.1.d).

Radiodifusión, § 1, 88, 92.2 y 94.

Recogida en soporte videográfico, § 11.

Remuneración de los autores, § 1, 90 y 160.2.

Terminación de la obra, § 1, 92.1.

(Véase Productores de las grabaciones audiovisuales).

Obra colectiva:

Concepto, § 1, 8.

Duración de los derechos de explotación, § 1, 28.2.

Obra seudónima o anónima:

Duración de los derechos de explotación, § 1, 27.

Ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, § 1, 6.2; § 2, 7; § 23, 15.

Facultad del autor, § 1, 14.2.º

Obras arquitectónicas y de ingeniería:

Proyectos, mapas, maquetas y diseños, § 1, 10; § 23, 2.1.

Obras científicas:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10; § 23, 2.1.

Remuneración a tanto alzado, § 1, 47.2.d).

Obras cinematográficas:

Calificación y clasificación, § 9, 8, 9, y disposición adicional segunda.

Concepto § 9, 4.

Cuota de pantalla, § 9, 18.

Hipoteca, § 13.

Nacionalidad, § 9, 5.

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10.1.d); § 9, 1; § 23, 2.1.

(Véase Cine).

Obras compuestas:

Concepto, § 1, 9.1.

Obras de artes plásticas:

Derecho de participación en beneficio del autor, § 14.

Exposición, § 1, 20.2.h).

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10.

Reventa, § 1, 24.

(Véase Derecho de participación).

Obras de dominio público

(Véase Dominio público).

Obras derivadas:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 11.

Obras dramáticas y musicales:

Adaptaciones de argumentos, § 2, 68.

Admisión de obras y partituras por la empresa:

Copias, § 2, 79.

Entrega de partituras, § 2, 80.

Entrega de recibo, § 2, 73.

Fijación del plazo de ejecución, § 2, 76 y 77.

Arreglo de obras dramáticas, § 2, 67.

Billetes, § 2, 109.

Carteles, § 2, 86.

Coautores, § 2, 72.

Corrección y refundición de obras, § 2, 66.

Derechos de representación:

Calificación de depósito, § 2, 96.

Cantidad alzada, § 2, 103.

Composiciones literarias, § 2, 98.

Control de taquilla, § 2, 108.

Derechos de autores de decoración, § 2, 113.

Derechos de autores o propietarios de un libreto dramático o musical, § 2, 112.

Derechos de coautores, § 2, 111.

Derechos sobre el total producto, § 2, 102.

Exención del pago de derechos, § 2, 101.

Intervención en cuentas de billetes vendidos, § 2, 109.

Obras de música puramente instrumental, § 2, 100.

Óperas y obras análogas, § 2, 99.

Regalo de entradas, § 2, 110.

Reparto de derechos, § 2, 97.

Derechos del editor, § 2, 118.

Editores o administradores de las obras dramáticas, § 2, 118.

Ejecución, § 1, 38; § 2, 62, 70 y 71.

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10; § 23, 2.1 y 3.

Óperas, § 2, 99.

Parodias, § 1, 39; § 2, 65.

Régimen legal, § 2, 11 y 61.

Representación de obras dramáticas y musicales:

Aceptación por parte de la empresa, § 2, 74.

Devolución al autor, § 2, 74.

Reclamación de devolución, § 2, 75.

Representación de obras y partituras:

Anuncios de obras, § 2, 85 y 86.

Cláusula de conciencia, § 2, 93.

Derechos de indemnización a favor de la empresa, § 2, 91.

Derechos de indemnización a favor de los propietarios, § 2, 90.

Derechos de la empresa, § 2, 83.

Derechos del autor, § 2, 84.

Disidencia entre copropietarios, § 2, 94.

Impago de la representación, § 2, 92.

Obligación de la empresa, § 2, 89.

Obligaciones del autor o propietario, § 2, 81 y 82.

Prohibiciones a la empresa, § 2, 87.

Rescisión del contrato en caso de fuerza mayor, § 2, 95.

Rescisión del contrato en caso fortuito, § 2, 95.

Vestuarios y decorados, § 2, 88.

(Véase Contrato de representación teatral y ejecución musical).

Obras en colaboración:

Concepto, § 1, 7.

Duración de los derechos de explotación, § 1, 28.1.

Obras escogidas

(Véase Colecciones de obras propias o ajenas).

Obras fonográficas

(Véase Fonogramas).

Obras fotográficas

(Véase Fotografías).

Obras futuras

Nulidad de la cesión de los derechos de explotación sobre ellas, § 1, 43.3, 59.1 y disposición transitoria 3.ª

Nulidad del compromiso de no crearlas, § 1, 43.4 y disposición transitoria 3.ª

Obras independientes:

Concepto, § 1, 9.2.

Obras inéditas (editor de):

Concepto legal, § 2, 6.

Obra de dominio público, § 1, 129.

Obras musicales

(Véase Obras dramáticas y musicales).

Obras publicadas por partes:

Cómputo del plazo de protección, § 1, 29.

Reproducción de las insertas en publicaciones periódicas, § 2, 19.

Obras teatrales

(Véanse Obras dramáticas y musicales y Contrato de representación teatral y ejecución musical).

Observatorio de la Lectura y del Libro, § 6, disposición adicional 2.ª

Óperas

(Véase Obras dramáticas y musicales).

Ordenadores:

(Véase Programas de ordenador).

Organismos públicos:

Sus acuerdos, deliberaciones y dictámenes no son objeto de propiedad intelectual, § 1, 13.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual:

Asamblea general, § 22, 6.

Capacidad jurídica, § 22, 12.

Comité de coordinación, § 22, 8.

Conferencia, § 22, 7.

Definiciones, § 22, 2.

Establecimiento, § 22, 1 y 15.

Finanzas, § 22, 11.

Fines, § 22, 3.

Funciones, § 22, 4.

Miembros, § 22, 5.

Modificaciones, § 22, 17.

Notificaciones, § 22, 19.

Oficina internacional, § 22, 9.

Relaciones con otras organizaciones, § 22, 13.

Sede, § 22, 10.

Órganos jurisdiccionales:

Informes ante los Tribunales, § 1, 33.2.

Sus resoluciones no son objeto de propiedad intelectual, § 1, 13.

Orquesta:

Director, § 1, 80.2.ª y 105.

Representante, § 1, 111.

(Véase Artistas, intérpretes o ejecutantes).

P

Panamá:

Convenio bilateral, § 31.

Pantomimas:

Objeto del contrato de representación teatral y ejecución musical, § 1, 74.

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10; § 23, 2.1.

Obligaciones de las entidades de gestión, § 1, 157.3.

(Véase Contrato de representación teatral y ejecución musical).

Paraguay:

Convenio bilateral, § 31.

Parlamento:

Reproducción, distribución y comunicación de los discursos pronunciados en sus sesiones, § 1, 33.2.

Parodias:

No se considera transformación, § 1, 39.

Prohibición de introducir ningún trozo literal ni melodía de la obra parodiada, § 2, 65.

(Véase Obras dramáticas y musicales).

Parques:

Reproducción, distribución, y comunicación de las obras situadas permanentemente en ellos, § 1, 35.

Participación:

De autores:

En los casos de reventa de obras de artes plásticas, § 1, 24.

En los derechos recaudados por las entidades de gestión, § 1, 154.2

En los ingresos por explotación de la obra cedida, § 1, 46.

De los artistas en fonogramas, § 1, 108.2, 3 y 4; § 27, 12.

(Véase Remuneraciones del autor).

Partituras, § 1, 77.

Patentes:

Programas de ordenador que formen parte de ellas, § 1, 96.3.

Películas cinematográficas

(Véanse Cine, Obras cinematográficas y Obra audiovisual).

Periódicos

(Véase Publicaciones periódicas).

Personas jurídicas, § 1, disposición transitoria 2.ª:

Autor de programas de ordenador, § 1, 97.

Derechos de autor, § 1, 5.2.

Obra colectiva, § 1, 8.

Perú:

Convenio bilateral, § 31.

Pinturas:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10; § 23, 2.1.

Reproducción de los situados en vías públicas, § 1, 35.2.

Planos:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10; § 23, 2.1.

Plazas:

Reproducción, distribución y comunicación de las obras situadas permanentemente en ellas, § 1, 35.

Plazos

(Véase Duración de derechos).

Polonia:

Convenio bilateral, § 31.

Portugal:

Convenio bilateral, § 31.

Prensa

(Véase Publicaciones periódicas).

Prescripción:

De la acción de reclamación de participación en el precio de reventa, § 1, 24.5.

De la acción por daños y perjuicios, § 1, 140.

Presentaciones:

Contenido mínimo del contrato de edición, § 1, 63.

Remuneración a tanto alzado, § 1, 46.2.d).

Préstamos de la obra, § 1, 19.4 y 5.

Presunción de autor, § 1, 6.

Procedimiento administrativo o judicial:

Legitimación de las entidades de gestión, § 1, 25.8 y 20, y 150.

Reproducción de obras divulgadas sin la autorización del autor, § 1, 31.

Productores de fonogramas:

Concepto, § 1, 114.2; § 27, 3.c); § 28, 1.b).

Convenios internacionales, § 27; § 28.

Derechos:

Autorización de distribución, § 1, 117; § 28, 2.

Autorización de reproducción, § 1, 115; § 27, 10; § 28, 2.

Comunicación pública, § 1, 116; § 27, 12.

Duración, § 1, 119; § 28, 4.

Protección, § 1, 162.

Extranjeros, § 1, 162; § 27, 5; § 28, 2.

Productores de grabaciones audiovisuales:

Concepto, § 1, 20.

Derechos:

Autorización de comunicación pública, § 1, 122.

Autorización de distribución, § 1, 123.

Autorización de reproducción, § 1, 121.

Duración, § 1, 125.

Explotación de fotografías, § 1, 124.

Protección, § 1, 162.

Extranjeros, § 1, 162.

(Véase Obra audiovisual).

Productores de obras cinematográficas:

Presunción, § 23, 15.2.

(Véase Productores de grabaciones audiovisuales).

Programas de ordenador:

Cesión del derecho de uso, § 1, 99.

Concepto, § 1, 96.1.

Consulta pública registral, § 1, 101.

Contenido de los derechos de explotación:

Distribución, § 1, 99.c).

Reproducción, § 1, 99.a).

Traducción, adaptación o transformación, § 1, 99.b).

Derecho de autor, § 1, 95.

Duración de la protección, § 1, 98.

Infracción de los derechos, § 1, 102.

Límites de los derechos, § 1, 100.

Medidas de protección, § 1, 103.

Objeto de la protección:

Documentación técnica y manuales de uso, § 1, 96.1.

Programa original, § 1, 96.2.

Programas que forman parte de una patente o modelo de utilidad, § 1, 96.3.

Programas sucesivos o derivados, § 1, 96.3.

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10.

Protección registral, § 1, 101.

Titularidad de los derechos, § 1, 97.

Prólogos:

Exclusión del plazo legal de puesta en circulación, § 1, 63.

Remuneración a tanto alzado, § 1, 46.2.d).

Promoción de la lectura:

Acceso a la lectura de las personas con discapacidad § 6, disposición adicional 2.ª

Acción del Gobierno, § 6, 3.

Planes de fomento de la lectura, § 6, 4.

Promoción de la industria editorial:

Programas de apoyo, § 6, 8.

Promoción de los autores, § 6, 5 y 6.

Promoción de la industria cinematográfica

(Véase Medidas de fomento e incentivos a la cinematografía y al audiovisual).

Propiedad industrial, § 1, 3.2 y 96.3.

Propiedad intelectual:

Adquisición, § 1, 1.

Contenido, § 1, 2.

Objeto, § 1, 10 a 13.

Sujetos, § 1, 5 a 9.

(Véanse Derechos de autor y Objeto de propiedad intelectual).

Protección de los derechos de propiedad intelectual

(Véanse Acciones y procedimientos de protección de derechos, Entidades de gestión, Registro General de la Propiedad Intelectual e Indicaciones de la reserva de derechos).

Proyección de obras cinematográficas y audiovisuales:

Acto de comunicación pública de la obra, § 1, 20.2.b).

Proyectos:

De disposiciones legales o reglamentarias, § 1, 13.

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10.

Publicación de la obra:

Concepto, § 1, 4.

Publicaciones Oficiales, § 6, disposición adicional 4.ª

Publicaciones periódicas:

Concepto, § 2, 15.

Número ISSN [véase International Standard Serial Number (ISSN)].

Reproducción, § 2, 18:

Artículos sobre temas de actualidad, § 1, 33 y 35.1.

Conferencias, alocuciones e informes ante los Tribunales, § 1, 33.

Derechos de autor de la obra reproducida, § 1, 52.

Dibujos, grabados y litografías, § 2, 18.

Novelas y obras científicas, artísticas o literarias que se publiquen por trozos o capítulos, § 2, 19.

Reseñas o revistas de prensa, § 1, 32.

Publicaciones seriadas, § 6, 2.b).

R

Radiodifusión:

Emisiones y retransmisiones, actos de comunicación pública, § 1, 20.2.

Obra audiovisual, § 1, 92.

Representaciones teatrales y ejecuciones musicales, § 1, 84.

Reproducción, § 1, 36.

(Véase Entidades de radiodifusión).

Recaudación de los derechos de autor

(Véase Entidades de gestión).

Reciprocidad internacional, § 1, 160 a 164.

Recitaciones:

Acto de comunicación pública de la obra, § 1, 20.2.a).

Modalidad del contrato de representación teatral, § 1, 76.

Reconocimiento de la condición de autor:

Derecho moral, § 1, 14.3.º

Caso de fallecimiento del autor, § 1, 15.1.

Recopilaciones periódicas en forma de reseñas o revistas de prensa, § 1, 32.

(Véase Citas).

Refundidor:

Concepto, § 2, 4.

Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales:

Creación, § 9, 7.

Inscripción, § 10, 10 y 11.

Objeto, § 10, 9.

Registro General de la Propiedad Intelectual, § 2, 8.2.º:

Carácter de registro único, § 1, 144.

Carácter público, § 1, 145.4.

Comisión de coordinación de los Registros:

Colaboración entre Registros, § 19, 8.

Composición, § 19, 5, 1 a 3.

Funciones, § 19, 5, 1 a 3.

Comunidades Autónomas, § 1, 144.2.

Funciones:

Del Registro Central, § 19, 4.

De los Registros Territoriales, § 19, 5.

Necesidad de la inscripción, § 2, 8.2.º

Objeto, § 19, 1.

Organización, § 19, 2.

Registros territoriales, § 19, 3.

Soportes de la información, § 19, 7.

(Véase Inscripciones en el Registro de la Propiedad Intelectual).

Remuneración compensatoria, § 1, 25 (nota).

Remuneraciones del autor:

Por cesión de derechos:

A tanto alzado, § 1, 46.2.

Derecho irrenunciable, § 1, 55.

Proporcional, § 1, 46.1.

No equitativa, § 1, 47.

Por reproducción de obras (Véase Remuneración compensatoria).

(Véanse Contrato de edición, Contrato de representación teatral y ejecución musical, Obra audiovisual y Participación).

Reparto de los derechos de autor

(Véase Entidades de gestión).

Representaciones escénicas:

Acto de comunicación pública de la obra, § 1, 20.2.a).

(Véase Contrato de representación teatral y ejecución musical).

Representante:

De los artistas intérpretes o ejecutantes que participen colectivamente en una misma actuación, § 1, 111.

Reproducción de la obra:

Concepto, § 1, 18.

Límites, § 1, 31 a 40 bis.

Remuneración, § 1, 25.

Sin autorización del autor, § 1, 31.

Situada en parques, calles y vías públicas, § 1, 35.2.

Suspensión, § 1, 141.2.

República Dominicana:

Convenio bilateral, § 31.

Reputación del autor:

Respeto a la integridad de la obra, § 1, 14.4.º

En caso de fallecimiento del autor, § 1, 15.1.

Reseñas o revistas de prensa, § 1, 32.

Reserva de derechos:

Símbolos o indicaciones, § 1, 146; § 24, III; § 28, 5.

Trabajos y artículos sobre temas de actualidad, § 1, 33.

Resoluciones de los órganos jurisprudenciales:

No son objeto de propiedad intelectual, § 1, 13.

Respeto a la integridad de la obra:

Derecho moral, § 1, 14.4.º

En caso de fallecimiento del autor, § 1, 15.1.

Responsabilidad civil:

Delitos contra la propiedad intelectual, § 21, 272.

Resúmenes:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 11.

Retirada de la obra del comercio:

Derecho moral, § 1, 14.6.º

Cese de la actividad ilícita, § 1, 139.1.c).

Retransmisiones:

Concepto, § 27, 3.

Actos de comunicación pública de la obra, § 1, 20.2.

(Véanse Entidades de radiodifusión y Radiodifusión).

Reutilización de la información en el sector público:

Administraciones públicas, § 15, 2; § 16, 1.

Aplicación a otros organismos, § 15, disposición adicional 2.ª

Autorizaciones administrativas, § 17.

Aviso legal, § 16, anexo.

Catálogo de Información Pública reutilizable, § 16, 5.

Condiciones, § 15, 8; § 16, 7 y 8.

Contraprestaciones económicas, § 15, 7.

Coordinación de entidades públicas, § 16, 3 y 6.

Documentos e información objeto de derechos de propiedad intelectual, § 15, 10; § 16, 9.

Documentos que contengan datos de carácter personal, § 15, 4.6; § 16, 11.

Documentos que se pueden reutilizar, § 15, 3.1 y 2; § 16, 4.

Documentos que no se pueden reutilizar, § 15, 3.3.

Facilidades, § 15, disposición adicional 1.ª

Formatos, § 15, 5.

Infracciones, § 15, 11.1 a 3.

Irresponsabilidad del Estado por el uso de la Información, § 16, 3.2.

Licencias tipo, § 15, 4.4 y 9.

Prohibición de derechos exclusivos, § 15, 6.

Regla general, § 15, 4; §16, 2.

Sanciones, § 15, 11.4 a 7; § 16, 3.3.

Solicitudes, § 15, 10.

Uso de medios electrónicos, § 15, 4.5 y 5.

Reventa de obras de artes plásticas:

Participación del autor en el precio, § 1, 24; § 14.

(Véase Derecho de participación).

Revisiones:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 11.

Revistas

(Véase Publicaciones periódicas).

S

Saldo:

De la edición, § 1, 67.2 y 68.1.c).

Sanciones administrativas:

Alcaldes:

Suspensión de la ejecución de obras, § 2, 63.

Falsa indicación de depósito legal, § 2, 52.

Subdelegados del Gobierno:

Cláusula de competencia general, § 2, 119.

Suspensión de ejecución de obras, § 2, 63.

San Salvador:

Convenio bilateral, § 31.

Secuestro de ejemplares:

Medidas cautelares, § 1, 141.3.

Seudónimo

(Véase Obra seudónima o anónima).

Signo de autor, § 1, 6 y 14.2.º

Símbolos de la reserva de derechos

(Véase Indicaciones de la reserva de derechos).

Sociedades de aficionados, § 2, 117.

Solistas:

Representante, § 1, 111.

(Véase Artistas, intérpretes y ejecutantes).

Soporte de la obra, § 1, 56 y 93.2.

Videográfico, § 11.

Subasta:

Reventa de obras de artes plásticas, § 1, 24.

T

Tabla de Convenios bilaterales, § 31.

Tanteo

(Véase Derecho de tanteo).

Tarifas:

De las entidades de gestión, § 1, 157.1.b).

Teatros

(Véase Contrato de representación teatral y ejecución musical).

Tebeos:

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 10.

Televisión:

Convenios internacionales, § 25; § 26.

Emisiones y retransmisiones, actos de comunicación pública, § 1, 20.2.

Obras dramáticas y musicales, § 1, 84.

Transmisión por cable, § 1, 36.

(Véase Entidades de radiodifusión).

Título de la obra:

Protegido como parte de ella, § 1, 10.2.

Trabajadores:

Contrato de trabajo de artistas, § 1, 110.

Transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada, § 1, 51.

Traducciones:

Edición en forma de libro, § 1, 62.4.

Derecho de los autores, § 23, 8; § 24, V.

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 11.

Oficiales de documentos oficiales, no son objeto de propiedad intelectual, § 1, 13.

Remuneración a tanto alzado, § 1, 46.2.

Transformación de la obra, § 1, 21.

Traductor:

Concepto legal, § 2, 4.

Transformación de la obra:

Bases de datos, § 1, 21.1.

Concepto, § 1, 21.

Derecho del autor, § 1, 17; § 23, 12.

Objeto de propiedad intelectual, § 1, 11.

Obras cinematográficas y audiovisuales, § 1, 92.2:

Presunción, § 1, 89.

Exigida por el modo de programación del medio, § 1, 92.3.

Obras dramáticas y musicales, § 2, 67, 68 y 87.

Parodia, § 1, 39.

Transmisión:

Acto de comunicación pública, § 1, 20.2.

Por cable, § 1, 36.1.

Vía satélite, § 1, 36.2.

Transmisión de los derechos

(Véanse Cesión de derechos de explotación, Contrato de edición y Contrato de representación teatral y ejecución musical).

Tratados internacionales

(Véase Convenios internacionales).

Tribunales

(Véase Órganos jurisdiccionales).

Tutores

(Véase Menores).

U

Ucrania:

Convenio bilateral, § 31.

Uruguay:

Convenio bilateral, § 31.

Uso personal:

Reproducción de un programa de ordenador, § 1, 99.

Uso privado:

De invidentes, § 1, 31.3.

Del copista, § 1, 31.2.

Remuneración compensatoria, § 1, 25.1.

V

Venezuela:

Convenio bilateral, § 31.

Venta:

Acto de distribución de la obra, § 1, 19.

Como saldo, § 1, 67 y 68.1.c).

Vías públicas:

Reproducción, distribución y comunicación libre de obras situadas permanentemente en ellas, § 1, 35.2.

Vídeo comunitario, § 14.